Manuel Hernández

Desde el inicio de la pandemia, casi 250.000 personas trabajadoras se han visto afectadas por la salvaje reducción de las jornadas de trabajo y la suspensión de los contratos de trabajo, sin goce de salario.

La Inspección de Trabajo, en lugar de proteger los intereses legítimos de los trabajadores, ha tenido a su cargo la dirección de esta deplorable orquesta patronal.

Esto se llama violencia institucional contra la gente trabajadora más vulnerable.