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Etiqueta: derechos sociales

Solicitan que se investigue y actúe ante denuncias de amenaza e intimidación contra familias refugiadas en Upala

San José, 28 de abril de 2020.- El pasado 23 de abril, personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses, denunciaron que autoridades costarricenses -principalmente oficiales de la Fuerza Pública y Migración- allanaron con actitudes violentas la finca en que viven y trabajan en Upala.

Según las declaraciones de las personas en el lugar, en el operativo participaron cerca de 35 representantes de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Municipalidad de Upala, quienes llegaron a la finca en al menos 10 vehículos oficiales.

De acuerdo con los testimonios recabados, los oficiales ingresaron a la finca alrededor de las 10:00 de la mañana “fuertemente armados”, sin identificarse y de manera inapropiada, allanaron viviendas y desalojaron a los ocupantes de sus cuartos, entre los que se contaron adultos, niños, niñas y personas adultas mayores que se encontraban durmiendo. No presentaron ninguna explicación u orden que justificara su entrada a la propiedad privada que las personas campesinas alquilan en la zona.

Una vez ahí, las reunieron en el área de cocina pidiendo que mostraran sus documentos personales. Según el relato de las familias afectadas, las autoridades trasladaron a la oficina de Migración de Upala a un joven de 24 años solicitante de refugio por no haber asistido a su última cita y, si bien le otorgaron una nueva fecha para presentarse, uno de los oficiales lo atemorizó con deportarlo a Nicaragua si volvían a encontrarlo en la finca, desconociendo con ello el “principio de no devolución” al que se adscribe Costa Rica en el Derecho Internacional para la solicitud de refugio.

Las personas afectadas sostienen en sus declaraciones que los oficiales de policía les expusieron a aglomerarse, sin el distanciamiento necesario y sin tomar ninguna medida de prevención para evitar el contagio por el COVID-19. Al parecer, el trato fue irrespetuoso e intimidante, incluso amenazándoles con quemar una construcción dentro del terreno destinada a resguardar animales.

Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que acompañamos a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país, manifestamos nuestra profunda preocupación y solicitamos la investigación respectiva ante los hechos tan graves que aquí se exponen.

Sobra decir que estas personas han padecido las consecuencias de la violencia estatal en su país de origen y por eso rechazamos cualquier accionar que derive en nuevas formas de revictimización en Costa Rica, dónde han tenido que huir para resguardarse. Hemos recuperado los fuertes testimonios de este evento específico en Upala, que nos alerta, pues podría ser apenas un ejemplo de una práctica recurrente en los niveles primarios de atención o respuesta interinstitucional, en lo que respecta al trato que reciben las personas extranjeras. 

Ante la crisis de salud que enfrentamos a nivel mundial, reconocemos la oportuna respuesta del Estado de Costa Rica que ha logrado mitigar la propagación del virus y prestar atención adecuada a las personas que lo han requerido. Sin embargo, insistimos en que se corre el riesgo de que el contagio del COVID-19 resulte en crecientes manifestaciones de discriminación y xenofobia en Costa Rica y ese es un punto que el Estado debe seguir observando con gran atención. El caso de Upala puede ser expresión de esta preocupante dinámica.

Así, el Estado de Costa Rica tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de grupos como el antes descrito.  Si bien es de aplaudir las formas en las que se han evitados discursos o medidas discriminatorias, estigmatizantes o xenofóbicas en relación con la población migrante o extranjera en esta coyuntura de emergencia sanitaria, la sensibilización y la información no están en todos los niveles de la función pública, como lo han insistido diferentes organizaciones desde hace años. Eso por eso que se deben adoptar medidas positivas para combatir dichas prácticas discriminatorias y contraproducentes.

El Estado costarricense tiene también la obligación de garantizar el acceso de todas las personas a buscar y recibir asilo. En este sentido, recordamos que las medidas implementadas en respuesta al COVID-19, incluido el cierre de fronteras, no pueden impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla, ni deben justificar la devolución de personas solicitantes de asilo o refugiadas a territorios donde estarían en riesgo.

Confiamos en que los hechos ocurridos el pasado 23 de abril serán investigados, incluidas las amenazas dirigidas de deportación o violencia, con el fin de sancionar a los funcionarios responsables, garantizar la vida e integridad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y enviar un mensaje claro de que este comportamiento no será tolerado.

Esperamos que el Estado de Costa Rica continúe tomando todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.

Información compartida con SURCOS por Adilia Solís Reyes.

Imagen ilustrativa

Fuente: CEJIL https://cejil.org/es/organizaciones-solicitan-que-se-investigue-y-actue-diligencia-serias-denuncias-amenaza-e

DE ALTO RIESGO

Cosas veredes,
amigo Sancho, en el
trajinar que nos va deparando
este nuevo planeta,
hoy con esa forma de
corona con patas.
Resulta que ahora
nosotros, modelo
cincuenta de probada
calidad, resultamos ser
ciudadanos de alto riesgo.
Y tienen toda la razón
esos fondillos monetarios
del Banco Mundial usurero:
somos realmente de alto
riesgo porque
tenemos memoria
de paquidermos y no
comemos cuento ni
tragamos sus aldabas.
Somos un riesgo para
sus planes totalitarios
de continuar sin estorbos
con la destrucción del planeta
que estiman exclusivamente
propio y privado para
su zángana política
económica. Claro
que somos población
de alto riesgo para
refrescarles la memoria
a quienes hoy abogan
por destruir el Estado
Social de Bienestar y
arrodillar a la clase trabajadora
para que viva sumida
en ese pestilente pantano
de las migajas que caen
de sus mesas de ébano.
Población de alto riesgo
hemos sido desde
nuestros años escolares,
cuando nuestros Maestros
y Maestras en la Escuela
Pública, nos enseñaron
a distinguir claramente
entre la justicia
y la injusticia. Y
además,
nos instruyeron para
que anheláramos ser
Juan Santamaría
en las veladas del 11 de Abril;
o don Juanito proclamando
sus manifiestos de libertad
y patriotismo. Entonces
claro que somos de alto riesgo;
de altísimo digo con certeza,
porque ya lo verán que 
no habrá nueva figura
de planeta con patas
que impida a esta
GENERACIÓN
salir a enfrentar a los
filibusteros criollos
y malinches que hoy
pretenden embucharse
los tesoros del Estado
solidario y seguir hartándose
con el pan ajeno como
virus antisociales ciegos
de codicia y avaricia.
Somos de alto riesgo,
y sabemos plenamente
que no pasarán,
y que con Alberti,
los echaremos al mar
con cepo y cadena
al cuello.

ClaMo
Toyopán, ZURQUÍ

Ilustración: http://www.revistaikaro.com/museo-juan-santamaria-rendira-honores-a-memoria-de-juan-rafael-mora-porras-y-jose-maria-canas-escamilla/

Vidas en riesgo, si la OMC prioriza el comercio sobre la salud pública

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) se ha sumado a cientos de sindicatos y aliados de la sociedad civil de todo el mundo, pidiendo a la Organización Mundial del Comercio que suspenda las negociaciones comerciales durante la pandemia Covid-19 y que, en su lugar, dé prioridad a las políticas que refuercen los sistemas de salud pública.

La ISP solicita a las afiliadas que escriban a sus gobiernos antes del 29 de abril pidiéndoles que suspendan las negociaciones.

En una influyente Carta Abierta presentada en la reunión virtual de la OMC el 17 de abril, los firmantes, incluida la ISP, señalaron cómo: «La primera y única prioridad para los negociadores comerciales en este momento debería ser eliminar todos los obstáculos, incluidas las normas de propiedad intelectual, de los acuerdos existentes que impiden el acceso oportuno y accesible a los suministros médicos, como medicamentos, dispositivos, diagnósticos y vacunas que salvan vidas, y la capacidad de los gobiernos para tomar las medidas necesarias para hacer frente a esta crisis».

En la reunión, la OMC postergó la decisión de continuar las negociaciones para consultar con los estados miembros durante esta semana.

La ISP pide a los sindicatos afiliados que se pongan en contacto con sus ministerios, para apoyar la suspensión de las negociaciones de la OMC y promover una política comercial en favor de la salud pública.

Descargue nuestro modelo de carta y modelo de comunicado de prensa.

(
Los sindicatos también pueden firmar la Carta Abierta a la OMC aquí.)Ver más detalles en el sitio web de la ISP.

Información compartida con SURCOS por Óscar Rodríguez, ISP.

Fuente: https://us15.campaign-archive.com/?u=0e49960d12b29d61d9e588b2b&id=0f2f0d9c83

La HOLOCRACIA

José Joaquín Meléndez G.

Las jerarquías del Estado, de la Iglesia, del capital y otras organizaciones están de caída al vacío, en ese recorrido arrasan con todo lo que se les atraviesa para tomar el aire en su asfixia repugnante. El Estado con un gobierno atrapado en una estructura mercantil y financiera neoliberal y globalizante que va derrumbando procesos y conquistas democráticas. La Iglesia entre católicos, ortodoxos anglicanos y sus múltiples sectas con un evangelio desde el Talmud a las Encíclicas y cartas ecuménicas con jerarquías más lejanas de la espiritualidad de sus fieles. El capital como sanguijuela anclado en la explotación del trabajo para ampliar su dominio imperial bajo cancerberos apocalípticos de la OMC y el FMI, egoístas, avaros, especuladores y acaparadores. Todas estas estructuras jerarquizadas han trastocado el Estado Republicano en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial con normativas antidemocráticas como la restricción del gasto público, los PAE’s, la movilidad laboral, la flexibilización, la desregulación, la apertura, las privatizaciones, la banca privada, la educación y salud privada, la concesión de obra pública. Los parques industriales y empresas transnacionales que no respetan la legislación nacional.

Sin embargo nuestro pueblo indómito, como los aborígenes talamanqueños con Pablo Presbere, ha demostrado el patriotismo contra los filibusteros en 1856, la huelga de 1934 contra la transnacional Estándar Fruit, la multitudinaria manifestación por el Código de Trabajo, la defensa de las Conquistas Sociales del 48, la abolición del ejército de 1948, las movilizaciones por las pensiones y el aguinaldo en 1958, las movilizaciones campesinas por tierras para el campesino de los años 70, el movimiento estudiantil por el financiamiento de las universidades del Estado, la lucha nacional contra ALCOA, la lucha contra el Combo del ICE, el movimiento nacional contra el TLC, la huelga nacional patriótica de los 82 día de huelga contra el paquete tributario del 2018.

Estas características del pueblo costarricense tienen sus bases históricas en los valores sociales, cristianos, democráticos y de distribución de las tierras, bien señaladas en el campesinado, la familia e instituciones democráticas; así, la solidaridad, la cooperación, la tranquilidad y los conceptos de libertad, justicia y la paz. El trabajo, la educación y la salud han jugado un papel trascendental arraigando una cultura bicentenaria que debe ser cada vez más fuerte en nuestra fe costarricense, pese a los huracanes ideológicos a los que hemos sido sometidos.

Es la hora de volvernos a ver cara a cara, tomar nuevos bríos, respirar los aires de nuestra cultura, defender, reconstruir, desarrollar y fortalecer esas instituciones que nos ha engendrado esos valores. Hay que reaccionar como el Satyagraha de Gandhi y construir nuestra propia HOLOCRACIA.

Para construir la nueva HOLOCRACIA tendremos que ir a las raíces de la educación con los valores propios de nuestra cultura, contenidos forjadores de la ética, el trabajo, la solidaridad, la cooperación, el sentido común, el amor; con nuevas bases filosóficas de la justicia y la libertad. Educadores formados en los mejores campos de la pedagogía, la investigación, metodología y los mejores instrumentos tecnológicos. Entendimiento y correlación con los padres de familia para que juntos podamos tener discípulos de excelencia donde el conocimiento sea liberador y no utilitaristas de un sistema explotador, subyugador y gerencial de nuevo cuño.

La salud, el concepto psico-somático más desarrollado por medio de la sostenibilidad institucionalidad preventiva y curativa de primer orden donde se pueda vivir en solaz y completo desarrollo espiritual y físico.

Una HOLOCRACIA donde el derecho internacional no se base en la cultura de los bárbaros del Siglo V, los cohors praetoria de lo pretorianos, de los helénicos con Alejandro Magno, ni los babilónicos contra lo amorritas, ni las guerras imperiales contra los vietnamitas, ni la invasión del Destino Manifiesto. Tampoco la invasión cultural mediática en la toma del espectro por empresas inhumanas de la desinformación y unilateralidad informática de compañías que nos llevan al egoísmo, el consumismo y contaminación desalmada.

Tengo la firme convicción que la nación y sus pueblos tienen excelentes patriotas los cuales no se dejarán arrastrar por esas corrientes pérfidas y perversas que rompen con la solidaridad y el amor a la patria de los costarricenses; con ellos tomaremos los nuevos rumbos de la HOLOCRACIA para seguir adelante y le dejaremos a las nuevas generaciones el sendero de la prosperidad, más humana y democrática. Que sabremos defender y fortalecer la CCSS, EL ICE, el INA, el AyA, RECOPE, el CNP, el MOPT y otras instituciones sociales.

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Sindicato UCR fija posición sobre salarios y pensiones en carta al Presidente Alvarado

SURCOS recibió el siguiente comunicado enviado por el SINDEU al presidente de la república y a la Asamblea Legislativa:

DE: SINDICATO DE EMPLEADOS(AS) DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA-SINDEU.

PARA: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y ASAMBLEA LEGISLATIVA.

ASUNTO: EN DEFENSA DE LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES de las y los trabajadores de los sectores público y privado

LUGAR: San Pedro de Montes de Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.

FECHA: Miércoles 1 de abril de 2020

Estimado señor Presidente:

El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica-SINDEU, se manifiesta ante usted y ante la Asamblea Legislativa, para expresar la oposición contundente, vehemente y firme, ante la política económica y social, impuesta por los grupos neoliberales y las cámaras industriales y comerciales quienes desde el Poder Ejecutivo y su gabinete, imponen medidas y acuerdos, que afectan negativamente a las grandes mayorías de la población costarricense y principalmente a la clase trabajadora.

Antes del establecimiento de la Pandemia Covid 19 y a propósito de un ataque furibundo contra los empleados públicos, particularmente de los empleados de las universidades y de la CCSS, y con el propósito de privatizar la salud pública y la enseñanza superior; también se hablaba de la venta de activos, entre otros la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), pero también se hizo pública, como propuesta de su gobierno, la flexibilidad laboral, y una acelerada ruta a la tercerización de la clase obrera de este país.

Para nadie es un secreto que, la estrategia de los sectores del capital nacional y de las transnacionales, es coherente, consistente y progresiva. No deja resquicios, y es resultado de un largo aprendizaje histórico, en el que el poder económico logra su unidad frente a cualquier amenaza a sus jugosas tasas de ganancia.

La explotación de las personas trabajadoras alcanza ya grados extremos en extensión de horarios y/o intensidad de trabajo, a través de jornadas y formas de trabajo extenuantes, sin que medien contrataciones, con mayor remuneración.

Creemos pertinente señalar algunos puntos que son de nuestro interés y que contradicen las políticas de su gobierno, los diputados y la empresa privada:

1. La lógica que mueve la Actual Asamblea Legislativa, conduce inexorablemente a legislar a favor de lo que nosotros denominamos: El aguinaldo de las empresas y el empobrecimiento masivo del pueblo de Costa Rica. Verbigracia, el Plan Fiscal, Leyes contra el salario de diferentes sectores de trabajadores(as); un paquete de 7 leyes sumamente agresivas contra las pensiones.

2. Que en cuanto a las medidas económicas propuestas hasta ahora se reitera el carácter neoliberal y antilaboral del gobierno PAC/PUSC/PLN, cuya única propuesta es descargar en la clase trabajadora el peso económico de esta grave situación que se enfrenta.

3. Las medidas económicas hasta ahora anunciadas están concebidas particularmente para proteger al sector empresarial, y tienen como único propósito trasladar de manera impositiva a la clase trabajadora el peso económico de esta crisis, en el contexto del COVID-19

4. El conjunto de medidas tales como: Moratoria a las empresas de 3 meses del pago de IVA, del Impuesto Sobre la Renta y del Pago de Aranceles en Aduanas que podría prorrogarse hasta por 4 meses; tarifa preferencial por concepto del seguro de riesgos de trabajo para empresas menores de 30 trabajadores; la CCSS pospone hasta el 30 de junio cierre de negocios por mora en la seguridad social; se anuncia además que las tasas impositivas de la seguridad social se hagan proporcionales a jornadas reales laboradas; asimismo la posibilidad de pago diferido de las mismas. Afirman que su gobierno tiene como objetivo proteger a los sectores dominantes.

5. Con su conocimiento se aprobó en forma acelerada una flexibilización para la reducción de jornadas laborales y la suspensión de contratos de trabajo; pero además se acordó por parte del ejecutivo, suspender el “reajuste salarial” del 2020 a todo el sector público.

6. Además de las anteriores medidas, se anuncia un nuevo impuesto ahora revestido de “solidario” para trabajadores formales y trabajadores jubilados. Impuesto que, en definitiva tiene una gran carga contra las pensiones de las y los trabajadores del país.

En resumen, señor Presidente. La imposición de impuestos a la clase trabajadora y a las pensiones, la condonación de la mora producto del incumplimiento de las empresas con el régimen tributario en el que solo la YUNAI FRUIT COMPANY sale de su mora de «¢» 1 444 000 000, o sea más de un 1% del PIB.

La elusión, la evasión fiscal amén del manejo deshonesto de la deuda pública por parte de los partidos de la ética neoliberal, de la cual justamente el Partido de gobierno está involucrado, forman parte de este tejido social que nos enfrenta a indicadores muy peligrosos.

Por otra parte, queremos manifestar que en el caso de las pensiones, estas ya han sido devastadas por las imposiciones solidarias a que están sometidas y dicho sea de paso el fondo producto de las cuotas que deberían colocarse en un fondo de capitalización se han destinado, supuestamente (pues no sabemos si en verdad les va a llegar ese dinero a los sectores marginales) a favorecer a los sectores más vulnerables y en el caso de las personas trabajadoras activas manifestamos de manera enfática: el salario es una cuestión sustantiva del Contrato de Trabajo.

Señor Presidente, para su información, antes del Covid 19 ya existía un desempleo exponencial que era de 12.5%. Apoyamos toda iniciativa presupuestaria para favorecer a la familia costarricense, siempre y cuando los recursos se obtengan plata de los empresarios que ganaron y ganaron durante mucho tiempo y ahora deben resarcir en parte la deuda que tienen con la clase trabajadora por la expropiación realizada.

Sin agotar nuestra preocupación, de la manera más respetuosa le proponemos:

1-Exigir al gobierno de la república un cambio de rumbo en la propuesta económica de enfrentar esta grave crisis, para ello, debe de dejar de pensar en sólo proteger los intereses de los sectores económicos dominantes y mirar principalmente en proteger al pueblo trabajador.

2- Que los Bancos en forma solidaria presten dinero a los empresarios que supuestamente no guardaron en el período de las vacas gordas para sostener el salario de los trabajadores.

3-Rechazar contundentemente cualquier intento irresponsable del gobierno de poner nuevos impuestos al salario y a las pensiones, ello significa ni más ni menos acentuar la vulnerabilidad de los sectores laborales del sector público y privado, que en este momento enfrentan una gran incertidumbre sobre su futuro porque se desconoce el desenlace de esta crisis.

4-Exigir al gobierno abrir los espacios de diálogo con el movimiento sindical y específicamente con el sector de la educación y la universidades públicas, a fin de trabajar en la búsqueda de propuestas que garanticen medidas de emergencia equilibradas y principalmente orientadas a proteger a los sectores sociales vulnerables de nuestra patria, a las grandes mayorías del país, ya de por sí empobrecidas y bajo el temor de la pandemia del COVID-19.

De nuestras consideraciones y con respeto, atentamente,

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL – SINDEU

VIDEO: Defendamos sistema de seguridad social y las instituciones públicas que lo garantizan / Alianza por una Vida Digna

La Alianza por una Vida Digna, como parte de su esfuerzo orientado a “promover una intensa lucha cultural que contribuya con procesos democráticos, participativos y transformadores en el país”, comparte esta producción de tres minutos con la solicitud respetuosa de que, si le parece bien, colabore con una amplia difusión en todas las redes posibles. Si va a ver el video en su teléfono, de ser necesario, colóquelo de forma horizontal.

Cooperativa pide a INFOCOOP acciones integrales en momentos de crisis

Coopaseguros R.L señala en un documento enviado al INFOCOOP “el vital aporte del sector cooperativo a la estabilidad social y económica del país y la necesidad de reforzar los protocolos de actuación con un objetivo prioritario: garantizar la seguridad, salud y bienestar tanto de los cooperativistas como de la población en general”.

Asimismo, destaca “la imprescindible labor del sector cooperativo en el abastecimiento al mercado de productos y servicios, que garanticen la salud y seguridad alimentaria del país”. La cooperativa del sector seguros señala por ello el instituto que rige al cooperativismo, la necesidad de una serie de medidas con el apoyo FECOOPSE, que es la federación que agrupa a “más de 33 asociaciones cooperativas de diversas zonas del país”.

El documento, firmado por José Luis Barrientos León, gerente general de Coopaseguros R.L. propone estas medidas urgentes:

1- Que el Infocoop establezca una serie de medidas excepcionales de apoyo a los sectores cooperativos afectados económicamente por la propagación del coronavirus COVID-19. En donde se considere flexibilización de los términos contractuales de los créditos vigentes en cuanto a las tasas de interés, plazos, intereses de mora, costos administrativos por atrasos, comisiones y multas.

2- Que el Infocoop establezca una serie de programas crediticios especiales por la condición de emergencia que afecta al sector, en donde se consideren aspectos económicos y financieros flexibles y se establezcan condiciones de análisis, trámite, garantías, formalización y desembolso excepcionales de apoyo a las cooperativas que se vean afectadas económicamente por la propagación del coronavirus COVID-19.

3- Que el Infocoop establezca líneas de crédito especiales para las cooperativas de ahorro y crédito con el fin de que, por medio de ellas se estructuren programas crediticios especiales a sus asociados que mantengan la economía nacional dinámica y activa.

4- Que las cooperativas de ahorro y crédito, especialmente las asociadas a FECOOPSE, para contribuir con medidas de apoyo a la economía nacional y a las familias de asociados más expuestas al impacto económico de la pandemia, ponga en marcha líneas de financiación especial de préstamos personales con los recursos que facilite el Infocoop, para que sus asociados puedan gestionar su liquidez y garantizar el pago de sus compromisos y obligaciones.

5- Que el Infocoop, permita la presentación de una solicitud para la modificación de términos y condiciones establecidas en los contratos de crédito en donde se permita la interrupción y el cómputo del plazo en mora hasta que los efetos económicos de la propagación del COVID 19 se hayan superado.

6- Que el Infocoop, permita la readecuación de cuotas para aquellas cooperativas que se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad social, cuya situación especial por afectación en sus ingresos este generando una disminución importante en sus flujos de efectivo, poniendo en riesgo su operativa normal, con la posible generación de desempleo.

7- Que el Infocoop permita a las cooperativas de ahorro y crédito directamente supervisadas por la institución mediante el sistema de alerta temprana, flexibilizar los términos de las reservas financieras y valoración de sus instrumentos financieros, de tal forma que no genere un impacto inmediato en los resultados de excedentes producto de la estimación de reservas. Y que en caso de que estas cooperativas deban mostrar necesariamente perdidas por irrecuperabilidad, las mismas puedan diferirse al menos en un plazo de 36 meses. En este caso, el saldo diferido deberá ser expuesto en las notas de los estados contables.

8- Que el Infocoop establezca la constitución de un fideicomiso de avales y garantías en donde se incorporen las propiedades en desuso o en condición de bienes temporales del Instituto, de tal forma que las cooperativas puedan hacer uso de estos avales para la formalización de créditos de capital de trabajo. De la misma forma que este fidecomiso pueda ser utilizado por las Cooperativas para la obtención de recursos de capital por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo, para lo cual el Infocoop deba negociar una alianza estratégica especial con SBD.

9- Además, con el propósito de aportar a la superación de la crisis causada por esta pandemia, Coopaseguros R.L ratifica su intención de “Participar en mesas de trabajo que se generen para buscar alternativas desde la institucionalidad pública y cooperativa, para que de manera conjunta y solidaria podamos encontrar soluciones que nos permitan superar los efectos negativos de la pandemia COVID 19”.

La moción promovida por Coopaseguros R.L, enviada además del INFOCOOP a la federación citada y al Consejo Nacional de Cooperativas, fue propuesta en la sesión de consejo de administración por el presidente de la organización Gerardo Incera Villalta y aprobada por unanimidad.

En el documento se explica que “el sector cooperativo nacional es sumamente vulnerable” a los efectos negativos que generan las medidas extraordinarias tomadas a causa del COVID19. “La estructura y conformación de las cooperativas y las zonas económicas y geográficas en las que desarrollan las actividades” son factores que provocan esa vulnerabilidad, se expone en el escrito.

“El sector cooperativo es un factor esencial en el desarrollo y reactivación de la economía, por la cantidad de asociados que aglutina y por la diversidad de sus actividades económicas, aunado al espíritu de solidaridad que lo identifica”, dice también el llamado.

El cooperativismo se sustenta en valores y principios de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. “Estos deben verse expresados en sus representantes y organizaciones que reúnen y promueven el cooperativismo como lo son el Infocoop y Fecoopse”, se señala.

Solicitan que detengan maquillajes en estudios actuariales del SEM-CCSS

El investigador y experto en estudios actuariales, máster Rodrigo Arias López envió una carta a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en la cual solicita que se “detengan los maquillajes en ‘estudios actuariales’ del SEM” o Seguro de Enfermedad y Maternidad. El documento tiene fecha del 16 de diciembre de 2019.

Asimismo, “que se ordene el cumplimiento de los artículos 32 siguientes y concordantes de la Ley 17 y procedan a cobrar al Estado las cuotas que ordenan las leyes N° 17, N° 5905, N° 5349 y N° 7374”.

En su nota Rodrigo Arias López dice:

“Por este medio, como ciudadano y asegurado cotizante activo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), muy respetuosamente me dirijo a esa Junta Directiva para solicitarle lo que se indica en el asunto, conforme las funciones y obligaciones que le confieren a esa Junta Directiva el artículo 14 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

Primero. Solicito a esa Junta Directiva detener el maquillaje en los estudios actuariales del seguro de salud, trasladar esa función actuarial al Departamento Actuarial de la Dirección Actuarial y Económica y ordenar que se realice un nuevo estudio actuarial conforme el artículo 42 de la Ley 17.

Esta solicitud la fundamento en las siguientes graves falencias técnicas y jurídicas que contiene la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017” (EST-0007-2019) de Agosto, 2019, elaborada por Carolina González Gaitán, Actuaria, Evelyn Guzmán Solano, Actuaria, revisada y firmada digitalmente por Luis Guillermo López Vargas, Director.

  1. A) Incorrecta selección de las hipótesis de crecimiento de los gastos
  2. B) Ausencia de proyección de las reservas del seguro
  3. C) Tarifas del Cuadro N° 51 erróneas
  4. D) En el informe no se incluyen los ingresos según condición de aseguramiento

Segundo: Solicito a esa Junta Directiva proceder a cobrar al Estado lo que ordenan las () leyes.

Tercero. Solicito a esa Junta Directiva proceder de conformidad a lo ordenado por los artículos 32, 42 y 43 de la Ley 17; es decir, determinar la forma como se divide la prima de 25,16% sobre los salarios que la CCSS recauda de acuerdo con la Ley N° 17, en el caso de los trabajadores asalariados. De conformidad con el Cuadro 51 actualizado conforme a lo solicitado en el punto Primero de esta nota, la tarifa que resulte para el caso de los asalariados es la parte que le corresponde al Régimen de Reparto (seguro de salud) y el remanente le pertenece al Régimen de Capitalización (Seguro de Invalidez Vejez y Muerte).

En el siguiente enlace puede descargar el documento completo con todo el análisis técnico y documental realizado por el experto en temas actuariales Rodrigo Arias López:

En otro documento fechado 8 de agosto de 2018 y dirigido al Dr. Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el máster Arias López se refiere “al uso de los fondos y reservas de los seguros sociales para otros fines y a las obligaciones del Estado como tal con el Seguro de Salud (SEM) según la normativa vigente”.

En este amplio documento el analista expone la forma como se incumple lo establecido en la Constitución Política, así como en la normativa nacional en relación con el Seguro de Salud. Por ello, en su petitoria señala:

“Dado que tales actuaciones de la CCSS resultan a todas luces inconstitucionales, conforme a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, solicito a ese Despacho lo siguiente:

1) Dar respuesta a mi solicitud de fecha 24 de mayo de 2018, puntos de a) a k) antes transcritos.

2) Ordenar a la administración activa de la CCSS proceder a cuantificar y a cobrar al Estado el 100% de los aportes y costos que le corresponden por diversas leyes en cada modalidad de aseguramiento del seguro de salud, incluyendo los gastos de la atención médica a no asegurados y los incurridos por la aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley 7374.

3) Reducir gradualmente la cuota del 15% sobre los salarios del seguro de salud de los trabajadores asalariados al nivel técnico y legal que corresponde y trasladar dicha reducción al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”.

Puede consultar el documento completo en este enlace:

Finalmente, el experto en temas actuariales Rodrigo Arias López, remitió una carta al presidente ejecutivo de la CCSS el 4 de octubre de 2019 en la cual indica:

Dado que a la fecha no cuento con una respuesta sobre lo resuelto por su despacho con relación a mi oficio del 8 de Agosto de 2018, con relación “al uso de los fondos y reservas de los seguros sociales para otros fines y a las obligaciones del Estado con el Seguro de Salud”, la cual fue trasladado por su Despacho para su atención a la Dirección Actuarial por medio del oficio PE-2425-2018 del 21 de Agosto del 2018, solicito respetuosamente trasladar a la Junta Directiva mi solicitud, junto con el expediente completo que contiene las adiciones realizadas por el suscrito.

Esta solicitud es conforme al artículo 27 y 30 de la Constitución Política.

Manifestación artística este lunes 28 en Puntarenas

Estudiantes de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica promueven una manifestación artística este lunes 28 en Puntarenas.

Mediante el siguiente comunicado hacen el llamado:

“Como bien saben, un considerable número de población estudiantil ha llegado al día 12 de la toma en las instalaciones de El Cocal. En este proceso se ha contemplado diversos escenarios para reforzar la lucha y obtener las respuestas necesarias con mayor prontitud. Esta lucha busca el derecho a la educación no solo de las y los estudiantes de la Sede sino de toda la futura población, niñas y niños como los de Juanito Mora, Cóbano, Esparzol, entre otras comunidades que se han visto involucradas positivamente con la Universidad.

Esta lucha se acordó llevar de la mano de la Asociación de Estudiantes, SINDEU y el Movimiento Estudiantil de la Sede del Pacífico puesto que en la agenda permanente de la toma se tiene la conciencia que las afectaciones tanto como los logros en el momento de levantar la toma pasan por las y los profesores, estudiantes y la comunidad puntarenense.

Por ello, hacemos un llamado, para que acompañen al movimiento estudiantil este lunes 28 de octubre del presente año, a unirse en la primera manifestación artística, que se realizará a las 3:00 p.m. iniciando el recorrido en las instalaciones de El Cocal para llegar hasta el Faro de Puntarenas.

Se convoca música, circo, danza y toda expresión artística que desee manifestarse. Se ha convocado a la comunidad en general y ya se ha recibido una respuesta positiva por parte de algunos sectores».

NOS VEMOS EN ESTA LUCHA, EN UNIÓN PACÍFICA. PACIFICO RESISTE.

¿Ahora que sí nos ven?

Los movimientos estudiantiles latinoamericanos se han caracterizado por la resistencia frente a gobiernos de corte neoliberal-conservador, así como las mujeres estudiantes nos hemos caracterizado por la resistencia frente, no solo a estos gobiernos, sino, a los movimientos mismos, autónomos o no, de corte misógino-heteropatriarcal. La lucha por el FEES se une a la lista de denuncias que como mujeres hemos demandado a lo interno de las universidades públicas costarricenses durante los últimos años. Por tanto, el movimiento estudiantil no empieza y mucho menos termina con los recientes acontecimientos sobre las demandas al presupuesto universitario, muy por el contrario, todxs hemos sido testigxs del levantamiento histórico de movimientos estudiantiles de mujeres en ambientes violentos, repletos de desigualdad y exclusión. 

Hace poco más de un año mujeres, estudiantes de universidades públicas, iniciaron su propia toma: la de los espacios públicos y privados para denunciar la violencia y el abuso, tanto dentro como fuera de las aulas. No, Rectoría no es la primera toma que sucede durante el presente año y por ende, se deben sumar las demandas acaecidas producto del hostigamiento sexual. La declaratoria de estado de emergencia que se anunció el pasado 27 de mayo del 2019 es un precedente en la lucha histórica por la educación pública en nuestro país tanto como lo es el reclamo por la autonomía universitaria.

Más allá de la declaratoria, las estudiantes continuaron alzando sus demandas en torno a los abusos producto de una convivencia social machista, misógina, sexista y heteropatriarcal. Sin embargo, la naturalización de estas prácticas, catalogadas como “culturales” y justificadas por la misma razón, ha generado que a lo interno de los movimientos estudiantiles se acepten acciones donde las mujeres enfrentan el doble de violencia, así como una invisibilización de su accionar político.

Así, la organización estudiantil de las últimas semanas ha irrumpido en la tradición masculinizante de la revolución. Mujeres de las distintas sedes y recintos universitarios han tomado la palabra y el liderazgo en los distintos movimientos, así como han decidido denunciar la violencia en el marco de las demandas al Estado. Sin embargo, en una universidad pública donde, hasta el día de hoy, no se han aceptado las peticiones de la declaratoria de emergencia y en una coyuntura costarricense donde los medios de comunicación son incapaces de resaltar la participación política de las mujeres como un elemento disidente en la lucha por el FEES, ¿cómo resistir la revolución, cuando en una misma se viven dos?

Por ende, ser parte de los movimientos estudiantiles latinoamericanos debe dejar de significar hostigamiento sexual, abuso de poder, recargo de funciones, imposición de roles de género, invalidación de la palabra y descuido personal. Asumirse parte de la lucha por las universidades públicas no nos deja exentas de asumirnos parte de espacios que, mientras buscan acabar con los recortes presupuestarios, acaban por ignorar, cubrir y desmentir actitudes abusivas sobre las mujeres. Por tanto, en medio de las resistencias en torno a la educación pública denunciamos rebeldía libre de violencia y exigimos desmantelar la exaltación de revoluciones que ocultan abusos cometidos hacia las mujeres, ¿ahora sí nos ven?

Mónica González
Estudiante de Sociología Universidad Nacional

¡La lucha por la educación pública

será feminista o no será!