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Etiqueta: gestión de riesgos

Reflexiones sobre el marco de gobernanza y gestión de tecnologías de la información de la Universidad Técnica Nacional

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres,
Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Resumen: El documento adjunto consiste en un análisis crítico riguroso, de alto nivel estratégico y técnico, elaborado por el Académico Universitario MBA Lic. Bach. Luis G. Martínez Sandoval. En su rol como analista del Grupo de Pensamiento Universitario UTN 2028, examina de manera exhaustiva el recién aprobado «Marco de Gobernanza y Gestión de Tecnologías de la Universidad Técnica Nacional» (Acuerdo 0917-2026, aprobado el 13 de agosto de 2026 por el Consejo Universitario).

Introducción

Recientemente se hizo de conocimiento público que el Consejo Universitario, en la Sesión Ordinaria No 17 2026 celebrada el jueves 13 de agosto de 2026, aprobó mediante el Acuerdo

0917- 2026 el “Marco de Gobernanza y Gestión de Tecnologías de la Universidad Técnica Nacional”.

La importancia estratégica del documento es alta. No es simplemente un manual de informática: establece cómo la UTN debería gobernar uno de sus recursos institucionales más críticos: la información y las tecnologías que soportan sus procesos. El documento: Vincula TI con la estrategia institucional. Establece quién debe gobernar TI. Ordena las inversiones tecnológicas. Reduce el riesgo institucional. Protege la continuidad de la universidad. Crea una arquitectura para la transformación digital. Fortalece la rendición de cuentas. Ya no estamos hablando solamente de una propuesta técnica, sino de un marco institucional aprobado por el Consejo Universitario. Sin embargo, a pesar de ser un paso histórico y técnicamente serio aprobado por el Consejo Universitario el 13 de agosto de 2026, el documento sufre del «síndrome del papel perfecto»: una robustez conceptual impecable que carece de tracción operativa.

Revisando objetivamente el Marco de Gobernanza y Gestión de Tecnologías de la UTN, versión 1.0, la valoración es positiva en estructura, pero con debilidades importantes de implementación, medición y gobernanza efectiva.

  1. Fortalezas

Tiene una estructura lógica y bastante completa. Define seis objetivos de gobierno: alineación estratégica, riesgo, recursos, servicios, mejora continua y seguridad/ciberseguridad.

Reconoce correctamente que TI no es responsabilidad exclusiva de la Dirección de TI. Involucra Consejo Universitario, Rectoría, CIGI, Vicerrectorías, Decanaturas, Direcciones y demás unidades. Esto es conceptualmente muy importante.

Incorpora riesgo, continuidad, proveedores, arquitectura empresarial, calidad, KPI y ciberseguridad, lo que demuestra una visión bastante integral.

La idea de mejora continua está bien planteada, incluyendo medición del desempeño y acciones correctivas.

Hay trazabilidad documental. El marco tuvo varias revisiones desde 2023 y finalmente fue aprobado como versión 1.0 el 17 de agosto de 2026 por el Consejo Universitario.

II. Debilidad principal: mucho marco conceptual, poca operacionalización

Su punto crítico.

El documento dice qué debe hacerse, pero en muchos casos no establece con suficiente precisión:

  • quién responde;

  • quién aprueba;

  • quién ejecuta;

  • quién fiscaliza;

  • con qué periodicidad;

  • qué indicador determina cumplimiento;

  • cuál es la meta;

  • qué ocurre cuando no se cumple;

  • qué evidencia debe producirse.

Por ejemplo, se establece que deben definirse KPI y factores críticos de éxito, pero el documento no presenta esos KPI concretos ni sus metas.

Es un buen marco rector, pero todavía no es, por sí mismo, un sistema robusto de gestión y rendición de cuentas.

III. Hay una contradicción potencial con el principio de «Simple»

El propio marco establece que debe ser simple de entender, comunicar, operar y mejorar. Sin embargo, el documento termina incorporando una cantidad considerable de objetivos, prácticas y componentes. No necesariamente es incorrecto, pero existe riesgo de que termine convirtiéndose en un marco documental pesado, cuya existencia sea más fuerte que su aplicación práctica.

IV. La gobernanza está definida, pero falta fortalecer la rendición de cuentas

El documento identifica múltiples actores institucionales, lo cual es correcto. Pero una verdadera gobernanza debería poder responder rápidamente: ¿Quién tiene la última responsabilidad cuando una decisión tecnológica falla, genera un riesgo o produce un perjuicio institucional?

El documento habla de responsabilidades, roles y rendición de cuentas, pero sería recomendable complementarlo con una matriz RACI para cada objetivo crítico.

V. Riesgo: está bien conceptualizado, pero necesita mayor precisión

La sección de riesgos es una de las mejores partes conceptualmente: identificación → análisis → evaluación → tratamiento → monitoreo → comunicación. Pero faltaría convertirlo en un mecanismo cuantificable:

Riesgo inherente → controles → riesgo residual → responsable → fecha de tratamiento → nivel aceptable → evidencia.

Sin esa trazabilidad, la gestión de riesgos puede terminar siendo más declarativa que efectiva.

VI. Seguridad y ciberseguridad: adecuada, pero debería ser más exigente

El documento contempla confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, trazabilidad, controles de acceso, vulnerabilidades, incidentes y continuidad. Eso es positivo. Pero para una universidad pública moderna se esperaría además una definición más explícita de:

  • gestión de incidentes;

  • clasificación de incidentes;

  • tiempos máximos de respuesta;

  • respaldo y recuperación;

  • pruebas periódicas;

  • gestión de vulnerabilidades;

  • controles sobre terceros;

  • protección de datos;

  • responsabilidades ante incidentes;

  • métricas de ciberseguridad.

VII. Un punto especialmente importante: proveedores

El documento correctamente establece selección, contratos, seguimiento y evaluación de proveedores. Pero debería existir una conexión mucho más clara entre riesgo tecnológico y contratación pública. Un proveedor crítico no debería evaluarse únicamente por cumplimiento contractual; debería evaluarse también por: criticidad + dependencia + continuidad + seguridad + concentración de riesgo + posibilidad de sustitución.

VIII. Evaluación global

En cuanto a su estructura conceptual y, cobertura temática están muy bien desarrolladas. Gobernanza, gestión de riesgos, ciberseguridad, gestión de servicios requieren mayor tratamiento. Deficitaria está la parte de Indicadores/KPI, Rendición de cuentas, Operacionalización, Capacidad de fiscalización.

El documento es técnicamente serio y conceptualmente bien construido, pero su verdadero valor dependerá de lo que ocurra después de su aprobación. La propia versión 1.0 fue aprobada el 17 de agosto de 2026. Por eso, no se cuestiona principalmente la existencia del Marco, sino la siguiente etapa:

¿Qué instrumentos concretos va a implementar la UTN para convertir este marco en obligaciones, indicadores, responsables, controles, evidencia y rendición de cuentas?

Ese sería, objetivamente, el punto más vulnerable del documento. Y hay una segunda cuestión relevante: el documento afirma expresamente que el gobierno de TI es responsabilidad institucional y no solamente de la Dirección de TI. Esto significa que, si en la práctica la responsabilidad termina concentrándose en TI, habría una brecha entre el modelo aprobado y la gobernanza real.

Si la UTN desarrolla después políticas, responsables, matriz RACI, indicadores, metas, presupuesto, mapas de riesgos, portafolio de proyectos y mecanismos de rendición de cuentas, puede convertirse en un instrumento muy poderoso. Si se queda únicamente como documento aprobado, su importancia práctica baja considerablemente. Veamos el cuadro adjunto del modelo aprobado:

Dimensión Analizada

Diagnóstico Actual

Riesgo Institucional Asociado

Operacionalización

Deficitaria. Dice qué hacer, pero no quién, cuándo, ni con qué evidencia.

El marco se convierte en un manual decorativo sin aplicación real.

Rendición de Cuentas

Incompleta. No define responsabilidades últimas ante fallos tecnológicos graves.

Dilución de la responsabilidad y falta de consecuencias ante incumplimientos.

Indicadores y KPIs

Inexistentes. Menciona la necesidad de métricas, pero no incluye metas ni KPIs concretos.

Imposibilidad de medir el avance real de la transformación digital.

Gobernanza Real

Riesgo de centralización. Conceptualmente es institucional, pero operativamente tiende a recaer solo en TI.

Brecha entre el modelo político aprobado y la ejecución informática aislada.

Por ello, se requiere un Plan de Mejora: De la Teoría a la Operación. Para evitar que el marco sea vulnerable a auditorías internas como externas, la UTN debe transicionar inmediatamente hacia un modelo ejecutable estructurado en cuatro ejes:

1. Despliegue de Responsabilidades (Matriz RACI)

Se debe diseñar una matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) para cada uno de los 6 objetivos estratégicos. Esto resolverá la contradicción de gobernanza actual:

  • Consejo Universitario / Rectoría: Aprobadores (A) últimos de la inversión y del riesgo residual.

  • Vicerrectorías y Decanaturas: Responsables (R) de alinear los procesos académicos/administrativos con la tecnología.

  • Dirección de TI: Ejecutores (R) de la arquitectura técnica, no dueños de la decisión institucional.

2. Cuantificación del Riesgo Tecnológico

Pasar de una declaración cualitativa de riesgos a un mecanismo vivo de trazabilidad:

  • Establecer una fórmula matemática estándar: Riesgo Residual = (Riesgo Inherente × Impacto) – Efectividad del Control.

  • Asignar un dueño del riesgo (rector, decano o director) con fechas límite obligatorias para el tratamiento de vulnerabilidades.

3. Fichas Técnicas de KPIs y Metas

El marco debe complementarse con un anexo operativo que defina, al menos, los siguientes indicadores con métricas exactas:

  • Ciberseguridad: Tiempo Máximo de Respuesta (TMR) ante incidentes críticos (ej. menos de 2 horas).

  • Continuidad: RPO (Objetivo de Punto de Recuperación) y RTO (Objetivo de Tiempo de Recuperación) para los sistemas de matrícula y financieros.

  • Gestión de Proveedores: Índice de criticidad basado en dependencia, seguridad de datos y capacidad de sustitución, ligado directamente a la contratación pública.

4. Blindaje ante las auditorías internas/externas

Dado que este documento es un parámetro auditable, la UTN debe adelantarse creando un Repositorio Institucional de Evidencia de Gobernanza de TI. Cada decisión tecnológica de alto impacto o contratación pública debe registrar una bitácora que demuestre su alineación directa con el Modelo de Gobernanza Universitaria.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hay algo especialmente interesante: por su alcance, este documento puede utilizarse como punto de partida para evaluar y/o auditar si las decisiones actuales de la UTN en materia tecnológica, administrativa, de gestión están alineadas con el Modelo de Gobernanza Universitaria y sus principales problemas: 1. Fragmentación y «Efecto Feudo Institucional» en cada sede. 2. Ineficiencia en la Gestión de Sedes y Duplicidad de Modelos. 3. Excesiva Regulación y Falta de Flexibilidad Académica. De acuerdo con estudios del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la UTN difiere de otras universidades públicas en la rigidez de su entramado normativo interno. 4. Desalineación con el Mandato Productivo y Social. La gobernanza interna ha fallado en articular adecuadamente la producción académica (como los Trabajos Finales de Graduación) con las necesidades del sector productivo local. 5. Vulnerabilidad Financiera y Presión Externa sobre la Autonomía. La UTN es históricamente la universidad que recibe la menor porción del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) dentro del sistema de CONARE. La constante limitación presupuestaria y la presión política externa (como las negociaciones gubernamentales del FEES y proyectos de Empleo Público) tensionan la gobernanza interna.

La Contraloría General de la República advierte que la infraestructura pública vital de Costa Rica se gestiona con un modelo reactivo, no preventivo, frente a desastres

El informe «Seguimiento a la Gestión Pública sobre la inclusión del enfoque de resiliencia en la infraestructura pública vital para la prestación de los servicios públicos de movilidad, electricidad e hidrocarburos» (DFOE-SOS-SGP-00001-2026) evaluó a 21 instituciones responsables de estos servicios entre 2021 y 2025.

La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe de seguimiento a la gestión pública sobre la incorporación del enfoque de resiliencia en la infraestructura vital del país para los servicios de movilidad, suministro eléctrico e hidrocarburos, así como en los proyectos de reconstrucción ejecutados tras emergencias declaradas. El análisis abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.

Según el estudio, esta infraestructura es altamente vulnerable frente al cambio climático y a eventos hidrometeorológicos extremos, lo que ha generado pérdidas económicas superiores a los ¢859 mil millones entre 2011 y 2025, 57 personas fallecidas por desastres entre 2016 y 2024, y más de 2.300 personas afectadas solo en 2024.

El índice de madurez institucional global se ubicó en un nivel intermedio (56,02%), con el sector movilidad como el de menor desarrollo (55,47%), especialmente en los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Emergencias (51,96%). La Contraloría atribuye estos resultados a la persistencia de un modelo de gestión reactivo, orientado a la reparación y reconstrucción, en lugar de la prevención.

El informe identificó cuatro hallazgos principales:

  1. Reproducción de vulnerabilidades en la infraestructura pública, al no evaluarse sistemáticamente los riesgos de múltiple amenaza (naturales, humanos y de cambio climático) a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. La evaluación de riesgos (EDR) obtuvo la calificación más baja del índice, con un nivel básico (42,42%); solo 2 de las 21 instituciones evaluadas (CNFL y ESPH) cuentan con un inventario de infraestructura crítica.

  2. Asimetrías en la gobernanza, con dificultades técnicas para recopilar, compartir y garantizar el libre acceso a los datos, y un componente de gobernanza que apenas alcanzó nivel básico (47,24%).

  3. Vinculación parcial entre resiliencia y gestión de proyectos: de 69 proyectos en operación entre 2021 y 2025, 16 no cuentan con un plan de operación y mantenimiento ni con los recursos para ejecutarlo, y en 49 el mantenimiento es parcial o nulo.

  4. Deuda institucional con la resiliencia comunitaria, ya que 14 de las 21 instituciones evaluadas omiten la evaluación de efectos e impactos de sus proyectos sobre las poblaciones; el sector hidrocarburos (Recope) presenta el mayor rezago en esta área (57,78%), pues 11 de sus 12 proyectos no contemplan el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades.

El estudio también documentó marcadas disparidades entre instituciones de un mismo sector: mientras el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) alcanzó un nivel alto de madurez (80,66%), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) se ubicó en un nivel intermedio bajo (53,15%). Entre los gobiernos locales que ejecutan proyectos de reconstrucción por emergencias, municipalidades como Pérez Zeledón (87,83%) mostraron un desempeño alto, mientras que Coto Brus (30,30%) y Limón (21,90%, nivel inicial) presentaron los resultados más bajos.

Las instituciones evaluadas fueron el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en movilidad; el ICE, la ESPH, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), en electricidad; la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en hidrocarburos; y en proyectos de reconstrucción, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) junto con las municipalidades de Aserrí, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Desamparados, Dota, Guatuso, León Cortés, Limón, Osa, Pérez Zeledón, San Carlos y Sarapiquí.

Entre las recomendaciones, la CGR planteó integrar de forma transversal la evaluación de riesgos en todo el ciclo de vida de las obras públicas, estandarizar los modelos de gobernanza de proyectos y de datos, vincular la evaluación financiera y social al ciclo de vida de la infraestructura —asegurando recursos formales para operación y mantenimiento— y consolidar la consulta a las partes interesadas y la evaluación de impactos en los procesos de resiliencia comunitaria.

El seguimiento fue realizado por un equipo multidisciplinario del Área de Fiscalización de Desarrollo Sostenible de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, dirigida por Lía Barrantes León.

UNDECA exige renuncia inmediata en pleno de la junta directiva de la CCSS

Comunicado

Todo menos aceptar lo obvio: el ERP fracasó.

La Unión Nacional de Empleados de la CCSS y la Seguridad Social (UNDECA) exige la renuncia en pleno, inmediata, de la presidenta ejecutiva y de las personas directoras de la Junta Directiva de la CCSS. La salida apresurada del sistema, contra criterios técnicos y advertencias internas, detonó una crisis operativa, financiera y sanitaria que lesiona el interés público y el derecho de la población a servicios de salud eficientes.

La Junta Directiva no quiere admitir

  • Puesta en producción atropellada con módulos inestables, generando interrupciones y datos inconsistentes, pese a alertas técnicas previas y posteriores.

  • Diferencias contables e inventarios (duplicaciones, inconsistencias y conciliaciones fallidas), con brechas superiores a ₡18 mil millones entre SIF/SAP (mayo–junio 2025).

  • Rezagos de hasta 4 meses en información de inventarios/consumos, controles manuales, desabastecimiento y sobrecarga operativa.

  • Riesgos legales y sanitarios en medicamentos controlados (p. ej., fentanilo), que obligan suspender, al menos temporalmente, el uso del ERP-SAP para restituir la trazabilidad.

  • Amenaza al presupuesto 2026, ambiente laxo de control interno, tensión laboral y daño reputacional a la institución.

La responsabilidad principal de este caos recae en la Junta Directiva, en la presidenta ejecutiva Mónica Taylor, a quien la propia Junta asignó la gobernanza del ERP (dirección estratégica, gestión de riesgos y decisiones de alcance, tiempo y costo). La rendición de cuentas y el deber de probidad son exigencias constitucionales y legales (arts. 9, 11 y 73 C.Pol., art. 3 de la Ley 8422).

UNDECA defenderá, con firmeza y sin concesiones, la salud pública, la transparencia y los recursos de la Seguridad Social.

Adjunto: Carta abierta SG-0920-202

Defensoría señala 10 deficiencias que debe corregir la CCSS

Un reciente informe de la Defensoría de los Habitantes aborda la situación que atraviesa la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Como resultado de la presente investigación, se evidencia que, persisten 10 deficiencias y debilidades importantes.

-Ausencia de un sistema de gestión de Gobierno Corporativo. Pese a que la Junta Directiva de la CCSS es el máximo jerarca de la Institución, dedica el mayor tiempo de sus funciones a labores administrativas, ya que carece de un modelo de gobernanza que le permita que su labor se enfoque en la dirección y supervisión de los asuntos estratégicos relacionados con la actividad institucional.

-Deficiencia en la Planificación y Gestión de Riesgos. A pesar de que la CCSS cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023-2033 y una Política Institucional de Gestión Integral de Riesgos, la administración de los recursos financieros no se realiza conforme al modelo de gestión para resultados a nivel de toda la institución

-Ausencia de un sistema de costos: En materia de salud, persiste la necesidad de la CCSS de contar con un sistema de costos como instrumento clave de gestión que permita cuantificar el costo de procesos, actividades e intervenciones con mayor precisión, y mejorar las estimaciones.

-Proyecciones actuariales ambiguas del Seguro de Salud. Las proyecciones actuariales son parte fundamental para darle la sostenibilidad al sistema de pensiones y al sistema de salud. Sin embargo, al persistir el uso de datos promedio, tiene como resultado una visión distorsionada en los servicios, al ser una limitante y desventaja para el análisis de los datos, especialmente en presencia de valores atípicos o distribuciones no normales, como es el sector de la salud.

-Contra criterios de gerencia y administración, se elimina la información financiera para las provisiones y proyecciones financieras. Recientemente la Junta Directiva ratifica como únicos instrumentos válidos para las provisiones y proyecciones financieras, los informes y otros documentos elaborados por la Dirección Actuarial. Si bien ambas responden a metodologías diferentes, la información de la Gerencia Financiera permite mostrar el equilibrio financiero a hoy. La decisión de la Junta Directiva incrementa el riesgo de que no se observe el panorama completo de la situación financiera institucional, puesto que son insumos complementarios que van a aportar a la toma de decisiones.

-Una CCSS sin una visión de futuro con horizonte de largo plazo. La CCSS no ha consolidado por completo la inclusión de elementos de gestión para resultados en el desarrollo como parte de la construcción de una visión de futuro con un horizonte de largo plazo, persisten debilidades en el proceso de identificación y planificación de necesidades de infraestructura, tecnología y compra de equipos, que no permiten orientar razonablemente la gestión oportuna de los proyectos de sustitución o ampliación de oferta, a efectos de prevenir eventuales afectaciones en la continuidad y calidad de los servicios de salud

-Posible inequidad y uso ineficiente de recursos en la oferta de servicios. La CCSS carece de información actualizada y completa sobre los requerimientos de servicios, recursos humanos y equipos que caracterizan a cada tipo de establecimiento de salud, según el modelo de atención y en su ausencia utiliza una serie de insumos para identificar la complejidad de esos centros, que presentan debilidades importantes, lo que la CCSS podría no estar asignando los recursos en materia de salud en las zonas de mayor riesgo, y con ello, podría estarse fomentando la inequidad en la atención y el uso ineficiente de esos recursos, y por ende, afectándose la calidad del servicio.

-Impacto de la ausencia de planificación sobre Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR Suscrito desde el 2017, este Fideicomiso de obra, por el que se cancelan más de 28 millones de colones por mes, ha estado caracterizado por los constantes cambios en la asignación de proyectos. El fideicomiso que inicialmente incluía la construcción de 53 obras, se modifica en el 2023 para la construcción de 30 Áreas de Salud en un ritmo de 4 por año. Adicionalmente a los costos generados durante los años con que cuenta el mismo contrato del fideicomiso, se pudo constatar que el mismo carece de multas hacia el fiduciario e incluso se logra observar que las responsabilidades de atrasos en las obras son responsabilidades de la situación económica del país, causas que sea ocasionados por terceros o por atrasos en la CCSS, pero deja por fuera al BCR por demoras en las obras o por acciones fuera de las responsabilidades que le correspondan.

-Dilación en la toma de decisiones sobre el Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, mesa de diálogo. Si bien en el 2021 fue probada una reforma para el Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, era de conocimiento por la Junta Directiva de la CCSS, que la misma se constituía en la primera etapa de un proceso que busca brindar sostenibilidad y solvencia actuarial al Seguro de Pensiones que le brindaría el oxígeno necesario al Sistema para iniciar con una segunda etapa. Pese a ello la Junta Directiva no ha dado inicio con la mesa de diálogo propuesta para el abordaje del tema, además de que no se encontró evidencia de que se hayan tratado de estudiar nuevas fuentes de ingresos para el Seguro de Salud y pensiones, recomendaciones que la Dirección Actuarial y Económica, ha hecho en las valuaciones actuariales, en donde se ha señalado la importancia de abordar temas como el bono demográfico y la informalidad en el empleo, además del desempleo en jóvenes especialmente en las mujeres.

-Gobernanza de Tecnologías de Información. La CCSS no ha logrado consolidar los roles y responsabilidades definidos en su Marco de Gobernanza de Tecnologías de Información y Comunicación de la CCSS. Como ejemplo los recientes problemas de su estructura organizacional para proyectos de infraestructura tecnológica, como el proyecto de implementación del EDUS.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

COVID-19: lecciones aprendidas para enfrentar la crisis mediante la gestión de riesgo

La Academia Nacional de Ciencias está organizando para este próximo 18 de junio a las 4 p.m. la conferencia: “Lecciones aprendidas, en Costa Rica, para enfrentar la próxima crisis mediante la gestión de riesgo”.

La conferencia será impartida por el doctor Sergio Mora Castro.

Unirse a la reunión Zoom:
https://zoom.us/j/92681538692?pwd=WWpqVS80TGZENmwwTzlIMXFUbGEwZz09

ID de reunión: 926 8153 8692

Contraseña: ANC

UNA: Inventario de efectos de desastres ayudaría a reducir riesgos

Trabajo académico de la UNA pone a un clic un recuento de los efectos que han ocurrido en el país desde 1970 hasta el 2018. Este inventario permite el análisis y la representación espacio-temporal de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, de manera retrospectiva y prospectiva, para aplicaciones en la gestión de riesgos

Laura Ortiz C./Periodista UNA

Conocer dónde, cuándo y cuáles han sido los daños producidos por desastres en el país, nos permite entender el presente y prever consecuencias para el futuro. Desinventar, es una herramienta conceptual metodológica para la construcción de bases de datos de pérdidas, daños o efectos ocasionados por emergencias o desastres, disponible en Costa Rica desde 1996 y que se alimenta desde el 2011 por el trabajo de búsqueda y análisis de funcionarios del Programa Institucional de Gestión del Riesgo de Desastres de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional (PIGRD-UNA), coordinado por la académica Alice Brenes.

“Desinventar es un software que se ha desarrollado con la Corporación OSSO de Colombia. Es una herramienta que facilita el análisis y la representación espacio temporal de las amenazas por provincia, cantón, distrito y ahora por comunidad, de manera retrospectiva y prospectiva, para aplicaciones en la gestión de riesgos, desde las actividades de planificación y mitigación hasta la atención y recuperación. Se incluyen eventos hidrometeorológicos, sismos, actividad volcánica sequías y recientemente corrientes de resaca’, explicó Ricardo Orozco, académico del PIGRD-UNA.

Hasta mediados de los 90 no se disponía en América Latina de información sistemática sobre la ocurrencia de desastres cotidianos de pequeño y mediano impacto. En 1994 se construye un marco conceptual y metodológico común por parte de investigadores de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED), que concibe un sistema de adquisición, consulta y despliegue de información sobre desastres. La Corporación OSSO, con su base en Colombia, es la responsable de coordinar Desinventar para América Latina.

¿Cómo se alimenta?

La base de datos, de acuerdo con Orozco, se alimenta de informaciones publicadas en medios de comunicación, informes de la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Meteorológico Nacional, el sistema 911, Bomberos de Costa Rica, incidentes reportados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional Vial, datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional, la Red Sismológica Nacional, municipalidades y el Organismo de Investigación Judicial, entre otros.

A nivel nacional, Desinventar se utiliza para elaborar el Informe del Estado de la Nación, el Informe de Situación de Vivienda y Desarrollo Humano en Costa Rica, Informes Internacionales de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias y artículos científicos.

También ha sido utilizada para cuantificar y expresar espacialmente los efectos de grandes desastres como el Huracán Mitch en Honduras y Nicaragua (1988), las lluvias torrenciales en el estado de Vargas en Venezuela (1999) el terremoto de Arequipa en el sur de Perú (2001) y los efectos del tsunami de Indonesia sobre varios países de la región (2004).

“El beneficio para el país de contar con esta herramienta, es el de poder tener información histórica de los eventos, así nos podemos dar cuenta de qué provincia o qué comunidad está siendo afectada por un evento, esto nos permitiría hacer planes de gestión municipal”, dijo Orozco.

Durante 5 y 7 de febrero el PIGRD-UNA y la Vicerrectoría de Extensión, organizaron dos talleres con la participación de académicos e investigadores de distintas unidades académicas, centros e institutos, con el objetivo de fomentar la incidencia en la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al Cambio Climático (RRD/GRD/ACC) en poblaciones, sectores y territorios priorizados a partir de la investigación y la extensión universitaria.

El PIGRD-UNA articula recursos, iniciativas y aportes de la Institución desde la reducción y gestión del riesgo de desastre, desde una perspectiva interdisciplinaria y coordinada en beneficio del logro del bienestar de la población y del desarrollo seguro y sostenible de sectores y territorios nacionales.

El acceso a Desinventar es libre y gratuito, solo debe ingresar a www.desinventar.org donde encontrará los datos de Costa Rica y otros países del mundo.

*** Para mayor información comuníquese al 2277-3066.

 

Enviado por UNA Comunicación.

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