En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas nos unimos a las voces, cuerpos y vidas que denuncian la impunidad como una expresión más de violencia contra los Pueblos Originarios de Costa Rica y del mundo.
El acceso a la justicia es uno de los derechos más flagelados por parte de los Estados. Donde el Estado costarricense no es una excepción.
Esta infografía retoma los distintos aspectos sobre la justicia para los Pueblos Originarios. Este material forma parte de la Campaña informativa “Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios”; de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de Ditsö y Voces Nuestras.
¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
En palacio están contra la pared. Hay personas ocupando puestos, con salarios que paga la pobreza de la ciudadanía, pero la ciudadanía percibe que no hay gobierno. La percepción es realidad, es una máxima política.
Ante la convocatoria que hemos hecho a un Nuevo Pacto Social, un Nuevo Pacto de Concordia, la ciudadanía ha respondido con entusiasmo.
Toda persona decente y deseosa de rescatar y reconstruir este hermoso país, ha dicho y sigue diciendo: ¡¡¡Presente!!!
Jóvenes, adultos, mujeres, hombres, funcionarios públicos, empresarios pequeños y medianos, profesionales, académicos, han abarrotado las sesiones virtuales que se han convocado y están pendientes de las buenas nuevas, pues la esperanza radica en las manos, saberes, conocimientos, experiencia, probidad, transparencia, de una ciudadanía que constitucionalmente se descubre como El Soberano, que ha vencido el miedo y se ha descubierto dueño de un país, que le habían arrebatado. Con decisión de ejercer el poder que constitucionalmente le pertenece.
El país debemos reconstruirlo. Es la tarea que nos toca ante las terribles condiciones en que el régimen y la facción “progre” que lo representa lo están dejando. Así lo exige nuestra responsabilidad constitucional. Ellos caminan ilusionados hacia los destellos que un Horizonte Positivo y la Alianza de Empresarios para el Desarrollo les alumbran, imponiendo el autoritarismo, dejando que prevalezca la corrupción y la impunidad, así como la violación al ejercicio del derecho humano fundamental, el ejercicio de los derechos políticos.
Nosotros debemos caminar hacia la paz y reconstruir la fractura social estructural que precipitaron irresponsablemente. Lanzarnos a reconstruir la economía en nuestras manos, con encadenamientos de comercialización y de producción; darles prioridad a las pymes, el trabajo, la agricultura y la soberanía alimentaria; el buen vivir, las oportunidades, la solidaridad, la responsabilidad, el deber; la transparencia, la probidad, la rendición de cuentas, la participación ciudadana en la toma de decisiones. Reconstruir la institucionalidad que nos pertenece.
Ya el presidente lo había dicho, él escogería con quien hablar. Hoy, el título de su propuesta debe ser coherente con su gestión. Debe ser más que una consulta por las páginas del cuestionado “gobierno abierto”. El mecanismo de la consulta que anuncia llega demasiado tarde y por sí sola no es precisamente diálogo.
El gobierno tiene que vencer el miedo al diálogo respetuoso y sincero con la ciudadanía. Tiene que dejar de prestar oídos a quienes lo mal aconsejan y volver al pueblo, quien le legitimó para que representara al país.
Debe ser un diálogo sincero, responsable. Comenzar diciendo que suspenderá la agenda parlamentaria leonina que ha planteado y que ya negoció en la oscuridad de la noche con sus acólitos parlamentarios.
Es el momento de hacer, de cambiar de actitud. El diálogo es consenso, que nace de los disensos. Es para transformar.
Nos toca a la ciudadanía tomar el timón y llevar a Costa Rica a buen puerto. Así lo manda la Constitución Política, no dejarnos derrotar ni confundir. Con paso firme avanzar en construir el diálogo y el encuentro, para Un Nuevo Pacto Social, un Nuevo Pacto de Concordia.
El ejemplo lo puso la Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza, Cuidado e Imagen Personal, que agrupa 50.000 Pymes. Convocaron al gobierno para demostrar que podían elaborar con total responsabilidad y profesionalismo –a la altura de los estándares internacionales-, los protocolos de bioseguridad necesarios para reabrir sus negocios y reconstruir sus empresas. Quitaron de en medio hasta un reglamento espurio –que un gobierno irresponsable décadas atrás estableció- para que empresarios corruptos cobraran membresía a través de cada municipalidad, a toda persona empresaria del sector que quería trabajar.
Cumplido esto, Yorleny Córdoba su Coordinadora, informó al gobierno, de frente, sin miedo, que reabrirían, pues habían cumplido, no había excusas. El gobierno, consciente del trabajo conjunto, anunció que procedieran a abrir, cumpliendo con responsabilidad los protocolos.
Resultaron más eficientes y eficaces, que muchos alcaldes que todavía no entienden para que fueron electos en sus cantones, aunque con una escuálida votación. Como si los movieran otros intereses que no fueran los de los habitantes de su cantón.
Estamos reuniéndonos para proceder en todo el país. Debemos organizarnos con mucha responsabilidad, cumpliendo a cabalidad las normas sanitarias, demostrando que somos capaces de encontrarnos en el diálogo, sin miedo y con decisión.
Todos debemos colaborar difundiendo las convocatorias que se harán por este medio y el Facebook de Territorios Seguros, además de cumplir las tareas que emergen de cada encuentro.
Sabiendo que tenemos enormes disensos, pero nos une como se ha demostrado a lo largo de nuestra historia, la capacidad de sentarnos responsablemente a construir soluciones para tener el mejor país del mundo, donde prevalezcan el trabajo y la paz.
Este 9 de agosto se cumplieron 10 años de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa por estar reclamando que el proyecto de Autonomía lo pusieran en la corriente de debates, bien fuera para la aprobación o el rechazo.
Sin embargo, lo que logramos fue que después de sembrarnos miedo cerrándonos los servicios, dejarnos sin luz a las dos de la mañana, fuimos expulsados y arrastrados desde el salón Beneméritos de la Patria hasta la calle donde con frio insoportable vimos con impotencia cómo actuaban. Así nos trataron solo por defender nuestros derechos. Afuera gran cantidad de ANTIMOTINES estaban listos como si fuéramos seres peligrosos.
Con mi hermano Sergio llevábamos muchos años de lucha desde FRENAPI trabajando ese proyecto y le dábamos seguimiento. Magdalena dijo: “Nada tenemos que buscar en estos peladeros, defendamos nuestras tierras en nuestros territorios, que ahí nos arrastren”.
Fue ahí cuando definimos comenzar con las recuperaciones por la vía de hecho ya que en los tres poderes de la República no existe ninguna voluntad de solucionar los derechos que nos pertenecen. Así, en el 2011 empezó Salitre con las recuperaciones por la vía de hecho y hoy esa lucha se a extendido a Cabagra, Rey Curre, China Kicha, Térraba, Maleku y todos los pueblos que conforman el Frente Nacional de Pueblos Indígenas.
Seguimos en lucha y solicitamos a todos los costarricenses que no nos olviden, que no nos miren como los malos por los procesos de recuperación que llevamos, ya que es la única forma que el Gobierno nos ha dejado. No entiendo cómo llevamos 10 años y el Gobierno sigue haciendo cosas que se miran muy bonitas, pero yo quiero decirles para mí son solo papeles. Como un Brörán que llevo 40 años de lucha lo que quisiera es escuchar cosas que sean reales, no papeles, no habladas, quisiera que todos los ticos exijan a los Gobiernos que nos den nuestras tierras libres para poder vivir en paz y poder dormir tranquilos, que nuestros territorios, que nuestros hijos, nietos, no sigan llevando el miedo como ese miedo del covid 19 que es lo que vivimos los pueblo indígenas por los terratenientes hace mmmuuucho tiempo.
A pesar de haber perdido a Sergio Rojas en el año 2019 y Yeri en 2020, las recuperaciones continuarán. Yo esperaría que ya no haya más asesinatos de nuestros hermanos, yo quiero seguir viviendo, pero sintiéndome libre sin persecuciones, sintiendo que el Poder Ejecutivo nos devuelva las tierras, que el Poder Judicial nos reconocerá nuestros derechos y que no nos negara más, que se cumplan nuestras leyes y que la Asamblea haga que se cumpla las leyes que hay se han aprobado.
Seguro soy un indígena ignorante pero los tres poderes deberían conjuntamente abordar el tema indígena para que juntos busquen la solución. Quisiera morir viendo que esos poderes han solucionado nuestras luchas y si esto pasara de seguro no seriamos más asesinados.
Solo reclamo que se haga justicia para nuestros pueblos.
Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se cumplen 10 años de “La arrastrada”, evento denominado así por los protagonistas indígenas porque describe elocuentemente lo que sucedió ese día y en la madrugada del día siguiente del año 2010, en la Asamblea Legislativa, experiencia que constituye un hecho histórico en la memoria de las luchas indígenas, como acto de violencia y punto de inflexión en su relación con el Estado costarricense.
“La arrastrada” es un suceso concreto, cargado tanto de materialidad como de simbolismo, pues se produjo dentro de las instalaciones del Primer Poder de la República, en el Salón de Beneméritos de la Patria, donde un grupo de líderes y lideresas indígenas, al finalizar una actividad relativa a esa fecha, decidieron permanecer de manera pacífica en el lugar, solicitando la presencia de las autoridades legislativas y demandando la votación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que en ese momento tenía 17 años de estar en la corriente legislativa sin ser votado.
La respuesta de las autoridades del Congreso no podría haber sido más irónica: ordenaron su desalojo por la fuerza y no votaron el proyecto ni en ese, ni en la siguiente legislatura, para ser finalmente desechado sin justificación clara ni alternativa alguna, a los pocos meses del actual período legislativo (2018-2022).
Con esta experiencia como detonante, se agota para los indígenas la confianza en la institucionalidad pública y en las autoridades políticas, cuya consecuencia inmediata fue la decisión de varios de estos líderes comunitarios y sus familias de iniciar acciones para reivindicar, por la vía de hecho, sus derechos sobre sus propios territorios, mediante las llamadas “recuperaciones”. Estas acciones empezaron a darse poco tiempo después en Salitre, luego en Térraba, Cabagra y Curré, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, para continuar después en el territorio de China Kichá, perteneciente a Pérez Zeledón, y recientemente también por parte de los maleku, en el cantón de Guatuso, en la zona norte del país.
La “arrastrada”, como acto de agresión, y el menosprecio dl Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo ―a pesar del amplio proceso de construcción y consulta que tuvo este proyecto entre los pueblos indígenas― se suman a otras experiencias violatorias, como la incursión realizada por el Instituto Costarricense de Electricidad ( ICE ) con el proyecto PH Diquis en el territorio de Térraba, declarado por la Administración Arias Sánchez (2008) como “un proyecto de Conveniencia Nacional e Interés Público”, sin realizar el debido proceso de consulta, el cual es uno de los principales derechos reconocidos mediante el Convenio 169 sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-1989), ratificado por Costa Rica en 1993.
También hay que agregar los conflictos y divisiones en el interior de los territorios indígenas, provocados por la imposición estatal de las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADI) como gobiernos locales, por la vía del Reglamento a la Ley Indígena (1977) y por el Voto 14545 del 29 de septiembre del 2006 de la Sala Constitucional, argumentando que estos pueblos carecen de una estructura de gobierno propio, lo cual justificaría la necesidad de esas asociaciones. Esto riñe claramente con el derecho a la Autonomía establecido en el mencionado Convenio de la OIT, instrumento que la Sala Constitucional ha interpretado y aplicado de diferentes formas en los últimos 25 años, mostrando en varias de sus argumentaciones jurídicas las contradicciones de una visión integracionista de larga data en el país, que se extiende a la administración de justicia y es una de las causas estructurales del abandono gubernamental y la ausencia de legislación nacional para implementar, como corresponde, los derechos de los pueblos indígenas.
El incumplimiento de la Ley indígena sobre la devolución de los territorios a sus legítimos propietarios, la ausencia de control de la usurpación en los territorios, así como la falta de atención oportuna y eficaz de las autoridades de gobierno al conflicto planteado por las “recuperaciones”, aumentó el estado de vulnerabilidad y desprotección de las personas indígenas. Estas han sufrido las consecuencias derivadas de una violenta reacción por parte de los finqueros no indígenas, quienes, con el apoyo o complicidad de un importante sector de la prensa, las autoridades locales, y utilizando intensamente las redes sociales y sus influencias políticas, han protagonizado, desde entonces, y hasta el momento, múltiples agresiones, balaceras, amenazas de muerte, intimidaciones, impedimentos de circulación, quemas de viviendas y cultivos. La escalada de violencia ha llegado hasta el asesinato de dos de sus líderes, Sergio Rojas Ortiz, del territorio de Salitre, y Jehry Rivera Rivera, del territorio de Térraba, a lo cual hay que sumar las constantes amenazas de muerte, el atentado contra el líder bröran Pablo Sibar Sibar y varios intentos de asesinato del líder bribri Minor Ortiz Delgado, entre otras personas agredidas. Hasta la fecha, nadie ha sido detenido por ninguno de estos hechos. Tal grado de impunidad incentiva el aumento en la frecuencia y la virulencia de los ataques contra estas personas, los cuales se siguen dando incluso en el contexto de la actual pandemia del Covid-19.
Todos los sucesos, incumplimientos, agresiones y violaciones de distinta naturaleza han sido denunciados una y otra vez por los propios indígenas, mediante todas las vías a su disposición en nuestra bicentenaria república, las cuales en realidad son pocas, incluyendo la penal. Son hechos que se encuentran documentados en repetidos informes y notas institucionales de la Defensoría de los Habitantes, pronunciamientos de los Consejos de Mayores Bröran y Ditsö Iriria Ajkönuk Wapa, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN) y otras organizaciones no gubernamentales, como la Coordinadora de Lucha Sur Sur y Forest Peoples Programme. También por parte de las universidades públicas mediante diferentes estudios y pronunciamientos, y de la propia Oficina de Naciones Unidas en Costa Rica. Nada de esto ha encontrado eco ni solución por parte de las autoridades responsables. Entretanto, el conflicto se profundiza y extiende.
En abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, ante la gravedad de los hechos denunciados por peticionarios bribris y bröran, impuso a Costa Rica Medidas Cautelares (MC 321-12) en favor de líderes, recuperadores y familias de los territorios Salitre y Térraba del cantón de Buenos Aires, recordándole al Estado los derechos de los pueblos indígenas y su obligación de adoptar medidas para asegurar el control efectivo de sus territorios y protegerlos de actos de violencia. Esto obligó al gobierno a establecer un protocolo de implementación, cuya elaboración tardó dos años (hasta febrero del 2017). Mediante este protocolo, se definieron acciones especiales para ambos territorios por parte de los Ministerios de Justicia y de Seguridad Pública, para ejecutar procesos aprobados y pendientes de desalojo administrativo, prevenir y atender eficazmente incidentes de violencia en los territorios, desarrollar la coordinación interinstitucional y monitorear el cumplimiento del protocolo con participación de los propios peticionarios.
El Instituto de Desarrollo Agrario (INDER) se responsabilizó de la implementación del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI), que se formuló desde la Administración Solís Rivera en febrero del 2016, para la delimitación y “saneamiento territorial”.
El Poder Judicial también se vio emplazado a atender y mejorar sus procedimientos de acceso a la justicia, y para acelerar los procesos agrarios y penales relacionados con los conflictos por la tierra y las agresiones.
A nadie ha sorprendido, aunque sí causado gran desazón, el hecho de que este protocolo y los compromisos asumidos por parte de las diferentes instancias del Estado se quedaron en el papel, abandonados en su ejecución durante los siguientes dos años, hasta el asesinato de Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo del 2019. Es entonces cuando el actual gobierno se vio obligado a retomarlos. Al día de hoy, año y medio después, la situación no ha cambiado sustancialmente, las agresiones hacia las familias recuperadoras continúan en los territorios, los procesos agrarios y penales se han estancados o avanzan lentamente, y las muertes de sus líderes permanecen impunes.
Las proyecciones de ejecución del Plan RTI, una vez más, se han quedado rezagadas en el tiempo. Hay serias dudas acerca de sus alcances reales, la metodología empleada, las fuentes de información utilizadas para distinguir quién es indígena de quién no lo es, aspecto de vital importancia para determinar la condición de “buena o mala fe” que, desde el punto de vista jurídico, y según la Ley Indígena, determina el pago de indemnizaciones. Por lo mismo, algunas de las personas no indígenas contra quienes se han realizado denuncias de agresión o solicitado órdenes de desalojo, han decidido utilizar como otra de sus estrategias la auto identificación como indígenas para dilatar, o evitar, procesos de desalojo en su contra.
En ese contexto debe comprenderse el hecho de que, el pasado 2 de julio del 2020 (Informe 167/20, Petición 448-12), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), admitiera para su estudio por el fondo, la petición contra el Estado costarricense presentada desde el 2012 por el pueblo bröran. Esta decisión es significativa pues, a pesar de las varias audiencias, informes y argumentos presentados por el Estado durante ocho años, intentando invalidar la solicitud de los indígenas, la Comisión encontró que los peticionarios efectivamente agotaron los recursos internos, que las alegaciones presentadas “no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo, pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones” a diferentes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).
Vale decir que las violaciones alegadas por los bröran están referidas a la falta de reconocimiento del territorio ancestral del pueblo Teribe, la limitación a la participación efectiva y razonable en la toma de decisiones y administración del territorio tradicional, el desconocimiento de sus propias instituciones y autoridades indígenas, la falta de consulta sobre proyectos en sus territorios y la ausencia de recursos efectivos y adecuados, entre otras.
En sintonía con esta posición de la CIDH, se encuentran repetidos llamados de atención y solicitudes de aclaración del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD – ONU), de las Relatorías Especiales de Derechos Humanos y de Defensores de los Derechos Humanos de la ONU (Anaya 2011, Lawlor y Calí Tzay 2020) y del Comité de Derechos Humanos de la ONU (117° período de Sesiones e informe de seguimiento del pasado 27 de Julio del 2020) que en su conjunto demuestran que el Estado costarricense enfrenta graves cuestionamientos por la falta de cumplimiento de sus obligaciones hacia sus propios pueblos indígenas y de sus compromisos internacionales.
Estamos en presencia de un problema histórico y estructural, no ante episodios aislados ni transitorios de violencia y despojo. Por otra parte, la violación de derechos, la usurpación de territorios y la violencia sistemática se lleva a cabo por parte de diversos actores, entre los cuales destacan las personas no indígenas que se encuentran ilegalmente en los territorios, así como los medios de comunicación que, con pocas excepciones, informan de manera descontextualizada, ignoran las voces de líderes comunitarios y desconocen los derechos colectivos de estos pueblos, abonando desde su podio los conflictos interétnicos. También el propio Estado costarricense que, por acción o por omisión, mantiene no solo la ya conocida brecha de implementación de los derechos indígenas, sino también una perversa articulación de raigambre colonial, que persiste en la institucionalidad y en todos los poderes de la República.
La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en este 2020 está teñida de sangre por los asesinatos de líderes comunitarios: dos en menos de un año (marzo 2019-febrero 2020). Estos crímenes tuvieron lugar a pesar de que ambos líderes se encontraban bajo la supuesta protección de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH a Costa Rica desde el 2015, lo que sin duda aumenta la indignación y la gravedad de estos hechos.
Es la primera vez que esto ocurre en nuestro país y es también la primera vez en nuestra historia que Costa Rica recibe, de manera reiterada, llamados de atención de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la misma CIDH, exigiéndole remediar esta situación de violencia e impunidad que sufren las comunidades indígenas. Todo esto configura una grave anomalía, tratándose de un país que posee un sólido estado de derecho y que se presenta como abanderado de los derechos humanos. Inevitablemente esto mancha nuestra imagen internacional.
Por otra parte, a pesar de las bondades que observamos en la mayoría de la normativa reciente, como son el Protocolo de Consulta, la Ley de Acceso a la Justicia y la Construcción de la Política Pública Intercultural, incluyendo la modificación del artículo 1º de nuestra Constitución Política, los avances en esta materia parecen agotarse en lo meramente retórico.
Sin duda, las últimas tres administraciones de gobierno han invertido gran cantidad de tiempo y recursos desplazando funcionarios de distinto rango a los territorios indígenas; seguramente son muchas las reuniones técnicas, políticas y comunitarias que se han realizado durante toda una década. Por eso es injustificable que en 10 años no haya verdaderos avances en la resolución del conflicto por las tierras ni en la aplicación de los derechos indígenas, y que la inseguridad, la zozobra, las agresiones y la impunidad persistan.
También es notoria la profunda desconfianza de las comunidades indígenas en las autoridades estatales, la cual se ha profundizado, en particular hacia policías, fiscales y jueces, al persistir la situación de indefensión e impunidad, y puesto que se siguen ignorando los reclamos de los Consejos de Mayores bribri y bröran, no se vislumbra a corto y mediano plazo ninguna iniciativa seria y consistente de las autoridades durante la actual Aministración Alvarado Quesada, para intentar remediar este profundo distanciamiento con la dirigencia indígena, y restablecer condiciones que viabilicen el diálogo.
Desde nuestra posición en el ejercicio académico y de investigación, es nuestra obligación generar conocimiento riguroso, útil para las propias comunidades y para las instituciones públicas involucradas. Nos esforzamos por aportar evidencia sólida que deje en claro las deudas históricas y los pendientes no resueltos con los pueblos indígenas. Procuramos, así, contribuir a la superación de prejuicios y el al pleno ejercicio de la ciudadanía, en un contexto democrático respetuoso de las diversidades culturales, y abierto al diálogo y a una pacífica convivencia intercultural.
Por eso afirmamos que la grave situación en los territorios indígenas es injusta, insoportable e, insostenible, muestra una violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas de esas comunidades, la inacción e inoperancia estatal y la complacencia con los agresores, todo lo cual comporta responsabilidades muy serias que deben ser asumidas por toda la sociedad costarricense, pero especialmente por las autoridades tanto políticas como técnicas, legislativas, ejecutivas y judiciales, a quienes planteamos con respetuosa vehemencia lo siguiente:
Que el estado de pandemia por COVID 19 que vive el país no sea utilizada como excusa para aletargar indebidamente el cumplimiento de las obligaciones institucionales ni las soluciones y atenciones que los pueblos indígenas demandan, incluyendo la urgente protección real y atención efectiva a estas poblaciones, dada la actual coyuntura de emergencia sanitaria.
Que se atiendan, con energía y decisión, las recomendaciones y solicitudes específicas de la Defensoría de los Habitantes y organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos en relación con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Estado costarricense en materia de derechos indígenas.
Que se dé contenido político y operativo a la implementación de todos los derechos de los pueblos indígenas, con especial atención a los derechos territoriales y de autonomía, lesionados histórica y sistemáticamente en nuestro país.
Que se condene a los perpetradores materiales e intelectuales de los asesinatos e intentos de asesinato, y a los agresores de defensores de derechos indígenas, y se repare como corresponde a los familiares de las víctimas.
Que se tomen las decisiones, se asignen los recursos y se ejecuten las acciones concretas, inmediatas y eficaces, para garantizar la seguridad y protección de los defensores de los derechos indígenas y de sus familias.
Que se garantice el espacio político y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas costarricenses.
Que se reconozcan las instancias de decisión propias, cuya definición y legitimidad deriva de la tradición y la libre voluntad de las poblaciones indígenas en sus propios territorios. Tal como se han constituidos los Consejos de Mayores en Salitre y Térraba.
Que se abran los espacios institucionales para que se denuncien las organizaciones que falsamente se auto proponen como “autoridades”, sin un debido reconocimiento comunitario, las cuales se adjudican a sí mismas, de forma indebida, la potestad de emitir e incluso vender certificaciones sobre quién es “indígena”.
Que se garantice la implementación de todos los instrumentos jurídicos, directrices, normativas y procedimientos institucionales existentes, para atender y resolver, conforme a los derechos indígenas, las denuncias, demandas, procesos judiciales y administrativos pendientes, así como la definición de mecanismos de monitoreo y control al más alto nivel político y comunitario, que contribuyan a reducir radicalmente los tiempos de respuesta y aumentar el acceso a la justicia de la población indígena, así como a la información clara, completa y culturalmente pertinente de todos los asuntos de su interés.
Que se ejecute, en el corto plazo, el “saneamiento” de los territorios indígenas agilizando sin más preludios los mecanismos correspondientes, tomando las decisiones y actuaciones necesarias sobre los alcances, la ejecución y la rendición de cuentas del Plan RTI, y de cualquiera otra vía o procedimiento para resolver la posesión de los territorios indígenas.
Dr. Luis Paulino Vargas Solís Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Dr. Marcos Guevara Berger, en representación de equipo de investigación, proyecto “Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires. Aportes Interdisciplinarios para su resolución”. Estudios Avanzados, Universidad de Costa Rica.
En una nota enviada por la Defensora Catalina Crespo Sancho al presidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Cruz Castro, se solicita atender las denuncias formuladas por procedimientos y actitudes discriminatorias contra personas de los pueblos indígenas. El escrito de la Defensoría indica que “la tramitación de este asunto está a cargo de la Master Marjorie Herrera Castro.
El documento que llegó a SURCOS señala:
“Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
La Defensoría de los Habitantes de la República mantiene en monitoreo la implementación por parte del Estado costarricense de la Medida Cautelar N° 321-12 emitida por la CIDH en favor de los pueblos indígenas Térraba y Salitre, así como la ejecución del Plan RTI (Recuperación de Tierras Indígenas), que desarrolla el Instituto de Desarrollo Rural.
En este marco, de manera consistente desde el año 2015, se ha mantenido comunicación con organizaciones y personas indígenas de los territorios beneficiarios de la Medida, así como de los territorios de Cabagra y China Kichá, en los cuales se han venido realizando, recientemente, procesos de recuperación de tierras indígenas.
Durante estos años, también se ha tenido conocimiento del creciente número de asuntos relacionados con estos procesos reivindicativos de derechos que se han judicializado con la esperanza de encontrar en el sistema, justicia pronta y cumplida. No obstante, por el contrario, cada vez y con más frecuencia, se recibe información de los pueblos indígenas sobre las barreras e incluso la discriminación que enfrentan para lograr un acceso real y efectivo a la justicia.
En virtud de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes estima necesario remitir para su conocimiento y consideración la siguiente información, que resume las principales situaciones expuestas ante esta institución por personas y organizaciones indígenas:
1- En una reunión realizada en Buenos Aires de Puntarenas, el 24 de agosto del 2018, la ex Magistrada Carmen María Escoto Fernández, recibió un sinnúmero de denuncias contra diferentes instancias judiciales por discriminación contra personas indígenas en el trato, atención y trámite de múltiples causas. Según informó posteriormente la Sra. Escoto, todas las denuncias fueron remitidas al Tribunal de la Inspección Judicial; sin embargo, tiempo después, informalmente se indicó que habían sido archivadas y tras el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, que habían sido desarchivadas. Con el propósito de dar seguimiento a la atención de dichos asuntos, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Tribunal de la Inspección Judicial información sobre el estado de dichas investigaciones pero la información no fue proporcionada.
2- Mediante oficio N° FGR 298-2018, la Sra. Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República, en relación con los cuestionamientos que se le han realizado al Juez Jean Carlos Céspedes Mora, indicó que se estaban realizando investigaciones a nivel penal y administrativo, por lo que se trasladaban a la Inspección Judicial las irregularidades señaladas; sin embargo, sobre las investigaciones internas, la Inspección remitió a la Defensoría de los Habitantes un archivo en Excel denominado “Causas Disciplinarias de Pueblos Indígenas”, en el que se incluyen 6 denuncias (una del año 2016, una del 2018 y cuatro del 2019) todas desestimadas y archivadas.
Pese a los reiterados cuestionamientos de los pueblos indígenas por las actuaciones en su contra, y a los vínculos del Sr. Céspedes con personas no-indígenas que ocupan propiedades dentro de los Territorios Indígenas, se ha alegado que por el principio de independencia de los jueces, no puede ser removido o trasladado, ni impedírsele que conozca y resuelva causas indígenas.
Una situación similar ha sido denunciada recientemente en China Kicha, contra la actuación de una jueza, quien –según los comunicados recibidos- acogió un interdicto de posesión dentro de un territorio indígena para pretender desalojar a los indígenas recuperadores de una finca. Con indignación, los habitantes indígenas reclaman el por qué todas las causas agrarias que se mantienen pendientes de resolución no son tramitadas con esa misma diligencia que sí se utiliza en su contra.
3- En varias ocasiones la Defensoría de los Habitantes ha tenido que coordinar con la Contraloría de Servicios del Poder Judicial para que se atienda a habitantes indígenas, como si se tratara de solicitar un favor, porque se han presentado a diferentes despachos judiciales en Buenos Aires y se les ha negado la atención, o los envían de un despacho a otro, sin que exista en la región una instancia judicial imparcial y efectiva donde puedan denunciar estos abusos discriminatorios.
4- Se acusa impunidad judicial, ya que en decenas de denuncias presentadas por agresiones y amenazas contra la integridad y la vida de líderes y lideresas indígenas, no se han realizado detenciones ni se han emitido sanciones contra los autores y partícipes.
Asimismo, pese al tiempo transcurrido, se acusa ausencia de información -incluso a los familiares más cercanos- sobre el avance de las investigaciones de los asesinatos de los líderes indígenas Sr. Sergio Rojas y Sr. Jerhy Rivera, alegando siempre la confidencialidad para no entorpecer las investigaciones.
5- Algunas instancias judiciales carecen de procedimientos que reconozcan y respeten la identidad cultural de los pueblos indígenas y brinden abordajes interculturales; ejemplo de ello ha sido la protección ofrecida a líderes indígenas amenazados de muerte, a quienes les indican que para protegerlos tiene que abandonar su territorio. Pese a que se han señalado estas deficiencias, no se han tomado medidas para rectificarlas.
6- De manera particular, la Organización Ditsö ha remitido reiteradas gestiones vía correo electrónico a la coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Magistrada Damaris Vargas, pero únicamente ha recibido su comunicación de que fueron trasladadas a las instancias correspondientes, no habiendo ninguna respuesta de fondo, ni seguimiento a la gestión.
Téngase como ejemplo los correos de fechas 24 de marzo y 16 de abril del 2020, mediante los cuales se informa sobre las denuncias por amenazas de muerte contra cuatro líderes de pueblos originarios y se solicita la atención prioritaria a éstas, sin que se conozcan las gestiones judiciales de atención a los hechos denunciados.
Asimismo, la Licda. Vanessa Jiménez, abogada representante de las personas peticionarias ante la CIDH, ha remitido varias gestiones al Poder Judicial y ha señalado que más allá de la intervención de la Magistrada Damaris Vargas remitiendo la información a las instancias respectivas, hay pocas respuestas de fondo. Por ejemplo, en un correo de fecha 19 de febrero del 2020, solicita que se informe ¿cómo los 20 ejes aprobados por el Consejo Superior han impactado positivamente en la protección a la vida e integridad física de los bribri y brörán?
7- Pese a la gran cantidad de disposiciones y circulares tendientes a que se les garantice el acceso a la justicia, las personas y organizaciones indígenas denuncian insistentemente los incumplimientos a dichas medidas, sin que se conozcan esfuerzos del Poder Judicial tendientes a verificar y evaluar su cumplimiento y eficacia.
En esa misma línea, el accionar de la Subcomisión de Acceso a la Justicia ha sido insuficiente en la emisión de observaciones o recomendaciones a las instancias judiciales correspondientes para que se generen las acciones o correcciones necesarias que incidan efectivamente en el mejoramiento del acceso a la justicia. Esto último obliga a revisar las funciones y el alcance de esta subcomisión y, de paso las de otras similares, para fortalecerlas y garantizar así un acceso real a la justicia a todas las personas discriminadas por su condición o situación.
Si bien desde la Subcomisión se han generado procesos de capacitación a funcionarios/as judiciales de la zona de sur, en los que incluso esta Defensoría ha participado como capacitadora, no se percibe un cambio en las actitudes discriminatorias, en parte porque no culminan con una evaluación de los conocimientos adquiridos, ni un seguimiento a la aplicación práctica de los mismos, mediante procesos de evaluación al desempeño del personal judicial.
En virtud de lo expuesto, la Defensoría de los Habitantes estima oportuno solicitar información sobre los procesos de revisión y valoración integral de las comunicaciones que ha emitido el Poder Judicial sobre los obstáculos y las limitaciones que están enfrentando las personas indígenas en el acceso a la justicia, con miras a rectificar los procedimientos y realizar los ajustes necesarios (incluso legislativos a instancias de ese Poder) para garantizar a los pueblos indígenas un acceso real a la justicia pronta y cumplida sin discriminación alguna”.
GINEBRA (8 de junio de 2020) Una experta de la ONU expresó hoy su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.
Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.
“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte”.
Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.
Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.
Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano.
Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.
Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.
“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.
La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.
El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.
Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.
Compartido con SURCOS por Gustavo Cabrera y por Henry Picado.
Hemos asistido en los últimos días, a las mayores muestras de indignación que hemos observado posiblemente desde la muerte de Martin Luther King y los años de la guerra de Vietnam.
La indignación de la población mundial por la muerte de George Floyd nos ha permitido participar de la indignación no sólo de la población afrodescendiente si no de la población de todos los países y de todos los orígenes étnicos.
A pesar de la pandemia y de las recomendaciones sanitarias la gente ha salido a las calles a protestar, a manifestarse, a hacerse sentir contra la discriminación racial, contra la violencia policial y contra la represión, en Minnesota, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en Atlanta, pero también en Londres, en París, en Berlín, en Bruselas, en Roma. La indignación ha recorrido el mundo en 10 días y seguirá, la capacidad de indignación ha surgido, se ha puesto en evidencia, el repudio hacia la violencia institucionalizada y hacia la impunidad de las fuerzas de policía y de todos los organismos represivos.
La indignación se ha expresado de todas las formas posibles, en pancartas, en canciones, en discursos y en campos de futbol en posiciones de puños cerrados, en rodillas al piso, en camisetas negras el clamor popular se ha escuchado, “La Vida de los Negros Importa” no sólo en Estados Unidos, sino también en Inglaterra, en Sudáfrica, en Brasil, en Europa, la vida de los migrantes africanos y del Caribe importa.
Las frases y consignas de las marchas y movilizaciones de estos días han removido los cimientos de la vida en sociedad y de la solidaridad internacional.
“Sin Justicia no hay Paz”, “el Silencio es Violencia” y “El Racismo es la peor Pandemia” Mientras la brecha racial se siga ensanchando, “el Mundo no podrá Respirar” Junto a la indignación, se ha visto florecer en estos días la Esperanza. La esperanza de que la discriminación racial va a ser erradicada … para siempre.
Costa Rica: 25 años entre la impunidad y la (des)memoria
Escrito por Mauricio Álvarez Mora.
Editado por Rebeca Arguedas Ramírez.
Un frente frío despierta el recuerdo de una trágica madrugada de hace dos décadas y media atrás. Ha sido un cuarto de siglo de nublados para muchas personas que estamos ligadas a la historia de tres ecologistas, a quienes les arrebataron la vida ese día.
El 7 de diciembre de 1994 murieron en un incendio María del Mar Cordero, Oscar Fallas y Jaime Bustamante. Los orígenes del incendio nunca pudieron ser explicados por las autoridades respectivas. El miedo de ser el siguiente abrazado por la impunidad, de este espacio y tiempo, sigue siendo latente.
Sobre el acontecimiento se ha escrito mucho, al menos un artículo al año publicado en algunos medios digitales y en las efímeras redes (anti) sociales, podría decir que hay mucho que recordar y poco que agregar. Sin embargo, siempre existe la necesidad de construir y darle cuerpo a un relato más o menos oficial, al tiempo que convive con el efecto de la negación que acompaña el olvido, del que la injusticia también se nutre.
Han sido varios los intentos de reinvestigar y ponerle, al menos, apellidos a la impunidad que aniversario con aniversario, envejece y se hace más fuerte. Un círculo vicioso que se rompe con algún hecho nuevo de violencia selectiva, que sufren las personas que disienten y resisten. Es algo que se podría denominar el ciclo de violencia contra activistas.
Este es el proceso de criminalización cíclica que implica la estigmatización, denigrar y señalar a las personas luchadoras como problemáticas, opuestas al “desarrollo” o más comúnmente se usa reducir y descalificar las luchas como “berrinches de chanchetudos”. Después de la descalificación, puede venir el acoso vía judicialización con demandas legales o con amenazas de muerte. Cuando esto no surte efecto, se pasan a las acciones de hecho y finalmente a el asesinato.
Este ciclo no es lineal, pero es el resumen de lo que empezamos a vivir con mayor intensidad en los últimos 25 años. Cada una de las partes o etapas del círculo, alimenta y justifica la siguiente. Hemos visto en Costa Rica completarse este aro de opresión en múltiples ocasiones, y en los últimos 6 años con el asesinato de Jairo Mora en 2013 y este año con el asesinato del compañero indígena Sergio Rojas. Un desgarrador recordatorio de que las cabezas de quienes defiendan cuerpos y territorios, tienen precio.
Por otro lado, la memoria en el caso de AECO, ha sido un proceso más de ubicación de retazos que aún falta unir para hacerla más colectiva, a pesar de que no tengamos todas las palabras y la historia única, hoy tenemos el recuento de los impactos y efectos de este hecho como para ir dándole un lugar distinto.
¿Cómo construir esta memoria de vidas violentadas y aniquiladas en un territorio donde el autoengañado es el más feliz? Cómo superar el olvido en el supuesto país “ambientalista” de portada de revista donde el discurso y la historia oficial no aguanta, no tiene cabida, para un evento de asesinatos políticos tan cruel como confuso, tan evidente como oculto y tan recordado como impune.
El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica, como integrantes de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), tras el asesinato del periodista Nevith Condés Jaramillo, en Tejupilco, expresa su consternación ante lo que considera una política de exterminio de periodistas en México.
En lo que va del 2019 se han asesinado a 13 periodistas y comunicadores sociales sin que ninguno de los responsables materiales o intelectuales haya sido llevado a la justicia.
La FEPALC ve con especial preocupación que la violencia contra los periodistas en México se esté normalizando. Por ello hace un abierto llamado a todas las organizaciones de periodistas en el mundo y organismos internacionales a mirar el horror que ocurre en México. ¿Cuántos colegas más tienen que asesinar para que el mundo se movilice en torno a esta atrocidad?
Nuestra organización que representa a sindicatos y federaciones de periodistas de América Latina y el Caribe, repudia este nuevo asesinato y se une al clamor de su afiliado, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador una política de protección efectiva y lucha frontal contra la impunidad.
En circunstancias como estas reconocemos más que nunca la necesidad de contar a nivel de Naciones Unidas con un convenio internacional como el que viene impulsando la Federación Internacional de Periodistas, que incrementaría la presión a los Estado para que prevengan y castiguen a los agresores de periodistas y combatan la impunidad.
En los últimos tres años México ha sido el país más peligro para ejercer el periodismo, con más crímenes que territorios en guerra. No aceptamos más las versiones oficiales, que se han sucedido gobierno tras gobierno, que intentan descartar la pista profesional en la mayoría de los casos. El Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad. Recurrimos por ello -de manera especial- a la Unión Europea a invocar la cláusula democrática de los acuerdos comerciales suscritos con México. No puede considerarse democrático un Estado que mantiene cifras de impunidad de 98% en los crímenes de nuestros colegas. México se desangra y esta vez gobiernos y criminales tienen que oír la voz de los periodistas del mundo que no estamos dispuestos a seguir enterrando colegas por el hecho de ejercer su trabajo.
América Latina-Caribe, 25 de agosto de 2019
FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)
Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE)
Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ)
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER)
Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)
Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO)
Associations des Journalistes Haitiens (AJH)
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México (SNRP)
Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP)
Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)
Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP)
Asociación de Prensa Uruguaya (APU)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de República Dominicana (SNTP)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP)
Imagen ilustrativa tomada de https://es.panampost.com
Enviado por Sindicato Nacional de Periodistas de C.R.
El pasado miércoles 03 de abril, en conferencia de prensa, indígenas del pueblo Bribri de Salitre y del pueblo Brörán de Térraba, denunciaron la impunidad que existe en dichos territorios en relación con la ocupación de tierras por de personas no indígenas. Además, señalaron que el Gobierno no actúa de manera oportuna y exigen acciones urgentes.
