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Etiqueta: institucionalidad pública

Sicariato ambiental en ADN de quienes asechan la institucionalidad y el ambiente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos
Agosto 04 – 2023

¡Basta ya! con del velo verde sobre la realidad ambiental del país, y si todavía queda tiempo, profundicemos la denuncia y exijamos del Estado, su obligación ineludible con la vida ecológicamente sana en esta Nación; según lo demanda la Carta Magna y el bloque de legalidad aún vigente. A la vez, si el gobierno de la República, “enchompipado” en sus intereses también odia hasta la referencia a las crisis que padecemos1 pues es claro que, otros son sus propósitos; en vista de las elevadas cifras de violencia social y la destrucción ambiental de la situación cuyos estragos cunden en este país, es un deber aceptar que, el fondo se observa lejos y a las autoridades es a quien menos interesa. Por esto y mucho más, es hora de que, por ejemplo, los cientos de asesinatos durante el presente año en su mayoría calificados como “ajuste de cuentas” y los más de 10 mil incidentes ambientales del 20222, para algo diferente o “más que noticias” deben servir.

Respecto a los incidentes (quejas y denuncias) registrados sólo en un año por parte de cuatro entidades estatales y que, como describe el medio informante, “más del 90% corresponden a perdida de la biodiversidad causada por acciones humanas”; estos, son efectivos hechos de impacto negativo sobre el ambiente. Pensemos por lo tanto en miles de actividades, obras o proyectos en desarrollo; los cuales, bajo la eficiente aplicación de la legislación ambiental (Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Biodiversidad) y así prevenir sus daños, deberían haber sido evaluadas por parte del Órgano responsable. Además, informa la Contraloría Ambiental3 que, de las 6318 denuncias ingresadas durante el mismo año 2022 al Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA), la Setena sólo investigó (atendió) la insignificante cifra de 28 denuncias de ese total. Este dato específico, es un detalle en apariencia asociado a lo establecido en el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental, en cuanto a su deber de cumplir el trámite correspondiente, sólo de las denuncias sobre casos que abrieron expediente en esta Institución evaluadora, aunque no hayan concluido con la obtención de la Viabilidad Ambiental (Capítulo V -Reglamento General).

Sin embargo, dicho detalle es al mismo tiempo relevante y significativo, si en atención a esas denuncias anuales y el tratamiento que reciben algunas por parte de la Setena, con los mismos datos oficiales inferimos que, la evaluación de impacto ambiental (EIA) de actividades, obras o proyectos en concordancia con la Constitución (Artículo 50), ley Orgánica del Ambiente (Artículo 17) y Reglamento (D.E. 31849 y reformas) se está violentando tanto por acción como por omisión. Vale preguntar hasta aquí ¿De cuál otro instrumento técnico científico diferente y superior a la EIA, dispone el Estado costarricense para forjar el desarrollo ambientalmente sostenible y por consiguiente garantizar la vida saludable en este territorio? También ¿Por qué si está vigente el cuerpo normativo que establece y regula la EIA, la práctica demuestra que estas obligaciones no se están cumpliendo?

Es fácilmente constatable que, casi desde la promulgación del cuerpo de normas citado, experimentados especialistas en derecho ambiental, de buena fe le han señalado algunos errores u omisiones necesarias para honrar la debida progresividad y obvio mejoramiento, pero que nunca han tenido eco por parte de las autoridades competentes de hacerlo efectivo. En su lugar, sí han llevado a cabo muchas reformas reglamentarias y leyes de naturaleza netamente regresivas (Ej. zonas francas, caminos, torres de telecomunicaciones); especialmente durante los últimos diez años. En esta línea, se encuentra hasta hoy el nuevo Reglamento4 que, sólo espera unos días para entrar en vigencia; por su parte y quizás en meses, también habrá nueva ley según el expediente legislativo No. 23.213.

De manera que, esa es la principal razón por la cual, la Institución Rectora de la EIA (Setena), hoy yace agonizante frente a los daños ambientales que seguirán en aumento y multiplicando la fuerza destructiva de los eventos naturales extremos. Mientras tanto, el caballo troyano llamado reactivación económica y efectivamente neo extractiva; la cual, no es y tampoco será nunca sostenible ni inclusiva, continuará la concentración y exportación de toda la riqueza que generan nuestros recursos hasta su extinción. Consecuentemente, acrecentando los estragos apuntados junto a más desempleo, la precarización del trabajo y el desfinanciamiento institucional de la salud pública, tanto como otros servicios sociales. Así repitan desde el gobierno, que el espíritu conservacionista lo llevan en su ADN.

Decíamos que la Setena sólo espera el “disparo” final de su defunción, y por ende, retroceder institucionalmente 30 años en el proceso de la EIA, pues desde la creación de la llamada CONEIA, su antecesora adscrita al entonces MIRENEM (Decreto No. 23783-1994), fue constituida como Órgano técnico de desconcentración máxima; y así sucede. En lo inmediato el primer paso ya ejecutado, es la derogación de su Reglamento General de la EIA mediante el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA). Luego seguirá la eliminación de su máxima instancia colegiada para la toma de decisiones conocida como comisión plenaria, así como, la desaparición como Institución de desconcentración máxima, por medio del proyecto de ley referido. Es decir, algo sui géneris, primero reglamentan y luego adecuan la Ley. Tómese en cuenta también que, aunque con otra función y quizás alcances menores pero complementarios, una similar situación se proyecta contra el SINAC, CONAGEBIO y otras imprescindibles entidades comprendidas en ese proyecto de ley del expediente anteriormente citado. Se ha informado que, dicho proyecto cuenta con el respaldo mayoritario de diputados. Obviamente nada extraño en el poder de la República donde hace años, la representación del pueblo es una aberración por parte de tales mayorías.

Además, desde la primera intervención oficial a la Setena decretada durante la administración Chinchilla5 y las diferentes acciones regresivas cada vez más severas por parte de las administraciones Solís, Alvarado y la actual; se propusieron su “modernización y remozamiento” a toda costa, especialmente del ambiente, principal capital a conservar mientras contribuya a su mercantilismo. Vale puntualizar que, durante estos años, el número total de la planilla laboral de la Setena se ha mantenido en un promedio de 80 a 90 funcionarios. De ellos, los profesionales técnicos encargados de la EIA y distribuidos en tres departamentos técnicos, ha sido inferior a 50 para cubrir la demanda del fundamental servicio evaluador para todo el país, lo cual, entre los años 2014-2019 era de aproximadamente 2300 proyectos, obras o actividades por año; por lo tanto, es notable que, el recurso humano siempre fue insuficiente para el cumplimiento cabal.

Sin embargo, las preocupaciones reales por esa “modernización institucional”, se debe decir, no ha sido para mejorar la labor institucional y la normativa específica; sino, en unos casos para eliminar los procesos evaluativos y con los otros que dejan, debilitarlos; a esto último le llaman “adelgazamiento (reducción)” según informe 2021 -pg.19. Y para ello, además de preponderar la economía procesal más una supremacía indebida de la ley 8220; en julio del 2019, se ejecutó la reforma reglamentaria más regresiva hasta ese momento hecha, mediante el Decreto Ejecutivo No. 41.815, con el cual, se relegó el proceso para el 54% de los trámites de EIA que hasta dicho momento se presentaban; según los datos aportados por el propio gobierno6,7.

Pero esa no fue la única medida tomada en la misma línea, lo cual, se puede observar en los informes anuales de labores 2021 y 2022, donde encontramos que, para esos dos años, la cantidad de expedientes recibidos por la institución fue de 1962 y 2199 respectivamente8,9. De la primera cantidad no recibió la EIA el 65% (1276), de la segunda el 60% (1317); obviamente como efecto directo de la reforma reglamentaria. Las restantes cantidades de cada año y que mayoritariamente representan la aplicación del instrumento de evaluación D1, sí recibieron el proceso, pero previamente adelgazado. La prioridad repetidamente expuesta, ha sido y es reducir los costos económicos, así como los tiempos de tramitación en lo que queda para atender; casi todo convertido en ligeros trámites administrativos.

Estos son resultados de la “modernización” en la que como dicen falazmente sus promotores y jefes, prevalece el compromiso de construir una mejor SETENA. También, por medio de la cual “Uno de los objetivos más importantes que hoy nos direccionan es trasladarnos a de un modelo de EIA de escritorio a un sistema de seguimiento ambiental…” Y, “Siempre buscando cumplir con los objetivos de la institución, logrando automatizar y simplificar trámites, sin caer en regresión ambiental”. “Existe una SETENA que se ha modernizado, se actualizado tanto en estructura como a nivel de conocimiento del personal, donde los funcionarios tienen claro las aplicaciones a la EIA, y lo importante de acatar lo que establece la Ley 8220, las competencias institucionales, cuyo resultado es una institución comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible y con un servicio de calidad al usuario”. Como se dijo en un artículo anterior, tanta claridad existe en estos funcionarios sobre las aplicaciones a la EIA y el compromiso institucional que, su jefe, hace pocos meses expuso ante diputados y representantes comunales del cantón de León Cortés que, “la Setena no es quien hace esta evaluación”.

En fin, informes oficiales como los referidos, leídos con detenimiento nos permiten comprobar el mar de deficiencias y contradicciones internas en la gestión de esta institución pública, la cual, posee encargo de las más altas responsabilidades científicas y técnicas para el país y el Planeta. Así mismo, las verdaderas intenciones de sus actores (propios y foráneos), a pesar de que, la ciudadanía, cada día más, ejercita su derecho fundamental de participación como defensor del ambiente por medio de la denuncia; no obstante, el riesgo e indefensión que le acarrean y que no dudamos, por las acciones oficiales y los grupos de interés que en ellas encuentran apoyo, se multiplican. La difamación, el hostigamiento, el asesinato y por ende, la violación de derechos humanos, son hechos de la vida actual en este país y no inventos de quien quiera dañar su imagen internacional. Los pueblos aborígenes, aunque no los únicos, padecen de estos hechos en los que domina la atención oficial negligente y la impunidad.

Indicamos antes que, las cifras son elocuentes y lo repetimos, el SITADA reportó 6318 denuncias ambientales para el 2022 y por su parte la Fiscalía Adjunto Agraria Ambiental 2358; y aunque desconocemos si en la primera cantidad está contemplada la segunda, seis mil o más denuncias y sus posibles daños ambientales, implica una situación crítica y alarmante. Sin embargo, la participación reportada sobre ello por parte de la Setena, sin duda que es la de mirar para otro lado. Una conducta que, aunque no es nueva, responde a la política pública continuada por el actual gobierno, cuyo mejor ejemplo a ese nivel, es la oposición a ratificar el Acuerdo de Escazú10,11; mientras que, a nivel de la Setena, resulta evidente su constante manipulación y cuando no, la oposición a cumplir lo que debe con los mecanismos de participación pública.

En estos días y como sucede con frecuencia con las autoridades de la Setena, obligados por la Sala Constitucional tendrán que llevar a cabo una Audiencia Pública en el cantón de León Cortés, por los vicios cometidos en la Viabilidad Ambiental al proyecto de gasificación de residuos en ese territorio; asunto denunciado por la comunidad movilizada como una férrea y digna Defensora del Ambiente12. En el Caribe Sur limonense, una situación similar se presenta, con el Plan Regulador Costero de Talamanca13, territorios donde ya conocemos las maniobras institucionales cómplices con los intereses privados, cuando se trata de Audiencias públicas. No obstante, abrigamos la esperanza de que, algún día se haga realidad lo que con frecuencia es señalado por la Sala Constitucional sobre el tema de la participación ciudadana; tema trascendente del Acuerdo de Escazú:

“…este Tribunal ha potenciado el derecho que tiene la población de participar en aquellos asuntos que sean de su interés y que involucren la afectación al ambiente. Sobre el particular se ha indicado, que la participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca 2 puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca” (Sentencia Constitucional No. 6922-2010).

Referencias:

  1. https://observador.cr/9-homicidios-en-12-horas-mientras-chaves-niega-crisis-expertos-advierten-que-es-una-ola-inedita-de-inseguridad/
  2. https://www.elpais.cr/2023/06/16/delitos-de-tala-en-areas-de-proteccion-encabezaron-denuncias-denuncias-ambientales-en-2022/
  3. https://www.contraloriaambiental.go.cr/doc_/doc_1675347061.pdf
  4. https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2023/02/65-de-proyectos-de-bajo-impacto-ambiental-que-ingresan-a-setena-ya-no-requeriran-viabilidad
  5. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Decreto37675
  6. https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2019/06/setena-da-pasos-firmes-hacia-su-digitalizacion-2/
  7. https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/setena-digitaliza-tramite-para-proyectos-de bajo/RGIHZBASF5CILG6LIRSLANI45Q/story/
  8. https://www.setena.go.cr/Downloads/documentos/Transparencia/InformesInstitucionales/Informes/Informe%20Gestion%20SETENA-2021%20(FINAL).pdf
  9. https://www.setena.go.cr/Downloads/documentos/Transparencia/InformesInstitucionales/Informes/Informe%20Final%20SETENA-2022.pdf
  10. https://www.dw.com/es/presidente-electo-de-costa-rica-descarta-acuerdo-ambiental-de-escaz%C3%BA/a-61680313
  11. https://semanariouniversidad.com/pais/acuerdo-de-escazu-entra-en-vigor-sin-el-pais-que-le-dio-nombre/
  12. https://observatoriop10.cepal.org/es/jurisprudencia/sentencia-la-sala-constitucional-la-corte-suprema-justicia-resolucion-num-11236-2023
  13. https://www.elpais.cr/2023/08/03/plan-regulador-costero-de-talamanca-irrespeta-humedales-para-poner-estacionamientos-y-zonas-turisticas/

Imagen ilustrativa, UCR.

No es sólo un cambio de gobierno, es el inicio de un cambio social que podría cambiar el rumbo del país

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

La llegada al poder del nuevo partido Progreso Social Democrático y con él un nuevo grupo político y económico, la alianza de éste con otros partidos nuevos o emergentes, el desarrollo de la Administración Chaves en un año de su gestión y los cambios institucionales impulsados, el respaldo sostenido de buena parte de la población y las posiciones y el discurso polarizante de los nuevos líderes políticos, no son elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que ha iniciado, impulsado por ciertos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos, que es necesario analizar y esclarecer en la coyuntura actual.

De acuerdo con la teoría y el desarrollo histórico del cambio social, del que se ha ocupado la Sociología, existen razones sociohistóricas objetivas, factores explicativos, características particulares y agentes de cambio que están interviniendo en el cambio social de la II década del siglo XXI en nuestro país.

Frente a la realidad actual, nos preguntamos si estamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre sus clases sociales y en particular del deterioro de los partidos políticos tradicionales y los sectores que los han apoyado.

El tipo de cambio social se origina en la pugna social entre un grupo económico y político nuevo y los grupos de la política y la economía tradicional, donde aquellos quieren imponer su visión de la sociedad mediante el impulso de cambios significativos a pesar de la oposición de otros sectores de la sociedad.

Los factores de cambio predominantes son factores político-ideológicos que responden a la aparición de nuevas corrientes de pensamiento político y económico, que se han manifestado en partidos políticos nuevos y emergentes en ascenso, que han aprovechado el vacío político dejado por los partidos tradicionales y por los gobiernos del PAC.

Se mencionan como agentes de cambio personas que han tenido la capacidad de incidir en la manera en que la sociedad costarricense está estructurada, porque poseen poder económico o han tenido capacidad de convocatoria política en las últimas elecciones nacionales, como los líderes y dirigentes surgidos en los partidos emergentes, encabezados por un político tecnócrata y antisistema y los empresarios que financiaron la campaña política de esos partidos.

De manera evidente, la ciudadanía votó por el cambio político, representado por esos partidos y esos líderes, pero ya en el poder la Administración Chaves, ha ido mostrando las propuestas del cambio, a saber:

-una lucha contra la corrupción y contra los sectores que el nuevo partido y los nuevos líderes identifican como responsables: los partidos tradicionales y el PAC

-la reducción en el costo de la vida, que según los nuevos grupos, se encuentra elevada por la acción de grupos económicos tradicionales e instituciones que se han favorecido de los altos precios de los productos.

-la reactivación de la economía, luego de la pandemia y de la crisis económica en que se encuentra el país, resultado según ellos, del mal manejo de la economía y de las instituciones por parte de los grupos tradicionales.

Pero esas fueron las razones aparentes o explícitas del cambio que se divulgaron en la larga carrera de la campaña política y que sedujeron a buena parte de los votantes a apoyar al nuevo partido y a los nuevos dirigentes.

Sin embargo, en el transcurso de la gestión de la Administración actual, han venido quedando en evidencia las verdaderas razones o las razones no explícitas del cambio propuesto, entre ellas:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBi, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros en la reinvindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso grandilocuente del Presidente y de las Autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia innecesaria pero muy efectiva en la intención de mantener su popularidad.

Si algunos ciudadanos distraídos siguen pensando que este es un gobierno más, que lo que ha ejecutado en este año de gestión, no tiene gran trascendencia, debieran comenzar a entender que la Administración Chaves tiene una orientación definida y que los elementos antes mencionados son parte de un cambio social acorde con los intereses de determinados grupos económicos y políticos, que podría consumarse plenamente en los próximos 3 años.

Es innegable que hay un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y económica del país, hacia una menos democrática, menos incluyente, menos equitativa y menos respetuosa de los derechos humanos.

SINAE Afines: Acuerdos de Junta Directiva de la CCSS son ilegales

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

▪ SINAE AFINES exige a Consejo de Gobierno respeto a la institucionalidad

  • Marta Eugenia Esquivel embarca una vez más al presidente de la República por urgencia de definir “Exclusivos y Excluyentes” en la CCSS.

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES) deja muy claro que todo acuerdo que tome la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es ilegal y nulo, debido al irrespeto que el Gobierno hace a la resolución de la Sala Constitucional, aún más, este jueves, al tratar de dejar en firme cuáles trabajadores de la institución serían Exclusivos y Excluyentes.

La petitoria de esta organización sindical en el recurso de amparo expediente 22-028375-0007-CO, interpuesto el 13 de diciembre del 2022, fue clara en que se anulara la medida cautelar del Consejo de Gobierno del 07 de diciembre del año anterior, cuando suspendieron y quitaron del puesto a cinco directivos de la Caja.

“Cualquier decisión o acuerdo que tome la Junta Directiva de la CCSS hoy, sería ilegal y absolutamente nulo. El recurso de amparo que interpusimos fue orientado en la anulación de la medida cautelar interpuesta por el Consejo de Gobierno, que de manera deliberada y sin tener potestad constitucional, separó del cargo a cinco miembros”, expresó Lenin Hernández Navas, Secretario General del SINAE AFINES.

Además, añadió que: “La Sala Constitucional nos dio la razón y a la fecha, falta la restitución de dos representantes que fueron destituidos: Maritza Jiménez del Solidarismo y Carlos Salazar, del Ejecutivo”.

Ante este panorama, el SINAE AFINES envió este jueves una nota al Consejo de Gobierno donde le exige el respeto a la institucionalidad, a la autonomía de la Caja y el marco legal, pero, sobre todo, el voto de la Sala Constitucional del 27 de junio de este año porque está llevando a la institución a una incerteza e inseguridad jurídica. Página 2 de 2

Otra “embarcada” más al presidente

El dirigente sindical aseguró que Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, está embarcando nuevamente al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por la urgencia de querer aprobar cuales son los trabajadores de la CCSS Exclusivos y Excluyentes.

“Hoy, por la premura que tiene Marta Eugenia Esquivel y los representantes de la Junta Directiva nombrados a dedo por el Ejecutivo, quieren votar lo Exclusivo y Excluyente en la CCSS, una vez más embarca al presidente de la República, por eso, le solicitamos el respeto a la autonomía de la CCSS al ser la institución pilar fundamental de nuestra democracia, de la seguridad social y porque con la vida y la salud de los costarricenses no se juega”, finalizó Hernández Navas.

SINAE PRENSA

El SINDEU, una fuerza universitaria presente en las luchas de las masas trabajadoras, por los derechos laborales y por luchas sociales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Edgar Chacón Morales

Edgar Chacón Morales
Julio 2023.

El 28 de junio recién pasado, se llevó a cabo el proceso de elección de la Junta Directiva del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, que estará en funciones a partir del 1 de julio, por el período 2023-2025. Este proceso electoral, fue organizado por el Tribunal Electoral del SINDEU.

A dicho proceso, concurrieron dos propuestas de trabajo y organización, presentadas por las respectivas tendencias: Nueva Ruta Sindical y Resistencia Sindical Unida. La segunda, a cargo de la Junta Directiva actual.

La actividad de emisión del voto transcurrió de forma ordenada, en un día cuyo clima contribuyó con el buen suceso. Luego del conteo de votos y llevado a cabo el procedimiento de formalización correspondiente, Resistencia Sindical Unida y el actual secretario general Harold Chavarría Vásquez, quedó reelecta, fue juramentada   y estará al frente del SINDEU por el período antes mencionado.

El contexto nacional

Costa Rica no escapa a la embestida del neoliberalismo. Los logros en el bienestar social, la institucionalidad pública, los derechos laborales, conseguidos en las luchas llevadas a cabo por las organizaciones de los sectores trabajadores, como el derecho de huelga, de manifestación, derechos salariales, horarios laborales, para mencionar algunas conquistas, están bajo constante acecho.

Instituciones públicas como La Caja, las universidades públicas, el ICE, el A y A, el sector cultura, la educación pública en todos sus niveles, reclaman su defensa y la generosidad en la lucha.

El escenario es grande y complejo y ante tal demanda y en tal magnitud, debemos prepararnos.

El escenario interno

En el escenario interno, la Junta Directiva deberá proponerse, con arrojo y visión, el crecimiento de la membrecía del SINDEU, y la articulación de esfuerzos y caminos entre sus integrantes. Al crecimiento de la afiliación, debe dársele la atención necesaria a la afiliación del sector docente.

Ante las autoridades, debe plantearse propuestas concretas, con dignidad y firmeza. A toda la población universitaria, nos corresponde velar por la buena marcha de la Institución, así como fortalecer la visión de la universidad/país y la unión de fuerzas con los demás actores sociales.

La defensa de los derechos laborales debe ser firme en todos los aspectos, como las deudas a los salarios, por ejemplo. Por otro lado, en la mejora del acceso a recursos y facilidades económicas institucionales, hay que poner atención en aquello que viene sonando, sobre que la Junta se está convirtiendo en “una garrotera”.

En cuanto al Consejo Universitario, es necesario ser creativos y propositivos, y afinar el planteamiento de trabajo conjunto, para que todos aquellos aspectos que significan bienestar para la población trabajadora estén siempre en los primeros planos de la agenda y gestión de este órgano.

Con la Federación de Estudiantes, debe hacerse también un trabajo conjunto, con miras a clarificar y articular fuerzas y mecanismos de acción.

La Convención Colectiva: es imprescindible contar con mecanismos de un monitoreo constante y acción, sobre aquellos factores y actores que la fortalezcan o la debiliten.

En cuanto a la democratización del voto en la elección de actores a los cargos de autoridad, debe fortalecerse la lucha para tener una participación de peso en esa elección, ya que los electos, con sus decisiones afectan los intereses de la población trabajadora.

En la lucha por el FEES, el SINDEU debe fortalecer su participación, en la movilización, y tener presencia en las instancias decisorias.

El escenario externo

En este escenario es necesario esclarecer una combinación de factores: por un lado, priorizar cuales son las luchas por llevar adelante según nuestros intereses como sector sindical; así también, cuáles son los actores con los que contamos para hacer articulaciones y unión de fuerzas en esas luchas; por otro lado, cuáles son los actores opositores en esas luchas y con qué articulaciones cuentan.

La claridad en esta combinación de factores nos permite una planificación acertada de las luchas y disposiciones de fuerzas y momentos para abordarlas, consecuente con los logros a conseguir.

Claro está que este escenario externo está compuesto por distintas fuerzas como el gobierno, sus políticas neoliberales, su disposición de irrespeto al marco jurídico constitucional. Están también los otros poderes del Estado, con los que cierran filas según sus intereses.

Así mismo, figuran acá actores en contra de los intereses populares, como algunos partidos políticos, grupos de presión, grupos de interés, las empresas de desinformación y manipulación de la opinión pública, intereses foráneos, algunos grupos religiosos, entre otros.

El ámbito internacional

En este ámbito es de primer orden tener claridad sobre cuáles son los actores en defensa de los intereses de los sectores populares nacionales e internacionales, para coordinar fuerzas, acciones y medios a utilizar; y cuáles son los actores en contra de estos intereses, sus acciones y los medios de los que se valen.

Es necesario también tener claro cuáles son las instancias y espacios en las que se llevan a cabo las luchas; así como la organización, articulación, gestión, trabajo y movilización idóneos en este ámbito.

Muy importante acá, es el conocimiento del ámbito jurídico internacional, sus actores, andamiajes y manejos.

Claridad sobre los diferentes momentos

Para todas las personas integrantes del SINDEU que apoyaron a una u otra tendencia, es necesario tener claro que la contienda electoral ya quedo atrás y lo que sigue es la unión de fuerzas por los intereses del sector trabajador, y por la Universidad de Costa Rica; así como por la educación superior pública, por los intereses de los sectores populares del país y por la soberanía y el interés nacional.

Saludos, éxitos y nuestro apoyo a la Junta Directiva entrante.

Del dicho al hecho, ¡hay mucho maltrecho!*

Escrito en . Publicado en Salud.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
Trabajador Hospital San Juan de Dios, Servicio de Cirugía Ambulatoria

Estamos experimentando uno de los fenómenos más peligrosos de las últimas décadas, cómo los políticos de turno sin respeto por las normas, las buenas costumbres y la institucionalidad que tenemos atacan sin piedad, ni restricción en múltiples líneas.

Ejemplos hay muchos, conocidos por todos y todas, veamos: el caso del MEP, CINDE, Fundación Omar Dengo, el FEES, el agro, el derecho al agua, la destitución de directivos, gerentes y funcionarios y funcionarias a diestra y siniestra.

En la CCSS no hemos escapado de ese terror que se impregna cada día, así como la inacción del país en general.

Creo de corazón que la CCSS, es un baluarte costarricense, pilar de la democracia y ejemplo para los países del resto del mundo!

Algunos que han sido designados para defenderla, ahora la quieren atrapar en un oscurantismo y paralización a punta de miedo, no debemos dejarlos avanzar!

La Junta Directiva debe trasparentar sus sesiones, frenar la persecución político-laboral, trasmitiendo en vivo los diferentes temas, cuál es el fin oscuro de mantener encerrado en un círculo de 9 personas de efectos e impactos en la gente.

Trasparenten el nombramiento de gerentes, mediante ternas y procesos que busquen las personas que tienen mayores condiciones técnicas, capacidad y determinación de liderar los cambios que necesitamos en listas de espera, aumento de capacidad instalada, fortalecer los Ebais, entre otros muchos retos.

Trasparenten las decisiones sobre informes técnicos, dejen de confundir a la población con dimes y diretes, la mayor parte cortinas de humo y mensajes que solo surgen del hígado.

Ayer por ejemplo doña Marta Eugenia Esquivel emite un video vendiendo humo, diciendo que rechazan estados financieros, eso es parte de la narrativa y discurso de la caja quebrada.

No obstante lo anterior, la CCSS es fiscalizada por la Contraloría en materia presupuestaria y auditada internamente y por una empresa externa, donde se dice que existe una razonabilidad de las cifras!

En otro video en el marco de la huelga, quiere amedrentar a los trabajadores y ponernos mal con la población, cuando estos movimientos surgen por defender la CCSS, la autonomía y la lucha por la seguridad social.

Basta ya de echarnos la culpa a los funcionarios de todo lo qué pasa, es una cacería sin sentido. Aquí estamos padres de familia, tíos, primos, empresarios, trabajadores que enfrentamos largas jornadas y gente que siente, gente de carne y hueso, que quiere lo mejor para el país.

Hemos perdido batallas importantes para el país en materia de la CCSS y en defender de los trabajadores, pero hoy no podemos desfallecer.

Si la Presidenta Ejecutiva, la Junta Directiva y gerentes servirles siguen en este ritmo, en unos meses veremos agravarse las condiciones en salud, basta de ataques y al menos concéntrense en trabajar!

Unidos por la CCSS, por el país y por los más necesitados! Decimos si a luchar por nuestra patria!*

Democratizar la educación para reconstruir la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El régimen democrático costarricense, que celebró índices de desarrollo humano y de paz social ejemplares en América Latina, se ha deteriorado cualitativamente. El creciente empobrecimiento, desigualdad e inseguridad social junto con la avanzada del autoritarismo político y el fundamentalismo religioso-cultural son los factores que explican, en buena medida, ese deterioro. El mismo se manifiesta en un debilitamiento sustantivo de nuestra institucionalidad social pública, así como en la pérdida de protagonismo del país en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza a nivel mundial.

Todo ello también ha contribuido a profundizar la polarización social, acicateada por los elevados decibles de las voces del odio y la intolerancia que campean hoy en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Asimismo, una gestión gubernamental que no da indicios de contribuir al tan necesario diálogo social para encarar los álgidos problemas del país. Acudir a las vieja prácticas de componendas interpartidarias solo abonan el terreno de la polarización y el desencanto ciudadano.

Reconstruir el régimen democrático del país es una tarea tan urgente como importante. Para ello necesitamos una ciudadanía con mejores niveles educativos, particularmente, como se recomienda en esta era de la inteligencia artificial, poniendo especial atención a la formación en “capacidades blandas” para humanizar el desempeño técnico-profesional e incentivar la creatividad y el trabajo colaborativo. Por lo tanto, se requiere ampliar la cobertura del sistema educativo en todos sus niveles, es decir, democratizarlo fortaleciendo la institucionalidad pública y convocando a la privada a un mayor compromiso solidario. Asimismo, redefinir la estrategia curricular atendiendo a las nuevas condiciones de disponibilidad y acceso a la información.

Una verdadera democratización de la educación es aquella que garantice que todo joven costarricense a la edad de 18 años haya culminado la educación secundaria y esté preparado para acceder a una carrera técnica o académica del mejor nivel. De esta manera, se crean las condiciones que eviten seguir reproduciendo la “generación perdida” de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un país que se precia de tener un “ejército de maestros” no debe estar tirando a las calles a jóvenes en edad productiva, para que se conviertan en delincuentes, sicarios, consumidores y traficantes de drogas, contribuyendo a reproducir los círculos de la pobreza y la violencia.

Si bien es cierto, la educación no es la única solución a los graves problemas de la pobreza, la desigualdad y la violencia social (cultural, simbólica y política) y criminal, sin educación no hay posibilidad de avanzar significativamente en la solución de los mismos. Como se dice, es una condición necesaria pero no suficiente. Sin embargo, en las condiciones actuales, si el país pretende rescatar su viejo protagonismo en desarrollo humano y reconstruir su régimen democrático la democratización de la educación tiene que convertirse en una prioridad de la política pública.

En esta dirección se requiere afinar la planificación y regulación de todo el sistema educativo, tanto público como privado, con un norte claro y definido: garantizar la conclusión de los estudios secundarios para todos los jóvenes que habitan este país. Es la gran deuda social que arrastramos desde hace décadas, como bien lo han reiterado los Informes sobre el Estado de la Educación. Para ello, se requiere un seguimiento personalizado del avance educativo de los jóvenes y, por consiguiente, una estrategia de cooperación por parte de las familias, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes y el Estado.

Si no queremos una sociedad con más cárceles que escuelas y colegios, tenemos que actuar ya. Hay que superar el actual modelo de “oligarquización de la educación” y dar el salto cualitativo hacia la democratización de la educación, la vía por la cual el país cosechó sus mejores logros y los puede seguir cosechando.

Federaciones de estudiantes hacen un llamado a respetar presupuesto del FEES

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

  • Los estudiantes mantienen la posición de que “¡La educación no es un negocio, es un derecho!” y es importante respetar el presupuesto asignado que establece la Constitución Política en el artículo 78.

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), expusieron su posición en salvaguardar y respetar la disposición constitucional de destinar en el presupuesto nacional un 8% del PIB a la educación pública.

Los estudiantes manifestaron su preocupación que para el 2023, el presupuesto en educación sea el más bajo de los últimos 9 años con un 5.3% del PIB; esta acción presupuestaria se ha visto reflejada en afectaciones directas a los programas sociales propios del Ministerio de Educación Pública, como los comedores estudiantiles, el transporte para estudiantes, apoyos técnicos, entre otros.

En la actividad realizada en la Sala de prensa de la Asamblea Legislativa, participaron Marco Zúñiga y Clareth Calderón (presidente y secretaria general de la FEUNA), Karen Marín y Valeria Bolaños (presidenta y representante ante Consejo Universitario de la FEUCR), Rasheed Silva y Luis Barrantes, del Movimiento Estudiantil de Educación Secundaria (MEDSE), y Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.

Para Zúñiga, presidente FEUNA, la crisis que atravesamos es estructural y sistemática, el Estado Social de Derecho que alguna vez construyó este país se encuentra en una crisis profunda, misma que puede volverse inmanejable si el país invierte cada vez menos en educación, en los programas de atención social y en el fortalecimiento de instituciones las públicas.

También, se destacó el papel que ha jugado históricamente la Educación Pública en nuestro país, siendo un pilar fundamental en el desarrollo humano y la movilidad social, así como un motor para reducir brechas y desigualdades sociales, la violencia y la pobreza.

Díaz, presidente del SEC, respaldó el sentir de los estudiantes en defender el presupuesto nacional que corresponde, además criticó que en la actual crisis que vivimos se hizo un recorte adicional de ₡3.100 millones para seguridad, por lo que esta negociación del FEES debe hacerse como se debe y no tener que recurrir a otras acciones.

“Defender la educación pública, es defender las herramientas para la igualdad social, es defender una vida más digna para todas las personas, es combatir las desigualdades sociales, económicas, de género, que estamos viviendo en este contexto. La educación es la única herramienta que tenemos como país, para el desarrollo y para lograr salir adelante frente a esta y cualquier otra crisis que atravesemos”, indicó Calderón, secretaria general FEUNA.

Asimismo, Marín, presidenta de la FEUCR y representante estudiantil en la comisión de enlace de negociación del FEES 2024, dejó muy claro que se debe dejar de jugar con el presente y el futuro de millones de personas que pasan por el sistema educativo público. “Comprométanse con la atención de las verdaderas necesidades del pueblo costarricense, que esta crisis no la pague la educación, que no sea utilizada como un negocio ni una mercancía, es un derecho que defendemos y seguiremos defendiendo”, concluyó.

Desde las federaciones para la negociación del FEES 2024 se establece y mantendrá el rol en la participación durante la negociación bajo los siguientes puntos:

  1. Exclusión de las Universidades Públicas y a toda la educación pública de la Regla Fiscal establecida en la Ley 9635.
  2. Generar un compromiso de fijar como una meta de inversión en educación para los próximos tres años, un porcentaje escalonado lo más cercano al 8% según lo dicta el artículo 78 de la Constitución Política, así como generar los mecanismos para alcanzarla para que consecuentemente no haya un detrimento en el porcentaje de inversión en educación, como ha sucedido en los últimos siete años.
  3. Eliminación de los indicadores impuestos a las Universidades por el Gobierno de la República, pues estos indicadores pueden violentar la autonomía de las universidades. Por el contrario, garantizar las herramientas para que las instituciones de educación superior pública puedan cumplir y fortalecer sus propias metas establecidas en el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal.
  4. Construcción de un acuerdo de agenda común entre el Poder Ejecutivo y las Universidades Públicas para la atención de la crisis educativa a partir del diálogo y acuerdos multisectoriales.
  5. Respetar, fortalecer y dignificar a las personas trabajadoras del sector educativo. Exigimos que se cumpla la primera de reducir las cargas laborales, un aumento real al salario que responda al costo de vida, y que se elimine el “salario global transitorio”.
  6. Establecimiento de una base de presupuesto de negociación para el FEES 2024 que sea del FEES 2023 + 1% por reconocimiento de inflación pendiente del acuerdo realizado en el año 2022.
  7. Un crecimiento en términos reales del presupuesto del FEES que sea mayor al dotado para el año 2023, según lo dicta el artículo 85 constitucional.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Judicialización de la protesta y acción política, blindemos a la CCSS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mainier Barboza

Mainier Barboza Soto
Movimiento Patriótico por Costa Rica

El sistema capitalista ha demostrado desde su génesis, una capacidad de maniobra, una diversidad de métodos con grandes dosis de manipulación, falsedad, desinformación; además, ha controlado los principios universales como la paz, la democracia, la solidaridad, la libertad, la igualdad, entre otros, para convertirse en adalid de estos; y de esta forma, adueñarse de la mente, la conciencia, la riqueza social y hasta la fe y la creencia de la humanidad.

Pero, además de lo anterior, el complejo industrial militar, sigue «acosando», en nombre de la libertad a toda acción de soberanía de los Estados, lo que nos recuerda la sentencia del libertador Simón Bolívar Palacios:

«Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad». Carta del libertador Simón Bolívar al coronel Patricio Campbell, fechada en Guayaquil, 5 de agosto de 1829.

Uno de los últimos recursos que ha utilizado, (uso o «¿mal uso?») el Poder Judicial se concreta en la judicialización de la política. Se crean figuras jurídicas «delictivas» a figuras políticas vinculadas a la justicia social, la ruptura de la desigualdad, la distribución equitativa de la riqueza social producida.

Pero van más allá: también a los dirigentes sociales y sindicales, a quienes actúan en defensa de las garantías de las clases trabajadoras les crean leyes para restringir la protesta. Asimismo, promueven la destitución de dirigentes, sean políticos partidistas, o sean representantes sindicales nombrados en la institucionalidad pública como en la CCSS, que es la víctima de turno…

¿Por qué y cómo blindar la CAJA?

Vamos a asumir que todavía contamos con una Constitución Política que se considera una de las mejores de la actualidad, y que ha constituido una garantía para el mantenimiento de la democracia, de las instituciones públicas, la seguridad social y laboral.

La CCSS mantiene en el art.188 Constitucional su respaldo como entidad autónoma, pero se requiere incorporar a la Constitución los principios filosóficos de la CCSS (universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad, equidad y subsidiaridad) para que esté blindada. ¿Por qué? Por una razón: los principios que se enumeran, aunque están en la ley constitutiva, quedan por debajo y a expensas, de «malos pensamientos» privatizadores, vía tercerización, traslado de servicios al sector privado y otros mecanismos.

Se sabe que se requiere para ello dos legislaturas, por eso es urgente enviar a la corriente legislativa la propuesta. Hay todavía, un número de diputados y diputadas en dicho poder de la República que están dispuestos a lograr ese blindaje.

Llamaría a los herederos políticos de la Caja, la UCR, las Garantías Sociales, de la Banca Estatal, del ICE, de la Carta Magna, que aunque sabemos que es todo el pueblo costarricense, tiene representantes en el primer Poder de la República. Nos referimos a representantes de los partidos tradicionales, que solo usan esa rica herencia en el discurso político, sin embargo, donde se toman las decisiones políticas, en la Asamblea Legislativa, esas voces callan y se alinean contra todas las garantías laborales, sociales, de la seguridad social, contra las autónomas; esto los convierte en representantes antipopulares.

El llamado va a la prensa nacional, que se beneficia constantemente, mediante la publicidad, de dichas entidades públicas, entre otros beneficios, para que abra sus ondas radiales, televisivas, sus medios digitales, sus periódicos, sus periodistas, en una campaña por la salvaguarda de una, sino la más querida, grande y solidaria institución de la actualidad.

La CCSS es garante de democracia política, democracia económica, de distribución justa de las utilidades vertidas en capital social, es, en una frase: Símbolo de Justicia, de Equidad, de Igualdad, de Fraternidad.

La Caja nos recuerda a la madre, que acoge sin condiciones a sus hijos e hijas, a la madre Tierra, al Sol, se dan sin distinciones; nos recuerda un hermoso pasaje del Nuevo Testamento de la Biblia: «Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado”. (Juan 13, 34… Biblia de Jerusalén).

La Caja es Patrimonio del pueblo de Costa Rica, creyentes, no creyentes, agnósticos, libre-pensadores, la Caja, solo tiene una «bandera y una ideología» azul, blanco y rojo es su bandera y el servicio incondicional para el pueblo costarricense su ideología.

Agresión del presidente Chaves contra Ariel Robles Barrantes delata ofensiva del Gobierno contra el ICE

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente


  • Al Presidente se le está haciendo imposible ocultar que su objetivo es desmantelar la institucionalidad social de Costa Rica

  • Chaves impulsa agenda privatizadora de la energía eléctrica

San José, 18 de mayo 2023. El afán del presidente de la República de denigrar a otras personas, como recientemente lo hizo con el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, no es ninguna novedad. Esta nueva agresión es la constatación de un estilo despótico, anclado en el matonismo patriarcal y en el ejercicio de una jerarquía con un estilo absoluta y totalmente vertical que riñe con cualquier forma de relación asertiva. Esas agresiones y desplantes de autoritarismo no han respetado a su propio gabinete. El diputado Ariel Robles Barrantes no necesita que lo defendamos, pero esta manifestación es indispensable porque por muchos años hemos compartido en movimientos sociales en defensa de territorios, comunidades, ríos, ecosistemas y derechos de la población y de la naturaleza, en nuestro país.

Para Jiri Spendlingwimmer, presidente de la FECON: “esas agresiones son parte del proceso de instalación de una figura despótica y de fuerza que el Presidente busca para la sociedad costarricense, y es desde todos los puntos de vista un retroceso en la historia nacional en términos de la construcción de una sociedad en la que el respeto y la convivencia sean una norma irrestricta y esto incluye las relaciones respetuosas entre personas que piensan diferente. El Presidente demuestra que no está preparado para convivir ni con mínimas disidencias; por eso es que frecuentemente vemos este tipo de exabruptos.”

El Presidente está enojado porque en tan solo 1 año el diputado Robles Barrantes ha demostrado inteligencia, talante y valentía para desafiar a quien sea si se trata de defender una sociedad costarricense justa y solidaria, lo cual implica la defensa de instituciones como el ICE para que mantengan su sentido social y solidario.

Por su lado Osvaldo Durán, integrante de Proyectos Alternativos (PROAL) y vocero de FECCON menciona que: “La cólera del Presidente delata que lo que rehúsa es discutir el fondo del asunto, porque eso mostraría que la estrategia de su Gobierno y de la administración que impuso en el ICE, está claramente enfilada a debilitar el ICE para llevarlo acondiciones de no poder cumplir una labor eficiente de satisfacción de necesidades de electricidad, y en este caso puntual de telecomunicaciones, con una visión social y solidaria”.

Según menciona Osvaldo Durán: “el argumento del Presidente en cuanto a que Ariel Robles Barrantes está defendiendo a la empresa Canal 7 no tiene ningún sentido. Canal 7 es una de las empresas que más daño le ha hecho al país por evasión de impuestos y de hecho la información que el mismo diputado Robles divulgó, demuestra que es una de las empresas que declaró cero utilidades (otro es el daño que se le hace a la población con todo tipo de información y contenidos enajenantes). Ariel Robles no está cuidando a Canal 7; está defendiendo los recursos del ICE para que sean bien gastados en medios comerciales que aseguren que la pauta publicitaria que se paga con nuestros recursos tendrá efecto positivo en términos de competencia en el mercado abierto de las telecomunicaciones. Esta denuncia provocó incluso el despido de la funcionaria del ICE que lo evidenció”.

Por último Jiri Spendlingwimmer, presidente de la FECON agregó que: “El intento de manipular a la opinión pública diciendo que Ariel Robles Barrantes es “un comunista dentro del clóset”. Chaves recurre a los más retrógrados argumentos que recuerdan a los dictadores militares y políticos ultraconservadores de América Latina y el mundo. Mantener al pueblo de Costa Rica en la ignorancia no es algo que pueda sostenerse indefinidamente. Al Presidente se le está haciendo imposible ocultar que su objetivo es desmantelar la institucionalidad social de Costa Rica, y en esa carrera sigue perdiendo la sensatez y el respeto”.

Más información:

Osvaldo Durán Castro, Teléfono: 83800955, osvaldodc@gmail.com

Jiri Spendlingwimmer S, Teléfono: 8880 6385, incidenciafecon@gmail.com

¿POR QUÉ DESTRUCTORES Y MALANDRINES? (II)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias*

La contrareforma neoliberal aprovecha la ventaja comparativa de un gobierno supuestamente popular con un presidente que recibe apoyo mayoritario. Se apresura a concretar la ruta iniciada hace más de cuarenta años: desestructurar y privatizar el Estado Social de Derecho. La clausura ha iniciado por las secciones más sensibles: cultura, educación y salud. En estos artículos me ocupo de la primera, la fundamental según mi criterio, puesto que la cultura, en su acepción más antropológica, es la argamasa de toda sociedad. Me limito, claro está, a la institucionalidad construida en nuestro país para difundir y promover “cultura” desde el gobierno central.

El actual Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) es un híbrido encabalgado entre el modelo difusionista de las bellas artes proveniente de la socialdemocracia liberacionista aupado por el socialcristianismo, con una “nueva visión” de la cultura en su sentido más antropólogico, aunado a una visión neoliberal de la gestión artístico/cultural: un verdadero ornitorrinco. Me explico: el estado benefactor, con la contrareforma neoliberal iniciada en los años ochenta del siglo pasado, fue desmontándose de a poco con una pugna entre el originario difusionismo socialdemócrata, la regionalización y la cogestión neoliberal. Es decir, al lado de quienes al interior conciben la cultura como una práctica más antropólogica y nacional, perviven los que conciben la cultura como la promoción y difusión de las llamadas bellas artes y, sobre todo en las últimas administraciones liberacionistas y del PAC (son las mismas, ¿no?), quienes creen que hay que recortar el estado y dejarle esas tareas a la iniciativa privada, a las industrias culturales.

No hay duda de que el principal objetivo de la presente administración es finalizar la contrareforma neoliberal, acelerada en los últimos desgobiernos, enterrando de una vez por todas el Estado Social de Derecho al constreñir sus principales funciones y privatizar sus tareas estratégicas (salud, educación, seguridad, telecomunicaciones, banca, entre otras). Las primeras medidas para el recorte fiscal se orientaron hacia el empleo público y la contención del gasto en términos de servicios; nada sobre la evasión y elusión fiscal ni el pago de intereses de la deuda, auténticos disparadores del déficit. Todo ello indicaba que Cultura también estaba en la mira del empequeñecimiento estatal, toda vez que no es un ministerio importante para la hacienda pública (en manos neoliberales), a pesar de que el anterior presidente fuese “escritor” e intelectual progre procedente de la universidad pública, lo mismo que su predecesor.

Quedaba claro entonces que, para realizar reformas en ese ornitorrinco/elefantito blanco vallecentralino, había que arrancar otras reformas a nivel económico y político. Dicho de otro modo, se precisaba de un proyecto país que definiera si se trataba de una verdadera “revolución cultural” (visión del progresismo PAC) o de la defensa del Estado Social de Derecho con toda la institucionalidad instalada en términos socioculturales. Lo práctico, entonces y ahora, por obviedad, era la defensa de lo construido, es decir, la protección de los derechos laborales de los funcionarios de cultura y de todo el estado, así como la revitalización del mismo a través del cobro real de los tributos persiguiendo a evasores y elusores fiscales tal y como corresponde. Y claro, consolidar las entidades artísticas descentralizadas con las demás instancias de promoción cultural.

La otra discusión que hace algunos años proponía, giraba en torno al modelo a seguir de acuerdo a las Políticas Culturales vigentes, así como las reformas legales que se precisaban para robustecer un ministerio minimizado, difusionista y paternalista concebido para “artistas” y gestores del valle central; acaso un poquito de folclor y turismo para las regiones periféricas. Es decir, se trataba de reconceptualizar en profundidad lo que debíamos entender por CULTURA, así como las políticas y la estructura administrativa de cara a los grandes desafíos y necesidades que tenía y tiene el país, especialmente en las regiones periféricas con énfasis en las marginales, tales como las costas, las altas montañas, el norte/norte y el sur/sur. Para ello debía pensarse en una estrategia de lucha que involucrara, ya no solo a los artistas y trabajadores de la cultura, sino también a empleados públicos, sobre todo de la educación, y a trabajadores organizados en general.

Se trataba de una alianza entre sectores de trabajadores públicos con la posibilidad de desarrollar una estrategia de lucha para la defensa del estado costarricense en su mejor modelo de planificación y acción social diversificada. Dicha alianza debería pasar por acuerdos con universidades públicas, educadores medios y primarios (organizaciones gremiales y colegiaturas), municipalidades, asociaciones de desarrollo comunal, casas de la cultura y grupos artístico/culturales locales. Todo un reto entonces y todavía, aunque ya el rancho arde sin que se vislumbre oposición organizada alguna. La contrarreforma neoliberal ha golpeado tanto a la sociedad civil que los temores, la desconfianza y la inseguridad nos mantienen atomizados y sin arrestos para la pelea. El reflujo es total.

*Escritor