Esta coyuntura del Covid-19 nos ha obligado a reencontrarnos, primero con nosotros mismos, con las personas más inmediatas, nuestras comunidades e instituciones públicas. Al final con lo mejor de nuestro pueblo. A descubrir la solidaridad, la fraternidad, la justicia, el respeto a los semejantes y a todos los seres vivos, incluida nuestra madre tierra. A recapacitar y comprender lo esencial de tantos valores humanos, espirituales y ecológicos olvidados, manipulados o convertidos en palabras vacías. A reflexionar sobre nuestra historia, donde tanta agua ha pasado bajo el puente, y observar que más allá de las viejas dicotomías de izquierda y derecha, de etiquetas y de bandos, podemos descubrir tantas posiciones demagógicas de muchos líderes y dirigentes, que se sirven del poder enclavados y ausentes de ejercicios democráticos y sin coherencia ética para con sus propias organizaciones o Instituciones, sean estas cooperativas, sindicatos, ADIS, Alcaldías, Ministerios o Instituciones.
En fin, vivimos un tejido social cada vez más destruido por el individualismo, el egoísmo, la avaricia, la acumulación insaciable, venerando al dinero en este capitalismo salvaje.
Los que formamos parte del movimiento social comunal, de los nuevos emprendimientos sociales y ambientales, estamos obligados a rescatar al país: Continuando nuestra actuación en los ámbitos inmediatos personales, familiares, comunales, locales y regionales, hacia una nueva articulación nacional, que haga posible la reconstrucción de la esperanza y una nueva conciencia popular.
Se debe demostrar con hechos esa nueva referencia y sensibilidad humana y ecológica, desde un cambio personal y social simultáneo que tanto necesita nuestro país.
Los robles de sabana están en flor, en toda su belleza, los
mangos también están en flor y los árboles de mayo, igual que otros en el norte
y en el sur. Para nosotras ver los árboles en flor con sus distintos tonos de
rosa, amarillo, naranja, es un regalo de la naturaleza y es hermoso. Podríamos
disfrutarlos más si no estuviéramos en una situación tan difícil, tan peligrosa
y sobre todo tan incierta. Este documento surge de diversas comunicaciones que hemos
tenido entre las compañeras de la Red de mujeres Rurales desde sus regiones y
la Asociación Tinamaste.
Hemos estado comentando varios materiales sobre la epidemia,
el comportamiento del virus, y por supuesto son solo algunos, porque hay
muchísimos sobre el tema y no podemos ni siquiera tratar de leer lo que sale y
al ritmo que se están produciendo, sobre todo porque tenemos que seguir
trabajando. No cabe duda que la información que tenemos es muy escasa.
Vemos muchas manifestaciones de solidaridad ante el desastre
social y sobre todo de salud, y eso es maravilloso, y mucho se ha planteado que
la pandemia nos debe hacer pensar que tenemos que salvarnos juntos o no nos
salvaremos de esta crisis; ni de las que vienen.
Porque esta descomposición global, es resultado de un
planeta enfermo y una sociedad enferma, todo deteriorado, maltratado. Y porque
vendrán muchas más si no cambiamos.
Queremos plantear una vez más que esta situación no es
resultado solo del virus como tal, ni que se resolverá una vez controlado el
virus. Por eso queremos plantear y denunciar varios asuntos.
La crítica situación sanitaria nos pone enfrente de
manifestaciones diversas, y podemos decir que todas agravan la discriminación
que ya vivimos. Ya las relaciones sociales en esta sociedad nos afectan, pero
se está profundizando el aislamiento y nos saca de la calle, de esa calle que
nos ha costado tanto conquistar con muchos años de lucha y de ruptura del encierro
de las mujeres. Esta situación además pone a las personas en una dependencia aún
mayor de la comunicación electrónica, con el agravante de que no toda la
población tiene acceso, y nosotras en particular no tenemos acceso a las mismas
posibilidades de comunicación.
Algunas de las mujeres en el campo solo recibirán de
información lo que vea en la televisión, en los noticieros que siempre nos han
desinformado, sin acceso a internet, sin señal o sin el equipo necesario para
poder comunicarnos, mientras que otros sectores de la población podrán buscar
diversas fuentes de información, con las más variadas opciones tecnológicas. No
es cierto que tengamos las mismas posibilidades.
Eso también nos pone en mayor desventaja ante la situación
actual. Pero se nos presentan también otras muchas manifestaciones que
evidencian que no todas y todos lo estamos viviendo de la misma manera. Suena
fácil decir que no salgamos de casa. ¿será que no pueden pensar en cómo vivimos
la mayoría de la población que vivimos con lo que nos ganamos al día.
Muchas de las mujeres de campo (y de barrios urbanos
populares también) complementan sus ingresos con el trabajo doméstico en otras
casas de otras familias. Aquí se presentan pocas opciones para aislarse y no
entrar en contacto con otras personas, como pueden hacerlo familias de capas
medias profesionales y por supuesto sectores dominantes. Las mujeres trabajadoras
domésticas si no vamos a trabajar no tenemos ingresos para la alimentación de
las familias y si vamos, debemos tomar autobuses, entrar en contacto con otras
personas en diversos espacios, en fin, las posibilidades de contagio son mucho mayores.
Y ni qué decir de las que trabajamos en reciclajes, donde nos llegan las
basuras de otros lados. Hemos tenido que ser firmes en decir que no nos envíen
desechos de hospitales.
Muchas mujeres en las comunidades rurales nos movemos a los
centros de población a vender productos de los patios o parcelas, o productos
procesados. El sistema capitalista neoliberal nos ha querido desaparecer como
mujeres campesinas e indígenas, como familias y pueblos indígenas y campesinos,
pero aún no lo lograba totalmente. La economía local se ha resistido a
desaparecer y mucho de esto está en manos de las mujeres. Hoy denunciamos que
bajo la excusa de la protección sanitaria, la policía persigue a las mujeres que
requieren vender sus productos para poder llevar comida a sus familias. todas
nosotras estamos paradas, vendemos cúrcuma, huevos, cacao, hacemos cajetas de
leche y confites de cacao, vinagre casero y otras cosas, o le ayudamos a vender
a otras mujeres y eso ya no lo podemos hacer. Pero no está prohibida la venta
de alimentos en los supermercados, por supuesto. ¿Serán motivos sanitarios o
será otra manifestación de discriminación de clase? Mientras en los espacios de
las grandes discusiones se reconoce cada vez con más frecuencia que la
producción local es la que nos puede salvar. Europa amanece con el gran dilema,
cierra las fronteras y deja los miles de productos que alimentan a la población
sin entrar o se verán obligados a dejar entrar los miles de vehículos
terrestres, marítimos o aéreos con los alimentos. Pero el estado costarricense
todavía no se entera que debe fortalecerse la producción y el mercado de
productos nacionales y dejar de perseguir a las mujeres que con sus productos
somos parte de la cadena de los mercados locales. Las grandes empresas que han
venido acaparando la tierra, la producción y mercado, con el apoyo estatal,
están aprovechando la crisis para intensificar la persecución contra nuestras ya
reducidas economías para terminar de matarnos.
¿Será que con estos alimentos se provocará el contagio?
¿Será que se puede escoger entre no hacer las ventas o morirse de hambre? La
solidaridad se debe practicar con el consumo de productos locales, no con la
persecución.
Y también en las zonas rurales nos meten miedo sobre el
consumo de nuestros alimentos.
Tenemos gallinas, y con la alerta sanitaria nos dicen que
nos puede dar alguna enfermedad mortal, pero las cadenas comerciales si están
haciendo billetes. Meterle miedo a la gente da buenos resultados a los grandes
negocios y se trae abajo nuestra economía campesina y nuestras formas de
sobrevivir. Están utilizando el coronavirus para legitimar la persecución social.
Y mientras el miedo por el coronavirus crece en el grueso de
la población, las familias en zonas transfronterizas ven profundizarse las
discriminaciones por su condición de pueblos transfronterizos. Estas fronteras
establecidas sobre los pueblos que desde mucho antes se ubicaron en esas zonas.
Por ejemplo, muchas familias ngäbes obtienen su sustento del trabajo que
realizan a este lado de la frontera, pero duermen al otro lado de la frontera,
o a la inversa, muchas mujeres tienen su casa a este lado y cuidan familiares
al otro lado de la frontera. Hoy amanecieron con que no pueden pasar la
frontera, y no pueden asistir a sus trabajos, y con ello no tendrán el jornal y
con qué alimentar a sus familias. ¿Será el coronavirus es la amenaza mayor? ¿O
la imposibilidad de comer? Por otra parte, las mujeres de los territorios
indígenas, donde el Estado no ha procedido a dar ni un solo paso real para la
defensa de los territorios y la protección de las poblaciones violentadas por
los finqueros usurpadores, viven una amenaza inmediata a sus vidas, no por el
virus, sino por los finqueros y matones pagados por los finqueros. A un año del
asesinato de Sergio Rojas y a menos de un mes del asesinato de Yehry Rivera,
ambos dirigentes indígenas en defensa de los territorios, la impunidad campea,
los intereses de los finqueros racistas, usurpadores, ocupantes ilegales, se
han impuesto con la protección del Estado costarricense. ¿Y la seguridad de las
comunidades indígenas? ¿Y la aplicación de la ley y de las medidas cautelares
de protección a las comunidades indígenas dónde queda? En estos momentos los
finqueros se sienten seguros, confiados y están en total impunidad.
Eso les permite seguir quemando casas, cosechas, entrar en
espacios privados y robar objetos, amenazar de muerte y violación a las
mujeres. Se prevé que el encierro en las casas va a provocar más violencia en
las familias y como mujeres debemos acompañarnos para que eso no suceda, pero
¿quién nos va a proteger de la violencia de los finqueros en los territorios
indígenas? Todas estas manifestaciones
de la crisis de salud son resultado del mismo sistema en que vivimos. Por
décadas el Estado neoliberal nos ha impuesto el monocultivo y la producción industrial
como única forma de producción, diciendo que era progreso, que nos traía empleo
y mejores condiciones de vida y con ello destruyeron la biodiversidad, nos
llenaron de contaminación, con envenenaron el agua, nos quitaron la tierra, nos
dieron trabajos mal pagados y en malas condiciones y nos enfermaron. Pero nos
dijeron que eso era más limpio.
Hoy sabemos que el desequilibrio ambiental, la cría
industrial de animales confinados y la destrucción de la Naturaleza, permiten
la transmisión global de las enfermedades; la pérdida de la biodiversidad ha
anulado barreras planetarias para responder ante virus y bacterias.
Además, sabemos que la producción industrial de alimentos
nos ha quitado los alimentos saludables y diversos y todo ello se sostiene con
la concentración de la tierra y otros bienes como agua y semillas. Nos plantean
el aislamiento y las medidas de limpieza como las únicas vías para salir de la
crisis del coronavirus, pero no dicen que solo es posible si tengo agua limpia,
si tengo acceso a los productos de limpieza y sobre todo si podemos mantener
altas las defensas del cuerpo y eso solo es posible si tenemos una dieta
adecuada, diversa y suficiente.
Desde la Red hemos manifestado muchas veces la necesidad de
cambiar estas relaciones de concentración económica, de concentración de la
tierra. La diversidad de alimentos saludables y su producción solo puede estar
en manos de la producción campesina. Se siguen gastando grandes cantidades de
recursos públicos en prevención, contención y tratamiento, pero no se menciona
ni una sola medida para cambiar las causas de tanto desastre.
Las mujeres del campo en el mundo hemos demostrado que desde otra lógica podemos producir los alimentos para nuestras familias y comunidades y comercializar en el espacio local para alimentar al mundo, que podemos producir manteniendo equilibrio con la naturaleza, siendo parte de ella y no explotándola. Ante la crisis de salud, de alimentación y de ambiente, solo hay una salida, distribución de la tierra, no acaparamiento de semillas, producción sin agrotóxicos, diversidad en la producción. Solo promoviendo la producción campesina, facilitando los mercados y las cadenas de distribución para poder comercializar nuestros productos, con la participación de las mujeres en la toma de decisiones y control de los bienes en las comunidades podremos construir otras formas de producir, otra forma de ser y otra forma de estar en el planeta.
RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA ASOCIACION TINAMASTE 20 de marzo de 2020
Aun tratándose de un tema de marketing
publicitario, la campaña es un error.
Recientemente, una publicación de la Asociación Costarricense de Juezas de Costa Rica en su página de facebook nos sorprende anunciando —como evento a ‘celebrarse’ (sic) en el marco del ‘Día Internacional de la Mujer’ (sic) y en las instalaciones del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica— un taller de automaquillaje. Días después, ante las críticas surgidas por la inconveniencia del tipo de actividad en una fecha que pretende conmemorar las luchas históricas que han dado nuestras ancestras para disminuir la violencia estructural y las brechas de género que nos siguen agobiando, se efectúa una nueva publicación aludiéndose a otro taller, esta vez “de manicure” y a un cine foro sobre la telenovela “Corazón Salvaje”.
Además, en algunos
de los comentarios en dichas publicaciones se pretende aleccionarnos al
decirnos que: (i) las mujeres debemos ser sororas, sin criticarnos entre
nosotras y respetando todos los gustos; (ii) la feminidad no excluye las
luchas políticas y (iii) debemos preocuparnos por el autocuidado, pues
solo así podremos desempeñar nuestras funciones sociales.
Por ello, quisiera
dirigirme a quienes tomaron aquellas decisiones dentro de la Asociación
Costarricense de Juezas de Costa Rica —organización a la que, de entrada, debo
agradecer muchas de las luchas que han emprendido y reconocer la valía que
representa estructurar un colectivo con tal propósito— pues, por el alto simbolismo
que encierra el que aquellas manifestaciones surjan de un colectivo que agrupa
a juezas de la República (de esta Segunda República en proceso de deterioro
constante), es necesario abordar con mayor detalle, aun cuando, finalmente, el
mensaje definitivo que pretenda darse sea exactamente el contrario. Es decir, esas
publicaciones solo puedo entenderlas como parte de un “marketing” de publicidad
inversa (basada en la psicología conductista, de cuestionables raíces
epistemológicas) y no seriamente. Sin embargo, ni aun así me parece correcto el
proceder de la citada Asociación, pues no todas las personas destinatarias
de los primeros textos verán los sucesivos mensajes aclaratorios (de haberlos)
y, en definitiva, se termina reforzando el contenido que debe combatirse sobre
todo cuando el público destinatario no tiene toda la información para tomar
posición.
Origen del Día Internacional de las Mujeres. El 8 de marzo fue el día institucionalizado en 1975 por las Naciones Unidas para con-memorar (es decir, para que todas y todos hagamos memoria) la lucha (siempre inconclusa) por los derechos de las mujeres, la cual tuvo varios eventos históricos desencadenantes sucedidos en ese mes: por una parte, el que durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague, en 1910, se proclamó esta fecha, a propuesta de Clara Zetkin, para luchar por el sufragio de las mujeres del mundo, por lo que luego se fueron dando mítines en varias partes de Europa.
En ese contexto, el 25 de marzo de 1911 casi 130 mujeres trabajadoras de la industria textil, la mayoría inmigrantes, entre 14 y 23 años de edad, murieron en un incendio dentro de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York mientras reclamaban mejores condiciones laborales. Finalmente, en el período entreguerras, el 08 de marzo de 1917, las mujeres trabajadoras de la industria textil de San Petesburgo (Petrogrado) organizaron una huelga obrera que se unió al movimiento popular y acabó con la monarquía rusa.
En suma, se trata de
una fecha para actualizar (i) una lucha-política iniciada para lograr
derechos laborales y por el sufragio, pero que se ha trasladado a otras áreas
al tener una matriz común (patriarcado) y (ii) una
lucha-política-de-clase, que ha implicado evolucionar hacia la noción de
“intersectorialidad” (hay condicionantes de etnia, de clase, de género, de
orientación sexual, de religión, etc. que están relacionados). Por ende, es
absolutamente impropio que se pretenda trastocar su significado, ya sea
asumiéndolo como ‘celebración’ (cuando las brechas de género siguen creciendo y
la violencia estructural contra las mujeres no se detiene, sino que aflora de
nuevas maneras); partiendo de una noción universal y abstracta de “mujer”, en
singular, pues estamos atravesadas por diversas ubicaciones y circunstancias y,
peor aún, se trivialice con frivolidades que remarcan los estereotipos de
género (regalos de electrodomésticos, flores y demás) que son los que han
posibilitado que se perpetúe la desigualdad.
Autocuidado,
‘feminidad’ y patrones de belleza. Es cierto que el autocuidado es esencial en la vida humana moderna,
sobre todo en la de las mujeres, quienes, producto de los patrones
socio-culturales imperantes, terminamos asumiendo múltiples jornadas en donde
nos dedicamos a la preservación de la naturaleza y de otros y otras, muchas
veces a costa de nuestro propio bien-estar.
Como parte del
concepto y de la libertad inherente al ser humano, una de las miles formas
que este puede asumir sea el de comportarse conforme a los patrones de belleza
del occidente actual. Pero considerar que el autocuidado se limita a maquillaje
y manicure no es sino una forma simplificada de ver el mundo, pues implica
desconocer la complejidad de manifestaciones en que se desarrollan las vidas de
las mujeres, según la sociedad y el estrato social, étnico o de otras variables
en que se ubiquen. Nótese que, al lado de aquellas, la citada Asociación no
programa (ni difunde, con igual intensidad, de ser solo un movimiento
publicitario) otras ‘formas de cuidado’ sino que apuesta por un solo modelo,
pese a que, hoy por hoy, para una buena parte de mujeres en el mundo, el
autocuidado consiste en preservar su vida en medio de conflictos bélicos o de
la violencia intrafamiliar; en tener acceso a pan, agua o medicinas para
mantenerse con vida o en poder efectuar labores como ir a la escuela o conducir
un vehículo sin perder la vida en el intento. Además, asociar ‘maquillaje’ y
‘uñas’ a la ‘feminidad’ (y asumir esta como sinónimo de “mujer”) es desconocer
los aportes del feminismo sobre lo que tal concepto encierra.
Sororidad y
ausencia de crítica. La
sororidad (neologismo derivado del latín ‘soror’, hermana) es un término
eminentemente feminista que alude a la solidaridad de mujeres en la lucha
contra la desigualdad de género y la violencia estructural.
No implica, como
puede creerse, eliminar la crítica sobre nuestros actos y omisiones, sobre todo
cuando de unos y otros pueden surgir consecuencias impensables, como el creer
que las juezas de un país, ya sea en forma real o a través de campañas
publicitarias de cuestionables resultados, frivolizan las luchas históricas de
sus ancestras y pares y contribuyen a perpetuar los estereotipos de género. La
sororidad implica educarnos y luchar juntas para destruir el patriarcado, no
para preservarlo y uno de los mecanismos que usa el patriarcado es la
publicidad ligera.
Por ello, el que un
grupo de mujeres con poder (porque quienes hemos tenido acceso a saberes
tenemos alguna cuota de poder) y que, además, deben resolver conflictos en los
que, en gran parte, están involucradas las vidas de mujeres de todos los
sectores sociales, pretenda (ya sea porque la campaña sea real o porque use la
publicidad inversa) no solo desconocer el significado histórico de la fecha, sino
justificar aquel despropósito aludiendo a temas de autocuidado, pluralismo y tratando
de desmovilizar la crítica en nombre de la sororidad, no es sino un error que
debe ser reconocido y enmendado a la mayor brevedad. Yo, que no integro esa Asociación
pero sí soy jueza, así lo añoro. Los temas serios se tratan con seriedad. La
lucha contra la desigualdad no es un tema publicitario ni de pose o marketing.
“El opresor no sería tan fuerte
si no tuviera cómplices entre los propios
oprimidos”
Un libro y un documental producidos en la UCR recuerdan esa histórica gesta
Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)
Grupo de trabajadores agrícolas de la Hacienda Juan Viñas, 1977
En el año 1977 la comunidad de Juan Viñas, en el cantón cartaginés de Jiménez, vivió uno de los períodos más intensos, convulsos e importantes en la historia de los movimientos sociales de Costa Rica. Un grupo de valerosos obreros agrícolas superando el acoso y la intimidación patronal se levantaron en huelga para luchar por mejoras sustantivas de sus deplorables condiciones de trabajo en la Hacienda Juan Viñas, dirigida en aquel momento por Manuel Jiménez de la Guardia, quien por esa época era uno de los más importantes socios del diario La Nación.
Han pasado 42 años de la gesta histórica de aquellos trabajadores, cuya lucha marcó un camino distinto en la relación laboral con los grandes latifundios agrícolas, que durante décadas sometieron a hombres, mujeres y menores de edad a la explotación laboral, al mejor estilo de un enclave que actuaba al margen de las leyes laborales costarricenses.
Para traer al presente aquella memorable época, laSede del Atlánticode la Universidad de Costa Rica inauguró su serie de “Cuadernos de Investigación de la Sede del Atlántico” con la edición del libro titulado “El conflicto de la Hacienda Juan Viñas 1977: De lo laboral a lo político”, de los docentes e investigadores Bernardo Bolaños Esquivel y Manfred Quesada Méndez.
Según los autores, la publicación “tiene como objetivo principal dar a conocer el conflicto laboral y político, el cual es un hecho histórico relevante para la comunidad juanviñense y el país en general. Por múltiples razones, este se ha invisibilizado. Sin embargo, constituye un aporte relevante a la historia del movimiento obrero campesino nacional y también local”.
El libro es parte de un proyecto de la Vicerrectoría de Investigación denominadoAnálisis de un conflicto laboral en la Hacienda Juan Viñas: 1976-1977. “Tanto el texto como el proceso investigativo pretenden rescatar la memoria colectiva de un hecho histórico del pueblo de Juan Viñas, el cual está dentro del rango de influencia de la Sede. Una de las motivaciones para realizar la investigación es que una parte de la comunidad, y en especial las nuevas generaciones, desconocen por completo el conflicto estudiado. Este hecho se comprobó en el trabajo de campo realizado en la comunidad con jóvenes universitarios que realizan sus estudios en la Sede del Atlántico. Además, se pudo constatar un vacío sobre el hecho histórico aquí abordado en fuentes escritas como trabajos de investigación, tesis, artículos, libros y textos producidos por historiadores de Juan Viñas”, explicó Bolaños.
El libro está disponible en el Repositorio Kérwá, para descargas gratuitas de la publicación puede seguir el siguiente enlace: http://ucr.cr/r/Zike
El 1 de noviembre de 1977 los sindicalistas Romano Sancho, Fernando Guevara, Manuel Campos, Antonieta Fernández y el estudiante de secundaria Mario Granados iniciaron una huelga de hambre.
VALOR ANTE LA PERSECUCIÓN
Romano Sancho, uno de los dirigentes obreros de 1977 aseguró que en la hacienda se vivía bajo “condiciones feudales, bárbaras, de semiesclavitud; un solo dueño, cinco mil hectáreas, un pueblo sometido, una municipalidad que hacía lo que él, Manuel Jiménez de Guardia, quería, las ciudadelas eran de él, el ingenio, el beneficio… eso le daba poder para que las cosas no se discutieran”.
Por ello, en diciembre de 1976, y tras años que el hacendado Jiménez de la Guarida ignorara las peticiones de los trabajadores, estalló el movimiento huelguístico más importante de la segunda mitad del siglo XX contra los abusos del enclave agrícola de Juan Viñas.
Los trabajadores se agremiaron al sindicato Sitrajuvi, que inicialmente actuó clandestinamente. Y desde esta instancia obrera desafiaron al poderoso terrateniente.
En enero 1977 se presentó el pliego de peticiones que incluían un aumento de ¢200 al mes, transporte para que los trabajadores llegaran a los lugares más distantes de la hacienda, derecho a aguinaldos y vacaciones con montos dignos, pago de salario ante las incapacidades, información clara y completa de las deducciones que se hacían a los salarios, jubilación para trabajadores que superaran los 60 años y titulación de las viviendas que durante años habitaron dentro del enclave agrícola, entre algunos de los 31 puntos de aquel documento.
La petitoria fue rechazada tajantemente, especialmente la referida al reconocimiento del sindicato como interlocutor entre el empresario y los trabajadores. En respuesta, la Hacienda Juan Viñas, mediante sus capataces infundieron miedo entre los empleados, persiguieron a los dirigentes sindicales y realizaron despidos masivos a quienes apoyaban la huelga, lo que significa el destierro definitivo de la zona; todo esto ante la mirada cómplice de las autoridades locales y políticas de la región.
Como parte de lo acordado, el 23 de junio de 1977 se realizó un plebiscito organizado por el Ministerio de Trabajo para que los empleados decidieran, por medio del voto, si aceptaban o no el sindicato. De un padrón de 1045, 336 votaron a favor de la propuesta, todos los demás votos, inclusos los blancos o nulos, se contabilizaron a favor de la hacienda. José Joaquín Lizano, durante una entrevista realizada en el 2012, comentó de la siguiente manera el ambiente que reinó ese día: “A la gente le daba miedo. Yo vi casos donde la gente salía corriendo en medio de los cafetales, gente tal vez que estaba inscrita en el sindicato y, cuando veían a los administradores o gente de confianza de la hacienda, salían huyendo. Eso yo lo viví e incluso la hacienda cerró caminos importantes para el tránsito de personas, pero que le pertenecían».
Pese a la intermediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la iglesia católica, el conflicto escaló al punto que el 1 noviembre de 1977 los sindicalistas Romano Sancho, Fernando Guevara, Manuel Campos, Antonieta Fernández y el estudiante de secundaria Mario Granados iniciaron una huelga de hambre. Los puntos principales eran que cesaran los despidos masivos de sindicalistas y trabajadores, respetar el derecho a la organización obrera y el reconocimiento del sindicato como único mediador. El 18 de ese mes, se levantó la huelga de hambre y concluyó la confrontación con la aceptación patronal de lo exigido por el sindicato.
Antonieta Fernández, dirigente sindical del Juan Viñas, fue la única mujer en sumarse a la huelga de hambre en noviembre de 1977.
«en la hacienda se vivía bajo condiciones feudales, bárbaras, de semiesclavitud; un solo dueño, cinco mil hectáreas, un pueblo sometido, una municipalidad que hacía lo que él, Manuel Jiménez de Guardia, quería»
MEMORIA AUDIOVISUAL
La gran huelga de la Hacienda Juan Viñas hubiese quedado en el olvido, pero nuevas generaciones de investigadores y realizadores audiovisuales se han dado a la tarea de recordar a las nuevas generaciones la hazaña de los hombres y mujeres juanviñenses que hace cuatro décadas emprendieron esta lucha.
Dos de estas nuevas voces son la de Fressy Camacho Quirós, juanviñense, quien junto a Carolina Jarquín Ávila, oriunda de Grecia, otra zona de latifundios históricos, realizaron el documental “Donde nace el olvido”, inspirada en la huelga de 1977, como parte de su trabajo final de graduación en Producción Audiovisual en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.
La obra audiovisual se propuso sacar del olvido esta historia de pérdidas, luchas y dolores comunitarios, de manera que la juventud de la zona conozca que hace 40 años un pueblo se levantó con el poderío del hacendado.
Según Camacho, el producto audiovisual es un documental social, en la línea de autor, es decir, en el que el realizador sale en búsqueda de su propia historia, más considerando que Antonieta Fernández, quien fue dirigente sindical y la única mujer que participó en la huelga de hambre, es su prima directa.
Con recursos propios y el apoyo de familiares y amigos que creyeron en este proyecto finalmente se llevó a buen puerto esta idea. Finalmente, tras dos años de intenso trabajo de producción, el próximo 29 de setiembre, a las 3:00 p. m., en el Salón Comunal del Invu, en Juan Viñas, se estrenará este documental que tiene como objetivo el cerrar heridas entre aquellos que lucharon, una suerte de “sanación del pueblo, porque las derrotas también se celebran porque significa que se luchó”, dijo Camacho.
Para satisfacción de las realizadoras, el documental fue uno de los seleccionados para participar en el Festival de Cine “Great Message International Film Festival” que tendrá lugar en la India a partir del 25 de setiembre próximo, un encuentro de producciones de temáticas sociales y ambientales que usualmente son excluidos de los circuitos cinematográficos comerciales del mundo. Luego de su estreno, el documental se presentará en otras localidades.
Sin embargo, la meta de Camacho y Jarquín, no fue producir para festivales, sino que a la gente de Juan Viñas le guste el resultado y logre sanar viejas heridas, comentaron.
En el documental Donde nace el olvido, las realizadoras se propusieron contribuir a la memoria colectiva de las personas protagonistas de la huelga contra el latifundio de la Hacienda Juan Viñas.
Información de la Vicerrectoría de Acción Social, UCR.
De todos los símbolos nacionales, el Himno es el más
eficiente porque es un rito de jura que además marca el cuerpo con los gestos
del poseso: de pie, firmes, recogidos y dignos.
El Himno Nacional de Costa Rica, expone virtudes con las que
es difícil no coincidir.
El hombre-poeta que lo escribió tenía una noción de
patriotismo muy particular y por eso elude cuidadosamente los lugares comunes
del pensamiento republicano, pensamiento medular en el Himno del 15 de
Setiembre, que antecedió a nuestro canto nacional, tales como el de la majestad
de la ley como si de ella derivaran por generación espontánea la libertad y la
justicia. Billo era un ácrata. Creía, más que en la majestad de la ley, en el
cultivo del sí mismo, en el autogobierno personal y desconfiaba de cualquier
concepto colectivo que manipulara la libertad personal. Eso mismo hubiera
suscrito la gran poeta costarricense, cuyo centenario conmemoramos este año: la
luminosa Eunice Odio y su liberadora escritura.
Así, por ejemplo, es necesario saber que la palabra patria que aparece en el primer verso del Himno Nacional es una modificación hecha por el jurado. La versión original decía: «Costa Rica tu noble bandera…».
Zeledón no busca sus motivos literarios en el pensamiento republicano, sino en el filón concreto de la realidad cotidiana. Por eso escribió «bajo el manto azul de tu cielo» y no » bajo el límpido azul», -otra corrección del jurado-, porque buscaba expresiones que remitieran a lo concreto cotidiano.
El filón que inspira a Billo no genera vínculos cívicos. Para encontrar el vínculo cívico de la ciudadanía republicana en el Himno, es necesaria una operación metonímica y silogística bastante forzada. Su verdadero vínculo es más profundo, está enraizado en el arquetipo ancestral y primigenio de la diosa madre-tierra y sus principios derivados, como el del crecimiento y las germinaciones, aspectos que se proyectan ahora también en las esculturas de Jorge Jiménez Deredia, prueba de que pervive en nuestro imaginario. Se trata de un vínculo fuertemente interpelativo para el inconsciente colectivo: si la tierra es madre, los costarricenses, siendo hijos de ésta, sólo pueden relacionarse como hermanos. Como fácilmente se colige, este razonamiento se conecta con el patriotismo sólo porque alguien, que no fue Billo, sino don Antonio Zambrana, introdujo la palabra patria en el Himno. Se conecta más bien, con una forma de relación humana que sigue siendo no solo hermosa, sino también eficiente para la paz social: LA SOLIDARIDAD.
Sobre el forzado valor cívico que se le quiso dar y se le
sigue dando, el Himno de Costa Rica pondera más bien valores próximos al tiempo
de la cotidianidad, al tiempo de la vida, y no al tiempo de la reducida ficción
patriótica.
Las virtudes que expone el Himno son: honradez e integridad.
De todas las actividades sociales, el Himno selecciona la
del trabajo por ser la actividad dominante en la vida diaria de las personas.
De él pondera dos rasgos; el primero es su capacidad formativa, ya que sólo en
esa lucha tenaz las personas adquieren conciencia de su fuerza y de su
potencial; el segundo se refiere a la honra que otorga como recompensa, por eso
en Costa Rica llamamos honrado únicamente al hombre que vive de su
trabajo.
Lo anterior pone en evidencia que el Himno se inclina por la mayor fuerza del consenso nacional: los trabajadores, quienes por ironía histórica han sido los sistemáticamente excluidos de ese consenso.
Además de la honradez, el Himno propone el valor de la integridad. Esta virtud se manifiesta en el Himno cuando destaca la coherencia del trabajador con su ideal hasta el punto en que, a pesar de su amor por la concordia, es capaz de ir a la guerra para defender sus valores porque es leal a ellos, no sólo de palabra, sino de acción; es decir, que somos también honrados, en la relación que tenemos con nuestros ideales. En este aspecto, Martí coincidiría con Billo, pues para este gran pensador latinoamericano, un hombre que tolera un mal gobierno no es un hombre honrado.
Billo consideraba la política como el más innoble de los
ejercicios humanos y por eso, este trabajador del ideal no fue precisamente el
patriota que los políticos hubiesen querido, sino el rebelde que – como dice
Vínyela Devandas- dedicó su vida a formar conciencia colectiva, a desenmascarar
el timo del discurso oficial y a denunciar la corrupción de los gobernantes.
Vale la pena dedicar, dentro del contexto que estamos
viviendo, nueve segundos de atención y preguntarnos: ¿Será tiempo de cambiar la
letra de nuestro Himno Nacional?
El proyecto de ley que pretende cambios en el empleo público y la aplicación de la regla fiscal no son la solución a la denominada crisis fiscal, reconoce la OCDE
Eduardo Muñoz, periodista Vicerrectoría de Acción Social UCR
Si de riqueza y poder político global se trata, el
conocimiento científico y la educación son de los activos más apetecidos por
los grupos económicos internacionales. La historia de los nexos entre la
ciencia y la educación, y la política, demuestra que siempre ha existido un
pulso por el control de estos activos, cuyos costos y pérdidas son socializados
pero sus ganancias privatizadas a favor de conglomerados empresariales.
En el caso costarricense, los logros sociales alcanzados desde
la Segunda República son múltiplemente reconocidos. Incluso, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), actual sustento
ideológico de la clase política y empresarial costarricenses que impulsan
cambios en materia fiscal, de inversión social, educación y empleo público
asegura, contradictoriamente, en su informe titulado Estudios Económicos
de la OCDE: Costa Rica 2018, que “el acceso a la educación para todas
las personas ha sido una piedra angular del modelo social exitoso de Costa
Rica y, por esta razón, las reformas constitucionales aumentaron el gasto
obligatorio al 8% del PIB”. Pero, pese a los indicadores internacionales en dicha
materia, la OCDE también afirma que “no existe una razón subyacente para este
objetivo específico, mientras que la evidencia sugiere que actúa como un
obstáculo importante para la restricción del gasto sin mejorar la
eficiencia ni la eficacia en cuanto a los resultados educativos”.
Sobrepasar ese “obstáculo” es el principal desafío de las
autoridades políticas costarricenses, ya que los proyectos impulsados desde el
Estado costarricense para la aprobada reforma tributaria, el empleo público y
la privatización solapada de la Caja Costarricense del Seguro Social, son
insuficientes para ingresar al exclusivo club de naciones integrantes de esa
organización.
En contraste con los criterios de que la masa salarial
pública es corresponsable del déficit fiscal, la realidad es que solamente
representa el 14% de la fuerza laboral nacional, integrada mayoritariamente por
los sectores educativo, salud y seguridad. Y, en opinión de la OCDE y sus
acólitos costarricenses, las remuneraciones en este sector son excesivas y
distantes de lo devengado por el sector privado. No se menciona que, de manera
sostenida y según encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una
cuarta parte de la fuerza laboral nacional no percibe el salario mínimo; y
existen claras disparidades entre lo percibido entre hombres y mujeres.
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, en un documentoa disposición de acceso público a
la ciudadanía, ha sido contundente al afirmar que el Estado
costarricense, en procura de “resolver” el problema del empleo público,
“convierte a los salarios en una variable de ajuste macroeconómico (por
ejemplo, para controlar la inflación o el déficit fiscal) y no en un elemento
central para procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país”. En
suma, el proyecto de ley apuesta a la pauperización generalizada como mecanismo
de control tributario, mientras por otro lado no se resuelve con acciones
firmes la evasión y elusión fiscales, que superan el 13% del PIB.
Por otra parte, sin considerar las particularidades de las
instituciones del Estado costarricense, la OCDE aplica criterios de
“productividad” a servicios tan diversos como la educación básica y
universitaria, la seguridad social y las transferencias que se realizan a los
sectores menos favorecidos. Para ello, y traspasando sus competencias, esa
organización le sugiere al Estado, a manera de receta única, que impulse un
«conjunto claro de mecanismos de dirección, coordinación y control a nivel
del Gobierno Central», ignorando deliberadamente nuestra Constitución
Política de Costa Rica, un escollo para la OCDE.
El citado estudio de la OCDE es claro, nuestra
Constitución y la institucionalidad costarricense se contraponen a su ideario
político. “El uso excesivo de la asignación obligatoria de fondos con
destinos específicos en Costa Rica también está en contradicción con la
Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, que establece que
«Los fondos para fines específicos y la asignación de ingresos para fines
concretos deben mantenerse al mínimo» (Recomendación del Consejo sobre
Gobernanza Presupuestaria, Principio 7, OCDE 2015b)».
En suma, la ruta definida por la OCDE y el gobierno
costarricense atenta contra la institucionalidad y la historia costarricenses,
pisotea la Constitución Política e hipoteca el bienestar de las futuras
generaciones.
Para descargar el documento de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica Sobre el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público puede buscarlo con este enlace: http://ucr.cr/r/GU8F
José Manuel Arroyo Gutiérrez, ex magistrado y catedrático UCR
La Constitución Política de Costa Rica opta por una
organización republicana y un ordenamiento jurídico propio del Estado Social de
Derecho. Lo primero establece con claridad la división de poderes, los ámbitos
de competencia, los controles recíprocos en orden a que ninguna autoridad de la
República se sienta libre de hacer lo que le parezca y abuse de sus
atribuciones. Lo segundo, en lo fundamental, opta por el respeto a la dignidad
humana –que no es otra cosa que el respeto a los derechos de las personas sin
ningún tipo de discriminación-, así como la enunciación de derechos y garantías
individuales y sociales y el diseño de un andamiaje institucional complejo y
diverso.
La
Constitución Política, hace distinciones que no pueden atropellarse sin poner
en riesgo el futuro mismo de la convivencia democrática dentro de un régimen de
derecho. La Sala IV, a propósito del Art. 188 C.P. ha establecido que las
instituciones autónomas tienen independencia administrativa, mas no de
gobierno, ámbito en el que éstas deben atenerse a las leyes dictadas por la
Asamblea Legislativa (Voto No 3309-94). No obstante, esta misma resolución
explicita cómo, la Corte Suprema, en cambio, conserva el gobierno y la
administración de tribunales, funcionarios y empleados de la rama judicial, es
decir, conserva un ámbito de independencia mayor, tanto de gobierno como de
administración (art. 156 C.P.), que la diferencia del que disfrutan las
instituciones autónomas en sentido estricto (188 y 189 C.P.). La lectura de
estas dos últimas normas evidencia que se refieren a instituciones autónomas
como los bancos y aseguradoras estatales, y las que a futuro cree la Asamblea
Legislativa.
Pero
evidentemente el constituyente, de manera directa, quiso tutelar algunos
valores fundamentales como la justicia, la salud, la educación superior
pública, entre otros, para lo cual creó instituciones con encomiendas
específicas y las dotó de autonomías reforzadas, frente al Poder Ejecutivo de
turno y frente a la misma Asamblea Legislativa. Estoy convencido que tal es el
caso de la Universidad de Costa Rica y de todas los centros de educación superior
pública del país. Véase cómo, esta autonomía reforzada se evidencia cuando la
Constitución crea “…una institución de cultura –ojo, algo más que de educación- que
goza de independencia para el desempeño de sus funciones, y de plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su
organización y gobierno propios…”. Tales atributos y competencias se
hacen extensivas a los otros centros de educación superior públicos, y el
Estado queda obligado no sólo a otorgarles un patrimonio propio, sino a
colaborar en su financiamiento (Art. 84 y 85 C.P.).
He aquí la
importancia trascendental de que el examen de constitucionalidad al que está
siendo sometida la Ley No. 9635, “Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, no pase atropelladamente por las
distinciones y precisiones que hace la Constitución Política. El problema es
que esta legislación, con su buque insignia la “Regla Fiscal”, pretende meter a
todos los poderes e instituciones, funcionarios y empleados públicos, en una
especie de camisa de fuerza, olvidándose de que las vías impuestas siempre
tienen sus días contados, y es imposible hacer sostenible a largo plazo medidas
que asfixian o ahogan a amplios sectores de la población.
Esto es así en la medida en que aún para las instituciones autónomas en sentido estricto, como la C.C.S.S. o I.C.E., -para mencionar sólo dos sobre las que ha recaído buena parte de la paz social disfrutada en el país por décadas-, no se les puede imponer, sin más, cómo y con qué recursos van a poder atender servicios de emergencia o extraordinarios, o bien qué régimen de incentivos salariales, o reconocimientos por prohibiciones o dedicaciones exclusivas pueden promoverse. Tampoco es posible que las nuevas reglas para los trabajadores de primer ingreso pasen por alto que existen otros principios constitucionales en materia laboral, que expresamente erigen el principio de igualdad (Art. 57) o el de no-discriminación para ningún sector de los trabajadores (Art. 68). Mucho menos se puede tratar de esta manera a quienes laboran en otros poderes republicanos o en las universidades, cuyas misiones institucionales, -como la justicia o educación superior-, el constituyente quiso protegerlas de gobiernos y tendencias coyunturales emanadas de otros poderes en ejercicio.
Rosaura Chinchilla-CalderónAbogada y docente universitariaRosaura.chinchilla@gmail.com
El sueño de la razón produce
monstruos (Goya)
Costa Rica se encamina a vivir un aniversario más de la independencia de España y lo hará, muy probablemente, de la misma forma en que recibió la noticia: en un ambiente polarizado, dubitativo y a la espera de mágicos vientos que despejen los cargados nubarrones de un día que ya casi lleva doscientos años, pero que hoy, a diferencia de ayer, amenaza con la inminente furia de su vendaval.
Polarización.
La división no es, ya, entre monárquicos y separatistas; colonialistas y anticolonialistas
o republicanos e imperialistas, sino entre “progres” y “ramashecos”
o “PAC-lovers” y “FabriPLUSCianos”. Unos —insuflados con las
oportunidades y hasta con los privilegios obtenidos gracias al Estado de
Bienestar en la Gran Área Metropolitana— tildan, a quienes carecieron de ellas,
de ignorantes-retrógrados; niegan la sola posibilidad de contextualizar, en
coordenadas supra-individuales, los síntomas o comportamientos percibidos; defienden
algunos derechos humanos liberales al tiempo que ridiculizan expresiones de fe
y reniegan de los derechos económico-sociales…en fin, traicionan la esperanza y
el mandato popular, acrecentando el descontento social. Otros (atrincherados en
un dios-creado-a-su-medida) imponen su visión de mundo como la única posible, y
le niegan dignidad a amplios segmentos de la población que no se ajusten a la
moral que predican (y que no siempre practican). Unos y otros conducen, a este
pequeño país, muchas veces a golpe de fake news, hacia el despeñadero.
Desigualdad. Pero el anterior es solo un signo
epidérmico o superficial que, sin embargo, oculta la enfermedad terminal que
internamente carcome nuestro tejido social: la desigualdad crece y se evidencia
ya como desempleo abierto y miseria rampante; la institucionalidad democrática
y republicana cae derruida tanto por la avidez como por la corrupción de
quienes mueven y enredan los hilos, y pretenden desmantelar cualquier dique normativo
que les impida obtener el mayor lucro, para el menor número, durante el mayor
tiempo posible.
Debilidad institucional. Así, con procedimientos que han de
permanecer fuera de foco, ocultos al escrutinio ciudadano, se hacen pactos, se nombran
funcionarios que coopten las instituciones públicas y, desde ahí, cumplan con
la consigna de eliminar las normas de protección claves en el diseño del Estado
Republicano, Democrático y Social de Derecho de la Segunda República: un
sistema de pesos y contrapesos; de división de funciones; de independencia de
las instituciones contraloras; de procedimientos y garantías para el adecuado gobierno
de la cosa pública; de respeto a la dignidad inmanente a todo ser humano y de
protección a la educación, el medio-ambiente y la salud como claves del
desarrollo. En ese contexto se legisla y hasta se juzga.
Modernidad. La promesa de la modernidad, del
avance de la razón y del humanismo en el mundo, ciertamente explotó durante la
II Guerra Mundial frente a la evidencia del Holocausto y la barbarie de la que,
como seres humanos, somos capaces. Empero, paradójicamente, fue en los años 40 en
donde, en este pequeño territorio, también nació la esperanza de que la
solidaridad era posible: de que podíamos vivir sin ejército; nacionalizar la
banca y las instituciones energéticas para que el bienestar de todos no
dependiera del lucro de unos; universalizar los seguros sociales; extender la
gratuidad y cobertura de la educación; confiar en la pureza del sufragio; en la
formación y equidad de la judicatura; mantener la Naturaleza y apostar por una convivencia
en armonía y tolerancia, respetando nuestra diversidad.
El sueño de la razón. Ese sueño, paulatinamente, se ha ido
derrumbando. Parafraseando a Goya: se durmió la razón y nacen los monstruos. El
fascismo campea por doquier reivindicando múltiples ropajes: nacionalismos, visiones
mágicas y acientíficas del mundo, religiosidad individualista y egoísmos
extremos y a Costa Rica la vacuna (formada por aquellos componentes) se le
venció. Esta democracia del bicentenario es raquí-tica, de simples formas, por
lo demás porosas y débiles, que se están rompiendo ante nuestros ojos. Si nos
descuidamos, seremos testigos de su colapso definitivo.
Lucha cívica. Pese a todo “¿quién dijo que todo
está perdido?” Todavía tenemos una educación gratuita y generalizada que,
pese al modelo de negocios por el que unos apuestan, permite que el hijo del
obrero y la hija de la indígena obtengan una profesión u oficio; podemos velar
por nuestra salud sin empeñar el patrimonio de las futuras generaciones o
vender órganos para ello; seguimos accediendo a las fuentes de agua, de energía
y a la infraestructura de comunicaciones a módicos costos; aún tenemos variedad
de ecosistemas; todavía hay fiscales, jueces y juezas probos; docentes con
mística y personal de salud que responde al juramento hipocrático…aún hay
quienes entienden que la dignidad humana, única e indivisible, impide escoger (algunos)
derechos humanos (de unos) a conveniencia…en fin, aún hay personas que
alimentan su espiritualidad o su ética en las fuentes del Amor, que es servicio,
entrega e inclusión.
Porque aún queda “algo”, que es
mucho, ¡no podemos seguir impasibles! ¡Interesémonos en el manejo de los
asuntos públicos, que son los nuestros! ¡Exijamos procesos públicos, motivados
y transparentes en la toma de las decisiones! ¡Usemos los recursos que el Derecho
nos da para vigilar, impugnar y hasta sancionar a quienes se desvíen del fin
común! ¡Ejerzamos nuestra responsabilidad de educarnos cívicamente, de elegir cuidadosamente,
y de organizarnos! ¡Seamos solidarios y tolerantes! No sigamos atrincherados en
nuestras cosmovisiones, que nos impiden visualizar la humanidad que hay en el
otro. Trascendamos diferencias. Construyamos un proyecto común en que todas las
personas quepamos. Sí, sé que no es solo voluntarismo…pero por algo se empieza.
“Hablo de cambiar esta nuestra casa (…) ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón…” (Fito Páez/Mercedes Sossa).
Vivimos tiempos difíciles en Costa Rica. Amplios sectores a lo largo y ancho del país muestran un malestar creciente y una insatisfacción con las propuestas que dominan las agendas política, económica, cultural y social. Las posibilidades de encuentro, diálogo y entendimiento se debilitan por posiciones intolerantes y excluyentes. Desde hace varias décadas se nos viene imponiendo un modelo de desarrollo y un proyecto de país que, lejos de forjar cohesión y consensos y de buscar el bienestar colectivo, ha fomentado un grave proceso de fragmentación social, cargado de inequidad, con un fuerte deterioro ambiental. Las propuestas dominantes han beneficiado a algunos sectores, pero han afectado la calidad de vida y la dignidad de muchas más personas; el crecimiento económico no ha sido inclusivo.
Pese a la evidencia de la
disfuncionalidad social y ecológica de estas propuestas, los sectores
económicos, políticos y mediáticos que llevan adelante esta agenda no parecen cesar
en su empeño de empujar al país hacia un sendero muy arriesgado que está
poniendo en peligro la posibilidad de una convivencia armoniosa entre las
personas y entre éstas y el ambiente. La correlación de fuerzas políticas en
este momento favorece estas tendencias, y se promueven proyectos e iniciativas
que tienden a minar espacios democráticos y nos alejan de una distribución
justa de la riqueza, debilitando elementos claves del estado social de derecho
y estrujando las posibilidades de forjar una colectividad marcada por el bien
común.
Un grupo amplio de
organizaciones y personas, de muy diversos sectores, tenemos la convicción de que
Costa Rica necesita encontrar nuevos senderos por los cuales transitemos con
esperanza y sentido colectivo, en procesos marcados por una amplia
participación social, institucional y comunitaria. Senderos que nos permitan
soñar y crear escenarios distintos, más inclusivos, y también respetuosos con
el ambiente, en los que la prioridad sea el desarrollo de las potencialidades
de todas las personas, en un marco de respeto a la diversidad. Por ello hemos
decidido integrar la Alianza por una Vida Digna, con la confianza de que entre
todas y todos podemos plasmar reflexiones, propuestas, y acciones en procura
del bien común. Queremos contribuir a gestar otros mundos posibles.
Este suplemento recoge puntos
de vista de cuatro personas sobre algunos temas medulares de la realidad
nacional actual. Continuaremos presentando, por diversos medios, otros tópicos
en ámbitos variados de la vida nacional, que fomenten reflexión y acción en
comunidades, instituciones y colectivos varios. Pretendemos que la Alianza por
una Vida Digna sea una fuente de pensamiento diverso y un acicate para la
participación democrática alrededor de aspectos esenciales de nuestra
convivencia.
Con
la idea de impulsar esta Alianza, se realizó el lunes 29 de julio una reunión a
la que asistieron cuarenta personas de los sectores comunitario, estudiantil,
ambientalista, profesional, educación popular, comunicación popular y
alternativa, Buen Vivir, y universitario.
Alberto Rojas Rojas, Andrea
Alvarado Vargas, Héctor Ferlini-Salazar, José María Gutiérrez Gutiérrez
El Semanario Universidad publicó este miércoles 21 de agosto en la edición impresa un conjunto de textos con la firma de la Alianza por una Vida Digna. Puede leerlos aqui:
Vivimos tiempos difíciles en Costa Rica. Amplios sectores a lo largo y ancho del país muestran un malestar creciente y una insatisfacción con las propuestas que dominan las agendas política, económica, cultural y social. Las posibilidades de encuentro, diálogo y entendimiento se debilitan por posiciones intolerantes y excluyentes.
El exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez aporta en la compilación un análisis que titula “Reforma fiscal a examen de constitucionalidad”. Asimismo, se incluye un artículo periodístico relacionado con un estudio de la UCR sobre el proyecto de empleo público que impulsa el gobierno y otros sectores políticos y económicos. Lea aquí ambos textos:
La colección divulgada por el Semanario Universidad y enviada por la Alianza por una Vida Digna se completa con este artículo de la diputada del PLN Paola Valladares Rosado:
