SURCOS comparte la siguiente convocatoria:
«Compañeros (as): bendiciones. Convocatoria urgente a todos los líderes de todas las organizaciones civiles, comunales, sindicales, estudiantes, religiosos.
Este lunes 24 de octubre a las 5 pm en el edificio de Sintrajap.
Es urgente unirnos por la defensa de la institucionalidad de Costa Rica, dado el rumbo injusto y equivocado que marcan para Limón.
Este lunes 24 entonces 5 pm en SINTRAJAP.
FETRAL».
Sala Constitucional declara nulidad de todas las compraventa de tierras por parte de personas no indígenas dentro de los Territorios realizadas posterior a la entrada en vigencia de la Ley Indígena de 1977.
Jueves 20 de octubre de 2022. El 31 de agosto de 2021 Rodrigo Arauz Figueroa interpuso acción de Inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia en relación al artículo 3 de la Ley Indígena; expediente 21-017138-0007-CO.
El día de ayer miércoles 19 de octubre de 2022, mediante el fallo No 2022024725, la Sala Constitucional, por mayoría, declaró sin lugar esa acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de dicha jurisprudencia en relación con el artículo 3 de la Ley Indígena, el cual establece «Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso».
El Por Tanto del fallo constitucional indica “Por mayoría se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad. La magistrada Garro Vargas y el magistrado Garita Navarro salvan el voto y declaran inconstitucional la línea jurisprudencial impugnada en cuanto asume, de manera genérica, la existencia de mala fe en la causa adquisitiva del negocio traslativo de dominio a partir, exclusivamente, de la vigencia del artículo 5 de la Ley Indígena y, por ello, de la nulidad originaria del negocio de traspaso, derivada de lo dispuesto en el citado artículo. La magistrada Garro Vargas consigna nota.”; la totalidad del fallo se conocerá en un mes y medio aproximadamente, de acuerdo a los tiempos del ente judicial.
El magistrado de la Sala Constitucional Fernando Castillo, se refirió al fallo por medio de unos audios dirigidos a la prensa, en los cuales indica:
“La jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia establece una regla de derecho en el sentido de que todas aquellas personas no indígenas que han comprado tierras dentro de las reservas indígenas con posterioridad a la promulgación de la citada Ley, se considera que no han actuado de buena fe, consecuentemente, se llega a la conclusión de que esa venta o compraventa de propiedades es absolutamente nula».
«Dicha regla de derecho es conforme al derecho de la Constitución, es decir conforme a los valores, principios y normas constitucionales, de ahí que la Sala por mayoría decidió declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad y sostener la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y consecuentemente, hacer estas ventas nulas al considerarse de que no hay buena fe el Estado no está en la obligación de indemnizar a los compradores, no indígenas ni mucho menos ejercer la potestad expropiatoria».
Sobre este caso, el 22 de setiembre de 2021 la Sala Constitucional resolvió acoger la acción planteada para resolver y ordenó publicar por 3 veces en el Boletín Judicial 192 del 6 de octubre de 2021, pág. 9 y 10, lo siguiente:
«Para que en los procesos o procedimientos en los que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso…lo único que no puede hacerse es dictar sentencia.
Lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procesos tenientes a agotar esta vía” por lo que una vez resuelta la acción planteada, deberán dictarse las sentencias y resoluciones correspondientes.
Esta resolución de la Sala Constitucional viene a reafirmar lo expresado y sostenido por varias organizaciones, principalmente las organizaciones propias de Pueblos Originarios, y desmiente lo externado por los grandes terratenientes que ocupan ilegalmente estos Territorios, sus representantes legales y organizaciones como la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires.
Las organizaciones firmantes, celebramos este fallo y solicitamos vehementemente que el Estado de Costa Rica cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la tierra- territorio a los Pueblos Originarios; por lo que el Poder Ejecutivo deberá realizar sin dilaciones los desahucios administrativos priorizados por estos Pueblos en cada Territorio y el Poder Judicial deberá resolver con celeridad conforme a derecho, el bloque de constitucionalidad, la normativa nacional e internacional, los derechos humanos de Los Pueblos Originarios y la resolución de la Sala Constitucional aquí indicada.
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönu Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök de Yäbamï Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Cootraosa.
– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Este jueves 20 de octubre a la 1:00 p.m. se realizará en el plantón de la Asamblea Legislativa, una protesta pacífica en coordinación con diferentes grupos colectivos, organizaciones y personas de la comunidad sexualmente diversa en demostración y apoyo al proyecto de Ley que sanciona las mal llamadas “terapias de conversión”.
Esta protesta pacífica es para señalar a las fuerzas ultraconservadoras y religiosas que se sitúan en las curules de la Asamblea Legislativa, que los grupos colectivos y sociales no dejarán que un proyecto que tendrá gran impacto en la vida de muchos jóvenes costarricenses sexualmente diversos sea frenado y bloqueado.
Únase este próximo jueves frente a la Asamblea Legislativa en apoyo a dicho proyecto de Ley y sea parte de esta lucha social, inclusiva y colectiva.
Compartido a SURCOS por Marco Castillo.
Bajo el título que antecede a este comunicado, un grupo de costarricenses publicó un excelente volante, cuyo objetivo central es la absolutoria definitiva a favor de Orlando Barrantes Cartín. Propuesta que, desde el Partido Vanguardia Popular apoyamos totalmente. Compartimos esa noble aspiración, pues ella recoge la esencia de lo que el encabezado reclama: “La esperanza”.
Hoy en Guápiles, se tenía prevista la lectura de las conclusiones de un juicio que lleva largos 22 años, donde queda claro que las desvergüenzas de la “justicia pronto y cumplida”, son solo una marca del marketing judicial. Ni pronta, ni cumplida: ¡Nada más alejado de la realidad!
Con una participación de cerca de 200 personas, de colectivos sociales y partidos políticos, entre ellos el MTC, PRT, NPS, CGT, SEPI, PT, ACODEDHU, diferentes colectivos por la vivienda Popular, LA MOROCHA y el PVP, frente a los Tribunales de Justicia, los manifestantes gritaron dos consignas muy emotivas: “Orlando amigo el pueblo está contigo” también se coreó con mucha fuerza esta otra: “Se oye se siente, Orlando es inocente”.
Mientras en la Sala de Juicio, se siguen conspirando contra la protesta social, buscando pruebas para justificar un “falso positivo Judicial”. Los corruptos deambulan por la calle, bajo el manto sucio de la impunidad, amparados en sus cobijas políticas. Se destapan ollas en la cosa pública que hieden y dejan ver como se descompone la democracia, pero los jueces, como el monumento a la justicia, cierran sus ojos y dirigen toda su fuerza contra los verdaderos dirigentes populares.
Sí, definitivamente es cierto. No pasa lo anterior frente a los luchadores sociales, honestos y comprometidos que enarbolan la bandera de la justicia para las grandes mayorías. Este es el caso concreto del juicio político que lleva ya 22 años de persecución sostenida contra ORLANDO BARRANTES CARTÌN. Dígase en verdad a los hechos: “Es el juicio más largo de la historia en Latinoamérica” (y eso que somos un país de Derecho).
Hoy, como parte del decoro y la urgencia de devolver el prestigio al Poder Judicial, se debió haber dictado la absolutoria definitiva para el compañero Barrantes; pero no, vuelven a generar la incertidumbre y convocan nuevamente para este miércoles 26 de octubre.
DESDE EL PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, le pedimos al pueblo costarricense, sus movimientos sociales, populares y sindicales, que en una sola voz exijamos la absolutoria definitiva para Orlando Barrantes Cartín.
¡¡¡Basta ya!!!, la protesta social es un Derecho Humano Fundamental.
No a la criminalización de los luchadores sociales
Comunicado:
Aunque no dieron las conclusiones y sentencia a Orlando Barrantes, como se tenía proyectado para este lunes 17, personas de Upala, Pérez Zeledón, Puntarenas, San José, Limón, entre otros sectores, se concentraron frente a los Tribunales de Justicia de Guápiles para exigir la absolutoria para Orlando Barrantes.
La lectura de la sentencia se reprogramó para el miércoles 26 de octubre, en los Tribunales de Guápiles.
Se reporta que a la concentración llegaron más de 150 personas procedentes de Puntarenas, Pérez Zeledón, Limón, Siquirres, Upala, Río Jiménez, Cariari, Guápiles en general, proyectos de vivienda de la GAM, PRT, MTC, Bloque de Vivienda, estudiantes, representantes de ACODEHU, CONATRAP y de otras organizaciones y comunidades.
¡Ni un paso atrás!
¡Todas y todos somos Orlando Barrantes!
¡Absolutoria definitiva para Orlando!
La Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (ACAN) eligió junta directiva para los próximos dos años:
Presidente: Juan Ml. Yglesias
Vicepresidente: Roberto Moraga
Tesorera: Carmen Obando
Secretario: Minor Ayales
Vocal: Luis Bogantes
Fiscal: Francisco Chavarría
El comunicado expresa: “Además de ponernos a la orden, manifestamos nuestra solidaridad con don Orlando Barrantes, optimistas de que se hará justicia y el 26 estaremos pendientes”.
Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR
16 octubre 2022
Las señales que analizábamos previo al proceso de elecciones nacionales, tanto en la primera, como en la segunda ronda se han venido confirmando y estamos viendo un estilo de autoritarismo, de populismo y de manejo del escenario mediático y de redes muy atinado por parte del Presidente Rodrigo Chaves Robles, manejo que más allá de este calificativo no por lo cual deviene el mismo en sano para la democracia nacional.
Ese estilo que aun goza de una mirada de aceptación de la gente y que se refleja en las encuestas, sin duda representa (para decirlo en términos coloquiales), un buen tanque de oxígeno, que al menos en ciertos escenarios ya empezó a agotarse y está generando una variedad de procesos sociales muy interesantes.
Dicho esto, así grosso modo, nos parece que está en desarrollo un fenómeno social de unidad coyuntural al cual debemos ponerle atención y potenciarlo para que tenga una brújula adecuada, mismo que posiblemente parece rescatar o por lo menos debemos por mandato político impregnarle todos los ingredientes para imprimirle una mayor estructuralidad, soñando hacer florecer un sentimiento altamente patriótico que emule el abanico colorido del NO AL TLC.
En tal orientación es una tarea política de primer orden aspirar a tener como eje central la defensa de la institucionalidad y el restablecimiento con enfoque democrático y humanístico del Estado Social de derecho heredado de la Constitución Política establecida a partir de 1949, cuyos postulados esenciales han venido siendo dinamitados desde la alborada de neoliberal iniciada desde el primer plan de ajuste estructural en el Gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986).
Sin duda alguna ese enfoque ideológico de demonizar lo público y ensalzar lo privado ha provocado momentos clímax en las luchas desarrolladas desde los distintos movimientos de corte más progresistas y solo para ubicarlos, vale la pena solo citarlos, en su orden histórico, tenemos entonces: ALCOA, Combo ICE, No al
TLC y más recientemente la huelga contra el denominado combo fiscal en el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
Esos puntos de inflexión supra cuyos efectos e impactos se inscriben en la lógica política del proyecto conservador tienen el objetivo de vaciar de contenido la Constitución Política de 1949 y en esa hoja de ruta los sectores de la derecha nacional más rancia se inscribe la ley 9635 denominada de «fortalecimiento de las finanzas públicas», que incluye curiosamente dos títulos novedosos en tratándose de un cuerpo normativo de corte fiscal, uno capítulo referido al empleo público y otro sobre la conocida regla fiscal.
Así las cosas, después de haber ganado la batalla de la ley 9635, aprovechando los yerros tácticos y estratégicos de los movimientos sociales en general y en particular los del movimiento sindical del sector público, los sectores más conservadores del país logran consolidar la ley 9808 y la ley marco de empleo público, ley 10.159, que forman parte del proyecto de debilitamiento de la carta política superior, lo cual es a nuestro juicio el riesgo superior en debate en este momento.
Esta seguidilla de involuciones sociales y laborales que solamente citamos, son el reflejo a nuestro juicio de cómo está realmente el panorama y en tal sentido como hemos dicho las señales en pleno desarrollo que tienen como protagonista estrella al Presidente de la Republica están produciendo acoplamientos interesantes que a nuestro entender colocan nuevamente a los movimientos sociales, sindicales y socio productivos de distinto tipo ante un nuevo predicado histórico nacional.
De ahí que los eventos ya convocados por los sectores representados en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), en conjunto con el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), para el 05 de noviembre 2022, con cuatro ejes de diálogo social: Educación, Seguridad Social, ambiente y energía y economía agroindustrial y agropecuaria en el contexto de la Alianza Pacífico.
Y la convocatoria realizada desde la Rectoría de la Universidad de Costa, por parte de su Rector Gustavo Gutiérrez Espeleta (oficio R-6882-2022, fechado 13 de octubre de los corrientes), dirigido a los distintos movimientos sociales y que denota una preocupación central, actual y válida, sobre los riesgos en desarrollo que presenta el pais en tres ejes específicos de la vida política nacional, como lo son: la democracia, la institucionalidad y el Estado Social de Derecho, devienen en una alerta sin precedentes en la historia reciente.
Riesgos que a la luz de nuestra lectura del momento compartimos plenamente y sin duda requieren del concurso urgente de los movimientos sociales, todo con la mirada puesta en el impulso de un urgente movimiento patriótico que aspire a descarrilar el tren neoliberal y coloque al país en la verdadera ruta de la inclusión social, el desarrollo nacional y la reactivación económica.
En tal sentido estos dos eventos convocados desde tan importantes casas de estudio nacional, resultan ser dos enormes oportunidades, dos luces que tintinean al final del túnel y que deben ser aprovechadas al máximo por los liderazgos actuales, es decir, este nuevo punto de encuentro de los movimientos sociales que parece estar en desarrollo tiene particularidades históricas que reducen casi a cero los márgenes de error de los líderes y lideresas que pensamos van a estar al frente de los acontecimientos que van tener lugar en el corto plazo.
En tal sentido las decisiones que se vayan a tomar próximamente requieren ser articulados y dirigidos con sentido estratégico y patriótico, actitud inclusiva y con un alto componente democratizador que incorpore la realidad de la gente (hombres y mujeres de los distintos sectores), que conocen su realidad y lideran en los territorios y en las estructuras.
De igual forma, a nuestro modesto modo de ver las cosas, el reto esencial del sindicalismo del sector público es descorporativizarse, desfetichizarce y convertirse en un actor político que potencie las condiciones de un proceso informativo – educativo de amplio espectro que permita apuntar a ganar la batalla informativa en las redes, en los sectores y en los territorios, dicho en sencillo, acabar con el deslumbramiento que tiene la gente sobre el Presidente, desnudándolo y sin victimizarlo.
En esencia debe convertirse el movimiento sindical en un articulador democrático que auspicie un nuevo gran movimiento patriótico nacional, esto resulta ser así, pues está en desarrollo un nuevo punto de inflexión y de cómo se conduzca este, las decisiones que se tomen y el desenlace que resulte, dependerá el futuro del país para los próximos 50 años, de eso estamos hablando.
MTC: Se extiende invitación para el próximo lunes 17 de octubre a partir de las 8:00 am, para asistir al Tribunal de Juicio de Guápiles a apoyar a Orlando Barrantes por la lucha en defensa del pueblo trabajador.
Recordemos que Orlando Barrantes es una persona que ha tenido que resistir 22 años de procesos judiciales. Estos abiertos por el Ministerio Público de Costa Rica, por hechos que no cometió, siendo este el caso de persecución política más extenso de la historia de nuestro país.
Orlando ha dedicado su vida a apoyar las luchas por conseguir condiciones de vida y de trabajo dignas.
Les compartimos el estado actual del proceso penal contra nuestro compañero ORLANDO BARRANTES, que culminará este lunes con el dictado de la sentencia. Por eso es importante que vayamos a acompañarlo en los Tribunales de Guápiles.
