Guadalupe Urbina denuncia represión, manipulación y se solidariza con Cañas
En un video publicado por Guadalupe Urbina denuncia represión, manipulación y se solidariza con Cañas. Le invitamos a escuchar a la cantautora:
Etiqueta: lucha social
FECON: Ministro y Director de Fuerza Pública deben renunciar por la agresión en Cañas
FECON (09/10/2020). Tras observar las imágenes transmitidas por el canal virtual TV Live Guanacaste en Cañas y otras denuncias ciudadanas, desde la Federación Ecologista (FECON) repudiamos la intervención policial contra la población de los barrios vecinos del río Cañas y el violento operativo en la zona. La acción desde su inicio no tuvo razón de ser. Fue abiertamente ilegítima y desproporcionada, abusiva y violatoria de los derechos humanos de la población afectada.
Ante estos hechos, consideramos que el Director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, debe ser separado inmediatamente de su cargo, pues corresponde a su persona dar las órdenes y hacerse responsable por el accionar tomado por los oficiales en el lugar. Los antimotines abusaron con sus ataques contra la población sin motivo. Hacemos un llamado a las demás organizaciones sociales del país a unirse a la solicitud de destituir al Director de Fuerza Pública, Daniel Calderón.
Deploramos también las declaraciones inmediatas sobre los hechos (en vivo a Canal 7) de Michael Soto, Ministro de Seguridad, justificando la intervención irracional de la Fuerza Pública culpando a la población bajo la falsa premisa de levantar un bloqueo. Solicitamos al presidente de la República, Carlos Alvarado, pedir la renuncia de Michael Soto como Ministro de Seguridad, por defender el accionar irracional de la policía en una zona donde ni siquiera había bloqueos, dejando dudas sobre el objetivo real de las órdenes de intervención.
Descripción de los hechos:
El jueves 8 de octubre en Cañas, Guanacaste, igual que en todo el país, se realizaban protestas sociales contra las afectaciones que sufren los pueblos, cargado de impuestos indirectos tras la aprobación del Plan Fiscal y amenazado con cargar un nuevo endeudamiento del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A eso de la 1:30 pm, varias personas se encontraban cerca de la carretera interamericana manifestándose, cuando la Fuerza Pública desplegó un operativo que incluía decenas de patrullas y un blindado. Según las imágenes captadas en vivo por TV Live Guanacaste, la carretera no estaba obstaculizada. La gente se encontraba al lado de la vía y había circulación de vehículos.
A pesar de no existir situación vial crítica, ni bloqueo de la ruta, los cuerpos policiales comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a la gente que estaba manifestándose pacíficamente en la carretera. Sin mediar ningún tipo de violencia por parte de los vecinos y vecinas que se observaban en el sitio, los antimotines también dispararon gases lacrimógenos hacia las viviendas cercanas al puente sobre el río Cañas y detuvieron arbitrariamente a personas en el lugar.
Luego de ello, sucedió un agresivo operativo en la zona, donde se cometieron todo tipo de abusos por parte de los cuerpos antimotines, quienes lanzaron gases lacrimógenos en caseríos y también piedras contra los manifestantes que huían de los ataques. Con este accionar afectaron a personas de todas las edades que se encontraban en viviendas, afectando a niños, niñas adultos mayores y personas enfermas con su operativo irracional.
Nos solidarizamos con las familias afectadas y rechazamos enérgicamente la criminalización de la protesta social, que es un derecho. Los abusos policiales deben ser erradicados inmediatamente en el país.
FECON, 9 de octubre de 2020
Foto de cabecera: Transmisión de TV Live Guanacaste (08/10/2020)
Publicado por FECON en https://feconcr.com/noticias/fecon-ministro-y-director-de-fuerza-publica-deben-renunciar-por-la-agresion-en-canas/ y compartido con SURCOS por esta organización ecologista.
Pablo Sibar expone la situación actual de la lucha de los pueblos indígenas
En un video compartido con SURCOS por el dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) Pablo Sibar comenta acerca del desalojo de Kono Ju y la desestimación del caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz.
Le invitamos a escuchar su exposición:
El video original enviado a SURCOS también puede verse siguiendo este enlace:
UNDECA, BUSSCO y movimiento sindical convocan a movilizaciones
SURCOS recibió el siguiente comunicado:
“Estimadas compañeras y compañeros:
UNDECA, el BUSSCO y el Movimiento Sindical Firme en la Lucha hemos venido consolidando un proceso de unidad en la acción, contra el traslado de las consecuencias de 4 décadas de gobiernos neoliberales a la clase trabajadora y al pueblo costarricense.
Iniciamos con acciones de lucha, en el mes de setiembre, con las caravanas patrióticas y los perifoneos que recorrieron el país de frontera a frontera y de mar a mar, que tenían el objetivo de concientizar al pueblo de las consecuencias nefastas de este modelo, de proyectos de ley nocivos y de las acciones político empresariales que convirtieron a Costa Rica en el noveno país más desigual del mundo.
En reunión realizada hoy, 3 de octubre, analizamos las pretensiones de los partidos PAC, PLN, PUSC y pseudocristianos, que a través de proyectos e iniciativas de las élites político empresariales, promueven: el desfinanciamiento y privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, desmantelar el Estado, llevan a condiciones de esclavitud a la clase trabajadora, que aumentan impuestos y reducen salarios y pensiones, incrementando la desigualdad, el desempleo y la pobreza, en ese sentido apoyamos toda iniciativa ciudadana de lucha y movilización.
Por esas y otras justificadas consideraciones acordamos las siguientes acciones:
1.- Martes 6 de octubre: concentración frente a la estatua de León Cortés a las 9:00 am, con movilización en vehículos y otros medios, hacia la Asamblea Legislativa. Deberemos organizarnos para garantizar la participación de los compañeros y compañeras que les sea posible, que estén en otras jornadas y cualquier otra modalidad que se considere conveniente. (Ultimo día antes del receso de los diputados)
2.- Miércoles 14 de octubre: manifestación en vehículos o cualquier otro medio en la zona del Aeropuerto Juan Santamaría, a las 9:00 am, con la participación de compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones, principalmente de la Gran Área Metropolitana. En las mismas condiciones que el próximo martes.
3.- Lunes 19 de octubre Día de la gran Protesta Nacional. Se realizará un llamado a paro nacional. Las condiciones y puntos de movilización se informarán oportunamente
En cualquier caso, sea en vehículo, moto, en bicicleta, a pie debe aplicarse los protocolos sanitarios establecidos.
Saludos.
Martha E. Rodríguez G.
UNDECA.
San José, 03 octubre de 2020”
Denuncian agresión policial contra cabécares recuperantes de Yuwi Senaglö
SURCOS recibió el siguiente comunicado:
«Recuperadores y recuperadoras cabécares de China Kichá denunciamos agresión policial en la madrugada del domingo 04 de octubre del 2020.
Domingo 04 de octubre 2020. La Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencian un ataque del ente policial contra los y las recuperadoras cabécares que se encontraban en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre.
Alrededor de la 1:40 a.m. la Fuerza Pública se dirigió a los y las recuperadoras que se encontraban resguardando el corral en ese momento, indicando que habían recibido amenazas por parte de los terratenientes y que debían trasladar a un lugar seguro a personas con alto riesgo. Así, la Fuerza Pública trasladó a una adulta mayor y a un menor de edad que se encontraban en Yuwi Senaglö.
Tras el traslado, los oficiales de la Fuerza Pública indican a las y los recuperadores que deben salir del terreno recuperado para evitar agresiones. Los últimos se niegan y es la Fuerza Pública la que sale de Yuwi Senaglö y deja a las personas cabécares a su suerte.
Minutos después de la supuesta salida de la Fuerza Pública, son arrojados gases lacrimógenos al corral; llenando de gas las inmediaciones en las que se encontraban las personas recuperadoras. Tras disiparse el gas, l@s recuperador@s constatan que no había presencia de personas no indígenas en el corral ni en otros lugares aledaños, ni antes ni después de ser lanzados los gases. Asimismo, en un patrullaje realizado por recuperadores, en vista de la amenaza, fue visto un policía, en un bananal aledaño, con gas pimienta y que también se preparaba para el ataque.
El accionar de la policía es extraño en el tanto no hay muestra alguna de un ataque por parte de las personas no indígenas, además de que el día anterior -sábado 03 de octubre- fue un día tranquilo en el que no fueron reportados incidentes en ninguna de las recuperaciones y tampoco en el centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Además, es la Fuerza Pública la que informa de la supuesta amenaza y es la que se retira del lugar.
También, luego de que los gases si disiparan, funcionarios de la Fuerza Pública se dirigieron al corral caminando tranquilamente, sin ninguna patrulla, supuestamente para saber qué había sucedido durante el supuesto ataque. Todos los hechos evidencian que el accionar policial pretendía amedrentar a los y las recuperadoras cabécares y procurar su abandono de Yuwi Senaglö. Asimismo, es importante señalar que la casa, donde se encuentra atrincherado Miguel Vargas, fue abandonada por la Fuerza Pública por unos minutos y también fue el primer lugar en el que se apersonaron policías.
Ante ello:
– Denunciamos como recuperador@s cabécares que fuimos atacad@s por la Fuerza Pública en un intento por asustarnos y sacarnos de Yuwi Senaglö. Insistimos que NO abandonaremos ninguno de los cinco terrenos que dignamente hemos recuperado.
– Denunciamos que desde el jueves 30 de septiembre el Gobierno, en voz de Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad Pública, aceptó no poder garantizar la vida e integridad física de l@s recuperador@s e insistió en que se abandonara Yuwi Senaglö sin NINGUNA acción concreta respecto a las recuperaciones de tierras o a la situación de tensión que se vive en el Territorio Cabécar de China Kichá.
– Exigimos una investigación que como mínimo contenga: 1) los detalles de la amenaza que recibió la Fuerza Pública por parte de los terratenientes; 2) el nombre de los funcionarios de la Fuerza Pública que se encontraba en el lugar; 3) los detalles de los indicios visualizados del supuesto ataque por parte de no indígenas; 4) el nombre del oficial que dio la orden de arrojar gases lacrimógenos y; 5) una rendición de cuentas exhaustiva sobre el accionar de la Fuerza Pública. Que se lleven a cabo los procesos administrativos y judiciales contra quienes nos violentaron este 04 de octubre.
– Demandamos a la Fuerza Pública y al Ministerio de Seguridad Pública a que garantice la vida e integridad física de los y las recuperadoras cabécares de China Kichá, tal y como lo demanda la Constitución Política. Que se abstengan de atacar a quienes dignamente recuperamos terrenos en vista de la inacción y omisión del Estado costarricense.
– Demandamos al Ejecutivo a que realice acciones REALES en los procesos de recuperación de tierra-territorio en China Kichá y en los otros Territorios. No dejamos de insistir que la paz para los Pueblos Originarios no es posible si en nuestros Territorios hay presencia de personas no indígenas.
Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kelpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur
*Adjuntamos fotografías de los cascos de los gases arrojados contra las y los recuperadores en horas de la madrugada».
Hablemos de IVM: vacilan a “Reymundo” y a “todo el mundo” zancadillean a cotizantes, pensionados y mesa de diálogo – Parte IV
M.Sc. Rodrigo Arias López
Lic. Rafael Ángel Ugalde Quirós
Póngase de buen humor. No se estrese, pues está en una de las naciones más felices del mundo. Y para que su memoria no corra el riesgo de atrofiarse, comenzamos recordándole que tres años atrás la Junta Directiva (JD) de la CCSS haciendo uso de sus competencias convocó a una Mesa de Diálogo (MD) para analizar seriamente opciones de reforma del seguro IVM. La MD presentó 34 recomendaciones ante ese órgano encargado de “Dirigir y fiscalizar la CCSS”. Pero pasados 1095 días – no se resta el día bisiesto de 2020- los asegurados de IVM y la MD esperan como estatuas de yeso los resultados de las recomendaciones ¿Cuáles se acogieron? ¿Cuáles se descartaron? ¿Cuáles fueron los motivos para descartar esta o aquella recomendación? ¿Qué impacto tuvieron las recomendaciones acogidas?
¡Suave! No se desilusione. Ya supimos que la JD convocó de nuevo, ahora sí, con carácter de emergencia, a otro análisis situacional, sin saberse nada de las conclusiones y recomendaciones de hace tres años.
En la primera convocatoria, si bien no hubo aporte de la MD, el golpe más fuerte fue con premura, secretismo y marginando a aquellos costarricenses que más necesitan una pensión. No había pandemia ni había compras masivas de mascarillas, ni déficits, etc, aunque hubo alguna oposición a los esfuerzos de la MD, eso no evitó que nuevamente “estallara” un riendazo contra el bolsillo de los cotizantes y pensionados de IVM más humildes, quienes reciben las pensiones más bajas. Lo hicieron evitando que tuviera luz propia el artículo 29 del Reglamento de IVM, para que su fin no se materializara. Si esas decisiones de la JD se hubieran tomado con justicia significaría, según estimaciones que hemos realizado, que hoy unos 140.000 pensionados de IVM estarían recibiendo una pensión mensual de aproximadamente ₡158.000, en lugar de un monto inferior, pues la pensión mínima vigente en el primer semestre de 2020 fue ₡136.865 (Ver Hablemos de IVM Parte I: https://surcosdigital.com/hablemos-de-ivm-parte-i/). Con esa decisión el “ahorro” anual en 2020 será del orden de los ₡28.000 millones según nuestros cálculos; pero fue multiplicado por más de cinco en las sesiones de JD donde salieron los espantos. Ninguna de las propuestas de la MD tres años atrás tendría un impacto de esa envergadura; pero el acuerdo fue tomado sin consultar a nadie, por unanimidad, incluyendo el voto de los representantes de los trabajadores, quienes deben una explicación.
El manoseo de la denominada Base Mínima Contributiva (BMC) ya le ha ocasionado escamoteo de recursos a los seguros sociales más de una vez. Algunos nos han vacilado más que otros; pero, al fin y al cabo, hemos terminado vacilados. Recordemos que en el año 2000 la Ley de Protección al Trabajador le ordenó a la CCSS universalizar el seguro a trabajadores independientes. Entonces la JD acordó que la BMC se aumentara gradualmente desde un 66% del Salario Mínimo Legal (SML) en el año 2000 hasta un 100% del SML a partir del año 2016. En el gobierno del Partido Liberación Nacional la JD hizo gala de su extraordinaria independencia, anuló ese acuerdo y mantuvo fija la BMC en ₡101.000 durante 4 años, cayendo a un 55% sobre el SML en el año 2012. La “hemorragia” multimillonaria de aportes ocasionó la debacle del seguro de salud en 2011. Con la lección aprendida la JD aprobó en el año 2013 aumentar gradualmente la BMC; sería el 85,9% del SML a partir del 1/10/2017; el 92,95% del SML desde el 1/10/2018 y 100% del SML a partir del 1/10/2019 (Ver ítem VIII) en: https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiUeG7bryCGhOkIoz).
Por otro lado, el 28/6/2016 la JD reformó el artículo 29 del Reglamento de IVM, incluyendo en él la obligación del Estado de financiar el costo de la garantía de la pensión mínima (PM) cuando el monto de la pensión resultara inferior a la mínima vigente. A ese artículo le adicionaron el texto en negrilla siguiente:
“Artículo 29.- (…) La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal. (…)” (El subrayado es nuestro).
En julio de 2018 la PM de IVM era de ₡134.169, por lo que resultaba superior a ₡128.960, que era el 50% de la BMC; sin embargo, a partir del 1/10/2018 debido al aumento de la BMC al 92,95% del SML, el 50% de la BMC subiría a ₡139.544, por lo que en aplicación del artículo 29, la PM debía aumentarse un 4% (₡5.375), para que no resultara inferior a ₡139.544. A partir del 1/10/2019 la PM tenía que aumentarse a la mitad del SML (BMC = 100% del SML), por lo que a esa fecha la PM tenía que ser ₡154 572, es decir, debía tener un aumento de un 10,8% o ₡15.028. Fue cuando decidieron evitar que eso sucediera, quitándole responsabilidades dadas al Estado y golpeando injustamente a cerca de 140 mil pensionados.
En el artículo 6 de la sesión N° 8991 de JD celebrada el 24/9/2018 fueron presentadas dos alternativas de reforma: 1) aumentar la BMC solo con la inflación de los precios, para lo cual era necesario dejar fija la BMC en alrededor de un 87% del SML, y 2) reformar el artículo 29 del Reglamento para garantizar un 40% de la BMC en lugar de 50% (Ver artículo 6°: https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGK1qgko3roIjx0p).
En esa sesión la mayor preocupación, según el Gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, era lo “qué podríamos hacer para cubrir el financiamiento”, pues según las estimaciones presentadas por el Lic López Vargas, Jefe Actuarial, “(..) si nos vamos al 2020, nos damos cuenta de que la diferencia ya es de ciento cuarenta y siete mil millones de colones en el gasto con criterio y con otro criterio de reevaluación, esto definitivamente va a impactar no solamente el flujo de efectivo, sino la sostenibilidad del fondo a mediano y largo plazo.” (Las letras en negritas son nuestras). No obstante, como dijimos, según nuestras estimaciones independientes, esa cifra podría estar inflada varias veces.
En la sesión mencionada el directivo de la Caja, Devandas Brenes, recordó que ese costo era por cuenta del Estado, según dispone el artículo 29, ante lo cual el Gerente de Pensiones ya indicado, señaló: “Sí, ahí debería ser un nuevo cálculo, entonces, lo que estamos planteando es hacer el nuevo cálculo y un nuevo cobro al Estado, que ya hemos visto las dificultades para pagar el 0.66%. Si ya le cobráramos 1.6%.” (Las letras en negritas son de nuestra responsabilidad).
El asunto se estaba saliendo de control por lo que el Lic. López, quien en su momento dijo a los costarricenses: “pueden estar seguros, IVM es sostenible” (https://historico.semanariouniversidad.com/pais/director-actuarial-de-ccss-guillermo-lpez-costarricenses-pueden-estar-seguros-ivm-es-sostenible/), calmó los ánimos de los directivos, diciendo: “En realidad, no se está afectando a nadie, más bien esta propuesta tiene un carácter preventivo para que el gasto no se dispare, no se está afectando ningún criterio de incremento en el monto de las pensiones, aunque sea para mantener el poder adquisitivo que es el mismo criterio que aplica absolutamente para todos los estratos de pensión.” En ese momento, posiblemente el “actuario” olvidó al calor de la discusión que, cuando Eduardo Doryan fue presidente ejecutivo de la Caja, la PM se aumentó un 142% y la pensión máxima un 130%.
Luego la discusión se desvió hacia la MD: “La directora Jiménez Aguilar expresa: ¿Y esa fue una propuesta de la mesa de diálogo? Al respecto, indica don Guillermo López: No, la mesa de diálogo no ha visto el tema, es un ajuste automático que se da a la normativa que estaba ahí.” (Destacados nuestros).
El tema de la publicidad también resultó una preocupación. Como la reforma al artículo 29 requería de publicación en el Diario Oficial la Gaceta, la JD en el Artículo 8 de la sesión N° 8992 de JD, celebrada el 27/9/2018 (Ver Artículo 8°: https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGOvfTuMiEhuWP5H) se inclinó por modificar el acuerdo sobre la BMC del año 2013, para reducir el crecimiento de la BMC. En esa sesión también se acordó: “Instruir a la Gerencia de Pensiones y a la Dirección Actuarial y Económica generar opciones con sus impactos económicos como insumos para la convocatoria de una Mesa de Diálogo.” (Negrillas suplidas).
Finalmente, en el artículo 25 de la sesión de JD N° 9072 celebrada el 19/12/2019, la JD acordó: “instruir a la Gerencia Financiera para que se mantenga la Base Mínima Contributiva en 87% del Salario Mínimo Legal vigente del trabajador no calificado genérico, en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.” (Destacado es nuestro, ver artículo 25°: https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGRU8Fs6FfwyppBE).
Ese acuerdo se adoptó a pesar de que había un impacto negativo en los ingresos de aportes de IVM cercano a los ₡16.500 millones para el año 2020, por lo que el impacto neto sería de ₡28.000 millones menos ₡16.500 millones, o sea, ₡11.500 millones. Pero valía la pena según los políticos de la CCSS, porque postergarían dos años la fecha esperada de bancarrota de IVM y de carambola le hacían un enorme favor al gobierno de turno, que pide y pide a bancos internacionales, aunque fuera a costa de las zancadillas a la MD y a los más necesitados. Las facturas de estos préstamos las pasarán.
Extraña, según las actas, que ningún directivo mostrara interés en conocer cuántos pensionados se verían afectados por esa decisión. Tampoco se sabe si los directivos conocían que el impacto anual de ₡147.000 millones que les mostraron para 2020, era más de 5 veces el monto real. En las actas no está claro que alguno haya puesto en duda esas cifras, a fin de cumplir el deber de dirigir y fiscalizar la Caja.
¡Ay, compadre, cuidado con zancadillas en tiempo de pandemia!
NR: Lea también la parte uno: Hablemos de IVM, la parte dos: Mega huecos presupuestarios contra la CCSS, y la parte tres: Sala Primera consideró desvío de fondos en la CCSS
I Congreso Mundial en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo: resoluciones
Sindicatos y gremios de les trabajadores de la educación del sector básico, medio y universitarios, de la ciencia y la cultura, colectivos de investigadoras(es) y educadores(as) populares del mundo, así como actores sociales, reunidos de modo virtual, los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el I Congreso Mundial de educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo resuelven:
Resolución Primera: difundir ampliamente la Declaración final del Congreso Mundial de Educación 2020: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo, así como cada uno de sus acuerdos. En ese marco las organizaciones participantes la enviarán a los Ministerios de Educación o sus equivalentes, los medios de comunicación, las centrales sindicales, la UNESCO y los organismos multilaterales el próximo 5 de octubre, como expresión de las resistencias en el día mundial de los y las docentes. Para ello, se traducirá al inglés, portugués y francés.
Los debates del I Congreso Mundial de educación 2020: en defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo Educativo están disponibles en canal de YouTube de Otras Voces en Educación
Comité Organizador
I Congreso Mundial de Educación 2020
En defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo educativo
En el siguiente enlace podrá ver las resoluciones:
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/361270
Declaración final del I Congreso Mundial en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo
25, 26 y 27 septiembre 2020
Sindicatos y gremios de les trabajadores de la educación del sector básico, medio y universitarios, de la ciencia y la cultura, colectivos de investigadoras(es) y educadores(as) populares del mundo, así como actores sociales, reunidos los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el I Congreso Mundial de educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo declaramos que:
La pandemia del COVID-19 generó una situación inédita de parálisis global programada, que desnudó las profundas desigualdades del sistema, pero que también se convirtió en una oportunidad para el gran capital en su propósito de avanzar en una redefinición de sus procesos y dinámicas, con elementos de mayor exclusión y dominación. La ola de privatizaciones de los servicios básicos y de interés social ocurridas en las últimas décadas, hizo que los sectores sociales más empobrecidos y la clase trabajadora fueran los más afectados por la crisis de la pandemia.
Tal parálisis se imbricó con la crisis económica del capital que venía eclosionando en una nueva recesión económica mundial. En ese contexto vimos surgir gobiernos neo- conservadores con políticas de corte fascista como el de Trump o Bolsonaro, que con sus políticas negacionistas de los riesgos para la salud del COVID-19 llevaron a miles de seres humanos a los hospitales y a la muerte. Muchos gobiernos, siguiendo el ejemplo de Trump y Bolsonaro, privilegiaron las ganancias por encima de la vida humana. Esto debe ser enfrentando por los pueblos y sus organizaciones sociales y sindicales en el plano de las ideas, la movilización y la organización.
La actual coyuntura mundial es de crisis profunda del sistema capitalista que lo lleva, una vez más, a intentar colocar sobre las espaldas de los y las trabajadores los costes de esta situación.
Con lo que respecta a educación, la pandemia del COVID-19 ha servido de pretexto para avanzar en la agenda neoliberal de sociedad educadora, la cual se concreta con novedosas formas de privatización educativa, asociadas al acceso a la conexión a internet y la posesión de equipos para participar en las clases remotas y virtuales.
El experimento de la virtualidad en casa está siendo usado para colocar una disputa que no existía en febrero de 2020, entre educación presencial en la escuela versus educación virtual en casa. El capitalismo sabe que no puede suprimir de manera impune y rápida las escuelas, pero está creando el imaginario social sobre la obsolescencia de lo escolar. Con ello procura dar entrada a las corporaciones tecnológicas y de contenidos educativos digitales al “mercado educativo”, lo cual va acompañado de una desinversión sostenida en la actualización y formación docente para contextos digitales como el actual.
La propuesta de educación virtual, híbrida y multimodal ha encontrado a millones de niños, niñas y jóvenes sin posibilidades reales de continuar sus estudios. No son ellos, los y las jóvenes y los más chicos(as) quienes están dejando los estudios, es el sistema capitalista quien los está dejando fuera, al romperse el papel igualador de condiciones de aprendizaje asignado a la escuela.
A pesar de ello, la docencia internacional ha asumido por cuenta propia y con el acompañamiento de sus gremios y sindicatos la tarea de actualizarse para enfrentar los actuales desafíos pedagógicos. Los educadores del mundo somos un digno ejemplo del compromiso con la continuidad del derecho a la educación, en condiciones cada vez más adversas, quienes hemos garantizado de manera real el sostenimiento del vínculo pedagógico con los y las estudiantes.
Los/as docentes han sido sometidos al acoso laboral, sobre carga en sus horarios y tareas, encerrados/as en sus casas, resolviendo por su cuenta la continuidad de la actividad educativa. Situación que además, ha incrementado la jornada de trabajo por las tareas de cuidado y sostenimiento del hogar, afectando especialmente a las trabajadoras docentes con hijes menores o adultes mayores a su cargo. Esto lo ha hecho el magisterio mundial con el mínimo o ningún reconocimiento de los gobiernos.
Ello no oculta la emergencia de nuevas formas de privatización, al transferir a las familias, docentes y estudiantes las responsabilidades de los Estados nacionales de garantizar las condiciones mínimas para ejercer el derecho a la educación. Son ahora las familias, docentes y estudiantes quienes deben comprar o repotenciar computadoras, pagar planes de datos para el acceso a internet e incluso adquirir plataformas privadas para poder dar clases virtuales. Esta privatización está siendo ocultada con una estruendosa cortina de humo comunicacional de los gobiernos algunos de los cuales, incluso, han sostenido un supuesto éxito educativo en la pandemia, con frases oportunistas sobre la vocación docente.
Algunos gobiernos de manera irresponsable han intentado convocar a una vuelta a clases en medio del ascenso de los contagios, sin que aún se cuente con una vacuna y sin las adecuadas condiciones de bio seguridad, cuestión que expresa con claridad que sus mayores preocupaciones están en reactivar la economía capitalista en crisis, a costa de la seguridad y vida de les niñes, familias y les trabajadores de la educación, exponiendo a la inmunización por rebaño.
Mientras el capital hoy defiende la escuela como guardería y sitio para transmitir conocimientos funcionales al modo de producción, nosotros defendemos la escuela del pensamiento crítico, de la solidaridad, del encuentro humano, del vínculo con la transformación social.
La actual crisis ratifica viejas certezas al tiempo de instalar nuevos desafíos. La certeza según la cual la experiencia educativa ineludiblemente se sostiene en una actividad presencial ha recuperado nuevamente valor para el ejercicio docente, tan denostado por la mercantilización educativa neoliberal. Con todo ello, el retorno a las aulas y a la presencialidad no puede ser un regreso a aquella realidad naturalizada de desigualdades expresadas antes de marzo 2020 y con dramatismo durante la pandemia.
El desafío que enfrenta la generación de trabajadores y trabajadoras de la educación en el presente es aún mayor: se trata de pensar y construir respuestas, no solo para la coyuntura, sino que desde el presente de resistencias se pueda trazar un horizonte estratégico, que pasa ineludiblemente por la construcción de alternativas pedagógicas que sustenten una nueva escuela, una nueva universidad.
Asumir de la manera más consistente y responsable este desafío, supone ir más allá de las fronteras nacionales puesto que lo que está en juego es precisamente la superación de la crisis de un modelo globalizado de educación neoliberal.
La universidad pública intenta ser tensionada por el capital hacia modelos de privatización, lo cual demanda un renovado compromiso con su carácter público, algo que forma parte de nuestras preocupaciones centrales.
Por ello, este I Congreso Mundial de Educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo acuerda:
Primero: condenar de manera firme y contundente este nuevo modelo de privatización educativa que se intenta imponer en el marco de la pandemia del COVID-19. Por ello, se insta a los gobiernos, a que en el periodo que aún resta de la pandemia se garantice el acceso universal y gratuito al internet y los planes de datos, así como la dotación de equipos de computación a docentes y estudiantes. La crisis generada por el COVID-19 no puede ser un pretexto para imponer el paradigma neoliberal de sociedad educadora ni para descargar sobre los y las trabajadoras(es) la actual crisis económica mundial;
Segundo: declarar por unanimidad que la educación pública, gratuita, popular, laica, científica, no sexista, no racista y de excelencia es para nosotres entendible en un marco de presencialidad, encuentro, diálogo y construcción compartida del conocimiento en las aulas e instituciones educativas, y siempre al servicio de los problemas globales, nacionales y locales de las grandes mayorías Por ello, denunciamos los intentos de las grandes trasnacionales y corporaciones tecnológicas de promover el modelo de educación en casa, como una ruta para elevar sus ganancias en detrimento de las necesidades humanas de aprendizaje de los pueblos;
Tercero: la presencialidad no se opone al uso de la innovación tecnológica en las escuelas, liceos y universidades, pero ello demanda el desarrollo de plataformas virtuales independientes y nubes digitales soberanas en manos de los sistemas educativos nacionales y las organizaciones sindicales del magisterio. Este tema se convierte en central en la lógica de frenar nuevas formas de dependencia científica y del conocimiento derivadas de la dependencia tecnológica. La docencia mundial tiene el saber pedagógico para trabajar desde cada especificidad el conocimiento que se corresponda al desarrollo tecnológico en las aulas con una perspectiva igualitaria, de justicia social, anti patriarcal, feminista, ecológica, crítica, emancipatoria, de defensa de nuestra memoria histórica y los pueblos ancestrales y anticapitalista;
Cuarto: Ante la desinversión educativa que viene ocurriendo en el marco de políticas neoliberales, lo cual se expresa en el deterioro de las condiciones de trabajo y salariales de les docentes, planteamos a la OIT y la UNESCO la urgencia de producir una nueva actualización de las “Recomendaciones de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966)” y de las “Recomendaciones de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior” (1997), así como de sus revisiones posteriores. Se debe garantizar el respeto a los derechos laborales de la docencia, con pleno acceso a la formación y actualización permanente, gratuita y en servicio, a cargo de los estados y las instituciones educativas.
Quinto: es urgente abrir un diálogo educativo abierto y permanente con las organizaciones de los/ las estudiantes y sus familias que defienden el derecho a la educación en los nuevos contextos de asedio de las corporaciones tecnológicas, para con ellos y ellas construir rutas de trabajo compartidas;
Sexto: establecer un plan de unidad en las luchas que se exprese en la solidaridad activa con todas las formas de defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo que se libren en los territorios locales, nacionales, continentales y mundiales. En ese sentido trabajaremos en una ruta unitaria que permita el establecimiento de la segunda semana de junio de 2021 como la semana mundial de movilizaciones en defensa de la educación pública, la ciencia y la cultura, en la cual se coordinen organizaciones de les trabajadores de la educación, asociaciones de familias y estudiantiles. Trabajaremos en el post congreso para impulsar la Marcha Global de les Trabajador@s de la Educación, los estudiantes y las familias y la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultura;
Séptimo: Transformar el Grupo de Contacto Internacional que posibilitó llegar a este Congreso Mundial, en el Espacio de Encuentro Global de las Luchas en Defensa de la Educación Pública con el propósito de allanar el camino para la conformación de un espacio estable y permanente, la Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores(as) de la Educación.
Octavo: se aprueba emitir por separado las declaraciones de solidaridad con las luchas de los pueblos y el movimiento pedagógico que fueron presentadas ante la mesa de debates.
Participantes en el I Congreso Mundial de educación 2020: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo
Luis Bonilla-Molina (OIREPOD), Claudia Baigorria (CTA-A, Argentina), Pedro Hernández (CNTE, Sección 9, México),Mercedes Martínez (FMPR, Puerto Rico), David Lobao (SINASEFE, Brasil), Fernando Abrego (ASOPROF, Panamá), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Eduardo González (MUD, Chile), Luz Palomino (CII-OVE), Nelson Alarcón (FECODE, Colombia), Jorge Dorantes Silva (CNSUESIC, México), Vladimir Laura (CONMAURB, Bolivia), Denis Solis (ASPE, Costa Rica), Luis Tiscornia (CONADU-H, Argentina), Rosa Berrio (USTEC-STES-IAC, España), Mari Luz González (STES, España), Secretaria General de la FERC Francesa, Albert Sansano (FME,FSM), Laura Isabel Vargas (UNE, Ecuador), Laura García Tuñón (ENDYEP, Argentina), Andrea Zilbersztain (CEIP-H Argentina), Ernesto Aguilar Mondragón (CNSUESIC, México), Aníbal Navarrete (Chile), Lev Velásquez, (CNTE, México), Richard Araujo (APOESP, Brasil), Alfredo Cáceres (SUTEBA Tigre, Argentina), Andrés Quisphe (UNE, Ecuador), Carlos Munevar (La Roja, Colombia), Casey Davison (Sidney Australia), César Valdovinos (CINPECER, México), Faustino Celestino Martínez (Monterrey, Nuevo León, CNTE, México), Fredy Mamani (Maestros Rurales, Bolivia), Julia McRae (Surrey Teachers´ Association, Canadá), Gamaliel Guzmán Cruz (CNTE, Michoacán, México), Luis Sánchez (AEVE, Panamá), Miguel Ángel Hernández (SITRAIEMS, México), Pavel Escobar (CNTE, Chiapas, México), Sara Chambers (CTU, Chicago), Dermeval Marins de Freitas (SEPE, Brasil), Yesid González (ADE, Colombia), Miguel Rivera González (FMPR, Puerto Rico), Luis Miguel Dorry (OVE México), Rebecca Garelli (National Educators United, Arizona, EEUU), Pedro Gómez Bámaca (CNTE, Sección 7 Chiapas, México), María del Carmen López (MAEC, Oaxaca), Orlando García (ASOMOGRERP, Panamá), Gustavo Teres de Rosario (AMSAFE, Argentina), Lorena Gordillo (SUTE, Mendoza, Argentina), William Velandia (FECODE, Colombia), Luis Miguel Cisneros (Investigador, México), Eblin Farega (ANDES, Brasil), Luis Tiscornia (CONADU-H, Argentina), Antonio Elías (Uruguay), Daniel Libreros (UN, Colombia), Daniel Jorge (FERC CGT, Francia), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú) Marc Casanovas (USTEC, STES-IAC, Cataluña), Sidney Kgara (NEHAWU, Sudáfrica), Denis Solis, (ASPE, Costa Rica), Julieta Kusnir (Los Ángeles, EEUU), Luis Edgardo Salazar (FECODE, Colombia), Monique Dols (Nueva York, EEUU), Raúl Gil (Uruguay), Sebastián Henríquez (SUTE, Mendoza), Vicent Mauri (Intersindical de Valencia), Sheila Ceccon (Instituto Paulo Freire, Brasil), Nelsy Lizarazo (CLADE), Mari Luz González (STES, España), Cecily Myart-Cruz (Presidenta UTLA), María Elisa Salgado (SUTEBA Tigre), Nelva Reyes (CGTP – Panamá), Luis Bueno (CNSUESIC, México), Toninho Alves (FASUBRA, Brasil), Rosa Cañadel (España), Elizabeth Búrigo (Brasil), Rose Mary Hernández (FOVEDE, Venezuela), Carolina Jiménez (CLACSO Colombia), Trino Barrante (SINDEU, Costa Rica), Estela Gramajo (Intergremial de Formación Docente, Uruguay), Fernando Gómez (COAD, Argentina), Roberto Aguilar (Bolivia), Hugo Aboites (México), Shirley Florencia de la Campa (México), Pedro Hernández Castillo (ASPU, Colombia), Denis Chávez (Universidad de Panamá), Leopoldo Munera (MANPUP, Colombia), Xavier Diez (Intersindical, Cataluña, España), Albert Sansano (FME/FSM) Ángel Rodríguez Rivera (Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APPU, Puerto Rico), Osvaldo Coggiola (ANDES Brasil), Eloy López Hernández (CNTE, Sección 22, México), Karina Bathyany (CLACSO), Beatriz Introcaso (COAD, Rosario, Argentina), José Cambra (ASOPROF, Panamá), Marcela Browne (Argentina), Oscar Hernández Neri (Red de Universidades Alternativas, RUA, México), Gustavo Adolfo López Torres (ASPU – UPN, Colombia), Sandra Lario (Argentina), Luis Miguel Dorry (OVE), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz, Colombia), Edgar Isch (Ecuador), Tere Garduño (México), Anaida Colón (Chapman, EEUU), Ángela Zambrano (Ecuador), Peter McLaren (EEUU), Henry Giroux (Canadá), Bill Ayers (EEUU), Francisco Cabrera Romero (GIPE, CEAAL), Fernando Lázaro (CEIP-H, Argentina), Oscar Jara (CEAAL), Jurjo Torres Santomé (A Coruña. España), Erika Candelaria Hernández (Oaxaca, México), Jesús Alemancia (Red Mesoamericana Alforja), Martha Alfonso (Fecode, Colombia), Alfonzo Tamayo (Revista Educación y Cultura, Colombia), Mauro Jarquín (México), Vernor Muñoz (CME), Fernando García Culebro (Ove- Chiapas), Lourdes Urbáez (Educadora popular, Venezuela), Sócrates Silverio Galicia (CNSUESIC, México), Catherine Walsh (Ecuador), Juan Carlos Cascos (Kairós), Ezequiel Alfieri (Argentina), Valeria Rojas Urrea (Coordinadora de Federaciones de Trabajadoras(es) de la Educación, Chile), Mariano Isla (Asociación de Pedagogos de Cuba), Luis Huerta-Charles (EEUU), Lara María Bertolini (Travazona, Argentina), Enrique Diez (Investigador, España), Nano Balbo (Argentina), Teresa Vélez (FMPR, Puerto Rico), Janeth Motato (Consejo Regional Indígena del Caldas, CRIDEC, Colombia), Juan Ramírez (UTLA, EEUU), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por el Derecho a la educación), Fernando Santana (CEIP-H), Edwin Morales Laboy (FMPR, Puerto Rico), Maura Elena López Aguilar (CNTE, Sección 34, Zacatecas, México), Víctor Manuel Fernández Andrade (Magisterio Zacatecas, México) y diez mil seiscientos ochenta y un (10.681) inscritos e inscritas, quienes participaron activamente en los debates a través del YouTube de Otras Voces en educación y los Facebook live, Instagram live y Twitter live de las organizaciones participantes
FRENAPI: Bicentenario está manchado de sangre
No nos sorprende la intención de querer dejar impune el ASESINATO de Sergio Rojas Ortiz, nos sorprende que no lo hayan disimulado.
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
FRENAPI. El 24 de setiembre del 2020, se dio a conocer que el Ministerio Público de Costa Rica solicitará desestimación/archivo del expediente del caso del ASESINATO de nuestro hermano de lucha Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW).
RECHAZAMOS Y DENUNCIAMOS la incapacidad del Estado costarricense para hacer valer la normativa internacional en protección de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas a la que el Estado está comprometido.
REPUDIAMOS la complicidad del Poder Judicial de Costa Rica al no asumir la protección de nuestros derechos con el debido respeto, y más bien justificar la impunidad pretendiendo respaldarse en “El entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos”. DENUNCIAMOS este tipo de manifestaciones como una clara expresión de racismo, una línea estatal holgazana y cómplice.
¿Qué nos quiere decir el Ministerio Público? ¡Ya no es suficiente con el arrebato de la vida de nuestros hermanos! ¡Ya no es suficiente con el constante asedio, intimidación y amenazas que a diario enfrentamos! ¡Ya no es suficiente con el despojo de nuestras tierras, nuestra cultura, el daño a nuestra Madre Tierra! Ahora resulta que por elementos característicos de nuestros Pueblos y de los que nace el deber de protección, como tener un entorno y forma de vida especial, ¿tenemos que aceptar cualquier crimen en contra de nuestra humanidad?
La decisión de desestimación/archivo de la causa tramitada para el esclarecimiento del ASESINATO de Sergio, no es un hecho aislado. Por el contrario, es una nueva manifestación de la violencia sistemática que desde este FRENTE hemos venido denunciando.
Días antes de conocer la decisión de la Fiscalía, no terminábamos de asimilar la intención de desalojo contra nuestras hermanas/os cabécar en Territorio China Kichá, recuperantes de Kono Jú.
Es de conocimiento nacional e internacional que consecuencia del VOTO N°288-F-2020 del TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, se dictó Medida Cautelar a favor de un finquero/empresario No Indígena orientada a que las personas indígenas recuperantes de Kono Jú salgan de sus tierras para que el finquero continúe su actividad ganadera mientras el proceso judicial finaliza. En este Voto, el Tribunal afirmó tener por demostrado que la propiedad en disputa se encuentra localizada dentro del Territorio Indígena China Kichá, a pesar de esto y por encima de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, el Tribunal indicó que con la Medida Cautelar: “Se trata de proteger la actividad productiva del empresario agrario mientras se resuelve en sentencia sobre a quien corresponde la propiedad del terreno”.
Al igual que este FRENTE, muchas Organizaciones, Movimientos, Colectivas, e incluso altas instancias internacionales mostraron oposición a la decisión judicial por el notorio irrespeto a Derechos Humanos de nuestros Pueblos. Agradecemos toda esta solidaridad por la causa indígena. Hacemos un llamado para que no nos suelten.
A las puertas del desalojo en Kono Jú, nos pegan una nueva bofetada con la noticia de querer archivar la investigación de Sergio. El mensaje que recibimos es que si continuamos en defensa de nuestros derechos, nos espera el máximo nivel de violencia bajo la complicidad del Estado. Denunciamos nuevamente que la respuesta del aparato estatal, envalentona a las personas No Indígenas usurpadoras.
El día de hoy 28 de septiembre del 2020, este FRENTE tiene conocimiento de una nueva recuperación en el Territorio China Kichá, en la finca Yuwi Senaglö. En un contexto cargado de racismo, de impunidad, de exterminio sistemático de nuestros Pueblos, esta acción en defensa de nuestros Derechos Humanos, es muestra del valor espiritual y corporal de nuestra lucha, confiamos en que son nuestras/os ancestras/os y nuestra Madre Tierra quienes guían nuestro empuje. Todo nuestro apoyo a las hermanas/os cabécar en esta nueva recuperación y desde ya responsabilizamos al Estado/Gobierno de cualquier agresión en su contra.
¡No nos silenciarán! ¡Nuestra voz será escuchada! ¡El Proceso de Afirmación Territorial Autónomo (PATA), acordado desde el 2010 resiste y se extiende! ¡Sergio VIVE en la resistencia de cada recuperación!
Que no quede duda que todos los hechos criminales en nuestra contra se han perpetrado bajo
complicidad de los aparatos del Estado, quedando impunes por: débiles, lentas e insuficientes prácticas de investigación de parte de las Oficinas encargadas del Poder Judicial.
Iremos hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento del ASESINATO de Sergio, así como de tantos otros crímenes y violaciones de Derechos Humanos a nuestros Pueblos.
Para ello ANUNCIAMOS la propuesta de crear el Centro de Derechos Humanos Uniwak, Sergio Rojas Ortiz, al que le buscaremos los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que pueda operar en nuestra representación y a favor de nuestros Derechos Humanos.
¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
28 DE SEPTIEMBRE, 2020
Encuentro Nacional rumbo al Congreso Mundial en defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo Educativo
DECLARACIÓN
La actual pandemia por el COVID–19, impuso sobre la sociedad, un confinamiento generalizado a nivel mundial sin precedentes. De esta forma, logró inmovilizar, aunque no completamente, a los diversos movimientos sociales anticapitalistas, de tal modo que cimbró sus lógicas organizativas y de resistencia política. Esta circunstancia ha sido aprovechada por los gobiernos para favorecer a las corporaciones del capitalismo informático.
Es urgente que los trabajadores de la educación, la ciencia y la cultura, los académicos y los estudiantes, los movimientos sociales y populares, reinventemos y re-articulemos nuestras formas de lucha para defender la escuela pública, la cultura, la ciencia y la tecnología para poner en el centro el desarrollo humano y no el capital humano.
La pandemia paralizó los procesos educativos en el mundo. Más de 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de docentes suspendieron de manera abrupta las actividades en las escuelas y las aulas. En el caso mexicano, donde la mitad de los hogares no cuentan con computadoras ni con conexión a internet, fueron excluidos tres de cada diez estudiantes de la estrategia de educación oficial, y los que sí lograron participar, fueron expuestos a una educación virtual precaria, excluyente, bancaria y sin un método de aprendizaje creativo ni crítico. Este escenario en el que la educación en la escuela se desplazó al hogar con tiempos rígidos y actividades que invaden sus dinámicas cotidianas, tensó una crisis emocional y afectiva entre los alumnos y sus familias. A partir de este escenario sociopolítico, se agudizó la desigualdad económica, cultural y digital, así como la violencia social y de género.
Concebimos la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología como bienes públicos y derechos humanos universales, por tal motivo nos pronunciamos por el pleno cumplimiento de la universalidad y gratuidad en su acceso y disfrute, para lo cual se requiere un incremento del presupuesto del gobierno federal y de los gobiernos estatales.
También nos pronunciamos por la eliminación de todas las políticas y programas del neoliberalismo, que han promovido la privatización y mercantilización de la educación, la ciencia y la cultura. En ese sentido, demandamos la eliminación del sistema híbrido, público-privado, porque prioriza las certificaciones y acreditaciones antes que la vida y el desarrollo pleno de la salud, del aprendizaje necesario y urgente, además de promover la estandarización de la educación; porque refuerza la visión gerencial y de la reproducción de las desigualdades, al estar basado en una noción de la calidad y de excelencia, desde una perspectiva economicista y tecnocrática.
Igualmente denunciamos el uso de la pandemia para reforzar la tendencia privatizadora de la ciencia y la cultura en la educación, por medio de plataformas virtuales comerciales y de contenidos sesgados por la visión corporativa de los dueños de los espacios digitales. El capitalismo de plataformas construye la desigualdad social en el acceso al conocimiento y la comunicación, produce un apartheid tecnológico, una clase de infopobres en la que los niños y jóvenes marginados, así como los trabajadores precarizados, no pueden resolver el problema del equipo y la conectividad.
EDUCACIÓN BÁSICA
En el caso de México se entregó la rectoría de la educación, inicialmente a Google para que 36 millones de estudiantes y 2 millones de docentes fueran el mercado cautivo de la transnacional de las tecnologías digitales; en una segunda fase de la educación remota se pactó con la oligarquía de las televisoras privadas y como consecuencia su rescate económico y moral, tras una caída constante de credibilidad por sus filas conservadoras durante cuarenta años de neoliberalismo.
En contraste, se impulsa un recorte brutal a la formación inicial y continua de los docentes. Contrariamente a los preceptos constitucionales y al Plan Nacional de Desarrollo, en los que se establece el reforzamiento de las escuelas formadoras de docentes y la revalorización del magisterio, el proyecto presupuestal de egresos de la federación para 2021 contempla un recorte de 95.3% a las escuelas normales y a la universidad pedagógica nacional; para el desarrollo profesional de los docentes en el servicio educativo se proyecta un recorte del 89% y para capacitación un 49%. Las corporaciones del capitalismo informático van por el desplazamiento del magisterio, por un amplio mercado de productos educativos digitales y por la eliminación de la escuela física y presencial.
Consideramos que los preceptos bajo los cuales se confeccionó la actual reforma educativa no lograron desarraigar las imposiciones del neoliberalismo y mantienen criterios empresariales en la política educativa nacional. Por ello, no aceptamos ningún tipo de educación o de política que limite el ingreso y la permanencia de los estudiantes al Sistema Educativo y reivindicamos la lucha por la democratización de nuestro país, de la educación pública y los sindicatos.
Los trabajadores de la educación mantenemos la exigencia de ser tomados en cuenta para la aportación de propuestas para la elaboración de contenidos, diseño de actividades escolares, estrategias de simplificación administrativa y todo lo que se relacione con el quehacer educativo. Sostenemos el principio de la comunicación y la convivencia humana como el medio para la difusión, el diálogo y la construcción de los saberes y los aprendizajes.
Nos reiteramos educadores populares, porque enseñamos aprendiendo entre maestros, alumnos y padres de familia, en las comunidades y en la ciudad, a partir de la realidad de la comunidad escolar y para beneficio de la población en general. De acuerdo con ello, seguimos proponiendo y reinventado formas de educación alternativa para llegar hasta los lugares más olvidados, porque promovemos la emancipación de las personas y sus comunidades a través de una educación que fomenta la colectividad, la solidaridad, la empatía, el respeto por el medio ambiente, el pensamiento crítico, la búsqueda del bien común, el amor y la ciudadanía patriótica.
EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
Reivindicamos un proyecto de educación superior basado en las organizaciones colectivas de los trabajadores académicos, administrativos y estudiantes, que promueva una sociedad igualitaria, una formación integral y humanista, con pleno respeto a los derechos de todas y todos; que desarrolle el pensamiento crítico y creativo por medio de pedagogías críticas y liberadoras, además de responder a las grandes necesidades nacionales.
Sostenemos que las instituciones de educación superior deben ser espacios de libre ejercicio de los derechos, por lo que deben funcionar de manera democrática y gozar de una autonomía sustantiva cuyo ejercicio se debe garantizar con un subsidio público suficiente, oportuno e incondicional de carácter transexenal, no menor a los porcentajes recomendados por los organismos multilaterales como la UNESCO o la propia ONU. La autonomía debe comprender la libertad de cátedra e investigación, el autogobierno, la libertad de pensamiento y de expresión y la armonía con los derechos colectivos laborales de asociación y negociación colectiva en el plano nacional.
Demandamos condiciones de trabajo dignas para los trabajadores académicos y administrativos; un programa amplio de recuperación salarial y la eliminación de los programas unilaterales de estímulos mediante su incorporación al salario pactado bilateralmente; además de un ambicioso programa de creación de plazas de tiempo completo y de estabilidad laboral, para eliminar la precariedad en que laboran miles de profesores.
Asimismo, demandamos el respeto a las organizaciones colectivas de los trabajadores universitarios y su incorporación en las grandes discusiones nacionales sobre el proyecto de educación superior que requiere el país y sobre las políticas que se impulsarán en el sector.
Exigimos a las cámaras de diputados y senadores, así como a la SEP, que los centros, escuelas o proyectos comunitarios de las Universidades Alternativas, sean reconocidos en la Ley General de Educación Superior, como lo son las universidades privadas y públicas. Esto es una medida necesaria para alcanzar la equidad e incrementar la cobertura del nivel educativo sobre todo en poblaciones pobres, aprovechando el saber, la organización social y la cultura autogestiva de los pueblos. Además, proporcionar a estos estudiantes becas, en igualdad de circunstancias que las Universidades Benito Juárez.
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
La formación de vocaciones científicas y para la investigación inicia desde la educación básica. Fortalecer la educación desde sus cimientos con una visión de futuro y conciencia de clase de todas las áreas de las ciencias y tecnologías, es fundamental para el desarrollo integral del país.
La investigación científica requiere una formación con integridad, madurez intelectual y respeto por los principios éticos. Implica una formación sin discriminación por razones de raza, color, ascendencia, sexo, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, origen étnico, origen social, posición económica o social de nacimiento o discapacidad. Además, que todos los ciudadanos disfruten de las mismas oportunidades de educación y formación iniciales que califican para poder realizar carreras de investigación y desarrollo tecnológico, con acceso a los empleos no precarizados en la investigación científica.
Los programas de posgrado son formadores de científicos; sin embargo, tienen un alto índice de rechazo de aspirantes, lo que cancela la posibilidad de incrementar la planta de trabajadores científicos. Es indispensable incrementar los espacios para científicos en formación, teniendo programas de apoyo en el inicio y durante el desarrollo de su carrera; que cuenten con becas, movilidad y demás acciones afirmativas necesarias para suprimir la desigualdad de oportunidades, subsanar las desigualdades del pasado y los patrones de exclusión; fomentar en particular, que las mujeres y las personas de otros grupos con baja representación, tengan la posibilidad de realizar carreras científicas.
La formación científica debe promover las responsabilidades sociales del científico, y a su vez garantizar el acceso equitativo y libre a la literatura, los datos y los contenidos. Se necesita fortalecer la enseñanza de todas las ciencias; incluir elementos interdisciplinarios en los programas de estudios y en los cursos, considerando las dimensiones éticas de la ciencia y la investigación, así como la integridad intelectual, esto con el fin de que los científicos participen de los procesos colectivos de apropiación social del conocimiento, para contribuir efectivamente a la toma de decisiones públicas y la atención de problemas sociales prioritarios.
CULTURA
Los trabajadores del sector cultura, nos encontramos en un contexto muy particular con la creación de la Secretaría de Cultura Federal (SCF) que en el actual gobierno desarrolla una política cultural, que denota una continuidad de la instrumentada por los anteriores gobiernos neoliberales: 1) reducción del presupuesto para el sector y 2) la total apertura a la iniciativa privada, las denominadas industrias culturales, en áreas sustantivas del Estado, como son educación artística, investigación y protección del patrimonio cultural.
Concebimos la cultura como un campo indisoluble de la educación y como estrategia para el desarrollo integral de los ciudadanos; pero, hoy esta visión está amenazada por los preceptos de una “Ley General de Cultura y derechos culturales” que privilegia conceptos como: desarrollo cultural, fomento cultural, turismo cultural, gestión cultural, entre otros, que tienen como fin la disminución de la obligación del Estado de brindar a la población acceso a la educación y al disfrute del arte y la cultura.
México es un país rico en características culturales y fue ejemplo para el mundo en el fortalecimiento de instituciones dedicadas a ello, debido a su conformación pluricultural (multiétnica y plurilingüística); no obstante, los procesos económicos, políticos y sociales que actualmente tienen lugar en el mundo globalizado, ponen en riesgo el conjunto de valores culturales y educativos de nuestro país.
Ante este escenario, los trabajadores del sector cultura, junto a los demás sectores, necesitamos organizarnos colectiva y solidariamente en la defensa del patrimonio cultural, energético y natural; sobre todo porque debemos retomar la lucha histórica de todos aquellos ciudadanos, académicos, sindicalistas y demás luchadores sociales que nos antecedieron.
En el ámbito educativo, en relación a la enseñanza artística y la identidad cultural, con el objetivo de promover la organización del sector cultural a nivel internacional, solicitamos proponer en el próximo Congreso Mundial de Educación, la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultura, en el que se pueda expresar el panorama internacional, para plantear posibles soluciones que permitan enfrentar de manera global los problemas educativos y laborales que atañen al sector cultural en el mundo.
Consideramos que estamos en un estado de emergencia, por lo que se debe formar un frente amplio para trabajar en la elaboración de un proyecto nacional de cultura, que contemple la creación de observatorios públicos de las políticas culturales en conjunto con las universidades nacionales y luchar que por ley el presupuesto para la cultura no sea menor a lo recomendado por la ONU, en contraparte de la política gubernamental de reducción que ahoga a este sector. Por último, debemos trabajar y luchar por la creación de un órgano consultivo que esté integrado por representantes de los trabajadores de la cultura.
En este contexto, el “Encuentro nacional, rumbo al I Congreso Mundial en defensa de la Escuela Pública y contra el neoliberalismo, DECLARA:
Que pugnamos por una verdadera educación impartida, financiada y asegurada por el Estado para toda la población; que sea pública, humana, emancipadora, crítica, universal, laica, multicultural, incluyente y respetuosa de la diversidad de género. Por tal motivo, rechazamos de manera enérgica los recortes presupuestales a educación, cultura, ciencia y tecnología.
Que convocamos a la unidad de los trabajadores de la educación, ciencia y cultura y a toda la clase trabajadora para defender los derechos sociales y humanos, que han sido vulnerados en este periodo de pandemia.
Qué hacemos patente nuestra exigencia para que se creen las condiciones de un regreso seguro a las actividades escolares, con la infraestructura y equipamiento mínimo para garantizar las medidas sanitarias y de una buena educación.
Que no permitiremos un regreso de esta emergencia sanitaria a la normalidad del explotador y el explotado, porque esta pandemia debe servir para dejar en claro la necesidad de reintegrar su verdadero valor al ser humano, escamoteado por el neoliberalismo y la proliferación del consumismo y la depredación.
¡En defensa de la educación, la ciencia y la cultura para todos y todas!
18 de septiembre de 2020
