Por este medio alertamos a las autoridades que esta mañana
de jueves 20 de febrero del año 2020 los y las recuperadores(ras) en acuerdo
unánime nos presentamos donde la señora No indígena, Hilda Granados, a
exigir su retiro, ya que desde el día 23 de diciembre 2019 se le notificó que
se retirara de la tierra que ha venido usurpando de manera ilegal, con todas
sus pertenencias, y, si consideraba tener algún derecho, que se presentara ante
los Tribunales con sus documentos que la respaldan como posible
«dueña», como a la fecha no lo ha hecho, ignorando dicha
notificación, por lo tanto el día de hoy se procederá con dicho desalojo en forma
pacífica de la señora en mención. Responsabilizamos al Gobierno y autoridades
si algo ocurre fuera de lo normal por su incumplimiento.
Los Territorios Indígenas son exclusivos de sus habitantes
según la Ley Indígena y las Resoluciones Judiciales.
Con una importante agenda, la Alianza de Comunidades por la
Defensa del Agua – Puntarenas realizó este sábado 8 de febrero su primera asamblea
2020.
Entre los temas abordados están el logro de metas colectivas,
el fortalecimiento organizativo con una ruta que aumente la participación, el
cuido del agua de todas las amenazas valoradas, la motivación para que otras
personas y organizaciones se incorporen al trabajo de la Alianza, romper el
individualismo y sentar las bases para que la organización continúe en el
tiempo e involucre más gente, obtener los recursos necesarios para cumplir las
metas.
Las organizaciones presentes en la asamblea realizada en Judas de Chomes son las siguientes: Comité de Guacimal, Asada Chomes, ADI Jarquín, ASADA Coyolito, ADI Abangaritos, Asada de Malinche, ADI Manzanillo, Aso. Mujeres La Montaña, Asada de Orocú, ADI Orocú, Asada de Judas.
Somos los hermanos, hijo, sobrinos, nietos y familiares de
Marco A. Castillo Rojas, luchador ejemplar en defensa de justicia, a quien
admiramos y amamos con gran orgullo y defendemos, seguimos y respaldamos
fielmente en sus luchas.
Marco es el mayor de ocho hermanos. Desde muy joven debió
trabajar para apoyar a la familia, sacrificando su propio estudio. Se convirtió
en el respaldo de nuestros padres en un hogar caracterizado por valores como la
honradez, la solidaridad, la bondad y el gusto por la lectura y las inquietudes
intelectuales.
Al crecer los hermanos, Marco pudo terminar sus estudios,
luego de laborar en el Ministerio de Trabajo y de una carrera como dirigente
laboral y sindical, en favor de los derechos de trabajadores, mujeres,
campesinos sin tierra y los discriminados por orientación sexual y más. Siempre
ayudó sin interés económico a grupos campesinos y personas que han visto
amenazados sus derechos.
La justicia y la solidaridad han sido valores fundamentales
que han guiado sus luchas, más allá de su interés particular, aun cuando este
ha estado presente en el caso de los derechos de los grupos LGTBIQ+, al cual
reconocemos su pertenencia y su derecho a la felicidad con su propia
sexualidad.
Hemos sido testigos de las dificultades que Marco ha debido
afrontar y conocemos de su sufrimiento desde la edad escolar, cuando se le ha
discriminado, ofendido y aislado, mancillando sus derechos y su dignidad
personal. Recientemente, cuando sus luchas se han evidenciado aún más por la
repercusión que han tenido en la sociedad, hemos sido testigos de persecución,
ofensas y ataques que también nos alcanzan a nosotros y vivimos con terror las
amenazas contra su vida hechas por personas fundamentalistas o enceguecidas por
prejuicios.
Hoy contemplamos con enojo y asombro el hecho de que el Juez
Francis Porras León emita una sentencia abusiva contra Marco por haber actuado
en forma coherente con sus obligaciones profesionales y con sus convicciones.
Se sustenta el Juez en una racionalización de sus propios prejuicios.
Descalifica para ello pronunciamientos de la propia Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
para basar una sentencia en su propia y particular visión, matizada en un todo
por posiciones conservadoras que ignoran la diversidad que conforma a la
humanidad.
Deploramos y condenamos lo actuado por el juez Porras León y
reiteramos el cariño, amor y orgullo por todo lo que representa Marco en la
familia, en nuestras vidas y en la sociedad costarricense. Las luchas de
nuestro hermano, tío, abuelo, primo, quedarán para la historia y sus logros son
un ejemplo para nuestros hijos y nietos y llenarán de orgullo no solo a
nosotros sino a una sociedad que se perfila, en gran medida gracias a él, como
una de las más hermosas, modernas y avanzadas.
MARCO, TENÉS TODO NUESTRO AMOR Y APOYO Y TE ADMIRAMOS CON
GRAN ORGULLO. Como nos decís siempre, ¡Adelante, siempre adelante!
El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) realizó este jueves 6 de febrero una reunión para avanzar en el análisis del Reglamento de tercerización, tema compartido con el Bloque Unitario Sindical y Social (BUSSCO).
En la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, las organizaciones en lucha señalan como «un eje clave a denunciar el factor nocivo de ese Reglamento que facilita la privatización». Por ello se prepara una movilización para el 5 marzo a la CCSS. FRENASS elabora un plan de trabajo para continuar la defensa de la seguridad social.
Información enviada a SURCOS por Rafael López Alfaro.
En la “Conferencia sobre cambio climático (COP25)” recientemente celebrada se anunció que, en nuestro país, en el año 2021, se realizará el “Congreso Internacional de Hidroelectricidad”, con el lema “Energías renovables trabajando juntas en un mundo interconectado”, auspiciado por el Gobierno de Costa Rica. La escogencia de Costa Rica por parte de la COP25, o la oferta que no sabemos si fue del mismo Gobierno, responde a la visión “ambiental” y falaz de que las represas son energía “limpia, verde y sostenible”.
El problema energético y la generación de electricidad, en cualquiera de sus formas, responden a la visión de sociedad que defendamos y por tanto no están aislados o fuera de contexto. Cuando por ejemplo la burocracia técnica de la Comisión económica para América Latina, CEPAL, dice que “la región podría crear un gran sistema interconectado, pero para eso habría que modificar o ampliar las infraestructuras. Ahí está la gran oportunidad para invertir” y exalta que “Gigavatios, más gigavatios es lo que se necesita en América Latina”, (https://elpais.com/economia/2015/04/24/actualidad/1429894886_485908.html), es claro que alienta un modelo económico expansivo que requiere hacer uso intensivo de los ecosistemas, lo cual está asociado a toda la maquinaria financiera y política para promoverlo. Eso es imposible sin la competencia de los gobiernos y ninguno de ellos diría que construye represas o cualquier otro tipo de infraestructura energética, fuera de estándares “ambientales”. Todo queda ajustado y legalmente justificado, incluidos, claro está, los estudios de impacto ambiental. Pero los impactos de las represas en todo el planeta han sido letales por la destrucción social y ecológica provocada.
Podemos coincidir en que la agenda ambiental/climática es muy compleja, pero esa complejidad depende de qué definamos como problemas “ambientales” y cómo los atendamos. En realidad, lo que padecemos son las consecuencias del modelo de crecimiento económico ilimitado con aumento cada vez más grosero de la inequidad social. Esos no son problemas del “ambiente”; son los resultados provocados por la visión errada y las prácticas gubernamentales y empresariales en la mayoría de los países, que nos están llevando al abismo.
En general, ningún programa de “compensación de emisiones”, “energías limpias”, “carbono neutralidad”, etc, podrán detener la crisis que viven las sociedades y el planeta, porque no atienden el origen de los problemas. La crisis que vivimos es provocada principalmente por los países del norte del mundo por sus modelos de producción y consumo voraces a los que las élites de esos, y de nuestros países, han sometido al planeta. Hace unos años, cuando Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonaría los acuerdos de París, los titulares del mundo alabaron la frase del presidente francés Macrón: “No importa donde vivamos, tenemos la misma responsabilidad”, lo cual no era más que una sugestiva falacia; una democratización de desastre, y una difuminación de la culpa, porque colocaba a toda la gente como igual; con la misma responsabilidad, y evadía señalar a quienes más responsabilidad tienen, empezando por ellos mismos, como generadores del desastre que vivimos todo.as. En todo caso esos acuerdos, como muchos otros documentos, no hacen más que plasmar “deseos” y obviedades, y nunca exigen nada ni a los gobiernos ni al mundo corporativo; hacer algo concreto es “voluntario”. Es lo mismo que ocurre cuando en el Foro de Davos, los multimillonarios y las corporaciones, dicen que el mundo es cada vez más inequitativo. Un papel más, y nada de acciones para cambiarlo. “Nada cambiará en Inglaterra, excepto el clima”, como dijera el escritor Oscar Wilde.
En el modelo de economías y sociedades que vivimos todo puede llegar a ser “sostenible” gracias a que los discursos se crean, se diseminan y se imponen en el imaginario de la gente como verdades; como la “verdad oficial”. Costa Rica es especialista en esto. Hasta la pesca de arrastre puede ser sostenible. Los monocultivos pueden ser ambientalmente implementados. La subasta del agua puede justificarse. Las energías sucias, como la solar, pueden devenir en limpias y verdes, porque se divulga la tecnología de punta, pero nunca se explica la hecatombe ecológica y social que provoca la extracción del litio, el “oro blanco” moderno, usado para las baterías de almacenamiento.
En Costa Rica podemos enumerar decenas de ejemplos de incongruencias entre el discurso del “país verde” exhibido en los escaparates del márquetin internacional y la realidad nacional. Todo se puede justificar legalmente, porque ser “ambientalista” muchas veces no es más que ajustarse a estándares legales, oficiales y asumir como válido y bueno lo que en realidad destruye. Para eso están las regulaciones de entidades como SETENA; para muchas veces hacer viable lo que de ninguna manera debería construirse. Ésa es la diferencia sustancial entre regular y limitar; entre lo ambiental y la justicia ecológica y social, estas 2 últimas absolutamente ligadas. Todo puede quedar perfectamente alineado con postulados verdes, y con eso la oficialidad y el espectro empresarial/corporativo estarán satisfechos, más no los pueblos y los ecosistemas a los que, de paso, ya es tiempo de adjudicarles derechos propios.
Cuando logramos la suspensión del PH Diquís (https://surcosdigital.com/ph-diquis-en-suspenso-un-triunfo-social-y-una-oportunidad-para-cambiar-el-modelo-electrico-de-costa-rica/) reafirmamos lo que hemos señalado desde hace muchos años: LA ÉPOCA MUNDIAL DE LAS REPRESAS YA PASÓ, y en paralelo, que Costa Rica requiere un nuevo modelo eléctrico sustentable, inclusivo de la gente y participativo; no uno excluyente y destructivo como ha sido hasta hoy. Debemos reorientarnos hacia un modelo ecológica y socialmente sustentable que sustituya y supere el que tenemos hoy “ambientalmente sostenible”.
Afiche de Allan Sojo García/Pacuare.
Los éxitos comunitarios del año 2019 como la suspensión del Diquís, la liquidación del PH San Rafael en Pérez Zeledón de la empresa nacional HSolís, (https://youtu.be/2vUTCys7DSk) y el freno a los PH Bonilla 510/6.1 MW y PH Bonilla 1320/5.4 MW en Turrialba, de la misma constructora (https://surcosdigital.com/ni-una-represa-mas-en-turrialba/) demuestran sensatez y reconocen que la generación de electricidad nacional debe ser reorientada. (En el caso de los PH Bonilla, las comunidades y organizaciones sostenemos la alerta pues ni el MINAE ni el ICE, que firmó contratos de compra de electricidad con la empresa, han emitido un dato oficial sobre la liquidación de los mismos).
Suspender Diquís (no liquidarlo), no dar conveniencia nacional al PH San Rafael y frenar los 2 PH Bonilla, han sido decisiones acertadas de esta Administración y en particular del MINAE y su ministro Carlos Ml. Rodríguez, pero que no son unilaterales, si no que responden a los argumentos técnicos y luchas de las comunidades y organizaciones sociales por más de 3 décadas y en la actualidad. Esto demostró oportunidades de coincidencia. Podríamos decir también que el anuncio del ICE de no construir más represas es un reconocimiento de la necesidad técnica y la urgencia ecológica de detener la destrucción de los ríos y sus ecosistemas asociados y de respetar los derechos de las comunidades, aspectos que desde el ámbito civil hemos sostenido por décadas. Otro asunto de fondo por discutir es con cuáles fuentes energéticas y en qué condiciones será atendida la demanda nacional. Es un problema que habrá que resolver, y si hay diálogo al respecto, la sociedad costarricense dará pasos importantes hacia los nuevos modelos de energía y electricidad que requerimos.
Esos son elementos del nuevo contexto de avances hacia el respeto de los ecosistemas y las comunidades, en el que el Congreso Internacional de Hidroelectricidad del 2021 para promover las represas, resulta un anacronismo, un sinsentido y una contradicción con lo que el mismo MINAE ha avanzado. En el mundo entero la destrucción, y no construcción de represas, es la tendencia prevaleciente. En Europa los estudios demuestran tan solo el 40% de las represas operan eficientemente, y el plan previsto es demoler hasta 30.000 de éstas, lo cual tendrá impactos positivos extraordinarios para los ecosistemas y las economías locales por la recuperación de los ríos y las nuevas oportunidades de economía de pequeña escala, asociadas con los ríos vivos y libres y no con los estanques (muchas veces hediondos y llenos de basura) como siempre han dicho sus promotores.
Lo mejor que puede hacer el Gobierno, y en este caso el MINAE, es desistir de realizar ese evento en Costa Rica. Ya no existe manera de justificar la promoción de las hidroeléctricas como energía “limpia”, “verde” o “renovable” a la luz de las evidencias de destrucción. Solo para titular, sabemos que los llamados “caudales de compensación” o “ecológicos” del 10 o 20% o el porcentaje que sea del flujo de un río, son la forma elegante en que los promotores de los PHs intentan ocultar su deterioro irreversible y hasta su muerte. En todo el planeta la multimillonaria “industria” de los estudios de impacto ambiental insiste en que esos “caudales mínimos” evitan la destrucción de los ríos y de elementos naturales asociados con ellos. A esto se suman todas las formas de usurpación, irrespeto y violación de derechos de las comunidades y, en muchos países, el desplazamiento forzado de comunidades enteras, la persecución y los asesinatos de gente opositora.
Desde las organizaciones sociales y las comunidades que soportan todos los impactos destructivos por las hidroeléctricas, la posición ante el Congreso Internacional de Hidroelectricidad del 2021 es y será de rechazo absoluto.
Ojalá que contrario a promover cualquier tipo de hidroelectricidad, encontremos espacios de diálogo y coincidencia para que Costa Rica inicie su propia era de demolición de represas y busque, como corresponde, un modelo energético inclusivo, justo y respetuoso de los ecosistemas y de la gente.
Si algo podemos sostener desde el mundo comunitario es que nunca, ni las empresas estatales ni las privadas, locales o transnacionales, han respetado los derechos de las personas, de las comunidades y de los ecosistemas. La historia de oposición a las hidroeléctricas es muy voluminosa en el mundo y por supuesto en Costa Rica. Y en todas las oportunidades que se ha logrado frenarlas temporalmente, condicionarlas o impedirlas, ha sido, exclusivamente, porque la gente se ha organizado, ha defendido sus derechos y logrado torcer el brazo de las entidades estatales y las empresas, tras incansables y desgastantes alegatos y disputas legales, técnicas y políticas. Los casos mencionados de suspensión del Diquís, la liquidación del PH San Rafael en Pérez Zeledón y el freno a los PH Bonilla 510/6.1 MW y PH Bonilla 1320/5.4 MW en Turrialba, son la mejor muestra reciente de que si las personas no enfrentan a la institucionalidad y a las empresas, sus derechos y los de los ecosistemas son simplemente arrasados. ODC.
El Colectivo Derecho a la Protesta Social pedimos su
solidaridad y hacemos un llamado urgente a la acción, ante la situación que
enfrentan 4 personas estudiantes en el Juzgado Penal de Flagrancia acusadas y
acusados por la Fiscalía por el delito de Obstrucción a la Vía Pública.
Consideramos que se trata de un juicio político porque estas
personas no cometieron delito alguno, los-as 4 estudiantes fueron detenidos en
la manifestación del pasado 21 de noviembre de 2019 en el cruce de Santiaguito
de San Ramón en Occidente, donde protestaban en el marco de la aprobación del
presupuesto nacional por parte del Gobierno, que incluye afectaciones al
presupuesto de las universidades públicas y de servicios sociales.
Se manifestaban en defensa de la autonomía universitaria y
del presupuesto de la educación superior para los sectores populares.
Fueron detenidos y luego demandados por la Fuerza Pública y
puestos en un procedimiento judicial expedito. El viernes 13 de diciembre
tuvieron su primera audiencia, cerca de las 11 de la noche y a pesar de los
esfuerzos de su Defensa, la jueza resolvió continuar el proceso judicial por
vía rápida.
Las personas estudiantes han insistido en que no incurrieron
en ningún delito, en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la
libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que
fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento
perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que
transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.
La Fuerza Pública actuó en contra los-as estudiantes de
forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando
persecución, cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica.
Consideramos que estos abusos de poder por parte de los
cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de
expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.
En este momento, diversas organizaciones sociales,
denunciamos que estamos frente a un juicio político que claramente busca
criminalizar el legítimo derecho a la protesta de estas personas al acusarlas
penalmente. Este juicio es un acto de violencia que presenta ante la opinión
pública a estas personas como si fuesen delincuentes para que sirva de ejemplo
hacia la población procurando que no se manifieste ni proteste por temor a las
represalias.
Por tanto exigimos a la Fiscalía General de la República
revise la acusación contra las 4 personas acusadas por la misma pues no se
verificó que las personas manifestantes acusados estuvieron cometiendo ningún
acto violento contra la Policía.
Por esto un grupo de personas nos trasladaremos desde San
José a San Ramón para realizar un Pasacalles por la ciudad de San Ramón,
saliendo de la Sede de Occidente de la UCR a las 6 p.m., para luego unirnos al
plantón frente a los Tribunales de Justicia de San Ramón a las 7 p.m. convocado
por la Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente de la UCR y la Asamblea
General Autónoma de la Sede de Occidente.
Al mismo tiempo hacemos un llamado urgente a la opinión
pública nacional e internacional para que se pronuncie sobre este y otros casos
que en este momento existen de criminalización de la protesta social en Costa
Rica enviando cartas y pronunciamientos a:
Lic. Emilia Navas Aparicio, jefa del Ministerio Público.
Fiscal General de la República.
Correo electrónico: fgeneral@poder-judicial.go.cr
Fax: 2256-3503.
Con copia a:
Presidente Carlos Alvarado Quesada, Presidencia de la
República.
El Colectivo Derecho a la Protesta Social comparte el
siguiente comunicado estudiantil:
Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente de la
UCR y
Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente
COMUNICADO DE PRENSA
Estudiantes criminalizados
por manifestarse tendrán que ir a juicio el 30 de diciembre de 2019.
San Ramón, Alajuela (viernes 20 de diciembre, 2019). – Los 4
estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema
por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de
la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a
juicio el lunes 30 de diciembre a las 7 de la noche en los Tribunales de San
Ramón.
El pasado jueves 19 de diciembre en la noche, los
estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales
de San Ramón.
La Fiscalía presentó su acusación y los estudiantes
presentaron su defensa. Después de escuchar a ambas partes, el juez resolvió
que los estudiantes deben ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía
pública y ese día presentarán sus testigos, declaraciones y argumentos de
defensa.
Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan todo el
apoyo del movimiento social porque este juicio es un precedente para que no se
siga criminalizando la protesta social en el país.
Asimismo, en el marco de esta acción de defensa, el
miércoles 18 de diciembre los 4 estudiantes interpusieron una acción de
inconstitucionalidad que impugna el artículo 256 bis del Código Penal, que
califica como delito “impedir, obstaculizar o dificultar” el tránsito en vías
públicas. Esperamos que siente un precedente importante en cuanto al derecho a
manifestarse y el derecho a la libertad de expresión para todas las personas de
este país.
Los 4 estudiantes fueron detenidos en la manifestación del
pasado 21 de noviembre en el cruce de Santiaguito de San Ramón, donde
protestaban por la aprobación de un presupuesto nacional por parte del
Gobierno, que incluye afectaciones al presupuesto de las universidades públicas
y de servicios sociales.
Fueron demandados por la Fuerza Pública y puestos en un
procedimiento judicial expedito. El viernes 13 de diciembre tuvieron su primera
audiencia, cerca de las 11 de la noche y a pesar de sus esfuerzos, la jueza
resolvió continuar el proceso judicial por vía rápida.
Los estudiantes han insistido en que incurrieron en ningún
delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de
expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente
pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a
ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona
porque siempre se mantuvo un paso regulado.
Ese mismo 21 de noviembre fueron detenidos 7 estudiantes
frente a la Facultad de Derecho de la UCR en San José por manifestarse con las
mismas causas.
Desde el movimiento estudiantil de Occidente, denunciamos el
accionar de la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública durante los hechos de represión
y detención arbitraria de las y los estudiantes.
Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó
en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases
lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de
forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos
policiales, representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión,
libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.
Exigimos al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, los medios
de comunicación y a la sociedad civil de este país, que se detenga la
criminalización de la protesta social y que no se dejen manipular. Nuestra
causa es por la defensa de los derechos humanos, la autonomía universitaria y
el presupuesto de la educación superior para los sectores populares, que somos
los que hemos terminado pisoteados y amedrentados por estas políticas que se
nos imponen.
Más información:
Lic. Edgardo Araya Sibaja
(+506) 87049502
Información enviada a SURCOS por Colectivo Derecho a la Protesta Social.
Este año que está dando el último coletazo, no ha sido
justamente el más bienaventurado.
Desde que despuntó el 2019, la reforma fiscal empezó a
mostrar garras y dientes bien afilados contra el pueblo y la clase trabajadora,
precarizando sus condiciones de vida.
La implementación de esa reforma ya ha causado, de manera
temprana, un sustancial menoscabo de las remuneraciones de los funcionarios
públicos, que probablemente va a generar un estancamiento salarial y económico
durante un período considerable.
La pobreza nos golpeó en el 21% y la extrema prácticamente
en el orden del 6%, convirtiendo a Costa Rica en uno de los países que más ha
crecido, de manera escandalosa, la desigualdad. Costa Rica está en el top 10 de
los países más desiguales del mundo, que no es poco decir y retrata nuestra
patentada marca “pura vida”.
El desempleo registró un aumento incontenible, disparándose
hasta un histórico 12%, siendo las mujeres las más afectadas.
El desempleo se agravó con el cierre de operaciones de
JAPDEVA, prácticamente sepultada, a merced del cual más de 500 personas fueron
cesadas, cuyas familias desdichadamente habrán pasado una navidad no muy feliz.
El endeudamiento de las personas alcanzó un nivel
desproporcionado, resultando que más de 324.000 deudores tienen préstamos
atrasados, de hasta tres meses de mora.
El presupuesto de la República 2020 y el de las demás
instituciones públicas, subordinados a la rigurosa aplicación de la Regla
Fiscal, tuvieron un salvaje recorte y en consecuencia, traerá un deterioro de
los servicios públicos y las prestaciones sociales inherentes al Estado Social
y Democrático.
En el ojo de esta tormenta fiscal están las universidades
públicas, que nunca habían experimentado esa sistemática hostilidad política y
mediática.
En este año, la confianza del consumidor cayó al nivel más
bajo de la última década y el índice de confianza empresarial tocó fondo,
llegando en este mes de diciembre, apenas a 5 puntos (de una escala de 1 a 10).
Sin lugar a duda, en tan sólo un corto año, sufrimos las
graves consecuencias de una profunda crisis social y económica, de carácter
estructural, que removió los cimientos de nuestra sociedad, pero que afectó a
la gran mayoría de la población, a quienes se impuso, contra viento y marea, la
pesada carga de la crisis.
Pero esta crisis estructural no se refleja exclusivamente en
indicadores económicos y sociales, la cual tiene su contrapartida en la crisis
en que cayó la democracia, que ciertamente viene desde hace algún tiempo, pero
que se intensificó este año.
La represión de la protesta social ha sido una constante,
expresión de la reacción oficial de un modelo económico políticamente
autoritario, que de ordinario recurre a las fuerzas represivas del orden para
disciplinar los sectores sociales, estudiantiles y sindicatos clasistas
inconformes.
Esta crisis democrática la corona la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional, que viene a consolidar el Derecho de Huelga del
Enemigo, contenido en el proyecto de ley N° 21049, que está al acecho del
próximo año, para convertirse en una espuria ley de la República, marcando una
regresión legislativa que nos devuelve en el tiempo más de 75 años atrás, mucho
antes que la misma promulgación del Código de Trabajo.
En realidad, ha sido un año muy duro, concurrido de
incertidumbres, privaciones, ajustes y recortes antidemocráticos, que podríamos
afirmar que a quien por lo menos le ha dejado una chIVA, una burra negra
y una yegua blanca, en el balance anual, francamente no le fue tan mal.
¡Y que se dé con una piedra en el pecho, a quien además
generosamente este año le ha dejado una buena suegra, que en esta trágica
situación en la de menos es pedirle peras al olmo!
En el último minuto de este aciago año, levantemos la copa y
declaremos el 2019: Annus Horribilis.
Recientemente mujeres centroamericanas se han visto forzadas y obligadas a dejar sus países por la tortura y violación sistemática de un Estado dictador, ¿recientemente? La historia centroamericana parece repetirse con claros patrones militarizados, sexistas, misóginos y patriarcales. Sin embargo, hoy son las mujeres jóvenes quienes han puesto un alto con sus vidas y han alzado la voz para desmentir los próceres de la “lucha “social”. Este panorama centroamericano, así como latinoamericano, supone para las mujeres una puesta en escena cruel, con episodios de desaparición, violación y abuso constantes.
Colectivas feministas, tanto desde la organización estudiantil, como desde agrupaciones descentralizadas, lideran hoy las luchas por los derechos y redirigen la base de las movilizaciones sociales en la región: no más silencio patriarcal. Nos encontramos viviendo intervenciones, no solamente en relación a la representación política, las cuotas de poder y las acciones afirmativas, sino, en medio de la construcción cotidiana a partir de las trans, las lesbianas, las bisexualas, las trabajadoras domésticas, las niñas, las poblaciones originarias, las refugiadas, etc. Estos matices posibilitan a las feministas (o no) una plataforma de acción que va desde la diplomacia política hasta las pintas en la calle, el rap en las plazas y la poesía feminista. Por tanto, las mujeres centroamericanas en el exilio, fuera o dentro de su país, posicionan la rabia colectiva en el centro de la transformación social y rompen los esquemas de una lógica machista unilateral.
Por ende, hay una necesidad de nombrar y reconocer a quienes hoy en Centroamérica colocan sus cuerpos como barricadas y sus vidas como protesta, es decir, las mujeres, diversas, afianzando la convicción por botar el sistema y resistir frente a las resistencias mismas de un Estado violador, pero también un pueblo abusivo y opresor.
“Me duele el dolor provocado por colmillos
de patriarcas metidos en el ombligo fértil de la tierra”
Personas comprometidas con distintos movimientos sociales costarricenses reflexionaron junto a Boaventura de Sousa Santos. El encuentro fue convocado por CEP Alforja y permitió analizar la situación nacional, ver rutas para lograr una vida digna y abrir espacios de encuentro. Le invitamos a conocer los detalles en este video.
Costa Rica: 25 años entre la impunidad y la (des)memoria
Escrito por Mauricio Álvarez Mora.
Editado por Rebeca Arguedas Ramírez.
Un frente frío despierta el recuerdo de una trágica madrugada de hace dos décadas y media atrás. Ha sido un cuarto de siglo de nublados para muchas personas que estamos ligadas a la historia de tres ecologistas, a quienes les arrebataron la vida ese día.
El 7 de diciembre de 1994 murieron en un incendio María del Mar Cordero, Oscar Fallas y Jaime Bustamante. Los orígenes del incendio nunca pudieron ser explicados por las autoridades respectivas. El miedo de ser el siguiente abrazado por la impunidad, de este espacio y tiempo, sigue siendo latente.
Sobre el acontecimiento se ha escrito mucho, al menos un artículo al año publicado en algunos medios digitales y en las efímeras redes (anti) sociales, podría decir que hay mucho que recordar y poco que agregar. Sin embargo, siempre existe la necesidad de construir y darle cuerpo a un relato más o menos oficial, al tiempo que convive con el efecto de la negación que acompaña el olvido, del que la injusticia también se nutre.
Han sido varios los intentos de reinvestigar y ponerle, al menos, apellidos a la impunidad que aniversario con aniversario, envejece y se hace más fuerte. Un círculo vicioso que se rompe con algún hecho nuevo de violencia selectiva, que sufren las personas que disienten y resisten. Es algo que se podría denominar el ciclo de violencia contra activistas.
Este es el proceso de criminalización cíclica que implica la estigmatización, denigrar y señalar a las personas luchadoras como problemáticas, opuestas al “desarrollo” o más comúnmente se usa reducir y descalificar las luchas como “berrinches de chanchetudos”. Después de la descalificación, puede venir el acoso vía judicialización con demandas legales o con amenazas de muerte. Cuando esto no surte efecto, se pasan a las acciones de hecho y finalmente a el asesinato.
Este ciclo no es lineal, pero es el resumen de lo que empezamos a vivir con mayor intensidad en los últimos 25 años. Cada una de las partes o etapas del círculo, alimenta y justifica la siguiente. Hemos visto en Costa Rica completarse este aro de opresión en múltiples ocasiones, y en los últimos 6 años con el asesinato de Jairo Mora en 2013 y este año con el asesinato del compañero indígena Sergio Rojas. Un desgarrador recordatorio de que las cabezas de quienes defiendan cuerpos y territorios, tienen precio.
Por otro lado, la memoria en el caso de AECO, ha sido un proceso más de ubicación de retazos que aún falta unir para hacerla más colectiva, a pesar de que no tengamos todas las palabras y la historia única, hoy tenemos el recuento de los impactos y efectos de este hecho como para ir dándole un lugar distinto.
¿Cómo construir esta memoria de vidas violentadas y aniquiladas en un territorio donde el autoengañado es el más feliz? Cómo superar el olvido en el supuesto país “ambientalista” de portada de revista donde el discurso y la historia oficial no aguanta, no tiene cabida, para un evento de asesinatos políticos tan cruel como confuso, tan evidente como oculto y tan recordado como impune.
