Ir al contenido principal

Etiqueta: lucha social

Culpar a las universidades públicas del conflicto en territorios indígenas es una falacia

Doctor Marcos Guevara, antropólogo.

Don Salomón Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena de Salitre, en declaraciones al Diario Extra del 9 de marzo de 2020, achaca la conflictividad que se ha vivido en su comunidad a “grupos externos que vienen especialmente de la capital y nos hacen ver solo nuestros derechos, nos meten las ideas de reclamar a través de la violencia”. Dice luego que se trata de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de universidades públicas.

Estas declaraciones, producto de una entrevista, me motivan a hacer algunos comentarios. Coordino un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica de diferentes disciplinas y nuestro objeto de estudio es, casualmente, la conflictividad en territorios indígenas de Buenos Aires. Imposible no sentirse aludido.

Pero los académicos no inventamos el conflicto, lo constatamos, porque es palpable, existe sin necesidad de nosotros, sale en las noticias recurrentemente. Hasta la Wikipedia en internet tiene una entrada sobre “enfrentamiento étnico en Salitre”. Y es un tema complejo que hunde sus raíces en los tiempos de la Colonia, tiene manifestaciones históricas, geográficas, sociológicas, políticas, cuyo estudio nos ha parecido importante, no solo para entender su origen, sino para comprender los aspectos que cualquier propuesta para atenderlo debe considerar. Algunos de los hallazgos hasta los hemos compartido con la Asociación de Desarrollo de Salitre y hemos recibido manifestación de interés al respecto, como don Salomón bien sabe.

El conflicto no es nuevo, si bien desde hace unos años atrás se evidencia de manera violenta hasta llegar al lamentable asesinato de Sergio Rojas en marzo de 2019, replicado en Térraba hace unos días con el de Jehry Rivera. Dos crueles asesinatos en menos de un año.

El asunto de las llamadas “recuperaciones” no es resultado de una incitación de personas de universidades públicas o de ONG. Es la consecuencia, no la causa, de un problema que tiene más de 40 años y que tiene por nombres “desaplicación legal”, “conculcación sistemática de derechos humanos” y hasta “racismo”, que igualmente se manifiesta en desinterés del Estado por atender sus obligaciones, desinterés del primer poder de la República por actualizar leyes que implementen los instrumentos de Derechos Humanos que el país suscribe. Los universitarios no hacemos ver los derechos, están contenidos en normas que la Asamblea Legislativa promulgó y resultaron de exigencias sociales. El mismo don Salomón califica como “importante” que se firmara la Ley Indígena en 1977. Entonces ¿para qué decir que los universitarios “nos hacen ver nuestros derechos” si, como da a entender la entrevista, él mismo fue parte de la creación de esa norma?

El tema de la visita del Sr. Rector de la Universidad de Costa Rica y su comitiva, que refiere don Salomón diciendo que “gente violenta los emboscó por un rato”, amerita recordar quiénes son los que han ejercido actos violentos en esta región. Hasta donde hemos podido entender la situación, no son personas indígenas las que han ejercido la violencia y las llamadas “recuperaciones” se han hecho pacíficamente en tierras en las que no han tenido que sacar a la fuerza a ninguna familia pobre no indígena, sino en predios que responden a adquisiciones producto del engaño y la brutalidad, donde no habita nadie, han deforestado y han metido ganado. Quienes han despojado a indígenas de sus tierras de forma fraudulenta y hasta usando la fuerza son parte de esa “gente violenta” que refiere don Salomón, esa es la verdad.

Comprendemos, y hasta hemos podido consignar, con nuestras investigaciones, que hay personas no indígenas que posiblemente usurpen tierras indígenas sin haber comprendido la ilegalidad de sus adquisiciones y sin haber intentado engañar a nadie. Comprendemos también que el Estado, al desaplicar la Ley Indígena que debía indemnizar a no indígenas que ya estaban en esas tierras cuando se promulgó, agravó la situación y es por eso, en una gran parte, responsable de la situación. De acuerdo al entendimiento que hemos logrado de la situación de Salitre y otros territorios indígenas de Buenos Aires, la solución propuesta ahora por el gobierno nos parece deficiente. El trabajo del INDER de censar fincas no indígenas para después definir a quiénes se aplica la indemnización tendrá efectos adversos, pues una gran cantidad de ocupantes no indígenas (para no decir mayoría) no está a derecho. Pero, además, la forma en que se están definiendo derechos de algunos de estos ocupantes, mediante “certificados” de ser indígenas o poseedores de buena fe por parte de organizaciones muy cuestionables, da a pensar que el plan del INDER tiene algunos vicios insalvables. Ojalá me equivoque.

Aunque este no sea un “derecho de respuesta”, pues el Diario Extra solo consigna declaraciones de don Salomón, apelo a su buena fe para publicar mi comentario haciendo notar que el titular de esas declaraciones, “Universidades públicas y ONG son los culpables”, incita a una lectura desafortunada de las palabras del dirigente de Salitre.

En medio de la confusión, la frustración, cólera quizás, es fácil acusar a terceros de problemas que tienen causas estructurales y no coyunturales. Resulta muy cómodo que las universidades públicas, en los enfrentamientos que se han producido en estos días en Buenos Aires y en las palabras que ha generado, se conviertan en “chivo expiatorio”, una forma de distraer a todo el mundo sobre la urgente reflexión que se debe hacer sobre la conflictividad en territorios indígenas, una forma de disimular la violencia de quienes atacan, asesinan, queman las fincas, amenazan y portan armas, como si fuera una demostración por sus derechos. Los victimarios siempre justifican sus crímenes haciéndolos parecer como justos.

Las universidades investigamos con seriedad. Tomamos criterio de todas las partes, analizamos, establecemos conclusiones ponderando muchas facetas de esa realidad. Nuestros hallazgos son refutables, prueba de un proceder acorde con la ciencia. Pero para refutar hay que aportar argumentos que demuestren lo contrario. Es lo que no veo. Hay información que puede molestar a algunas personas, eso no la hace menos urgente, todo lo contrario.  A don Salomón lo estimo y respeto, no lo increpo con mi comentario pues creo que lo que señaló el titular que recoge sus palabras no refleja su capacidad de producir un análisis más integral de la situación.

Las alertas que no duelen / 8M Costa Rica

Allison Quintanilla Hernández
Planificadora Económica y Social
Colectiva Voces Violeta y Me Pasó En La UNA

En Costa Rica hemos entrado en la fase de alertas. Por un lado, en el espacio político del Estado, y otra de salud pública, las dos responden a hechos que constituyen una coyuntura compleja para los últimos acontecimientos en la región, hablamos de una crisis democrática y la poca transparencia política que viene desde los principales poderes de la república, hasta la praxis de manipulación en los titulares de medios de difusión que venden a conveniencia de los poderes fácticos.

Por otro lado, se activaron todas las alertas de salud pública en el país luego de que las autoridades de salud confirmaran los primeros casos de coronavirus en el país, estas dos últimas alertas han sido noticia rápidamente, generando no solo una gran expectativa en la sociedad costarricense, sino que plantea cambios en la coyuntura y las dinámicas cotidianas. Por supuesto, parece bastante vendible en los medios y hasta traumatizante para esta sociedad, ver una casa presidencial allanada o una persona que permanece delicada por COVID-19.

Sin embargo, parece que hay unas alertas que duelen menos, trauman menos y generan menos expectativa que estas últimas, y es que pese a que desde el 2007 al 19 de febrero de este año llevamos contabilizados 353 femicidios en Costa Rica, las alertas rojas no calzan en la constante guerra contra los cuerpos feminizados. Con esto, es preciso apuntar que ninguna de las alarmas anteriores es comparable o que son menos importantes, por el contrario, las alarmas que se encienden para atender una crisis política o de salud pública son totalmente necesarias, y por lo tanto no hay excusa en no plantear como urgente una alerta roja contra los femicidios en este país.

Recientemente, las redes sociales se llenaron de denuncias públicas sobre intentos de secuestros o agresiones sexuales hacia mujeres, hoy 9 de marzo seguimos a la expectativa de encontrar con vida a una joven de Cartago desaparecida la noche del miércoles anterior, y pese a esto las respuestas del Estado, y del Ministerio Público siguen siendo insuficientes y complacientes con la violencia, esto último les convierte en cómplices de cada uno de los femicidios que hemos registrado como país, donde solo el 26% de los casos son sentenciados.

Estas alertas parecen no doler en la sociedad, no remuerden, mucho menos responsabilizan, y la impunidad pareciera ser la respuesta de facto que muchas mujeres cargan ante la falta de justicia de género transversalizada a las políticas públicas del país. Una sociedad altamente machista y conservadora, que responde con violencia estructural, no nos deja más arma que la organización con nuestros cuerpos, y es por eso que las alertas que nos duelen a nosotras son las 353 compañeras que no están con nosotras, las alarmas de las mujeres trabajadoras de una empresa textil en 1857 iniciando la huelga de mujeres que hoy nos conmemora como el Día Internacional de la Mujer.

Seguimos luchando por las mismas desigualdades, unas más acentuadas que otras, donde hemos alcanzado algunos derechos políticos, sociales y económicos, pero no hemos alcanzado la plena libertad sobre nuestros cuerpos, pues aún sigue siendo satanizado el discurso que defiende nuestros derechos sexuales y reproductivos, es la violencia a nuestros cuerpos lo que declara una guerra de género. Ante esto, muchas mujeres en el mundo siguen construyendo desde la resistencia, la organización y la autonomía de los cuerpos feminizados, pero la guerra no ha terminado, no se detiene.

Por eso, nosotras acordamos nuestras propias alertas, esas que alertan sobre las violencias que pasan por nuestros cuerpos, es nuestra organización y denuncia la que tiene que estar dentro de la discusión coyuntural del país, nuestras agendas también son importantes. Las mujeres somos la mitad de la población mundial, y por lo tanto, no vamos a permitir que nuestras agendas sigan quedando en segundo plano, ni mucho menos que se conviertan en monedas de cambio. Somos una alerta morada, una alerta verde, y con o sin permiso del Estado vamos a seguir alertando que nos están matando.

Fuente: Observatorio de Género Poder Judicial

ALERTA TEMPRANA AMENAZAS DE MUERTE

SURCOS recibió el siguiente comunicado;

A LAS AUTORIDADES, MOVIMIENTOS SOCIALES, COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

«Recibimos este 8 de Marzo del 2020, fecha en la que se conmemora la lucha incansable y pujante de nuestras compañeras mujeres a nivel mundial desde sus trincheras feministas, con el testimonio de Clarita Quiel Torres, Bribri de Cabagra, Buenos Aires, Puntarenas, Zona Sur de Costa Rica, miembro del Concejo de Mayores/as Iriria Jtechö Wakpa y miembro del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI).

En su testimonio, Clarita evidencia la lucha histórica de los Pueblos Indígenas, de las mujeres indígenas, contra todas las formas de control, dominación y discriminación. Hoy está al frente del movimiento de Recuperantes indígenas, en el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (PATA), esta es la causa por la que ella y sus compañeras/os están asediadas/os, amenazadas/os por personas Usurpadoras No indígenas.

Desde hace 15 días, terratenientes y sus matones a sueldo, que siguen armados libremente dentro de los Territorios indígenas, envalentonados por la reciente ola de violencia racista, criminal, y la débil presencia policial. Ante este escenario, un Poder Judicial lento y omiso, que reafirma más la Impunidad.

En Buenos Aires estos actos delictivos violentos, cuentan con el respaldo de empresarios, comerciantes, autoridades municipales y líderes religiosos de diferentes iglesias, así como con funcionarios de otras instituciones. Ello se dejó ver el día de ayer, 07 de marzo del 2020, en la convocatoria realizada por la Municipalidad de Buenos Aires, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas y Organizaciones Comunales de Campesinos del Cantón, quienes bajo un discurso engañoso de Marchar por la “Paz” dejaron claro el repudio hacia las recuperaciones de Tierra/Territorio, su odio hacia los Pueblos Indígenas en el Cantón, y principalmente quedó demostrado que la violencia en esta zona NO es producto de nuestro Movimiento. El Testimonio de Clarita es un clamor actual y fuerte de la consigna VIVAS NOS QUEREMOS:

“Anoche fue una noche muy tensa, escuchamos cuatro detonaciones de bala como a las 10 de la noche y ni una sola patrulla se asoma por acá, donde estoy no hay cobertura. No pude salir a buscar cobertura hasta ahorita. […] tenemos que luchar, la lucha continúa […] nuestra lucha sigue, tenemos que hacer justicia por los que nos han quitado […] tenemos que seguir […] He recibido amenazas en la calle, me han dicho que me quieren matar […] aquí estoy, sigo en pie de lucha y seguiré hasta donde nuestro Sibú lo permita.” -Clarita, 8M2020.

¡QUEREMOS JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA! ¡NO MAS IMPUNIDAD! SERGIO Y YERI VIVEN LAS MUJERES INDÍGENAS RESISTEN ¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)

Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena

8 DE MARZO, 2020″

Alerta AGREDEN A RECUPERADORXS EN EL TERRITORIO CABECAR DE CHINA KICHÁ

SURCOS recibió este comunicado:
ALERTA: EN ESTE MOMENTO AGREDEN A RECUPERADORXS EN EL TERRITORIO CABECAR DE CHINA KICHÁ
7 de marzo
-Alrededor de las 9 a.m. recuperadorxs cabecares de China Kichá son atacados por un grupo de alrededor de 40 personas enviados por el terrateniente Gilbert Fernández.
Sábado 7 de marzo. Al ser las 9 a.m. recuperadores cabecares de China Kichá alertan de un ataque en su contra en el primer territorio recuperado Kerpego, 100 m al sur del salón comunaL en el centro de China Kichá. Lxs recuperadorxs tuvieron que abandonar la recuperación debido a las agresiones. Los agresores quemaron la casa y tiraron piedras a la cabecar Marcela Zúñiga.
Otro ataque se registró en Sekerä Kaska, donde lxs recuperadorxs espacaron para resguardar su vida. En la última recuperación, Sá Ka Duwé Senaglö también se hicieron presentes los agresores, logrando un enfrentamiento con lxs recuperadores. Frente a esa finca se reporta un incendio como manera de intimidación.
De acuerdo al Viceministro Otarolla, hay presencia policial pero no se logró evitar el ataque.
Alertamos que los ataques no han culminado y hay amenazas de continuar la agresión a lo largo del día y de la noche.
Recuperadorxs Cábecares de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Grupo de vecinos se organiza para recuperar el Río Lagarto

Ante la preocupación que tienen los vecinos de Santa Juana y Las Parcelas de Orocú, en Punta Morales de Chomes, un grupo de vecinos toma acciones y decide dar parte a la policía. La unidad 3395 de La Fuerza Pública es despachada la tarde del jueves 5 de marzo desde Costa de Pájaros hasta el lugar y encuentra reunidos a los vecinos de ambos sectores que estaban presionando para que la cerca de alambre que fue colocada por un ganadero para pastar sus caballos fuera eliminada.

Los oficiales llaman a la calma, explican que en estos casos se debe interponer una denuncia ante el MINAE para que se abra una investigación y que se siente un precedente y evitar así que el ganadero coloque la cerca en el futuro, ya que, al ser una zona de recreo de los vecinos y visitantes, el ganadero no debe impedir el libre paso para su beneficio personal.

Ante esta situación un grupo de vecinos decide ir el viernes 6 de marzo a las oficinas del MINAE en Esparza a interponer la denuncia, ya que, según su queja, esta es la segunda vez que el ganadero coloca la cerca en ese lugar.

Además, cuando se trató de dialogar y negociar con este ganadero, él manifiesta que él no quita la cerca hasta que «las otras personas quiten las que tienen puestas más arriba de donde está esta» dejando en evidencia que hay más. Otra preocupación es el hecho de que exista un tranque en ese lugar; cosa que será investigada por el comisionado del MINAE al momento de llegar a hacer la inspección.

Transcripción de Acuerdo Educología UNA

La Asamblea de Unidad de la División de Educología de la Universidad Nacional se une al repudio y condena del asesinato contra el líder indígena Bröran, Jhery Rivera de la Comunidad de Térraba.

POR LO TANTO, SE ACUERDA:

  1. RECHAZAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN DISTINTOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA ZONA SUR DE COSTA RICA.
  2. SOLICITAR AL ESTADO COSTARRICENSE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ASESINATOS DE SERGIO ROJAS Y JHERY RIVERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES INTERPUESTAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CON EL FIN DE PROTEGER LA VIDA Y SEGURIDAD DE LAS Y LOS POBLADORES INDÍGENAS.
  3. SOLICITAR UNA PRONTA Y EFECTIVA RESPUESTA DEL ESTADO EN GENERAL Y DE ESTE GOBIERNO EN PARTICULAR, FRENTE A LA NO RESOLUCIÓN DE ESTE CONFLICTO, LA NO APLICACIÓN DE LAS LEYES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, GARANTIZANDO LA EFECTIVA ATENCIÓN DEL PROBLEMA Y LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO. *
  4. HACER UN LLAMADO A LA CIUDADANÍA PARA QUE SE INFORME DE MODO AMPLIO Y CRÍTICO, CUESTIONANDO LOS DISCURSOS DEL ODIO, LA VIOLENCIA Y LOS REPRODUCTORES DE UNA HERENCIA COLONIAL QUE HA Y SIGUE NEGANDO LOS DERECHOS QUE LES ATAÑE A ESTAS COMUNIDADES.
  5. EXHORTAMOS AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERISDAD NACIONAL PARA QUE SE PRONUNCIE ANTE ESTOS GRAVES HECHOS DE VIOLENCIA SUSCITADOS EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA ZONA SUR DEL PAÍS.
  6. SOLICITAR RESPETUOSAMENTE LA LECTURA Y PROBLEMATIZACIÓN DE ESTE Y OTROS PRONUNCIAMIENTOS, ASÍ COMO OTRAS INFORMACIONES SOBRE LA REALIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE NUESTRO PAÍS, EN LAS AULAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE FORMA QUE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PUEDA GENERAR DISCUSIÓN Y CONCIENCIA EN TORNO AL TEMA.

Adjuntamos a continuación el documento completo:

 

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Comunicado de las organizaciones populares del Cantón Central de Puntarenas y Esparza en solidaridad con el Pueblo Brӧràn de Térraba

Quienes suscribimos, condenamos el lamentable asesinato del indígena Brӧràn Jerhy Rivera, durante la noche del 24 de febrero del 2020 en territorio Térraba. Este hecho, se enmarca en un contexto de violencia generalizada, actos vandálicos y amenazas realizadas por personas no indígenas en el centro de la comunidad de Térraba; lo anterior con el objetivo de amedrentar y disminuir la justa lucha que llevan adelante las poblaciones originarias de nuestro país, por la recuperación de las tierras ancestrales que les pertenecen.

Es de particular atención, que ni la Fuerza Pública, ni las autoridades políticas del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, han sido beligerantes para acabar con la violencia; más bien en algunos casos, han sido parte de la misma, como bien lo señaló el Consejo de Mayores de Brӧràn en su comunicado urgente, el dia 25 de febrero del 2020.

Señalamos como principales responsables de estos hechos, a la empresa TELETICA, quienes en las últimas semanas han realizado una serie de reportajes insidiosos en los que dan una visión parcializada del conflicto por la tierra en el sur del país, fomentando el racismo hacia los pueblos indígenas que se encuentran en pie de lucha. De igual manera es responsable, el llamado Gobierno de Unidad Nacional de Carlos Alvarado, debido a que no ha tomado las acciones pertinentes para cumplir con las medidas cautelares impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas de las que Jerhy era beneficiario.

Exigimos la inmediata investigación de la muerte de Jerhy y el eventual encarcelamiento de las personas responsables de la misma; exigencia que se suma al clamor por el esclarecimiento del asesinato del líder indígena Sergio Rojas, quien fuera también asesinado en el marco del conflicto por la recuperación de tierras el año pasado; crimen que a la fecha se encuentra impune.

Reiteramos nuestra absoluta solidaridad con la lucha indígena en el sur de nuestra provincia, y nos ponemos a las órdenes del pueblo Brӧràn en estos momentos de dolor y angustia.

Colectivo La Corvina Studio

Colectiva Feminista Brujas de la Mar – Puntarenas Centro

Colectiva Feminista Hijas del Río – Esparza

Colectivo de Artistas Puntarenenses

Asociación de Estudiantes de la Sede del Pacífico – UCR

 

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Promueven firmas por la defensa de derechos de pueblos indígenas y contra racismo

SURCOS recibió este “Posicionamiento de organizaciones y grupos de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, colectivas feministas y autoconvocadxs”. Se invita a leer el comunicado, y si está de acuerdo, firmar y compartir. Para ello siga el enlace que se encuentra al final del texto que transcribimos.

El pasado 24 de febrero la violencia racista nos arrancó a otro líder indígena y defensor de derechos humanos, esta ocasión fue Jerhy Rivera Rivera en su territorio ancestral Brörán, sumando dos asesinatos políticos cubiertos en impunidad por un Estado racista y omiso a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT referente a los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales. El asesinato de Jerhy ocurrió al ser las 10:30 p.m. del lunes 24 de febrero del 2020, en China Kichá en Térraba y en el marco de una legítima recuperación del territorio originario.

El asesinato de Jerhy fue a escasos días del primer aniversario de completa impunidad de la muerte del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y del Consejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra). Ambas ausencias jamás podrán ser sanadas pero nos recuerda a las personas que luchamos por el respeto y vivencia de los derechos humanos, ¡no podemos permitir más impunidad ni tampoco más víctimas!

El Estado y el Gobierno de Costa Rica son responsables del irrespeto del uso de las tierras ancestrales, violentando el Convenio 169 de la OIT. La somnolencia del Poder Legislativo para la creación de una Ley de Autonomía Indígena se ha mantenido por décadas permitiendo solapadamente la usurpación y violación de derechos humanos de estos pueblos. Por eso, es que los grupos de recuperadorxs indígenas hacen valer su legítimo derecho no solo consuetudinario sino desde instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Asímismo, la violencia institucional se prolonga desde los gobiernos locales, Fuerza Pública y otras instancias que han amedrentado a las recuperadoras y recuperadores con acciones tan sensibles como no procesar denuncias de la misma violencia que viven o la dudosa imparcialidad del sistema judicial en la Zona Sur.

El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, y su antecesor Luis Guillermo Solís Rivera, son responsables directos de los asesinatos de ambos líderes indígenas por su inoperancia en la aplicación de las Medidas Cautelares (MC-321-12) establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 30 de abril del 2015 en los territorios de Salitre y Térraba, áreas geográficas donde acontecieron los crímenes. Ambos gobiernos, a sabiendas del peligro de corren lxs defensorxs indígenas, han hecho caso omiso de sus denuncias en las instituciones respectivas.

Tampoco debemos ignorar el papel de los medios de comunicación comerciales que han puesto en duda o deslegitimado el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, promoviendo un discurso racista y falaz ante una población poco informada sobre la lucha y resistencia, en un contexto en que el cerco mediático está completamente controlado por los intereses económicos, sin hacer prevalecer el derecho humano a la comunicación e información en el uso del espectro radioeléctrico el cual falta hacerlo democrático en Costa Rica. Vale señalar los reportajes malintencionados y parcializados de Teletica que se transmitieron semanas antes y que, a pesar de que grupos organizados de recuperadorxs y de líderes y lideresas indígenas solicitaron derecho de respuesta, este fue negado. Ignacio Santos como director de Telenoticias y todo su equipo de producción son co-responsables de la muerte de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran y defensor de la Tierra y el mundo entero debe saberlo.

También, denunciamos la violencia que viven las mujeres recuperadoras, quienes por amenazas de violencia sexual y contra sus vidas no pueden salir a trabajar sus tierras para comer, ni enviar a sus hijxs a la Escuela o al Colegio; como en el caso de Térraba, por el acoso que viven por parte de peones y terratenientes quienes se hacen presentes en el trayecto. Las recuperaciones han sido exitosas gracias a las mujeres indígenas, quienes son las que se mantienen defendiendo su cuerpo-territorio y su autonomía con valentía y compromiso. De ellas también se olvidan, y son ellas quienes ponen su existencia entera para defender cada una de las recuperaciones realizadas.

En Costa Rica se vive la vulnerabilidad del peligro ante la vida de las personas defensoras de derechos humanos. El año anterior, la Asamblea Legislativa no quiso continuar con el texto del proyecto de ley 19.610 “Ley para la Protección de los Activistas a favor de los Derechos Humanos”, despojando a la población de una pequeña protección y reconocimiento del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos dentro del Estado de derecho.

Las organizaciones, grupos, movimientos y autoconvocadxs aquí firmantes, expresamos nuestra indignación, malestar y preocupación, ya que al cumplirse 3 años del gobierno de Carlos Alvarado Quesada la aplicación de las medidas cautelares establecidas por la CIDH y la exigencia de los grupos indígenas organizados que exigen el saneamiento territorial y su plena autonomía. La violencia continúa impune y se siguen sumando muertes de defensores de derechos humanos. Por eso, gritamos con rabia e indignación ¡Basta YA! Basta de racismo, olvido, clasismo y cualquier otra violencia que rodee el legítimo derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. ¡Basta ya de medios de comunicación racistas y complacientes a los grandes terratenientes y amistades en el gobierno! ¡Basta ya de asesinatos políticos de defensores de derechos humanos!

¡Justicia para Sergio Rojas, Jerhy Rivera y los Pueblos Originarios! Protección a todas las personas recuperadoras de sus territorios ancestrales. ¡Autonomía Indígena YA!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffLnxgNTDPNO1Dj2Z_9Lwova2WxqK-gm8giz9AjB3PwiE7TQ/viewform

Enviado a SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.