Lunes 13 de mayo 2024. Con el fin de conocer el grado de ejecución e implementación de los acuerdos nacionales, tener información sobre la metodología de atención, estado y propuestas futuras en materia de educación, la Defensoría de los Habitantes envió a la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, un total de ocho consultas. Ello también, como parte del seguimiento a lo indicado en el Informe Estado de la Educación.
Para la Defensoría es necesario conocer qué acciones ha realizado el Ministerio de Educación Pública (MEP) para ampliar el número de escuelas que ofrecen el currículo completo en la educación primaria.
En términos de competitividad se ha demostrado que el Estado requiere el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, por lo que se le solicitó indicar si se tiene un plan para la apertura de nuevos colegios técnicos y/o profesionales, en lo que respecta a esta administración.
Sobre la modernización del sistema de contratación docente, se le consultó qué gestiones ha realizado para la contratación en propiedad de las plazas docentes y las modificaciones legales para su modernización, además que informe detalladamente el estado de la situación de idoneidad, estrategias y cambios en la contratación de las y los docentes.
En cuanto al Informe N° DFOE-CAP-IF-00016-2022 de la Contraloría General de la República, sobre la ejecución de los recursos tecnológicos, la Defensoría requiere conocer qué gestiones ha realizado el Ministerio para cumplir con las recomendaciones y cuáles han sido las coordinaciones con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones para la utilización de $197 millones contra la brecha digital.
Con relación al recorte presupuestario sufrido este año, se le pidió también informar si se ha negociado un presupuesto extraordinario, con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política e indicar si ya fueron aprobadas o no la reforma curricular y la ruta de la educación.
Sobre el tema de infraestructura educativa y el levantamiento de base de datos, la Defensoría tiene conocimiento que se obtuvo una geolocalización de todos los centros educativos por tipo de centro, por lo que se le solicitó indicar si ya se tiene o se inició la base de datos de la situación de la infraestructura educativa, presupuesto y ejecución.
Finalmente, en cuanto a las estrategias de la implementación del segundo idioma, se requiere saber cuáles han sido las acciones concretas para lograr su universalización.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
El Colegio Técnico Profesional de Acosta está atravesando un grave problema, a causa de que el MEP disminuyó un 60% del presupuesto. Dado esto, el 29 de abril pasado, la empresa de electricidad Coopesantos les suspendió el servicio. Testimonios comunitarios indican que «este centro de estudios, es muy importante para su comunidad, pues sus estudiantes han logrado salir como profesionales, colocándolos en empresas para generar experiencia laboral».
Es por esto que una madre de familia de dos estudiantes solicita ayuda; los estudiantes están teniendo problemas al recibir lecciones, ya que hay aulas en donde no se cuenta con suficiente luz natural, además de afectar la sección técnica de Informática.
La madre de familia menciona que como padres quieren buscar ayuda del gobierno para solucionar dicha situación, pues la Junta Administrativa, «no va a poder conseguir tanto dinero, debido a que se habla de más de un 50% de afectación presupuestaria, sumado a esto, la matrícula ha aumentado año con año y el gobierno aun sabiendo este escenario, disminuyó el presupuesto». Menciona que incluso desde el año pasado, tenían que hacer rifas y pasar por las aulas para poder pagar el agua y la luz.
Esta situación ha provocado que los padres y madres de familia, así como el estudiantado estuvo en huelga tres días a partir del 30 de abril.
El martes 30 de abril de 2024, el director del colegio, M.Sc Andy García López, por medio de una carta le manifestó su preocupación por la falta de electricidad en las instalaciones a la ministra de educación Katherine Müller-Marín, pues la situación impide el derecho a la educación de la juventud de la comunidad de Acosta; la isntitución actualmente alberga 1300 estudiantes. Se señala que la Constitución Política y el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia protegen ese derecho.
En dicha carta el director del colegio menciona que se tiene una deuda con la Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos, por un monto de 13 millones, sin embargo, el presupuesto actual del colegio solo permite el pago parcial de la deuda de la corriente eléctrica y el agua, dejando por fuera también servicios básicos como el jabón, papel higiénico, mantenimiento de infraestructura entre otros.
En la carta también se encuentra el detalle de las deudas actuales según informe de la Junta Administrativa.
Además el director le plantea cuatro puntos de afectación que está teniendo tanto la comunidad como la institución. En primer lugar el corte de electricidad afecta significativamente las actividades escolares y el bienestar de las y los estudiantes, esto debido a que se dificulta el mantener las condiciones adecuadas de iluminación y refrigeración, afectando directamente el aprendizaje y confort del sector estudiantil y del personal.
Como segundo punto de afectación, es que se ven comprometidos el el uso de equipos y tecnología necesaria para la enseñanza como las computadoras, proyectores o laboratorios, lo que limita el aprendizaje, impactando negativamente en la calidad de la educación ofrecida por la institución, además de afectar la administración del colegio, impidiendo el uso de tecnologías esenciales para el procesamiento de documentos y el mantenimiento de registros, lo que genera retrasos o dificultades en la gestión escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes y personal.
Como tercer punto, García López, menciona el deterioro de las instalaciones físicas del colegio ya que no se puede mantener adecuadamente ante la falta de electricidad, lo que afecta la seguridad y el mantenimiento general del edificio escolar, representando un riesgo para toda la comunidad escolar.
Como último punto el director menciona que el colegio ha recibido múltiples mensajes por parte de personeros de Coope Santos R. L., por la falta de pago, lo que genera una reputación negativa para la institución, afectando su credibilidad y relaciones con la comunidad educativa y los padres de familia, lo que a largo plazo afectará en la matrícula de estudiantes y el apoyo financiero al colegio.
Las afectaciones que causa el corte de electricidad en el Colegio Técnico Profesional de Acosta son multifactoriales y tienen impactos negativos significativos en las operaciones escolares, la calidad de la educación y la percepción pública de la institución. Es crucial abordar esta situación de manera urgente y buscar soluciones para mitigar estos efectos adversos en la comunidad educativa.
Además, el director menciona que como administrador ha remitido múltiples oficios solicitando la ayuda presupuestaria para el CTP de Acosta para sufragar los gastos básicos, sin embargo, de acuerdo con la estructura jerárquica él tiene un límite, por lo que solicita a la ministra de educación, la Sra. Katherine Müller-Marín el apoyo para resolver dicha situación de emergencia.
El equipo investigador del Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), de la Universidad Nacional estuvo a cargo de la encuesta “Percepción de la población costarricense sobre la labor del gobierno y la política nacional” (UNA), ésta se levantó en el Centro Tecnológico de Investigación Social (CETIS) del IDESPO.
Según explica el reporte de encuesta, los datos se recolectaron vía telefónica, en marzo de 2024, bajo la supervisión del personal del CETIS con el objetivo de identificar la percepción de la población costarricense sobre la gestión de la administración Chaves Robles y su valoración respecto a distintas instituciones públicas.
Entre los hallazgos de estas encuestas se destaca que la población encuestada valora positivamente la labor realizada por la Administración Chaves Robles en áreas como infraestructura, educación y economía. Las calificaciones más bajas brindadas por quienes participaron en el estudio se encuentran en áreas como el combate a la corrupción, con una nota de 4,88, las acciones destinadas a la seguridad, calificada con un 4,84, y el combate a la pobreza, con un valor de 4,81. Sin embargo, en ninguna de las áreas sobre las que se consultó la Administración Chaves Robles obtuvo una nota superior a 7. Aunque el presidente de la República encabeza la calificación promedio más alta brindada a la labor de diversos integrantes del Poder Ejecutivo, con una nota de 6,52 (seguida por la brindada al desempeño del ministro de Seguridad y de la ministra de Salud, con 6,24 y 6,14, respectivamente), ninguno de los integrantes del Poder Ejecutivo sobre los que se consultó obtuvo una nota superior a 7.
El pasado 25 de abril se realizó un en vivo desde UNA comunica, sobre este informe del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. En este en vivo se desarrollaron temas relacionados cómo: educación, la seguridad ciudadana en Costa Rica, Poder Judicial, Caja Costarricense del Seguro Social, ambiente, política exterior, crisis en el gabinete, conflictos, etc. Las personas participantes de este análisis fueron el máster Carlos Carranza Villalobos, coordinador; la doctora Claudia Palma Campos, investigadora; la máster Laura Brenes Arce, investigadora y la máster Rebeca Espinoza Herrera, investigadora.
Don Carlos Carranza Villalobos expuso en este en vivo que hay un problema estructural fundamental; la deuda educativa del país. Afirma que existe una respuesta insuficiente de las autoridades ante la evidente crisis salarial en el sector educativo, entre otras problemáticas como las pruebas diagnósticas del MEP, la ausencia de una ruta educativa definida y el inicio del curso lectivo sin un plan de nivelación contemplado. Por otro lado, mencionó también las problemáticas de la CCSS, como la falta de una línea de acción estratégica, sus políticas contradictorias y sus acciones sin resolver (en relación con citas, pacientes y falta de especialistas). Además, expresó la necesidad de repensar el tema de política ambiental como la energía y minas, desarrollo sustentable y economía verde. Claudia Palma Campos mencionó principalmente que existe un tema no abordado; la seguridad de la ciudadanía costarricense, ya que no existe una ruta definida o un plan de acción por parte del gobierno. Afirmó que existe una falta de atención y propuesta sobre esta problemática por parte del gobierno.
Asimismo, compartimos el PDF con el detalle del análisis de coyuntura.
Por parte de IDESPO las exposiciones estuvieron a cargo del doctor José Andrés Díaz González y de la doctora Sindy Mora Solano. Compartimos también su documento con el análisis y la información propia de la encuesta.
Durante el programa, se contó con la participación de personas expertas, quienes analizaron la importancia crucial de la educación en Costa Rica, destacando tanto sus éxitos como sus desafíos pendientes. Además, se enfatizó en la necesidad de invertir en el sistema educativo para abordar problemas como: la desigualdad en el acceso a la educación, la insuficiente formación de los docentes y las dificultades derivadas de la influencia negativa de la tecnología.
Se destacó la importancia de fomentar habilidades como la creatividad y el pensamiento crítico, así como el papel fundamental que desempeñan las familias y la comunidad en el éxito educativo de los niños y niñas, mediante un enfoque integral que incluya mejoras en la capacitación docente, la integración efectiva de la tecnología y la promoción de valores como la equidad y la responsabilidad, se busca fortalecer el sistema educativo y asegurar un futuro próspero para todos los estudiantes.
La comunidad de Buena Vista del Territorio Bribri de Salitre ha decidido cerrar temporalmente la escuela debido a las malas condiciones de la infraestructura. Según informan, el comedor escolar no cumple con los requisitos necesarios y se encuentra en mal estado, con filtraciones de agua en el techo y un piso de madera deteriorado. Ante esta situación, la comunidad se ha unido para manifestarse ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) en busca de una solución.
En un esfuerzo por mantenerse durante este período de cierre y mientras se negocia con el MEP, la comunidad solicita colaboración a través de donaciones de víveres (alimentos) o ayuda económica para la compra de alimentos. Aquellos interesados en colaborar pueden realizar transferencias a la cuenta SINPE número 8552 6789 a nombre de Dayana Figueroa, o comunicarse directamente al número 6098 1141 con William Rodríguez.
La comunidad de Buena Vista del Territorio Bribri de Salitre agradece de antemano cualquier ayuda que puedan brindar para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar y garantizar una educación digna para los niños y niñas de la comunidad.
Compartido con SURCOS por la comunidad de Buena Vista.
La venta del Teatro Arnoldo Herrera González a espaldas de toda la comunidad Castella por parte de la Fundación Castella, especialmente de Gustavo Rojas, es parte de un proceso de privatización que hay que leer políticamente. Tanto secretismo es sólo la cara visible de una actitud autoritaria de la Fundación, lo cual no sorprende porque el autoritarismo está siendo parte de nuestra cultura política actual.
Pero lo que más me preocupa es la «argumentación» (que detectamos por filtración de audios privados porque ni el señor ni la Fundación han hecho públicas sus decisiones) de que como el Estado, léase el MEP, es ineficiente resolviendo los problemas de infraestructura educativa entonces hay que pasarle la responsabilidad a la Fundación para resolver el problema, nótese que es la misma «argumentación» que en el proceso de privatización de la CCSS: es una orquestación bien organizada de corte neoliberal para privatizar la educación, el arte y la salud. Pero tanto la Fundación como don Gustavo no contaron con que nuestra rabia e indignación se convertirán en resistencia, así que esto sólo comienza:
El SEC, solicita al MEP poner fin al congelamiento salarial y pagar los incrementos salariales acumulados desde el 2020; además, reconocer por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada, que no se pagan al personal desde el año pasado.
Comunicado
El SEC solicitó esta semana al Ministerio de Educación Pública (MEP), establecer una política salarial para el sector educación, que ponga fin al congelamiento salarial. Solicitó pagar de inmediato y en su totalidad los incrementos salariales acumulados desde el 2020; así como el reconocimiento por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada que no se pagan al personal del MEP desde el año pasado.
Se debe terminar con el congelamiento salarial
El SEC recodó a las autoridades del MEP, que a partir de la entrada en vigencia de la regla fiscal de gasto, establecida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre del 2018 – artículos 11 inciso d) y 13 inciso c) -, ahora reforzada por disposición de los transitorios XI y XII de la Ley Marco de Empleo Público, N° 10.159 del 8 de marzo del 2022, se ha establecido una política de congelamiento salarial indefinida, que en enero 2024 entró en su 5° año consecutivo de vigencia.
El SEC indicó a las autoridades del MEP, que el congelamiento salarial impacta negativamente al personal del sector educativo, pues el estancamiento de los salarios con relación al costo de vida implica un deterioro creciente en los ingresos reales y en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, pese al notorio incremento de los precios en bienes y servicios necesarios para la subsistencia de sus familias.
Se argumentó por parte del SEC, que el propio Procurador General de la República Iván Vinicio Vincenti Rojas, actuando como abogado del Estado, advirtió que el congelamiento salarial indefinido es inconstitucional por contrario a los derechos fundamentales y situaciones jurídicas consolidadas de las personas funcionarias. El Procurador señaló en su oportunidad, que sobre el tema la propia Sala Constitucional ya se ha pronunciado en dos ocasiones mediante los votos 200305374 y 2021017.098, indicando que el congelamiento salarial no puede ser permanente “… supone un sacrificio del trabajador, al no ver aumentado su salario pese al aumento en el costo de vida, se puede hacer únicamente por un plazo definido o determinado y únicamente por circunstancias de orden extraordinario o de interés nacional. El congelamiento indefinido en el tiempo afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas a futuro y constituiría un abuso estatal ad infinitum, ya que no solo perjudicaría el salario del funcionario, sino otros derechos como la jubilación…”
Las circunstancias fiscales de orden extraordinario que justificaron la imposición del congelamiento salarial en el 2020, en buena medida han quedado superadas: “… “Estamos por cerrar con un superávit primario por segundo año consecutivo, lograremos alcanzar una relación deuda a PIB cercana al 60%; resultado que se veía casi imposible dos años atrás cuando se esperaba que para el término del 2023 la deuda se ubicara por encima del 70% el PIB”. (Revista electrónica SUMA, 23 de diciembre 2023). Igualmente, es el propio Banco Central quien recalificó las estimaciones nacionales de crecimiento de la productividad al alza (5% en el 2023 y 4.3% para el 2024); mejora sustantiva en la estabilidad macroeconómica nacional de la cual no debe quedar excluida la población laboral que integra el Magisterio Nacional.
Por lo anterior, el SEC solicita revisar la política salarial, para devolver al salario de las personas funcionarias del MEP su valor adquisitivo de acuerdo con el costo de vida, terminando con el injusto castigo al que se les ha sometido por tanto tiempo y no solo en razón a sus derechos fundamentales advertidos por el Procurador General, sino también, para detener la fuga de trabajadores altamente calificados que está afectando la calidad del servicio público.
El MEP debe pagar en forma retroactiva el aumento de salarios adeudados desde enero del 2022
El SEC denuncia también, el incumplimiento reiterado en el pago del aumento salarial aprobado el 17 de diciembre del 2019, mediante el Decreto Ejecutivo N° 42.121-MTSSS-H-MIDEPLAN, vigente desde el 1° de enero 2020, según la siguiente escala:
Grupo salarial
Aumento total a salario base
Meses adeudados
Total adeudado a enero 2024
1
₡8.750
49
₡428.750
2
₡8.500
49
₡416.500
3
₡8.000
49
₡392.000
4
₡7.750
49
₡379.750
5
₡7.500
49
₡367.500
En la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2024 (N°10.427), se incluyó la autorización para realizar dicho pago retroactivo a todas las personas trabajadoras, por lo que el MEP cuenta con los recursos suficientes para realizar el pago de lo adeudado a cada trabajador y trabajadora en forma inmediata y no existe justificación para continuar postponiendo dicho pago retroactivo; y el mismo debe hacerse efectivo para todas las personas funcionarias incluso para aquellas que migraron al salario global, por cuanto se trata de un incremento salarial retroactivo, acumulado desde ante de que entrara a regir el salario global en setiembre del año 2023.
El MEP dejó de pagar 102 recargos e incrementos de jornadas
Con la entrada en vigencia del salario global el MEP ha dejado de pagar recargos e incrementos de jornada necesarios para mantener la continuidad del servicio educativo público; lo anterior debido a que la Ley Marco de Empleo Público no previó cómo atender aquellos servicios educativos donde es necesario que la persona funcionaria responsable, asuma funciones adicionales a las de supuesto y /o jornada, las cuáles deben ser remuneradas adicionalmente; caso contrario, nadie asume el cargo, o si lo hace sin recibir la remuneración extra, se le estaría causando un perjuicio grave, sometiéndolo a un tratamiento discriminatorio e injusto.
Se trata de una situación particular del servicio educativo, que pese a las advertencias formuladas a las y los legisladores de entonces por los sindicatos magisteriales y el propio MEP, mientras se discutía el proyecto de Ley Marco de Empleo Público no fueron atendidas, generándose en la nueva normativa una prohibición absoluta para el pago de componentes salariales adicionales al salario global, el cual hoy afecta al menos 102 actividades muy propias del servicio educativo, que no pueden realizarse por la prohibición legal de pagarlas de manera adicional al salario global. Esos recargos y aumentos de jornada serían:
AFECTACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGOS – SALARIO GLOBAL PENDIENTES DE TRAMITAR
TIPO DE RECARGO
CANTIDAD
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN I Y II CICLO
11
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS
36
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN PREESCOLAR
12
AUXILIAR DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO
7
CONSERJE DE CENTRO EDUCATIVO
6
OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1
2
RECARGO (PRIN) RECUPERACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS
10
RECARGO COMITÉ DE APOYO EDUCATIVO
3
RECARGO COMITÉ DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES
8
RECARGO ESCUELAS MODALIDAD HORARIO AMPLIADO
6
TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1
1
TOTAL
102
Se debe reestablecer el pago de incrementos salariales por reasignación de puestos
Otra situación habitual en el servicio público educativo es que se modifiquen los límites de matrícula en un centro, pasando la institución a otra categoría administrativa (De dirección 1 a dirección 2 por ejemplo); por lo que se debe realizar un estudio del puesto para recalificar el salario de la persona directora. Al igual que en los casos de recargos y aumentos de jornada, son situaciones particulares que solo ocurren en el sistema educativo y que fueron habituales y necesarias para mantener la continuidad del servicio educativo, las cuales hoy se han dejado de pagar.
En esa misma línea, personas que están desempeñando gestión educativa en instituciones que aumentaron su matrícula de un año a otro por la dinámica social propia de la comunidad a la que pertenecen, no pueden recibir el salario correspondiente a la categoría actual del centro educativo, ya que está prohibido reasignar puestos cuando ello implique pasar a un nivel salarial superior.
Situación de contexto y la protesta social como alternativa:
El personal del MEP aún no termina de asimilar las situaciones adversas creadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (principalmente la imposición de una regla fiscal de gasto), y por la Ley Marco de Empleo Público (principalmente por las implicaciones del salario global), que a la fecha han precarizado sus retribuciones salariales, terminado con las posibilidades de desarrollo profesional y que establecieron – ambas leyes -, obstáculos insalvables para la buena prestación del servicio público educativo.
Hasta el momento la situación se toleró por las condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia COVID 19 y, por las alegadas “circunstancias – fiscales – de orden extraordinario o de interés nacional”, con que se justificó en el 2018 el congelamiento salarial mediante la imposición de la regla fiscal de gasto.
Pero a la fecha, después de padecer tan adversas circunstancias salariales por cinco años, y en momentos en que las condiciones fiscales del país han mejorado ostensiblemente, el personal del MEP no está dispuesto a tolerar por más tiempo el menoscabo de sus derechos salariales.
En este nuevo contexto, se hace evidente que otro incumplimiento salarial no será tolerado y que trabajadores y trabajadoras de la educación presionarán hasta obtener una justa revisión de la política salarial actual; y el SEC, como fiel representante de su afiliación, se prepara para hacer valer – inicialmente por vías de la negociación o en su defecto por las vías de la protesta social -, esa legítima aspiración del Magisterio Nacional a recibir los incrementos salariales que le corresponden y a tener una política salarial que dignifique su trabajo y reconozca todas las particularidades del sector educación.
El SEC advierte a las autoridades del MEP, al Gobierno y a la ciudadanía en general, que el incumplimiento en el pago de los salarios es una falta grave a las obligaciones patronales, que faculta al personal afectado para solicitar la declaratoria de una huelga legal; por lo que el SEC espera una respuesta oportuna y definitiva a las peticiones salariales planteadas, para evitar que la situación laboral se desborde y pueda afectar el inicio normal de año lectivo 2024.
Atentamente, Gilbert Díaz Vásquez. Presidente SEC Yorgina Alvarado Díaz. Secretaria general SEC
El SEC solicita a la señora ministra de Educación Pública y al señor presidente de la República, nombrar urgentemente una persona exministra de educación que corresponda, en el Consejo Superior de Educación (CSE), en sustitución de Guillermo Malavassi, quien renunció al finalizar el 2023 dejando a dicho órgano constitucional sin quórum y en consecuencia, sin poder sesionar para ejercer las funciones de ente Rector de la Educación costarricense.
Nuestra educación atraviesa por la peor crisis institucional de los últimos 50 años. El 9° Informe del Estado de la Educación (2023) recordó que: “…La crisis educativa, ya advertida en el informe previo (2021), se ha profundizado en materia de gestión, recursos e inversión. Ello ha creado una coyuntura decisiva para el presente y futuro del sistema educativo. De no actuarse con urgencia, se seguirá desplegando un sendero de involución hacia una educación de menor calidad y accesos excluyentes para amplios segmentos de la población. Ese curso afectará profundamente el rumbo del país en las próximas décadas…”
Por su parte, la Contraloría General de la República en su informe sobre la planificación integral del sistema educativo del 15 de diciembre 2023 concluyó, que la educación costarricense se encuentra sin rumbo cierto y que carece de dirección y de orientación, ordenando ante dichas falencias: “… Analizar, discutir, aprobar en sesión del Consejo Superior de Educación, oficializar y divulgar, la Política del sistema educativo con enfoque prospectivo que oriente la planificación integral de mediano y largo plazo, (…) divulgar las decisiones tomadas para su implementación y remitir a la Contraloría General, una certificación en la que consten los acuerdos sobre dicha propuesta y su divulgación, en un plazo dos meses una vez remitida la Política al citado Consejo…”
La renuncia del señor Malavassi quien durante más de un año ejerció en representación de los intereses de las empresas privadas en servicios de educación y plegado a las decisiones erráticas de la ministra -, es una oportunidad para que el Poder Ejecutivo designe una persona pedagógicamente competente, que represente los intereses de la educación nacional, sin tomar bandería en favor del capital privado que invierte en educación.
Hacemos un llamado para que, con la nueva representación del CSE, se corrija el lamentable error de haber entregado dicho asiento a las grandes universidades privadas y que se designe ahora una persona objetiva y neutral, que se interese por la educación pública del país.
Es también una oportunidad para que la UCR y el MAGISTERIO NACIONAL, representados en el CSE revisen la participación de sus representantes y asuman a partir del presente año, una actitud independiente del Gobierno ejerciendo un contrapeso político – pedagógico que permita retomar el rumbo de la educación pública costarricense. ¡Nuestro país no resiste más improvisaciones!
Licda. Vivian Rodríguez Araya. Secretaria General Estructura SEC Zonal 29
Decisiones irresponsables, engaños a la comunidad educativa en general, acciones arbitrarias, la no transparencia, eso es lo que los jerarcas del MEP han recetado en torno al Festival Estudiantil de las Artes etapa Nacional 2023.
Luego del escándalo en medios de comunicación sobre la decisión de suspender el Festival Estudiantil de las Artes etapa nacional por falta de recursos, indicaron que se detenía la suspensión del festival, y que se realizaría en las mismas condiciones que años anteriores….
FALSO, no se contaba con los recursos, rasparon las ollas de contenidos presupuestarios de otros programas importantes de Vida Estudiantil, pero aun así no era suficiente dinero para cumplir todas las necesidades logísticas, Pese a los esfuerzos de los mandos medios que comunicaron a los jerarcas de la situación real, y la petición del SEC la ministra de cumplir con el destino de los fondos correspondientes, la jerarquía decide seguir con la realización del FEA de manera irresponsable y arbitraria.
Con mucha incertidumbre, preocupación y tristeza de la realidad, los funcionarios del MEP continúan trabajando por mantener la organización técnica y logística del festival, no obstante los resultados son estos; Jerarquía envió convocatoria oficial de convocatoria extemporánea a centros educativos, indicaron que no se cubriría transporte ni hospedaje, alimentación no óptima, el lugar no se ajusta a los parámetros técnicos, la no asistencia de centros educativos por falta de recursos, y la dirección improvisada para tratar temas.
Ha sido muy triste, el FEA está tan institucionalizado y es tan querido que, aunque lo tratan de asesinar no muere, es hermoso ver participar pequeñines y jóvenes vestidos, maquillados, etc. Felices de que si pudieron llegar y realizar su presentación en la etapa nacional.
No obstante, el panorama es todavía más negativo, la ministra de Educación hace dos meses defendió el presupuesto 2024 ante la Asamblea Legislativa y la propuesta presentada llevaba mucho más y significativos recortes presupuestarios para los programas de arte, cultura, música y deporte.
Que gran impotencia y desaliento se siente con estos escenarios, aunque se compensa con los rostros felices de estudiantes que sí pudieron participar.
Estos son los escenarios que se viven todos los días en las oficinas centrales del MEP, una real improvisación total, ahora pueden imaginar los escenarios e incertidumbre que se viven en los centros educativos, quienes deben bajar la comunicación directa a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes y encargados de familia.
Estudiantes y padres de familia del Liceo Rural Tsikriyök situados en el territorio Indígena de Cabagra de Buenos Aires amanecieron este viernes en huelga indefinida.
La razón de dicho movimiento es oponerse a la eliminación de los Códigos de Orientación y Oficinista en el colegio.
La disminución en el número de matrícula ha traído como consecuencia que el Ministerio de Educación Pública tomara la decisión de eliminar los Códigos de Orientación y Oficinista, lo que a juicio de los huelguistas, “dejaría a los estudiantes en una posición de indefensa y desigualdad, en un contexto donde ellos necesitan de una orientadora que atienda sus casos, tanto personales como vocacionales, a la cual le depositan toda su confianza, además de ayudarlos de forma importante en otros trámites”.
Además, alegan que la oficinista juega un rol fundamental en este colegio, ya que es de mucha ayuda para ellos y los padres de familia en diversos trámites.
Los manifestantes se mantendrán en posición de huelga indefinida hasta que el Ministerio de Educación Pública los escuche, les atienda el caso y les mantenga estos Códigos de Orientación y Oficinista por excepción.
Este centro educativo de secundaria se ubica en el Territorio Indígena de Cabagra de Buenos Aires, Puntarenas.
