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Etiqueta: Ministerio de Ambiente

Ministro de Ambiente Franz Tattenbach desprotege Gandoca-Manzanillo y niega amenazas de muerte a líderes ambientalistas

Comunicado*

Personas habitantes de comunidades del Caribe Sur, diversas organizaciones y personas activistas independientes, nos hicimos presentes en la comparecencia del ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.

La vida de personas defensoras del ambiente está en riesgo. Hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional, internacional, ante las amenazas a personas que defienden el ambiente y la vida, situaciones que el Ministro se niega a atender.

06 de Agosto, San José, Costa Rica- Asistimos a las barras de la Asamblea con el objetivo de protestar ante la inacción, corrupción y violencia que atentan contra los ecosistemas naturales y las personas ecologistas en el contexto de la tala ilegal y otras presiones sobre el Refugio Gandoca-Manzanillo, problemáticas provenientes o amparadas por el Ministerio de Ambiente y su ministro, así como por Maylin Mora, directora del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), que a su vez se vinculan con el debilitamiento de la institucionalidad y del Estado social de derecho que ha caracterizado al actual Gobierno.

Rechazamos de forma contundente las declaraciones del ministro Franz Tattenbach al ser cuestionado por las amenazas de muerte a personas activistas del Caribe Sur, entre ellas integrantes de la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC). Consideramos que sus palabras indican un cuestionable desinterés y negligencia ante la gravedad de las denuncias y de la situación de violencia que viven las personas ecologistas, quienes sufren de hostigamiento, estigmatización y discriminación de forma constante, a causa de las denuncias sobre irregularidades ambientales y los vínculos políticos y empresariales involucrados en el ecocidio en Gandoca-Manzanillo.

Recordamos que es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos de las personas defensoras del ambiente, tal y como establece el artículo 27 de la Resolución 3/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Los Estados deben adoptar medidas inmediatas para promover y proteger los derechos de estas personas a la vida, integridad y libertad personal, de reunión y libertad de asociación, a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad, de circulación y residencia, al debido proceso y garantías judiciales, asegurándose que las personas defensoras no sean hostigadas, estigmatizadas, discriminadas o asesinadas por el trabajo que realizan”.

Consideramos inaceptable e irresponsable la falta de acción y de reconocimiento de la gravedad de esta situación por parte del ministro Tattenbach. La omisión y la indiferencia del Estado ante estos hechos ponen en riesgo la vida de quienes defienden nuestro ambiente y ejercen su derecho a la libre expresión y denuncia.

Cabe destacar que estas obligaciones también son amparadas por el Acuerdo de Escazú, mismo que no ha sido ratificado por Costa Rica en una clara muestra de lamentable desinterés hacia la situación de las personas activistas que pagan el precio en la defensa de la naturaleza y el bien común.

Hacemos un llamado urgente a las organizaciones, medios de comunicación y a la sociedad civil, a manifestarse en apoyo de la protección de las personas defensoras de la naturaleza. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para garantizar su seguridad y que se investiguen a fondo las irregularidades denunciadas. No podemos permitir que las personas que luchan por el derecho humano a un ambiente sano sean silenciadas e intimidadas.

Ante la represión y violencia es URGENTE mayor organización, presencia en las calles y apoyo de la comunidad internacional ante una democracia cada vez más amenazada.

*Compartido en redes por distintas personas ambientalistas y enviado a SURCOS.

Imagen: Semanario Universidad.

Recurso de Amparo contra ministro de Ambiente -CONCEVERDE

COMUNICADO

Ante la desidia del Ministerio de Ambiente, se presenta un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra del ministro por no haber llevado a cabo el Ministerio acciones para recuperar los terrenos que son propiedad del Estado, de acuerdo con la Ley 65 promulgada el 30 de julio de 1888, que declaró desde esa fecha, terrenos inalienables miles de hectáreas para proteger el agua de los habitantes del Valle Central.

¿Será que nuestros antepasados del siglo XIX tenían mayor sabiduría que se interesaron en proteger el recurso hídrico, o eran menos proclives a ceder ante intereses particulares que los gobernantes actuales?

Ya la Sala Constitucional había ordenado en el 2008 al MINAE en resguardo del ambiente, llevar a cabo acciones para recuperar los terrenos de la zona inalienable que se encuentran en manos de particulares, no obstante, a la fecha de hoy, 14 años después de la resolución judicial, ese Ministerio no ha recuperado terreno alguno, lo que ha obligado por medio de solicitud de amparo, recurrir de nuevo ante ese tribunal en resguardo de un derecho sano y ecológicamente equilibrado.

Suscribe este comunicado;
José Francisco Alfaro C

Compartimos los documentos para mayor detalle:

No cesan las conspiraciones contra la Ley de Aguas

Freddy Pacheco León *

Circunstancias de la vida nos han cruzado en el camino de los costarricenses que, desde hace una década, han venido propiciando las recetas sobre la administración del agua dictadas desde el Banco Mundial. Empezaron, nada menos, por cuidar que el acceso al agua no fuere considerado como un Derecho Humano, en “el texto mejorado” de una nueva Ley de Aguas impulsado por ellos y el exministro de Ambiente Roberto Dobles.

Luego siguieron con una trama central en la que su cuento tenía como argumento, que el manejo del agua se concentrara en ese mismo Ministerio de Ambiente, sin importarles que es un órgano político muy propenso a tomar decisiones determinadas por intereses particulares y no comunitarios. Así, empezaron a hablar engañosamente de «gestión integrada» del agua, mientras impulsaban una legislación que más bien busca una gestión monstruosa, acaparadora, centralizada, antidemocrática e irracional, en el Ministerio de Ambiente, buena para la satisfacción de entes como la GWP-Banco Mundial («Global Water Partnership») pero mala para un Estado que se espera busque el bienestar general.

Como parte del proceso silencioso, poco a poco, gracias al poder del dólar pero «como quien no quiere la cosa», desde el extranjero fluyeron invitaciones a gigantescos «foros mundiales del agua», donde los inconscientes e inconsecuentes turistas costarricenses, se maravillaban de las bellezas de Marsella, Estambul, Seúl, Brasilia, etcétera, y aplaudían hasta el paroxismo, junto a los otros 30 mil «participantes», las proclamas de los representantes de las grandes corporaciones transnacionales del agua vista como cosa comercial. Aplausos que eran verdaderas monedas de pago por los paseos y los contratos diseñados para «incidir» (¡así le dicen ahora!) en los cambios en la legislación nacional con los cuales se abriera nuevos cursos al agua que ha de verse como un «bien económico» y no como un «bien social». “No money, no water”, es su lema.

Ello sucedía más o menos silenciosamente, mientras la GWP-Banco Mundial reclutaba «sargentos» en instituciones nacionales, públicas y privadas, que podrían servirle para el cumplimiento de sus disimuladas intenciones. Sin que faltara, ¡cómo no!, la muy onerosa tarea de redactar propuestas de textos legales, que sirvieran para dar los saltos que les permitieran cumplir sus tareas.

Eso sí, sabían que antes, ¡y esto es de especial trascendencia!, había que quitar del camino los obstáculos que más les incomodaban, como lo es la visionaria Ley de Aguas que nos heredara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Ley emitida en 1942 que desde entonces declara al agua como «un bien de dominio público», y que como tal no puede pasar a ser propiedad privada ni ser transada en bolsas de valores. Ley con la cual el señor expresidente hizo viable el sueño de darle agua potable a sus compatriotas, para con ello sustentar los servicios urgentes de salud que requería una población que, por las enfermedades y poco desarrollo sanitario, tenía una expectativa de vida menor a 50 años. Ley que con el paso de los años, no solo ha sido obviamente adaptada a nuevas necesidades, sino que pudo mantener su vigencia como instrumento legal de gran valor.

Pues resulta que esos «sargentos» que acostumbran moverse tras bambalinas, se han especializado a apuntar sus ballestas hacia la Ley de Aguas, con la intención expresa de destruirla porque… «es muy vieja». Tan vieja, agregamos, como el Código de Trabajo, las Garantías Sociales, la ley de creación de la Universidad de Costa Rica, y otras, que no por «viejas» han de ser desechadas, como se pretende con la Ley de Aguas.

En su ataque incansable como batallón apertrechado con recursos externos, se les ocurrió otra estrategia que, según sus mentes, podría hacer posible el cumplimiento de sus compromisos de una manera expedita: usar la Ley de Iniciativa Popular, diseñada para que el pueblo pudiera legislar desde su estatus de soberano.

Y lograron así introducir en la corriente legislativa, un texto para una nueva Ley de Aguas, que el Tribunal Supremo de Elecciones había tramitado tan, pero tan mal, que las cerca de 150.000 firmas que lo acompañaron, fueron recogidas inocentemente, sin que existiera siquiera un texto que sustentara su trámite, como manda la citada ley. Los ciudadanos firmaron por un proyecto de ley… que no existía. Pero, en fin, más allá de ese desastre, el texto eventualmente agregado a las firmas, que no podía ser modificado por los diputados según su «derecho de enmienda», fue alterado sustancialmente en negociaciones con cámaras empresariales y el Poder Ejecutivo, en sesiones de comisión legislativa. De hecho, el ministro de la Presidencia de doña Laura Chinchilla, don Carlos Ricardo Benavides, prácticamente se convirtió en el «coordinador» de ese ilegal proceso, que culminó con la aprobación del proyecto en Primer Debate en la sesión del lunes 31 de marzo del 2014, sin que fuere conocido por el Plenario legislativo, porque, se alegó, ya estaba vencido el plazo de dos años para su votación que rige para las iniciativas de ese carácter, y no había tiempo que perder…

¡Hubo júbilo inmediato! Al día siguiente, miembros nacionales de la GWP se presentaron en diversos medios de comunicación como parte de su celebración. Entre ellos doña Maureen Ballestero y doña Yamilette Astorga, y por supuesto algún que otro peón del ajedrez que habían estructurado. Eso sí, sin pensar ni un instante en lo que sucedería pocos meses después con su amañado proyecto mal llamado “de iniciativa popular”.

Como parte de esas cosas raras que suceden a veces en la Asamblea Legislativa, los diputados más interesados en su aprobación, propiciaron confiadamente una consulta a la Sala IV, que, al ser atendida, pensaron, les permitiría aprobar el proyecto en Segundo Debate en forma expedita. Sin embargo, en su atropellado trámite se equivocaron y los señores magistrados señalaron roces constitucionales que había que corregir. Tarea incumplida que por un momento detuvo su trámite.

Después vino otro proyecto, promovido principalmente por el diputado Antonio Álvarez Desanti, que al no ser por la vía de la “iniciativa popular”, permitía negociar más libremente con grupos de interés, por lo que les permitió presentar un supuesto texto consensuado para su aprobación. Sin prestarle la debida atención a los múltiples defectos que encerraba su contenido (parecía una mala fotocopia del anterior) se negoció entre fracciones políticas su aprobación y así sucedió.

Sin embargo, este segundo proyecto pasó a ser memorable por la torpeza cometida en su trámite. Fue aprobado en primer debate el 2 de noviembre del 2017 cual si se tratara del tramitado por la vía de la iniciativa popular, por lo que se presentó con su mismo número de expediente Nº 17.742 como “texto sustitutivo”, por una moción aprobada un par de días antes avalada con entusiasmo por el presidente legislativo el diputado Gonzalo Ramírez, quien pareció no percatarse del grave error que se estaba cometiendo con un proyecto tramitado por la vía de la iniciativa popular.

Y como era de esperarse, al resolver una consulta ante la Sala Constitucional, los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, rechazaron por improcedente ese “mágico procedimiento”, pues era ni más ni menos, que una de las más vergonzosas chambonadas legislativas en muchos años. Los genios promotores, convencieron a los señores diputados de que al proyecto votado en abril del 2014 (el de “iniciativa popular”) le podrían trasplantar un nuevo texto “ya consensuado” para así cumplir aparentemente con las objeciones que emitieran los señores magistrados de la Sala IV ante la consulta que entonces se les hiciera. O sea, al proyecto ingresado con las 150 mil inocentes firmas, por arte de magia infantil, le trasplantaron el texto aprobado en comisión legislativa y Plenario Legislativo, por otro completamente diferente, absolutamente inconexo con el que se acompañó con 150 mil firmas.

Se frotaron las manos, y ajenos a las objeciones que, por supuesto se les comunicaron, dijeron “¡pa eso tenemos la mayoría!” y le dieron una alta votación esa noche del Día de los Santos Difuntos. Eventualmente sería archivado sin llegar a ser conocido en segundo debate.

 Y llegamos al presente gobierno para conocer que nuevamente, el texto del trasplante, volvía a la vida, pero con su número de expediente original. Proyecto que caminó dando tumbos, y maltrecho por los golpes, gracias a la insistencia de la diputada Paola Vega y el apoyo medio disimulado de su colega Carlos Ricardo Benavides y otros diputados que confesaron no conocer el proyecto que se aprestaban a votar favorablemente. De hecho, después de un trámite de casi dos años en que la Comisión de Ambiente presidida por la diputada Vega Rodríguez, rechazó propuestas de audiencia necesarias para conocer detalles del proyecto que ella movía aceleradamente y por mal camino, llegamos a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, iniciadas en diciembre del año 2020, donde había sido ubicado por el Poder Ejecutivo en el primer lugar de la agenda. Ya, aparentemente, estaba servida la mesa para aprobarlo sin más dilación, nuevamente.

Pero sucedió algo insólito, consecuencia de la incompetencia que a veces contagia a legisladores cual virus epidémico. Mientras los que desde el colectivo «Agua es vida, no mercancía» cruzábamos los dedos muy discretamente desde semanas antes, para que llegara el día 15 de diciembre sin que se hubiere aprobado el expediente N°20.212, los diputados se mostraban indiferentes a la fecha, pues ni doña Paola Vega se había percatado que, de alcanzarse el plazo fatal de cuatro años que se cumplía al iniciar ese día, el «prioritario proyecto de nueva Ley de Aguas», el proyecto de su vida parlamentaria, ¡habría de archivarse! Hubo lamentos, insultos, recriminaciones, por «la metida de patas”, mientras los compañeros del colectivo “Agua es vida, no mercancía” iniciábamos nuestra celebración al ponerse el sol el día 14 de diciembre, pues sí teníamos certeza del error grave que estaban cometiendo.

Y es que había que celebrar, y mucho, pues, por ahora, el agua potable de los costarricenses sigue siendo gobernada por el Instituto Costarricense de Aguas y Alcantarillado (AyA) como un bien demanial, como bien social, ajeno a modelos de administración privada en el campo agropecuario, respetuoso de planes de uso de generación hidroeléctrica llevados adelante por el ICE, sin impunidad para los responsables de miles de pozos ilegales, sin que se erosionen las funciones del ente técnico responsable de la conservación de las aguas subterráneas (Senara) y sin que se le arrebaten torpemente al Ministerio de Salud sus funciones relacionadas con plantas de tratamiento de aguas servidas y control de vertidos, entre otros. ¡Claro que lo celebramos brindando, eso sí, con un vaso de agua! porque se trata del recurso natural más valioso de Costa Rica! ¡Por eso a usted también le invitamos a brindar!

Pero amigos, a dormir como los delfines, con la mitad de su cerebro alerta, pues anda por ahí otra fotocopia desmejorada del proyecto de nueva Ley de Aguas (expediente N°20.386) que podría saltar como la liebre y que se dice está empeñada en promover la diputada Paola Vega. Proyecto presentado en la legislatura pasada por Otto Guevara, Ottón Solís, Fabricio Alvarado, Víctor Morales Zapata, Mario Redondo, Epsy Campbell, y otros. Peor que los anteriores, pero uno más de las conspiraciones contra la Ley de Aguas.

*PhD en Ciencias Biológicas

El agua, la tierra y el ambiente de don Luis Guillermo Solís. Una réplica necesaria *

El agua, la tierra y el ambiente de don LGS

* Escrito desde la Pampa, 3 de setiembre del 2014, por Confraternidad Guanacasteca. Replica al tema ambiental del informe de los 100 días del Señor Presidente Luis Guillermo Solís.

“El agua no es solo para beber también, se necesita para producir. La tierra no puede ser solo para conservar, también necesitamos que nuestras mujeres y hombres campesinos garanticen la producción de comida.”

–aplausos- Luis Guillermo Solís. Presidente de la República.

“Si cortas el corazón de una sola gota de agua,

de él emergen cien océanos puros.”

Mahúd Shabestri, poeta.

El rumbo del agua, la tierra y el ambiente costarricense tomaron oeste, con el sonado informe de los 100 días. Con aplausos y un poco de chota a Adolfo Hitler, se dibujó el estilo ambiental del nuevo gobierno. En su discurso principal de los 14 grandes escándalos, no se citó ninguno con relación al ambiente. Esos escándalos han sido mayores que la “chatarra” de automóviles desaparecida. La posición del gobernante inicia después de los cuestionamientos de Eva Carazo, que fueron tomadas –por el tono de respuesta- como impertinentes.

Lo ambiental y ecológico no es, no ha sido y seguramente no será prioridad, para ningún gobierno en Costa Rica. No podrá ser, si ese Gobierno, no se ocupa del bienestar general de su COMUNIDAD.

Solís, resume el ambiente en dos recursos: agua y tierra. Menciona que existe un ministro de ambiente y que realiza –por su tono- un excelente trabajo. “A mí, me alegra mucho cada vez que veo al señor ministro en la casa presidencial…”.

1. La apropiación del agua y el Estado

El presidente nos dice con tono de catedrático universitario –casi regañando-, “que el agua no es solo para beber…”. Resalta el gobernante, “…si claro las comunidades están preocupadas por sus recursos ¡idiay!, pero resulta que algunas comunidades quieren agarrarlos y no soltarlo habiendo comunidades que también los necesitan.” El valor histórico de las comunidades queda diluido en un vacío y son las responsables del caos ecológico.

Lo históricamente visible y comprobable, es que las comunidades son un resultado de una larga cadena de tiempo y de personas, que pueden remontarse algunas, a los inicios de la formación del Estado Costarricense.

Son las comunidades arraigadas y pueblos, que han sido conformadas por vecinos de generación, en generación logrando levantar iglesias, parques, plazas, escuelas y acueductos. Algunas de esas comunidades han logrado alcanzar grandes centros urbanos. Esas conformaciones geográficas tienen historias, valores y sobre todo respeto con la naturaleza. Muchas de ellas fueron olvidadas por el Estado y lograron levantar lo que hoy tienen por un esfuerzo colectivo, propio y autónomo. Es por ello que agarran los recursos y no los sueltan. Pues, los políticos los ofrecen sin haber sentido o haber visto el dolor del parto.

Políticos y burócratas han querido negar la formación de las comunidades, pues son los pobladores y vecinos los principales defensores de la depredación de los recursos naturales. No oponerse a tales crímenes constituye heredar a los niños completas tierras de “chatarra”, nada semejante a la de los vehículos de casa presidencial.

Los pensadores intelectuales al servicio de los grandes emporios del dólar, euro y ahora el yuan, quieren introducir esos nuevos conjuntos habitacionales -con arquitecturas mediterráneas y de “Miami”- como comunidades residenciales turísticas. Verdaderas “zonas francas” conteniendo hoteles, supermercados, cines, clínicas y otros servicios. Lugares de exclusión para los vecinos, pero no para los políticos, los cuales pernoctan por esos palaciegos territorios. Los defensores de los “enclaves de exclusión”, afirman que son comunidades y hay que dotarlos del recurso hídrico. Antes, esos bunkers han exterminado humedales y bosques. Todo con la venia de las autoridades municipales y ambientales

En una nueva traducción de la versión presidencial del recurso hídrico, podríamos decir que el agua es para quien la exija con billete en mano y no solo para beberla. El discurso del agua como derecho humano –para los fieles promotores-, perdió total sentido con estas interpretaciones oficiales.

Por cierto, el agua en prioridad debería ser para los ecosistemas, son ellos los que nos dan y prolongan la vida. Esa función podemos premiarla, por medio de su protección legal. Y revisar con pinzas, la ley de recurso hídrico que fue mencionada por el señor Guillermo Solís y que produjo la felicitación a los diputados por rescatarla de la muerte.

En el discurso ambiental presidencial, las instituciones relacionadas con lo ambiental: SETENA, SENARA, AYA, Dirección de Aguas, INCOPESCA, TRIBUNAL AMBIENTAL, no fueron mencionadas como irregulares, pasaron la nota en el análisis presidencial.

La visión antropocéntrica en la repuesta presidencial, es más que evidente, el agua es para los humanos. Los demás seres, existen pero no importan. Estrechez de un economicismo barato de varios catedráticos de la década de los 80 y que han estado asociados a una visión económica solamente del crecimiento y no del bienestar social. El Presidente del Banco Nacional de Costa Rica aún subsiste, y seguramente toma agua embotellada.

2. La tierra en Costa Rica, como discurso político.

El Presidente precisó: “La tierra no es solo para conservar…”. El señor Solís habla como Presidente y no como un parcelero. El mandatario tiene influencia y goza de un poder, para sugerir cambios de uso de las tierras del Estado. Las áreas de conservación, parques nacionales e islas vienen estando en la mira de gobernantes y legisladores. Este gobierno no escapa a esa tentación. Justa razón política para mencionar que “La tierra no es solo para conservar.” Todavía se nos sigue mirando a las personas preocupadas por la ecología como hombres y mujeres que viven en las cavernas.

3. Del continuismo a la improvisación ambiental

Para el Estado lo ambiental son proyectos de explotación pública y privada de los recursos naturales. El desarrollo se encuentra superior a la protección. Es por esto que “la tierra no es solo para conservar…”

El embalse del Arenal y su proyecto hidroeléctrico -en su momento- se inauguró como la obra maestra que iba a solucionar la disponibilidad de energía eléctrica. El canal de riego que sale de esas aguas fue presentado como solución para parceleros y campesinos. Hoy presta riego a grandes haciendas relacionadas con la producción cañera, ganadera y de agroindustria. El riego se encuentra concentrado para unos pocos.

Los proyectos de geotermia -en su momento- fueron presentados como el ejemplo de producción de energías limpias. La energía eólica los gigantes que nos darán energía barata. No sabemos cuánto se paga en alquileres por levantar esos gigantes.

Los grandes proyectos oficiales y no oficiales siempre, han sido presentados como no contaminantes y no dañinos para la naturaleza –ejemplo el polo turístico papagayo, una verdadera indignación ecológica-. La destrucción se esconde con el capítulo de la mitigación del daño. El proyecto siempre va tener buen empleo y desarrollo para la comunidad. Son solo felicidad y encantos, las tragedias se hacen sentir unos años después de funcionamiento.

Los gobernantes no se despegan de los asesores que no paran de hablar de intercambiar “cañones por mantequilla”. Escuela clásica de la economía que tiene al país en difícil situación financiera, de deuda externa y de depredación continúa de sus preciados ecosistemas naturales. Aun así, esas personalidades indignas, continúan ocupando altos cargos públicos y con capacidad para tomar decisiones que afectan el manejo y uso de los recursos naturales de los costarricenses.

Hoy se reciclan los mismos proyectos de uso de los recursos naturales de las administraciones pasadas.

El Proyecto del Río Piedras es presentado como “agua para Guanacaste”. Su costo, pasara los 400 millones de dólares y se desconoce el precio de potabilizar el agua –no sabemos cómo van a pagar la deuda externa, nuestros hijos-. Las posibilidades de financiarlo son el INS o el crédito internacional. Con ello, los grandes consorcios inmobiliarios y hoteleros, podrán seguir consumiendo agua a diestra y siniestra. Para este proyecto, van a ser desafectadas 136 hectáreas de la Reserva Barbudal, así se hace voz a lo expresado por el Presidente: “la tierra no es solo para conservarla…”

Otro golazo, que suena y resuena, es el proyecto de la Cuenca del Nimboyores. Un manto acuífero que ya tuvo conflicto. Desarrollos hoteleros de Guanacaste, en el 2000, con la venia del AYA, quería extraer más de 70 litros por segundo. Hoy diputados, ministros, alcaldes se han sentado para disponer del agua, de nuevo hacen la voz del presidente: “El agua no es solo para beber…”

Los proyectos hidroeléctricos, siguen sonando en la actual administración. Y es que la piedra en el zapato es grande y todo por abrir la boca, en algún momento, el Presidente siendo candidato dijo que iba a bajar la energía. Ahora los más grandes sectores de empresarios se lo reclaman, como si ellos hubieran votado por él. Un millón trescientos mil y un poquillo votaron por Luis Guillermo, ahora vienen 20 tagarotes a pedir que cumpla.

Para el veneno del arsénico en las comunidades de Bagaces, Cañas y otras, se ofrece la misma receta que costaran 1500 millones de colones en filtros para purificar el agua. No sabemos cuánto será el mantenimiento de esas plantas de tratamiento y no desconocemos dónde van a depositar el veneno extraído. Los funcionarios AYA, no pueden imaginar, que es posible encontrar fuentes limpias y baratas. La burocracia del agua, determina que hay que experimentar con filtros y jugar con la salud humana de miles de pobladores de las comunidades.

Los proyectos de geotermia se encuentran en avance y el gobierno de Japón y Costa Rica han suscrito acuerdo para poner en marcha Pailas II y Borinquen, cuyo costo será de más de 560 millones de dólares. No sabemos si van a desafectar algunas áreas de los parques.

APM terminales, sigue la misma línea y varios diputados que visitaron el proyecto no se les permitió entrar por el camino público. El presidente legislativo dijo que había sido un malentendido –todo lo encontrado fue normal. Este proyecto ha sido en repetidas ocasiones cuestionado por el impacto ambiental no solo costero, sino marino.

El proyecto de la refinadora no ha sido enterrado y siguecoleteandocon onerosos gastos en Recope. Estos recursos financieros bien, pueden ser aprovechados en forma satisfactoria para reforestar las cuencas que han destruido el afanado desarrollo, en la provincia de Limón y Guanacaste.

Para terminar, el AYA recomienda a los grandes desarrolladores que se conviertan en Asadas, para legalizar el agua. La presidenta ejecutiva del AYA, expresa: “Los acueductos privados son prohibidos pero existen”. Entonces, es mejor suscribir con ellos convenios de delegación para tenerlos a derecho.

Continuamos, regalando nuestros recursos naturales. Los grandes, siempre se acomodan por donde menos les chima.

4. La zanahoria y la institucionalidad ambiental de Costa Rica

El Ministerio del Ambiente, en su página web, explica los cambios de la cartera de la naturaleza. “El Ministerio ha estado en constante evolución a medida que el sector ambiental ha pasado de ser uno marginal a uno más relevante en los planes del desarrollo del país. Gracias al trabajo realizado por el MINAE, Costa Rica se encuentra hoy entre los primeros puestos del Índice Mundial de Desempeño Ambiental y es reconocido a nivel mundial por sus esfuerzos en pro de la conservación y el desarrollo sostenible.”

Esta rectoría del ambiente depende directamente de lo que se mueve en el escenario económico costarricense. Las políticas y las acciones de este Ministerio son construidas a golpe de tambor y al ritmo de lo que los sectores económicos ligados a las ramas productivas y turísticas fijen como prioridades. Dependiendo de los criterios de esos sectores, así lo ambiental se adapta a esas pautas de producción.

Es evidente que el Ministerio de Ambiente, no es un órgano de conservación y mucho menos de gestión ecológica. Resulta muy difícil poder decir que es una entidad con un fin de vigilancia de los recursos naturales del país, pues con grandes dificultades da seguimiento a las denuncias ambientales.

Este órgano ministerial a lo sumo se ha convertido en un medio de certificación y aprobación de proyectos que impacten el ambiente. En todos ellos aparecen recomendaciones de mitigación y buenos consejos para no hacer el mal al medio ambiente.

Incluso las áreas de conservación son administradas, fuera del reino del Ministro del Ambiente. Y las oficinas regionales carecen de recursos para poder cumplir sus funciones.

En materia marina y costera, con un territorio de mar patrimonial de más de 100 veces más grande que el territorio de tierra firme, el Ministerio de Ambiente se encuentra en pañales y casi no tiene ninguna injerencia. La rectoría del mar, se limita a una institución que solamente tiene la función de otorgar permisos de pesca y acuicultura. Hoy por lo menos se encuentra bendecida por Dios, ya que siempre ha estado en los grandes escándalos de irregularidades y manejos de permisos de pesca. El aleteo de tiburón y la pesca del atún han sido parte del festín de directivos y empresarios de Puntarenas.

Existe el AyA, SENARA, SETENA y la llamada Dirección de Aguas, entidades que tienen relación directa con el ambiente y principalmente con el recurso hídrico. Las tres instituciones están orientadas a la explotación y extracción del recurso hídrico.Es una burocracia capacitada para el saqueo del agua. En forma muy puntual, quizás han participado en un plan de reforestación de alguna de las cuencas. Tal vez, han realizado estudios para proponerla recuperación de algunas cuencas de Costa Rica, pero difícilmente se ha podido pasar más allá del papel y la tinta. Esa deuda del Estado por promover un desarrollo urbano y desequilibrado, no ha sido saldada.

Así las cosas la institucionalidad del ambiente en Costa Rica nos sigue otorgando zanahorias y ahora parece que nos van a dar garrote.

5. El futuro ambiental de Costa Rica

El Presidente y sus ministros, piensan que los grupos relacionados con el ecologismo y el conservacionismo en Costa Rica, se reduce a unos pocos cabezas calientes. Ya doña Laura Chinchilla, en San Carlos, llamo a combatirlos con todas las armas. Hoy, el señor Luis Guillermo Solís dice: “que tenemos que hablarlo despacito.” Es decir que no mucha bulla y escándalo.

Sin embargo, olvida el señor Presidente que la resistencia ambiental no depende de la politiquería, los sectores ligados a la ecología y la conservación del ambiente, difícilmente comen cuento.

Al respecto de la acción por la conservación de los grupos ecologistas, Oscar Fallas, dirigente ecologista y cuyo crimen no ha sido suficientemente explicado, decía:

“El conservacionismo y el ecologismo costarricense son tan viejos como las mismas culturas precolombinas, aparecen en el centro de los mitos, leyendas y prácticas sociales, culturales y productivas de nuestros indígenas como un elemento permanente de la unidad y el respeto por la naturaleza: las plantas, el bosque, los animales silvestres, las fuentes de agua y los ríos como recurso para la sobrevivencia y la tierra como generadora de vida. Todavía hoy, cuando algunos pobladores del pueblo Bri-Bri salen a cazar, le piden permiso a la tierra y a la naturaleza (Ver: Fallas Baldí, Oscar. 1993. Modelos de desarrollo y crisis ambiental en Costa Rica. San José: Asociación Ecologista Costarricense (AECO), Serie Cuadernos de Estudio.Pág.:

Los políticos pactan, esa es su naturaleza. Ellos son entrenados para negociar y dejarse llevar por las cálidas corrientes de los grandes intereses. Los políticos pueden convenir con Dios y con el Diablo.

En el escenario ambiental, deben tomarlo con la mayor precaución y reserva; ya que en la selva, en la montaña, en la playa y en los grandes complejos hoteleros, siempre hay miles de ojos que los observan y los vigilan. Las comunidades seguirán agarrando sus recursos y no los soltaran para esos intereses mezquinos del capital y de los pactos de gobierno.

Ver: Fallas Baldí, Oscar. 1993. Modelos de desarrollo y crisis ambiental en Costa Rica. San José: Asociación Ecologista Costarricense (AECO), Serie Cuadernos de Estudio.Pág.: 9

Enviado a SURCOS Digital por James Siu.

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