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Etiqueta: moratoria

Comunidades afectadas por la piña se reúnen de cara al encuentro anual de personas afectadas por agronegocios

  • Representantes de distintas regiones del país se reunieron en San José para exponer las problemáticas del cultivo de piña en sus comunidades

 

El pasado jueves 19 de abril, representantes de comunidades campesinas y ambientalistas; junto a estudiantes del TCU “Cartografiando el conflicto Socioambiental” de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, compartieron sus experiencias respecto a las problemáticas socioambientales que se viven en distintas regiones del país a raíz de la producción piñera.

Las personas asistentes aprovecharon el espacio para hacer un repaso histórico de la lucha de las comunidades por atender las problemáticas que conlleva la producción piñera en las regiones más periféricas del país. Además, se discutió sobre la negativa del actual gobierno en aprobar una moratoria a la expansión piñera; y se expuso sobre el creciente aumento en la producción de este monocultivo. Según Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, “cada año la producción piñera aumenta aproximadamente un 7%”; lo que representa 4000 nuevas hectáreas dedicadas a la plantación de piña, de las cuales un 25% se hallan en áreas protegidas.

Por su parte, jóvenes del cantón de Siquirres, agrupados en la organización COCOA, manifestaron su interés por denunciar las contaminaciones que desde el año 2010, sufre la ASADA de Milano de Siquirres a causa de las plantaciones piñeras que se encuentran en la zona.

“Como miembros de la comunidad estamos en este encuentro por la contaminación con agroquímicos de una de las cinco fuentes de agua que abastecen a la comunidad. Hace 15 años se demostró que esta fuente de agua fue contaminada por el cambio en el uso de suelo al cultivar piña, ya que anteriormente, en esas tierras, se cultivaba guanábana, y no se usaban agroquímicos tan pesados como el bromacil, el cual se usa en la producción de piña” (…) Según Gabriel, de la organización COCOA: “queremos que gente joven, gente adulta, que talvez quiere incorporarse y no sabe mucho, se sume y nos apoye para detener o aplacar la contaminación piñera”.

Este espacio representa el primer encuentro de FRENASAPP (Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera), de cara al Encuentro de Personas Afectadas por el Agronegocio, que se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de agosto en San José.

Comunidades afectadas por la pina se reunen2
Encuentro de Personas Afectadas por el Agronegocio, 2017, 22 de junio, Revista la Agroecóloga.

Enviado por Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

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Continuará presión para archivar el PH San Rafael

Génesis Santiago R.Cruz (1)

 

El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael podría ser archivado por no gestionar sus permisos en el plazo establecido y corre el riesgo de que se anule su viabilidad ambiental y los permisos de uso de suelo otorgados por una funcionaria municipal de forma irregular. Mientras tanto, el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica presiona para que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas en Pérez Zeledón, que sea incluida en el Plan regulador del cantón.

El Estado costarricense parece apostar cada vez más por la apertura y liberalización de la generación de energía eléctrica. Esto ha propiciado la expansión de proyectos hidroeléctricos, tanto públicos como privados, sin la debida planificación y evaluación de sus impactos. Además, el otorgamiento de permisos y los procesos de consulta a las comunidades han detonado cuestionamientos y oposición por parte de diversos sectores sociales de todo el país.

Movimiento Rios Vivos4

El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, presentado por la empresa Grupo H Solís, obtuvo viabilidad ambiental el 27 de octubre del 2016. Este proyecto pretende represar el Río San Rafael, que se ubica en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica. En teoría, este permiso significa que es posible desarrollar el proyecto sin generar un costo social y ambiental mayor a los beneficios que produciría en la comunidad.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es el ente que otorga las viabilidades ambientales, tomando en cuenta “supuestos” criterios técnicos. No obstante, ha sido cuestionada en muchísimas ocasiones por sectores académicos y ambientalistas, que han denunciado que actúa movida por influencias políticas y económicas, más que por criterios técnicos.

En el caso del PH San Rafael, los cuestionamientos a la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA no se hicieron esperar. El trámite del expediente de este proyecto fluyó con inusitada rapidez: el estudio sociológico se realizó en menos de un mes y la viabilidad ambiental fue otorgada al día siguiente de haberse presentado dicho estudio. Esto levantó sospechas entre vecinas y vecinos de la zona, ya que este tipo de estudios demoran varios meses e incluso años para ser aprobados para proyectos similares.

Por eso, varios comités defensores de los ríos de las comunidades de Buenos Aires, Pérez Zeledón y Coto Brus, aglutinados en el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, han unido esfuerzos para detener el avance del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael.

Si bien la viabilidad ambiental de SETENA es uno de los requisitos más importantes para que este proyecto tenga luz verde e inicie las obras de construcción, hay otros permisos y trámites pendientes que, afortunadamente, han obstaculizado la construcción de esta hidroeléctrica.

Aún están pendientes de aprobar: la concesión de aguas de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); los permisos municipales que están en proceso de juicio por haberse otorgado de forma irregular; y la declaratoria de conveniencia nacional, que debe emitir el Poder Ejecutivo.

Además, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) debía dar la concesión para la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica; es decir, el permiso para que el proyecto pueda vender la energía que produzca. Afortunadamente, la ARESEP emitió un dictamen negativo en relación al proyecto el 1ero de agosto de 2017, debido precisamente a que el PH San Rafael no tiene, a la fecha, la concesión de aguas del MINAE aprobada.

Ahora la empresa deberá presentar una solicitud de prórroga del tiempo para la gestión de sus permisos, lo que dichosamente atrasará la aprobación de este proyecto. Si el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no renueva en octubre dicha solicitud de prórroga al proyecto, el PH San Rafael sería archivado por no gestionar sus permisos en el plazo establecido.

Como parte de los esfuerzos para frenar el avance de este proyecto, la Comisión Defensora del Río San Rafael, que forma parte del Movimiento Ríos Vivos, presentó una nota al Poder Ejecutivo, dirigida directamente al presidente de la república Luis Guillermo Solís, donde se solicitó que no se otorgue la conveniencia nacional al proyecto.

Según Melvin Solís, representante de la Comisión Defensora del Río San Rafael, el presidente Solís: “se comprometió ante quienes entregaron la nota, que durante su mandato no iba a haber conveniencia nacional para este proyecto”. Sin embargo, estando en periodo pre electoral, esta decisión del ejecutivo sería incierta en el 2018. Para Melvin Solís “es una clara amenaza; hay partidos y hay candidatos a la presidencia que ya dijeron ‘vamos para adelante con este tipo de proyectos’. Por eso estamos corriendo para lograr acuerdos importantes con esta administración y que el proyecto quede enterrado antes de que llegue alguien más a dirigir el país”, dijo.

En la Dirección de Aguas del MINAE, el expediente de concesión de aguas del proyecto está en proceso de estudio. Un Informe Técnico emitido el 19 de julio del 2017 por el Ingeniero Francisco Vargas, de la Unidad Hidrológica Térraba- Pacífico Sur, fue favorable para otorgar la concesión, argumentando que las 950 oposiciones que interpusieron vecinos y vecinas de las comunidades afectadas, no tienen fundamento técnico. Este informe indica que las afectaciones ambientales y sociales del PH San Rafael ya fueron tomadas en cuenta por la SETENA al aprobar la tan cuestionada viabilidad ambiental (que recordemos que se aprobó tan sólo un día después de presentado el estudio sociológico). Ahora le corresponde al MINAE tomar la decisión de otorgar o no la concesión de aguas a este proyecto.

Con respecto a la Municipalidad del cantón de Pérez Zeledón, el 8 de enero del 2016 se presentó a la SETENA un acuerdo del Concejo Municipal, indicando que no se otorgarían permisos municipales, ni certificados de uso de suelo a ninguna construcción del PH San Rafael, en el deslizamiento Zapotal, Quebrada Mollejones y en toda la extensión del río San Rafael, por las condiciones de riesgo en el terreno. No obstante, la anterior alcaldesa de Pérez Zeledón, Vera Violeta Corrales, firmó los permisos de uso de suelo, sin criterio técnico y pasando por encima del acuerdo del concejo. Extrañamente, la misma Comisión Nacional de Emergencias (CNE) desmintió que hubiera riesgo en la zona.

Por eso, actualmente el Movimiento Ríos Vivos está solicitando a las y los regidores de las distintas fracciones, que retomen el acuerdo de no otorgación de permisos al PH San Rafael y que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas en Pérez Zeledón, que sea incluida en el Plan Regulador del cantón.

También se está exigiendo que se anulen los permisos de uso de suelo otorgados por la ex-alcaldesa de forma irregular, mediante un juicio que se desarrolla ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Si se logran anular estos permisos de uso de suelo, se anularía también la viabilidad ambiental del proyecto otorgada por SETENA.

Movimiento Ros Vivos2

Finalmente, Ríos Vivos ha gestionado reuniones con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que se emita una declaratoria de las cuencas de la zona como fuentes prioritarias para consumo humano y así garantizar a futuro el derecho humano al agua de las comunidades del Sur de Costa Rica. Para Geovanny Arias, del Movimiento Ríos Vivos, “esto va para largo. Vamos a empezar a hacer cadenas y alianzas, y eso es lo que pretendemos. Esto apenas empieza y ahí estamos, humildemente en la lucha”, expresó.

Los grupos de poder de la institucionalidad costarricense, así como diversos grupos empresariales privados, han propiciado la expansión de proyectos hidroeléctricos como el PH San Rafael, amparados en la excusa de que existe un aumento de la demanda energética y de que es necesario producir más energía para reducir las tarifas y hacerlas más competitivas.

Ambos argumentos han sido refutados por sectores ambientalistas y académicos, ya que los datos demuestran que el país ya tiene cubierta la demanda energética. Por lo tanto, este tipo de generación de energía está estrechamente ligada al interés privado de ampliar la oferta exportable a partir de la venta de energía en el Mercado Eléctrico Regional en Centroamérica (MER).

Muchos ríos de Costa Rica hoy son sitios de sacrificio que están atravesados, no por uno, sino por varios proyectos hidroeléctricos. Esto ha reducido los caudales de forma tan significativa y abrupta que, en muchos casos, los daños ambientales son irreversibles. La zona norte de Costa Rica ha visto sus ríos desaparecer con el avance de las hidroeléctricas y piñeras, que hoy amenazan también a los ríos vivos del Sur.

Para el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, la defensa del Río San Rafael trasciende el nivel local y convoca a muchos sectores a nivel nacional e internacional, alrededor de la defensa la naturaleza, los ríos y del derecho humano al agua de todas y todos.

Más información: https://www.facebook.com/riosvivosmovimiento/

 

1 Comunicadora popular y facilitadora de procesos en la Asociación Voces Nuestras

movimiento rios vivos

Apoyo Movimiento Rios Vivos

Enviado por la autora.

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Sala Constitucional anula moratoria a la expansión piñera

La libertad de empresa limita ejercicio democrático de municipalidades: La Sala Constitucional anula moratoria a la expansión piñera en el cantón de Los Chiles

pina-sin-derechos

Este 12 de agosto, la Sala Constitucional falló en contra de la moratoria al monocultivo de la piña decretada por la Municipalidad de Los Chiles el 05 de julio pasado. El acuerdo fue planteado a petición de las comunidades afectadas por los graves impactos de esta agroindustria en la zona norte de Costa Rica.

El ejercicio democrático de comunidades y gobiernos locales para escoger un camino propicio para bienestar y la salud de su propia comunidad tiene límites y uno de esos parece ser la libertad de empresa. Así lo ha decidido la Sala Constitucional en su sentencia 011545-16 a raíz de un recurso de amparo interpuesto por la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) en contra del Concejo de la Municipalidad de Los Chiles a razón de que esta declaraba una moratoria de cinco años para el otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso conforme para la construcción e instalación de proyectos piñeros en dicho cantón.

La moratoria está sustentada en la urgencia de constatar técnicamente los impactos negativos en la actividad piñera a la luz de estudios que demuestran el impacto sobre la calidad del agua potable para uso/consumo humano y animal; los daños ocasionados a la ganadería debido al mal manejo a los rastrojos; la tala del bosque descontrolada; la explotación laboral y el surgimiento de afectaciones sobre la salud de trabajadoras/es y vecinas/os por agrotóxicos.

Han sido tres las municipalidades que han intentado poner un freno a la irresponsable industria piñera. En 2008 Guácimo hace efectivo el reclamo comunitario para impedir que esta agroindustria siga afectando sus comunidades e instala una moratoria. Le siguió Pococí en 2012, con un acuerdo municipal igualmente acuerpado por organizaciones vecinales de la zona de Guápiles pero la Sala Constitucional anula está moratoria a petición de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto ese mismo año por la CANAPEP. La misma suerte corrió este mes de agosto para la declaratoria del cantón de Los Chiles.

Desde la Campaña Piña Sin Derechos se alertó sobre la intromisión dentro de la Sala Constitucional de intereses particulares en contra del bienestar público. Denunciaron a los magistrados: Castillo, Rueda Leal y Hernández López por crear un precedente negativo en cuanto al derecho de autodeterminación de las comunidades y gobiernos locales. Lamentaron que la salud y el bienestar de la población afectada por este monocultivo se ponga en un segundo plano y sea menos importante que al bolsillo de empresarios que se brincan la legislación ambiental y laboral de este país.

La Campaña Piña Sin Derechos convocó a defender las propuestas de las comunidades que han planteado un freno a esta destructiva industria, pese a violencia y la criminalización y propusieron un plantón frente a la Sala Constitucional el pasado martes 6 de setiembre, para manifestar el desacuerdo ante este fallo que sienta precedentes poco decorosos para la justicia ambiental y social de este país.

*Contactos: Gerardo Barba (vecino de Los Chiles) 8815-3475 / Jeffery López (Ditsö) 8878-9009.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.dinero.com

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda.

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Proponen moratoria a expansión piñera ante Municipalidad de Los Chiles

Comunicado de Prensa

 

Este martes 5 de julio distintos sectores comunales del cantón de Los Chiles solicitarán al Concejo Municipal de Los Chiles que declare una moratoria de 5 años a la expansión del monocultivo de la piña, mientras la Municipalidad termina de hacer el Plan Regulador y se realizan estudios hidrogeológicos.

El acercamiento con el Gobierno local es producto del trabajo que llevan a cabo pequeños productores y ganaderos, asociaciones comunales y personas preocupadas por el fuerte impacto ambiental de la producción piñera. Este esfuerzo es acompañado por distintas organizaciones nacionales y por legisladores y legisladoras.

Mañana se pedirá a la Municipalidad que declare una moratoria de cinco años al otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso para la construcción e instalación de fincas piñeras en el cantón de Los Chiles.

Si el Concejo Municipal aprueba la moratoria, después la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad deberá coordinar con las entidades competentes para realizar los estudios necesarios del impacto socioambiental acumulado de las fincas piñeras existentes, y definir así si es ambientalmente sostenible la expansión del cultivo.

La moratoria se está pidiendo porque la expansión piñera ha provocado graves daños a la biodiversidad del país. El Informe del Estado de la Nación 2012 menciona cómo los cultivos de piña “causan problemas directos, por su descomposición, e indirectos, por la aplicación de herbicidas quemantes, como paraquat, para desecar el rastrojo. Además, en el rastrojo prolifera la mosca del establo (Stomoxyscalcitrans), que ocasiona graves daños a la ganadería en áreas aledañas a las plantaciones”.

Álvaro Álvarez, ganadero de la Zona Norte, relató en el programa televisivo Era Verde que el primer problema que se empezó a visualizar, producto de los sembradíos de piña, fue la proliferación de las moscas de la piña, porque ésta se alimenta de la sangre del ganado: “(…) si el animal no se trata con los alimentos adecuados y a tiempo, pues el animal se muere”. Álvarez también expuso que el uso de los agroquímicos que utilizan las empresas piñeras, hacen que las vacas aborten, se enfermen del estómago y hasta mueran.

Varias comunidades se han visto afectadas por este cultivo y su expansión de manera directa, incluyendo las y los estudiantes de escuelas y colegios de estas zonas, perjudicados por los rocíos de los químicos, malos olores y el nacimiento de la mosca Stomoxyscalcitrans.

Específicamente en la Zona Norte, ya desde el 2010 las autoridades se encuentran en vigilancia tras las diferentes problemáticas asociadas al cultivo de la piña y la manera en la que se afecta negativamente el humedal Caño Negro. El Tribunal Ambiental Administrativo comunicó: “Tala, invasión de áreas de protección, cambio de uso del suelo, afectación de la laguna y su fauna, construcciones que afectan los corredores biológicos y una expansión de la actividad piñera son parte de la larga lista de problemas ambientales que están presionando fuertemente el Humedal de Caño Negro y sus alrededores (…). En el caso de las piñeras, el problema es que se están desarrollando en una de las regiones del bosque tropical lluvioso de la zona, reduciendo los hábitats de la flora y fauna al fragmentar y eliminar la vegetación, quedando únicamente pequeños islotes de cobertura arbórea que imposibilita la integración de corredores biológicos naturales y fragmenta esos sitios

Este esfuerzo de organización es compartido a nivel nacional por comunidades afectadas, organizaciones ecologistas y sociales, representantes sindicales y legisladores y legisladoras, que están proponiendo estrategias conjuntas para construir soluciones frente a las problemáticas socioambientales y laborales asociadas a la expansión intensiva y extensiva del monocultivo de la piña en Costa Rica.

En este espacio participan personas del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Actividad Piñera (FRENASAPP), la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la Coordinadora de Lucha Ambientalista Norte-Norte (CLANN) con el acompañamiento del Programa Kioskos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Coordinadora Norte, Tierra y Libertad, la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA), el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas de Costa Rica (SITRAP), los despachos de la diputada Patricia Mora y del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, el programa Era Verde de la Universidad de Costa Rica, COECOCEIBA y la Red de Coordinación en Biodiversidad, entre varios otros.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://www.vocesnuestras.org/

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Voces Nuestras.

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Expertos discuten conveniencia de declarar moratoria a uso de transgénicos

Conare organiza foro para analizar proyecto de ley

 

Patricia Blanco Picado,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Expertos discuten conveniencia de declarar moratoria a uso de transgénicos
El Consejo Nacional de Rectores organizó un foro de discusión acerca del proyecto de ley que propone una restricción de la liberación al ambiente de organismos vivos genéticamente modificados (foto ilustrativa archivo ODI).

Especialistas de las cinco universidades públicas del país analizaron en un foro la conveniencia de declarar una moratoria de 15 años a la liberación al ambiente de organismos vivos genéticamente modificados (OGM), conocidos como transgénicos.

La actividad fue organizada por la Comisión de Vicerrectores de Investigación del Consejo Nacional de Rectores (Conare), con el objetivo de analizar los pro y los contra de la iniciativa, que se discute en la Comisión Permanente Especial de la Asamblea Legislativa.

El proyecto propone prevenir posibles riesgos de la liberalización de los OGM al ambiente en la salud humana, el ambiente y la diversidad. Asimismo, excluye de la moratoria los transgénicos destinados a la investigación, los de uso farmacéutico y veterinario y los OGM y sus derivados importados para la alimentación animal o su procesamiento. Establece que todo material genético que ingrese a suelo nacional debe acreditar su condición.

De acuerdo con el Dr. Francisco Romero Royo, Vicerrector de Investigación de la Universidad Técnica Nacional (UTN), hay posiciones diferentes en las escuelas y en la comunidad científica de las universidades públicas.

Asimismo, los consejos universitarios de cuatro universidades se han manifestado a favor de que se regule el uso de los productos transgénicos. “Por eso la comisión de Vicerrectores de Investigación del Conare vió la necesidad de crear un espacio de discusión académica y científica que brinde información a la ciudadanía en general, recoger insumos de diálogo y construir mejores argumentos para quienes están analizando este tema”, aseguró Romero.

Expertos discuten conveniencia de declarar moratoria a uso de transgénicos2
Uno de los temas que se analizó es el impacto de los cultivos transgénicos a las abejas, cuya población ha disminuido significativamente en los últimos años (foto archivo ODI).

“Ley prohibitiva”

El Dr. Federico Albertazzi Castro, director del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM), de la UCR, dijo que en vez de una “ley prohibitiva”, se debe mejorar el modelo actual de regulación de los transgénicos.

Albertazzi señaló que la propuesta de ley se basa en el principio precautorio, el cual respalda la adopción de medidas protectoras ante los posibles efectos de estas tecnologías en la salud humana y el ambiente, así como en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

“Si se habla de peligro grave irreversible, en más de 20 años no ha habido reporte de daño grave a la salud humana o al ambiente a nivel mundial, ni en América Latina. Hay reportes de resistencia a plagas de los OMG en diferentes partes del mundo, pero esto se debe al mal manejo agronómico”, argumentó el científico.

Por su parte, el Dr. Geovanni Garro Monge, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), dijo que el proyecto de ley desconoce los avances del país en cuanto a la regulación del uso de los OGM.

Expertos discuten conveniencia de declarar moratoria a uso de transgénicos3
El foro sobre el proyecto de “Ley para la restricción de la liberación al ambiente de organismos vivos modificados” se realizó el 19 de octubre en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), en las instalaciones de Fundatec (foto Anel Kenjekeeva).

“El proyecto, al proponer un marco de bioseguridad, lo que está haciendo es omitiendo toda la actividad que se ha dado en los últimos 20 años. Tenemos una serie de leyes que respaldan los procesos que se han dado para el otorgamiento de permisos o el análisis de solicitudes para la siembra de semilla de estos productos”, expresó el investigador.

Moratoria necesaria

La idea de establecer una moratoria al uso de los productos transgénicos hasta tanto el país no cuente con “condiciones indispensables para prevenir riesgos al ambiente y a la salud humana” es la posición que defiende el Dr. Jaime García González, catedrático de la Escuela de Biología de la UCR y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

García afirmó que Costa Rica requiere un marco de bioseguridad adecuado y capacidades técnicas, científicas y de infraestructura para una correcta evaluación de riesgos de los OGM. Asimismo, hacen falta estudios de línea de base para determinar la biodiversidad potencialmente afectada por esta tecnología.

Por su parte, el Dr. Luis Sánchez Chaves, del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (Cinat) de la Universidad Nacional (UNA), expresó su preocupación y la de sus colegas ante el impacto de los cultivos transgénicos en las abejas, que en la última década han disminuido de manera alarmante.

Expertos discuten conveniencia de declarar moratoria a uso de transgénicos4
El Dr. Jaime García, de la UCR y la UNED; el Dr. Donald Arguedas, de la UTN y el Dr. Luis Sánchez, de la UNA formaron parte de los expositores (foto Anel Kenjekeeva).

“Las abejas son el grupo polinizador por excelencia en el Neotrópico, del cual dependen muchas de las plantas en el bosque tropical y muchos de los agrosistemas”, explicó el investigador.

Dijo que estos insectos son muy sensibles a algunos insecticidas y herbicidas que se utilizan en los cultivos transgénicos, lo que les causa problemas en la memoria de corto plazo y en la navegación.

El foro concluyó con la presentación del Dr. Donald Arguedas Cortés, director de investigación de la Sede de Guanacaste de la UTN, quien recordó que las universidades públicas se han fortalecido mucho en el área de la biotecnología, por medio de la investigación y la creación de dos carreras.

Para Arguedas, los OGM llegaron a Costa Rica y son una realidad. Hizo un llamado a que estos centros de educación superior se enfoquen en hacer ciencia, con proyectos propios y dejar a un lado los debates políticos y éticos.

La actividad concluyó con la exposición sobre los cultivos transgénicos en México a cargo del Dr. Ariel Álvarez, del Departamento de Ingeniería Genética del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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¡Victoria para el ambiente y la salud! Sala IV rechazó acción contra moratoria a incineradora

¡Victoria para el ambiente y la salud! Sala IV rechazó acción contra moratoria a incineradora

El Decreto Ejecutivo 38500-S-MINAE de moratoria a las actividades de incineración de residuos fue avalado por la Sala IV a pesar del peligro en el que estuvo por presión de Alcaldes del «PLUSC».

La acción contra el decreto de moratoria interpuesta por el diputado Juan Marín de Guanacaste se declaró sin lugar, esta sentencia (006059-15) se encuentra en redacción por los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro que salvaron el voto y rechazaron de plano la acción. Los magistrados Jinesta Lobo y Hernández López ponen nota separada.

La acción cuestionaba el artículo 1 del decreto de moratoria, por estimarlo contrario al principio de reserva de ley y alegaba la ausencia de un plazo determinado.

FECON aseguró que “aunque tenemos que esperar a tenerlo para revisar bien todo el razonamiento, lo bueno es que rechazaron la acción contra la moratoria por el fondo. En el corto plazo esta sentencia tiene dos implicaciones, por un lado elimina uno de los argumentos o presiones que están usando para que el Poder Ejecutivo levante la moratoria a la incineración de residuos, y por tanto si este gobierno levanta la moratoria, no habría excusa, sería porque apoya abiertamente a las incineradoras. Por otro lado, con el veredicto de la Sala IV se refuerza la opción jurídica de revivir, vía decreto del Poder Ejecutivo, otras moratorias como por ejemplo a la expansión del monocultivo de piña o la moratoria a cultivos transgénicos, claro está si hay voluntad política de cumplir con las promesas de campaña. Es decir, demuestra que sí es viable dictar este tipo de moratorias como potestad del Poder Ejecutivo”.

Antecedentes

El Gobierno honrando su palabra de campaña envió un mensaje claro a favor de la salud pública y en una respuesta positiva para las comunidades organizadas en contra de la incineración, mediante el Decreto Ejecutivo 38500-S-MINAE, el Ministerio de Ambiente en conjunto con el Ministerio de Salud establecieron una moratoria nacional a las actividades de transformación térmica de residuos ordinarios sólidos hasta que no exista certeza científica de sus consecuencias por parte de las autoridades gubernamentales competentes.

La moratoria fue atacada por algunos alcaldes municipales y empresas interesadas. Mientras fue defendida por distintas comunidades y el movimiento ciudadano “Hacia Basura Cero” quienes entregaron al Ministro de Ambiente y la Ministra de Salud una carta de apoyo con más de 150 firmas de organizaciones internacionales, nacionales y de ciudadanos en defensa de la moratoria. La moratoria fue aplaudida por el sector ambiental al mismo tiempo que fue objeto de un amplio debate y cuestionamiento a nivel local por los altos costos.

Contexto

La propuesta de generar energía a partir de los residuos sólidos generó el interés de 50 empresas y de 20 países, en este momento son 12 proyectos los que avanzan en Carillo, Cañas, Abangares, Parrita, San Carlos, Alajuela, Atenas, Gran Área Metropolitana, Barranca, León Cortés y Goicoechea. Estos se unen a los dos existentes en El Tejar, de la empresa Holcim, y en Colorado de Abangares de la empresa CEMEX (ver más detalle).

Problemática

La producción de energía mediante el procedimiento de gasificación o incineración ha sido ampliamente cuestionada en muchos países por considerarla insostenible, no renovable, con intensivo uso de carbono y por tanto contribuyente al calentamiento global incrementando el fenómeno del cambio climático, y retrasando las propuestas integrales de reducción de generación de basura.

A pesar de este avance a favor del ambiente, la amenaza sigue viva porque existe una demanda en contra de la moratoria en el Tribunal Contencioso Administrativo interpuesta por algunos alcaldes que pidieron, sin éxito, desde mediados del 2014 que se elimine la moratoria y que como medida cautelar se suspenda.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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A tribunales discusión por moratoria a hidroeléctricas

Piden archivo de proyectos a SETENA

Al ICE que aclare los plazos para archivar proyectos

Foto agua tomada de ecoportal.net

El 11 de noviembre el Consejo Municipal de Buenos Aires decidió rechazar el veto a la intención de derogar la moratoria a los proyectos hidroeléctricos privados interpuesto, por tercera vez, por la Vice Alcalde Rosario Cordero, el pasado martes 28 de octubre.

Ahora será un Tribunal Contencioso Administrativo quien resuelva el diferendo entre algunos miembros del Consejo y las autoridades municipales que aprobaron la moratoria (Acuerdo 25-2013 y ratificado 11-2-2014) hasta tanto no se resuelva el conflicto con proyectos de abastecimiento de agua potable para las poblaciones del cantón.

Vencimiento de plazos para proyectos. Las acciones de lucha de las comunidades en defensa del agua han tenido sus frutos logrando archivar tres proyectos hidroeléctricos en ARESEP (Monteverde I, Monteverde II y Consuelo), y continúan, ahora el Movimiento Ríos Vivos solicitó a SETENA el archivo de los proyectos San Pedro, San Rafael y Peñas Blanquitas II por vencimiento de plazos para presentación de información técnica y la falta de una solicitud de prórroga.

En el caso de proyecto San Pedro, mediante el Oficio 595-2014, la SETENA otorgó plazo de 6 meses para la presentación del Anexo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que venció el 26 de setiembre pasado. Mientras el Peñas Blanquitas II, mediante el Oficio 538-2014-SETENA, se le otorgó plazo de 6 meses para la presentación de un anexo al EIA que venció el pasado 19 de setiembre sin costar ninguna solicitud de prórroga en el expediente.

Al proyecto San Rafael la SETENA le otorgó 6 meses de tiempo para la presentación del Anexo al EIA, mediante el oficio 578-2014. El plazo para presentar el estudio venció el pasado 24 de setiembre 2014 y el documento no fue entregado. A pesar de haber vencido el plazo, se presentó una solicitud de prórroga (ver documento) con fecha de recibido el 26 de setiembre, por tanto dicha solicitud se presentó a destiempo.

Mediante una carta respaldada por el diputado Edgardo Araya Sibaja, el 30 de octubre de 2014 solicitaron al Presidente Ejecutivo del ICE Carlos Obregón información sobre los plazos de los proyectos Consuelo, Monteverde II, Monteverde I y San Rafael, que fueron seleccionados en las licitaciones del ICE (N°01-2012) y (N° 02-2014) y en teoría, tenían un año para cumplir con la presentación de requisitos como la Evaluación Ambiental, concesión de aguas y servicio público de generación eléctrica, aprobada por Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

La carta de compromiso del PH Consuelo y el ICE, firmada en 21 de febrero de 2013, asegura que tendría un año para cumplir con esos requisitos, por lo que Ríos Vivos quiere saber las razones y el estado de los otros proyectos, y que informen si es el caso, las ampliaciones otorgadas.

Los proyectos Consuelo y Monteverde I por estar en el cantón de Buenos Aires no cuentan con el uso conforme necesario para la aprobación de EIA por la moratoria municipalidad vigente para la construcción de proyectos hidroeléctricos, hasta tanto no se resuelva el conflicto con proyectos de abastecimiento de agua potable para las poblaciones del cantón. Por esta razón, así como el criterio técnico vinculante como el caso de AyA y MINAE solicitaron dar por terminado el compromiso del ICE con estos proyectos.

 

Informes: Roberto Granados del Comité Cívico Bonaerense al tel: 8860 0011 Jiri Spendlingwimmer del Movimiento Ríos Vivos al tel 8880 6385

 

Información enviada a SURCOS Digital por FECON.

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Exigimos la aprobación del “Proyecto de ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados (transgénicos)”

CONSIDERANDO QUE:

I) El pasado 16 de octubre del 2013 se presentó en la Asamblea Legislativa el PROYECTO DE LEY DE MORATORIA NACIONAL A LA LIBERACIÓN Y CULTIVO DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS (TRANSGÉNICOS).

II) Desde hace varios meses con el apoyo de diversas organizaciones, ecologistas, comunidades, universidades públicas, académicos, campesinos, jóvenes, científicos, artistas, colectivos y personas, se ha venido desarrollando en Costa Rica una amplia y diversa campaña por lograr las declaratorias de cantones libres de cultivos transgénicos, ésta ya ha logrado dicho objetivo en 63 cantones a lo largo y ancho del país, territorio que significa el 73% de la superficie del país y donde vive el 82% de la población total de Costa Rica.

III) Que todos los cantones de la zona de occidente (Naranjo, Zarcero, Palmares, San Ramón, Sarchí, Grecia, Poás) se han declarado “territorios libres de cultivos transgénicos”.

IV) Existen riesgos comprobados de los transgénicos para el ambiente, los pequeños y medianos productores, los patrimonios agro-genéticos y culturales, la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la salud (hay experimentos científicos con ratas de laboratorio que han comprobado la relación directa entre alimentos transgénicos y cáncer); además, porque implican un uso intensivo de agro-tóxicos que contaminan el ambiente, los alimentos y las fuentes de agua (entre muchos otros: Séralini et al., 2009 y 2012; Paganelli et al., 2010; Grønsberg et al., 2011; Nodari, 2009; Carman, et al., 2013; así como los compilados en las publicaciones de Herbert et al., 2006 y Kuruganti, 2013; McIntyre, et al., 2009; Brower et al., 2012; Cheeke et al., 2012; Kremer et al., 2009; IAASTD-AL, 2009; García, 2008; OMS, 2005; Union of Concerned Scientists, 2009; Heinemann, 2009 y 2013).

V) La problemática también está centrada en aspectos relacionados con monopolios, derechos de propiedad intelectual y el uso de patentes. Los productores se pueden ver expuestos a costosos procesos judiciales, pago de multas millonarias, sanciones y a la destrucción de sus cosechas por la utilización o contaminación de sus cosechas con transgénicos.

VI) Las actividades productivas relacionadas con los cultivos transgénicos son poco relevantes para el país y su beneficio es básicamente nulo, hecho que se constata en la reducción de aproximadamente un 83% en las hectáreas totales de cultivos genéticamente modificados existentes. Se ha pasado de un total de 1699 hectáreas cultivadas en 2007 a tan sólo 284 hectáreas en el 2012 (Cifras oficiales del MAG).

VII) Más de 60 diferentes entidades, de las cuales se destacan los Consejos Universitarios de las cuatro universidad públicas (UCR, UNA, ITCR y UNED), la Defensoría de los Habitantes, la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Asamblea de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), el decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR, el Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI-UCR), el Centro de Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, la Mesa Nacional Indígena, la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPA-Nacional), el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), diferentes programas académicos de la UCR, la UNED, y la UNA, así como más de una veintena de pronunciamientos de otras organizaciones culturales, agricultores, diputados, indígenas, jóvenes, ecologistas, académicos, estudiantiles, empresarios y cientos de costarricenses, han expresado numerosos argumentos en rechazo de los cultivos transgénicos.

VIII) La Constitución Política en su artículo 50 estable que: “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.”

IX) El principio precautorio o indubio pro natura establecido en el artículo 11 de nuestra Ley de Biodiversidad, N° 7788, indica claramente que: “cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”.

X) El PNUMA, deja patente que “…en este debate interfieren posiciones polarizadas y grandes intereses comerciales, por lo que el principio precautorio debería aplicarse como regla principal hasta que exista un consenso científico sobre el tema” (PNUMA, 2003) para que sea descartado en su totalidad cualquier riesgo para la biodiversidad biológica, la seguridad alimentaria, y la salud de las personas. Principio que, además, es respaldado por el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ley N°8537, ratificado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 33511 del 27 de noviembre de 2006.

XI) Por la gran riqueza y fertilidad de los suelos de la Zona de Occidente, este constituye un recurso estratégico que ha derivado en la vocación predominantemente agrícola de la región y, como tal, es absolutamente necesaria la preservación de nuestra biodiversidad y patrimonio genético-agro/cultural, contribuyendo así al aseguramiento de la seguridad alimentaria de la misma zona y Costa Rica.

XII) El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha reconocido y señalado los problemas derivados de la contaminación transgénica, la cual pone en peligro la biodiversidad que es fundamental para asegurar la seguridad alimentaria de la humanidad (PNUMA, 2002; PNUMA, 2007).

XIII) En el debate sobre diversidad, monopolios y derechos de propiedad intelectual en torno a los OGM la OMS es contundente al señalar en su informe La genómica y la salud mundial que “actualmente el patentamiento de descubrimientos que surgen de la genómica es de algún modo caótico. Los monopolios establecidos por las patentes sobre los genes están retrasando más que estimulando el progreso científico y económico, y por lo tanto no es de interés público” (OMS, 2005), esto constituye una eventual amenaza para las y los productores del cantón.

XIV) La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que “muchos de los países en desarrollo no pueden afrontar las considerables capacidades requeridas para la adopción de la biotecnología moderna” (OMS, 2005) y, como consecuencia, los Estados no pueden brindar bioseguridad a su población.

XV) La Agroecología una opción real de solución de todas las promesas defraudadas sobre el uso de organismos vivos modificados y el sistema agrario convencional/productivista, por lo que una declaratoria de interés nacional como la que establece el proyecto de ley en cuestión es urgente y necesaria.

POR LO TANTO:

Hacemos un firme llamado a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para que den trámite expedito y aprueben el “PROYECTO DE LEY DE MORATORIA NACIONAL A LA LIBERACIÓN Y CULTIVO DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS (TRANSGÉNICOS)” (Expediente 18.941).

Asimismo, hacemos un llamado a todos los municipios de la zona de occidente y, en general, de todo el país, organizaciones de productores agropecuarios, jóvenes, artistas, ambientalistas, académicos, ecologistas, universidades, ciudadanos y ciudadanas para que se pronuncien y exijan la aprobación del proyecto de ley acá referido.

Zona de Occidente, 06 de noviembre del 2013.

Red Coyoche, organizaciones integrantes:

Ecoarte

Unión Vital

Colectivo Ushé

Colectivo Verolís

Fundación La Legión

Peña cultural Naranjeña

Peña cultural Ramonense

Circuito Cívico Cultural de Grecia

Comisión para la defensa de la Zona Protectora El Chayote (CDZPEC)

cc: Municipalidad de Sarchí, Municipalidad de Naranjo, Municipalidad de Grecia, Municipalidad de San Ramón, Municipalidad de Palmares, Municipalidad de Poás, Municipalidad de Zarcero, Guanared, Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias, Bloque Verde, Fecon, Red de Coordinación en Biodiversidad, Fecou, AESO, FEDAPRO, Sol de Occidente, Diario Digital Nuestro País.

 

Información enviada a SURCOS por Pablo Ramírez.