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Etiqueta: moratoria

Mientras las comunidades enfrentan la escasez de agua y un fenómeno de El Niño intenso, avanzan las concesiones para extraer material de los ríos

  • El Concejo Municipalidad de Monteverde respalda la moratoria a la extracción mecanizada de materiales en el río Guacimal y sus afluentes.
  • Las comunidades advierten sobre el deterioro de los ríos y el riesgo para las fuentes que abastecen de agua a la población.

«El río Lagarto, de donde toma agua Lourdes, está cada vez más deteriorado. Entrando por Poza Azul hay un acceso al río y, hacia arriba, están sacando material para abastecer un quebrador que instalaron en Lourdes. El río permanece hecho un barrial, sucio, cada vez más pequeño y con menos agua. Ya casi no corre».

Este testimonio refleja una preocupación que se extiende por distintas comunidades de Puntarenas y Guanacaste: el deterioro de los ríos y las fuentes de agua, precisamente cuando se aproxima la época seca y se advierten condiciones climáticas asociadas al fenómeno del super Niño.

Pero esta no es la única concesión ni el único río. Según estudios del geógrafo guacimaleño Dany Villalobos, existen 62 áreas en reserva o trámite avanzado en los cantones Puntarenas, Montes de Oro y Abangares, de las cuales 17 son concesiones activas. El río Aranjuez es el más explotado hasta ahora, con 5 concesiones operando y el 33% de su cauce solicitado. Mientras que los ríos Guacimal y Lagarto tienen 2 concesiones activas cada uno, con el 45% y 40% de su cauce bajo solicitud, lo que significaría un impacto acumulado enorme para las cuencas (Villalobos,2026).

 Para el investigador, sumado a todos los impactos hidrológicos y ecológicos, es importante destacar la pérdida del dominio público del río, que se manifiesta en los usos socioculturales del agua que realizan las comunidades rurales puntarenenses, que hasta ahora no reciben la debida importancia dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental, pues la exclusión de sus puntos de vista sobre la actividad es sistemática.

Para el geógrafo que ha vivido toda su vida junto al río Guacimal “la suspensión permanente de sedimentos en el agua y alteración del cauce afectan o impiden por completo la normalidad de actividades humanas en el río. Los usos recreativos quedan completamente desplazados por los planes operativos de las empresas que generan una privatización de facto cuando enclavan en los ríos por 10 o hasta 30 años, de acuerdo a los plazos de explotación permitidos por el Código de Minería”.

La preocupación es especialmente grave porque muchas comunidades dependen directamente de los ríos y sus afluentes para abastecer sus tomas de agua. Incluso los sistemas que utilizan pozos dependen, en muchos casos, de las aguas subterráneas vinculadas con los mismos sistemas fluviales. El deterioro de los cauces y la disminución del agua ponen en riesgo, por tanto, distintas formas de abastecimiento comunitario.

Mientras las comunidades se organizan para buscar soluciones a un problema tan vital como garantizar el acceso al agua, el gobierno, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y las instancias competentes (SETENA y Geología y Minas), ha permitido avanzar en un escenario de múltiples solicitudes y concesiones para la extracción de materiales de los cauces de los ríos, mediante actividades de minería no metálica y quebradores, en beneficio de intereses empresariales privados.

Esta situación resulta particularmente preocupante ante la disminución de los caudales, el aumento de la presión sobre las fuentes de agua y los escenarios de sequía que podrían agravarse con El Niño. No se trata solamente de una discusión sobre extracción de materiales: está en juego la seguridad hídrica de las comunidades, la integridad de las cuencas y la protección de los ecosistemas que sostienen la vida.

Una buena noticia: Monteverde respalda la moratoria

En medio de este panorama, hay una noticia importante. El Concejo Municipal de Monteverde, mediante el acuerdo 02 de la sesión ordinaria 163-2026, del 3 de noviembre, manifestó su apoyo expreso a la Moratoria Municipal Reglamentaria Temporal a la extracción mecanizada de material en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, aprobada por el Concejo Municipal del cantón Central de Puntarenas y publicada en La Gaceta N.° 156 del 19 de agosto de 2026.

La moratoria establece una suspensión de nuevos trámites y autorizaciones relacionados con esta actividad, con una vigencia inicial de 24 meses, prorrogables, condicionada a la elaboración de un informe técnico integral sobre la capacidad de carga del cauce y sus riesgos.

El acuerdo de Monteverde tiene especial relevancia porque reconoce que la cuenca del río Guacimal (vecino del Río Lagarto) debe entenderse como una unidad hidrológica y ecológica, incluyendo su parte alta en Monteverde. Además, solicita que esta dimensión sea considerada en los estudios técnicos y en los procesos de consulta pública.

El Concejo Municipal también instó al MINAE, la Dirección de Geología y Minas, SETENA, la Dirección de Aguas y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias a valorar la moratoria y aplicar el principio precautorio al tramitar solicitudes de extracción en la cuenca.

El agua no puede esperar

El respaldo de Monteverde demuestra la importancia de que los gobiernos locales asuman un papel activo en la protección de las cuencas y los bienes comunes. Frente a la presión de las actividades extractivas, las comunidades necesitan decisiones que prioricen el agua, la salud y las condiciones de vida de las poblaciones.

Es urgente detener el avance de nuevas autorizaciones mientras no existan estudios integrales, ordenamiento territorial y garantías suficientes para proteger las fuentes de agua y los ecosistemas. No podemos esperar a que los ríos pierdan su capacidad de abastecer a las comunidades para reaccionar. La protección del agua debe estar por encima del beneficio privado de las empresas extractivas.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Concejo Municipal de Monteverde respalda moratoria a la extracción mecanizada en el río Guacimal impulsada por la comunidad

El Concejo Municipal de Monteverde aprobó por unanimidad una moción de apoyo a la moratoria a la extracción mecanizada de material en el cauce del río Guacimal y sus afluentes. Esa moratoria es una iniciativa comunitaria que el Concejo Municipal de Puntarenas ya había aprobado. El acuerdo se tomó en la sesión ordinaria n.º 163-2026 del 3 de noviembre y quedó en firme.

La moratoria ha sido una lucha de la comunidad, que forma parte de la Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas. El Concejo Municipal del cantón Central de Puntarenas la declaró como «Moratoria Municipal Reglamentaria Temporal» y la publicó en La Gaceta n.º 156 del 19 de agosto de 2026. La medida tiene carácter preventivo, con fines de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y protección ambiental. Suspende nuevos trámites y autorizaciones para esa actividad durante veinticuatro meses prorrogables, y su vigencia queda condicionada a un informe técnico integral sobre la capacidad de carga del cauce y sus riesgos.

En sus considerandos, el Concejo de Monteverde señala que la cuenca del río Guacimal incluye una parte alta en ese cantón. Por eso, cualquier alteración podría afectar la integridad de la cuenca como unidad hidrológica y ecológica y poner en riesgo el Corredor Biológico Pájaro Campana. Añade que la extracción mecanizada impacta negativamente la morfología del cauce, la conectividad ecológica y los derechos de las comunidades locales sobre el recurso hídrico. Según el acuerdo, el Concejo de Monteverde, «en ejercicio de su autonomía y competencias, debe apoyar medidas que protejan el ambiente y la seguridad hídrica para beneficio de la región».

El Concejo acordó:

  • manifestar su «apoyo expreso y fundamentado» a la moratoria en todos sus términos;
  • solicitar que el informe técnico integral considere la cuenca como una unidad completa, incluida la parte alta en Monteverde, y que esto se tome en cuenta en los procesos de consulta pública;
  • remitir su postura al Concejo Municipal de Puntarenas, a su Comisión de Asuntos Ambientales y a la Alcaldía, para que se valore en la consulta pública;
  • comunicar el acuerdo al Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Geología y Minas, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Dirección de Aguas y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, e instarles a valorar la moratoria y el principio precautorio al tramitar solicitudes de extracción en la cuenca;
  • divulgar el acuerdo al Consejo Local del Corredor Biológico Pájaro Campana y a las organizaciones comunales de la cuenca.

Fila Costeña amenazada por proyectos inmobiliarios y falta de regulación

  • Comunidades y la UCR han solicitado una moratoria

La reciente paralización total de las obras de un proyecto residencial en el Corredor Biológico Paso La Danta, en Portalón de Savegre sobre la Fila Costeña, es solo uno de los múltiples casos que ilustran la creciente amenaza que enfrenta este importante ecosistema montañoso debido a desarrollos inmobiliarios sin una regulación adecuada.

En muchos casos, estas construcciones se han realizado sin ningún tipo de regulación, sin estudios de viabilidad ambiental por parte de SETENA, ni permisos municipales. Esta situación fue documentada por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), en un estudio realizado en 2024, donde se concluye que el 25 % de las construcciones operan sin permisos. El cantón de Osa ocupa el décimo lugar a nivel nacional, con 4.798 metros cuadrados construidos sin licencia.

Problemática. Una investigación liderada por Carlos Morera, de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario. Muchas de estas edificaciones carecían de los permisos necesarios, lo que provocó deslizamientos y sedimentación en cuerpos de agua, afectando negativamente ecosistemas sensibles como el Parque Marino Ballena (UNA Comunica, 16-1-2009; Morera C.2009).

Esta contaminación marino-costera por sedimentación afecta directamente la supervivencia de corales y especies marinas protegidas, que son la razón de ser del Parque Marino Ballena. Además, impacta actividades como el ecoturismo y la pesca artesanal, que son fundamentales tanto para la economía local como para la seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras.

El estudio de Morera también advierte que, aunque la cobertura boscosa ha aumentado en décadas recientes, esta tendencia está hoy en riesgo. El auge del llamado “turismo inmobiliario” —es decir, la construcción de bienes inmuebles como condominios, casas de lujo y residenciales orientados a la inversión extranjera— ha propiciado la deforestación en zonas clave, en especial aquellas con vistas al mar. En comunidades como Dominicalito, este fenómeno ha llevado al desplazamiento de habitantes locales para dar paso a desarrollos turísticos

Según estudios registrales realizados por Óscar Leiva, Máster en Desarrollo Territorial Rural por FLACSO, se estima que entre el 70 % y el 75 % de las propiedades en Ojochal están en manos de personas extranjeras. Esta estimación se basa en una muestra de aproximadamente 3.000 hectáreas inscritas, muchas a nombre de sociedades anónimas, y forma parte de su tesis de Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional (UNA), Sede Chorotega.

Además, el “estilo constructivo” de estas “comunidades privadas” —grandes casas con vistas al mar— implica la apertura de caminos en zonas boscosas y con pendientes pronunciadas, contribuyendo a la fragmentación de los parches de bosque que garantizan la conectividad ecológica de la fauna y flora. Según el Diagnóstico del Corredor Biológico (2018), esta conectividad se ha visto reducida en un 70 % debido a la fragmentación.

A ello se suma el impacto negativo sobre el recurso hídrico. La eliminación de cobertura forestal afecta la calidad y disponibilidad del agua, altera el ciclo de recarga de acuíferos y, junto con el traslado de material pesado por caminos no aptos, ha provocado daños a manantiales —como lo documenta el biólogo Jorge Lobo desde 2006— y constantes interrupciones en el suministro de agua a comunidades de tierras bajas debido a fugas y roturas en la red, como refieren las y los vecinos.

En esa línea, según informó Camilo Flores, fiscal ambiental de Osa, los delitos ambientales más frecuentes en la Fila Costeña incluyen: tala ilegal, cambio de uso de suelo, invasión de áreas de protección y de cauces de agua, destrucción o extracción de vegetación en zonas protegidas, y aprovechamiento ilegal de recursos.

Según el informe “Situación del Reciclaje 2021-2024” de la Asociación de Reciclaje AmbiciOsas (2025), entre 2020 y 2024 la construcción de viviendas y negocios para la industria turística aumentó un 300 % en el distrito de Bahía Ballena. Solo en Ojochal, durante 2022, se tramitaron 2.000 permisos de construcción. El mismo informe, con datos del ICT (2024), señala al Parque Nacional Marino Ballena como el tercer parque más visitado del país, con 317 empresas de hospedaje, 1.713 habitaciones y 103 establecimientos gastronómicos en el distrito más pequeño del cantón. Esta afluencia turística, sumada al aumento de “comunidades privadas” en las montañas de la Fila Costeña, agrava los problemas de manejo de residuos y limita la capacidad de respuesta municipal.

Respuestas. En 2008, ante la gravedad de los impactos, la Universidad de Costa Rica hizo un llamado público a establecer una moratoria al turismo inmobiliario en esta zona. Este pronunciamiento subrayó la necesidad urgente de replantear los modelos de desarrollo turístico hacia enfoques sostenibles que respeten tanto el ambiente como las culturas locales (UCR, 2008).

Más recientemente, el 17 de julio de 2024, la Comisión de Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso La Danta presentó ante el Concejo Municipal de Osa un acuerdo comunitario surgido del foro “Enlace Tierra+Mar”, realizado en el Festival del Día del Océano 2024. El acuerdo solicita:

  • Una moratoria en los permisos de construcción hasta contar con la regulación adecuada.

  • La actualización integral del Plan Regulador Cantonal.

  • La declaratoria de la Fila Costeña como “Categoría de Manejo Especial de Protección”.

  • La conformación de una Mesa de Diálogo Ciudadana para avanzar hacia un ordenamiento territorial participativo.

Un foro reciente titulado «El impacto de la industria inmobiliaria en la Fila Costeña del Pacífico Sur” (SURCOS Digital, 5-4-2025), evidenció que la presión sobre estos territorios ha aumentado considerablemente. Con participación de expertos y representantes comunales, se discutieron los impactos negativos de los desarrollos no regulados, la deforestación y la falta de planificación territorial. Se reiteró la necesidad urgente de establecer una moratoria hasta contar con un plan regulador integral y participativo.

Antecedentes

  • Entre 2008 y 2010, el Tribunal Ambiental Administrativo abrió 44 expedientes por denuncias relacionadas con proyectos inmobiliarios, hoteles y aserraderos en esta región. Estas cifras, junto con las de la Península de Osa, constituyeron un récord preocupante (TAA: Osa, un tesoro en peligro).

  • Solo en el cantón de Osa, entre 2005 y 2014, se otorgaron 2.247 permisos de construcción. En 2008 se alcanzó un pico, seguido de una caída por la crisis inmobiliaria mundial; sin embargo, desde 2013 la tendencia ha retomado un crecimiento acelerado(La Nación, 08-6-2015).

  • La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) denunció en 2008 la proliferación de residencias en la Fila Costeña mediante vacíos legales, como el Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que permite lotificaciones agrícolas sin evaluaciones ambientales integrales por parte de SETENA, bastando sólo una inspección municipal para obtener permisos (La Nación, 11- 9-2008).

Importancia de la zona

  • ¿Qué es el Corredor Biológico Paso de la Danta? Este territorio, que conecta las regiones del Pacífico Central y Sur de Costa Rica entre los ríos Savegre y Térraba, abarca aproximadamente 82.000 ha y 68 km de costa (ITCR, 2014). Es un corredor con ecosistemas diversos y de gran valor biológico, que protege zonas clave como los arrecifes rocosos de Dominicalito, el arrecife de coral en el Parque Nacional Marino Ballena y otras áreas costeras adyacentes(mapa).

  • La Fila Costeña. En Osa se extiende desde Dominical hasta Palmar Norte, descendiendo cerca de la costa y de la carretera Costanera Sur. Como bosque tropical húmedo, alberga una mezcla única de especies de bosques secos y húmedos, muchas de ellas endémicas. Cumple un rol clave en la conectividad ecológica entre áreas protegidas como los parques nacionales Manuel Antonio, Marino Ballena, Corcovado y el Humedal Térraba-Sierpe. Además, regula el clima local, tanto en la costa como en el Valle de El General, y es fuente de manantiales, cuencas y microcuencas vitales para la salud de los ecosistemas costeros y el abastecimiento de agua potable para las comunidades de tierras bajas.

Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1dfytJwhXbYTOqSMtfm0brNUDqMRW-4Kz?usp=sharing

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

La ansiada recuperación económica

Óscar Madrigal

Los grandes empresarios reclaman cotidianamente por medidas para la llamada recuperación económica. Ellos conciben que la misma llegará siempre y cuando les aprueben algunas medidas, tales como reducciones en las tarifas eléctricas, disminución en las cuotas patronales de la Caja, moratorias a los que no las han pagado, eliminación de controles (lo que ellos llaman trámites), en fin, reducción de impuestos.

Estas medidas que exige el gran empresariado podrán ayudar, aunque no son las fundamentales e incluso en otros países se ha demostrado que la reducción de impuestos no ha contribuido en nada a aumentar la producción.

Lo que estamos viendo en estos momentos es lo que fundamentalmente ayuda a elevar la producción y a generar empleo: la invitación a que los costarricenses asistan a las playas y centros vacacionales.

Es en el fondo una invitación a los trabajadores y trabajadores para que vayan a los hoteles, restaurantes o parques a disfrutar de las vacaciones, pero fundamentalmente a GASTAR, a COSUMIR. Esto es lo que realmente levanta y reactiva los negocios, el turismo y las industrias.

Pero las personas para gastar o consumir necesitan tener plata o dinero y en el caso de los asalariados, tener buenos y jugosos salarios. Para que se eleve el consumo y reactive la economía se necesita que la gente gaste y esto solo es posible si tiene un salario que le permita hacer eso.

Los grandes empresarios y el Gobierno de Alvarado pretenden -como se dice- hacer chocolate sin cacao. Reactivar congelando los salarios de los empleados públicos por 10 años o más y pagando salarios raquíticos a los trabajadores de la empresa privada, es imposible.

Una verdadera política de reactivación económica necesita urgentemente de buenos salarios que logren aumentar el consumo. Esta es la ruta de la reactivación: SALARIOS CRECIENTES.

Si los empresarios y el Gobierno quieren realmente reactivar la economía, disminuir el desempleo, aumentar ingresos tributarios, la mejor receta es aumentar salarios.

Pueden empezar.

La realidad de la deuda pública y la solución correcta y posible

Óscar Madrigal

11 MIL MILLONES DE COLONES POR DÍA es lo que tiene que pagar Costa Rica diariamente por la deuda pública. Al mes representa ¢330 mil millones de colones.

Para poder dimensionar esta cantidad, podríamos decir que con ese monto se le podría dar un subsidio de ¢125.000 colones mensuales a 2.640.000 personas. Más de la totalidad de la fuerza de trabajo del país.

De esos ¢330 mil millones mensuales, el 80% corresponde al pago de intereses. Casi no abonamos nada a la deuda.

Solo en intereses pagamos los costarricenses ¢264.000 millones de colones POR MES.

El servicio de la deuda, calculado en dólares, cada mes es de $582 millones de dólares. Es superior al préstamo que dará el FMI y por el cual está poniendo como condición vender activos del Estado.

El Gobierno pretende resolver los problemas sobre más endeudamiento. Tiene planeada la aprobación de unos $3.100 millones de dólares para paliar la crisis.

De tal manera que con solo cinco meses de moratoria de la deuda podría tener una cantidad igual o superior a todo el endeudamiento previsto, con los condicionamientos e hipoteca aún mayor sobre el futuro del país.

Sin una moratoria de la deuda, es decir, sin una posposición del pago de la deuda, el país no saldría bien librado de esta crisis. No se trata de no pagar, sino de lograr 12 o 24 meses de posposición de los pagos.

Con un año de moratoria el Gobierno podría disponer de ¢4,01 billones de colones, lo cual le permitiría tener los recursos suficientes para la reactivación económica, el impulso a infraestructura incluyendo el tren eléctrico y la subvención a los trabajadores y trabajadores y empresarios golpeados por la crisis.

¿Es imposible una moratoria? En el plano internacional se están dando condiciones inmejorables; hasta el FMI y el BM hablan de moratoria a los países más pobres. Respecto a la deuda interna habría que buscar los mecanismos para ajustar el principal y los intereses a un año plazo.

El Presidente Alvarado hizo un llamado a la comunidad internacional a finales del mes de marzo donde dijo: “asistencia financiera otorgada… deberían ser excepcionales en cuanto a interés, periodo de gracia y tiempo de pago. Debe a su vez, avanzarse con un arreglo de pago de las carteras existentes, y eventualmente disponer la suspensión de pagos”.

El Presidente plantea una vía correcta y posible: hacer un arreglo de pago de las deudas existentes, lo que significa una especie de moratoria de la deuda. Pero aún más el Presidente habla de la eventualidad de una SUSPENSIÓN DE PAGOS.

Esta es la salida menos traumática y más humana a la crisis actual y venidera.

(Los datos utilizados son con fundamento en el Ministerio de Hacienda).

Concejo Municipal de Upala aprueba acuerdo de moratoria sobre construcción de hidroeléctricas

Organizaciones sociales compartieron en redes digitales la información de que el Concejo Municipal de Upala, “por unanimidad, con dispensa del trámite de comisión, acuerda en definitiva y en firme, realiza agenda al acuerdo tomado en el acta N° 225-2020, capítulo V, artículo 1, el cual textualmente acuerda lo siguiente: El Concejo Municipal por unanimidad, con dispensa del trámite de comisión, acuerda en definitiva y en firme, dar por aprobada la siguiente moción, y a su vez, que se publique el Diario Oficial La Gaceta.

Moción, Considerando: con base en el artículo 44 y 45 del Código Municipal, y considerando que el próximo 09 de marzo del 2020, se vence la moratoria sobre la construcción de hidroeléctricas en nuestro cantón de Upala, ratificamos las razones por las que se tomó dicho acuerdo de moratoria.

Por lo tanto: con el respaldo de distintos representantes de sectores de la sociedad, para que se prorrogue por 5 (cinco) años más a partir de su vencimiento.

Por lo que, se agrega lo siguiente al acuerdo: La Moratoria aprobada fue el 13 de marzo de 2015, en sesión número N° 06-2015, Capítulo V, artículo 1 y publicada en La Gaceta N° 47 del 09 de marzo del 2015, mediante solicitud N° 27926 – (IN2015011850).

 

Imagen ilustrativa.

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Comunidades responden a ministro sobre moratoria a la expansión piñera

  • Expansión continúa de forma descontrolada

  • Piña avanza sobre Áreas Silvestres Protegidas

  • Moratoria nacional urgente y necesaria

Las organizaciones presentes en el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENSAPP) le contestaron mediante un video a Renato Alvarado, Ministro de agricultura y ganadería, sobre la necesidad de emitir una moratoria a la expansión piñera.

En los últimos días se dieron a conocer declaraciones de ministro Alvarado mediante las cuales descarta la posibilidad de plantear una moratoria a la expansión del monocultivo. Alegando que no han necesidad de desarrollar dicha acción debido a que el sector presenta un decrecimiento y baja en los precios internacionales.

Pero contrario a las declaraciones del ministro, el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) en 2018 ha señalado que en el año 2017 los cultivos de esta fruta se expandieron en 9.000 hectáreas, un 15% del área total sembrada en el país para alcanzar unas 67mil hectáreas de cultivo de piña. El país ha sufrido una aceleración agresiva de la expansión piñera en los últimos dos años con consecuencias serias para la vida y el desarrollo de las comunidades impactadas por la industria debido a contaminación de fuentes de agua para consumo humano.

La piña está metida hasta en las Áreas Silvestres Protegidas. El SNIT señala también que existen unas 1.500 hectáreas del monocultivo de piña dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Una razón de peso para incentivar urgentemente la moratoria la expansión del monocultivo.

¿Qué es una moratoria? Según el diccionario es una “situación en la que el procedimiento regular o las acciones previstas son objeto de interrupción, o aplazamiento”. En la realidad sería un periodo o lapso de tiempo en el que el gobierno nacional suspendería las nuevas autorizaciones para la siembra o establecimiento de nuevas áreas de producción de piña. No se trata de diezmar la producción se trata de evitar que se siga expandiendo irresponsablemente.

Manifestación contra la expansión piñera:

El FRENASAPP se unirá a la concentración contra la contaminación por agrotóxicos, este próximo 25 de abril a las 4:30PM, frente a los Tribunales de Justicia para solicitar que se declaren inconstitucionales los Decretos Ejecutivos 39995, 40059 y 41481 que dan puerta libre al ingreso al país de plaguicidas son estudios ecotoxicológicos y toxicológicos.

 

Enviado por FECON.

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Ambiente y 100 días: organizaciones envían carta al Presidente

En su primer discurso presidencial, usted prometió: “Protección y balance con el ambiente”. Sin embargo, en estos primeros 100 Días, su gobierno de “unidad nacional” no honra las promesas de campaña electoral ni su discurso inaugural, pero sí perpetúa el accionar de las anteriores administraciones, respondiendo a los intereses supremos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y sus socios.

Su gobierno continúa promoviendo el Proyecto Mesoamérica (PM), extensión del Plan Puebla Panamá, con claros mandatos internacionales, para asegurar el mayor flujo de bienes y servicios del país hacia el Norte, por medio del saqueo y la privatización de nuestros recursos naturales y vida, que obligan al endeudamiento para financiar la infraestructura de proyectos privados al servicio del gran capital, como ocurre con el Proyecto PAACUME en Guanacaste y el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis en el Sur, contribuyendo aún más con el creciente Déficit Fiscal.

En el marco del PM su gobierno sigue impulsando la modernización de la infraestructura de los principales Puertos en el Caribe y Pacífico costarricenses para privatizarlos posteriormente sin importar el desempleo. Se amplían y construyen nuevas carreteras y aeropuertos como el de Osa, pese a la fragilidad de su entorno ambiental. Se acelera la desregulación del SETENA y el debilitamiento del SENARA para favorecer la entrega del agua a manos llenas para regar jardines, campos de golf y hasta vender el agua embotellada, ignorando el impacto real del Cambio Climático en Guanacaste, una de las provincias más empobrecidas y la más seca del país.

Los jerarcas del MINAE, de la Dirección de Aguas, y el AyA siguen sin poner límites al uso y abuso del agua por las grandes empresas de monocultivos como la caña de azúcar, el arroz, el melón, la sandía y la piña, sin importarles que las empresas devuelvan el agua contaminada a los ríos, quebradas, nacientes y pozos que utilizan las comunidades humanas y silvestres.

A los 100 Días, su administración destaca negativamente para el ambiente por las siguientes razones:

  1. SAQUEO DEL AGUA DE LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS MEDIANTE LA “NORMA DEL DEBATE ARREGLADO” EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: su gobierno de “unidad nacional” con Rodolfo Piza, utiliza tácticas y estrategias de convencimiento con los diputados y diputadas de todas las fracciones, a espaldas de las comunidades empobrecidas y vulnerables, mediante la “norma del Debate Arreglado”, para entregar el agua de las Áreas Silvestres Protegidas, mediante proyectos promovidos por el Banco Mundial y la Global Water Parneship (GWP), como el 20.465 que modifica los límites de la Reserva Biológica Barbudal en Guanacaste y el No. 20.447 para extraer el agua de los Parques Nacionales, pese al desperdicio enorme debido a la mala administración del AyA originando conflictos en comunidades como Nimboyores y Sardinal en Guanacaste; Guacimal, Orocú, Malinche y Costa de Pájaros en Puntarenas y Tacares de Grecia y Atenas en Alajuela, entre otros.
  2. SAQUEO DE LA BIODIVERSIDAD Y TIERRAS MEDIANTE LA TITULACIÓN DE LA MILLA FRONTERIZA, DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, DE LOS CORREDORES BIOLÓGICOS, DE LAS RESERVAS FORESTALES, ENTRE OTROS: iniciativas que cuentan con apoyo abierto del Ministro MINAE Carlos Manuel Rodríguez Echandi, incorporado por su gobierno para asegurar el cumplimiento de “mandatos ambientales” inconclusos de gobiernos anteriores del Partido Unidad Social Cristiana. Se sigue utilizando a los pobres como justificantes para favorecer a las empresas inmobiliarias, constructoras, turísticas, etc. como ocurre desde hace 20 años en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en el Caribe costarricense y con la tramitación actual del Proyecto No. 20.407 que pretende “regular” el Patrimonio Natural y Forestal, fomentando la expansión y crecimiento urbano sobre áreas de protección y recarga acuífera, ignorando los objetivos de conservación, uso y manejo sostenible, generando pérdida de la biodiversidad e interrupción de los Corredores Biológicos, considerados garantes para disminuir los impactos del Cambio Climático y que trunca la aspiración de Carbono Neutralidad de su gestión gubernamental.
  3. AUMENTA LA DESPROTECCIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS: su “gobierno de unidad nacional” parece olvidar que el agua subterránea o de los acuíferos representan entre 70 y 100% del agua para el consumo humano en distintas partes del país y en vez de aumentar la protección de la misma, implementando la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, se pretende dejarla sin efecto, favoreciendo la expansión urbana sobre mantos acuíferos y zonas de protección, sin tomar en cuenta la disminución acelerada de caudales, la contaminación de aguas superficiales y los impactos reales del Cambio Climático ya presentes en el país. En la Zona Norte de Heredia, continúan permitiéndose actividades humanas pese a su condición de inalienabilidad, específicamente para la protección del recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, siendo por tanto patrimonio natural del Estado, con clara violación a la Ley No. 65 del año 1888 y al Voto de la Sala Constitucional Nº 2008-12109. Resulta inadmisible que en su gobierno continúe el establecimiento de enjambres de gasolineras sobre el Acuífero Barranca – El Roble en Puntarenas, expuesto también a la contaminación fecal por colapso de la obsoleta Planta de Tratamiento del AyA, contribuyendo aún más con el deterioro del ya ultrajado Humedal Laguna Bonilla, último reducto de vida silvestre y único humedal urbano de agua dulce en el cantón Central de Puntarenas.
  4. NO SE APRUEBA LA MORATORIA AL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: ..continúa la expansión del cultivo de la piña, en detrimento de los bosques naturales y cultivados con incentivos fiscales, invadiendo las zonas de amortiguamiento de importantes áreas silvestres protegidas, como es el Parque Internacional de La Amistad, Patrimonio Natural Mundial de las UNESCO y contaminando el agua de ríos, quebradas, nacientes y pozos que quedan inhabilitados para el consumo humano, con altos costos ambientales y económicos que pagamos todos, como ocurre en las comunidades de El Cairo, La Francia, Milano y Luisiana en Siquirres y Veracruz, La Trinidad, Quebrada Grande, San Marcos y San Luis de Pital en la Región Huetar Norte, entre otras.
  5. SE MANTIENEN LAS INCONGRUENCIAS EN LA EXPLOTACIÓN MINERA METÁLICA Y NO METÁLICA: pese a las recomendaciones dictadas por la Contraloría General de la República aún no se reforma el Decreto Ejecutivo No. 29300 – MINAE, ni se depura ni actualiza el Catastro Nacional Minero, tampoco se ejercen controles sobre las cantidades de materiales que se extraen, procesan y venden de las distintas concesiones, pese a que algunos de esos materiales se emplean en la construcción de carreteras por las que se cobran sumas millonarias sin haber cancelado los impuestos. Persiste la concentración de concesiones no metálicas en las cuencas medias y bajas de los ríos Barranca, Lagarto y Guacimal en Puntarenas y Tempisque, Abangares y Ahogados en Guanacaste, entre otros, afectando el suministro de agua para consumo humano; o exponiendo la roca madre como sucede en los ríos General en la Región Brunca y Toro Amarillo en el Caribe. La minería artesanal del oro, al igual que en Crucitas, se practica ilegalmente en Abangares y Miramar, afectando zonas ambientalmente frágiles, contaminando cursos de agua superficiales que desembocan en el Golfo de Nicoya, como sucede con la Quebrada Gongolona en Abangares y las Quebradas Zamora y El Padre en Miramar. Sorprende que después de 11 años de la caída estrepitosa de la mina de oro a cielo abierto en Miramar, aún no se exige el Cierre Técnico de la misma, ni “opera de oficio” la cancelación de la concesión pese a los incumplimientos de la misma, como reconoció el Ministro del MINAE, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en la Universidad de Costa Rica a los 8 días de haber asumido funciones en la actual administración.
  6. AUSENCIA DE DIRECTRICES PARA EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN INGREDIENTES DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) O TRANSGÉNICOS: la ausencia de directrices sobre el etiquetado de los productos OGM resulta en la protección de su gobierno a los intereses de las corporaciones, en detrimento de los derechos individuales de los residentes locales que ven limitados sus derechos humanos de acceso a la información y libre elección bien informados, para saber qué se consume.
  7. SIN ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL USO Y ABUSO DE AGROQUÍMICOS: las empresas y personas siguen utilizando sin controles agroquímicos, incluso prohibidos por otros gobiernos, porque no existe una política de Estado para reducir efectivamente la cantidad de agroquímicos utilizados en las actividades agrícolas; por lo que en la práctica seguimos siendo el país consumidor más voraz de plaguicidas químicos en la agricultura, mientras continuamos muriendo de cáncer gástrico, sin advertir siquiera una ruta incipiente de que su co-gobierno con Piza traten de fomentar la agricultura orgánica.
  8. NINGUNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LAS DISPUTAS POR LOS TERRITORIOS INDÍGENAS: persiste el olvido sistemático del Estado en relación al conflicto por la tierra e intereses contrapuestos, propiciando el irrespeto a la soberanía y autonomía de las comunidades indígenas, que generan enfrentamientos violentos entre los pobladores indígenas y no indígenas, bloqueos, quemas de ranchos habitados, persecución y amenazas a la integridad física y emocional de los indígenas. Se mantiene la amenaza constante de expulsión de indígenas de sus territorios por empresas nacionales y extranjeras, avaladas por el Estado para explotar sus recursos naturales, como ocurre con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis y 16 represas hidroeléctricas en Talamanca que destruirían los ríos Telire, Coen, Lari, Urén y el ecosistema del Parque Internacional La Amistad, entre otros.
  9. MORDAZAS Y RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES (COVIRENAS): los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-ACLAC) bloquean y fuerzan trámites engorrosos para limitar las acciones y participación de personas decentes y antiguos miembros de los COVIRENAS, violándose la Declaración de Río Sobre Ambiente y Desarrollo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, contradiciendo los Principios de fundación del Partido Acción Ciudadana e ignorando el incalculable valor de la participación ciudadana para contribuir con la protección de algunas regiones para la Humanidad, catalogadas como Reservas de la Biosfera, Sitios de Patrimonio Mundial Natural y Humedales RAMSAR que se protegen en ACLAC.

Por todas estas agresiones, violaciones e inacciones sobre el medio ambiente, su gobierno “nacional” y del “bicentenario” requiere un cambio de rumbo y dirigencia en instituciones como el MINAE, la Dirección de Aguas y el AyA, cuyos jerarcas siguen demostrando irrespeto y falta de compromiso con la protección del ambiente y la biodiversidad. Exigimos no se permitan talas ni otra actividad humana en zonas ambientalmente frágiles, especialmente donde se atente contra el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central y otras regiones del país.

Suscriben,

Asociación Conservacionista Yiski

CEUS del Golfo de Nicoya

Comité Ambiental de Miramar

Conceverde

Ni una sola mina

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por María Elena Fournier.

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Comunidad de Puerto Viejo de Talamanca participó en conversatorio sobre derecho ambiental

  • Actividad fue coordinada por el Área de Transparencia adscrita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

 

Mónica Álvarez Pérez

Comunicadora. Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

Comunidad de Puerto Viejo de Talamanca participo en conversatorio sobre derecho ambiental4

7 de junio del 2018. Ciudadanos de la comunidad de Puerto Viejo de Talamanca y sus alrededores participaron el pasado 05 de junio en el conversatorio sobre Derecho Ambiental, en el que José Pablo González, fiscal adjunto Agrario Ambiental, participó como expositor y aclaró las dudas del público.

El fiscal González inició la actividad resaltando las características del derecho ambiental y los conceptos en torno a los delitos más frecuentes en esta temática.

Posteriormente, se dio espacio a temas como leyes, sanciones, áreas protegidas, la intervención de instituciones afines a la protección ambiental, reciclaje, moratorias y daños al medio ambiente; momento en que los presentes aprovecharon para hacer sus aportes, denunciar y solicitar apoyo al Ministerio Público en relación al eje temático expuesto.

Entre los temas abordados, se enfatizó en la preocupación por permisos de construcción que ha otorgado la Municipalidad de Talamanca dentro de las zonas marítimo terrestre durante la moratoria, pues es prohibido construir en zona pública, esteros y humedales.

“En Costa Rica no se puede alegar ignorancia de la Ley, denunciemos, aunque hayan construido, cortado árboles. La naturaleza tiene capacidad impresionante para regenerarse y no se puede permitir que la ignorancia y la avaricia prevalezcan. Nuestra lucha no es por nosotros, es por sus hijos y los hijos de ellos”, manifestó González.

Durante el conversatorio, la comunidad también tuvo la oportunidad de conocer al nuevo personal que asumió funciones el pasado mes de mayo en la fiscalía de Bribri, entre quienes se encuentran Marlon Poyser, fiscal coordinador,  y el fiscal auxiliar de Enlace Agrario Ambiental, Guillermo Cordero; ellos mostraron su anuencia y compromiso con la ciudadanía.

Este espacio comunitario fue coordinado por el Área de Transparencia de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se celebró en la Casa de la Cultura Liberty Hall de Puerto Viejo.

 

Área de Transparencia

Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

Ministerio Público de Costa Rica

Tel: 2295-44-29

Email: malvarez@poder-judicial.go.cr

 

Rendición de cuentas, un ejercicio de transparencia.

 

Enviado por María Elena Fournier.

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Nuevo gobierno, viejos piñeros

Henry Picado Cerdas (*)

 

  • Las condiciones están dadas para que continúe la impunidad del delito ambiental piñero
  • A un año de grandes movilizaciones contra la expansión las promesas del gobierno no se cumplieron
  • Un 74% de las fincas piñeras con Viabilidad Ambiental nunca han sido inspeccionadas

 

FECON- 7 de mayo 2019.- El mandato de Carlos Alvarado Quesada comienza con dos desafíos importantes en materia agroambiental. Uno es reconocer la poca o nula discusión en la campaña electoral sobre la expansión del monocultivo de la piña para evitar un verdadero diálogo nacional sobre este tema. El otro desafío es sacudirse del continuismo de la inacción que deja la administración anterior con respecto al delito ambiental orquestado por el sector piñero.

Estamos pronto de cumplir un año de que Mariana Paniagua y Jorge Castro salieron desde Pavón de los Chiles rubo a Casa Presidencial en San José, una travesía de 180 Kilómetros para denunciar la situación que viven miles de personas campesinas en muchas partes del país: la expansión descontrolada del monocultivo (Fecon, 18-5-2017). Casi al mismo tiempo, el 15 de mayo, una movilización multitudinaria se desplegó en el Centro de San José para solicitar la revocación del permiso otorgado a la empresa Del Monte para la siembra de 500 hectáreas de piña en la inmediaciones del Humedal Terraba-Sierpe y sobre sitios de importancia arqueológica donde se albergan esferas de piedra precolombinas (Semanario Universidad,16-5-2017).

A la llegada de Paniagua y Castro a San José, bajo un fuerte aguacero, su primera acción fue ir directamente hacia Casa Presidencial, dónde el mismo Luis Guillermo Solís le atendió con simulado interés, para que al día siguiente lo volvieran a recibir un grupo de asesores presidenciales -entre ellas Paola Vega, actual diputada- con actitud altanera y con el objetivo de llevar a mal puerto cualquier petición de esta pareja de pequeños ganaderos de los Chiles. Pese a la desidia del gobierno, Castro y Paniagaua le entregaron el 23 de mayo de 2017 al gobierno de Luis Guillermo Solís un pliego petitorio que se tradujo en una serie de acuerdos. Entre los que se encontraban:

Primer acuerdo: “que en muy corto plazo habrá una visita de inspección de alto nivel a varias fincas piñeras en la zona norte. Posteriormente se hará lo mismo en la zona sur y el Caribe.”

Segundo acuerdo: “se dará un seguimiento prioritario a las denuncias presentadas contra fincas que incumplen requisitos ambientales y laborales o que operan sin viabilidad ambiental.”

Tercer acuerdo: “El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) reforzará el apoyo ante los brotes de moscas, procurando cubrir a pequeños ganaderos que no han tenido acceso a ese apoyo.

Cuarto acuerdo: “Ministerio de la Presidencia revisará la posibilidad de una declaratoria de emergencia ambiental en el cantón de Los Chiles y de una moratoria nacional a la expansión piñera.” (Voces Nuestras, 25-5-2017)

Este acuerdo fue firmado por María Elena López (como Ministra de Salud en ese momento), Edgar Gutiérrez (como Ministro de Ambiente), Sergio Alfaro (como Ministro de la Presidencia) y Luis Felipe Arauz (como Ministro de Agricultura). Estos puntos jamás fueron cumplidos y no se realizaron las acciones que se prometieron por parte del gobierno a Paniagua y Castro. Sobra decir que la expansión piñera continua y la impunidad por parte de los empresarios piñeros es la moneda de cambio con la que le paga el Estado a quienes denuncian este desastre. Mientras tanto Paniagua y Castro tuvieron que abandonar su finca al ser totalmente rodeados por un lado de piña y por otro de la inacción del Estado (Voces Nuestras 31-1-2018).

Un año después, el gabinete de la nueva Administración Alvarado Quesada se enfrenta a este reto mayúsculo en materia ambiental. El fenómeno del impacto generalizado en casi todo el país del monocultivo de la piña que su predecesor, Luis Guillermo Solís, no fue capaz de atender. Lejos de eso se prevé un continuismo en el tema lo cual una agudizaría más esta crisis.

La lectura que las organizaciones nucleadas en el Frente Nacional de Sectores Afectador por la Producción Piñera (FRENASAPP) hacen de esta coyuntura particular con respecto a este monocultivo no ve un panorama muy alentador. Así se analizó en la última reunión del FRENASAPP (Kioscos Ambientales, 22-4-2018) el pasado 19 de abril en San José. Las comunidades y organizaciones concluyen que Carlos Alvarado Quesada no parece diferenciarse mucho de la Administración Solís-Rivera en términos de abordaje de este conflicto socio-ambiental.

El escenario pos-elecciones:

En el ámbito de comercio exterior este nuevo gobierno trae una perspectiva de abrirse a nuevos mercados, pese a que no quiere firmar nuevos tratados de libre comercio, pero si profundizar la agenda neoliberal.

En este sentido hay que mencionar que las plantaciones de piña ha crecido de un 4% a un 7% por año, esto serían de 2.500 a 4.000 hectáreas que se suman al término de 12 meses. Al mismo tiempo los ingresos de los piñeros crecen al mismo ritmo, es decir alrededor de un 8% anual (Centroamérica Data, 27-4-2018). Esto confirma que la expansión sigue existiendo pese los esfuerzos de la Cámara Nacional de Productores Piñeros (CANAPEP) y del gobierno de negar el fenómeno de expansión.

Preocupa además la impunidad que puede llegar a tener las empresas piñeras que por ejemplo, se encuentran dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Tenemos más de 1.112 hectáreas de este cultivo dentro de Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado; el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (Fecon, 12-2-2018). Empresas que siguen funcionando en la actualidad en total impunidad.

En otro sentido la reforma a la normativa ambiental impulsada por la administración Solís-Rivera deja portillos preocupantes por medio de los cuales la expansión piñera puede continuar. Un ejemplo claro de esto es la propuesta de reforma del Reglamento de la Secretaría Técnica Ambiental que sigue el espíritu de desregularizar los controles e incrementar los umbrales ambientales para “facilitar el comercio y la competitividad” (Fecon, 7-3-2018). El Ministerio de Ambiente de la administración Solís-Rivera creó una propuesta inspirada en las ideas de Jorge Woodbridge (ministro de competitividad de Oscar Arias Sánchez) en la cual reduce los requisitos para la instalación de monocultivos. Es así como plantaciones de menos de 25 hectáreas no tendrían que presentar Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto abriría un portillo muy peligroso que incentivaría aún más la expansión piñera.

En este mismo sentido un informe de agosto de 2017 por parte de la comisión interna de SETENA titulado “Casos de plantaciones de piña – análisis de expedientes 2016-2017” revela que de los 27 expedientes sobre permisos de plantaciones piñeras el 74% de estos no tienen seguimiento alguno, ni inspecciones, es decir de sólo 7 piñeras fueron visitadas, mientras las otras 20 fincas no tienen seguimiento alguno. Hay que mencionar que sólo existen cuatro inspectores para realizar las visitas de las piñeras de todo el país.

Este mismo informe, rendido al MINAE por parte de la misma Setena, revela que un 22% de las piñeras con Viabilidad Ambiental registran alguna denuncia o infracción registrada en los tribunales de justicia. Lo que nos da indicios de que la falta de cumplimiento de los inspectores de Setena abona los casos de impunidad de los delitos ambientales del sector piñero.

Por otro lado, el Gobierno Solís-Rivera firmó tres reglamentos sobre plaguicidas que fomentan la entrada al país de agroquímicos sin necesidad de presentar estudios previos, con el argumento de modernizar los plaguicidas que se utilizan actualmente e introducir nuevas moléculas. Nos referimos a un reglamento que permite no realizarse las evaluaciones ecotoxicológicas a los plaguicidas en nuestro país sobre sus posibles implicaciones ambientales y en la salud (Decreto N° 40059), otro facilita la exportación de venenos (Decreto Nº 39461) y el último legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud (Decreto N°39995). Esto lo único que hace es allanar el camino para los intereses del agronegocio.

Este Gobierno de Unidad Nacional tiene una gran responsabilidad entre manos. Es necesario tomar acciones en torno a la expansión de los monocultivos. De no hacerlo estaría refrendando de forma irresponsable la inacción del gobierno Solís-Rivera en materia agroambiental condenando a cientos de comunidades a tomar agua envenenada, a ser víctimas de la explotación laboral y a ver como su ganado pierde hasta un kilo por día por culpa de la mosca de la fruta.

 

(*) Presidente, Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON), teléfono 87609800

 

Foto: Marcha contra la expansión piñera. 15 mayo 2017. Foto: Semanario Universidad.

Enviado por FECON.

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