Etiqueta: moratoria

En su primer discurso presidencial, usted prometió: “Protección y balance con el ambiente”. Sin embargo, en estos primeros 100 Días, su gobierno de “unidad nacional” no honra las promesas de campaña electoral ni su discurso inaugural, pero sí perpetúa el accionar de las anteriores administraciones, respondiendo a los intereses supremos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y sus socios.

Su gobierno continúa promoviendo el Proyecto Mesoamérica (PM), extensión del Plan Puebla Panamá, con claros mandatos internacionales, para asegurar el mayor flujo de bienes y servicios del país hacia el Norte, por medio del saqueo y la privatización de nuestros recursos naturales y vida, que obligan al endeudamiento para financiar la infraestructura de proyectos privados al servicio del gran capital, como ocurre con el Proyecto PAACUME en Guanacaste y el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis en el Sur, contribuyendo aún más con el creciente Déficit Fiscal.

En el marco del PM su gobierno sigue impulsando la modernización de la infraestructura de los principales Puertos en el Caribe y Pacífico costarricenses para privatizarlos posteriormente sin importar el desempleo. Se amplían y construyen nuevas carreteras y aeropuertos como el de Osa, pese a la fragilidad de su entorno ambiental. Se acelera la desregulación del SETENA y el debilitamiento del SENARA para favorecer la entrega del agua a manos llenas para regar jardines, campos de golf y hasta vender el agua embotellada, ignorando el impacto real del Cambio Climático en Guanacaste, una de las provincias más empobrecidas y la más seca del país.

Los jerarcas del MINAE, de la Dirección de Aguas, y el AyA siguen sin poner límites al uso y abuso del agua por las grandes empresas de monocultivos como la caña de azúcar, el arroz, el melón, la sandía y la piña, sin importarles que las empresas devuelvan el agua contaminada a los ríos, quebradas, nacientes y pozos que utilizan las comunidades humanas y silvestres.

A los 100 Días, su administración destaca negativamente para el ambiente por las siguientes razones:

1. SAQUEO DEL AGUA DE LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS MEDIANTE LA “NORMA DEL DEBATE ARREGLADO” EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: su gobierno de “unidad nacional” con Rodolfo Piza, utiliza tácticas y estrategias de convencimiento con los diputados y diputadas de todas las fracciones, a espaldas de las comunidades empobrecidas y vulnerables, mediante la “norma del Debate Arreglado”, para entregar el agua de las Áreas Silvestres Protegidas, mediante proyectos promovidos por el Banco Mundial y la Global Water Parneship (GWP), como el 20.465 que modifica los límites de la Reserva Biológica Barbudal en Guanacaste y el No. 20.447 para extraer el agua de los Parques Nacionales, pese al desperdicio enorme debido a la mala administración del AyA originando conflictos en comunidades como Nimboyores y Sardinal en Guanacaste; Guacimal, Orocú, Malinche y Costa de Pájaros en Puntarenas y Tacares de Grecia y Atenas en Alajuela, entre otros.
2. SAQUEO DE LA BIODIVERSIDAD Y TIERRAS MEDIANTE LA TITULACIÓN DE LA MILLA FRONTERIZA, DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, DE LOS CORREDORES BIOLÓGICOS, DE LAS RESERVAS FORESTALES, ENTRE OTROS: iniciativas que cuentan con apoyo abierto del Ministro MINAE Carlos Manuel Rodríguez Echandi, incorporado por su gobierno para asegurar el cumplimiento de “mandatos ambientales” inconclusos de gobiernos anteriores del Partido Unidad Social Cristiana. Se sigue utilizando a los pobres como justificantes para favorecer a las empresas inmobiliarias, constructoras, turísticas, etc. como ocurre desde hace 20 años en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en el Caribe costarricense y con la tramitación actual del Proyecto No. 20.407 que pretende “regular” el Patrimonio Natural y Forestal, fomentando la expansión y crecimiento urbano sobre áreas de protección y recarga acuífera, ignorando los objetivos de conservación, uso y manejo sostenible, generando pérdida de la biodiversidad e interrupción de los Corredores Biológicos, considerados garantes para disminuir los impactos del Cambio Climático y que trunca la aspiración de Carbono Neutralidad de su gestión gubernamental.
3. AUMENTA LA DESPROTECCIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS: su “gobierno de unidad nacional” parece olvidar que el agua subterránea o de los acuíferos representan entre 70 y 100% del agua para el consumo humano en distintas partes del país y en vez de aumentar la protección de la misma, implementando la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, se pretende dejarla sin efecto, favoreciendo la expansión urbana sobre mantos acuíferos y zonas de protección, sin tomar en cuenta la disminución acelerada de caudales, la contaminación de aguas superficiales y los impactos reales del Cambio Climático ya presentes en el país. En la Zona Norte de Heredia, continúan permitiéndose actividades humanas pese a su condición de inalienabilidad, específicamente para la protección del recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, siendo por tanto patrimonio natural del Estado, con clara violación a la Ley No. 65 del año 1888 y al Voto de la Sala Constitucional Nº 2008-12109. Resulta inadmisible que en su gobierno continúe el establecimiento de enjambres de gasolineras sobre el Acuífero Barranca – El Roble en Puntarenas, expuesto también a la contaminación fecal por colapso de la obsoleta Planta de Tratamiento del AyA, contribuyendo aún más con el deterioro del ya ultrajado Humedal Laguna Bonilla, último reducto de vida silvestre y único humedal urbano de agua dulce en el cantón Central de Puntarenas.
4. NO SE APRUEBA LA MORATORIA AL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: ..continúa la expansión del cultivo de la piña, en detrimento de los bosques naturales y cultivados con incentivos fiscales, invadiendo las zonas de amortiguamiento de importantes áreas silvestres protegidas, como es el Parque Internacional de La Amistad, Patrimonio Natural Mundial de las UNESCO y contaminando el agua de ríos, quebradas, nacientes y pozos que quedan inhabilitados para el consumo humano, con altos costos ambientales y económicos que pagamos todos, como ocurre en las comunidades de El Cairo, La Francia, Milano y Luisiana en Siquirres y Veracruz, La Trinidad, Quebrada Grande, San Marcos y San Luis de Pital en la Región Huetar Norte, entre otras.
5. SE MANTIENEN LAS INCONGRUENCIAS EN LA EXPLOTACIÓN MINERA METÁLICA Y NO METÁLICA: pese a las recomendaciones dictadas por la Contraloría General de la República aún no se reforma el Decreto Ejecutivo No. 29300 – MINAE, ni se depura ni actualiza el Catastro Nacional Minero, tampoco se ejercen controles sobre las cantidades de materiales que se extraen, procesan y venden de las distintas concesiones, pese a que algunos de esos materiales se emplean en la construcción de carreteras por las que se cobran sumas millonarias sin haber cancelado los impuestos. Persiste la concentración de concesiones no metálicas en las cuencas medias y bajas de los ríos Barranca, Lagarto y Guacimal en Puntarenas y Tempisque, Abangares y Ahogados en Guanacaste, entre otros, afectando el suministro de agua para consumo humano; o exponiendo la roca madre como sucede en los ríos General en la Región Brunca y Toro Amarillo en el Caribe. La minería artesanal del oro, al igual que en Crucitas, se practica ilegalmente en Abangares y Miramar, afectando zonas ambientalmente frágiles, contaminando cursos de agua superficiales que desembocan en el Golfo de Nicoya, como sucede con la Quebrada Gongolona en Abangares y las Quebradas Zamora y El Padre en Miramar. Sorprende que después de 11 años de la caída estrepitosa de la mina de oro a cielo abierto en Miramar, aún no se exige el Cierre Técnico de la misma, ni “opera de oficio” la cancelación de la concesión pese a los incumplimientos de la misma, como reconoció el Ministro del MINAE, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en la Universidad de Costa Rica a los 8 días de haber asumido funciones en la actual administración.
6. AUSENCIA DE DIRECTRICES PARA EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN INGREDIENTES DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) O TRANSGÉNICOS: la ausencia de directrices sobre el etiquetado de los productos OGM resulta en la protección de su gobierno a los intereses de las corporaciones, en detrimento de los derechos individuales de los residentes locales que ven limitados sus derechos humanos de acceso a la información y libre elección bien informados, para saber qué se consume.
7. SIN ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL USO Y ABUSO DE AGROQUÍMICOS: las empresas y personas siguen utilizando sin controles agroquímicos, incluso prohibidos por otros gobiernos, porque no existe una política de Estado para reducir efectivamente la cantidad de agroquímicos utilizados en las actividades agrícolas; por lo que en la práctica seguimos siendo el país consumidor más voraz de plaguicidas químicos en la agricultura, mientras continuamos muriendo de cáncer gástrico, sin advertir siquiera una ruta incipiente de que su co-gobierno con Piza traten de fomentar la agricultura orgánica.
8. NINGUNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LAS DISPUTAS POR LOS TERRITORIOS INDÍGENAS: persiste el olvido sistemático del Estado en relación al conflicto por la tierra e intereses contrapuestos, propiciando el irrespeto a la soberanía y autonomía de las comunidades indígenas, que generan enfrentamientos violentos entre los pobladores indígenas y no indígenas, bloqueos, quemas de ranchos habitados, persecución y amenazas a la integridad física y emocional de los indígenas. Se mantiene la amenaza constante de expulsión de indígenas de sus territorios por empresas nacionales y extranjeras, avaladas por el Estado para explotar sus recursos naturales, como ocurre con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis y 16 represas hidroeléctricas en Talamanca que destruirían los ríos Telire, Coen, Lari, Urén y el ecosistema del Parque Internacional La Amistad, entre otros.
9. MORDAZAS Y RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES (COVIRENAS): los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-ACLAC) bloquean y fuerzan trámites engorrosos para limitar las acciones y participación de personas decentes y antiguos miembros de los COVIRENAS, violándose la Declaración de Río Sobre Ambiente y Desarrollo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, contradiciendo los Principios de fundación del Partido Acción Ciudadana e ignorando el incalculable valor de la participación ciudadana para contribuir con la protección de algunas regiones para la Humanidad, catalogadas como Reservas de la Biosfera, Sitios de Patrimonio Mundial Natural y Humedales RAMSAR que se protegen en ACLAC.

Por todas estas agresiones, violaciones e inacciones sobre el medio ambiente, su gobierno “nacional” y del “bicentenario” requiere un cambio de rumbo y dirigencia en instituciones como el MINAE, la Dirección de Aguas y el AyA, cuyos jerarcas siguen demostrando irrespeto y falta de compromiso con la protección del ambiente y la biodiversidad. Exigimos no se permitan talas ni otra actividad humana en zonas ambientalmente frágiles, especialmente donde se atente contra el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central y otras regiones del país.

Suscriben,

Asociación Conservacionista Yiski

CEUS del Golfo de Nicoya

Comité Ambiental de Miramar

Conceverde

Ni una sola mina

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por María Elena Fournier.

Suscríbase a SURCOS Digital:n