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Etiqueta: movimiento social

Sala IV rechaza recurso sobre etiquetado transgénico

La Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) es un espacio de articulación de organizaciones ecologistas, campesinas e indígenas y de personas que participan a nivel individual. En febrero anterior uno de sus miembros interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Esta red lucha por la protección de los alimentos de producción en forma natural, esto para evitar la propagación de la agricultura basada en organismos genéticamente modificados o transgénicos. Por tanto, el recurso interpuesto manifiesta que en Costa Rica no existe norma que establezca la obligación de informar en el etiquetado general de los alimentos para consumo humano y animal, previamente envasados y preenvasados, cuáles son, contienen o derivan de organismos vivos modificados (OVM o transgénicos), obtenidos con ingeniería genética.

Luego de las posturas de las partes involucradas en el proceso la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso debido a los siguientes argumentos:

“(…) es necesario indicar que el etiquetado de los productos pre envasados, se encuentra actualmente regulado por reglamentos técnicos centroamericanos (RTCA), que conforme al artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, son de un rango supranacional y desde ese punto de vista, no es posible agregar requisitos adicionales unilaterales a los establecidos en dichos reglamentos técnicos.”

“Por otra parte, es importante señalar que para la efectiva verificación en el mercado del cumplimento de cualquier regulación que se establezca sobre el contenido de OVN se requiere que los laboratorios nacionales públicos y privados puedan realizar los ensayos pertinentes y que estos estén acreditados, situación que no se da en la actualidad”.

“La Sala explica que el artículo 46 constitucional vela por que los consumidores y usuarios reciban información adecuada y veraz. Empero, constituiría una extralimitación en el uso de las competencias de la Sala que ella regulara o controlara de manera general el contenido de las etiquetas de los productos comerciales o cualquier tipo de información dirigida al público, so pretexto de procurar que sea veraz y adecuada”.

El recurso contó con la coadyuvancia activa de Alberto Solano, Dayana Ureña, Flora Fernández, Jaime García, Javier Mora, Jorge Mora, José Manuel Vargas, Julio Jiménez, Mario Cabrera y Luis Antonio Jiménez.

Puede ver la resolución completa en el archivo adjunto.

El “estallido chileno” y agricultura sustentable

La Fundación Friedrich Ebert Chile invita a distintas actividades organizadas durante estas semanas. Este 28 de abril se presentó el documental “El estallido chileno” que retrata la situación vivida a partir de octubre 2019 con el estallido social en Chile.

El espació contó con la participación de periodistas, un historiador y un productor audiovisual que comentaron la producción. Para acceder a la transmisión puede acceder a el siguiente enlace: https://www.facebook.com/feschile/videos/3702237886547955.

También el próximo jueves 6 de mayo a las 9 a.m. hora de Costa Rica, se hablará del texto: Lineamientos para una agenda de soberanía alimentaria basada en la agricultura sustentable. En el espacio participa la autora del texto, Anahí Macaroff, así como Antonio Carrillo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz, México. Marlene Castillo, Servicio Agropecuario Investigación y Promoción Económica, Perú. Viviana Zamora, Fundación Alternativas, Bolivia.

Martín Drago, Amigos de la Tierra Internacional, Uruguay.

Y Camila Gramkow, Oficina de la CEPAL, Brasil.

La transmisión del evento puede seguirse en este enlace: https://www.facebook.com/FESTransformacion

Defensa de la institucionalidad desde un movimiento cívico-patriótico nacional

Comunicado de Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

Ante la reunión que se ejecutara el día 07 de enero de 2020 en el local del Sindicato Nacional de Enfermería en relación a la formulación de una táctica y estrategia de cara al Proyecto de Ley de Empleo Público, se pretende hacer un balance político para avanzar en los 4 elementos que se exponen a continuación:

  1. El movimiento sindical de Costa Rica y en general el movimiento social, tiene que aspirar a una rearticulación para construir un gran movimiento cívico-patriótico nacional, que tiene que tener una visión más allá del sector público y en esta coyuntura estar posicionado en los territorios con los actores hombres y mujeres que están ahí, para apostar a ese movimiento antes mencionado, sin excluir ningún actor o dirigencia de nuestros territorios.
  2. Hacer un llamado general y concreto a que los empleados públicos y sus familias no voten por ningún partido político tradicional tales como: PLN, PUSC, PAC, evangélicos-cristianos y en general a cualquier partido político que en los últimos dos años ha castigado a los empleados públicos y privados. El país ocupa un viraje hacia el humanismo, el progresismo y hacia la solidaridad, y eso incluye la necesidad urgente de hacer un cambio dentro del marco democrático entre los diferentes estamentos de la institucionalidad, lo que incluye a la Asamblea Legislativa.
  3. Es urgente que se reconfigure desde una táctica y estrategia jurídica el escenario de lucha en términos de fortalecer nuevamente el tema del derecho de huelga en el sector público. Lo anterior, es un elemento que puede inclinar la balanza hacia una correlación de fuerzas no pensando en esa huelga como instrumento desfavorecedor de la gente, sino más bien de inclinar la balanza para que el país empiece a caminar por una ruta distinta.
  4. Por último, que se tenga como consigna la urgente necesidad de la defensa de la institucionalidad y plantearse una agenda país para modificar en el 2022 y en el marco democrático la asamblea legislativa. Se debe hablar claramente con empleados tanto públicos como privados y exponer con toda contundencia que se necesita una ruta que vuelva a poner a Costa Rica en la vía hacia un Estado benefactor, ya que el mercado no resuelve los problemas de las personas. La pandemia es un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente, la pobreza, el desempleo y la concentración de la riqueza sigue siendo un tema imperante en el país y en el mundo.

Criminalización de la protesta social, coyuntura de crisis, detenciones y violencia en el marco de la lucha del movimiento social costarricense

ACODEHU, SINDEU

En La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) somos conscientes de la profunda crisis que vive actualmente el país y consecuentemente el deterioro sostenido en materia de Derechos Humanos, que se dibujan en la superficie de una democracia que cada vez más, cierra los espacios al diálogo y agudiza las diferencias de clase.

Lo anterior se ha agravado por la crisis sanitaria a la que nos ha llevado la pandemia del coronavirus-COVID-19 o SARS- CoV-2, y también porque el proyecto neoliberal, que se profundiza desde 1983, conlleva a una caída sostenida de la soberanía nacional, la autodeterminación y la independencia.

Al interior del país una burguesía parasitaria se entrega cada vez más a los organismos financieros internacionales: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). La OCDE, en una clara intromisión a la política interna, exige al gobierno el establecimiento del salario único, a fin de eliminar los 266 pluses que existen actualmente, como logros, en su mayoría por la lucha y defensa de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Todo lo anterior sostenido bajo un proyecto cuyo horizonte es profundizar la crisis mediante el sometimiento a un nuevo préstamo con el FMI, pero además intensificar una carga impositiva a las grandes mayorías y teniendo como punto de anclaje la venta de activos y, la privatización y la tercerización de los servicios. A la par de ese modelo económico excluyente, en el poder Legislativo se solidifica un proyecto con leyes anti laborales que conducirán a un retroceso histórico al país, toda vez que rompen con la vieja estructura del Estado Social de Derecho.

En lo político y social, preocupa profundamente a la ACODEHU y al SINDEU, la escalada de actos de represión, hostigamiento y judicialización que se dan en la lucha que recientemente vivió el país entre los días 30 de setiembre y 16 octubre. En materia de Derechos humano la criminalización de la protesta social, debe preocuparnos de manera particular.

Creemos firmemente que la vía de solución propuesta por el actual gobierno de Carlos Alvarado Quesada, de resolver el déficit fiscal y las finanzas pública a través de una nueva negociación con el FMI, no es la solución. Más bien esa propuesta es una de las razones subyacentes en las recientes movilizaciones populares que vive el país, en tanto, como objetivo central se orienta a que el gobierno central debe enfrentar con toda la entereza y valentía el fraude fiscal; es decir, el robo de impuestos mediante mecanismos como la evasión, la elusión, las monstruosas exoneraciones y los privilegios fiscales a las grandes rentas y capitales. El simple anuncio que vivió el país, de un nuevo préstamo por la suma de $ 1,750 millones, formó el caldo de cultivo que propició las grandes manifestaciones del pueblo costarricense.

Le invitamos a descargar el documento completo del análisis de ACODEHU y SINDEU recibido en SURCOS.

Diálogo social y rescate democrático

“Me gustas, democracia, porque estás como ausente”
(Canción de Javier Krahe)

Manuel Hernández

  • Después de varias intentonas, viene el infaltable reality show

El último Informe Especial COVID-19 de CEPAL (octubre/2020), destaca la extraordinaria importancia que tiene el Diálogo Social para enfrentar integralmente la crisis sanitaria, que ha profundizado la desigualdad estructural, económica y social de América Latina.

La CEPAL sostiene que serán necesarios pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de sectores, de largo plazo, que promuevan la universalización de la protección social, la salud y reoriente el desarrollo, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad de las políticas fiscales, industriales y ambientales.

CEPAL insiste en que para alcanzar estos pactos se requiere un liderazgo político transformador, que goce de legitimidad social, que, además, incluya la más amplia y diversa gama de actores.

El Informe advierte un aspecto de suma relevancia, que dadas las circunstancias políticas y sociales que vertiginosamente se desarrollan en nuestro país, no podemos dejar pasar inadvertido:

“Es importante que los Gobiernos tengan en cuenta que, en algunas partes de la región, el descontento previo a la pandemia hizo que se acumulara una energía social que no va a desaparecer después de la crisis, energía que la sociedad en su conjunto deberá manejar abriendo caminos institucionales, democráticos y justos de diálogo y concertación social.”

Desafortunadamente algo tan elemental, después de varios intentos fracasados de diálogo social, todavía no logra comprender el Gobierno de nuestro país, que ahora está tratando de articular un nuevo ensayo, convocando a un conjunto de actores de sectores sociales, productivos, políticos y hasta religiosos.

No obstante, esta última convocatoria fue discriminatoria y excluyente, porque cerró ese cauce institucional de participación democrática a un movimiento social, dirigido por Rescate Nacional, que desde hace unas semanas se está expresando activamente en los espacios y foros públicos, exigiendo su Derecho Fundamental de ser escuchados y atendidas sus demandas de justicia social, protestando contra todo préstamo del FMI, “que nos jode a tod@s, no solo a las camareras”. *

El Informe de CEPAL sigue diciendo que ese liderazgo político debe “servir para reconocer y convivir con los conflictos colectivos en que se enfrentan los actores como parte de su adhesión a diferentes grupos sociales”.

Por contrario, el Gobierno impulsa el denominado proceso de diálogo multisectorial imponiendo unilateralmente el consenso, desde arriba, no soberano, que repele la legitimidad del conflicto social, conflicto que es consustancial a cualquier sistema democrático y pluralista; que no debe ser aplacado con la ostentosa e intimidatoria circulación de la “bestia” policial, a lo largo y ancho del territorio nacional, ni mucho menos con el bloqueo de los espacios de participación democrática.

Partiendo de esa misma convicción ideológica, promocionó una reaccionaria contrarreforma laboral, que culminó con la prohibición del derecho de huelga en la mayoría de las actividades económicas y servicios públicos, configurando el derecho de huelga del enemigo.

El Gobierno sigue reflejando una posición autoritaria, basada en la construcción simbólica del “enemigo”, que no se concilia con los principios constitucionales del Estado democrático, que por imperio de la reforma del artículo 9 constitucional, garantiza a la ciudadanía, a la universalidad ciudadana, y no solo a la que convenientemente se seleccionó, la plena participación en la construcción y definición de las políticas públicas.

Las y los indignados que representan el poder de los sin poder, quienes rompieron su callada indignación y fueron excluidos, no tienen menos derechos de participación ciudadana que aquellos actores oficialmente convidados al reality show, como si la democracia fuera patrimonio del gobernante de turno y su socio presidente de la Asamblea Legislativa.

En definitiva, en la de menos, este es el gran desafío que tenemos que asumir: liberar la Constitución Política de quienes la tienen secuestrada, pero para ello es necesario, primero, recuperar la democracia.

25/10/2020

* Frase escrita en un cartel de las asambleas del 15-M, cuyo mensaje deriva de la denuncia judicial que presentó Nafissatou Diallo contra Strauss-Kahn, expresidente de FMI, quien lo acusó que mientras ella estaba realizando labores de limpieza, en un hotel de Nueva York, la golpeó e intentó violarla. A consecuencia de este escándalo, Strauss-Kahn renunció a la Presidencia de FMI (2011).

Escenarios, significados y tiempos históricos de una crisis muy profunda – Segunda parte

Rogelio Cedeño Castro,

Sociólogo y escritor costarricense

La depreciación o pérdida de sentido del lenguaje que usamos para referirnos a la vida política, y aún a ciertas dimensiones o momentos de la cotidianidad ha alcanzado, en estos días de gran intensidad de la protesta social en Costa Rica, unas alturas cercanas al paroxismo y a una especie de locura colectiva –por así decirlo- entre los personeros del régimen de la dictadura en democracia y el pequeño, además de poderoso, sector del capital financiero, cuyos personeros están desesperados por consolidar sus “buenos” negocios con el asunto de la abultada deuda interna del país, y la tenencia de bonos de ésta que se ha convertido en un jugoso negocio de casi una decena de billones de colones, lo que va en perjuicio de la gran mayoría de la población, cuyo empobrecimiento se acelerará en varios dígitos, en caso de persistir la actual correlación de fuerzas sociales y políticas.
Las palabras como “diálogo”, “violencia” o “vandalismo” y otras usadas a conveniencia, son manoseadas tanto por los políticos de oficio, como por un puñado de tecnócratas y “comunicadores” de toda ralea, de tal manera que han perdido casi toda su significación, para convertirse así en otro de los componentes de esta Torre de Babel, en la que estamos sumergidos, por causa de los comportamientos miméticos de muchos de los actores de este drama, especialmente entre aquellos situados hacia la izquierda del llamado espectro político. En el caso de la primera de ellas, el gobierno del presidente Carlos Alvarado aceleró su vaciamiento semántico, de tal manera que la condujo a la pérdida de cualquier sentido unívoco que pudiéramos darle, ya ni siquiera en términos neutros, como en algunas dimensiones de la vida cotidiana, dentro de las que solemos hablar del diálogo, como un mero intercambio de impresiones entre dos o más interlocutores. Actuando a la manera de un prestidigitador, el conocido científico social y columnista del diario La Nación, Jorge Vargas Cullel, director del programa de El Estado de la Nación, se sacó de la manga no precisamente un conejo o un pañuelo, sino más bien el organigrama y cronograma de un supuesto “diálogo nacional” sectorial, cuya apariencia es la de un monólogo entre las cúpulas del poder económico y político, aunque lo más increíble, en este caso, es que desde su formulación inicial se deja por fuera al movimiento social que ha venido luchando en las calles, campos y ciudades de todo el país, bajo la denominación de Rescate Nacional, el que termina siendo ninguneado por el régimen. Es a partir de estos rasgos, o elementos esenciales que no logramos entender el significado de la expresión “diálogo”, dentro de esta puesta en escena, tan evasiva de las graves implicaciones del conflicto planteado, que está siendo desplegada en medio de un convulso escenario histórico, dentro del que sin embargo una gran cantidad de actores sociales y políticos “insospechados”, entran en el juego del Poder Ejecutivo y de los intereses económicos, tanto de los evasores como de los tenedores de bonos de la deuda interna, los que en la mayoría de los casos, resultan ser los mismos personajes.
Sucedió entonces, durante las dos semanas más recientes, que al acelerarse el conflicto social, exteriorizado por la protesta masiva de los sectores sociales de la periferia, esos que configuran lo que podríamos llamar la Costa Rica profunda, que los intentos de explicar lo que está sucediendo se estrellan con la terca realidad, dado que el lenguaje con el que acostumbramos a calificar estos procesos sociales, al haber sido vaciado de su significación no nos sirve para entender y mucho menos explicar ¿qué es lo que está sucediendo en el orden de la vida social y política de este pequeño país centroamericano? La necesidad implícita que tenían los movimientos sociales, afincados en las zonas rurales de la periferia, de romper el blindaje que le había sido impuesto a otro segmento del movimiento social, cuando dos años atrás había sido aplastada una huelga de los trabajadores del sector público, como un hecho al que hemos venido haciendo referencia, los llevó a emplear los bloqueos o cierres de carreteras y puentes como una medida de presión sobre un régimen, cuyo gobierno ni siquiera ha querido simular algún tipo de diálogo u encuentro con ellos.
Hoy, el movimiento social en estado puro, representado por Rescate Nacional sigue como al principio, cercado por todos sus flancos, por parte de quienes lo ven como un peligro para sus intereses más mezquinos. Para las cabezas del régimen y su gobierno de coalición, como también para los integrantes de los poderes fácticos que lo controlan, y asimismo para los llamados “progres” del PAC, engolosinados con las mieles del poder, y considerando siempre que su agenda del llamado “marxismo cultural”, es la única importante a ser tenida en cuenta; en fin todo un conjunto actores sociales y políticos que consideran que ese movimiento debe ser aniquilado, acudiendo para ello a cualquier vía, y sin importar el grado de violencia que implique su supresión de la vida social y política, en su odio llegan hasta los extremos del totalitarismo, negándose a reconocer siquiera la condición humana de los que protestan.
La impresionante campaña de prensa, llevada a cabo por los medios hegemónicos, para descalificar a los que llaman “vándalos” o “delincuentes” de la peor ralea, se ha visto reforzada por una represión policial cada vez más cruenta, intensificando el uso de “fuerzas especiales”, como son las de la policía antimotines, entrenada por los carabineros de Chile y la policía nacional de Colombia, dos países donde el respeto a los derechos humanos no pasa de ser una ficción. Los habitantes de San Carlos, de Pérez Zeledón, Guanacaste y otras regiones han sido objeto de una cruenta represión, con el empleo masivo de gases lacrimógenos y hasta irrupciones violentas en sus hogares, por parte de unos cuerpos policiales que los han tratado como una especie de “enemigo interno”, buscando sembrar el terror entre ellos.
Dada la gran confusión semántica existente en el discurso de algunos de los que protestan, lo que da lugar a una especie de gran polifonía, dificultando la captación plena del sentido o significado más profundo de esta rebelión de los sectores rurales contra el régimen neoliberal, al que llaman “comunista” o “madurista”, aunque en estricto sentido no lo sean para muchos de nosotros, no podemos negar que esa es su forma de nombrar al hecho sociohistórico que los inquieta y golpea en pleno rostro. Aunque para la significación mentada, que traen a cuento muchos de los protagonistas del conflicto, el hecho resulta irrelevante: lo que alcanzan a identificar es la existencia de una dictadura, no importa cómo la llamen, lo que los lleva a la rebelión es la agresión del neoliberalismo, y la voracidad del capital financiero, lo sienten en su pellejo y no aguantan más.
Para un sector de la llamada “izquierda”, sobre todo aquella oficiosa, y cercana a los manejos políticos del régimen, la circunstancia ya apuntada les ha servido para darle la espalda a un movimiento nacido de las entrañas del pueblo, pues para algunos de sus cuadros y voceros habituales es preferible ver las cosas a la distancia, como si el asunto no fuera con ellos, además de que consideran que esas gentes carecen, de lo que llaman eufemísticamente, una “dirección política correcta”. Una vez más la estéril teoría así empobrecida se ve rebasada por una dinámica realidad a la que es preciso responder, poniéndose a la altura de la magnitud del desafío histórico, no prestandonos a las maniobras del régimen y sus trampas en cuanto al diálogo-monólogo, con el que quieren engañarnos a todos.

Escenarios, significados y tiempos históricos de una crisis muy profunda – Primera parte

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Hemos llegado a una encrucijada histórica en extremo compleja, en la que incluso el lenguaje que hemos venido usando para denominar a la política, a las ideologías, y a los actores políticos en un país y una sociedad como la nuestra han perdido su validez. Esos vocablos como “socialismo”, “democracia”, “comunismo” o “liberalismo” tan caros a los intelectuales urbanos de los valles centrales de Costa Rica y a ciertas élites políticas no tan ilustradas como pretenden serlo a veces, carecen de hoy de una significación o sentido unívoco, al menos para muchos de los habitantes que conforman un gran segmento de los sectores populares, incluidos algunos pequeños y medianos empresarios y toda una constelación de actores sociales, cada vez más marginados del poder y de la riqueza, especialmente en las zonas rurales más apartadas del país, donde se ha producido un levantamiento popular con una fuerte base entre los agricultores, como algo inédito en la historia reciente del país, contra las políticas económicas y sociales de corte neoliberal, inspiradas por los grupos de pensamiento de la derecha más radical, entre ellos la Academia de Centro América y el Instituto Cato de Washington, en su sucursal costarricense, las que son percibidas y calificadas como “comunistas” o “chavistas” por las víctimas de esas políticas. A la dictadura en democracia del pensamiento único neoliberal se la percibe como una “dictadura comunista”, o una antesala que nos llevaría por los caminos de Venezuela, Nicaragua o Cuba que son unos países que resultan ser la encarnación del mal.

La presencia en el gobierno de una serie de intelectuales y cuadros “progres”, por lo general encaminados hacia una agenda más propia del llamado “marxismo cultural”, que a la del llamado “comunismo” a secas de que hablan algunos de los sectores más empobrecidos del país, ha terminado por provocar una confusión entre estos últimos, quienes perciben las violentas políticas económicas de las élites del poder en su contra y el abandono en se encuentran sus comunidades, como la materialización de algo que sienten y perciben como todo aquello que no debe ser. Ergo, entonces el gobierno y las élites  del poder son “comunistas”, las que ponen en peligro la democracia y las formas de vida propias de los costarricenses, nos dice un empresario agrícola mediano del norte del país que, en medio de su descontento y su frustración por las políticas inhumanas del régimen, dentro de lo que constituye un descontento a veces orientado o alimentado desde las visiones del neopentecostalismo o evangelismo integrista, o aún desde una perspectiva secular sin mayores connotaciones religiosas. Ese empobrecido y abandonado país: esa patria chica de los sancarleños, guanacastecos, limonenses, puntarenenses, generaleños y habitantes del sur costarricense fronterizo con Panamá se siente abandonado y golpeado, en lo más profundo, por las rígidas políticas de ajuste económico y social que ha venido ejecutando, de una manera rígida e implacable, la coalición gobernante del PAC, PLN, PUSC e incluso de partidos “religiosos” neopentecostales (toda una paradoja), los que para efectos prácticos actuaron como si fueran uno solo, dándole la espalda a los sectores sociales más golpeados por la crisis.

El gobernante PAC y la coalición de partidos que incluyen a todo el espectro político que ahora choca de frente con ese otro país del que hemos hablando, había aplastado una gran huelga de los trabajadores del sector público, hace apenas un par de años, motivada por la oposición de ese sector laboral a la aplicación de un paquete o ajuste tributario de naturaleza muy regresiva, el que ha tenido efectos brutales hacia el conjunto de la economía y la sociedad, sobre todo por su naturaleza recesiva, por lo que innumerables negocios además de pequeñas y medianas empresas quebraron, a lo largo del año 2019, mucho antes de que apareciera la pandemia del Covid 19, la que vino a ser el golpe de gracia para muchos sectores de la población que ya se encontraban al borde la ruina.

Las nuevas medidas fiscales, planteadas por el gobierno de Carlos Alvarado, con vistas a un acuerdo para la obtención de un préstamo de 1750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que castigan todavía más duro al grueso de la población, nos está llevando a la forja en los hechos de una gran coalición del movimiento social adverso al régimen de la dictadura neoliberal en democracia, a pesar de las diferencias ideológicas explicitas entre los actores sociales que se han venido involucrando en la protesta. Esta ha sido la emergencia del Movimiento Rescate Nacional con José Miguel Corrales, Célimo Guido y un importante grupo de dirigentes regionales, un movimiento que ha continuado fortaleciéndose a pesar de la retirada del primero de ellos, en medio de unas circunstancias muy confusas aún.

Los llamados progres del PAC se han lanzado contra el movimiento social descalificándolo en los peores términos, al llamar “vándalos” a los que desde el otro país protestan contra el dictador “comunista” y émulo de Nicolás Maduro, quien no es otro que Carlos Alvarado, no conformes con esto los progres piden una represión sanguinaria contra la población alzada contra el régimen, como si ya nos estuviéramos enrumbando hacia el totalitarismo fascista en la Costa Rica del “pura vida”, la que ha demostrado no serlo tanto y tampoco para todos, como dijo una comentarista de la televisión internacional. No se llamen a engaño tránsfugas del PAC, aunque un sector del movimiento califique en esos términos al actual gobierno, lo que en realidad sucede es que en el fondo repudian las políticas neoliberales que los están asfixiando, la brutal represión de los cuerpos policiales y el violento ajuste estructural que los sectores más poderosos pretenden imponernos, por la vía de un convenio con el FMI, a todos los costarricenses sin importarles, en modo alguno, la destrucción del tejido social y hasta de nuestra precaria institucionalidad democrática.

Costa Rica: un pueblo sin miedo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Una diputada, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo que “la clase política no le tiene miedo al pueblo”, pues ahora es el pueblo quien no le tiene miedo a la clase política, al gobierno y a aquellos diputados y diputadas que están apoyando una negociación con el FMI, al estilo pordiosero, convirtiendo de nuevo al país en una “república bananera”, como en los tiempos de León Cortés – “cortés con los ricos y león con los pobres”.

Postrado, como un “siervo menguado”, este gobierno se deja imponer una agenda por parte del FMI, que crea las condiciones para el desmantelamiento institucional de la seguridad y bienestar social, que se ha obtenido a lo largo de nuestra historia republicana. Una afrenta a la celebración del Bicentenario de la Independencia.

Como en los tiempos del “Combo del ICE”, cuando el bipartidismo cerró filas para apoyar la privatización de esa insigne institución, hoy el pueblo se ha levantado y bloqueado puertos y ciudades, para decirle NO al servilismo y al sometimiento a los intereses privatizadores, que son los intereses más espurios y perversos de quienes solo piensan desde la billetera y no desde el corazón de la patria.

Este gobierno ha elegido el camino fácil de hipotecar el país, para que las nuevas generaciones tengan que cargar con su irresponsabilidad histórica de no propiciar salidas dignas, solidarias y justas a la crisis que estamos viviendo. O sea, sigue pateando la bola para no tener que asumir la responsabilidad histórica que le compete: pensar en el bien común y dejar de proteger a los sectores económicamente más poderosos de este país.

Para el presidente, según declaraciones dadas en Puntarenas este 30 de setiembre, solo hay dos alternativas: vender activos o poner más impuestos. Y como, supuestamente por ahora no se van a vender activos “rentables”, si no se aumentan los impuestos habría que sacrificar el empleo público, despidiendo trabajadores. Y el Ministro de la Presidencia, por su parte, aduce que la propuesta de impuestos pone a tributar a los que más tienen.

Ambos argumentos resultan una ofensa a la inteligencia y el sentido común. El ministro de Hacienda ha señalado que el impuesto a las transacciones bancarias significa el equivalente a un 20% del IVA, entonces se trata de un IVA con otro nombre, que lo tendrán que pagar todos los costarricenses. Lo mismo con el impuesto a los salarios y a las propiedades. Nuevamente, evade el gobierno la responsabilidad de poner a tributar a los que más tienen y cerrar la llave de la evasión, la elusión y las exoneraciones.

El pueblo haciendo uso de su sabiduría ha tomado la antorcha libertaria y se ha lanzado a las calles desafiando al COVID 19 y al gobierno. Son campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores, entre muchos otros sectores.

Ellas y ellos, nos merecen el más digno reconocimiento y respeto. El movimiento social crítico y propositivo de este país, de mujeres y hombres libres, debería cerrar filas hoy alrededor de este movimiento, como se hizo en los tiempos del “Combo”.

 

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