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Etiqueta: Osvaldo Durán-Castro

¡Pongamos un ascensor para llegar a la cima del Chirripó!

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo y ecologista, Asoc. PROAL/JÄKÜII-FECON. Catedrático TEC

Los parques nacionales son áreas de conservación de biobiversidad por cuyas condiciones únicas y frágiles están protegidos y no deben ser alterados. Mantener el 26% del territorio nacional con distintos niveles de protección resulta cada día más difícil; empezando por el desfinanciamiento estatal. A modo de ejemplo para ver el abismo entre discurso verde y realidad, en el 2025 el presupuesto del Ministerio de Ambiente, MINAE, fue de ¢59.092,0 millones, 1,6% menos que 2024. Los gastos corrientes que incluyen salarios y contribuciones sociales de los y las funcionarias se redujeron ¢1.555,3 millones en 2025 con respecto de 2024. El MINAE no pelea contra esto, si no que ayuda a disminuir y hasta anular sus competencias y capacidades, como lo hizo con el proyecto de ley 23.213 para su supuesto “fortalecimiento”, que lo que buscaba deliberadamente era mutilar el ministerio.

Ese debilitamiento a veces incluye chambonadas como la de “instalar una escalinata en los últimos metros de acceso a la cumbre del cerro Chirripó”. Esto es del todo inadmisible porque pretende alterar o intervenir un sitio cuyas características propias limitan el acceso. No todas las personas podemos llegar a todo lado, y esto no es discriminación de ningún tipo. Los ecosistemas nos ponen sus propias limitaciones, y eso es “natural”. Si queremos facilitar el ingreso a éstos, los cambios nunca deben impactarlos severamente; este es un principio elemental e ineludible de la conservación.

En el Chirripó, ciertamente el último tramo de subida a la cima es difícil. Hay personas que llegan a la base y no suben, otras lo intentan y no lo logran, otras suben de “4 patas”, y todo eso es parte de la aventura. Pero igual, se disfrutan otros sitios como Laguna Ditkevi, Valle de los Conejos, Valle de las Morrenas, Crestones, Sabana de los leones, etc., todos en lo alto del parque. Incluso Ventisqueros es muy difícil para algunas personas y no por eso debemos ponerle un pasamanos o una cortina metálica. No todas las personas llegamos a todo lado, ni seremos los hermanos Messner escalando la montaña Nanga Parbat.

Hace tiempo detuvimos la “mágica” idea de construir un teleférico en el Parque Nacional Chirripó que justificaban diciendo que era para dar acceso a más gente. Ningún argumento se sostenía porque no hay forma de justificar una alteración de alto impacto en un ecosistema tan frágil como este parque. Nunca presentaron ningún estudio técnico y, sin embargo, la Municipalidad de Pérez Zeledón lo aprobó. Con ese teleférico de más de 15 kilómetros ya el parque estaría desbordado de todo tipo de turistas y de seguro ya venderían comidas rápidas y gaseosas en la cima del Chirripó.

Los senderos en el Chirripó permanentemente se erosionan; tanto los tres principales de llegada como los de la cima. Pero, darles mantenimiento en lo que corresponde es muy diferente a alterarlos con construcciones que desvirtúan la naturaleza del parque en sí. Esto sólo puede estar asociado con el posible aumento de visitantes y los negocios que, eventualmente, mejoren para las empresas concesionarias que operan los servicios dentro del parque (ya de por sí abundan las quejas por el acaparamiento y reventa de entradas y costos exorbitantes para muchos bolsillos). Nada justifica el tipo de “facilidades” que pretende el ministro. Eso estimularía que más gente vaya y por tanto que aumente la presión sobre los ecosistemas. En terrenos escarpados como la cima del Chirripó, toda la fila Urán y en otros sitios similares, siempre se van a presentar cambios/erosión por agua, viento y movimientos de suelos. Esas son sus cualidades que el cemento ni otros materiales (aunque sean “amigables”) deben sustituir.

Una “escalinata” en la cima del Chirripó sería como que “arregláramos” el río Jäküii/Pacuare porque tiene rápidos peligrosos para mucha gente. En este caso el ministro podría meterle dragas y aplanarle el lecho para hacerlo suavecito y calmado y cambiar a rectas y llanas las orillas para que la gente pueda acercarse con más facilidad. Pero lo cierto es que es sencillamente absurdo pensar en alterar severamente las condiciones naturales de un ecosistema para hacerlo más accesible. No todo el mundo se anima a tirarse al agua en los rápidos categorías 2, 3, 4 y 5 del Jäküii, pero pueden navegar en aguas calmadas (¡de repente en las presas del río Reventazón que fue el más usado para rafting hasta que lo llenaron de represas como las dos más grandes: Angostura/174 megavatios y Reventazón/304 megavatios!). En su vida cada río moldea y rehace sus orillas y su lecho, de tal forma que los cambios son permanentes y “naturales”. Igual los cambios ocurren en cualquier otro ecosistema.

Estas “intervenciones” del MINAE provocan que otros parques nacionales, como el Manuel Antonio, ahora sea como una fiesta patronal o turno abarrotado, o si quieren un centro comercial repleto. Los números son lapidarios: en menos de un año la entrada subió de 1120 a 1568 personas y de 1800 personas que fue el tope hasta el 29 de mayo de 2024 a 2501 (701 más sólo en el último salto). Ya el año anterior la Sala IV había condenado al Estado por permitir que la visitación diaria al Parque Nacional Manuel Antonio se superara en un 267.9%. En el PN Manuel Antonio se sobrevenden las entradas de US$ 5,65 hasta en más de US$100. Las y los empleados del SINAC esculcan los bolsos de la gente en la entrada para que nadie meta ni un “guevo duro” y así no disminuir ni en un peso el negocio privado de comidas, ropa, artesanía y otros chunches, que está en el parque metido como un tórsalo (por cierto, re-caro y la comida de pésima calidad como se pude constatar con turistas de cualquier procedencia). Las multitudes abarrotan todas las playas y bosques y favorecen a quienes usufructúan con el patrimonio natural de Costa Rica privatizado en la práctica con el sexy apodo de “concesión”.

Aunque asuste coincidir con el ministro de Ambiente y Energía, está en lo cierto cuando anota que el PN Chirripó es de “gran importancia tanto desde el punto de vista ecológico, geológico y cultural, lo cual lo hace atractivo para la visitación turística”. Pero pare de contar, porque son esas atribuciones y cualidades del PN Chirripó las que lo hacen un sitio de altísima fragilidad. Si de ideas absurdas se trata, podrían incrustar una escalera eléctrica o un asensor en la llegada a la cima, lo cual implicaría clavar torres y tirar líneas de transmisión, ¡que sin duda llevarían progreso al páramo! Repito, no podemos llegar a todo lado y no debemos admitir propuestas demagógicas sobre más y mejores accesos, que lo que esconden es mayor mercantilización de nuestras áreas silvestres (des)protegidas.

El ministro debería estudiar o pedir que le expliquen todas las cualidades insustituibles del PN Chirripó y así tal vez deseche su escalerita (¡aunque pienso en Gandoca-Manzanillo y pierdo la ilusión pues está más que demostrado que los negocios y las ocurrencias le ganan a la inteligencia, la cordura y la conservación!).

Pueblos que defienden sus ríos se reúnen en el Encuentro «Jäküii-Pacuare+20+10»

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo y ecologista, Asoc. Proyectos Alternativos/PROAL-JÄKÜII-FECON. Catedrático TEC

Matando la electricidad pública

El gobierno de Costa Rica dirige el capítulo actual de la guerra para demoler de cualquier institución de servicio social y solidario; y eso incluye el sistema público de electricidad. La visión original del modelo eléctrico impulsado a partir de 1949 se orientaba a fortalecer el servicio social y público de electricidad para atender las necesidades del crecimiento productivo, pero además las necesidades de toda la sociedad, incluidos los grupos sociales más pobres y vulnerables. Ese modelo respondía a la inclusión y la solidaridaridad. Por eso la cobertura universal y las tarifas justas también fueron atributos del modelo original.

Pero, desde la aprobación de la ley 7200 “Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, el 18 de octubre de 1990 (gobierno PUSC/Calderón Fournier), y el cambio del capítulo II de esa ley, conocida como Ley 7508, el 9 de mayo de 1995 (gobierno PLN/Figueres Olsen), gobiernos, partidos políticos y empresarios privados, formaron un único equipo para implantar un nuevo modelo eléctrico dirigido al lucro privado. A pesar de que con esas dos leyes siguen ganando verdaderas forturnas , lo cual está comprobado y expuesto por la Contraloría General de la República, han llevado a la Asamblea Legislativa al menos ocho proyectos de ley para mayor “apertura”, es decir, más privatización del sistema eléctrico público.

Entonces, no sorprende que el Ejecutivo intente imponer de manera temeraria el mecanismo de la “vía rápida” para tramitar el proyecto de ley 23.414 que contrario a “armonizar”, asegura la privatización y entierro del servicio eléctrico público . De aprobarse este proyecto todas las cualidades de nuestro sistema eléctrico desaparecerán. No hay un solo país en el que se registren mejores tarifas para la gente tras la privatización, como en los mercados de Centroamérica, que los generadores privados quieren arrebatarle al ICE. España es un caso de revisión obligado si de conocer el fracaso rotundo de la privatización se trata . En todo el mundo lo que ha habido tras la privatización es racionamiento, apagones y tarifas más altas y, en consecuencia, mayores fortunas para las empresas privadas. Ahí radica la diferencia entre un modelo público, incluyente, solidario y justo y un modelo privatizado.

Pueblos que defienden y salvan ríos

En el marco de esta nueva arremetida privatizadora es que celebraremos el 20 aniversario del plebiscito del 28 de agosto de 2005, en el que 8.159 personas (97%) votaron “NO” a las represas en el río Jäküii/Pacuare. Y también conmemoramos diez años de refuerzo de la defensa del Jäküii porque el 29 de agosto de 2015, el Gobierno de Costa Rica, atendiendo los argumentos de organizaciones sociales y comunidades, firmó un Decreto Ejecutivo para impedir, por 25 años, la construcción de represas en los ríos Jäküii/Pacuare y Savegre. Por eso nuestro Encuentro se llama JÄKÜII-PACUARE +20 +10.

Esos triunfos se alcanzaron tras décadas de organización y trabajo conjunto entre el Pueblo Originario Cabécar de muchas comunidades de Duchíí Täwä y de Nairí Awarí, comunidades campesinas de la cuenca media del Pacuare y organizaciones nacionales con la dirección de la Asociación Proyectos Alternativos, PROAL, Coeco Ceiba/Amigos de la Tierra, FECON y muchas organizaciones locales de Turrialba y algunas autoridades políticas y empresas de rafting.

Otro triunfo de las mismas organizaciones sociales que defendimos el Jäküii se logró ante el proyecto hidroeléctrico Boyei o Ayil en territorio Cabécar en el río Duchíí (Chirripó) donde se pretendía construir una mega hidroeléctrica de 200 megavatios que hubiera sido devastadora para decenas de comunidades cabécar. Luego se sumó la “suspensión” de la hidroeléctrica Diquís (635 megavatios), aunque ya reapareció en los planes de expansión de electricidad de Costa Rica. A esos casos de proyectos estatales se han sumado muchos más de empresas privadas, como el PH San Rafael, derrotado tras muchos años de lucha comunitaria y nacional. También, por la lucha de organizaciones y comunidades de Turrialba no se construyeron los proyectos privados PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 de la empresa HSolís, igual que el PH San Rafael. Estos y muchos otros casos son evidencia de que seguimos priorizando el bienestar y los derechos de la gente y los ecosistemas frente a la explotación ilimitada de la Tierra y los negocios privados que, en el caso de la electricidad, es lo que asegura el proyecto 23.414.

Si bien el plebiscito y el decreto fueron avances importantísimos, la presión por construir más hidroeléctricas se mantiene. Las siguen calificando como energía “limpia” y “verde” y se desconocen sus impactos destructivos, con lo cual se justifican los negocios privados de generación y venta de electricidad. Ante esas amenazas, también desde hace más de tres décadas, somos las organizaciones y comunidades las que hemos colocado la discusión para definir topes al crecimiento energético ilimitado y asegurar respeto a pueblos, ríos y ecosistemas. También hemos hecho preguntas indispensables como ¿cuál es el modelo energético y eléctrico que necesitamos? pues de esto depende si la electricidad se fortalece como servicio público o se degenera como negocio privado.

Celebramos “JÄKÜII-PACUARE +20 +10” (ver documental) porque mantenemos la defensa de los derechos de los ríos y buscamos que la electricidad sea un derecho fundamental de todas las personas, independientemente de su condición económica. Ésa es una meta en Costa Rica y en todo el mundo; pero sobre todo en muchos países de Latinoamérica y África, donde pueblos enteros son reprimidos, asesinados y desplazados de sus territorios para construir megarepresas y otros proyectos energéticos. Nuestros logros se suman a las luchas y resistencias en América Latina pero defender esos derechos tiene consecuencias tenebrosas: tan solo en 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo. Según el Informe de Global Witness publicado el 10 de setiembre 2024 en Londres, Inglaterra, el saldo de asesinatos acumulados entre 2012 y 2023 es de 2.106 .

Derechos para los ríos

En el encuentro Jäküii-Pacuare-Costa Rica reforzaremos vínculos para la organización por la defensa de los derechos de los pueblos, los ríos, los territorios, los bienes de la Tierra de uso colectivo y, con toda preocupación, los derechos de los Pueblos Originarios pues sus territorios contienen ríos que gobiernos y empresas consideran de “gran potencial energético”, lo que provoca su asedio permanente. Para los pueblos y nuestras organizaciones se trata de avanzar hacia modelos energéticos y eléctricos que aseguren servicios públicos con acceso universal y justo, a precios regulados, subsidiados y bajos según la condición económica de la gente. Desde una visión incluyente y solidaria con todas las poblaciones, las energías y la electricidad deben ser derechos humanos básicos de las personas.

Todos esos temas críticos, pero también la alegría de los re-encuentros, los hemos resumido en el objetivo de “fortalecer la organización social para la protección de los derechos de los ríos, los ecosistemas y los pueblos, en el camino hacia una matriz energética y modelos eléctricos sustentables y justos”. Tendremos mesas de trabajo sobre la historia de organización y lo que hacen ahora mismo los pueblos ante proyectos energéticos de todo tipo. Dialogaremos sobre el mercado eléctrico de Costa Rica y de Centroamérica, la privatización de la electricidad, con especial cuidado en el proyecto de ley 23.414 (mal llamado de “armonización”), también sobre una posible transición energética justa y, literalmente, “nos tiraremos al agua” en el Jäküii.

La meta es que definamos pautas de trabajo conjunto en defensa de los derechos de los ríos, los ecosistemas, los territorios y las personas. Buscaremos que, siguiendo las experiencias exitosas de otros países latinoamericanos, hagamos consenso para un proyecto de ley dirigido a la protección jurídica integral del río Jäküii/Pacuare. Además, esperamos que se fortalezcan los vínculos y la solidaridad entre los movimientos sociales en este tiempo de tantas violencias política, judicial y física contra las personas defensoras de la Tierra, los ecosistemas y la vida. Sabemos que nos pueden etiquetar como “terroristas” y eso hace mucho más riesgosa, pero más indispensable nuestra participación social.

En el encuentro JÄKÜII-PACUARE participarán indígenas, ecologistas, organizaciones comunitarias, estudiantiles, culturales, sindicatos, delegaciones internacionales y empresas de rafting seriamente comprometidas con la protección del Jäküii y otros ríos. Eventualmente, se invitará a algunos actores políticos aliados de nuestros movimientos sociales. El encuentro ha sido organizado con y desde los Pueblos originarios y comunidades del Jäküii por la Asociación PROAL-JAKÜII, Coeco Ceiba/Amigos de la Tierra-Costa Rica, Ríos Libres/Turrialba, el Movimiento Ríos Vivos y la Federación Ecologista de Costa Rica/FECON (#jakuii2025). También están comprometidas y apoyando solidariamente redes internacionales y organizaciones de México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Argentina, Alemania y otros países.

Encuentro “Jäküii-Pacuare“. Convocan:

La tierra de Pablo Sivas Sivas y la turbulenta legitimidad de una ADI

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo catedrático TEC, ecologista FECON

El atentado de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba, ADI, contra el Bröran Pablo Sivas Sivas, no es una simple disputa por un pedazo de tierra. Tiene que ver con la cuestionada legitimidad de las organizaciones de mando y control político impuestas por el Estado costarricense dentro de los territorios indígenas, en sustitución de las estructuras propias de los Pueblos originarios.

Expulsar de su tierra a Pablo Sivas Sivas

El 7 de agosto 2025, la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba, acordó “Extender CERTIFICADO DE USO DE SUELO en terreno dentro de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires a la señora Arelys Flores Rosales…” (así está en el original). Ese terreno, como indicó Pablo Sivas Sivas, es el mismo “que hace más de 13 años tengo con todo derecho porque en ese momento hicimos un cambio de tierra con el señor Leitano Nájera. Hicimos un trato legítimo entre indígenas de acuerdo a la Ley indígena”.

Mediante este acuerdo la ADI Térraba intenta consolidar una regresión absoluta del proceso de recuperación de la tierra por parte del Pueblo Bröran. Esto equivale a desconocer y atentar directamente contra el derecho a la tierra que es uno de los derechos fundamentales más violentados. Es decir, lejos de procurar que se cumpla lo establecido en la Ley indígena y se respeten los territorios que deben estar en manos de la gente indígena, la ADI Térraba hace lo contrario. Entonces, las primeras y básicas preguntas son ¿para quién trabaja la ADI de Térraba y a quién representa? Este problema de despojo de la tierra a los Pueblos originarios ha perdurado por siglos de colonialismo, primero, y luego, por décadas, desde los primeros decretos de delimitacion de territorios indígenas y la entrada en vigencia de la Ley indígena en 1977.

Ante esto simplemente no se puede ser neutral: el derecho a la tierra es, con todas sus limitaciones, el establecido en los decretos y leyes vigentes en el país. Sin extendernos, vale repetir lo establecido en la Ley indígena 6172, artículo 3: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”. Esa Ley y otras, jurisprudencia y Convenios internacionales, las hemos estudiado por años con personas indígenas Bribri de pueblos de Salitre y Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), Cabécar de China Kichá, Brorän de los territorios recuperados Crun Shurín y Crun Dubón. Incluso en territorio Ngäbe en Abrojo Montezuma y Bajo Los Indios y en otras comunidades en Punta Burica, iniciamos este trabajo.

A la luz de esto, no cabe ninguna duda de la legitimidad del trato entre indígenas de hace trece años ya mencionado. Esto es lo que una ADI comprometida con los derechos de los Pueblos originarios debería defender ante quien sea. Propiciar la violación de la Ley es un acto que no sólo merece rechazo, si no un juicio político sobre el tipo de representación que ejerce esta entidad. Es bien sabido y explicado por las personas indígenas de todos los territorios donde se han realizado recuperaciones, que la ADI Térraba, lejos de ayudar en el proceso, lo ha obstaculizado y que, además, mantiene una “cercanía” con éste y anteriores gobiernos que raya en la sumisión.

ONU: ADIs no representan a los pueblos indígenas

El derecho a la tierra de los Pueblos originarios fue, ha sido y sigue siendo conculcado por el Estado, los gobiernos y, desgraciadamente también, por entidades de control social impuestas por el Estado, como las ADI, que en casos como éste, no defienden ése ni otros derechos de las personas indígenas. Hay ADIs indígenas que sí han defendido derechos de los Pueblos originarios, pero esa constatación no es nuestro problema ahora. Igual, la actuación de la Fuerza pública e instancias judiciales (por supuesto que no todas) que favorecen la violación de los derechos de los Pueblos originarios están bien documentadas y quedan por revisar.

Las múltiples formas de violencia han sido repetidamente expuestas por los Pueblos Originarios: “el Estado de Costa Rica sigue siendo un Estado racista que no reconoce nuestros derechos. Los que nos hablan de nuestros derechos son los mismos que nos violentan cuando no cumplen leyes fundamentales como la Ley indígena, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y los Informes de relatorías especiales de las Naciones Unidas”. Ésa es una de las contundentes conclusiones del Congreso Nacional de Pueblos Originarios de Costa Rica, realizado en 2024, con participación de las etnias nacionales Cabécar, Bribri, Ngäbe, Térraba, Boruca, Huetar, Maleku, Chorotega y Bröran. Por extensión legal y política, las ADIs no son entidades autónomas e independientes, si no dependencias dirigidas desde instituciones estatales como la Dirección de desarrollo de la comunidad, DINADECO.

Este debate sobre cuáles son las legítimas representaciones de los Pueblos originarios, es de larga historia. Por ejemplo, el 30 de mayo de 2011, el Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya se había pronunciado sobre “La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica”, argumentando que:

“47. Durante su visita, casi todos los representantes indígenas con quienes se reunió el Relator Especial alegaban que las ADI no representan adecuadamente a los pueblos indígenas, y a su vez manifestaron que los pueblos indígenas perciben la presencia de las ADI en sus territorios como una negación de sus derechos al autogobierno y sus derechos de tomar decisiones respecto a sus tierras y comunidades”.

Para las personas indígenas que están luchando para que sus estructuras de organización propias sean fortalecidas y reconocidas, un argumento fundamental es que la ONU reconoce sus estructuras propias de autogobierno. Según expuso el mismo relator especial de Naciones Unidas, James Anaya, en el documento “Naciones Unidas A/HRC/18/35/Add”, con fecha del 11 de julio de 2011:

“46. …Las estructuras de representatividad en territorios indígenas son reguladas por la Ley Indígena de 1977 y su Reglamento de 1978. El Relator Especial entiende que, a pesar de lo anterior, el Reglamento a la Ley Indígena, Decreto Ejecutivo 8487 de 1978, efectivamente suplantó el reconocimiento de la autoridad de las instituciones tradicionales de los pueblos indígenas para representar a las comunidades en cuestiones de desarrollo sostenible, estableciendo en su lugar a las Asociaciones de Desarrollo Integral para tal fin.” (resaltado ODC).

Este argumento es particularmente claro cuando habla de “suplantación” de las “instituciones tradicionales” por ADIs. Pero no se trata tan solo de una sustitución de estructuras tradicionales o imposición por parte del Estado, si no de que esas estructuras impuestas pueden actuar -y de hecho lo hacen- contra los derechos de los mismísimos Pueblos originarios, como en el caso que estamos revisando.

En Costa Rica, en varias oportunidades, diferentes instancias judiciales han reconocido las estructuras propias de los Pueblos originarios como entidades válidas. Una de estas instancias es la Sala Constitucional que mediante la Sentencia: 10224 Expediente: 09-016480-0007-CO, con fecha San José, 11/06/2010, reiteró que:

“…la Ley Indígena No. 6172 publicada en la Gaceta No. 240 del veinte de diciembre de mil novecientos setenta y siete, en su artículo 2, se indica que las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase y que no son entidades estatales, en concordancia con dicho numeral, el artículo 4 de la citada ley, establece que las Reservas Indígenas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan.” (resaltado ODC).

En esta sentencia la clave son las “estructuras comunitarias tradicionales” que, evidentemente no incluyen a las ADIs. Para las personas indígenas que buscan afianzar su cultura propia de organización mediante “estructuras comunitarias tradicionales”, éstas incluyen y pueden ser un Consejo de Mayores y Mayoras, como el Consejo Bröran, o un Consejo de derecho propio, como el del Pueblo Bribri de Talamanca, o el Consejo cultural conformado por la gente Ngäbe de Abrojo Montezuma, pero, cuando la ley agrega “o de las leyes de la República” se da pie para que sean las ADIs las que tomen el poder en los territorios indígenas y se desconozca a las estructuras propias. Evidentemente la mutilación cultural y el racismo han incluido el desmantelamiento, deslegitimación, desconocimiento, irrespeto y hasta olvido de las estructuras propias de los Pueblos originarios. Recuperarlas es tan complejo como recuperar la tierra.

¿A quién defiende y representa la ADI Térraba?

La perversión cultural y los alcances legales de la suplantación de las estructuras culturales propias de los Pueblos originarios por organizaciones impuestas desde afuera, se hace más que evidente en casos como este, cuando su actuación responde a intereses de externos, violentando los derechos de personas indígenas. Entonces surgen muchas preguntas:

  • ¿Por qué si la ADI Térraba quiere adjudicar tierras no se ha sumado a los procesos de recuperación sacando de su área de influencia a todas las personas no indígenas que están allí como usurpadores u ocupantes de mala fe, según lo que dicta la Ley indígena?

  • ¿Por qué tiene que intentar despojar a indígenas, en este caso a Pablo Sivas Sivas, de una finca que adquirió de acuerdo con lo que dicta la misma Ley indígena?

  • ¿Por qué la emprende contra los indígenas mientras permite la ocupación ilegal de no indígenas?

  • ¿Para quién trabaja y a quién representa la ADI Térraba, y en particular su presidente?

  • ¿Están conscientes las otras personas de la Junta directiva de la ADI de Térraba de que están directamente conculcando los derechos de su propia gente indígena?

  • ¿Están de acuerdo con las decisiones que se están tomando o están simplemente acatando órdenes o siguiendo una línea impuesta?

  • ¿Habrán pensado en las consecuencias culturales, identitarias y legales que esta actuación puede tener mientras otros indígenas, sin su apoyo, tratan de ejercer un legítimo derecho que les fue negado, como es poseer, vivir, convivir y permanecer en los territorios que por ley son indígenas?

  • ¿Olvidan que Pablo Sivas Sivas tiene la Medida Cautelar MC 321/12 CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igual que la tenía Segio Rojas Ortiz, precisamente por el peligro que corren las personas que luchan para que se cumplan los derechos por los cuales asesinaron a Sergio y a Jerhy Rivera Rivera?

  • ¿No tiene importancia para las personas de la ADI Térraba que a tan solo pasos del centro de su pueblo asesinaran a Jerhy y que desde la calle casi pueden tocar su tumba que es un recordatorio de que su sangre simboliza los derechos contra los cuales están atentando con este acuerdo?

Valdría la pena que todas las personas de la Junta Directiva de la ADI Térraba se preguntaran por qué no han defendido a su gente ante quienes usurparon y explotan su tierra indígena. ¿A quién defienden y representan? Pero no sólo hay problemas con la tierra. Hay más; como negar la afiliación a la ADI a personas indígenas, lo cual le valió una sentencia condenatoria de la Sala IV al presidente de esta ADI. Con eso continuaremos.

Conflictos por explotación de ecosistemas y el proyecto 23.414

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Osvaldo Durán-Castro, sociólogo
Profesor ITCR-ecologista FECON

En el debate sobre cuál es el modelo eléctrico que requerimos en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, uno de los argumentos a superar es el sentido común errado, pero políticamente vendido y creído, de que prácticamente todas las energías que no provienen de combustible o que se generan con su uso son renovables, sostenibles, limpias, verdes. Ya hoy, en cualquier debate serio se deben incluir los impactos de esas energías “limpias” en los ecosistemas y las personas. No reconocer la destrucción de los ecosistemas, empezando por los ríos en el caso de la generación de electricidad, además de ser técnicamente ignorante, es una completa irresponsabilidad.

Hace 4 años, cuando Costa Rica fue sede del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) (7 al 24 de septiembre de 2021), con el apoyo del Gobierno, el Ministerio de Ambiente/MINAE y el Instituto Costarricense de Electricidad/ICE, decenas de organizaciones de América y Europa, puntualizamos numerosos argumentos técnicos sobre los daños e impactos irreparables de las energías “limpias” como las hidroeléctricas, que hasta hoy no son de consideración para esa industria.

Si bien un componente de este debate es puramente técnico y científico, otro, igualmente pesado, es el relacionado con los derechos de las personas y de los ecosistemas. Cierto que hay enormes diferencias entre lo público y lo privado, por cuanto lo público generalmente cuida la atención de necesidades sociales relacionadas con energía, mientras que los modelos privados están fijados en el lucro. Pero, en general, coinciden en que todos sus proyectos, salvo excepciones muy calificadas, son pensados, construidos e impuestos sin ningún tipo de consulta a la gente que es impactada negativamente. Además, las industrias públicas y privadas, de nuevo salvo excepciones públicas, niegan y justifican los daños a los ecosistemas, desde los más leves hasta los más severos e irreparables, mediante los llamados estudios de impacto ambiental, que en muchísimos casos, no son más que una fabulosa industria intelectual y de ciencias naturales y sociales, asociada con la explotación energética de cualquier tipo. En Costa Rica un caso de antología en cuanto a irresponsabilidad técnica, tráfico de influencias, favores políticos, permisos amañados, presión e imposición a las comunidades, etc., fue el proyecto de hidroeléctrica San Rafael de la empresa H.Solís, que tras muchos años de lucha comunitaria y social local y nacional fue derrotado. Casi de inmediato las comunidades de Turrialba y nacionales sumaron a su historia la liquidación de los PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 de la empresa Hidrodesarrollos del Río Platanares S.A. que, según se dijo, era la misma H.Solís. Estos y muchos otros casos son evidencia de que desde hace décadas empezó a crecer en Costa Rica un nuevo sentido crítico, ético y preocupado por modelos sustentables.

Precisamente por esas preocupaciones es que un foco de desacuerdo irreconciliable con el proyecto 23.414 es que supone un peligro directo de explotación indiscriminada de los ecosistemas nacionales. Entre las “Fuentes energéticas renovables” (artículo 3k) se mencionan “la energía del sol, el viento, la biomasa, el agua, las mareas, olas y los gradientes de calor natural y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”, sin reparo de ningún tipo en sus impactos y como si éstos fueran inexistentes. En el mismo párrafo se agrega que son “fuentes de energía que están sujetas a un proceso de reposición natural”, lo cual revela que quienes redactaron el proyecto desconocen u ocultan deliberadamente toda la información científica sobre ecosistemas destruidos en el mundo como cuencas hidrográficas y sus ríos. ¿Acaso un río sobrevive con el 20 o 10% de su caudal que en los estudios de impacto ambiental siguen defendiendo ridículamente como “caudal ecológico”?

Estas fuentes “renovables” según el artículo 14 del 23.41 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” “pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta…”. Este es un punto particularmente sensible pues retoma todas las pretensiones y presiones contenidas en muchos proyectos de ley anteriores, todos orientados a romper los topes de generación para privados tanto por tamaño de proyectos como por porcentaje con respecto del Sistema eléctrico nacional, SEN. Esos topes hasta ahora son del 15% según la Ley 7.200, capítulo I, con proyectos de hasta 20 megavatios y de otro 15% con la Ley 7.508, capítulo II, con proyectos de no más de 50 megavatios. En versiones anteriores de otros proyectos privatizadores se establecían topes ideales de 50 megavatios para los primeros y de 100 megavatios para los de la Ley 7.508. Pero ahora, con el proyecto 23.414 se rompen todos los topes para los proyectos privados, ya sea de empresas nacionales o transnacionales, pues todos los agentes competirán en el mercado de subastas en igualdad de condiciones.

El otro punto crítico es que todos los sistemas de explotación, trasiego, almacenamiento y distribución de cualquier energía, requiere explotaciones y energías adicionales. La lucha emblemática en la Patagonia chilena contra una explotación hidroeléctrica de 2.760 megavatios en Aysén y tendidos eléctricos de 1.970 kilómetros para consumirlos principalmente en minas, para favorecer a corporaciones privadas, es uno de los mejores ejemplos para comprender los impactos interrelacionados entre distintas explotaciones energéticas. Ni qué decir de la mitología y el novelón global alrededor de consumo de “energías limpias” en carros eléctricos y dispositivos de almacenamiento energéticos, cuya producción resulta devastadora.

El proyecto incluye (artículo 3 j) como “Fuentes energéticas no renovables” “el carbón, la turba, el petróleo, el gas natural y el material radioactivo y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”. Con esto queda claro que se busca, de nuevo, que en el país más “limpio” se pueda explotar petróleo o hacer fractura hidráulica del suelo para extraer gas y petróleo (fraking) o hasta jugar con materiales radioactivos. Más allá de los peligros por destrucción de ecosistemas de este tipo de extracciones, es claro que será imposible mantener cualquier propaganda de país “sostenible” si se abren los mercados para este tipo de explotaciones energéticas.

Si bien el artículo 16 establece que “estos proyectos solo podrán ser desarrollados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a solicitud del Ente Rector”, de seguido se crea la posibilidad de que puedan ser implementados por otros agentes del mercado si el ICE declara “imposibilidad de llevarlo a cabo”, gracias a que ECOSEN “desarrollará un proceso de contratación de estos proyectos”. Esta es parte de la letra del proyecto que crea opciones para contratos con empresas locales o transnacionales para incursionar en explotaciones energéticas hasta ahora detenidas en el país. El máximo nivel de fiscalización para estos proyectos será responsabilidad del MINAE que les dará “autorización”. Pero, si nos atenemos a fiscalizaciones y autorizaciones como las de Crucitas, Gandoca Manzanillo, la zona marítimo terrestre en Guanacaste y cientos más, pues ya sabemos la tusa con que nos rascamos y los resultados posibles.

No es que el proyecto 23.414 por sí solo inicie una era de conflictos sociales relacionados con energía; es que los agudizará. En un mercado abierto, con competencia igual entre lo público y lo privado y con todas las empresas nacionales y transnacionales, presionando para generar y competir en mejores condiciones en el mercado eléctrico, se multiplicará la amenaza de muchos proyectos. Ya mencionamos algunos como los provocados por la empresa H.Solís, pero podrían reanudarse otros sobresalientes como el PH Diquís. En el Plan de Expansión de la Generación 2020-2040 (ICE. PEGE. marzo 2023. P.125) se incluyen veintinueve proyectos de todo tipo entre públicos y privados. La lista la encabeza precisamente el PH Diquís por ahora “suspendido” (no excluido ni menos liquidado) con una potencia de 646 megavatios (el proyecto en operación más grande del país es el Reventazón de 305 megavatios). Otros dieciocho eventualmente serían desarrollados por empresas (algunas que son también generadoras) como JASEC, COOPEALFARO, COOPEGUANACASTE, COOPELESCA y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (PEGE. P.128).

El mismo ICE señala que a esos nada pocos cuarenta y siete proyectos se pueden sumar otros de empresas distribuidoras y privados “que puedan ser identificados y estudiados”, y llama la atención la explicación de que “Además de los nuevos esquemas que eventualmente puedan aparecer (vale preguntarse si como los del expediente 23.414) proyectos adicionales están bajo estudio por desarrolladores del sector privado y de las empresas distribuidoras. Las plantas genéricas que aparecen en el plan de expansión permiten tomar en cuenta la posibilidad de estos desarrollos” (PEGE. P.127).

Abonando en favor de la generación privada el Plan de expansión del ICE señala que “La optimización del Plan de Expansión considera la capacidad disponible en proyectos genéricos, y optimiza la instalación, independientemente del régimen de propiedad y de las condiciones contractuales de las plantas y proyectos…” incluyendo las opciones de generadores independientes/privados (PEGE. P.128). Precisamente por estas posiciones anti-públicas del mismo ICE, es que es urgente sumar muchos más actores sociales en defensa del modelo público, solidario, con fijación de precios justos y enfocado en el bienestar de la población, que son los principios que desaparecerían si se aprueba el expediente 23.414, con la complacencia de gente dentro del mismo ICE.

Lo que defendemos es un modelo eléctrico público dirigido por el ICE, con crecimiento planificado según necesidades colectivas de toda la sociedad y no asociados con el lucro privado. Con precios de consumo final fijados según las necesidades reales de la población, sobre todo de las poblaciones rurales más alejadas e indígenas que son las que tienen acceso más difícil y costoso. El modelo de electricidad que necesitamos fortalecer es el que respete los ecosistemas de todo tipo de acuerdo con su capacidad limitada de carga para la generación de energía y el que entienda que los ríos no son sencillamente mercancías por explotar indiscriminadamente. Igualmente, asociados a los ríos están todos los ecosistemas y los derechos de las comunidades que viven y los aprovechan para actividades de sobrevivencia y subsistencia, como la agricultura, la pesca, la recreación, el turismo, etcétera.

Como se puede comprender, impedir la aprobación del proyecto de “armonización” 23.414, no significa la defensa incondicional del ICE. Dentro del ICE y desde hace décadas hay muchos cómplices de su desmantelamiento y favorecimiento de los negocios privados tanto en electricidad como en telecomunicaciones. Ingenuidad es lo menos que debemos cobijar.

¿Electricidad privada, solidaria y a precio justo?

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Osvaldo Durán-Castro, sociólogo
Profesor ITCR-ecologista FECON

Jamás. Eso no ha existido nunca, ni existirá. Todos los sistemas de electricidad privatizados dan cuenta del lucro mercantil por encima del servicio público, de abusos tarifarios, de gobiernos cómplices, pusilánimes y protectores de las empresas privadas a las que, de manera deliberada y voluntaria, entregaron los servicios de generación y distribución de electricidad.

El reciente apagón en Europa, y más que todo en España, Portugal y el sur de Francia, debe servirnos de modelo para reconocer el fracaso de los modelos privatizados. En España el 80% del mercado eléctrico pertenece a los privados desde que la subasta de este servicio público inició con los neoliberales (apodados socialdemócratas) con Felipe González dirigiendo la carreta y se consolidó durante la presidencia de José María Aznar. Más allá de los discursos embrutecidos y las mentiras por parte de una parte de la prensa de ese país, tan absurdas como que hay que aumentar el gasto militar para estar seguros y que el apagón fue un “ciberataque” perpetrado por Putin, lo cierto es que ese apagón no es más que la confirmación de que los sistemas privados no saben y no quieren planificar y se ocupan en exclusiva de acaparar ganancias sin importar la calidad del servicio.

Ese apagón y el proyecto 23.414 de “armonización” eléctrica en Costa Rica van en la misma dirección, porque en un mercado de subastas, como el que nos quieren imponer, la ausencia de planificación y la preponderancia total del mercado de lucro controlado por el mejor postor, es lo que nos espera si en la Asamblea legislativa el Ejecutivo y sus secuaces de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y otros partidos aprueban ese proyecto para consumar la muerte del ICE como institución de servicio público. Al frente quedarán los consumidores dependientes de su capacidad monetaria para comprar en el mercado privado.

A pesar del asedio al que es sometido, el ICE sigue garantizando inversión social que no es rentable. Por ejemplo, hace unas semanas, en el camino entre Coto Brus y Abrojo Montezuma, territorio Ngäbe, había empleados del ICE dando mantenimiento a los tendidos eléctricos, como lo hacen en todo el país. En otra gira a Alto Laguna de Osa/territorio Ngäbe llegamos al fin del camino donde está el poste 841/127 que es el penúltimo de un tendido eléctrico de más de 10 km que el ICE construyó. Las comunidades jamás hubieran podido pagar solas su costo millonario. Fue una combinación de aportes de la población indígena y de inversión del ICE. En Vista de mar, otra comunidad Ngäbe de Punta Burica, desde 2023 la gente le está pidiendo al ICE construir un corto tramo de línea eléctrica de medio kilómetro, cuyo costo estimado por el ICE es de ¢19.631.100. Se trata de una necesidad urgente de más de doce familias, incluidos los y las estudiantes que en las madrugadas salen caminando hacia el Liceo Rural de Conte. Si se aplicaran criterios de “rentabilidad” a una necesidad como esa, se atentaría contra la esencia misma del ICE que sigue dotando de servicio público de electricidad a cientos de comunidades. En el Plan de expansión de la generación eléctrica 2022-2040 (ICE, julio 2023) se aporta un dato impensable para cualquier país de América Latina y del mundo: entre 1998 y 2021 el ICE instaló 5.110 paneles solares en lugares rurales de acceso complicado. Esto incluyó 4.112 paneles residenciales, 467 en escuelas, 55 en liceos rurales. Otros 43 en EBAIS, 79 en puestos fronterizos de seguridad, 48 para teléfonos públicos administrados, 159 en puestos de áreas silvestres protegidas. Según el ICE fueron 380 las comunidades beneficiadas.

¿Qué pasaría si a cada una de esas inversiones le aplicamos un criterio de mercado; de rentabilidad, para decidir si se realiza o no? Evidentemente serían imposibles si fueran empresas privadas las responsables porque su fin es su ganancia. La otra pregunta inmediata y obligada es si estas mismas inversiones las seguirán haciendo los “agentes” privados cuando estemos sometidos a un mercado de subastas, como lo estaremos si aprueban el proyecto 23.414.

Entre los aspectos más letales del proyecto en contra del carácter público del servicio eléctrico se incluyen la “planificación indicativa” y el “mercado de subastas”. De la primera se habla insistentemente en los artículos 3, 6, 8, 9 y 13. En el primero de estos artículos 3 (Definiciones) se dice que “debe contemplar la integración de la generación distribuida, la participación del sector privado y la promoción de la inversión en infraestructura energética”. La planificación indicativa recaerá en el MINAE, un ministerio que del todo no tiene las potestades técnicas que tiene el ICE, pero pasa a convertirse en superministerio rector (ver artículos del 3 al 9 entre otros), anulando las potestades técnicas del ICE y asegurando la viabilidad política del mercado privado de subastas de la electricidad.

Totalmente diferente al patrón actual, en el 23.414 se establece en el artículo 9 que “la planificación indicativa no identificará proyectos renovables específicos y serán los agentes generadores los que propondrán sus proyectos en las subastas de capacidad, donde se escogerán los proyectos más convenientes para el SEN”. Además se reafirma que será el MINAE el responsable de “la planificación Indicativa de la generación, distribución y transmisión eléctrica, la administración de la demanda y la operación del Sistema Eléctrico Nacional”. La nueva visión de mercado privado de subastas queda blindada en el artículo 14 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” que establece que “las fuentes -de generación- pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta y deben de cumplir con los tramites de conexión establecidos en la legislación nacional y regional y los requisitos establecidos por la ARESEP”.

La desaparición de la planificación técnica que ejerce el ICE se dibuja en todo el proyecto pero con especial claridad se concreta en los artículos 13, 44, 45, 51 y 53. En el artículo 45 “Subastas de energía” se establece que “en esta subasta todos los agentes generadores participan de manera abierta, al igual que todos los distribuidores y los grandes consumidores y comercializadores”. Es decir, el añejo sueño de colocar en igualdad de condiciones a todos los agentes del mercado: ICE y privados de todo tipo, se cumplirá con este proyecto hecho ley. Algunos de estos agentes son generadores y consumidores de alta tensión, como APM Terminals, Holcim, Florida bebidas, los ingenios Taboga y El viejo, y además algunos como Florida ice and farm Co. y FIFCO (Cervecería Costa Rica) son “grandes contribuyentes” que por 5 y 6 años han declarado “cero ganancias”, según el Ministerio de Hacienda. En España es un puñado de empresas las que controlan el mercado con la anuencia plena del gobierno que no pasa de anunciar que pedirá cuentas. Hasta fondos buitres de Black Rock operan negocios de electricidad privada. Esa subasta ha sido implacable.

Para Costa Rica la subasta privada del mercado eléctrico se refuerza en el artículo 51 del 23.414 que establece que los “precios topes para las subastas de energía y de capacidad” dependerán “de las condiciones de los precios en el mercado de electricidad, durante períodos de alta demanda, con el fin de proteger los intereses de los consumidores, de precios excesivos en el mercado”. Esto de “proteger” resulta hasta chistoso pues todo el proyecto apunta a la desregulación y pérdida de fijación de costos y tarifas diferenciadas para asegurar el acceso universal a la electricidad, que es lo que históricamente ha garantizado el ICE con inversión social que no resulta rentable. No hay en este proyecto ni un artículo, renglón o palabra que apunte a bajar las tarifas como demagógicamente dicen sus defensores y hasta entidades privadas como la Asociación Costarricense de consumidores de energía y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, así lo han afirmado (ver Actas de la Comisión de Energía). Lo que sí se garantiza es que los “agentes” privados multiplicarán sus ya abultadas billeteras gracias a que se consolidarán sus negocios en el país y en el mercado centroamericano al que podrán exportar electricidad. En el caso de España también se sobrepuso el lucro privado a las necesidades sociales.

En resumen, las necesidades de comunidades como Alto Laguna y Vista de mar nunca podrían atenderse bajo criterios de “rentabilidad” opuestos a la inversión social, pública, solidaria y a precios justos. Eso es “Estado social eléctrico”. No es “gasto” si no inversión indispensable para que la gente tenga más calidad de vida, y a eso el ICE ha ayudado por sus fines y principios demarcados desde el 9 de abril de 1949 cuando fue aprobada su ley constitutiva. A pesar de las múltiples crisis que el ICE sigue enfrentando, y de que buena parte de sus directivas han sido parte y cómplices de una especie de zonchos que lo sobrevuelan como si fuera carroña, sigue siendo una institución pública que obligatoriamente tenemos que seguir defendiendo ante quien sea.

Defender el FEES y salir a dialogar con la gente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, profesor TEC, ecologista FECON

En una marcha de defensa del presupuesto de las U públicas de 2019 una estudiante llevó una pancarta que decía: “Abuela analfabeta. Madre primaria. Hija ingeniera”. Ésa es una excelente síntesis de resultados de la inversión en todos los campos y de la educación en particular y de haber tenido un Estado social robusto para mejorar la calidad de vida. En muchísimas familias costarricenses de clase media y pobres tenemos algo similar.

Foto: Osvaldo Durán-Castro – 2019.

En medio de la crisis de la educación un reto adicional de las U públicas es dialogar con la gente que no es parte de las comunidades universitarias. El Fondo Especial para la Educación Superior de Costa Rica, FEES, resulta desconocido y si las universidades no salimos a conversar, explicar y compartir con la población la misma crisis que nos ataca, estaremos cada día más aisladas y repudiadas. Si la gente no conoce lo que hacemos las U públicas, más allá de formar profesionales, seguirá persistiendo la mentira de que somos un reducto de gente vaga y privilegiada con salarios descomunales (ciertamente hay un reducido grupo de salarios elevados, pero la mayoría no disfruta de ningún privilegio). Es indispensable explicar cómo invertimos el presupuesto que recibimos porque si la gente desconoce lo que hacemos por medio de la ciencia, el arte, la educación en todas las materias y las culturas, a las cuales contribuimos, nos verán como el Gobierno desea que nos vean: innecesarias, cuando no como parásitos.

También hay que explicarle a la población las implicaciones del desfinanciamiento para la inversión social en salud, educación, electricidad, infraestructura, becas, programas de asistencia a la gente más pobre, etc. En otras palabras, la desaparición forzada de nuestro Estado social. Pero esa tarea puede resultar difícil porque, si somos autocrítico.as, debemos reconocer que hay gente dentro de las U públicas que sigue encapsulada, distante y desconocedora del otro mundo real que existe y subsiste afuera de las aulas.

El odio contra lo público hace que mucha gente crea que los 291.743 empleados públicos son los responsables de las crisis del país. Según el Banco Central en junio de 2024 la fuerza laboral de Costa Rica estaba integrada por 2.157.476 personas, incluidas 201.124 desempleadas. Este Gobierno y muchos anteriores han logrado crear una confrontación real, basada en desinformación, entre los empleados públicos y gran parte de la población costarricense que repite que esas menos de 300.000 personas son culpables de las crisis que vivimos; es tan absurdo como culpar a los ambientalistas por los desastres de Crucitas y de Gandoca Manzanillo.

La historia necia de que la plata de las universidades se va en salarios de lujo, se responde fácilmente si entendemos que el Ministerio de Educación Pública y las universidades tienen como tarea fundamental la enseñanza en las aulas. En el caso de las universidades, a la docencia en las aulas se suman la investigación científica especializada en muchísimos campos y la extensión y acción social que permiten atender y buscar respuestas a múltiples necesidades de comunidades, empresas privadas, grupos y organizaciones sociales. Esas tareas son las que aseguran que el país tenga una educación superior pública de calidad y cada vez con mejor impacto positivo. Las U públicas no son empresas privadas de educación; responden a necesidades colectivas y no a los negocios y el lucro financiero. Quienes realizan esa tarea de la educación son docentes y por tanto son quienes deben ser pagados. En el ministerio de obras públicas el rubro principal deben ser los contratos de construcción de carreteras, puentes y mantenimiento de la infraestructura en general, y ahí se gasta el dinero. En los hospitales es lógico que haya gastos elevados para el pago del personal que asegura todos los oficios de salud que se ofrecen. Todo eso es inversión social pública.

El diálogo Universidad-país debe darse en todos los espacios. Por ejemplo, en uno de nuestros grupos de Seminario de estudios costarricenses del TEC, dedicamos tiempo para crear explicaciones de la crisis de la educación, pensando en que hay que llevar esa información a la gente afuera de las U. En sesiones de trabajo de proyectos de extensión social como “Pueblos Originarios y Universidades Públicas” (POUP) y Declaratoria del Consejo nacional de rectores, CONARE, “2024: UNIVERSIDADES PÚBLICAS CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, también hemos dedicado tiempo para que ese grupo de trabajo y estudio de Pueblos originarios Cabécar/China Kichá, Bribri/Salitre, Brorän Térraba y Yäbamï dí Kátà/Cabagra, entre otros, conozca lo que está ocurriendo con el FEES y con la educación en general.

La población debe saber que las U públicas negocian su presupuesto en condiciones de desventaja impuestas por el Gobierno. La quinta y última sesión de intento de negociación del FEES 2025 fue en Casa presidencial aunque no era una sede consensuada. La reunión tardó apenas 1 minuto por insólito que parezca, pues el Ejecutivo sólo repitió que no habría ninguna negociación y que el monto del FEES 2025 se definirá en la Asamblea legislativa. Es la primera vez que esto ocurre en más de ochenta años de educación superior pública en Costa Rica. Luego de cerca de hora y media de espera en la calle y dentro del edificio, tras ese minuto, las 5 rectorías y la representación estudiantil, fueron poco menos que expulsadas de la Casa presidencial sin siquiera haber dialogado.

Esa imposición y falta absoluta de respeto desconocen que existe una amplia agenda de cooperación CONARE-Gobierno que incluye más de 40 proyectos, entre los cuales hay 14 en educación, 12 en el sector productivo y desarrollo nacional, 4 en salud, entre otros. Esto demuestra que las universidades, a pesar de que su autonomía especial les permite definir cómo ejecutar su presupuesto, mantienen diálogo y buscan consenso para trabajar con el Poder ejecutivo. Con el mismo Gobierno desde hace años se definieron 11 criterios, 25 indicadores, parámetros de medición de resultados y otras pautas de medición y rendición de cuentas, que permiten saber con claridad cómo se ejecuta el presupuesto y el impacto que tienen las U públicas en la sociedad. Todo esto ha sido desconocido por el Ejecutivo.

El pasado 23 de agosto la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, expuso en un foro que en la sesión del 11 de junio el ministro de Hacienda propuso “un 1% de crecimiento para el FEES 2025, que corresponde a ₡5.761 millones (presentación basada en datos inconsistentes, que el ministro debió revisar)”. CONARE rechazó esa propuesta y reafirmó la “solicitud de un aumento del 4,06% (¢23.389 millones) sobre el FEES 2024 para determinar el monto del FEES 2025, así como la devolución de recursos postergados de 2020 y 2021, por un total de ¢62.590 millones”. Todos los datos expuestos en la fallida negociación demuestran que ya en este año las universidades requieren ¢23.389.132 millones adicionales para tener un presupuesto que se iguale al de 2020. Otro hecho relevante que permite constatar la falta de seriedad del Gobierno es que el 16 de agosto 2024, en la quinta fallida sesión de la Comisión de enlace (Gobierno y Universidades), “CONARE solicitó al Ministro de Hacienda que explicara técnicamente de dónde surgió la propuesta del 1% y su justificación. El ministro indicó que en el transcurso de la tarde del mismo día entregaría la respuesta por escrito, compromiso que no cumplió”.

Esos faltantes de ¢23.389 millones para el 2025 y de ¢62.590 millones de años anteriores, significan, en concreto y en términos sencillos, que igual que una familia sin ingresos suficientes, las U públicas (y la educación en su totalidad) se van a seguir empobreciendo. Desde 2018 se ha hecho más que crudo el incumplimiento del artículo 78 de la Constitución política que obliga a que Educación reciba el 8% del Producto interno bruto, PIB, incluido el 1.5% para las U públicas. En 2018 el presupuesto fue del 7,40% y de ahí en adelante sigue en caída libre hasta el 5,4% en el 2023 y 5,2% este año. Es probable que en el 2025 no se alcance ni el 5% del PIB.

Este escenario de crisis total que vive el sistema de educación en Costa Rica es absolutamente contradictorio con las exigencias del Gobierno a las universidades para que sumen proyectos y mejoren su impacto en la sociedad costarricense, pues a la vez les extirpa el presupuesto indispensable para todas esas responsabilidades. Un posible recorte al MEP de hasta ₡65.000 millones en el 2025 lo que asegura es el deterioro mayor de la calidad de la educación, más escuelas hechas tugurios y que servicios como comedores y transporte que ayudan a las familias más pobres, serán aún más debilitados. No está de más recordar que para muchísimas familias los comedores escolares son un apoyo indispensable pues literalmente son la principal fuente de alimentos de sus hijo/as.

Foto: Francisco Mojica Mendieta.

En las U públicas el recorte de presupuesto significa menos cupos para ingreso de nuevos estudiantes a todas las universidades, menos plazas docentes, salarios en deterioro para la mayoría de funcionario.as, sobre todo para cientos que están en condición de interinos; menos laboratorios, menos investigación científica, menos posibilidades de inversión en las regiones fuera del valle central, debilitamiento e imposibilidad de desarrollar programas de investigación, acción y extensión social con comunidades y organizaciones sociales en todo el país, menos trabajo conjunto con empresas y con el propio Gobierno. Por supuesto que habrá menos plata para becas, residencias y otros subsidios para estudiantes de las familias más pobres que sólo gracias a esas ayudas llegan a ser profesionales.

Ante el Gobierno las U públicas no ganaremos en las aulas. Salir a la calle a defender el derecho a la educación es urgente. También es indispensable salir a dialogar con la población, explicar cómo le servimos a la sociedad y sumarnos a todos los colectivos que queremos recuperar el país. Esos son algunos de los grandes desafíos inmediatos.

Necesitamos miles de Locas de Gandoca (*)

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Osvaldo Durán-Castro
Profesor ITCR, ecologista FECON

“Hay días en que no llueve, llora”, dijo Max Jiménez Huete. Yo creo que desde hace más de treinta años, cuando la “La loca de Gandoca” (1991), andaba por el Caribe sur de Costa Rica, allí no ha dejado de “llorar”. Hay historias hechas libro que trascienden el momento histórico en el cual fueron escritas y que nos recuerdan que las sociedades pueden acumular problemas y mentiras y vivir en el simulacro de que son impolutas.

Los atentados contra el Refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo cometidos por el hijo del señor de los 10 bypasses, son un problema nacional y global. Los humedales, el agua, los árboles y en general los ecosistemas de Gandoca Manzanillo estorban tanto como los de cualquier otra parte del planeta. Lo que persiguen el multimillonario Elon Musk y puñado de sus colegas, son los bosques, el subsuelo, el agua de la Amazonía, el coltán del Congo, el litio de Uyuni en Bolivia, Atacama en Chile y Salta y Jujuy en Argentina, que requieren para sus negocios. No por casualidad dijo Musk que darían golpes de estado contra quien fuera y cuando fuera, lo mismo que de otra manera dice la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, cuando habla de todos nuestros recursos como si fueran de su país.

En Gandoca Manzanillo se vive la depredación en tiempo real a pesar de que se repite que somos un país verde. Mucha gente vive en el fanatismo impuesto de creer que toda la gente protege la naturaleza, cuando en realidad enfrentemos el saqueo de nuestros ecosistemas. Es la historia repetida pues fue así como se establecieron los enclaves bananeros de la UFCO hace casi siglo y medio en este país y ahora los enclaves del megaturismo avanzan en el mismo camino.

El megaturismo y la urbanización de la zona marítimo terrestre de Costa Rica tienen la misma lógica de la inversión externa directa del enclave bananero, que es la que ataca directamente al refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo. Veamos al menos 4 marcas de esto:

  • Primero, es capital externo -de la región o del país- que se aloja en una determinada zona gracias a las facilidades que se le brinda. Esto puede incluir acuerdos y permisos por amistades políticas y tráfico de influencias, y esto conduce a la corrupción institucional.
  • Segundo, explotación indiscriminada de la Tierra, a veces en el interior del país, pero en el caso del turismo, de la zona marítimo terrestre.
  • En tercer lugar, utilización-explotación de mano de obra local pagada con salarios locales y muchísimas veces por debajo de los mínimos legales establecidos en el país. De esto da cuenta el hotel Riu, donde un trabajador nicaragüense murió prácticamente en condiciones de esclavitud. Es el mismo hotel que fue inaugurado por el presidente Arias Sánchez. «Por fin tenemos un hotel en este maravilloso país, ejemplo mundial de sostenibilidad, de preservación de la naturaleza”, dijo la vocera de la empresa. Riu es uno de los enclaves hoteleros que han llevado a incontables conflictos por la explotación y privatización de hecho del agua, la destrucción de ecosistemas y la gentrificación, o dicho en términos más llanos, que han llevado al desplazamiento, expulsión y exclusión social en Guanacaste por el encarecimiento prohibitivo de la vida y de la tierra; el costo de vivir en allí llegó a niveles que son sencillamente imposibles e insoportables para la sociedad pobre de Guanacaste.
  • Y cuarto, evasión fiscal, riqueza generada acumulada en el país por una élite, pero fundamentalmente expatriada. Entonces, enclave bananero y enclave turístico, funcionaron y se rigen por las mismas reglas reforzadas por el modelo de sociedad neoliberal que sufrimos las mayorías del mundo.

¿Por qué adquiere más vigencia “La loca de Gandoca” que el presidente no conoce? Porque nos sacudió y nos repitió que no éramos, ni somos, una “postalita verde”. Anacristina Rossi no se conformó con describir aquella miseria diciendo algo como “en este paraíso está ocurriendo una desgracia”. El libro fue previsorio y visionario y eso solo ocurre cuando alguien conoce a profundidad su contexto social y hace que sus personajes asuman la tarea de denunciar. Es vigente porque persiste la idea de urbanizar del Caribe sur que buscaba la “compañía Ecodólares S.A.” con su ‘estilo’ de construcción de obras de megaturismo en áreas de naturaleza vulnerable, como el Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca-Mazanillo”.

Los hechos expuestos en la obra “La Loca de Gandoca” no eran únicamente narrativa de ficción para denunciar corrupción, tráfico de influencias, redes políticas actuando contra ecosistemas, comunidades y organizaciones sociales. La presión de grupos empresariales, políticamente influyentes era y es realidad en la Costa Rica actual. Ayer como hoy “…hemos sabido que sobre el refugio Gandoca pesan inmensas presiones económicas”. “Usted sabe que las presiones económicas son presiones políticas”, como le dijo el embajador a Daniela.

El Caribe sur de Costa Rica se está guanacastequisando. Pero la inminente amenaza contra Gandoca Manzanillo ya se extendió a todo el país; desde La Cruz hasta al Pacífico central y hasta Punta Burica. Osa es el siguiente “tesoro” por explotar en los planes de gobiernos y empresas turísticas locales y foráneas. Un aeropuerto llenará algunas cuentas bancarias y acabará con los ecosistemas, y no hará que la gente salga de la pobreza; hay que mirar Guanacaste y el Pacífico central. Es la misma avalancha que amenaza con bajar desde Barra del Colorado hasta el Sixaola. Los 2.471.150 turistas que vinieron por aire al país en 2023 (90% del total, ICT, 2023. Situación del turismo en Costa Rica) sin duda representan un logro económico, pero la estela no negativa que el modelo de megaturismo de enclave deja en muchas partes no se borra con los billetes. Detrás y por debajo del éxito financiero hay corrupción por parte de autoridades que en lugar de regular, limitar y hacer cumplir las leyes para evitar la destrucción, se divierten en juergas en las mansiones de la familia del empresario heredero del “hombre de los 10 bypasses”. Y como dijo Daniela: “…según las autoridades no había manera de regular estas inversiones pues si el capital de extranjeros se regula, se va”.

Igual que ayer, se hace patente que hay incompetencia en las jerarquías y gente del Minae y que a pesar de eso quieren adjudicarle más poderes políticos para tomar decisiones que deben ser de carácter técnico y científico. Esto se expresa en el proyecto de ley “Fortalecimiento de competencias del Ministerio de ambiente y energía”, expediente 23.213. En el caso Gandoca Manzanillo, tanto hace décadas como ahora, mediaron visitas y reuniones en Casa presidencial, documentos y permisos espurios y arreglados a la medida, falseados, para que los perennes amigos de los gobiernos puedan continuar el proceso de cementación del Caribe Sur.

Los libros que trascienden el momento histórico en el cual fueron escritos solo son posibles porque hay escritoras valientes que se animan a decir las verdades y desgracias que vive una sociedad. No se trata de literatura complaciente y cómplice. A Anacristina Rossi le debemos el mérito de haberse plantado, primero como mujer, y luego como escritora, ante todos los poderes y las amenazas, incluidas las amenazas de muerte (que se repiten hoy contra otras personas) para decirnos hace más de 30 años que ya estaba ocurriendo lo que hoy es un escándalo por la destrucción negada por el presidente de la República y su escudero de ambiente.

Gandoca Manzanillo es una foto actual de Costa Rica: una amalgama de destrucción, corrupción, tráfico de influencias, todo tapado por un discurso falaz en el que los gobiernos y los inversionistas privados juran que el ecoturismo sí consiste en “que los hoteles no sean más altos que la palmera más alta”. Y en paralelo estamos viviendo una época en la que pensar críticamente está escaseando, es poco menos que prohibido y es perseguido. La disidencia es condenada. El presidente se burla de sus detractores, no les debate con argumentos, les descalifica.

Lo que hoy se vive en el Caribe Sur no es tan solo la colusión entre empresarios y gobiernos que los favorecen. Es la disyuntiva entre intereses privados frente al interés común y colectivo, al patrimonio natural del estado, a los derechos de los ecosistemas, del agua, de los árboles, de los animales, de los ríos. Esto no es una pendejada: se trata de que tenemos que aprender a convivir y detener la destrucción.

Necesitamos urgentemente buena materia prima: información seria, crítica, fundamentada. Pero sobre todo necesitamos indignarnos, actuar y generar un nuevo pensamiento crítico que nos permita superar la desinformación en todas sus variantes. Cuando en la cabeza se instala la idea de que hay que estudiar para tener más dinero, podemos decir que el individualismo pregonado por el modelo social neoliberal ha triunfado. Ojalá no suframos de aquel espantoso presagio de Óscar Wilde de hace más de 150 años: “Vivimos en una época de hiperproducción y de instrucción escasa, una época en que la gente, tan ocupada en producir, se ha olvidado de ser inteligente”. No permitamos que nuestra universidad se convierta en un nicho para reforzar una sociedad contraria a lo que dictan los Estatutos orgánicos de nuestras U públicas. Necesitamos estudiar para construir sociedades más justas, más equitativas, en las que la educación sea efectivamente una oportunidad real, pero colectiva, de conseguir mejor calidad de vida.

¡Gracias…totales! Anacristina Rossi por haber acatado la “orden” de Robinson: “Ahora mismo vas a empezar a escribirlo”. “La loca de Gandoca” nos develó lo que estaba pasando en aquel tiempo aciago. Desgraciadamente la historia se está repitiendo como tragedia y nos relanza el desafío de si salvaremos el Caribe sur o si termina de desbarrancarse y al fin logran construir “un Miami de la selva” en Gandoca.

Su presencia es un honor inconmensurable para nuestro Tecnológico de Costa Rica, por ser Usted una escritora vastamente reconocida por toda su producción y sus méritos literarios, pero además por haber “atravesado el amor y la muerte”, por romper el miedo y por su coraje, cualidades cada vez más disminuidas entre la intelectualidad.

Necesitamos miles de “locas de Gandoca” y espero que muchas y muchos estén en esta universidad.

(*) (Discurso de apertura del foro “Historia y vigencia del conflicto en Gandoca Manzanillo” con la escritora Anacristina Rossi. 14 de agosto 2024, ITCR).

Foro con Anacristina Rossi sobre Gandoca-Manzanillo – 14-08 a las 9:30 presencial y YouTube

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Este miércoles 14 de agosto, a las 9:30 a.m., se desarrollará un foro con la escritora Anacristina Rossi sobre la situación en el Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde se han dado varios cuestionamientos por permisos de explotación de los recursos naturales.

La actividad se desarrollará en el auditorio D3, es organizada por la Escuela de Ciencias Sociales TEC y auspiciada por la Rectoría del Tecnológico de Costa Rica. También se transmitirá en vivo, por el canal de YouTube del TEC.

“Desde hace más de cuatro décadas persisten y se han agudizado los conflictos sociales en el Caribe sur de Costa Rica, asociados con el ‘estilo’ de crecimiento económico invasivo y construcción de obras de megaturismo en áreas de naturaleza vulnerable, incluido el Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca-Mazanillo”, comenta Osvaldo Durán-Castro, organizador del foro.

Según Durán, los hechos expuestos en la obra La Loca de Gandoca, de Anacristina Rossi (1991), no eran “únicamente narrativa de ficción para denunciar corrupción, tráfico de influencias, redes políticas actuando contra ecosistemas, comunidades, organizaciones sociales y amenazando incluso de muerte a personas; esto se dio hace décadas y ahora se repite. La presión de grupos empresariales, políticamente influyentes era y es realidad en la Costa Rica actual que se promociona y subasta como ‘paraíso verde”. 

En el foro se conversará con la escritora Rossi sobre la historia y la vigencia de la lucha por salvar Gandoca-Manzanillo.

La organización del foro recomienda re-leer el libro La loca de Gandoca.

Además, ese día, a las 5 p.m., se desarrollára el Foro: “El dudoso ‘triunfo’ del Gobierno en Crucitas”.

Imagen tomada de UCR.AC.CR

¿Alguien cuidaba a la “valienta y patriótica” Abigail?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR

Las atrocidades financieras de la FEITEC se iniciaron hace mucho tiempo y es evidente que diferentes instancias del TEC están implicadas. La plata no llegó sola a manos irresponsables. Desde hace años también estudiantes lo habían denunciado, pero obviamente no fueron escuchados por la FEITEC, ni por las autoridades del TEC que están obligadas a aplicar los controles correspondientes. Algunas asociaciones estudiantiles señalaron “que la administración del Consejo Ejecutivo liderada por el Sr. Alcides Sánchez Salazar y su coautora, la Srta. Abigail Quesada Fallas, han sido las más terroríficas en cuanto a la ejecución de los recursos de la Federación”.

Durante la administración anterior, en la Sesión Ordinaria No. 3285. del 19 de octubre de 2022 “Medidas para la ejecución del presupuesto asignado a la Federación de Estudiantes del ITCR (FEITEC)”, el Consejo Institucional del TEC acordó que la FEITEC dejaría de recibir dinero como “Transferencias al Sector Privado”, y en adelante sería mediante un “Centro funcional”. También se le encomendó a la Rectoría que presentara “antes del 15 de noviembre de 2022, la propuesta de ajustes reglamentarios, que sean necesarios para que el cambio del modelo en la ejecución permita el cumplimiento de los objetivos, para los cuales se asignan estos recursos a la FEITEC”. Se le pedía a la Rectoría explicitar junto con la FEITEC la justificación de gastos y capacitar a quienes manejarían los fondos. A la Auditoría también se le pidió “llevar a cabo las modificaciones que correspondan en Sistema de Implementación de Recomendaciones”.

El asunto se revisó de nuevo en la Sesión Ordinaria No. 3298. del 1 de marzo de 2023, a partir del “Informe de advertencia sobre el uso de los fondos que el Instituto Tecnológico de Costa Rica asigna a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el 2021”, de la Auditoría Interna. Pero esos intentos de enmiendas terminaron en el papel, pues al 30 de junio 2023 que finalizó el mandato de rectoría anterior, no se había cumplido con nada de lo acordado por el Consejo Institucional. ¿Será que los votos de los y las estudiantes tenían más peso del imaginado para elegir autoridades?

En la Sesión Ordinaria No. 3343, Artículo 15, del 13 de diciembre de 2023 (pág. 12) se discutió sobre “la asignación presupuestaria 2024 para la FEITEC” y se conoció el “Acuerdo Mutuo” en el cual se indica la propuesta de asignación presupuestaria 2024 para la FEITEC. “Sin embargo esa información resulta incompleta”, advirtió la Comisión de Planificación y Administración que lo revisó. Esa Comisión confirmó que el Plan de Trabajo 2024 de la FEITEC no permitía “asegurar el cumplimiento del fin público encomendado, constatar la vinculación de las actividades planificadas para el periodo con la solicitud de recursos que se presenta y con el Plan Anual Operativo 2024”. En vista de esas debilidades se aprobó el presupuesto general del TEC, con “excepción de los recursos reservados para dotar de presupuesto a la FEITEC”.

Sin que se haya resuelto ni juzgado el despilfarro de la FEITEC al mando de Alcides Sánchez Salazar y Abigail Quesada Fallas, en los últimos días hemos conocido señales positivas. El miércoles 28 de febrero 2024, la rectora María Estrada Sánchez comunicó que desde julio del 2023 su administración está revisando lo relacionado con el presupuesto de la FEITEC y “llevando a cabo un estudio con perspectiva técnica y legal”, “siguiendo las instrucciones de nuestro Consejo Institucional”. Pero más contundente y necesario fue el plazo de 5 días hábiles que le dio a la FEITEC el 1 de marzo 2024 para que entregue los estados financieros del periodo 2022, el informe de cumplimiento al Plan de Trabajo 2023 y el “Informe de ejecución y liquidación de presupuesto correspondiente al 2022”. La Rectora le recuerda a la FEITEC otros incumplimientos y sus obligaciones de “Cumplir con los requisitos generales y específicos requeridos para recibir el beneficio patrimonial, según los procedimientos definidos por el ITCR” y “Mantener los registros contables de la FEITEC al día y presentar trimestralmente los siguientes Estados Financieros al Departamento Financiero del ITCR: Balance de Situación, Estado de Resultados y el Flujo de Efectivo, con sus respectivos comprobantes”, los cuales evidentemente no han sido presentados, a pesar de que como señalaron las Asociaciones de estudiantes que mencionamos, “Curioso es para nosotros ver que siempre se reporta un 100% de ejecución de los recursos de la FEITEC, pero como asociaciones durante todo el año no alcanzamos ni el 15% de ejecución de nuestros recursos porque desde el Consejo Ejecutivo se nos imposibilita hacerlo”.

De estos hechos y otros se desprenden muchas preguntas como ¿quiénes fueron las personas que autorizaron que la FEITEC siguiera recibiendo dinero si estaban incumpliendo todas las normas internas y condiciones establecidas? Es indispensable conocer de quiénes provino cualquier “autorización para adelantos de dinero”, liquidación o reembolsos que deben realizarse bajo normas de aplicación obligatoria. Si desde hace años se contaba con evidencias de uso indebido de recursos por qué las autoridades correspondientes no actuaron en consecuencia. ¿Sería que a algunas personas les convenía cuidar y complacer a la “valienta y patriota” Abigail, a su círculo íntimo y a sus antecesores?

En el supuesto (imposible) de que la FEITEC presente facturas que den cuenta de todos los gastos como los pide la Rectora, ¿se aceptarán como válidos gastos en “juguetes sexuales por ₡105.750,44; a saber, tres “anillos básico”, cuatro “bala vibradora USB”, dos “dado posiciones”, dos “dado luminoso”, cinco “dado cuarteto” y una “ducha anal”? ¿Y se justificaría también gastar recursos públicos por “₡1.120.931 por la compra de sostenes, preservativos marca Durex, ropa íntima, entre otros”? Con facturas o no, ese tipo de uso de recursos públicos procede llevarlos y conocerlos en instancias judiciales. En eso le estamos debiendo a la sociedad costarricense si queremos demostrar que no admitiremos más esta estafa económica y ética.

En el escenario interno es indispensable que cada una de las personas implicadas rindan cuentas. Que como anunció la Rectora se cumpla “con el resguardo y la óptima utilización de los recursos públicos, bajo los principios de la normativa a la que nos debemos las personas funcionarias públicas”. A partir de la evidencia con que se cuenta es indignante y vergonzoso que la presidenta de la FEITEC siga ocupando puestos en las instancias decisorias de nuestra universidad. Debiera estar destituida o al menos suspendida. Esto por cuanto hasta ahora ella ha demostrado que renunciar no está en su agenda.

En el escenario nacional ahora somos una universidad hazmerreír porque muy poca gente distingue entre la FEITEC y el TEC como universidad. La FEITEC atropelló hasta el último reducto de la decencia y es urgente que demos un mensaje claro a la sociedad costarricense de que podemos limpiarnos de cualquier forma de corrupción.

Otra desgracia común para todas las universidades públicas es que la “valienta y patriótica” Abigail Quesada, como la llama el presidente Chaves, sea parte del grupo que irá a negociar el presupuesto de las universidades públicas con el Gobierno. Por decoro las U públicas deberíamos impedirlo.

FEITEC: una “fiestec” imparable e impune

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Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR

Vergüenza ajena e indignación. Eso es lo que muchas personas hemos sentido en los últimos años por el manejo financiero de la Federación de Estudiantes del TEC, FEITEC, porque siendo ese grupo (secta o cofradía dicen algunos) parte de la comunidad universitaria, sus actuaciones nos colocan a todas las personas del TEC en evidente vulneración y ante el dedo acusador como eventuales corresponsables por millonarios gastos que resultan obscenos. También es comprobable que la FEITEC en los últimos años ha enfilado sus escopetas contra el sistema de educación superior pública. Nos sigue tocando “dormir con el enemigo”. Pero eso será materia para otra oportunidad.

Desde hace años circula información sobre los abusos financieros de la FEITEC. En las últimas semanas el remolino ha sido sobre viáticos. Pero antes de hablar sobre eso es necesario (aunque sea nauseabundo) recordar otros gastos y los insostenibles y vergonzosos “argumentos” de justificación FEITEC. Desgraciadamente ese despilfarro deja por el suelo la honestidad de los y las estudiantes del TEC, en general, dado que la FEITEC es la instancia legal que los incluye. Pero corresponde a las personas estudiantes descobijarse y deslindarse de esa “fiestec”, si es que lo desean. Los montos millonarios y los hechos son lapidarios.

¿Se le ocurriría a alguien equilibrado y honesto reclamar que le paguen “gastos por un total de ¢1,717,648.81, por concepto de alimentación” sin comprobantes ajustados a la ley? Pues ese monto fue reclamado por la FEITEC. Según los registros esos gastos incluyeron “cena en Chichis Sport Bar & Grill, por un monto de ¢102,593.09, reintegro de caja chica por ¢670,380.72, correspondiendo el 81% a gastos de alimentación, cena de fin de año por ¢78,000.00, soporte a personas de diferentes zonas fuera de la GAM durante 3 semanas (miembros FEITEC) por ¢518,925.00 y reintegro a un estudiante por cenas por la suma de ¢347,750.00”, “sin información que permita dar seguimiento para determinar la razonabilidad del gasto”. Eso fue una total desfachatez, por decirlo con caricias. Esos gastos, y muchos más similares, están registrados en un oficio dirigido a Abigail Quesada Fallas, presidenta FEITEC firmado por Claudia Madrizova, Vicerrectora Vida Estudiantil y Servicios Académicos, con fecha 10 de febrero del 2022, con el “Asunto: Respuesta al oficio FEITEC PRES-0116-2021”.

Resultan ofensivos en sumo grado y hasta pareciera que nos toman por subnormales los estudiantes de la FEITEC con sus “justificaciones”. Una de esas “justificaciones” de antología es la de Abigail Quesada, actual presidenta de la FEITEC, cuando dijo que “muchas veces, las facturas eran altas porque una sola persona asumía la alimentación del grupo total que estaba trabajando en el momento”. Ella cobró ₡2.928 555 de viáticos. Si alguien a cargo de una tarea universitaria requiere aplicar fondos para un gasto en cualquier rubro y donde sea, hay condiciones claras y estrictas que incluyen tanto la autorización para adelantos de dinero como para su liquidación o reembolsos y son de aplicación obligatoria. ¿Acaso al FEITEC goza de un régimen distinto y exclusivo?

No menos reprochables son los dichos de Alcides Sánchez, expresidente de FEITEC 2020 y 2021, cuando se habló sobre su cobro de viáticos por ₡5.420.500. “Yo fui -dijo Sánchez- y revisé los estados financieros y vi que en cuestión del tema de viáticos se gastaron ₡20 millones en el año y yo dije: ‘mae, yo fijo me eché diez’. Y dije yo: ‘Y eso se va a ver horrible”. Cuando ese individuo dice “Si el tema de los traslados y viáticos a final de cuentas fueron abuso o no, yo creo que eso es percepción de cada uno”, deja clara su irresponsabilidad absoluta, un cinismo intolerable, se burla de cada persona honesta y por supuesto nos dice que no le importa. “Echarse” diez millones en viáticos, o 5,4 millones y ni siquiera inmutarse, es como ir a la pulpería y gastarse cualquier presupuesto ajeno en confites y que no pase nada. No se trata de percepciones. Se trata de ausencia total de transparencia y rendición de cuentas. Eso se llama corrupción, aunque le pongan cualquier perfume. Con esas actuaciones han hecho que en su “Dinamarca”, no algo, sino todo, huela a repodrido. Es muy grave y ofensivo que esas 2 personas, y posiblemente otras, alardeen y hasta ahora gocen de impunidad. Es gravísimo, además, porque pareciera que se demuestra que ese desperdicio sólo fue posible en un contexto administrativo de controles escasos, por no decir inexistentes, gracias a lo cual se pudo violentar la decencia y el apego a las normas que deben seguirse y que nadie debe desconocer.

Por ahora, creo indispensable hacer un descargo y separarme de esos hechos, de quienes los perpetraron y de quienes sea que los hayan permitido y avalado de palabra, por inacción, por autorización de cualquier tipo, con sus firmas, o como sea. En tiempos en que el Gobierno sigue ensañado contra la educación y en particular contra la educación superior, es indispensable reafirmar todos los principios de uso decente y estricto de los recursos que la sociedad nos da. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido con la FEITEC.

Por regla las U públicas, usan eficientemente los recursos públicos y tienen sistemas de rendición de cuentas sólidos, aunque obviamente mejorables y no es la norma que haya oposición a los controles estrictos. Esos controles se aplican independientemente de la cuantía de los recursos utilizados en cualquiera de las áreas de trabajo de las universidades, como docencia, investigación y acción/extensión social. A partir de esta última área de trabajo podemos hacer una lectura de algunos gastos descomunales de la FEITEC.

Muchísimos proyectos de acción, extensión e investigación social y de otro tipo se desarrollan en condiciones económicas de miseria dadas las restricciones presupuestarias que enfrentamos. A veces los presupuestos anuales de proyectos vitales por su beneficio e impacto claro y demostrable para las más diversas comunidades, organizaciones y hasta empresas, no superan los 3 millones de colones. Muchos proyectos en los que participan especialistas de todos los campos de 2, 3, 4 y hasta las 5 U públicas, sólo pueden realizarse por el aporte parcial no remunerado de las personas que los implementan. Desde una sede universitaria en el valle central un viaje a Talamanca, Upala, o Sierpe de Osa, por ejemplo, consume más que todas las horas asignadas a las personas que trabajan con la gente de esos pueblos. A veces los viáticos no se reciben o se reciben a medias porque ocurre algún fallo, se escribió mal un único numerito, porque en muchísimos lugares donde se trabaja no existen las facturas electrónicas, ni siquiera una computadora, menos internet, etc. Si se usan transportes locales como vehículos, botes, pangas, etc., obligatoriamente se debe aportar la evidencia de pago. Además, es norma irrestricta y absoluta que cualquier pago a terceras personas, por ejemplo, por servicios de alimentación para la gente con la cual se trabaja, debe quedar debidamente comprobado. Así trabajamos y no nos oponemos a las normas y la rendición de cuentas. En el ejercicio de nuestras tareas, a nadie, en ninguna universidad, le pasa por la cabeza ir a cobrar dinero sin todos y cada uno de los requerimientos. Así lo hacen quienes trabajan en la zonas más complejas y alejadas de las sedes universitarias, como territorios indígenas u otras comunidades rurales de cualquier región del país. En el caso del TEC el monto máximo de una caja chica es de ¢250.000 y con ese monto o mucho menos, brindamos alimentos a decenas de personas que participan en intercambios, giras o procesos de aprendizaje compartido de todo tipo.

Otros gastos la FEITEC me permiten pensar en su régimen privilegiado para dilapidar dinero público. En el oficio mencionado incluyen un “Festival navideño” y “compra de cajas navideñas por la suma de ¢1,356,000.004; y la compra de canastas navideñas por ¢748,268.005; para un total de ¢2,104,268.97”. La autoridad del TEC que revisó esos gastos señaló que “Los comprobantes no detallan a quien se realizaron las entregas de las cajas navideñas, ni se vincula el gasto a objetivos propuestos en el Plan de trabajo 2020 presentado a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA).” La pregunta, de nuevo, es quiénes autorizaron ya sea el adelanto de dinero y su liquidación en esas condiciones.

En diciembre de 2020, la federación estudiantil hizo “un gasto por ¢4.356.673,00, en el mantenimiento de edificio FEITEC”. No hubo permisos ni apego a planes institucionales; ni siquiera un reporte porque -vaya abnegación laboriosa- “la institución se encontraba de vacaciones en las fechas que se hicieron las mejoras”, “justificó” Abigail Quesada. A la millonaria “mejora” se sumó la “compra de activos por un total de ¢2,022,300.01, como complemento a la remodelación realizada”. Es decir, remodelaron su “troja” como si la FEITEC fuera una “república independiente”. En el mismo oficio se indica que “La Institución ejecutó medidas rigorosas de contención del gasto, la Federación no puede omitir los esfuerzos institucionales en esta línea”, pero pareciera que esas restricciones no incluyen a la FEITEC.

Otro dato de contraste es que, en 2021, respondiendo a ataques a las U públicas desde la Asamblea legislativa, el Informe de una Comisión especial nombrada en el TEC, reseñó que “Para la atención de la crisis por el COVID-19, las universidades cedieron ¢13 000 millones del FEES” y que a ese monto se sumaron otros “¢6000 millones para fortalecer el sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos no pierdan la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Ese aporte es importante repetirlo pues contrasta del todo con lo que hizo la FEITEC. En el oficio del 10 de febrero del 2022 se constató que en la Federación se “registran compras por alimentos para ayuda COVID, que suman en total ¢1,164,545.64”. Pero “Los comprobantes no identifican el nombre a quien se dirigen las ayudas”. El descargo de Abigail Quesada es que “Con respecto a las ayudas sociales, no existe registro de los receptores ya que se respetó la confidencialidad de los mismos”.

Todas las “justificaciones” son clarísimas agresiones contra la inteligencia de quien sea. Es imperativo que las personas responsables de ese bacanal o “fiestec” de viáticos, canastas y cajas navideñas, banquetes o “cena en Chichis Sport Bar & Grill”, remodelaciones, “ayudas sociales” a personas ocultas, etc., sean procesadas de inmediato y en las instancias que corresponda dentro o fuera del TEC. La impunidad debe terminarse. De lo contrario daremos bases para que se piense que toda la gente del TEC, y de repente de todas las universidades, somos culpables.

Quienes trabajamos en administración, docencia, proyectos de todo tipo desde las U públicas, sabemos que con ese montón de millones haríamos mucho más trabajo dentro de las U y en comunidades, pero lo cierto es que contamos con cada vez menos recursos y, literalmente, no compramos ni un cuaderno sin cumplir con todos los procedimientos del caso; como debe ser.