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Etiqueta: Osvaldo Durán-Castro

León Cortés: el FA cosecha más de una década de organización social

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán Castro, sociólogo ITCR, ecologista FECON

Que el FA obtuviera más de la mitad de los votos (51,30%) en León Cortés y le sacara 217 de ventaja al PLN, es emblemático y meritorio como derrota de la sólida tradición liberacionista de larga historia y puesta en piedra desde 2002, y que incluso, en el folklore y la lúdica y sabrosa jocosidad propia de la cultura local “pableña”, está ligada a una salerosa y eventual filiación bastarda del alcalde saliente con el apellido Figueres (¡todo un chistorete aldeano!).

Una muestra de esa secuela de control político es que desde el 2002 hasta el 2024 el PLN mandó en la alcaldía al ganar con holgada ventaja: en 2002 obtuvo 1257 votos. 4 años más tarde, 2118. En el año 2010, 1886 personas votaron por el mismo partido y en las 2 últimas administraciones elegidas en 2016 y 2020, el alcalde que en mayo dejará ese puesto, fue elegido con 2854 votos y reelegido con 3256. En febrero de este año, el PLN alcanzó 1810 votos, obviamente menos que en las últimas cuatro elecciones municipales, pero con respecto de las 2 últimas la caída es de mucho más de 1000 votos, lo cual demuestra que la amalgama social opositora, a pesar de su diversidad, fue capaz de sacarlo del férreo control municipal, que para muchas personas ya estaba rayando en una especie de despotismo dado el irrespeto reiterado del alcalde hacia muchísimas personas (también se ha comentado sobre la fusión entre despotismo y senilidad de la persona alcalde).

León Cortés es la excepcionalidad nacional para un FA que fue décimo lugar en el país con 25846 votos, un 2,36%. El abstencionismo en León Cortés fue del 57,50 % frente al 68,07 % nacional. En los otros 2 cantones de Los Santos, empezando por Dota, votó la mitad del padrón generando un 50,48 % de abstención, y de los votos emitidos el PUSC lapidó con 2,270, un 79,48%. En Tarrazú también ganó el PUSC con 2279 (50,14% de los votos) y el abstencionismo fue del 63,44 %. En ambos cantones, el conservador y tradicional bipartidismo PLN-PUSC acaparó 95 de cada 100 votos. En Dota también acabó la prolongada hegemonía desgastada y languideciente del PLN desde al menos los últimos 22 años que estamos revisando; igual que en León Cortés.

Son varias las causas del cambio de rumbo en la votación en León Cortés. Podemos proponer que la derrota del PLN es de alguna manera una sublevación comunal -aunque no estructurada en una organización- por enojo, agotamiento y autodefensa de la gente ante el alcalde y una parte de la administración, que la trataban con desprecio, prepotencia y llegaron al nivel de colusión con externos para cobros indebidos contra contribuyentes. El alcalde y su círculo también enfrentaron la resistencia de la “clase trabajadora” de la Municipalidad, que se organizó y creó un sindicato afiliado a la ANEP. La negociación de una Convención colectiva, aún en proceso, es muestra clara de que esa cúpula municipal desconoció derechos laborales básicos. Pero claro que el enojo de la gente y la violencia laboral, no son la explicación esencial.

En términos estrictos no sería correcto decir que el FA -como entidad partidaria- ganó las elecciones en León Cortés. Lo correcto es decir que el FA tuvo una actuación políticamente madura al permitir y facilitar que con y alrededor de su escasa y frágil estructura se articulara una oposición política de cara las elecciones municipales que, y aquí es donde está la clave: se originó en el movimiento social gestado desde hace más de 10 años, con la lucha contra la construcción de una gasificadora de basura en la zona de Los Santos, en el cerro El Abejonal, en las cercanías de San Pablo de León Cortés. En esta lucha se sumaron personas y organizaciones sociales de 4 cantones: León Cortés, Tarrazú, Dota y Desamparados. A este movimiento social sin el menor atisbo de filiación partidaria, se aunó el descontento citado con la administración municipal y, es de suponer, el voto de quienes no lograron que su partido oficialista lograra inscribirse. Se trata de una, literalmente, “amplia” diversidad. En todo caso, votos contra el PLN de otros partidos, se sabía que se sumarían como protesta desde mucho antes de febrero 2024, cuando nos manifestábamos contra la complicidad del alcalde y su séquito con la gasificadora. Fue una indignación legítima que obviamente no se podía esperar que se canalizara en un único partido político.

El triunfo de la gente con la bandera del FA / “Alianza Comunal por León Cortés”, tampoco permite decir que se ha creado una estructura nueva de relaciones políticas en el cantón. Pero sí es claro que se trata de una respuesta generada en el aprendizaje colectivo que propició la resistencia y organización pensada, técnicamente sustentada por un diverso y sólido grupo de profesionales, la mayoría directamente pertenecientes a las comunidades, desde las cuales se articularon todas las acciones contra la gasificadora en León Cortés. Esto nos permite ver las elecciones desde el suelo y no desde el escritorio. Esa lucha comunitaria no fue contra la gasificadora únicamente. Fue contra la SETENA y contra la administración de la Municipalidad y se libró en y ante muchas instituciones nacionales (puede verse, por ejemplo: MINAE niega agua a gasificadora de residuos en Los Santos surcosdigital.com). Como era de esperar, los otros partidos políticos intentaron captar y convertir el movimiento social en votos propios.

Durante la lucha social fue un logro que se dedicaran varias audiencias de la Comisión de Ambiente de la Asamblea legislativa para discutir el problema y que dada la gravedad del asunto fueran citados el alcalde Denis Mora y el “oscuro” empleado municipal Kenneth Rodríguez. Los interrogatorios a ambos dejaron en evidencia un manejo turbio del asunto con acciones como la del empleado que “engavetó” (léase escondió) en la Municipalidad el expediente del proyecto tramitado en SETENA. Pero, sobre todo, quedó demostrado el accionar en contra de la población que jamás recibió el apoyo del alcalde y menos su voluntad para cumplir la demanda colectiva de liquidar la gasificadora por las abundantes y probadas razones de salud pública, técnico-científicas, ecológicas y legales.

El único regidor que se mantuvo incólume y permanentemente con el grupo que facilitaba la lucha, y con la gente, tanto en la Municipalidad como en las comunidades y sus organizaciones sociales como Asociaciones de desarrollo comunal y ASADAS fue, precisamente, Juan Manuel Quirós Quirós del FA. Toda la querella de este regidor contra el alcalde, regidores y regidoras y la parte de la administración colusionada con la gasificadora, está registrado en las actas de las sesiones del Gobierno local. Juan Manuel argumentó de manera paciente, reiterada y tolerante ante los desplantes, cada una de las razones que durante años fuimos construyendo en defensa de la gente y los ecosistemas de la zona Los Santos. Por ese largo proceso es que podemos decir que el FA giró oportunamente hacia la amplitud presentándose y construyendo desde las comunidades la “Alianza Comunal por León Cortés”. Ahora, con la Alcaldía y 3 regidurías, tiene la misión de administrar un cantón que históricamente ha tenido uno de los índices de desarrollo humano más bajos del país. (La regidora electa Zaira Torres Solano/FA hace una clarísima explicación sobre cómo se gestó el triunfo de la Alianza-FA en las comunidades. Ver en SURCOS: “Llegamos a la Municipalidad de León Cortés desde las comunidades”).

La valija que lleva Juan Manuel Quirós para ser alcalde, básicamente está llena de experiencia y arraigo con las luchas de las comunidades, que son las mismas que nunca fueron escuchadas por el alcalde saliente. Los votos con los que ganó la Alianza, no son, como ya dijimos, votos para el partido político FA en particular. Son votos que, en el mejor sentido político, reconocen la labor de Quirós como regidor de las comunidades del cantón León Cortés. Por eso, este resultado electoral no es una simple casualidad sino el producto de la construcción de un movimiento social de más de una década y que se manifiesta electoralmente de esta manera. En lo puramente electoral, el FA no le ha “robado” votos a nadie, ha recogido una cosecha de confianza y trabajo generada en el hecho de que sus candidaturas recayeron en personas de base social comunitaria comprometidas con diferentes luchas y defensa de derechos.

La derrota de Liberación nacional es la derrota de la tradición conservadora y acrítica, sin el menor sentido creativo e innovador. Como siempre, el partido derrochó dinero y desplegó su maquinaria electoral. Su derrota es la de la política percudida, somayada, de espaldas a la gente, dirigida por el manoseo, el muñequeo, la manipulación, el discurso “gueco”. Una política regida por el contubernio y apegada a cúpulas nacionales que ni por asomo representan las necesidades de la población en las comunidades nacionales. Esta derrota, incluso vista para todo el país, debería ser una oportunidad para que la gente, sobre todo la de nuevas generaciones, posible y sinceramente deseosas de mejorar la vida, superen esas estructuras decrépitas y generen nuevas alternativas asertivas, sensibles, creativas, verdaderamente educativas y propositivas.

Lo que con optimismo podemos esperar es que el nuevo gobierno local abra todos los procesos de investigación, rendición de cuentas y señalamiento de responsabilidades, ante problemas como la gasificadora, los cobros indebidos, los derechos laborales, entre muchos más, que han arruinado al cantón León Cortés.

Hace muchas décadas en Río Grande do Soul, Brasil, se empezó con la práctica de construcción participativa de presupuestos municipales, y aunque según se dice la Municipalidad de León Cortés plata es lo menos que tiene, ese y muchos más ejercicios de planificación y prácticas inclusivas y democráticas se podrían ensayar. Capacidades para escuchar, dialogar, disentir y crear colectivamente, son indispensables en un gobierno local que busque ser una oportunidad para la integración de la gente con ganas de trabajar. Tal vez, por ejemplo, se reactive el Consejo de la Persona Joven de León Cortés, al que el alcalde saliente le extirpó su escaso financiamiento y expulsó del edificio municipal. Ahora, la gente de León Cortés tiene una oportunidad, compleja pero real.

El movimiento social contra la gasificadora en Los Santos se gestó en y desde las comunidades y sin el apoyo del Gobierno local de León Cortés. Únicamente el regidor del FA acompañó decididamente a las comunidades.

La U pública y la defensa de la Caja

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

La Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas son parte de un mismo sistema social. Fueron y son consustanciales en la construcción de Estados orientados a mejorar la calidad de vida mediante la inversión social pública. La mejora en la calidad de vida de una sociedad requiere alta inversión en educación y en salud.  La historia de Costa Rica demuestra que la fundación de la Universidad de Costa Rica y de la Caja fueron pasos fundamentales para asegurar que la sociedad costarricense diera un giro radical hacia la mejora de la calidad de vida en general, lo cual se manifiesta en indicadores como la esperanza de vida al nacer que pasó de los 46,9 años en 1942 a 78,31 para los hombres y de 83,46 años para las mujeres, según datos del INEC de 2022 (ver Costa Rica en cifras).  Pero ahora mismo, lo que estamos perdiendo es la virtud de que una familia pudiera pasar en tan solo 3 generaciones de personas analfabetas, a personas con primaria y luego a personas con título universitario.

Otro tanto hay que decir del papel indispensable de la educación en todos sus niveles y la salud para elevar el nivel de calificación de la fuerza de trabajo. Por esa inversión social nuestro país tiene un mercado laboral atractivo para la inversión externa directa, y también para la inversión de capital nacional.  Este es un gran asunto por discutir que resumido en una pregunta es: ¿qué pasaría si a las empresas que vienen y contratan a las personas con buena salud y elevada calificación universitaria, les decimos que deben pagar al menos una parte de lo invertido en cada una de esas personas desde que nació hasta el día que la contrataron?  ¿Cuánto deberían pagar?  Es ahí cuando vemos que toda la inversión social en educación, salud, vivienda, la recreación social, inversiones para atender especialmente a las personas mayores y más pobres en general, fueron indispensables para contar con una fuerza de trabajo/personas trabajadoras saludables y capacitadas.

Otro elemento que une absolutamente la Caja con el sistema de universidades públicas es el grado y autonomía que constitucionalmente les fue otorgado para cumplir eficientemente y a cabalidad sus misiones.  Ambas entidades fueron dotadas de una autonomía especial que les permite autogobernarse y definir autónomamente cuáles son las necesidades en las cuales debe invertir los recursos que reciben de la sociedad costarricense por medio del Gobierno.  Cuando se debilita la autonomía de la Caja por cualquier vía sucede exactamente la misma agresión que cuando se trata de debilitar la autonomía de las universidades públicas.  Las destituciones ilegales de la presidencia ejecutiva de la Caja y de sus directivo.as, son tan graves como recortar, sin justificaciones válidas, el presupuesto de la educación.

La defensa de la salud y de la educación, en este caso de la Caja y de las universidades públicas, son tareas que van en paralelo.  Si se trata de mantener y fortalecer sociedades algo o más justas y equitativas, tal y como está establecido en los principios de la Caja y en los Estatutos orgánicos de las universidades públicas, es indispensable mancomunar esfuerzos para hacer cumplir la autonomía especial de rango constitucional que ambas instituciones tienen.

Cuando las universidades públicas nos sumamos a la defensa de la Caja, de su financiamiento y de su autonomía, estamos haciendo en paralelo defensa de esos mismos principios para la educación pública.  Ambas son indispensables para hacer cumplir garantías sociales que deben ser recuperadas, reforzadas y aseguradas. En la sociedad costarricense no se puede entender un buen sistema de salud pública sin un buen sistema educativo público.  No podríamos comprender la relevancia y aporte crucial de la Caja Costarricense del Seguro Social en la mejora de la calidad de vida de la sociedad costarricense, sin comprender el aporte de la Universidad de Costa Rica, y del sistema público de universidades en la formación de las personas especialistas en todos los campos que requiere el sistema de salud. 

Es el sistema de educación público en el que se han formado la mayor parte de las personas que hoy son trabajadoras de la salud en todos los campos.  Esto incluye al personal que puede realizar una operación del más alto grado de especialización, pero también el que atiende laboratorios, farmacias, servicios de enfermería, comedores hospitalarios, servicios de limpieza, etc, pues todos, absolutamente todos, los servicios de salud requieren diferentes niveles de formación académica. En una visión integral de salud, todos los servicios devienen en esenciales, fundamentales y complementarios a la hora de garantizar una atención integral de salud.  La historia de la salud en Costa Rica es en gran parte la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social y en paralelo es la misma historia de la universidad pública. Se trata de un mismo sistema de inversión social, que es el que permitió que la sociedad costarricense se construyera con niveles de vida altos y aceptables, pero ahora en caída.  

En el “Pronunciamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica con respecto al informe FEES aprobado por la Asamblea Legislativa” (ITCR, 2021, primera edición), respondimos innumerables acusaciones infundadas de parlamentario.as del cuatrienio anterior.  Reseñamos que en la última Agenda de Cooperación entre gobierno y universidades públicas, se incluyeron “18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales.  La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República” (ITCR 2021.169).

Otro dato que debe destacarse es que para contribuir con la emergencia por la COVID-19, las universidades cedieron ¢13.000 millones del FEES (de su presupuesto en caja). “Además, trasladaron ¢6.000 millones para fortalecer al sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos tuvieran la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Adicionalmente, del presupuesto 2020 se financiaron diecisiete proyectos de investigación para atender la pandemia del COVID-19 (ITCR 2021. 28 y 105).

Hoy, el modelo estatal neoliberal está orientado a borrar la inversión social y la convirtió en un simple “gasto” aduciendo que cualquier inversión social es imposible porque el Estado es financieramente deficitario.  Desde hace década transitamos de la inversión social al gasto y luego al déficit.  Ese desfinanciamiento de la CCSS, de la educación, y en general de la inversión pública, se da mientras el Ministerio de Hacienda (2023) -sólo porque es obligado- da a conocer la “Lista de contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales que declaran el impuesto sobre la renta (utilidades) con “pérdida” o “cero ganancias” actualizado al 30/06/2023”, según el cual en el año 2022 205 empresas se declararon con “pérdida” o “cero ganancias”. Ante esa propuesta no queda más que sumar esfuerzos entre las instituciones estatales asociadas con la existencia del Estado social costarricense, como la Caja y el sistema educativo público, para hacer que se cumpla lo que la Constitución y otras leyes dicen sobre el presupuesto para inversión social. 

En las últimas décadas los gobiernos de Costa Rica han deambulado en materia de inversión social, haciendo inversiones focalizadas pero no invirtiendo con visión estratégica en los servicios de salud.  Eso es lo contrario de lo que debería hacerse siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de entidades como la Comisión económica para América Latina (CEPAL), que en su estudio “Panorama Social de América Latina” (2021) hizo un llamado claro y directo a fortalecer los sistemas de salud en todos los países.  Entre otras notas clave de la CEPAL, destacan que “Los sistemas de salud son fundamentales para el bienestar y la salud de las poblaciones”, y que “la salud es la parte más importante para el desarrollo de las capacidades humanas, por lo que se ha sostenido que explicaría de forma robusta las distintas sendas de desarrollo económico”.

En resumen, debemos repetir que contrario a lo que pide la CEPAL, los gobiernos provocan que cada día más personas se vean privadas de acceso a sistemas de salud eficientes, integrales y reciban atención verdaderamente humanizada, precisamente porque están cayendo las inversiones y se está ensanchando el campo de acción de la enfermedad como negocio privado.

No era un “cholillo” quien se ahogó en el río Duchí

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo ITCR-ecologista FECON

El río Duchí es un poderoso animal de agua que nace en el Valle Las Morrenas en Duchí tuä, la cima del cerro Chirripó.  De ahí baja en medio de las montañas que sólo los cabécares de Alto y Bajo Chirripó conocen.  Su agua, inimaginablemente transparente, se desliza en medio de la selva sin humanos. Más abajo, el Duchí se mueve sinuoso entre las comunidades cabécar que nacieron y viven a su paso.  Esta gente se sirve comida de él, lo utiliza, lo quiere y lo respeta.  El Duchí no es una “cosa”, es el “Ri” que permite a la gente convivir con él.  La cultura y la vida cabécar no serían posibles sin el Duchí. 

Pero desde Namaldí en Bajo Chirripó hacia el Caribe, el río sufre una enfermedad terminal porque los bosques que lo flanqueaban no lograron detener la arremetida de las trochas, los tajos y los bananales.  Allí su agua se torna sucia, contaminada e inservible.  El ecosistema limpio del río desaparece y se convierte en un callejón lodoso de humus, suelos lavados y sedimentos venenosos.  Su cauce está drenado y saqueado, y la maquinaria es la que esculpe violentamente su lecho y sus paredes.

Igual que en todo el planeta, en el Duchí, los pueblos se hicieron y se quedaron al lado de los ríos.  Pero a pesar de que la gente indígena sabe escucharlo, mirarlo y leerlo, el río puede resultar impredecible y tornarse en extremo peligroso.  En muchos tramos del río la gente no tiene otra opción que lanzarse a cruzarlo sin más ayuda que un palo para apuntalarse entre las piedras y los remolinos.  Las aguas que parecen mansas tienen una fuerza distinta a las de otros ríos como las de su vecino Jaküi/Pacuare y las de muchos otros ríos más cortos y quebradas que fluyen y se le suman desde las montañas que conducen a alta Talamanca.  Lo indómito del Duchí tampoco se muestra en otros tantos ríos que le llegan desde las cumbres y montañas que hacen de parteaguas con la cuenca del Jaküi.  Cruzar el Duchí es siempre un desafío que sólo la gente cabécar sabe enfrentar, y sin embargo muchas veces ese riesgo les cuesta la vida.  Cuando el río verdaderamente crece es un animal temerario.

En Tsineklarí/Roca Quemada hay un puente de hamaca para las personas, animales domésticos, motos y cuadraciclos, que da paso hacia las comunidades del lado de Limón. Pero de ahí hacia arriba, hasta Ñari Ñak, la siguiente pasarela consiste en un cable de lado a lado del río sostenido con cimientos de concreto del que cuelga un “cajón” de metal en el que pasan hasta 5 personas, productos como bananos, plátanos, otros alimentos y algunos animales como perros y gallinas.

A falta de paso seguro para ir al colegio de Ñari Ñak, por ejemplo, los estudiantes de algunas familias de Blori Ñak caminan hasta Kabébata/Quetzal.  A cualquier yukosa/no indígena desacostumbrado a caminatas rudas, ese trayecto le tomaría no menos de 5 horas por una subida extrema.  A algunos indígenas, como Albeiro García Brenes, que cursa el octavo año y sube todos los días, le toma 1 hora con 40 minutos. El regreso a su casa lo hace en menos.  El peligro actual y la memoria hacen que la familia de Albeiro prefiera esas caminatas diarias al riesgo de cruzar el río colgado de un cable.  En diciembre de 2023 se cumplirán 10 años del día en que su papá cayó al río cuando el artesanal e improvisado mecanismo de “rola” o rueda para deslizarse en el cable de metal y un pedazo de mecate a modo de hamaca falló.  Sobrevivió con los pies molidos por el impacto en las piedras y muchos más golpes y volvió a su casa luego de muchas semanas hospitalizado.

Caminando algunas horas más sobre la misma ribera de Blori Ñak, al otro lado del río se divisan las comunidades Guatemala y Colonia.  Luego de pasar Shukebacharí, pero hasta mucho más arriba, todavía lejos del centro de Sinoli, está la siguiente pasarela. A diferencia del puente de hamaca de Tsineklarí, la pasarela que hay que usar para llegar a Sinoli es endeble e improvisada. De un lado tiene una armazón de metal a la cual está sujeto el cable.  La gente debe subirse en un pequeño e incómodo cajón de metal que hay que sostener mientras se aborda.  Luego se suelta y con algo de impulso se adentra un poco sobre el río.  Las ruedas de las cuales va guindando pareciera que se van a saltar el cable.  Cuando el impulso por el peso acaba hay que empezar a jalar un mecate para acercarse a la otra orilla y eso es un trabajo pesado.  Del otro lado, la armazón de recibo está hecha de simples palos traídos de la montaña.

Las “gradas” son palos irregulares también. Subir o bajar unos 5 metros para tomar o dejar el cajón es de por sí muy peligroso.  En prácticamente todas esas pasarelas sobre el Duchí, con las rolas permanentes, o con las que la gente lleva, o con los mecates, muchas personas han sufrido heridas de distinto tamaño y hasta se han amputado parte de alguno de sus dedos; esto incluye gente de todas las edades y hasta bebés de meses.  Las caídas al río desde los cables con mecates o cajones son el accidente más común y con frecuencia terminan en muerte.  Cuando el río está descomunalmente crecido, infunde miedo, demanda cuidado extremo y se convierte en un “mar” de peligro inminente de hasta doscientos metros de ancho.

En la ruta de subida hacia el lejano y altísimo Duchí tuä, ahora caminando del lado de Limón, la comunidad que sigue es China Kichá/Raíz de naranja, mismo nombre de otras comunidades cabécar en Talamanca y Pérez Zeledón.  Bastante más arriba de la pasarela y a la par del río, se ven la escuela y otros techos de China Kichá. Pero este pueblo queda al otro lado y hay que volver a cruzar el río.  Sin embargo, sólo está el cable porque el cajón está malo, según explican en cabécar 2 mujeres jóvenes que parecen de no más de quince años.  Ellas esperan un rato bajo la armazón de palos que sostiene el cable, conversan entre ellas y con nuestros compañeros de Blori Ñak, deliberan y luego empiezan a caminar río arriba por las piedras de la orilla como midiendo la fuerza de la corriente.  Tras intercambiar miradas entre ellas y con el río, parece que encontraron una ruta.  Luego de hacerse comentarios que no escuchamos, se lanzan a cruzar el Duchí. 

Calculan cada paso soportando la corriente, a veces se tambalean, se hunden entre las piedras y los remolinos, se hablan a gritos, se ríen y parecen asustadas, pero siguen.  Tratan de no separarse y terminan tocando la otra orilla muchos metros más abajo de donde iniciaron.  Nosotros avanzamos bastante más hacia arriba buscando que el río nos dé una tregua para cruzar, pero el Duchí nos engaña.  De lejos cada tramo parece tranquilo, pero al llegar los remolinos y las innumerables pequeñas cascadas se revelan poderosas y desafiantes a tal grado que luego de muchas entradas fallidas, simplemente desistimos.  Los cabécar siguen dispuestos a lanzarse, pero “los yukosa no pueden con el Duchí”.

Las 2 muchachas jóvenes se pierden en la montaña al otro lado del río en China Kichá.  A nosotros nos espera un regreso a Blori Ñak a marcha rápida de al menos 5 horas por los mismos trillos, caminos, trochas e inseguras pasarelas.  En ese retorno nos topamos a 6 personas que vienen a paso ligero y silencioso desde Tsineklarí donde encontraron al muchacho que se había ahogado 5 días antes.   Son parte de su familia.  Era un hombre joven que necesitaba cruzar el río para ir a trabajar, pero no tuvo la suerte de las 2 jóvenes.  No era un “cholillo”.  Era una de las muchísimas personas que todos los días y a cualquier hora, no tienen alternativa y deben arriesgar su vida debido a la ausencia de puentes que permitan el paso seguro.  Desde Sonoli, el Duchí se llevó su cuerpo hasta Tsineklarí.

En Grano de Oro, el yukosa que habló de esta muerte no se refirió a “una persona” sin importar quién fuera, ni menos a un indígena cabécar ahogado, sino de un “cholillo”, sin comprender el peso violento y racista de su expresión.  Simplemente soltó la frase grosera con la “naturalidad” propia de quien vive en una sociedad discriminatoria y descalificadora; una sociedad racista.  Todavía para mucha gente, aunque los tenga de vecinos, los indígenas son personas inferiores y los tratan como si lo fueran.  Muchas de esas expresiones y prácticas actuales nos hacen pensar que vivimos como si el tiempo no hubiera transcurrido y estuviéramos ante cualquier supremacista blanco de hace décadas o siglos cuando nuestros indígenas eran cazados como si fueran bestias. Algunos connotados racistas y traficantes de seres humanos como Fitz Roy, el explorador colonialista inglés de la Patagonia y Tierra del fuego en Argentina y Chile, y su compañero Charles Darwin, capturaban indígenas y hablaban de éstos como “feroces y sucios salvajes” y “criaturas apenas superiores a la creación bruta”.  Darwin, tal vez el más conocido científico inglés, llegó a decir que “…no he visto en ninguna parte criaturas más abyectas y miserables”, para referirse a los “fueguinos” del sur del continente americano.  Ese mismo desprecio, con variantes, lo practican hoy muchas personas en la calle y en dependencias públicas y privadas de Costa Rica.

Si los cabécares de Alto Chirripó tuvieran puentes, al menos puentes de hamaca, podrían conectarse entre sí con seguridad y podrían llegar a los caminos para trasladarse hacia Turrialba.  Aunque no puedan pagar 25.000 o 30.000 colones para subir en carro hasta por lo menos Grano de Oro, con esos puentes vivirían mucho mejor.

En cuanto a los caminos, algunos están mejor que hace unos años.  Desde Grano de Oro hasta Tsineklarí por Tsipirí, Jokbata y Dikokloriñak, se puede llegar sin problema.  La ruta Grano de Oro por Kabebata/Quetzal hasta Blori Ñak también es transitable, pero con lluvias fuertes queda inhabilitada rápidamente, lo mismo ocurre con el camino hasta Shukebacharí.  Esas rutas y sus pueblos son sitios de paso y entrada a muchas más comunidades tanto del lado de Cartago como del lado de Limón, como Jokbata, Dikokloriñak las mismas Tsineklarí y Blori Ñak, Ñari Ñak, Guatemala, Colonia, Shukebacharí, Sinoli, China Kihá y muchas más. 

Si esos pueblos contaran con puentes para cruzar el río se evitarían muchos accidentes, muertes, desplazamientos agotadores de horas para ir a estudiar, recibir alguna atención médica, comprar alimentos, trasladar productos, etc.  Desgraciadamente murió otra persona y puede que no sea la última.  No era un “cholillo”.  Era un habitante de Costa Rica, un indígena trabajador.  No andaba borracho, que es lo que casi siempre se dice, pero no pudo medir el peligro.  Si existiera un puente, aunque fuera un puente de hamaca, él no habría muerto.  Y tan racistas son las expresiones grotescas sobre su muerte, como el abandono material de la institucionalidad costarricense con el pueblo cabécar de Alto Chirripó y con los demás pueblos originarios.  El racismo es un problema social de Estado, de toda la institucionalidad y no es con ayudas puntuales, o con caridad, como se subsanarían carencias tan elementales como puentes de hamaca para que la gente no viva en riesgo inminente y permanente.  Se requiere asumir responsabilidad para hacer esas inversiones mínimas.

A pesar de las tragedias irreparables, el río Duchí sigue siendo indispensable y fundamental para la vida de la gente cabécar, pero hasta tanto no existan condiciones seguras para cruzarlo, también seguirá siendo un peligro irremediable.  Dentro del territorio cabécar el Duchí es entonces una amalgama de vida natural verde y animal ilimitada, belleza indescriptible y fuerza descomunal que cobra vidas humanas.

Fotos aportadas por el autor.

Cooperativas y otros privados en la subasta de la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

La discusión sobre el futuro del ICE y del modelo de electricidad de Costa Rica, o por lo menos el que tuvimos desde 1949 hasta la entrada en vigencia de las leyes 7.200 del 28 de setiembre de 1990 y 7.508 del 9 de mayo de 1995, tiene que ver con si se priorizan los negocios privados frente al modelo de servicio social con preponderancia pública por medio del ICE.

La esencia de los proyectos que se tramitan en la Asamblea Legislativa es elevar los topes de producción privada en más del 100% y permitir la exportación de los generadores privados cobijados con las leyes 7.200 y 7.508, y de todas las empresas que operan en el país. En el artículo 46 del expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, se establece que cualquier empresa que tenga “una concesión para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación de electricidad para el servicio público, bajo los alcances de la Ley 8723, se encuentran autorizados adicionalmente para poder utilizar dicha concesión de fuerza hidráulica para generar energía en toda su capacidad y poder colocarla en el mercado nacional con cualquier agente mayorista u otra distribuidora o comercializadora de electricidad distinta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como en el Mercado Eléctrico Regional, previa autorización del MINAE”.

La posibilidad de que cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales y otras empresas privadas transen en el mercado privado local y centroamericano se establece en muchos artículos como el 5 del expediente #22.701 según el cual “los generadores de electricidad habilitados en esta Ley, como agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER)… están autorizados para participar en la venta de excedentes de energía en el MER en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, y de conformidad con el Tratado”. Los expedientes #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”, son apéndices del expediente #23.414 y reafirman algunas de sus prerrogativas particulares.

Según el expediente #22.561 son excedentes “la producción de electricidad remanente disponible, una vez que se han cubierto las necesidades de autoconsumo y la demanda nacional dentro del Sistema Eléctrico Nacional”, y agrega que la energía que no sea adquirida por el ICE “ya sea dentro del marco de un contrato vigente de venta de energía, o en los casos que no exista un acuerdo de venta activo y vigente, forma parte de los excedentes de energía”. Ya revisamos antes que los excedentes no son más que un supuesto para justificar el crecimiento de la oferta privada de todas las empresas sin importar su condición jurídica. Lo perseguido es aumentar la producción y eventualmente “brincarse” al ICE para pasar directo al mercado regional. Esto queda claro en el artículo 5 del expediente #22.701 ya mencionado, y se repite con las mismas letras en el artículo 5 del expediente #22.561. Para que no haya restricciones se establece que la exportación de energía al MER “no dependerá bajo ningún motivo, de la existencia de un contrato con algún agente nacional, quedando por lo tanto facultados, sin necesidad de ningún trámite adicional”.

El artículo 1 del expediente #22.561 fija el objetivo del proyecto en “habilitar como agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER) a las empresas privadas de generación de electricidad de Costa Rica constituidas bajo el marco de la Ley N° 7200”, lo cual incluye los proyecto BOT de hasta 50 megavatios, “y a las demás empresas y cooperativas generadoras de electricidad de Costa Rica para que puedan participar en la venta de excedentes de energía que no se requiera para atender la demanda nacional”. Este artículo se “amarra” con el artículo 6 que repite cuáles son las empresas, pero ambos cobran sentido si se revisan en paralelo con el proyecto #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales”. Este texto da a las cooperativas y otras empresas las mismas prerrogativas de topes de producción de electricidad de 20 megavatios para las empresas bajo la ley 7.200 y de 50 megavatios para la 7.508, con el agregado, en ambos casos, de que pueden generar electricidad “hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional “ (Artículo 2).

Pero sin duda la entrada colosal al mercado privado para las empresas cooperativas, municipales y distribuidoras es el artículo 3 del proyecto #22.701 que adiciona a la ley 8345 del 26 de febrero de 2003, un artículo 9 bis, gracias al cual “Las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales amparadas a la presente Ley están habilitados para la compra de la energía producida por los sujetos establecidos en la ley 7200, celebrando los contratos respectivos con dichos sujetos y de acuerdo con las necesidades de demanda identificadas”. En adelante será difícil para empresas que teóricamente persiguen fines solidarios y de justicia en la fijación de tarifas, mantener esos ideales transando con otras que no ocultan regirse por su tasa de ganancia.

Dado que todos los proyectos de ley en discusión repiten sobre beneficios de la apertura y la competencia en los precios de la electricidad que paga la gente consumidora, vale la pena mencionar informes de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía, de la Contraloría General de la República sobre los costos de producción de electricidad de algunas de las empresas. En el Informe R-DFOE-AE-01-2017, 01 de marzo 2017, dice la CGR: “los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, en su mayoría son superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), en un promedio de 7 centavos de dólar por kilowatt hora (c$/kWh)”, mientras que el proyecto Bijagua de Coopeguanacaste R.L. tiene un costo de 11,6 c$/kWh. En plantas eólicas el costo aceptable es de 12 c$/kWh, “pero Valle Central de la CNFL, S.A. tiene un costo de 18,4 c$/kWh y los Santos de Coopesantos R.L. de 16,3 c$/kWh.”

En el INFORME N.° DFOE-AE-IF-15-2016 del 23 de diciembre, que revisa el “Costo nivelado de la energía por tipo de recurso energético en c$/kWh, periodo 2010-2017” se explica que el proyecto Los Santos de Coopesantos R.L, que opera desde noviembre 2011, tiene un costo nivelado de 16,33 c$/kWh “muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento. En la revisión del “Costo de inversión unitario de la potencia instalada ($/kW)” Los Santos de Coopesantos R.L. tienen costos de inversión de 2.847,1 $/kW, mucho más alto que el promedio mundial de 2.100 $/kW. 

Los elevados costos de generación de estas y otras empresas, sumadas a la visión mercantil de las empresas privadas generadoras, dejan abundantes dudas sobre los supuestos beneficios para la gente que pueda tener la apertura del mercado eléctrico. Más bien podríamos pensar en que, eventualmente, sean consumidores de la región quienes también asuman esos costos mucho más altos que los de las empresas eficientes del mundo.

Exportar excedentes de electricidad: una mentira para asegurar negocios privados

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

Aumentar la generación privada de electricidad usando todas las fuentes disponibles en el país y asegurar espacios igualitarios con el ICE en distribución y comercialización en el país y en el mercado centroamericano, son los objetivos comunes de los 3 proyectos que están en la Asamblea Legislativa, expedientes #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”.

Esos proyectos no responden a “necesidades nacionales” para atender el servicio social de electricidad; responden a la meta de los generadores privados de no perder su negocio en tiempos en que el ICE decidió no renovar automáticamente algunos contratos con esas empresas privadas. En todo caso no debemos ser optimistas pues en el “Informe Ejecutivo del Plan de Expansión de la Generación 2020-2040” del ICE, con fecha marzo 2023, se contemplan contratos con privados hasta el año 2026. Para el 2024 “Se agrega, como proyectos fijos, el 100% de las plantas que están ociosas, suponiendo contratos de dos años para comprar energía durante el 2024 y 2025”. Dice el Informe que “el modelamiento de la extinción de los contratos de generación privada se hace para conocer con mayor precisión las necesidades de capacidad futura y no significa el retiro o cancelación de activos que prueban ser valiosos para el sistema” (PGE, p.23). En la revisión de este plan de expansión debemos preguntarnos si hay colusión de objetivos entre la actual dirección del ICE del Gobierno de Chaves y los generadores privados. En menos de un año están presentando este nuevo plan de expansión de la electricidad que refuerza a los generadores privados.

Desde hace mucho tiempo los generadores privados han insistido en ampliar su participación en el mercado eléctrico, y eso resulta imposible sin debilitar el carácter social del ICE. Ahora, de nuevo, eempresarios privados y diputado.as repiten lo escrito en el expediente legislativo #23.414: que venderán excedentes de electricidad privada en el Mercado eléctrico regional, MER; pero esa mentira se desdice con el texto del mismo proyecto de ley. El expediente #23.414 de “Armonización” dice en su artículo 40 que “Los productos eléctricos que resulten de los desbalances contractuales o de los excedentes extracontractuales, se deben ofertar en forma obligatoria al Mercado Eléctrico Nacional. Los que no son despachados y adquieren la condición de excedente de energía, podrán ser ofertados por cada agente nacional en el Mercado Eléctrico Regional”, y añade que “aquellos excedentes de los contratos que no se utilicen para la satisfacción de la demanda nacional, podrán ofertarse en forma automática en el mercado de ocasión nacional o en el Mercado Eléctrico Regional”.

Decimos que es mentira que se busque únicamente la venta de excedentes, pues el artículo 44, que expone sobre la “potencia de los activos de generación privada” indica que “el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) podrá contratar plantas de generación privada, según se establece en la ley No. 7200 y sus reformas, de hasta una potencia máxima de 50 MW, referido al Capítulo I, y de hasta 100 MW para compra de energía bajo régimen de competencia, para proyectos bajo la modalidad Build Operate Transfer (BOT por sus siglas en inglés) de la ley No. 7508”. Si lo que se busca es la venta de excedentes únicamente, lo propio es medir un eventual “excedente” a partir de la potencia autorizada en la legislación actual, que es de 20 megavatios para los proyectos bajo la ley 7.200 y de 50 megavatios para los que se pueden construir bajo la ley 7.508. Pero en el caso de la primera ley, buscan que se aumente más de un 100% su potencial pasando de 20 a 50 megavatios y los proyectos bajo la ley 7.508 pasarían de 50 hasta 100 megavatios. Es evidente que si se persiguiera exportar “excedentes” este artículo no se hubiera incluido.

Pero el proyecto de ley es muchísimo más ambicioso. El artículo 53 se orienta a permitir la construcción de megaproyectos, cuando dice: “Se reforma, de forma parcial, la Ley No. 7200, Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, del 28 de septiembre de 1990, en las siguientes disposiciones: Se reforma el artículo 7. El Texto es el siguiente: “ARTICULO 7.- El Ente Operador del Sistema, o el Ministerio de Ambiente y Energía en alzada, podrá declarar elegible un proyecto para la explotación de una central de limitada capacidad, siempre y cuando la potencia, por concepto de generación paralela, no llegue a constituir más del quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional”.

Si tomamos como referencia la capacidad efectiva instalada del sistema eléctrico nacional de 3.482 megavatios que se indica en el ICE en el Plan de Expansión de la Generación 2020-2040, un 15% son 522 megavatios. Esto le daría a cualquier empresa privada la potestad de presentar y solicitar la construcción de megarepresas o proyectos de generación de cualquier fuente, con un riesgo inminente sobre los ecosistemas y las comunidades, y además sobre espacios en los cuales hasta hoy se han mantenido restricciones, como territorios indígenas y áreas silvestres protegidas de distinta categoría. Permitir proyectos y esta magnitud supone un riesgo incalculable. Los generadores siguen valorando únicamente la ventaja financiera de la generación, pero no sus impactos; eso aplica para cualquier ecosistema y comunidad del país.

Los otros 2 expedientes 22.561 y 22.701 que mencionamos, son técnicamente débiles y están mal redactados. Parecen más bien extensiones sin integrar al de “armonización” y repiten su articulado enfocado a la incursión en el mercado regional, con beneficio directo para otras empresas. Es notable que los proyectos de ley igualan la finalidad de negocio y lucro entre generadores privados, empresas distribuidoras, grandes consumidores, empresas de servicios públicos y las 4 cooperativas que operan en el país. ¿No se supone que al menos las cooperativas tienen fines de beneficio colectivo y solidario? Esto lo analizaremos posteriormente.

Privatizar y desnacionalizar, sí son decisiones ideológicas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

En el debate sobre apertura, privatización y exportación de electricidad privada, la diputada del Partido Liberal Progresista, PLP, Kattia Cambronero dijo que “en un tema tan importante como el tema de energía, tenemos que hablarlo y tenemos que hablarlo desde una perspectiva técnica, no ideológica. No se vale la ideología cuando lo que estamos haciendo es empobreciendo cada día más a los costarricenses”.  Este es el discurso de todos los partidos que buscan debilitar al ICE y acabar con el servicio social de la electricidad; por ahora revisaremos la coincidencia entre algunos textos del PLP y el proyecto de ley expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”.

No vale la pena perder tiempo repitiendo los manuales (como los del Banco Mundial) de los cuales copian para tratar de convencer de que disponer de servicios públicos básicos como la electricidad, gracias a una alta inversión estatal, es una cuestión puramente “técnica” y no de orden ideológico.  Cualquiera que haya estudiado lo básico de historia y políticas sociales, entiende que la creación y consolidación de Estados sociales y de derecho, como el de Costa Rica, es un asunto de escogencias políticas e ideológicas.  La verdad no es que importe “discutir” con alguien en particular, pero desgraciadamente ése es el nivel de debate en la Asamblea Legislativa de quienes defienden la privatización del sector eléctrico.  Sus tesis son vergonzosamente rudimentarias y calcadas, precisamente, de le prédica ideológica de la privatización.

En el Plan de Gobierno 2022-2026  del Partido Liberal Progresista, que ostenta el patriarcal título “Es tiempo de valientes”, se expone con claridad el apoyo a la privatización.  En el apartado “Apertura de los monopolios en el sector eléctrico”, se puede leer: “Impulsaremos la apertura real del sector eléctrico, para que así, el sector privado tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones tanto en generación como comercialización”.  El PLP no ha presentado ningún proyecto de ley a la Asamblea Legislativa pero se ha plegado por completo a las propuestas de ley Expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, Expediente #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y Expediente #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”, que coinciden plenamente con su posición ideológica privatizadora y anti estatista, y más claramente en contra del ICE como entidad de servicio público.

El proyecto de “armonización” argumenta en extenso sobre la “necesidad” de apertura del mercado eléctrico en beneficio del empresariado privado tanto nacional como internacional.  Este proyecto no busca transformar al ICE, como se ha dicho, sino más bien disminuirlo y desmantelarlo pues coloca a todas demás empresas privadas del sector eléctrico en condición de igualdad con éste, pero, además, poniendo a disposición de los privados la infraestructura estatal para la venta de electricidad dentro del país y eventualmente en el mercado regional, usando el sistema de interconexión regional SIEPAC.  La propuesta va más allá de proyectos anteriores pues amarra a otros participantes del mercado eléctrico como cooperativas y empresas de servicios públicos y hasta “consumidores de alta tensión” a los mismos privilegios que buscan para los tradicionales generadores privados.  Esta idea se incluye en el artículo 37 que dice:  “Son Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) las personas naturales o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como los grandes consumidores de energía eléctrica indistintamente de su naturaleza pública, privada o mixta”.  En la lista de “agentes” del Centro Nacional de Control de Electricidad del ICE se registran “grandes consumidores” como Florida Bebidas, APM Terminals, Intel, Holcim, Bridgestone, los Ingenios Taboga y El Viejo, entre otros.  Recuérdese que Azucarera El Viejo e Ingenio Taboga también son generadores privados de electricidad.

En vista de que los proyectos que se discuten ahora en la Asamblea llenan las expectativas de los generadores privados, y despojan al ICE de sus tareas como institución rectora del sistema eléctrico nacional, no ha sido necesario que el PLP gaste tiempo redactando o presentando su propuesta de “Ley Marco del Sector Energía que promoverá la competencia, la descentralización, la penetración y la adopción de nuevas tecnologías” (p.69) que menciona en su Plan de gobierno.  Esas propuestas de apertura, privatización, exportación privada de electricidad son compartidas por todos los partidos políticos que apoyan los proyectos de ley en discusión.  Ese discurso se puede resumir en la pretensión del PLP que se orienta a un nuevo sector Energético “simplificando, modernizando y reemplazando una serie de leyes y normativas que en conjunto generan proteccionismo, incluyendo las leyes N.º 449 y N.º 8660 para el ICE, la Ley N.º 7200 y N.º 7508 para generadores privados, la Ley N.º 7593 de la ARESEP” (p. 70).  Sin duda el PLP dedicó tiempo a pensar en el desmantelamiento del ICE, pero el partido gobernante, en cuyo panfleto de programa de 24 páginas de enunciados generalísimos, ni siquiera menciona cuál es su propuesta en materia de energía y electricidad.  Esa carencia total de pensamiento y propuesta explica la alianza del Ejecutivo y su fracción parlamentaria con los otros partidos neoliberales, a tal grado de que el presidente de la República gasta tiempo para hacerle campaña de reelección como presidente de la Asamblea Legislativa a uno de los beneficiados de la generación privada, como es Rodrigo Arias Sánchez.

El PLP expone que “Las políticas públicas en temas de energía enfocarán sus esfuerzos de negociación con las autoridades respectivas de los países de la región” para lo cual apuntan a las “Alianzas Público Privadas” (p 70-71) y plantean el mismo objetivo que persiguen los proyectos en debate y otros en anteriores administraciones cuando indican: “…sentaremos las bases para que el sector privado pueda desarrollar proyectos para transaccionar en el Mercado Eléctrico Regional (MER) y en el Mercado Eléctrico local con seguridad jurídica” (p 72).  Eso es lo mismo que propone el expediente N°23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional” en su artículo 5 “Participantes en los servicios públicos de electricidad”.  Este artículo mantiene como servicios públicos la “generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica”, pero agrega que “se considera también servicio público, la generación eléctrica privada derivada de contratos suscritos con el Estado”, lo cual le da condición similar al servicio público prestado por el ICE que a los negocios de las empresas privadas.  De eso se trata la nueva “seguridad jurídica”.

“Desideologizar” el debate sobre el mercado eléctrico nacional no es más que una manera de ocultar que en la Asamblea Legislativa, excepto el Frente Amplio, todos los demás  partidos están haciendo un “valiente” trabajo para beneficiar al grupo de empresas privadas que por décadas han saqueado las finanzas del ICE y de la sociedad costarricense, incluidas las empresas del presidente de la misma Asamblea.  Amparados en esa componenda entre el Gobierno y la Asamblea es que mienten diciendo que los generadores privados venderán “excedentes” de electricidad en el mercado regional centroamericano; pero esta es otra falsedad la discutiremos luego.

Hipatia y las “bestias triunfantes”

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

Ninguna fecha mejor para recuperar a Hipatia de Alejandría que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vivió aproximadamente entre 370-417 de esta era y seguirá siendo una de las personas más eminentes de la humanidad. Fue maestra en la Biblioteca de Alejandría, donde se concentraba la esencia de todas las expresiones del pensamiento, el arte y la ciencia de su época; es decir, todo lo que era incompatible con el oscurantismo cristiano que ya daba señales de la masacre de vidas y de pensamiento disidente que desataría después.

Su universal inteligencia y formación como filósofa neoplatónica, matemática, astrónoma e investigadora, traspasaron todos los parámetros de su tiempo y de su espacio. Y todo lo hizo en absoluta disidencia por ser mujer y por no someterse al cristianismo. No renunciar a la búsqueda de conocimiento provocó el odio desmesurado contra ella.

Cuando Hipatia caminaba por Alejandría, dice Carl Sagan, eran tiempos en que “…la esclavitud, el cáncer del mundo antiguo, había robado a la civilización clásica su vitalidad”. El otro flagelo que ya se estaba imponiendo, fue la fusión del poder romano con el cristianismo, cuyo alcance quedaría bien claro luego del Concilio de Nicea en 324. Pero Hipatia los desafió a todos.

Las narraciones y escritos permiten confirmar que el Obispo de Alejandría, Cirio o Cirilo que asumió ese cargo en 412, despreciaba a Hipatia como intelectual, pagana/atea y simplemente por ser mujer y por no ajustarse y cumplir la “palabra de dios” en cuanto a lo que debía hacer y ser una mujer. Cirilo invocó la biblia para declararla fuera de la ley de dios y provocó su asesinato, mismo que consumó una turba de cristianos furiosos. Fue apedreada, vapuleada y desollada viva. Luego fue descuartizada y quemada. En la película “Ágora” de Alejandro Amenábar, quien la mata estrangulándola es un esclavo enamorado de ella, pero igual esa versión “suavizada” de muerte es brutalmente violenta. Apenas muerta, a Cirilo lo declararon “Santo y Doctor” de la iglesia.

Pasaron mucho más de 1.200 años hasta que Johannes Kepler, gracias a que sumó a sus teorías los experimentos de Tycho Brahe, confirmara la órbita elíptica de los “vagabundos”/planetas que Hipatia había visualizado. Ese letargo reafirma que la humanidad puede vivir regida por un error por más de mil años. Pero en realidad podemos decir que en muchos aspectos esa modorra perdura hasta hoy, en muy buena medida por el avasallador peso de las tantas derivaciones del cristianismo. En su célebre “A hombro de gigantes” Stephen Hawking (2004), hace un recorrido por los aportes de algunos eminentes hombres de ciencia como Galileo, Kepler, Copérnico, Newton, Einstein, pero ni siquiera menciona a Hipatia, aunque sus experimentos para descubrir las órbitas elípticas ayudaron a abrir una nueva era en la astronomía, en la que los movimientos de los planetas podían ser predichos.

Los experimentos sobre gravedad que realizó Galileo Galilei en la torre de Pisa ya habían sido pensados y en parte realizados por Hipatia. Su legado también se relaciona directamente con la superación del universo geocéntrico de Ptolomeo que imperó hasta el renacimiento europeo. Es decir, la historia de la ciencia y de la humanidad en general, hasta nuestros días, se sigue escribiendo desde el patriarcado. Aunque Carl Sagan no menciona a Hipatia cuando habla de la órbita elíptica de Kepler, sí dedica mucho tiempo a explicar sus abundantes aportes en muchos campos del conocimiento y aborda su vida de manera integral.

Asesinar Hipatia y desaparecer la Biblioteca de Alejandría fueron apenas las primeras escenas de una tragedia inusual y delirante que instaló y multiplicó ignorancia con la inquisición de la iglesia católica tanto en Europa como en América. La “cacería de brujas” católica provocó que todas sus víctimas mujeres fueran aniquiladas en la tortura y la hoguera. Todos esos crímenes, igual que el de Hipatia, fueron feminicidios.

La misma iglesia que había asesinado a Hipatia también prohibiría el conocimiento de Kepler y Copérnico en 1620. Y claro, fue la misma que el 19 de febrero de 1600 prendió fuego a Giordano Bruno luego de que el hereje excura (que jamás se retractó, como sí lo hizo a medias Galileo Galilei ante sus inquisidores), la desafiara hasta en último minuto diciéndoles “Es mayor vuestro miedo a pronunciar mi sentencia que el mío a oírla”, según relata James Reston Jr. en su biografía de Galileo (1996, p.90). “Bestia triunfante” llamó Giordano Bruno al papa Pablo V, autoridad máxima de la “Compañía de la misericordia y de la piedad”, que lo torturó y encendió la hoguera.

Tras la muerte de Hipatia, la Biblioteca de Alejandría fue destruida del todo luego de haber sido convertida en un establo de todo tipo de bestias, gracias a las concesiones del imperio romano a los cristianos. Carl Sagan dijo que “…los últimos restos de la biblioteca fueron destruidos al año de la muerte de Hipatia. Es como si toda una civilización se hubiera hecho una especie de cirugía radical del cerebro de forma que la mayoría de sus recuerdos, descubrimientos, ideas y pasiones fueron borrados irrevocablemente”. Lo peor de todo es que los mismos versículos que recitó Cirilo contra Hipatia se siguen repitiendo hoy, cuando hombres patriarcas, misóginos, cristianos de cualquier estirpe, vestidos de sotana o corbata, y desgraciadamente también mujeres patriarcales, pretenden seguir definiendo cuáles son los derechos de las mujeres y decidir incluso sobre su propio cuerpo.

La herejía de ser Tatiana

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán Castro

Sociólogo ITCR, ecologista FECON

En este país nadie conoció más a Pa Blu Presberu que Tatiana Lobo Wiehoff. Eso no es exageración. Es la constatación de que se metió por completo en la historia de Costa Rica desde el lugar más alejado de la banalidad y los simplismos. Escogió para escribir los asuntos incómodos y desconocidos. Hizo algo así como estripar los diviesos de la historia. Presberu es sólo un ejemplo, entre muchísimos, sobre cómo Tatiana desmontó el discurso del poder con sus escritos y verbo meticuloso y puntilloso. Sus argumentos resultaban tan fundamentados como irrebatibles.

Dedicó muchísimo de su tiempo a estudiar las historias oficiales para demolerlas con una incisiva erudición que molestaba a mucha gente. En sus novelas, reeditadas y premiadas, pasó revista por muchos episodios de la historia anclados en las mentiras del imaginario social y del discurso del poder patriarcal, racista y clasista. Desmontó cada ladrillo de la postal puritana del país. Nos dejó también textos abiertos para continuar investigaciones incómodas como “Parientes en venta”, que resultaban de sus interminables búsquedas en los archivos no deseados del país.

A la casta intelectual difusora del discurso del poder, para nada le encantaba que se pintara la Plaza Mayor de Cartago como el principal sitio de venta de esclavos durante la colonia, porque la esclavitud, como un negocio perfectamente instalado, siempre se intentó negar. En esa obra nos dejó una amenazante propuesta de por qué se habla de “hermanitico” en Costa Rica, “parentesco simbólico que pudo haber surgido del esclavo medio-hermano, que no por estar ligado con lazos de sangre a la familia del amo escapaba a su valor principal: el monetario”. Muchos de los papeles amarillentos de la historia oculta de Costa Rica fueron copiados y transcritos por Tatiana en larguísimas jornadas en la Curia Metropolitana, cuyas puertas le fueron cerradas luego de que le regalara al mundo su “Asalto al paraíso”. Pero por dicha ya había escudriñado demasiado como para entregarnos otras grandes obras como “Entre dios y el Diablo. Mujeres de Colonia. Crónicas”.

Muchas veces compartimos sus manuscritos y papeles que luego serían sus libros. Revolcamos sus cajas y torres de letras a la espera de ser revisadas para escurrirles descubrimientos que resultarían indeseables y agrios para las cabezas conservadoras. Nos pasamos muy buenas horas alrededor de otras historias como “La otra historia de Estados Unidos” de Howard Zinn, o las correrías y negocios de Juanito Mora tan alejados de la inmaculada imagen del prócer intachable. En la pluma de Tatiana todos estaban propensos a ser escudriñados y asoleados. En su discurso, con todas las evidencias del caso, cualquier “prócer” intocable, antiguo o moderno, quedaba en la vitrina como el corrupto, mentiroso o demagogo que hubiera sido.

Hablamos mucho de su trabajo cultural en los pueblos originarios, cuyos conflictos siguen vivos por el desconocimiento y no aplicación de sus derechos. Como símbolo, la foto del texto de la sentencia de Pa Blu Presberu, es sin duda un documento cuya fuerza siempre servirá para mantener despierta la lucha por los derechos de esa población. Esos papeles no hay que guardarlos, sino mostrarlos y compartirlos, sobre todo en estos tiempos de “hiperproducción en los que la humanidad se ha olvidado de ser inteligente”, como reclamada Óscar Wilde. En fin, compartimos desaprendiendo las historias oficiales y buscando una comprensión con mente propia del pasado y la actualidad de nuestros países y pueblos. En esa tarea permanente e impostergable, Tatiana nos deja un aporte inconmensurable.

Ojalá que las nuevas y futuras generaciones, con tanta gente distanciada de los libros, se permitan la oportunidad de sumergirse en los libros de Tatiana, y que las personas jóvenes, como su nieto Nicolás Durán Blanco, que tuvo el privilegio de “pasarle” a computadora algunos borradores y ser dedicado junto con Adela Pita en “Asalto al Paraíso”, nunca se cansen de multiplicar su abundante, desafiante y dichosamente hereje legado.

Tatiana, a pesar de haber nacido en Chile, se hizo más costarricense que la mayoría de acá en términos de conocer, desmitificar, criticar y trabajar para mejorar este país al borde del despeñadero. Ella es un ícono de la inteligencia frente a las mentiras oficiales y la estupidización como mecanismo de control social; por eso marcó un cambio de rumbo en la literatura costarricense.

Electricidad en la COP27: energía in-sostenible y más pobreza

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro/ Sociólogo ITCR
FECON Costa Rica/Rivers for Climate Coalition

En un artículo anterior relacionado con el agua en la COP27 señalamos que dentro de los modelos sociales que rigen la economía mundial, es imposible cumplir objetivos de la Agenda 2030 como “6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y “7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”.  En este artículo revisamos algunos datos de pobreza y acceso o exclusión del servicio básico de electricidad.  Concluimos que no será posible garantizar ese servicio, mientras no se asuma que sin justicia social es imposible la justicia climática, y que las “energías limpias” nunca serán una solución efectiva si sólo resultan “sostenibles” en el norte y para las élites del mundo, gracias a la destrucción de los ecosistemas, principalmente en el sur.

MÁS REPRESAS, PERO MÁS POBRES SIN ELECTRICIDAD

Lejos de avanzar para cumplir los objetivos 6 y 7 de la Agenda 2030, los resultados del modelo social actual dan cuenta de la creciente inequidad que se refleja en el aumento de las fortunas de pocas personas y de empresas corporativas, frente a la pobreza de más de mil millones de personas que entre otras privaciones, no disponen del servicio básico de electricidad. Otro resultado catastrófico del modelo energético actual, aunque no divulgado ni aceptado, es el aumento de ecosistemas destruidos, mientas se sigue hablando de energías “verdes y sostenibles”. A pesar de esos desequilibrios insalvables del modelo, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA siglas en inglés), que realizó en 2021 su congreso mundial en Costa Rica, lleva un mensaje a la COP27, pidiendo “desbloquear las barreras para el desarrollo hidroeléctrico ahora”, y lanzan, entre otras demandas, “que las inversiones en hidroelectricidad sean incentivadas en mecanismos financieros y simplificación de licencias”.  Todo eso en contradicción directa de organizaciones y pueblos en todo mundo que ven la electricidad como parte de una matriz energética destructiva, violatoria de derechos humanos y aceleradora del cambio climático.

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Darle acceso a electricidad a toda la gente y sobre todo a la más pobre, según sugiere el texto del objetivo 7, requiere un cambio social que implica sustituir las reglas del mercado por unas que garanticen equidad social, protección efectiva de los ecosistemas en la producción energética y la superación de la falacia de la hidroelectricidad como energía limpia y sostenible. Requiere también aumentar la investigación para el desarrollo de tecnologías limpias, o al menos de mínimo impacto destructivo.  Pero la equidad y la protección de los ecosistemas no son componentes del modelo actual.  A partir de estudios de organizaciones como las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión económica para América Latina, CEPAL, podemos confirmar que desde hace décadas se aceleró la tendencia de los gobiernos, las corporaciones multinacionales y las empresas nacionales, hacia la inversión energética que da prioridad a la acumulación de riqueza.  La ONU ha reconocido que cerca de 1200 millones de personas en el mundo viven sin electricidad. Esto es más que notable y contradictorio pues el ritmo de producción de esta energía no se ha detenido en ningún momento y a ningún consumidor final se le regala, lo cual indica un flujo permanente de ganancias para las empresas estatales y privadas. La pregunta es para qué y para quiénes se genera energía, y particularmente electricidad.

Para cumplir el objetivo 7 de la Agenda 2030 lo mínimo esperable es que las personas tengan acceso a energía estable y con precios razonables de acuerdo con su condición socio económica.  Pero los datos indican que a pesar de que se siguen eliminando y deteriorando ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, como los ríos, el suelo, el subsuelo y el aire, la gente más pobre no tiene electricidad.  De acuerdo con el estudio “La energía en América Latina y el Caribe”, de mayo de 2022 de la CEPAL, en América Latina el acceso desigual a la electricidad está completamente marcado entre zonas urbanas y rurales y entre gente rica y pobre.  De la gente que integra el 20% más pobre de la población, un 12%, más de la mitad, no tiene acceso a la electricidad y si agregamos otro 20% de la población, resulta que 18 de cada 40 de las personas pobres viven sin electricidad.

Las evidencias son tristemente contundentes. Como es sabido durante la pandemia de la Covid 19 desmejoraron muchos indicadores de bienestar social.  En setiembre de 2022 la CEPAL indicó que en América Latina“…75 millones no tienen acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar, lo que exacerbó la pobreza y vulnerabilidad durante y después de la pandemia.  Esta situación se puede ver agravada por el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto de la guerra en Ucrania”, como de hecho ha ocurrido.

No es de necios insistir en que será imposible vincular positivamente el servicio de electricidad con la calidad de vida de la gente, cuando la inequidad sigue creciendo y todas las crisis impactan negativamente, más rápido y más fuerte, a quienes viven en pobreza.  La Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL (2020) en su “Informe Covid-19. Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”,  advirtieron sobre las repercusiones diferenciadas de la crisis entre pobres y no pobres, e incluso sobre los peores impactos para las mujeres pobres: “la crisis afectará más gravemente a las mujeres, ya que estas representan más del 60% de la mano de obra en los sectores de alojamiento y servicios de alimentación y el 72,8% de la fuerza de trabajo en el sector de la atención de la salud…”

Pero incluso, entre toda la gente pobre y las mujeres pobres, hay grupos sociales más vulnerados y excluidos como las poblaciones indígenas y afrodescendientes, quienes, además de la pobreza material, enfrentan muchas otras expresiones de discriminación, racismos y exclusión por su origen étnico, neocolonialismo cultural moderno, escaso y desigual acceso a la justicia, o a veces nulo.  En América Latina, según la CEPAL, “la proporción de la población indígena y afrodescendiente sin acceso a la electricidad, en promedio, duplica y, en algunos casos, triplica a la proporción respectiva de la población no indígena ni afrodescendiente”. 

La gente pobre no sólo es la que tiene menos acceso a la electricidad, si no que es también la que paga proporcionalmente una factura mucho mayor por la electricidad con respecto de sus ingresos y la que tiene menos acceso a tecnologías modernas.  Con mucho optimismo la CEPAL sigue llamando a los gobiernos a “invertir anualmente 2,6% del PIB regional durante los próximos 10 años -para- universalizar el acceso a los servicios básicos de agua potable, saneamiento y electricidad, sin dejar a nadie atrás”.  Particularmente “en el sector eléctrico, incluyendo la utilización de tecnología renovable (i.e. solar y eólica) en línea con las metas del ODS 7, se debe invertir un 1,3% anual del PIB regional durante 10 años”.  Pero estas inversiones, en el remoto caso que se implementaran, no servirán si no están orientadas asegurar que se logre el acceso de la gente más pobre a esos servicios.  De lo contrario, la brecha entre los que pueden derrochar energía, que son las élites de los países, y el resto de la población, se irá ensanchando cada vez más.

Otro factor que generalmente es presentado como un gran beneficio, es la generación de empleo en la construcción de proyectos energéticos en general y de las hidroeléctricas en particular.  Pero ese empleo puede fácilmente ser una trampa: es apenas temporal,  no necesariamente cumple con las normas de seguridad laboral de cada país, en muchos casos se hace por medio de subcontrataciones de empresas locales para evadir responsabilidades directas por parte de las empresas dueñas de los proyectos.  En fin, ninguno de estos empleos es “verde” ni “sostenible” ya que vulnera y destruye ecosistemas, y no resuelve la pobreza permanentemente.

EL MODELO SOCIAL ACTUAL NO ADMITE CAMBIOS POSITIVOS

Para asociar, en la práctica, la economía, la equidad y el cuidado de naturaleza, se requiere un cambio radical de visión; un cambio de paradigma, que permita re-inventar la matriz energética, y particularmente la hidroelectricidad.  No se trata prometer que la gente más pobre tendrá acceso al servicio de electricidad, pues el mercado no resuelve la desigualdad social ni cuida los ecosistemas.  Se requiere convertir la producción, distribución, almacenamiento y consumo final de la energía y de la electricidad, en servicios orientados a satisfacer las necesidades de la gente y no de los negocios.  Por esto es que las demandas fundamentales de organizaciones que integran Rivers for Climate Coalition, cuestionan estructuralmente los modelos de economía y de energías actuales y piden la “Prohibición de fondos comprometidos bajo el Acuerdo de París para la construcción de nuevas represas hidroeléctricas” y exigen a todos los países “eliminar nuevas represas hidroeléctricas de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC)”. En todo el mundo se está desarrollando una campaña con el lema “Los acuerdos climáticos no deberían apoyar las represas”, para pedirle a la ONU no incluir las hidroeléctricas bajo el “Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)”, mediante el cual éstas “pueden vender créditos de carbono, también conocidos como Créditos Certificados de Reducción de Emisiones o CER”. Ya la ONU reconoció 1.965 represas en los MDL, y ésa es una línea que se debe revertir.

La electricidad siempre ha sido un detonador de destrucción de ecosistemas y a la vez de acumulación de riqueza, problemas que no se discuten en los foros oficiales ni empresariales. En países como Costa Rica donde casi el 100% de la población tiene acceso a la electricidad, uno de los problemas fundamentales es que una parte de la electricidad, la que producen las empresas privadas locales y extranjeras, no se genera en función de las necesidades de la sociedad, si no que es un negocio extremadamente lucrativo para un reducido segmento empresarial que sobrevive gracias a que desde hace más de 3 décadas, el Estado ha sido obligado a comprar su energía aunque la demanda esté satisfecha con la electricidad pública.  Pero además de los pagos elevados por esa electricidad privada, innecesaria, la riqueza de esos generadores se ha elevado con “sobre-pagos” que alcanzaron 23,8 millones de dólares en apenas 18 meses, entre diciembre de 2017 y mayo del 2019”.  Entre 2010 y 2018 el pago por electricidad privada fue de 2.049,00 millones de dólares, un monto en extremo elevado en la escala de la economía de Costa Rica.

Esas “estafas legales” ocurren también en cualquier otro país donde los negocios estén por encima del bienestar colectivo, del cuidado de las finanzas públicas y de la economía de las familias.  En agosto del 2021 se dio a conocer en Inglaterra, Francia y España que la empresa Iberdrola había vaciado el embalse de Ricobayo (en España) en medio de una de las peores sequías de la historia, con el fin de vender electricidad a precios exorbitantes, mientras la gente sucumbía de calor y tenía que pagar facturas de electricidad también exorbitantes.  Pero, además, “Iberdrola, el segundo mayor productor del país, drenó las presas en las provincias de Zamora y Cáceres en el oeste de España durante un período de unas pocas semanas para producir energía hidroeléctrica barata mientras el precio para los consumidores está en un nivel récord”.   Tanto en Costa Rica como España, y en todo el mundo, se sigue hablando de hidroelectricidad “sostenible y limpia”, mientras mueren los ríos y los ecosistemas, y se privilegian las fortunas de los generadores de electricidad sobre los intereses colectivos.

Tanto a nivel de países, como entre zonas urbanas y rurales y dentro de éstas, la electricidad es un indicador de inequidad social consolidado.  El acceso a la electricidad es un resultado que se construye en periodos largos, y así como en las últimas décadas, o desde siempre, ha sido imposible que las personas más pobres tengan acceso justo a la electricidad y a la energía en general, es improbable, cuando no imposible, que en los próximos años se cumpla el objetivo 7 de la agenda 2030.  La justicia climática global obliga a revisar y cambiar los patrones de producción industrializada de la energía y también implica que cada uno de los costos por destrucción ecológica y pérdidas sociales como los desplazamientos forzados, el acoso, la intimidación y hasta los asesinatos, sean reconocidos, juzgados, castigados y resarcidos.  También es indispensable resolver con justicia, y no desde el mercado, las preguntas para qué y para quiénes se genera y consume energía y electricidad.

Si en la COP27 se mantiene la dinámica de diálogos para reiterar la catástrofe climática real que vivimos, pero no se logran compromisos vinculantes y obligatorios para los países y corporaciones más contaminantes, “nada cambiará en Inglaterra, excepto el clima”, como dijo el escritor Oscar Wilde. Absolutamente nada cambiará en el mundo, excepto el clima para empeorar, y seguiremos avanzando hacia la debacle, pero con responsabilidades bien diferentes entre las élites que acumulan la riqueza de manera indecente y se ahogan en la opulencia, y la gente pobre sin energía, sin electricidad, sin salud y sin comida.  Revertir el curso de la crisis climática actual jamás será posible sin justicia social.  A pesar de las buenas intenciones de miles de personas, los discursos y hasta las protestas no detendrán el cambio climático. Eso será inviable sin un cambio de las actuales reglas de mercado y sin reconocer las responsabilidades diferenciadas en la destrucción del planeta.  No es tolerable un modelo global de supuestas “energías limpias” en el norte, que sólo resulta “sostenible” por la destrucción  de los ecosistemas, el desplazamiento de pueblos enteros, e incluso los asesinatos y la esclavitud moderna en el sur.