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Etiqueta: Osvaldo Durán-Castro

Defender el FEES y salir a dialogar con la gente

Osvaldo Durán-Castro, profesor TEC, ecologista FECON

En una marcha de defensa del presupuesto de las U públicas de 2019 una estudiante llevó una pancarta que decía: “Abuela analfabeta. Madre primaria. Hija ingeniera”. Ésa es una excelente síntesis de resultados de la inversión en todos los campos y de la educación en particular y de haber tenido un Estado social robusto para mejorar la calidad de vida. En muchísimas familias costarricenses de clase media y pobres tenemos algo similar.

Foto: Osvaldo Durán-Castro – 2019.

En medio de la crisis de la educación un reto adicional de las U públicas es dialogar con la gente que no es parte de las comunidades universitarias. El Fondo Especial para la Educación Superior de Costa Rica, FEES, resulta desconocido y si las universidades no salimos a conversar, explicar y compartir con la población la misma crisis que nos ataca, estaremos cada día más aisladas y repudiadas. Si la gente no conoce lo que hacemos las U públicas, más allá de formar profesionales, seguirá persistiendo la mentira de que somos un reducto de gente vaga y privilegiada con salarios descomunales (ciertamente hay un reducido grupo de salarios elevados, pero la mayoría no disfruta de ningún privilegio). Es indispensable explicar cómo invertimos el presupuesto que recibimos porque si la gente desconoce lo que hacemos por medio de la ciencia, el arte, la educación en todas las materias y las culturas, a las cuales contribuimos, nos verán como el Gobierno desea que nos vean: innecesarias, cuando no como parásitos.

También hay que explicarle a la población las implicaciones del desfinanciamiento para la inversión social en salud, educación, electricidad, infraestructura, becas, programas de asistencia a la gente más pobre, etc. En otras palabras, la desaparición forzada de nuestro Estado social. Pero esa tarea puede resultar difícil porque, si somos autocrítico.as, debemos reconocer que hay gente dentro de las U públicas que sigue encapsulada, distante y desconocedora del otro mundo real que existe y subsiste afuera de las aulas.

El odio contra lo público hace que mucha gente crea que los 291.743 empleados públicos son los responsables de las crisis del país. Según el Banco Central en junio de 2024 la fuerza laboral de Costa Rica estaba integrada por 2.157.476 personas, incluidas 201.124 desempleadas. Este Gobierno y muchos anteriores han logrado crear una confrontación real, basada en desinformación, entre los empleados públicos y gran parte de la población costarricense que repite que esas menos de 300.000 personas son culpables de las crisis que vivimos; es tan absurdo como culpar a los ambientalistas por los desastres de Crucitas y de Gandoca Manzanillo.

La historia necia de que la plata de las universidades se va en salarios de lujo, se responde fácilmente si entendemos que el Ministerio de Educación Pública y las universidades tienen como tarea fundamental la enseñanza en las aulas. En el caso de las universidades, a la docencia en las aulas se suman la investigación científica especializada en muchísimos campos y la extensión y acción social que permiten atender y buscar respuestas a múltiples necesidades de comunidades, empresas privadas, grupos y organizaciones sociales. Esas tareas son las que aseguran que el país tenga una educación superior pública de calidad y cada vez con mejor impacto positivo. Las U públicas no son empresas privadas de educación; responden a necesidades colectivas y no a los negocios y el lucro financiero. Quienes realizan esa tarea de la educación son docentes y por tanto son quienes deben ser pagados. En el ministerio de obras públicas el rubro principal deben ser los contratos de construcción de carreteras, puentes y mantenimiento de la infraestructura en general, y ahí se gasta el dinero. En los hospitales es lógico que haya gastos elevados para el pago del personal que asegura todos los oficios de salud que se ofrecen. Todo eso es inversión social pública.

El diálogo Universidad-país debe darse en todos los espacios. Por ejemplo, en uno de nuestros grupos de Seminario de estudios costarricenses del TEC, dedicamos tiempo para crear explicaciones de la crisis de la educación, pensando en que hay que llevar esa información a la gente afuera de las U. En sesiones de trabajo de proyectos de extensión social como “Pueblos Originarios y Universidades Públicas” (POUP) y Declaratoria del Consejo nacional de rectores, CONARE, “2024: UNIVERSIDADES PÚBLICAS CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, también hemos dedicado tiempo para que ese grupo de trabajo y estudio de Pueblos originarios Cabécar/China Kichá, Bribri/Salitre, Brorän Térraba y Yäbamï dí Kátà/Cabagra, entre otros, conozca lo que está ocurriendo con el FEES y con la educación en general.

La población debe saber que las U públicas negocian su presupuesto en condiciones de desventaja impuestas por el Gobierno. La quinta y última sesión de intento de negociación del FEES 2025 fue en Casa presidencial aunque no era una sede consensuada. La reunión tardó apenas 1 minuto por insólito que parezca, pues el Ejecutivo sólo repitió que no habría ninguna negociación y que el monto del FEES 2025 se definirá en la Asamblea legislativa. Es la primera vez que esto ocurre en más de ochenta años de educación superior pública en Costa Rica. Luego de cerca de hora y media de espera en la calle y dentro del edificio, tras ese minuto, las 5 rectorías y la representación estudiantil, fueron poco menos que expulsadas de la Casa presidencial sin siquiera haber dialogado.

Esa imposición y falta absoluta de respeto desconocen que existe una amplia agenda de cooperación CONARE-Gobierno que incluye más de 40 proyectos, entre los cuales hay 14 en educación, 12 en el sector productivo y desarrollo nacional, 4 en salud, entre otros. Esto demuestra que las universidades, a pesar de que su autonomía especial les permite definir cómo ejecutar su presupuesto, mantienen diálogo y buscan consenso para trabajar con el Poder ejecutivo. Con el mismo Gobierno desde hace años se definieron 11 criterios, 25 indicadores, parámetros de medición de resultados y otras pautas de medición y rendición de cuentas, que permiten saber con claridad cómo se ejecuta el presupuesto y el impacto que tienen las U públicas en la sociedad. Todo esto ha sido desconocido por el Ejecutivo.

El pasado 23 de agosto la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, expuso en un foro que en la sesión del 11 de junio el ministro de Hacienda propuso “un 1% de crecimiento para el FEES 2025, que corresponde a ₡5.761 millones (presentación basada en datos inconsistentes, que el ministro debió revisar)”. CONARE rechazó esa propuesta y reafirmó la “solicitud de un aumento del 4,06% (¢23.389 millones) sobre el FEES 2024 para determinar el monto del FEES 2025, así como la devolución de recursos postergados de 2020 y 2021, por un total de ¢62.590 millones”. Todos los datos expuestos en la fallida negociación demuestran que ya en este año las universidades requieren ¢23.389.132 millones adicionales para tener un presupuesto que se iguale al de 2020. Otro hecho relevante que permite constatar la falta de seriedad del Gobierno es que el 16 de agosto 2024, en la quinta fallida sesión de la Comisión de enlace (Gobierno y Universidades), “CONARE solicitó al Ministro de Hacienda que explicara técnicamente de dónde surgió la propuesta del 1% y su justificación. El ministro indicó que en el transcurso de la tarde del mismo día entregaría la respuesta por escrito, compromiso que no cumplió”.

Esos faltantes de ¢23.389 millones para el 2025 y de ¢62.590 millones de años anteriores, significan, en concreto y en términos sencillos, que igual que una familia sin ingresos suficientes, las U públicas (y la educación en su totalidad) se van a seguir empobreciendo. Desde 2018 se ha hecho más que crudo el incumplimiento del artículo 78 de la Constitución política que obliga a que Educación reciba el 8% del Producto interno bruto, PIB, incluido el 1.5% para las U públicas. En 2018 el presupuesto fue del 7,40% y de ahí en adelante sigue en caída libre hasta el 5,4% en el 2023 y 5,2% este año. Es probable que en el 2025 no se alcance ni el 5% del PIB.

Este escenario de crisis total que vive el sistema de educación en Costa Rica es absolutamente contradictorio con las exigencias del Gobierno a las universidades para que sumen proyectos y mejoren su impacto en la sociedad costarricense, pues a la vez les extirpa el presupuesto indispensable para todas esas responsabilidades. Un posible recorte al MEP de hasta ₡65.000 millones en el 2025 lo que asegura es el deterioro mayor de la calidad de la educación, más escuelas hechas tugurios y que servicios como comedores y transporte que ayudan a las familias más pobres, serán aún más debilitados. No está de más recordar que para muchísimas familias los comedores escolares son un apoyo indispensable pues literalmente son la principal fuente de alimentos de sus hijo/as.

Foto: Francisco Mojica Mendieta.

En las U públicas el recorte de presupuesto significa menos cupos para ingreso de nuevos estudiantes a todas las universidades, menos plazas docentes, salarios en deterioro para la mayoría de funcionario.as, sobre todo para cientos que están en condición de interinos; menos laboratorios, menos investigación científica, menos posibilidades de inversión en las regiones fuera del valle central, debilitamiento e imposibilidad de desarrollar programas de investigación, acción y extensión social con comunidades y organizaciones sociales en todo el país, menos trabajo conjunto con empresas y con el propio Gobierno. Por supuesto que habrá menos plata para becas, residencias y otros subsidios para estudiantes de las familias más pobres que sólo gracias a esas ayudas llegan a ser profesionales.

Ante el Gobierno las U públicas no ganaremos en las aulas. Salir a la calle a defender el derecho a la educación es urgente. También es indispensable salir a dialogar con la población, explicar cómo le servimos a la sociedad y sumarnos a todos los colectivos que queremos recuperar el país. Esos son algunos de los grandes desafíos inmediatos.

Necesitamos miles de Locas de Gandoca (*)

Osvaldo Durán-Castro
Profesor ITCR, ecologista FECON

“Hay días en que no llueve, llora”, dijo Max Jiménez Huete. Yo creo que desde hace más de treinta años, cuando la “La loca de Gandoca” (1991), andaba por el Caribe sur de Costa Rica, allí no ha dejado de “llorar”. Hay historias hechas libro que trascienden el momento histórico en el cual fueron escritas y que nos recuerdan que las sociedades pueden acumular problemas y mentiras y vivir en el simulacro de que son impolutas.

Los atentados contra el Refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo cometidos por el hijo del señor de los 10 bypasses, son un problema nacional y global. Los humedales, el agua, los árboles y en general los ecosistemas de Gandoca Manzanillo estorban tanto como los de cualquier otra parte del planeta. Lo que persiguen el multimillonario Elon Musk y puñado de sus colegas, son los bosques, el subsuelo, el agua de la Amazonía, el coltán del Congo, el litio de Uyuni en Bolivia, Atacama en Chile y Salta y Jujuy en Argentina, que requieren para sus negocios. No por casualidad dijo Musk que darían golpes de estado contra quien fuera y cuando fuera, lo mismo que de otra manera dice la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, cuando habla de todos nuestros recursos como si fueran de su país.

En Gandoca Manzanillo se vive la depredación en tiempo real a pesar de que se repite que somos un país verde. Mucha gente vive en el fanatismo impuesto de creer que toda la gente protege la naturaleza, cuando en realidad enfrentemos el saqueo de nuestros ecosistemas. Es la historia repetida pues fue así como se establecieron los enclaves bananeros de la UFCO hace casi siglo y medio en este país y ahora los enclaves del megaturismo avanzan en el mismo camino.

El megaturismo y la urbanización de la zona marítimo terrestre de Costa Rica tienen la misma lógica de la inversión externa directa del enclave bananero, que es la que ataca directamente al refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo. Veamos al menos 4 marcas de esto:

  • Primero, es capital externo -de la región o del país- que se aloja en una determinada zona gracias a las facilidades que se le brinda. Esto puede incluir acuerdos y permisos por amistades políticas y tráfico de influencias, y esto conduce a la corrupción institucional.
  • Segundo, explotación indiscriminada de la Tierra, a veces en el interior del país, pero en el caso del turismo, de la zona marítimo terrestre.
  • En tercer lugar, utilización-explotación de mano de obra local pagada con salarios locales y muchísimas veces por debajo de los mínimos legales establecidos en el país. De esto da cuenta el hotel Riu, donde un trabajador nicaragüense murió prácticamente en condiciones de esclavitud. Es el mismo hotel que fue inaugurado por el presidente Arias Sánchez. «Por fin tenemos un hotel en este maravilloso país, ejemplo mundial de sostenibilidad, de preservación de la naturaleza”, dijo la vocera de la empresa. Riu es uno de los enclaves hoteleros que han llevado a incontables conflictos por la explotación y privatización de hecho del agua, la destrucción de ecosistemas y la gentrificación, o dicho en términos más llanos, que han llevado al desplazamiento, expulsión y exclusión social en Guanacaste por el encarecimiento prohibitivo de la vida y de la tierra; el costo de vivir en allí llegó a niveles que son sencillamente imposibles e insoportables para la sociedad pobre de Guanacaste.
  • Y cuarto, evasión fiscal, riqueza generada acumulada en el país por una élite, pero fundamentalmente expatriada. Entonces, enclave bananero y enclave turístico, funcionaron y se rigen por las mismas reglas reforzadas por el modelo de sociedad neoliberal que sufrimos las mayorías del mundo.

¿Por qué adquiere más vigencia “La loca de Gandoca” que el presidente no conoce? Porque nos sacudió y nos repitió que no éramos, ni somos, una “postalita verde”. Anacristina Rossi no se conformó con describir aquella miseria diciendo algo como “en este paraíso está ocurriendo una desgracia”. El libro fue previsorio y visionario y eso solo ocurre cuando alguien conoce a profundidad su contexto social y hace que sus personajes asuman la tarea de denunciar. Es vigente porque persiste la idea de urbanizar del Caribe sur que buscaba la “compañía Ecodólares S.A.” con su ‘estilo’ de construcción de obras de megaturismo en áreas de naturaleza vulnerable, como el Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca-Mazanillo”.

Los hechos expuestos en la obra “La Loca de Gandoca” no eran únicamente narrativa de ficción para denunciar corrupción, tráfico de influencias, redes políticas actuando contra ecosistemas, comunidades y organizaciones sociales. La presión de grupos empresariales, políticamente influyentes era y es realidad en la Costa Rica actual. Ayer como hoy “…hemos sabido que sobre el refugio Gandoca pesan inmensas presiones económicas”. “Usted sabe que las presiones económicas son presiones políticas”, como le dijo el embajador a Daniela.

El Caribe sur de Costa Rica se está guanacastequisando. Pero la inminente amenaza contra Gandoca Manzanillo ya se extendió a todo el país; desde La Cruz hasta al Pacífico central y hasta Punta Burica. Osa es el siguiente “tesoro” por explotar en los planes de gobiernos y empresas turísticas locales y foráneas. Un aeropuerto llenará algunas cuentas bancarias y acabará con los ecosistemas, y no hará que la gente salga de la pobreza; hay que mirar Guanacaste y el Pacífico central. Es la misma avalancha que amenaza con bajar desde Barra del Colorado hasta el Sixaola. Los 2.471.150 turistas que vinieron por aire al país en 2023 (90% del total, ICT, 2023. Situación del turismo en Costa Rica) sin duda representan un logro económico, pero la estela no negativa que el modelo de megaturismo de enclave deja en muchas partes no se borra con los billetes. Detrás y por debajo del éxito financiero hay corrupción por parte de autoridades que en lugar de regular, limitar y hacer cumplir las leyes para evitar la destrucción, se divierten en juergas en las mansiones de la familia del empresario heredero del “hombre de los 10 bypasses”. Y como dijo Daniela: “…según las autoridades no había manera de regular estas inversiones pues si el capital de extranjeros se regula, se va”.

Igual que ayer, se hace patente que hay incompetencia en las jerarquías y gente del Minae y que a pesar de eso quieren adjudicarle más poderes políticos para tomar decisiones que deben ser de carácter técnico y científico. Esto se expresa en el proyecto de ley “Fortalecimiento de competencias del Ministerio de ambiente y energía”, expediente 23.213. En el caso Gandoca Manzanillo, tanto hace décadas como ahora, mediaron visitas y reuniones en Casa presidencial, documentos y permisos espurios y arreglados a la medida, falseados, para que los perennes amigos de los gobiernos puedan continuar el proceso de cementación del Caribe Sur.

Los libros que trascienden el momento histórico en el cual fueron escritos solo son posibles porque hay escritoras valientes que se animan a decir las verdades y desgracias que vive una sociedad. No se trata de literatura complaciente y cómplice. A Anacristina Rossi le debemos el mérito de haberse plantado, primero como mujer, y luego como escritora, ante todos los poderes y las amenazas, incluidas las amenazas de muerte (que se repiten hoy contra otras personas) para decirnos hace más de 30 años que ya estaba ocurriendo lo que hoy es un escándalo por la destrucción negada por el presidente de la República y su escudero de ambiente.

Gandoca Manzanillo es una foto actual de Costa Rica: una amalgama de destrucción, corrupción, tráfico de influencias, todo tapado por un discurso falaz en el que los gobiernos y los inversionistas privados juran que el ecoturismo sí consiste en “que los hoteles no sean más altos que la palmera más alta”. Y en paralelo estamos viviendo una época en la que pensar críticamente está escaseando, es poco menos que prohibido y es perseguido. La disidencia es condenada. El presidente se burla de sus detractores, no les debate con argumentos, les descalifica.

Lo que hoy se vive en el Caribe Sur no es tan solo la colusión entre empresarios y gobiernos que los favorecen. Es la disyuntiva entre intereses privados frente al interés común y colectivo, al patrimonio natural del estado, a los derechos de los ecosistemas, del agua, de los árboles, de los animales, de los ríos. Esto no es una pendejada: se trata de que tenemos que aprender a convivir y detener la destrucción.

Necesitamos urgentemente buena materia prima: información seria, crítica, fundamentada. Pero sobre todo necesitamos indignarnos, actuar y generar un nuevo pensamiento crítico que nos permita superar la desinformación en todas sus variantes. Cuando en la cabeza se instala la idea de que hay que estudiar para tener más dinero, podemos decir que el individualismo pregonado por el modelo social neoliberal ha triunfado. Ojalá no suframos de aquel espantoso presagio de Óscar Wilde de hace más de 150 años: “Vivimos en una época de hiperproducción y de instrucción escasa, una época en que la gente, tan ocupada en producir, se ha olvidado de ser inteligente”. No permitamos que nuestra universidad se convierta en un nicho para reforzar una sociedad contraria a lo que dictan los Estatutos orgánicos de nuestras U públicas. Necesitamos estudiar para construir sociedades más justas, más equitativas, en las que la educación sea efectivamente una oportunidad real, pero colectiva, de conseguir mejor calidad de vida.

¡Gracias…totales! Anacristina Rossi por haber acatado la “orden” de Robinson: “Ahora mismo vas a empezar a escribirlo”. “La loca de Gandoca” nos develó lo que estaba pasando en aquel tiempo aciago. Desgraciadamente la historia se está repitiendo como tragedia y nos relanza el desafío de si salvaremos el Caribe sur o si termina de desbarrancarse y al fin logran construir “un Miami de la selva” en Gandoca.

Su presencia es un honor inconmensurable para nuestro Tecnológico de Costa Rica, por ser Usted una escritora vastamente reconocida por toda su producción y sus méritos literarios, pero además por haber “atravesado el amor y la muerte”, por romper el miedo y por su coraje, cualidades cada vez más disminuidas entre la intelectualidad.

Necesitamos miles de “locas de Gandoca” y espero que muchas y muchos estén en esta universidad.

(*) (Discurso de apertura del foro “Historia y vigencia del conflicto en Gandoca Manzanillo” con la escritora Anacristina Rossi. 14 de agosto 2024, ITCR).

Foro con Anacristina Rossi sobre Gandoca-Manzanillo – 14-08 a las 9:30 presencial y YouTube

Este miércoles 14 de agosto, a las 9:30 a.m., se desarrollará un foro con la escritora Anacristina Rossi sobre la situación en el Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde se han dado varios cuestionamientos por permisos de explotación de los recursos naturales.

La actividad se desarrollará en el auditorio D3, es organizada por la Escuela de Ciencias Sociales TEC y auspiciada por la Rectoría del Tecnológico de Costa Rica. También se transmitirá en vivo, por el canal de YouTube del TEC.

“Desde hace más de cuatro décadas persisten y se han agudizado los conflictos sociales en el Caribe sur de Costa Rica, asociados con el ‘estilo’ de crecimiento económico invasivo y construcción de obras de megaturismo en áreas de naturaleza vulnerable, incluido el Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca-Mazanillo”, comenta Osvaldo Durán-Castro, organizador del foro.

Según Durán, los hechos expuestos en la obra La Loca de Gandoca, de Anacristina Rossi (1991), no eran “únicamente narrativa de ficción para denunciar corrupción, tráfico de influencias, redes políticas actuando contra ecosistemas, comunidades, organizaciones sociales y amenazando incluso de muerte a personas; esto se dio hace décadas y ahora se repite. La presión de grupos empresariales, políticamente influyentes era y es realidad en la Costa Rica actual que se promociona y subasta como ‘paraíso verde”. 

En el foro se conversará con la escritora Rossi sobre la historia y la vigencia de la lucha por salvar Gandoca-Manzanillo.

La organización del foro recomienda re-leer el libro La loca de Gandoca.

Además, ese día, a las 5 p.m., se desarrollára el Foro: “El dudoso ‘triunfo’ del Gobierno en Crucitas”.

Imagen tomada de UCR.AC.CR

¿Alguien cuidaba a la “valienta y patriótica” Abigail?

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR

Las atrocidades financieras de la FEITEC se iniciaron hace mucho tiempo y es evidente que diferentes instancias del TEC están implicadas. La plata no llegó sola a manos irresponsables. Desde hace años también estudiantes lo habían denunciado, pero obviamente no fueron escuchados por la FEITEC, ni por las autoridades del TEC que están obligadas a aplicar los controles correspondientes. Algunas asociaciones estudiantiles señalaron “que la administración del Consejo Ejecutivo liderada por el Sr. Alcides Sánchez Salazar y su coautora, la Srta. Abigail Quesada Fallas, han sido las más terroríficas en cuanto a la ejecución de los recursos de la Federación”.

Durante la administración anterior, en la Sesión Ordinaria No. 3285. del 19 de octubre de 2022 “Medidas para la ejecución del presupuesto asignado a la Federación de Estudiantes del ITCR (FEITEC)”, el Consejo Institucional del TEC acordó que la FEITEC dejaría de recibir dinero como “Transferencias al Sector Privado”, y en adelante sería mediante un “Centro funcional”. También se le encomendó a la Rectoría que presentara “antes del 15 de noviembre de 2022, la propuesta de ajustes reglamentarios, que sean necesarios para que el cambio del modelo en la ejecución permita el cumplimiento de los objetivos, para los cuales se asignan estos recursos a la FEITEC”. Se le pedía a la Rectoría explicitar junto con la FEITEC la justificación de gastos y capacitar a quienes manejarían los fondos. A la Auditoría también se le pidió “llevar a cabo las modificaciones que correspondan en Sistema de Implementación de Recomendaciones”.

El asunto se revisó de nuevo en la Sesión Ordinaria No. 3298. del 1 de marzo de 2023, a partir del “Informe de advertencia sobre el uso de los fondos que el Instituto Tecnológico de Costa Rica asigna a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el 2021”, de la Auditoría Interna. Pero esos intentos de enmiendas terminaron en el papel, pues al 30 de junio 2023 que finalizó el mandato de rectoría anterior, no se había cumplido con nada de lo acordado por el Consejo Institucional. ¿Será que los votos de los y las estudiantes tenían más peso del imaginado para elegir autoridades?

En la Sesión Ordinaria No. 3343, Artículo 15, del 13 de diciembre de 2023 (pág. 12) se discutió sobre “la asignación presupuestaria 2024 para la FEITEC” y se conoció el “Acuerdo Mutuo” en el cual se indica la propuesta de asignación presupuestaria 2024 para la FEITEC. “Sin embargo esa información resulta incompleta”, advirtió la Comisión de Planificación y Administración que lo revisó. Esa Comisión confirmó que el Plan de Trabajo 2024 de la FEITEC no permitía “asegurar el cumplimiento del fin público encomendado, constatar la vinculación de las actividades planificadas para el periodo con la solicitud de recursos que se presenta y con el Plan Anual Operativo 2024”. En vista de esas debilidades se aprobó el presupuesto general del TEC, con “excepción de los recursos reservados para dotar de presupuesto a la FEITEC”.

Sin que se haya resuelto ni juzgado el despilfarro de la FEITEC al mando de Alcides Sánchez Salazar y Abigail Quesada Fallas, en los últimos días hemos conocido señales positivas. El miércoles 28 de febrero 2024, la rectora María Estrada Sánchez comunicó que desde julio del 2023 su administración está revisando lo relacionado con el presupuesto de la FEITEC y “llevando a cabo un estudio con perspectiva técnica y legal”, “siguiendo las instrucciones de nuestro Consejo Institucional”. Pero más contundente y necesario fue el plazo de 5 días hábiles que le dio a la FEITEC el 1 de marzo 2024 para que entregue los estados financieros del periodo 2022, el informe de cumplimiento al Plan de Trabajo 2023 y el “Informe de ejecución y liquidación de presupuesto correspondiente al 2022”. La Rectora le recuerda a la FEITEC otros incumplimientos y sus obligaciones de “Cumplir con los requisitos generales y específicos requeridos para recibir el beneficio patrimonial, según los procedimientos definidos por el ITCR” y “Mantener los registros contables de la FEITEC al día y presentar trimestralmente los siguientes Estados Financieros al Departamento Financiero del ITCR: Balance de Situación, Estado de Resultados y el Flujo de Efectivo, con sus respectivos comprobantes”, los cuales evidentemente no han sido presentados, a pesar de que como señalaron las Asociaciones de estudiantes que mencionamos, “Curioso es para nosotros ver que siempre se reporta un 100% de ejecución de los recursos de la FEITEC, pero como asociaciones durante todo el año no alcanzamos ni el 15% de ejecución de nuestros recursos porque desde el Consejo Ejecutivo se nos imposibilita hacerlo”.

De estos hechos y otros se desprenden muchas preguntas como ¿quiénes fueron las personas que autorizaron que la FEITEC siguiera recibiendo dinero si estaban incumpliendo todas las normas internas y condiciones establecidas? Es indispensable conocer de quiénes provino cualquier “autorización para adelantos de dinero”, liquidación o reembolsos que deben realizarse bajo normas de aplicación obligatoria. Si desde hace años se contaba con evidencias de uso indebido de recursos por qué las autoridades correspondientes no actuaron en consecuencia. ¿Sería que a algunas personas les convenía cuidar y complacer a la “valienta y patriota” Abigail, a su círculo íntimo y a sus antecesores?

En el supuesto (imposible) de que la FEITEC presente facturas que den cuenta de todos los gastos como los pide la Rectora, ¿se aceptarán como válidos gastos en “juguetes sexuales por ₡105.750,44; a saber, tres “anillos básico”, cuatro “bala vibradora USB”, dos “dado posiciones”, dos “dado luminoso”, cinco “dado cuarteto” y una “ducha anal”? ¿Y se justificaría también gastar recursos públicos por “₡1.120.931 por la compra de sostenes, preservativos marca Durex, ropa íntima, entre otros”? Con facturas o no, ese tipo de uso de recursos públicos procede llevarlos y conocerlos en instancias judiciales. En eso le estamos debiendo a la sociedad costarricense si queremos demostrar que no admitiremos más esta estafa económica y ética.

En el escenario interno es indispensable que cada una de las personas implicadas rindan cuentas. Que como anunció la Rectora se cumpla “con el resguardo y la óptima utilización de los recursos públicos, bajo los principios de la normativa a la que nos debemos las personas funcionarias públicas”. A partir de la evidencia con que se cuenta es indignante y vergonzoso que la presidenta de la FEITEC siga ocupando puestos en las instancias decisorias de nuestra universidad. Debiera estar destituida o al menos suspendida. Esto por cuanto hasta ahora ella ha demostrado que renunciar no está en su agenda.

En el escenario nacional ahora somos una universidad hazmerreír porque muy poca gente distingue entre la FEITEC y el TEC como universidad. La FEITEC atropelló hasta el último reducto de la decencia y es urgente que demos un mensaje claro a la sociedad costarricense de que podemos limpiarnos de cualquier forma de corrupción.

Otra desgracia común para todas las universidades públicas es que la “valienta y patriótica” Abigail Quesada, como la llama el presidente Chaves, sea parte del grupo que irá a negociar el presupuesto de las universidades públicas con el Gobierno. Por decoro las U públicas deberíamos impedirlo.

FEITEC: una “fiestec” imparable e impune

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR

Vergüenza ajena e indignación. Eso es lo que muchas personas hemos sentido en los últimos años por el manejo financiero de la Federación de Estudiantes del TEC, FEITEC, porque siendo ese grupo (secta o cofradía dicen algunos) parte de la comunidad universitaria, sus actuaciones nos colocan a todas las personas del TEC en evidente vulneración y ante el dedo acusador como eventuales corresponsables por millonarios gastos que resultan obscenos. También es comprobable que la FEITEC en los últimos años ha enfilado sus escopetas contra el sistema de educación superior pública. Nos sigue tocando “dormir con el enemigo”. Pero eso será materia para otra oportunidad.

Desde hace años circula información sobre los abusos financieros de la FEITEC. En las últimas semanas el remolino ha sido sobre viáticos. Pero antes de hablar sobre eso es necesario (aunque sea nauseabundo) recordar otros gastos y los insostenibles y vergonzosos “argumentos” de justificación FEITEC. Desgraciadamente ese despilfarro deja por el suelo la honestidad de los y las estudiantes del TEC, en general, dado que la FEITEC es la instancia legal que los incluye. Pero corresponde a las personas estudiantes descobijarse y deslindarse de esa “fiestec”, si es que lo desean. Los montos millonarios y los hechos son lapidarios.

¿Se le ocurriría a alguien equilibrado y honesto reclamar que le paguen “gastos por un total de ¢1,717,648.81, por concepto de alimentación” sin comprobantes ajustados a la ley? Pues ese monto fue reclamado por la FEITEC. Según los registros esos gastos incluyeron “cena en Chichis Sport Bar & Grill, por un monto de ¢102,593.09, reintegro de caja chica por ¢670,380.72, correspondiendo el 81% a gastos de alimentación, cena de fin de año por ¢78,000.00, soporte a personas de diferentes zonas fuera de la GAM durante 3 semanas (miembros FEITEC) por ¢518,925.00 y reintegro a un estudiante por cenas por la suma de ¢347,750.00”, “sin información que permita dar seguimiento para determinar la razonabilidad del gasto”. Eso fue una total desfachatez, por decirlo con caricias. Esos gastos, y muchos más similares, están registrados en un oficio dirigido a Abigail Quesada Fallas, presidenta FEITEC firmado por Claudia Madrizova, Vicerrectora Vida Estudiantil y Servicios Académicos, con fecha 10 de febrero del 2022, con el “Asunto: Respuesta al oficio FEITEC PRES-0116-2021”.

Resultan ofensivos en sumo grado y hasta pareciera que nos toman por subnormales los estudiantes de la FEITEC con sus “justificaciones”. Una de esas “justificaciones” de antología es la de Abigail Quesada, actual presidenta de la FEITEC, cuando dijo que “muchas veces, las facturas eran altas porque una sola persona asumía la alimentación del grupo total que estaba trabajando en el momento”. Ella cobró ₡2.928 555 de viáticos. Si alguien a cargo de una tarea universitaria requiere aplicar fondos para un gasto en cualquier rubro y donde sea, hay condiciones claras y estrictas que incluyen tanto la autorización para adelantos de dinero como para su liquidación o reembolsos y son de aplicación obligatoria. ¿Acaso al FEITEC goza de un régimen distinto y exclusivo?

No menos reprochables son los dichos de Alcides Sánchez, expresidente de FEITEC 2020 y 2021, cuando se habló sobre su cobro de viáticos por ₡5.420.500. “Yo fui -dijo Sánchez- y revisé los estados financieros y vi que en cuestión del tema de viáticos se gastaron ₡20 millones en el año y yo dije: ‘mae, yo fijo me eché diez’. Y dije yo: ‘Y eso se va a ver horrible”. Cuando ese individuo dice “Si el tema de los traslados y viáticos a final de cuentas fueron abuso o no, yo creo que eso es percepción de cada uno”, deja clara su irresponsabilidad absoluta, un cinismo intolerable, se burla de cada persona honesta y por supuesto nos dice que no le importa. “Echarse” diez millones en viáticos, o 5,4 millones y ni siquiera inmutarse, es como ir a la pulpería y gastarse cualquier presupuesto ajeno en confites y que no pase nada. No se trata de percepciones. Se trata de ausencia total de transparencia y rendición de cuentas. Eso se llama corrupción, aunque le pongan cualquier perfume. Con esas actuaciones han hecho que en su “Dinamarca”, no algo, sino todo, huela a repodrido. Es muy grave y ofensivo que esas 2 personas, y posiblemente otras, alardeen y hasta ahora gocen de impunidad. Es gravísimo, además, porque pareciera que se demuestra que ese desperdicio sólo fue posible en un contexto administrativo de controles escasos, por no decir inexistentes, gracias a lo cual se pudo violentar la decencia y el apego a las normas que deben seguirse y que nadie debe desconocer.

Por ahora, creo indispensable hacer un descargo y separarme de esos hechos, de quienes los perpetraron y de quienes sea que los hayan permitido y avalado de palabra, por inacción, por autorización de cualquier tipo, con sus firmas, o como sea. En tiempos en que el Gobierno sigue ensañado contra la educación y en particular contra la educación superior, es indispensable reafirmar todos los principios de uso decente y estricto de los recursos que la sociedad nos da. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido con la FEITEC.

Por regla las U públicas, usan eficientemente los recursos públicos y tienen sistemas de rendición de cuentas sólidos, aunque obviamente mejorables y no es la norma que haya oposición a los controles estrictos. Esos controles se aplican independientemente de la cuantía de los recursos utilizados en cualquiera de las áreas de trabajo de las universidades, como docencia, investigación y acción/extensión social. A partir de esta última área de trabajo podemos hacer una lectura de algunos gastos descomunales de la FEITEC.

Muchísimos proyectos de acción, extensión e investigación social y de otro tipo se desarrollan en condiciones económicas de miseria dadas las restricciones presupuestarias que enfrentamos. A veces los presupuestos anuales de proyectos vitales por su beneficio e impacto claro y demostrable para las más diversas comunidades, organizaciones y hasta empresas, no superan los 3 millones de colones. Muchos proyectos en los que participan especialistas de todos los campos de 2, 3, 4 y hasta las 5 U públicas, sólo pueden realizarse por el aporte parcial no remunerado de las personas que los implementan. Desde una sede universitaria en el valle central un viaje a Talamanca, Upala, o Sierpe de Osa, por ejemplo, consume más que todas las horas asignadas a las personas que trabajan con la gente de esos pueblos. A veces los viáticos no se reciben o se reciben a medias porque ocurre algún fallo, se escribió mal un único numerito, porque en muchísimos lugares donde se trabaja no existen las facturas electrónicas, ni siquiera una computadora, menos internet, etc. Si se usan transportes locales como vehículos, botes, pangas, etc., obligatoriamente se debe aportar la evidencia de pago. Además, es norma irrestricta y absoluta que cualquier pago a terceras personas, por ejemplo, por servicios de alimentación para la gente con la cual se trabaja, debe quedar debidamente comprobado. Así trabajamos y no nos oponemos a las normas y la rendición de cuentas. En el ejercicio de nuestras tareas, a nadie, en ninguna universidad, le pasa por la cabeza ir a cobrar dinero sin todos y cada uno de los requerimientos. Así lo hacen quienes trabajan en la zonas más complejas y alejadas de las sedes universitarias, como territorios indígenas u otras comunidades rurales de cualquier región del país. En el caso del TEC el monto máximo de una caja chica es de ¢250.000 y con ese monto o mucho menos, brindamos alimentos a decenas de personas que participan en intercambios, giras o procesos de aprendizaje compartido de todo tipo.

Otros gastos la FEITEC me permiten pensar en su régimen privilegiado para dilapidar dinero público. En el oficio mencionado incluyen un “Festival navideño” y “compra de cajas navideñas por la suma de ¢1,356,000.004; y la compra de canastas navideñas por ¢748,268.005; para un total de ¢2,104,268.97”. La autoridad del TEC que revisó esos gastos señaló que “Los comprobantes no detallan a quien se realizaron las entregas de las cajas navideñas, ni se vincula el gasto a objetivos propuestos en el Plan de trabajo 2020 presentado a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA).” La pregunta, de nuevo, es quiénes autorizaron ya sea el adelanto de dinero y su liquidación en esas condiciones.

En diciembre de 2020, la federación estudiantil hizo “un gasto por ¢4.356.673,00, en el mantenimiento de edificio FEITEC”. No hubo permisos ni apego a planes institucionales; ni siquiera un reporte porque -vaya abnegación laboriosa- “la institución se encontraba de vacaciones en las fechas que se hicieron las mejoras”, “justificó” Abigail Quesada. A la millonaria “mejora” se sumó la “compra de activos por un total de ¢2,022,300.01, como complemento a la remodelación realizada”. Es decir, remodelaron su “troja” como si la FEITEC fuera una “república independiente”. En el mismo oficio se indica que “La Institución ejecutó medidas rigorosas de contención del gasto, la Federación no puede omitir los esfuerzos institucionales en esta línea”, pero pareciera que esas restricciones no incluyen a la FEITEC.

Otro dato de contraste es que, en 2021, respondiendo a ataques a las U públicas desde la Asamblea legislativa, el Informe de una Comisión especial nombrada en el TEC, reseñó que “Para la atención de la crisis por el COVID-19, las universidades cedieron ¢13 000 millones del FEES” y que a ese monto se sumaron otros “¢6000 millones para fortalecer el sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos no pierdan la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Ese aporte es importante repetirlo pues contrasta del todo con lo que hizo la FEITEC. En el oficio del 10 de febrero del 2022 se constató que en la Federación se “registran compras por alimentos para ayuda COVID, que suman en total ¢1,164,545.64”. Pero “Los comprobantes no identifican el nombre a quien se dirigen las ayudas”. El descargo de Abigail Quesada es que “Con respecto a las ayudas sociales, no existe registro de los receptores ya que se respetó la confidencialidad de los mismos”.

Todas las “justificaciones” son clarísimas agresiones contra la inteligencia de quien sea. Es imperativo que las personas responsables de ese bacanal o “fiestec” de viáticos, canastas y cajas navideñas, banquetes o “cena en Chichis Sport Bar & Grill”, remodelaciones, “ayudas sociales” a personas ocultas, etc., sean procesadas de inmediato y en las instancias que corresponda dentro o fuera del TEC. La impunidad debe terminarse. De lo contrario daremos bases para que se piense que toda la gente del TEC, y de repente de todas las universidades, somos culpables.

Quienes trabajamos en administración, docencia, proyectos de todo tipo desde las U públicas, sabemos que con ese montón de millones haríamos mucho más trabajo dentro de las U y en comunidades, pero lo cierto es que contamos con cada vez menos recursos y, literalmente, no compramos ni un cuaderno sin cumplir con todos los procedimientos del caso; como debe ser.

León Cortés: el FA cosecha más de una década de organización social

Osvaldo Durán Castro, sociólogo ITCR, ecologista FECON

Que el FA obtuviera más de la mitad de los votos (51,30%) en León Cortés y le sacara 217 de ventaja al PLN, es emblemático y meritorio como derrota de la sólida tradición liberacionista de larga historia y puesta en piedra desde 2002, y que incluso, en el folklore y la lúdica y sabrosa jocosidad propia de la cultura local “pableña”, está ligada a una salerosa y eventual filiación bastarda del alcalde saliente con el apellido Figueres (¡todo un chistorete aldeano!).

Una muestra de esa secuela de control político es que desde el 2002 hasta el 2024 el PLN mandó en la alcaldía al ganar con holgada ventaja: en 2002 obtuvo 1257 votos. 4 años más tarde, 2118. En el año 2010, 1886 personas votaron por el mismo partido y en las 2 últimas administraciones elegidas en 2016 y 2020, el alcalde que en mayo dejará ese puesto, fue elegido con 2854 votos y reelegido con 3256. En febrero de este año, el PLN alcanzó 1810 votos, obviamente menos que en las últimas cuatro elecciones municipales, pero con respecto de las 2 últimas la caída es de mucho más de 1000 votos, lo cual demuestra que la amalgama social opositora, a pesar de su diversidad, fue capaz de sacarlo del férreo control municipal, que para muchas personas ya estaba rayando en una especie de despotismo dado el irrespeto reiterado del alcalde hacia muchísimas personas (también se ha comentado sobre la fusión entre despotismo y senilidad de la persona alcalde).

León Cortés es la excepcionalidad nacional para un FA que fue décimo lugar en el país con 25846 votos, un 2,36%. El abstencionismo en León Cortés fue del 57,50 % frente al 68,07 % nacional. En los otros 2 cantones de Los Santos, empezando por Dota, votó la mitad del padrón generando un 50,48 % de abstención, y de los votos emitidos el PUSC lapidó con 2,270, un 79,48%. En Tarrazú también ganó el PUSC con 2279 (50,14% de los votos) y el abstencionismo fue del 63,44 %. En ambos cantones, el conservador y tradicional bipartidismo PLN-PUSC acaparó 95 de cada 100 votos. En Dota también acabó la prolongada hegemonía desgastada y languideciente del PLN desde al menos los últimos 22 años que estamos revisando; igual que en León Cortés.

Son varias las causas del cambio de rumbo en la votación en León Cortés. Podemos proponer que la derrota del PLN es de alguna manera una sublevación comunal -aunque no estructurada en una organización- por enojo, agotamiento y autodefensa de la gente ante el alcalde y una parte de la administración, que la trataban con desprecio, prepotencia y llegaron al nivel de colusión con externos para cobros indebidos contra contribuyentes. El alcalde y su círculo también enfrentaron la resistencia de la “clase trabajadora” de la Municipalidad, que se organizó y creó un sindicato afiliado a la ANEP. La negociación de una Convención colectiva, aún en proceso, es muestra clara de que esa cúpula municipal desconoció derechos laborales básicos. Pero claro que el enojo de la gente y la violencia laboral, no son la explicación esencial.

En términos estrictos no sería correcto decir que el FA -como entidad partidaria- ganó las elecciones en León Cortés. Lo correcto es decir que el FA tuvo una actuación políticamente madura al permitir y facilitar que con y alrededor de su escasa y frágil estructura se articulara una oposición política de cara las elecciones municipales que, y aquí es donde está la clave: se originó en el movimiento social gestado desde hace más de 10 años, con la lucha contra la construcción de una gasificadora de basura en la zona de Los Santos, en el cerro El Abejonal, en las cercanías de San Pablo de León Cortés. En esta lucha se sumaron personas y organizaciones sociales de 4 cantones: León Cortés, Tarrazú, Dota y Desamparados. A este movimiento social sin el menor atisbo de filiación partidaria, se aunó el descontento citado con la administración municipal y, es de suponer, el voto de quienes no lograron que su partido oficialista lograra inscribirse. Se trata de una, literalmente, “amplia” diversidad. En todo caso, votos contra el PLN de otros partidos, se sabía que se sumarían como protesta desde mucho antes de febrero 2024, cuando nos manifestábamos contra la complicidad del alcalde y su séquito con la gasificadora. Fue una indignación legítima que obviamente no se podía esperar que se canalizara en un único partido político.

El triunfo de la gente con la bandera del FA / “Alianza Comunal por León Cortés”, tampoco permite decir que se ha creado una estructura nueva de relaciones políticas en el cantón. Pero sí es claro que se trata de una respuesta generada en el aprendizaje colectivo que propició la resistencia y organización pensada, técnicamente sustentada por un diverso y sólido grupo de profesionales, la mayoría directamente pertenecientes a las comunidades, desde las cuales se articularon todas las acciones contra la gasificadora en León Cortés. Esto nos permite ver las elecciones desde el suelo y no desde el escritorio. Esa lucha comunitaria no fue contra la gasificadora únicamente. Fue contra la SETENA y contra la administración de la Municipalidad y se libró en y ante muchas instituciones nacionales (puede verse, por ejemplo: MINAE niega agua a gasificadora de residuos en Los Santos surcosdigital.com). Como era de esperar, los otros partidos políticos intentaron captar y convertir el movimiento social en votos propios.

Durante la lucha social fue un logro que se dedicaran varias audiencias de la Comisión de Ambiente de la Asamblea legislativa para discutir el problema y que dada la gravedad del asunto fueran citados el alcalde Denis Mora y el “oscuro” empleado municipal Kenneth Rodríguez. Los interrogatorios a ambos dejaron en evidencia un manejo turbio del asunto con acciones como la del empleado que “engavetó” (léase escondió) en la Municipalidad el expediente del proyecto tramitado en SETENA. Pero, sobre todo, quedó demostrado el accionar en contra de la población que jamás recibió el apoyo del alcalde y menos su voluntad para cumplir la demanda colectiva de liquidar la gasificadora por las abundantes y probadas razones de salud pública, técnico-científicas, ecológicas y legales.

El único regidor que se mantuvo incólume y permanentemente con el grupo que facilitaba la lucha, y con la gente, tanto en la Municipalidad como en las comunidades y sus organizaciones sociales como Asociaciones de desarrollo comunal y ASADAS fue, precisamente, Juan Manuel Quirós Quirós del FA. Toda la querella de este regidor contra el alcalde, regidores y regidoras y la parte de la administración colusionada con la gasificadora, está registrado en las actas de las sesiones del Gobierno local. Juan Manuel argumentó de manera paciente, reiterada y tolerante ante los desplantes, cada una de las razones que durante años fuimos construyendo en defensa de la gente y los ecosistemas de la zona Los Santos. Por ese largo proceso es que podemos decir que el FA giró oportunamente hacia la amplitud presentándose y construyendo desde las comunidades la “Alianza Comunal por León Cortés”. Ahora, con la Alcaldía y 3 regidurías, tiene la misión de administrar un cantón que históricamente ha tenido uno de los índices de desarrollo humano más bajos del país. (La regidora electa Zaira Torres Solano/FA hace una clarísima explicación sobre cómo se gestó el triunfo de la Alianza-FA en las comunidades. Ver en SURCOS: “Llegamos a la Municipalidad de León Cortés desde las comunidades”).

La valija que lleva Juan Manuel Quirós para ser alcalde, básicamente está llena de experiencia y arraigo con las luchas de las comunidades, que son las mismas que nunca fueron escuchadas por el alcalde saliente. Los votos con los que ganó la Alianza, no son, como ya dijimos, votos para el partido político FA en particular. Son votos que, en el mejor sentido político, reconocen la labor de Quirós como regidor de las comunidades del cantón León Cortés. Por eso, este resultado electoral no es una simple casualidad sino el producto de la construcción de un movimiento social de más de una década y que se manifiesta electoralmente de esta manera. En lo puramente electoral, el FA no le ha “robado” votos a nadie, ha recogido una cosecha de confianza y trabajo generada en el hecho de que sus candidaturas recayeron en personas de base social comunitaria comprometidas con diferentes luchas y defensa de derechos.

La derrota de Liberación nacional es la derrota de la tradición conservadora y acrítica, sin el menor sentido creativo e innovador. Como siempre, el partido derrochó dinero y desplegó su maquinaria electoral. Su derrota es la de la política percudida, somayada, de espaldas a la gente, dirigida por el manoseo, el muñequeo, la manipulación, el discurso “gueco”. Una política regida por el contubernio y apegada a cúpulas nacionales que ni por asomo representan las necesidades de la población en las comunidades nacionales. Esta derrota, incluso vista para todo el país, debería ser una oportunidad para que la gente, sobre todo la de nuevas generaciones, posible y sinceramente deseosas de mejorar la vida, superen esas estructuras decrépitas y generen nuevas alternativas asertivas, sensibles, creativas, verdaderamente educativas y propositivas.

Lo que con optimismo podemos esperar es que el nuevo gobierno local abra todos los procesos de investigación, rendición de cuentas y señalamiento de responsabilidades, ante problemas como la gasificadora, los cobros indebidos, los derechos laborales, entre muchos más, que han arruinado al cantón León Cortés.

Hace muchas décadas en Río Grande do Soul, Brasil, se empezó con la práctica de construcción participativa de presupuestos municipales, y aunque según se dice la Municipalidad de León Cortés plata es lo menos que tiene, ese y muchos más ejercicios de planificación y prácticas inclusivas y democráticas se podrían ensayar. Capacidades para escuchar, dialogar, disentir y crear colectivamente, son indispensables en un gobierno local que busque ser una oportunidad para la integración de la gente con ganas de trabajar. Tal vez, por ejemplo, se reactive el Consejo de la Persona Joven de León Cortés, al que el alcalde saliente le extirpó su escaso financiamiento y expulsó del edificio municipal. Ahora, la gente de León Cortés tiene una oportunidad, compleja pero real.

El movimiento social contra la gasificadora en Los Santos se gestó en y desde las comunidades y sin el apoyo del Gobierno local de León Cortés. Únicamente el regidor del FA acompañó decididamente a las comunidades.

La U pública y la defensa de la Caja

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

La Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas son parte de un mismo sistema social. Fueron y son consustanciales en la construcción de Estados orientados a mejorar la calidad de vida mediante la inversión social pública. La mejora en la calidad de vida de una sociedad requiere alta inversión en educación y en salud.  La historia de Costa Rica demuestra que la fundación de la Universidad de Costa Rica y de la Caja fueron pasos fundamentales para asegurar que la sociedad costarricense diera un giro radical hacia la mejora de la calidad de vida en general, lo cual se manifiesta en indicadores como la esperanza de vida al nacer que pasó de los 46,9 años en 1942 a 78,31 para los hombres y de 83,46 años para las mujeres, según datos del INEC de 2022 (ver Costa Rica en cifras).  Pero ahora mismo, lo que estamos perdiendo es la virtud de que una familia pudiera pasar en tan solo 3 generaciones de personas analfabetas, a personas con primaria y luego a personas con título universitario.

Otro tanto hay que decir del papel indispensable de la educación en todos sus niveles y la salud para elevar el nivel de calificación de la fuerza de trabajo. Por esa inversión social nuestro país tiene un mercado laboral atractivo para la inversión externa directa, y también para la inversión de capital nacional.  Este es un gran asunto por discutir que resumido en una pregunta es: ¿qué pasaría si a las empresas que vienen y contratan a las personas con buena salud y elevada calificación universitaria, les decimos que deben pagar al menos una parte de lo invertido en cada una de esas personas desde que nació hasta el día que la contrataron?  ¿Cuánto deberían pagar?  Es ahí cuando vemos que toda la inversión social en educación, salud, vivienda, la recreación social, inversiones para atender especialmente a las personas mayores y más pobres en general, fueron indispensables para contar con una fuerza de trabajo/personas trabajadoras saludables y capacitadas.

Otro elemento que une absolutamente la Caja con el sistema de universidades públicas es el grado y autonomía que constitucionalmente les fue otorgado para cumplir eficientemente y a cabalidad sus misiones.  Ambas entidades fueron dotadas de una autonomía especial que les permite autogobernarse y definir autónomamente cuáles son las necesidades en las cuales debe invertir los recursos que reciben de la sociedad costarricense por medio del Gobierno.  Cuando se debilita la autonomía de la Caja por cualquier vía sucede exactamente la misma agresión que cuando se trata de debilitar la autonomía de las universidades públicas.  Las destituciones ilegales de la presidencia ejecutiva de la Caja y de sus directivo.as, son tan graves como recortar, sin justificaciones válidas, el presupuesto de la educación.

La defensa de la salud y de la educación, en este caso de la Caja y de las universidades públicas, son tareas que van en paralelo.  Si se trata de mantener y fortalecer sociedades algo o más justas y equitativas, tal y como está establecido en los principios de la Caja y en los Estatutos orgánicos de las universidades públicas, es indispensable mancomunar esfuerzos para hacer cumplir la autonomía especial de rango constitucional que ambas instituciones tienen.

Cuando las universidades públicas nos sumamos a la defensa de la Caja, de su financiamiento y de su autonomía, estamos haciendo en paralelo defensa de esos mismos principios para la educación pública.  Ambas son indispensables para hacer cumplir garantías sociales que deben ser recuperadas, reforzadas y aseguradas. En la sociedad costarricense no se puede entender un buen sistema de salud pública sin un buen sistema educativo público.  No podríamos comprender la relevancia y aporte crucial de la Caja Costarricense del Seguro Social en la mejora de la calidad de vida de la sociedad costarricense, sin comprender el aporte de la Universidad de Costa Rica, y del sistema público de universidades en la formación de las personas especialistas en todos los campos que requiere el sistema de salud. 

Es el sistema de educación público en el que se han formado la mayor parte de las personas que hoy son trabajadoras de la salud en todos los campos.  Esto incluye al personal que puede realizar una operación del más alto grado de especialización, pero también el que atiende laboratorios, farmacias, servicios de enfermería, comedores hospitalarios, servicios de limpieza, etc, pues todos, absolutamente todos, los servicios de salud requieren diferentes niveles de formación académica. En una visión integral de salud, todos los servicios devienen en esenciales, fundamentales y complementarios a la hora de garantizar una atención integral de salud.  La historia de la salud en Costa Rica es en gran parte la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social y en paralelo es la misma historia de la universidad pública. Se trata de un mismo sistema de inversión social, que es el que permitió que la sociedad costarricense se construyera con niveles de vida altos y aceptables, pero ahora en caída.  

En el “Pronunciamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica con respecto al informe FEES aprobado por la Asamblea Legislativa” (ITCR, 2021, primera edición), respondimos innumerables acusaciones infundadas de parlamentario.as del cuatrienio anterior.  Reseñamos que en la última Agenda de Cooperación entre gobierno y universidades públicas, se incluyeron “18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales.  La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República” (ITCR 2021.169).

Otro dato que debe destacarse es que para contribuir con la emergencia por la COVID-19, las universidades cedieron ¢13.000 millones del FEES (de su presupuesto en caja). “Además, trasladaron ¢6.000 millones para fortalecer al sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos tuvieran la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Adicionalmente, del presupuesto 2020 se financiaron diecisiete proyectos de investigación para atender la pandemia del COVID-19 (ITCR 2021. 28 y 105).

Hoy, el modelo estatal neoliberal está orientado a borrar la inversión social y la convirtió en un simple “gasto” aduciendo que cualquier inversión social es imposible porque el Estado es financieramente deficitario.  Desde hace década transitamos de la inversión social al gasto y luego al déficit.  Ese desfinanciamiento de la CCSS, de la educación, y en general de la inversión pública, se da mientras el Ministerio de Hacienda (2023) -sólo porque es obligado- da a conocer la “Lista de contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales que declaran el impuesto sobre la renta (utilidades) con “pérdida” o “cero ganancias” actualizado al 30/06/2023”, según el cual en el año 2022 205 empresas se declararon con “pérdida” o “cero ganancias”. Ante esa propuesta no queda más que sumar esfuerzos entre las instituciones estatales asociadas con la existencia del Estado social costarricense, como la Caja y el sistema educativo público, para hacer que se cumpla lo que la Constitución y otras leyes dicen sobre el presupuesto para inversión social. 

En las últimas décadas los gobiernos de Costa Rica han deambulado en materia de inversión social, haciendo inversiones focalizadas pero no invirtiendo con visión estratégica en los servicios de salud.  Eso es lo contrario de lo que debería hacerse siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de entidades como la Comisión económica para América Latina (CEPAL), que en su estudio “Panorama Social de América Latina” (2021) hizo un llamado claro y directo a fortalecer los sistemas de salud en todos los países.  Entre otras notas clave de la CEPAL, destacan que “Los sistemas de salud son fundamentales para el bienestar y la salud de las poblaciones”, y que “la salud es la parte más importante para el desarrollo de las capacidades humanas, por lo que se ha sostenido que explicaría de forma robusta las distintas sendas de desarrollo económico”.

En resumen, debemos repetir que contrario a lo que pide la CEPAL, los gobiernos provocan que cada día más personas se vean privadas de acceso a sistemas de salud eficientes, integrales y reciban atención verdaderamente humanizada, precisamente porque están cayendo las inversiones y se está ensanchando el campo de acción de la enfermedad como negocio privado.

No era un “cholillo” quien se ahogó en el río Duchí

Por Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo ITCR-ecologista FECON

El río Duchí es un poderoso animal de agua que nace en el Valle Las Morrenas en Duchí tuä, la cima del cerro Chirripó.  De ahí baja en medio de las montañas que sólo los cabécares de Alto y Bajo Chirripó conocen.  Su agua, inimaginablemente transparente, se desliza en medio de la selva sin humanos. Más abajo, el Duchí se mueve sinuoso entre las comunidades cabécar que nacieron y viven a su paso.  Esta gente se sirve comida de él, lo utiliza, lo quiere y lo respeta.  El Duchí no es una “cosa”, es el “Ri” que permite a la gente convivir con él.  La cultura y la vida cabécar no serían posibles sin el Duchí. 

Pero desde Namaldí en Bajo Chirripó hacia el Caribe, el río sufre una enfermedad terminal porque los bosques que lo flanqueaban no lograron detener la arremetida de las trochas, los tajos y los bananales.  Allí su agua se torna sucia, contaminada e inservible.  El ecosistema limpio del río desaparece y se convierte en un callejón lodoso de humus, suelos lavados y sedimentos venenosos.  Su cauce está drenado y saqueado, y la maquinaria es la que esculpe violentamente su lecho y sus paredes.

Igual que en todo el planeta, en el Duchí, los pueblos se hicieron y se quedaron al lado de los ríos.  Pero a pesar de que la gente indígena sabe escucharlo, mirarlo y leerlo, el río puede resultar impredecible y tornarse en extremo peligroso.  En muchos tramos del río la gente no tiene otra opción que lanzarse a cruzarlo sin más ayuda que un palo para apuntalarse entre las piedras y los remolinos.  Las aguas que parecen mansas tienen una fuerza distinta a las de otros ríos como las de su vecino Jaküi/Pacuare y las de muchos otros ríos más cortos y quebradas que fluyen y se le suman desde las montañas que conducen a alta Talamanca.  Lo indómito del Duchí tampoco se muestra en otros tantos ríos que le llegan desde las cumbres y montañas que hacen de parteaguas con la cuenca del Jaküi.  Cruzar el Duchí es siempre un desafío que sólo la gente cabécar sabe enfrentar, y sin embargo muchas veces ese riesgo les cuesta la vida.  Cuando el río verdaderamente crece es un animal temerario.

En Tsineklarí/Roca Quemada hay un puente de hamaca para las personas, animales domésticos, motos y cuadraciclos, que da paso hacia las comunidades del lado de Limón. Pero de ahí hacia arriba, hasta Ñari Ñak, la siguiente pasarela consiste en un cable de lado a lado del río sostenido con cimientos de concreto del que cuelga un “cajón” de metal en el que pasan hasta 5 personas, productos como bananos, plátanos, otros alimentos y algunos animales como perros y gallinas.

A falta de paso seguro para ir al colegio de Ñari Ñak, por ejemplo, los estudiantes de algunas familias de Blori Ñak caminan hasta Kabébata/Quetzal.  A cualquier yukosa/no indígena desacostumbrado a caminatas rudas, ese trayecto le tomaría no menos de 5 horas por una subida extrema.  A algunos indígenas, como Albeiro García Brenes, que cursa el octavo año y sube todos los días, le toma 1 hora con 40 minutos. El regreso a su casa lo hace en menos.  El peligro actual y la memoria hacen que la familia de Albeiro prefiera esas caminatas diarias al riesgo de cruzar el río colgado de un cable.  En diciembre de 2023 se cumplirán 10 años del día en que su papá cayó al río cuando el artesanal e improvisado mecanismo de “rola” o rueda para deslizarse en el cable de metal y un pedazo de mecate a modo de hamaca falló.  Sobrevivió con los pies molidos por el impacto en las piedras y muchos más golpes y volvió a su casa luego de muchas semanas hospitalizado.

Caminando algunas horas más sobre la misma ribera de Blori Ñak, al otro lado del río se divisan las comunidades Guatemala y Colonia.  Luego de pasar Shukebacharí, pero hasta mucho más arriba, todavía lejos del centro de Sinoli, está la siguiente pasarela. A diferencia del puente de hamaca de Tsineklarí, la pasarela que hay que usar para llegar a Sinoli es endeble e improvisada. De un lado tiene una armazón de metal a la cual está sujeto el cable.  La gente debe subirse en un pequeño e incómodo cajón de metal que hay que sostener mientras se aborda.  Luego se suelta y con algo de impulso se adentra un poco sobre el río.  Las ruedas de las cuales va guindando pareciera que se van a saltar el cable.  Cuando el impulso por el peso acaba hay que empezar a jalar un mecate para acercarse a la otra orilla y eso es un trabajo pesado.  Del otro lado, la armazón de recibo está hecha de simples palos traídos de la montaña.

Las “gradas” son palos irregulares también. Subir o bajar unos 5 metros para tomar o dejar el cajón es de por sí muy peligroso.  En prácticamente todas esas pasarelas sobre el Duchí, con las rolas permanentes, o con las que la gente lleva, o con los mecates, muchas personas han sufrido heridas de distinto tamaño y hasta se han amputado parte de alguno de sus dedos; esto incluye gente de todas las edades y hasta bebés de meses.  Las caídas al río desde los cables con mecates o cajones son el accidente más común y con frecuencia terminan en muerte.  Cuando el río está descomunalmente crecido, infunde miedo, demanda cuidado extremo y se convierte en un “mar” de peligro inminente de hasta doscientos metros de ancho.

En la ruta de subida hacia el lejano y altísimo Duchí tuä, ahora caminando del lado de Limón, la comunidad que sigue es China Kichá/Raíz de naranja, mismo nombre de otras comunidades cabécar en Talamanca y Pérez Zeledón.  Bastante más arriba de la pasarela y a la par del río, se ven la escuela y otros techos de China Kichá. Pero este pueblo queda al otro lado y hay que volver a cruzar el río.  Sin embargo, sólo está el cable porque el cajón está malo, según explican en cabécar 2 mujeres jóvenes que parecen de no más de quince años.  Ellas esperan un rato bajo la armazón de palos que sostiene el cable, conversan entre ellas y con nuestros compañeros de Blori Ñak, deliberan y luego empiezan a caminar río arriba por las piedras de la orilla como midiendo la fuerza de la corriente.  Tras intercambiar miradas entre ellas y con el río, parece que encontraron una ruta.  Luego de hacerse comentarios que no escuchamos, se lanzan a cruzar el Duchí. 

Calculan cada paso soportando la corriente, a veces se tambalean, se hunden entre las piedras y los remolinos, se hablan a gritos, se ríen y parecen asustadas, pero siguen.  Tratan de no separarse y terminan tocando la otra orilla muchos metros más abajo de donde iniciaron.  Nosotros avanzamos bastante más hacia arriba buscando que el río nos dé una tregua para cruzar, pero el Duchí nos engaña.  De lejos cada tramo parece tranquilo, pero al llegar los remolinos y las innumerables pequeñas cascadas se revelan poderosas y desafiantes a tal grado que luego de muchas entradas fallidas, simplemente desistimos.  Los cabécar siguen dispuestos a lanzarse, pero “los yukosa no pueden con el Duchí”.

Las 2 muchachas jóvenes se pierden en la montaña al otro lado del río en China Kichá.  A nosotros nos espera un regreso a Blori Ñak a marcha rápida de al menos 5 horas por los mismos trillos, caminos, trochas e inseguras pasarelas.  En ese retorno nos topamos a 6 personas que vienen a paso ligero y silencioso desde Tsineklarí donde encontraron al muchacho que se había ahogado 5 días antes.   Son parte de su familia.  Era un hombre joven que necesitaba cruzar el río para ir a trabajar, pero no tuvo la suerte de las 2 jóvenes.  No era un “cholillo”.  Era una de las muchísimas personas que todos los días y a cualquier hora, no tienen alternativa y deben arriesgar su vida debido a la ausencia de puentes que permitan el paso seguro.  Desde Sonoli, el Duchí se llevó su cuerpo hasta Tsineklarí.

En Grano de Oro, el yukosa que habló de esta muerte no se refirió a “una persona” sin importar quién fuera, ni menos a un indígena cabécar ahogado, sino de un “cholillo”, sin comprender el peso violento y racista de su expresión.  Simplemente soltó la frase grosera con la “naturalidad” propia de quien vive en una sociedad discriminatoria y descalificadora; una sociedad racista.  Todavía para mucha gente, aunque los tenga de vecinos, los indígenas son personas inferiores y los tratan como si lo fueran.  Muchas de esas expresiones y prácticas actuales nos hacen pensar que vivimos como si el tiempo no hubiera transcurrido y estuviéramos ante cualquier supremacista blanco de hace décadas o siglos cuando nuestros indígenas eran cazados como si fueran bestias. Algunos connotados racistas y traficantes de seres humanos como Fitz Roy, el explorador colonialista inglés de la Patagonia y Tierra del fuego en Argentina y Chile, y su compañero Charles Darwin, capturaban indígenas y hablaban de éstos como “feroces y sucios salvajes” y “criaturas apenas superiores a la creación bruta”.  Darwin, tal vez el más conocido científico inglés, llegó a decir que “…no he visto en ninguna parte criaturas más abyectas y miserables”, para referirse a los “fueguinos” del sur del continente americano.  Ese mismo desprecio, con variantes, lo practican hoy muchas personas en la calle y en dependencias públicas y privadas de Costa Rica.

Si los cabécares de Alto Chirripó tuvieran puentes, al menos puentes de hamaca, podrían conectarse entre sí con seguridad y podrían llegar a los caminos para trasladarse hacia Turrialba.  Aunque no puedan pagar 25.000 o 30.000 colones para subir en carro hasta por lo menos Grano de Oro, con esos puentes vivirían mucho mejor.

En cuanto a los caminos, algunos están mejor que hace unos años.  Desde Grano de Oro hasta Tsineklarí por Tsipirí, Jokbata y Dikokloriñak, se puede llegar sin problema.  La ruta Grano de Oro por Kabebata/Quetzal hasta Blori Ñak también es transitable, pero con lluvias fuertes queda inhabilitada rápidamente, lo mismo ocurre con el camino hasta Shukebacharí.  Esas rutas y sus pueblos son sitios de paso y entrada a muchas más comunidades tanto del lado de Cartago como del lado de Limón, como Jokbata, Dikokloriñak las mismas Tsineklarí y Blori Ñak, Ñari Ñak, Guatemala, Colonia, Shukebacharí, Sinoli, China Kihá y muchas más. 

Si esos pueblos contaran con puentes para cruzar el río se evitarían muchos accidentes, muertes, desplazamientos agotadores de horas para ir a estudiar, recibir alguna atención médica, comprar alimentos, trasladar productos, etc.  Desgraciadamente murió otra persona y puede que no sea la última.  No era un “cholillo”.  Era un habitante de Costa Rica, un indígena trabajador.  No andaba borracho, que es lo que casi siempre se dice, pero no pudo medir el peligro.  Si existiera un puente, aunque fuera un puente de hamaca, él no habría muerto.  Y tan racistas son las expresiones grotescas sobre su muerte, como el abandono material de la institucionalidad costarricense con el pueblo cabécar de Alto Chirripó y con los demás pueblos originarios.  El racismo es un problema social de Estado, de toda la institucionalidad y no es con ayudas puntuales, o con caridad, como se subsanarían carencias tan elementales como puentes de hamaca para que la gente no viva en riesgo inminente y permanente.  Se requiere asumir responsabilidad para hacer esas inversiones mínimas.

A pesar de las tragedias irreparables, el río Duchí sigue siendo indispensable y fundamental para la vida de la gente cabécar, pero hasta tanto no existan condiciones seguras para cruzarlo, también seguirá siendo un peligro irremediable.  Dentro del territorio cabécar el Duchí es entonces una amalgama de vida natural verde y animal ilimitada, belleza indescriptible y fuerza descomunal que cobra vidas humanas.

Fotos aportadas por el autor.

Cooperativas y otros privados en la subasta de la electricidad

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

La discusión sobre el futuro del ICE y del modelo de electricidad de Costa Rica, o por lo menos el que tuvimos desde 1949 hasta la entrada en vigencia de las leyes 7.200 del 28 de setiembre de 1990 y 7.508 del 9 de mayo de 1995, tiene que ver con si se priorizan los negocios privados frente al modelo de servicio social con preponderancia pública por medio del ICE.

La esencia de los proyectos que se tramitan en la Asamblea Legislativa es elevar los topes de producción privada en más del 100% y permitir la exportación de los generadores privados cobijados con las leyes 7.200 y 7.508, y de todas las empresas que operan en el país. En el artículo 46 del expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, se establece que cualquier empresa que tenga “una concesión para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación de electricidad para el servicio público, bajo los alcances de la Ley 8723, se encuentran autorizados adicionalmente para poder utilizar dicha concesión de fuerza hidráulica para generar energía en toda su capacidad y poder colocarla en el mercado nacional con cualquier agente mayorista u otra distribuidora o comercializadora de electricidad distinta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como en el Mercado Eléctrico Regional, previa autorización del MINAE”.

La posibilidad de que cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales y otras empresas privadas transen en el mercado privado local y centroamericano se establece en muchos artículos como el 5 del expediente #22.701 según el cual “los generadores de electricidad habilitados en esta Ley, como agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER)… están autorizados para participar en la venta de excedentes de energía en el MER en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, y de conformidad con el Tratado”. Los expedientes #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”, son apéndices del expediente #23.414 y reafirman algunas de sus prerrogativas particulares.

Según el expediente #22.561 son excedentes “la producción de electricidad remanente disponible, una vez que se han cubierto las necesidades de autoconsumo y la demanda nacional dentro del Sistema Eléctrico Nacional”, y agrega que la energía que no sea adquirida por el ICE “ya sea dentro del marco de un contrato vigente de venta de energía, o en los casos que no exista un acuerdo de venta activo y vigente, forma parte de los excedentes de energía”. Ya revisamos antes que los excedentes no son más que un supuesto para justificar el crecimiento de la oferta privada de todas las empresas sin importar su condición jurídica. Lo perseguido es aumentar la producción y eventualmente “brincarse” al ICE para pasar directo al mercado regional. Esto queda claro en el artículo 5 del expediente #22.701 ya mencionado, y se repite con las mismas letras en el artículo 5 del expediente #22.561. Para que no haya restricciones se establece que la exportación de energía al MER “no dependerá bajo ningún motivo, de la existencia de un contrato con algún agente nacional, quedando por lo tanto facultados, sin necesidad de ningún trámite adicional”.

El artículo 1 del expediente #22.561 fija el objetivo del proyecto en “habilitar como agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER) a las empresas privadas de generación de electricidad de Costa Rica constituidas bajo el marco de la Ley N° 7200”, lo cual incluye los proyecto BOT de hasta 50 megavatios, “y a las demás empresas y cooperativas generadoras de electricidad de Costa Rica para que puedan participar en la venta de excedentes de energía que no se requiera para atender la demanda nacional”. Este artículo se “amarra” con el artículo 6 que repite cuáles son las empresas, pero ambos cobran sentido si se revisan en paralelo con el proyecto #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales”. Este texto da a las cooperativas y otras empresas las mismas prerrogativas de topes de producción de electricidad de 20 megavatios para las empresas bajo la ley 7.200 y de 50 megavatios para la 7.508, con el agregado, en ambos casos, de que pueden generar electricidad “hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional “ (Artículo 2).

Pero sin duda la entrada colosal al mercado privado para las empresas cooperativas, municipales y distribuidoras es el artículo 3 del proyecto #22.701 que adiciona a la ley 8345 del 26 de febrero de 2003, un artículo 9 bis, gracias al cual “Las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales amparadas a la presente Ley están habilitados para la compra de la energía producida por los sujetos establecidos en la ley 7200, celebrando los contratos respectivos con dichos sujetos y de acuerdo con las necesidades de demanda identificadas”. En adelante será difícil para empresas que teóricamente persiguen fines solidarios y de justicia en la fijación de tarifas, mantener esos ideales transando con otras que no ocultan regirse por su tasa de ganancia.

Dado que todos los proyectos de ley en discusión repiten sobre beneficios de la apertura y la competencia en los precios de la electricidad que paga la gente consumidora, vale la pena mencionar informes de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía, de la Contraloría General de la República sobre los costos de producción de electricidad de algunas de las empresas. En el Informe R-DFOE-AE-01-2017, 01 de marzo 2017, dice la CGR: “los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, en su mayoría son superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), en un promedio de 7 centavos de dólar por kilowatt hora (c$/kWh)”, mientras que el proyecto Bijagua de Coopeguanacaste R.L. tiene un costo de 11,6 c$/kWh. En plantas eólicas el costo aceptable es de 12 c$/kWh, “pero Valle Central de la CNFL, S.A. tiene un costo de 18,4 c$/kWh y los Santos de Coopesantos R.L. de 16,3 c$/kWh.”

En el INFORME N.° DFOE-AE-IF-15-2016 del 23 de diciembre, que revisa el “Costo nivelado de la energía por tipo de recurso energético en c$/kWh, periodo 2010-2017” se explica que el proyecto Los Santos de Coopesantos R.L, que opera desde noviembre 2011, tiene un costo nivelado de 16,33 c$/kWh “muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento. En la revisión del “Costo de inversión unitario de la potencia instalada ($/kW)” Los Santos de Coopesantos R.L. tienen costos de inversión de 2.847,1 $/kW, mucho más alto que el promedio mundial de 2.100 $/kW. 

Los elevados costos de generación de estas y otras empresas, sumadas a la visión mercantil de las empresas privadas generadoras, dejan abundantes dudas sobre los supuestos beneficios para la gente que pueda tener la apertura del mercado eléctrico. Más bien podríamos pensar en que, eventualmente, sean consumidores de la región quienes también asuman esos costos mucho más altos que los de las empresas eficientes del mundo.