Skip to main content

Etiqueta: política económica

El triunfo del Frente Amplio uruguayo: lección para América Latina

Francisco Esquivel V.
Economista

El Frente Amplio uruguayo (FA-UY) logró una importante victoria electoral, recobrando el poder luego de haberlo perdido durante un período gubernamental. De esta manera, Uruguay será gobernado por el Frente durante 20 años de los 25 del período 2005 – 2030. En los primeros tres gobiernos se aplicó una política económica y social que generó crecimiento con beneficio para la población, con más intensidad en los dos primeros períodos. Esto rompió el dominio de los dos partidos tradicionales que habían gobernado durante el siglo XX: el Partido Blanco y el Partido Colorado. Fue una demostración de que en América Latina puede ejecutarse una política pública de crecimiento, combinando la expansión exportadora con el estímulo al mercado interno. También se demostró que el crecimiento del mercado interno sólo es posible mediante una clara política distributiva en favor de los sectores más rezagados.

En 2019 el FA-UY perdió la elección presidencial ante el Partido Blanco, debido a un desgaste de la gestión gubernamental que mostró un “distanciamiento respecto a la gente” y una pérdida de contacto con el sector empresarial. El Frente revisó lo sucedido y en 2024 ha regresado con la suficiente fuerza para ganar la elección con claridad (un poco menos de 100.000 votos de diferencia) y plantearse la recuperación de los mejores momentos de los primeros 15 años al frente del gobierno. El presidente del FA-UY, Fernando Pereira, define este resultado como el producto de un trabajo puerta a puerta que duró tres años: el resultado de “chancletear” todo el país (www.youtube.com/watch?v=6hUovOa_2lc).

Varios analistas han definido al FA-UY como un partido raro. Es diferente a los otros frentes amplios que operan en América Latina. En realidad, es una coalición de diferentes tendencias que tienen en común la búsqueda del crecimiento combinado con el bienestar de la gente, en un marco de respeto profundo a la democracia uruguaya y a sus rivales políticos. Social demócratas, demócratas cristianos, socialistas, ex tupamaros, ambientalistas y tendencias similares se unen en el FA-UY desde hace 50 años. Todos se definen de izquierda, basados en los principios particulares de cada uno. En este contexto, el concepto de “izquierda” significa solidaridad con los que menos tienen, defensa de los mecanismos estatales que propician la redistribución del ingreso, defensa de la democracia, rechazo al totalitarismo. Así, todas las tendencias citadas se preguntaron: ¿estamos de acuerdo con estos principios? Si. Entonces, actuemos juntos para mejorar al Uruguay. No nos peleemos por tonteras, impulsemos un programa de cambio compartido. Hay un programa básico compartido; pero, cuando hay diferencias de criterio sobre puntos fuera de ese programa, se respeta la opinión de cada uno y su libertad para actuar de acuerdo a sus creencias. Como resultado de esta visión el FA-UY es el partido más grande de Uruguay. En el siguiente enlace se encontrará el programa 2025 – 2030: www.frenteamplio.uy/prioridades-para-gobernar-uruguay-2/

El logro económico

Los dos primeros gobiernos del FA-UY generaron los mejores logros económicos, como se observa en el gráfico 1. En el período 2005 – 2009 gobernó Tabaré Vázquez y en el período 2010 – 2014 José “Pepe” Mujica fue el presidente. La economía creció por encima del 5% anual, combinando la expansión exportadora con el impulso del mercado interno. La capacidad exportadora mejoró notablemente, con lo que las exportaciones por habitante aumentaron un 73%. Influyó un ambiente internacional favorable con precios al alza de los productos de exportación. Pero, el solo hecho del entorno internacional favorable no es suficiente para explicar este tipo de expansión. Se necesitan políticas de promoción de la exportación. Un ejemplo de esto fue la atracción de la inversión extranjera que pasó de US$1.400 millones en el período 2000 – 2004 a US$12.400 millones en el período 2010 – 2014. Además, el crecimiento exportador se vinculó con el mercado interno a través de una política de salarios crecientes y un incremento del gasto social estatal. De esta manera, el consumo de las familias por habitante aumentó un 76% de 2004 a 2014. Esta década demostró que el progresismo puede manejar la economía latinoamericana con eficiencia propiciando la expansión empresarial y el bienestar de la población. El conductor de la política económica de este período fue el economista social demócrata Danilo Astori, destacado catedrático de la Universidad de la República. Astori fue Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de esa Universidad, la principal del país.

El FA-UY impulsó el crecimiento entendiendo que es el resultado de la combinación de la exportación con el mercado interno. No le tuvieron miedo a la globalización, pero la asumieron con políticas claras. No le tuvieron miedo a la inversión extranjera, por el contrario, la propiciaron. No le tuvieron miedo a la concesión de obra pública, ni a las alianzas público – privadas. Entendieron que se trata de impulsar una fórmula apropiada: el progreso empresarial y el bienestar de la población deben ir de la mano, con políticas claras de desarrollo del mercado externo y del mercado interno, con políticas contundentes de redistribución como se verá más adelante.

Gráfico 1

Datos económicos

El tercer período, 2015 – 2019, liderado de nuevo por Tabaré Vázquez, reveló un desgaste de la gestión del FA-UY. Los resultados macroeconómicos se debilitaron como lo muestra el gráfico 1. El proceso exportador continuó, pero con menos intensidad. Esto afectó la dinámica inversora lo que se tradujo en una salida de inversión extranjera. El consumo de las familias también mejoró, pero de manera lenta. Tales factores se combinaron para que la economía creciera un pobre 0,70% anual. El Partido Blanco aprovechó este mal desempeño económico para ganar la elección de 2019. Sin embargo, el resultado del período 2019 – 2023 no fue bueno, creciendo la economía un limitado 0,85% anual. Influyó en esto la pandemia de 2020 – 2021. Pero, el rebote natural, post pandemia, no tuvo la intensidad adecuada. La exportación se recuperó lentamente y se observó cierta recuperación de la inversión extranjera, pero insuficiente. No hubo políticas de distribución favorables a los sectores más rezagados, por lo que el consumo de las familias mejoró limitadamente, así como el mercado interno no fue un factor de crecimiento. Esto facilitó que el chancleteo, citado por Fernando Pereira, rindiera resultados positivos en la reciente elección presidencial generando el cuarto gobierno del FA-UY.

El logro social

El éxito de la política económica de los gobiernos del Frente está relacionado con la política distributiva favorable a los sectores más rezagados. El gráfico 2 presenta un pequeño grupo de indicadores que revelan la orientación de esa acción distributiva.

Gráfico 2

Datos sociales

El ingreso promedio de la población trabajadora aumentó un 60% de 2005 a 2017. El crecimiento económico y esta política distributiva bajaron la pobreza sustancialmente del 20% de la población al 4%. Asociado a lo anterior, la distribución del ingreso mejoró sustancialmente haciendo que el índice de Gini bajó de 0,47 a 0,39, en los primeros años del proceso. Este índice fluctúa entre 0 y 1. Conforme se acerque a 0 la distribución mejora, lo que sucedió en el período mencionado.

Es claro que las políticas distributivas se deterioraron al final del tercer gobierno del FA-UY, revelando el desgaste de la gestión del partido. Sin embargo, es importante observar que el Partido Nacional, en el período 2020 – 2023 no logró revertir esta situación. En parte afectó la pandemia. Pero, una vez superado este problema, no existió voluntad para aplicar una política distributiva consistente, por lo que el ingreso de las personas no superó el nivel dejado por el segundo gobierno de Vázquez. Asociado a esto observamos que la pobreza aumentó levemente y la distribución del ingreso también se deterioró.

La lección para América Latina

La experiencia del FA-UY revela que el progresismo puede manejar con éxito cualquier economía latinoamericana. Es falso que el neoliberalismo sea la opción que tiene la fórmula del éxito. Por el contrario, cada vez queda más claro que la extrema derecha neoliberal lleva al fracaso a nuestros países. El caso más claro es la experiencia argentina con Javier Milei, que está destruyendo la producción, aumentando el desempleo y la pobreza y perpetuando la desigualdad. Con las políticas alternativas del progresismo se puede alcanzar buen desempeño macroeconómico y mejoras sustanciales en el plano social. Pero se requiere de un enfoque unitario de todas las fuerzas que quieran el cambio progresista. Este cambio no será propiedad de un solo grupo, aislado del resto de las fuerzas progresistas. Hay muchas fuerzas que comparten esa visión progresista, entendida como la vocación por el crecimiento con beneficio para la población, en un marco de democracia plena. Los social demócratas, los demócratas cristianos, los socialistas, y demás fuerzas similares, persiguen objetivos comunes de bienestar humano. La unión de esas fuerzas conduce al éxito.

Ejercicio práctico para la reconstrucción de la izquierda

Por Carlos García Hernández

Definición de Estado: territorio con fronteras fijas bajo una autoridad central con capacidad de emitir moneda nacional y de imponer deudas en dicha moneda a todos los residentes en el Estado.

Consecuencia I: la moneda nacional toma su valor de la necesidad de los ciudadanos de redimir sus deudas con el Estado.

Consecuencia II: antes de recaudar las deudas impuestas el Estado tiene que gastar en moneda nacional para que las deudas sean pagables.

Consecuencia III: el Estado da lugar a un mercado en el que se compran y venden bienes y servicios a cambio de la moneda nacional con objeto de redimir las deudas con el Estado, autoabastecerse y ahorrar.

Consecuencia IV: el Estado puede adquirir en el mercado todo lo que esté a la venta en moneda nacional, ya que en calidad de emisor soberano no se puede quedar sin su propia moneda.

Consecuencia V: la frontera de posibilidades de producción del Estado está limitada por los recursos reales de la economía, no por los recursos financieros del Estado en moneda nacional.

Consecuencia VI: el Estado puede aumentar su frontera de posibilidades de producción importando bienes y servicios de mercados extranjeros.

Definición de política económica: introducción por parte del Estado de variables endógenas y exógenas en el ciclo económico.

Variables endógenas: variables introducidas por el Estado cuyo cumplimiento es necesario acatar por parte de los actores económicos para poder participar en el mercado nacional (leyes).

Variables exógenas: variables que el Estado permite que sean decididas por los actores privados participantes en el mercado nacional durante el ciclo económico.

Propuesta del socialismo fiduciario:

  • 1- Convertir en endógenas del ciclo económico las siguientes variables:
  1. Pleno empleo garantizado y permanente mediante planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo.
  2. Utilización plena y prudente de los recursos naturales.
  3. Garantía a todo ciudadano de comida, alojamiento, vestido, servicios sanitarios y educación.
  4. Seguridad social en forma de pensiones y subsidios.
  5. Garantía de estándares laborales dignos.
  • 2- Permitir que sea la ciudadanía quien decida qué variables deben ser endógenas o exógenas del ciclo económico mediante la decisión democrática sobre el alcance de la participación del sector privado en la economía.

Ejercicio práctico: partiendo de todo lo anterior, considérese qué política económica debería llevar a cabo la izquierda. Es decir, qué variables debería incorporar la izquierda al ciclo económico en calidad de variables endógenas y qué variables deberían considerarse exógenas.

***

La propuesta de la izquierda española y de la izquierda occidental en general es coincidente con la propuesta del socialismo fiduciario, excepto en el primer punto (el más importante), el pleno empleo permanente garantizado por ley. El ciclo económico español incorpora como variables endógenas la defensa de la naturaleza (sin éxito), la garantía de comida, vestido, servicios sanitarios (insuficientes) y educación (infradotada), una seguridad social en forma de pensiones y subsidios (demasiado bajos) y legislación (que no se cumple) en materia de estándares laborales. Quedan fuera del ciclo económico el derecho a la vivienda y sobre todo el derecho al trabajo garantizado.

¿Cuál es la razón para que la izquierda occidental no garantice el acceso a un puesto de trabajo? Su incapacidad para comprender que el nivel de desempleo del Estado es una decisión política, igual que la educación o la sanidad garantizadas.

La definición de Estado, las consecuencias de esa definición y la definición de política económica a las que hemos hecho referencia al principio de este artículo describen lo que se llama economía monetaria de producción. En ella, lo que moviliza los recursos humanos y materiales para crear bienes de consumo son las deudas con un poder central que emite el dinero que demanda en forma de impuestos. Por consiguiente, y si atendemos a la consecuencia IV, el Estado puede adquirir en moneda nacional toda la mano de obra desemplea a cambio de trabajo asalariado, de manera que todo el mundo que quiera y pueda trabajar tenga un empleo y se llegue a una situación de pleno empleo permanente. Si además el pleno empleo se consigue mediante planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo y se adoptan tipos de cambio flotantes y tipos de interés de 0% permanente, tal y como sostiene el consenso de la moneda moderna, se puede llevar a la economía hacia lo que el socialismo fiduciario ha bautizado como el punto Lerner, un estado ideal de la economía en el que tanto la inflación como el desempleo son nulos.

Acabamos de chocar contra la última frontera del capitalismo. A regañadientes, durante el siglo XX el movimiento obrero fue arrancando progresivamente el acceso a los derechos sociales de las fauces de las variables exógenas y lo fue introduciendo en el reino de las variables endógenas del ciclo económico. Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron los encargados de detener ese proceso de emancipación. Para ello crearon un mito que la izquierda occidental ha aceptado. Ese mito falso e inventado se llama neoliberalismo.

El neoliberalismo cambió la definición de Estado y con ello las consecuencias de la existencia de los Estados. En el engaño del neoliberalismo, el gasto público ya no antecede a la recaudación de impuestos, sino que los impuestos son los que financian el gasto público posterior. Por tanto, ya no es el Estado el que elige el nivel de empleo de la economía, sino que es el sector privado el que mediante sus decisiones de inversión el que decide el nivel de desempleo. Así es como el desempleo masivo y no el pleno empleo permanente se convierte en una variable endógena del ciclo económico. También así es como el neoliberalismo va negando progresivamente el acceso a los servicios sociales y poco a poco va devolviendo dicho acceso al terreno de las variables exógenas del ciclo económico.

La reconstrucción de la izquierda pasa por destruir el falso mito del neoliberalismo y convertir tanto al pleno empleo permanente como el acceso universal a los servicios sociales expuestos por el socialismo fiduciario en variables endógenas del ciclo económico. Para ello el engaño del gasto público financiado por impuestos debe ser desechado.

La recuperación de la soberanía monetaria es el primer paso que debe dar la izquierda española. El límite de gasto y de déficit público impuestos por la Unión Europea y el euro son la expresión más avanzada del neoliberalismo. Una vez recuperada, la soberanía monetaria debe convertir en variables endógenas del ciclo económico todos los derechos sociales del socialismo y permitir que mediante su participación democrática la ciudadanía decida el tamaño del sector privado.

No se puede reconstruir lo que no existe.

Euro delendus est

*Carlos García Hernández. Licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad Humboldt de Berlín y fundador de la editorial Lola Books.

Publicado en https://elcomun.es y compartido con SURCOS por el autor.

¿Es errada la gestión económica de la Revolución Bolivariana?

Mag. José A. Amesty Rivera

Desde varios sectores de la oposición y desde sectores a favor del gobierno venezolano, incluyendo desde medios de comunicación, han proliferado muchos puntos de vista en relación a la política económica de la revolución bolivariana, algunos a favor y otros en contra, mas específicamente aduciendo que las últimas medidas son neoliberales.

El presente artículo, pretende revisar si la última aseveración es cierta, reflexionando, citando y apoyando el articulo ¿Maduro neoliberal? del investigador y analista político William Serafino.

Una prueba de neoliberalismo, según algunos medios es, por ejemplo, que, en la zona de las Mercedes, una zona de clase media alta de Caracas, haya tiendas ostentosas, restaurantes y casinos de categoría elevado.  

Otros medios aducen que, la oferta de trabajo en plataformas digitales o la circulación de dólares en la economía son sinónimo de neoliberalismo.

Para Alberto Barrera Tyszka, en un artículo publicado en The New York Times, el neoliberalismo «sería la pata económica de la «dictadura» de Maduro».

Por otro lado, para el Partido Comunista de Venezuela, hoy a la derecha y en claro respaldo a la oposición venezolana, más otros sectores de izquierda, enfatiza que: «los bajos salarios, la reducción del gasto público y los supuestos intentos de privatización enmarcados en la Ley Antibloqueo son expresiones de ese neoliberalismo que confirmarían el alejamiento de Maduro del chavismo».

Si las políticas del gobierno chavista fueran neoliberales, el politólogo Serafino concluye su artículo preguntando: «Si es neoliberal, no hay razón para que prosiga el acoso en su contra, ¿verdad?».

Ahora, verifiquemos ¿que son políticas neoliberales? Según: «Neoliberalismo». Autor: Equipo editorial, Etecé. De: Argentina. Disponible en: https://humanidades.com/neoliberalismo/.

«El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. Así mismo, el neoliberalismo considera que la intervención del Estado promueve la ineficiencia a través de las regulaciones sobre las industrias, los altos impuestos y servicios públicos que no están sujetos a la competencia del mercado. El sistema neoliberal pretende capitalizar el accionar del Estado y generar mayor producción con menor inversión social. Esta premisa recae en un dilema debido a que en la práctica no resulta justa o equitativa.

Entre las principales características del neoliberalismo se destacan:

La privatización. Consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar regulados por el Estado. Es decir, que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. Las personas que no tienen acceso a una educación adecuada no podrán progresar en su trabajo y en su vida profesional. Por ende, la privatización de todos los servicios solo promueve beneficios para una minoría y la falta de calidad de vida para una mayoría.

El libre mercado. Consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda, en un mercado libre de restricciones por parte del Estado. Defiende la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. Si esa modalidad no es moderada y regulada, contribuye a un menor desarrollo de la producción del país y solo enriquece a quien puede importar y vender esa mercadería a nivel nacional. No promueve el crecimiento comercial del resto del sector productor, que se vuelve cada vez menos competitivo.

La competencia. Consiste en fomentar la competitividad en toda relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener más variedad de opciones en el mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites en el accionar comercial, lo que puede desencadenar en una competencia desleal a costa de la explotación laboral, de la difusión engañosa, entre otros.

Finalmente, las principales desventajas del modelo neoliberal son:

La desigualdad. Promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y que generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados, como la educación, podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a ese tipo de servicios, no pueden progresar.

El monopolio. Promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista que acapara la productividad y la oferta de servicios. Quienes no tienen o no pueden generar dinero, no logran llevar a cabo sus propios negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo.

Los problemas económicos. Promueve un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes deliberadas del mercado en mano de los monopolios. Además, se genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, por lo que la mano de obra se abarata.

Los problemas ambientales. Promueve la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible. En muchos casos eso implica no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos y del medio ambiente, del aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de vida de las personas o del desarrollo industrial responsable».

Según las afirmaciones anteriores, las políticas del gobierno bolivariano, desde Chávez hasta ahora, están diametralmente opuestas al neoliberalismo. Y, por consiguiente, es obvio que las medidas económicas no son neoliberales.

Y como sigue enfatizando Serafino, «caracterizar de neoliberales cuestiones regulares de la actividad económica como el auge comercial o de movimiento de dinero en las calles implica un reduccionismo ramplón» que no es neoliberalismo.

En el caso venezolano, «cuando se habla de neoliberalismo se hace referencia a una política de ajuste estructural signada por privatizaciones en sectores estratégicos, financiarización del tejido económico, desregulación de servicios públicos esenciales y un aumento en el poder de decisión de las empresas concentradas en detrimento de la autoridad del Estado».

«Para que una política económica sea neoliberal en el sentido estricto de la palabra, deben cumplirse ciertas condiciones. Una de ellas es la desregulación de todo cuanto sea posible en términos de actividad económica. Esto quiere decir, en pocas palabras, suprimir todo factor de control, supervisión o gestión del Estado sobre sectores estratégicos, financieros y servicios esenciales. Como ejemplo reciente, y a la mano de una terapia de shock neoliberal tenemos el gobierno de Mauricio Macri en Argentina (2015-2019). En lo político, el «laboratorio neoliberal» que encabezó implicó el ascenso de banqueros y tecnócratas en altas posiciones de poder, lo que configuró un gobierno corporativo repleto de CEOs. Por el lado económico y financiero, su administración ejecutó un endeudamiento insólito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acreedores privados, cuyos compromisos externos del país llegaron a más de 250 mil millones de dólares».

El analista Serafino continúa afirmando: «si Maduro fuese un neoliberal a carta cabal no solo Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) sino las empresas básicas, el Metro de Caracas, las empresas de electricidad, telecomunicaciones y de suministro de agua, por solo mencionar algunos casos, estarían ya en manos del sector privado».

Finalmente, William Serafino concluye que: «es una contradicción absurda calificar a un gobierno como neoliberal si este tiene una amplia gama de impuestos para fortalecer su recaudación, sostener los subsidios a los servicios públicos y un programa alimentario de carácter masivo: los CLAP, cuyo costo de adquisición para la población está muy por debajo de los precios de mercado. Es sencillamente un sinsentido; es todo lo contrario al neoliberalismo».

Si Maduro encarnara el neoliberalismo, «no lo observaríamos enfocado en fortalecer el Sistema de Misiones, las entregas de viviendas y el resto de políticas públicas dirigidas a la protección social en términos de alimentación, salud y educación de la población».

Quizás el aspecto más frágil de la narrativa neoliberal «es que supone que todo lo que implique reordenar las finanzas, buscar una gestión más racional de recursos (escasos, en virtud del bloqueo) y estimular condiciones de crecimiento económico por vías diversas a las tradicionales certifica un giro «neoliberal».

Finalmente, no debemos olvidar que las políticas económicas del gobierno bolivariano, se dan en un contexto de bloqueo, el presidente Nicolas Maduro Moros ha enfatizado: «A la acción de agresión multiforme de Estados Unidos, debemos responder con una acción estratégica flexible, de defensa y contrataque, que evite que el bloqueo siga haciendo daño a nuestra Patria (…) debemos responder con audacia y creatividad, adaptando, flexibilizando nuestro marco jurídico y administrativo, adaptándonos a las amenazas sancionatorias, a complejas y cambiantes circunstancias».

En síntesis, según el Informe del Centro Internacional de Inversión Productiva CIIP y el Observatorio Venezolano Antibloqueo, «¿cuáles son los resultados de las sanciones? Como era previsible (y como fue planificado desde el principio), las implacables medidas contra Venezuela durante más de siete años, han tenido impactos durísimos sobre la economía del país, el nivel de vida y los derechos humanos de la población venezolana. Todas y todos hemos sufrido (de una u otra forma) los efectos de los castigos, persecusión a la economía y al Estado venezolano. El bloqueo produjo la reducción de los ingresos en divisas del país, caída de la producción petrolera, cierre al comercio exterior, debilitamiento de la moneda y fuga de capitales. Se vino entonces la hiperinflación, escasez de bienes y servicios, cierre de industrias, migración, deterioro de la calidad de vida y del bienestar de las venezolanas y los venezolanos. En pocas palabras, una devastación económica sin precedentes».

Lo anterior del Informe es, el Infierno del neoliberalismo, propuesto y ejecutado no por el gobierno bolivariano, sino por EEUU y sus secuaces.

EL NUEVO GOBIERNO DE CHAVES. Algunos elementos para una caracterización

Comité Ejecutivo
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Junio 2022

El pasado 8 de mayo asumió el poder de Costa Rica un nuevo gobierno encabezado por Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático.

Es muy importante que el MTC tenga una buena caracterización de este gobierno con miras a plantear y proponer políticas que ayuden a lograr las reivindicaciones populares y con esto ayudar a recuperar la confianza popular en sus propias capacidades de lucha.

Contexto

  1. El desgaste del PAC. Como bien se sabe en las pasadas elecciones del 6 de febrero el PAC resultó borrado del mapa político. (Aunque no se puede descartar que vuelva a recomponerse). Algunas razones del desgaste del PAC son las siguientes: la aplicación del llamado combo fiscal lo que llevó al desarrollo de una de las luchas más poderosas de la historia costarricense, las luchas contra el combo, con una huelga de cerca de tres meses en el sector magisterial. La pandemia del Covid es otro factor pues algunas políticas de salud fueron positivas, pero al mismo tiempo afectaron mucho la actividad económica, disparando el desempleo y el subempleo. Las luchas encabezadas por Rescate Nacional en octubre del 2021 fueron el punto más alto de este descontento. El movimiento de Rescate Nacional en su base social de apoyo fue muy complejo y oscuro: hubo fuerzas muy claras como la ANEP y el MTC, por una parte. También el empresariado se mostró con mucho descontento, principalmente el pequeño empresariado que no logró virtualizarse. Otros sectores de composición más compleja como algunos de la zona sur que son anti indígenas, e incluso se habló de sectores vinculados al narco, posiblemente al narcomenudeo. La caracterización de este tipo de movimientos es importantísima ya que pudiera ser que en el futuro se vuelva a presentar este tipo de movimientos complejos.
  2. El desgaste de los partidos políticos tradicionales. Estamos en un momento histórico de incremento de la desilusión en la política. Esto repercute de manera importante en la capacidad movilizadora de los partidos políticos. Prácticamente toda la culpa de la situación actual se les echa a los políticos. El Partido Liberación Nacional, que ha sido el partido que, desde su triunfo en la guerra civil de 1948, el partido con más “organicidad” (capacidad organizativa) también sufre el desencanto con la política, aparte de que llevaba como candidato a José María Figueres Olsen, personaje que refleja muy bien una política neoliberal asociada con corrupción. Cualquiera que lograra el segundo lugar en la primera ronda tenía buenas posibilidades de disputar la presidencia debido a la mala imagen de su candidato.
  3. No olvidar el tema del abstencionismo. Otro aspecto que se debe tener en cuenta para entender la situación política del país es el abstencionismo. En la segunda ronda el abstencionismo llegó a un 42.67%, siendo uno de los más altos de la historia reciente. Este porcentaje sube en las provincias costeras: Guanacaste 50.27%, Puntarenas 52.67% y Limón 53.34%. (Teletica, 3.4.2022, https://www.teletica.com/elecciones-2022/abstencionismo-de-segunda-ronda-alcanzo-un-4267_308727 Estas provincias, aparte de haber dado el triunfo a Rodrigo Chaves, se muestran como las más altamente abstencionistas. Como se sabe en estas provincias costeras las desigualdades sociales son mayores, asimismo son las provincias mayormente desatendidas por las instituciones ya que por el asunto del “vallecentralismo”, el accionar institucional se concentra en el valle central. El abstencionismo es un fenómeno que carcome la credibilidad del orden “democrático”, y de la gestión estatal. Es caldo de cultivo de la inestabilidad social ya que funciona como un descontento y un descreimiento hacia el orden social dominante.

El nuevo gobierno

  1. El inesperado triunfo del PPSD. Como se sabe varias personas candidatas se perfilaron para disputarle a José María Figueres la silla presidencial: Lineth Saborío, Eli Feinzaig, Rodrigo Chaves, e incluso José maría Villalta tuvo ciertas posibilidades. Pero la mayor parte de los votantes se inclinó finalmente por Rodrigó Chaves. Al respecto es muy importante remarcar que el voto de las provincias costeras, Puntarenas, Limón y Guanacaste fue decisivo para el triunfo del PPSD. Para lograr este triunfo le ayudaron varios factores: un programa difuso, el discurso anti-empleados públicos, también el tema de las pensiones de lujo lo utilizó muy bien. En fin, Rodrigo Chaves fue visto como el candidato que podía romper más frontalmente tanto con el PAC como con el PLN, es decir, romper con el pasado político de Costa Rica y, posiblemente pensaba la gente, resolvería problemas claves como la crisis económica, la corrupción y la parálisis institucional.
  2. Aspectos para caracterizar un gobierno. Algunas de las variables o dimensiones que se puede considerar para caracterizar el accionar de un gobierno son: política económica, política social y forma de gobernar (estilo de gestión política). Si bien el nuevo gobierno apenas lleva en el momento que se escriben estas notas, cerca de 22 días, ya hay algunos elementos que se pueden tomar en cuenta. Vamos a analizar brevemente las políticas del gobierno de Rodrigo Chaves, de acuerdo con las dimensiones antes señaladas.
  • Política económica. Evidentemente es un gobierno de continuidad neoliberal, como lo han sido todos los gobiernos costarricenses desde hace cerca de 40 años. Incluso es un gobierno de continuidad PAC. Los pilares de la política económica siguen siendo, comercio e inversión exterior en particular, promoción de la inversión extranjera directa. En el Foro Económico Mundial, realizado en Davos del 23 al 26 mayo, el presidente Chaves reunido con los representantes de grandes empresas dijo: “En Costa Rica no hay trabas, solo alfombra roja” (El Guardián, https://elguardian.cr/presidente-rodrigo-chaves-en-costa-rica-no-hay-trabas-solo-alfombra-roja/, 25.05.2022). El otro asunto al que Chaves le está dando una especial importancia y es continuidad PAC y continuidad neoliberal es al equilibro fiscal, lo que tiene que ver directamente con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La austeridad fiscal tiene muchas aristas: ley del empleo público, la regla fiscal, recortes presupuestarios a gasto social, etc. En días recientes se ha presentado un aspecto particularmente tenso, como lo es el precio de los combustibles. Hasta el momento Chaves se ha opuesto a rebajar el impuesto sobre los combustibles. Probablemente quiere llevar la tensión al máximo para presionar por una privatización total o parcial de RECOPE. Otro aspecto medular es la política de endeudamiento externo e interno para financiar el gasto público. Los temas económicos muy probablemente van a continuar siendo focos de tensiones muy relevantes. Como se sabe, la economía internacional está en situación muy crítica, producto primero de la pandemia Covid y más recientemente el estallido de la guerra de invasión de Rusia a Ucrania. Algunos análisis apuntan a una posible recesión internacional. Por el momento son obvios problemas inflacionarios, devaluación acelerada del colón y altos precios del petróleo. Esto lo sufren y la sufrirán aún más, los sectores más pobres de la sociedad.
  • Política social. No está clara la política social. Por el momento lo que se ve es continuidad PAC, es decir, recortes de gasto social con el fin de lograr el objetivo principal que es el equilibrio fiscal de acuerdo con lo convenido con el FMI. En la política de recortes, como bien sabemos por experiencia propia, el sector vivienda social es el de los más afectados. Otro punto importante al respecto es el recorte de 148 mil millones de fondos FODESAC, en razón de condonación de deudas a patronos morosos. De acuerdo con el Semanario Universidad este monto equivale al costo de 22000 viviendas Banhvi. (https://semanariouniversidad.com/pais/condonacion-en-fodesaf-esfumaria-%E2%82%A1148-mil-millones-que-patronos-deben-a-personas-mas-necesitadas/).
  • Gestión política. El estilo de gobierno ejercido por Rodrigo Chaves es marcadamente presidencialista y personalista. El propio día que asumió el mando, el 8 de mayo, hizo el anuncio sobre fin de la obligatoriedad de la vacuna Covid y el uso de las mascarillas, cosa que no le correspondía, pues es a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, a la que le corresponde decidir sobre estos asuntos. Parte importante de la población y la prensa rechazó la ocurrencia presidencia de modo que a la semana estaba desdiciéndose. Pero ha vuelto a la carga, pidiendo la argumentación científica de la obligatoriedad. Más o menos con el mismo estilo ha actuado en aspectos como las pruebas Faro. Hay mucha distancia política, en términos de autoridad, entre su gabinete y el presidente lo que contribuye a que las decisiones recaigan en el propio Rodrigo Chaves. Pero no se puede decir que el gobierno de Chaves sea una dictadura, pues para que eso ocurriera tendría que haber un cambio de régimen político, lo que todavía no ocurre, pero hay tendencias autoritarias y militaristas. El estilo personalista puede llevarle a serios errores. Hay indicios de esto en las primeras semanas de gestión. Con lo dicho anteriormente , no se quiere afirmar que ya el gobierno está en crisis puesto que como lo revela una  encuesta de IDESPO de la UNA, Rodrigo Chaves arrancó con una aprobación del 67,6%. https://www.elmundo.cr/costa-rica/rodrigo-chaves-arranca-con-una-aprobacion-del-676/. Hay sectores incluso muy populares que apoyan casi que fanáticamente al nuevo gobierno.
  • Otros problemas emergentes. Hay otros problemas que ha debido enfrentar el nuevo gobierno de Rodrigo Chaves. Al respecto se quiere destacar el de los ciberataques. Este es un tremendo problema que afectó los programas informáticos de 27 instituciones públicas. A esto se le suma el reciente ataque sufrido por la CCSS lo que, al momento que se escriben estas notas, ha afectado varias plataformas, afectado seriamente a las personas pacientes. Entre los efectos graves de los ciberataques se puede destacar: problemas de pagos en las planillas del sector público, sistemas de impuestos y muchos servicios. El martes 17 de mayo hubo una movilización independiente de las direcciones sindicales del magisterio exigiéndole al MEP el pago de los salarios adeudados lo que llevó al propio presidente a ordenar el pago de esos salarios. Caso contrario no se sabe cuándo irían a pagar. Pero según se ve en redes sociales el problema no se ha solucionado del todo. El gobierno ha creado una Comisión encabezada por el propio presidente, pero no son claras las políticas para enfrentar semejante situación.

Situación de las luchas sociales y populares

6. Debilidad de las luchas. Después de las luchas de octubre del 2020 encabezadas por Rescate Nacional, la intensidad y generalización de las luchas y resistencias populares ha bajado significativamente. El año 2021 fue preelectoral. Y, en los inicios del 2022 se llevaron a cabo las elecciones. Las primeras semanas del gobierno de Chaves han sido de expectativa y un importante apoyo especialmente de los sectores que le votaron. En este momento continúa un importante apoyo al gobierno. Las luchas que ha habido son sectoriales o puntuales. Al respecto se puede destacar la propia lucha por vivienda donde el Bloque de Vivienda y el MTC se han destacado mucho. Esto es de felicitar y aplaudir porque demuestra que sí se puede luchar contra las injusticias del capitalismo y del orden neoliberal. Otro foco de lucha muy relevante ha sido el de las recuperaciones de territorios indígenas. En los últimos meses esta lucha se ha encaminado a defender las tierras recuperadas ya que sectores no indígenas y terratenientes han buscado volver a usurpar los territorios indígenas. Otra lucha puntual que se debe destacar ha sido la de algunos sectores de bases y dirigentes intermedios del magisterio quienes muy oportunamente salieron demandando el pago inmediato de los salarios adeudados.

Algunas políticas del MTC para el momento actual

7. La lucha por la vivienda. La gran lucha y prioridad del MTC es la lucha por la vivienda a través del Bloque de Vivienda. Este es un trabajo que el MTC a través de OB y de otras(os) dirigentes(es) muy destacadas(os) viene desarrollando de manera constante y aguerrida. Son innumerables las reuniones, asambleas lobby legislativo y político, marchas, etc. que el Bloque ha llevado a cabo. El Bloque es la principal organización a nivel nacional en el campo de la lucha por la vivienda. El tema de la vivienda es importantísimo pues refleja de manera cruda como los más pobres no tienen derecho a la vivienda, es parte de las condiciones de vida de amplios sectores de la clase trabajadora costarricense, y por ende, una manifestación palpable de la explotación capitalista. Los recortes al presupuesto del BANHVI son parte de los recortes de los presupuestos sociales del Estado; por tanto, una política claramente neoliberal. Recientemente el MTC-Bloque ha venido desarrollando una iniciativa de primer orden en la provincia de Limón que consiste en constituir una alianza con otras organizaciones sociales de la provincia. Para el 11 de junio tendrán una primera manifestación. Al tema de la vivienda han agregado otros temas candentes de la provincia, tales como el destino de los fondos del canon JAPDEVA y el estado de la ruta 32. Esto puede constituir un salto en la fuerza y posibilidades del MTC-Bloque. No hay duda, que esta es la gran prioridad de trabajo del MTC.

8. Apoyo y solidaridad con otras luchas sociales y populares. En el tanto que en el momento presente no se vislumbran grandes ejes nacionales de lucha, la política del MTC sería apoyar cada una de las luchas que se van presentando así sea que estas sean fragmentadas o aisladas. Algunas luchas son: la defensa de los territorios y cultura indígenas, las luchas de las mujeres contra los femicidios, la violencia patriarcal y por los derechos sociales de las mujeres como vivienda, empleo, etc. En algunos territorios se presentan luchas ambientales que también son muy significativas.

9. El tema del empleo. Aunque el asunto del empleo fue el eje principal de las elecciones pasadas en particular del PLN y del propio PPSD, en realidad es poco lo que se ve al respecto. De acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo al primer trimestre 2022 del INEC, el desempleo llega a un 13,6% de la fuerza de trabajo. En las mujeres el desempleo es más alto; un 17,5%. “En el caso de los hombres, el 68,4 % los desempleados se concentran en los grupos de edad de 15 a 24 años (63 mil personas) y 25 a 34 años (44 mil personas), y en el caso de las mujeres, el 56,9 % se ubican en los grupos de edad de 15 a 24 años (53 mil personas) y 25 a 34 años (46 mil personas)”.    https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/ece_i_t_2022.pdf

A esto habría que sumarle el subempleo, llegando a un 11,5% de la fuerza de trabajo (población ocupada). En las mujeres el subempleo es del 15,4%. Por tanto, el desempleo y el subempleo están afectando a cerca de un cuarto de la población ocupada. En el caso de las mujeres sería de cerca de un tercio. Aquí solo se desea plantear la siguiente pregunta: ¿Cuál debería ser a política del MTC para enfrentar el desempleo y el subempleo?

Siguiente folleto: Política internacional.

 

Imagen ilustrativa.

Acuerdo con el FMI: Una agenda fallida con graves implicaciones sociales y humanas

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista, CICDE-UNED

Elaboro este breve documento, atendiendo la solicitud que me fue formulada por la Alianza Sindical del Poder Judicial, y como insumo para la reunión que ese colectivo de organizaciones tendrá con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) el día lunes 3 de octubre de 2021, a las 2 p.m. Es, desde luego, una contribución completamente desinteresada, en la que no media retribución alguna.

He dividido el documento en 10 puntos, cada uno de estos atinente a una cuestión particular, aunque todas, en su conjunto, estrechamente vinculadas entre sí. Se ofrece tan solo un esbozo sintético de cada punto, siendo innegable que cada uno de esos ítems daría material para una reflexión mucho más amplia.

1) Un elevado costo social inmediato: la política fiscal en aplicación, centrada en la regla fiscal y orientada a lograr el equilibrio fiscal con base principalmente en la restricción del gasto y de la inversión pública, está teniendo severas consecuencias sociales y humanas, ya que está impactando de forma negativa en los servicios esenciales del Estado, como educación, salud, cuido, atención a la niñez, atención a los problemas de adicción, seguridad ciudadana, medio ambiente, vivienda popular, apoyo a las micro y pequeñas empresas, entre tantos otros. Las negativas consecuencias de todo esto, se agigantan en vista de las extendidas devastaciones sociales y humanas que está dejando la pandemia del Covid-19. Es muy llamativo que sean tan escasos, prácticamente nulos, los esfuerzos que se hacen por combatir el muy cuantioso fraude fiscal, como asimismo resulta notorio que se enfaticen impuestos sobre salarios y sobre el consumo, prescindiendo de tributos de un carácter más progresivo. Es decir, al costo social asociado a esta opción estrechamente fiscalista, se le suma una opción ideológica favorable a los grupos más ricos y solventes de la sociedad costarricense.

2) Graves implicaciones en el mediano y largo plazo: esa política, unilateral y rígidamente fiscalista, reduce la inversión pública al mínimo. De facto, la bloquea. Ello implica posponer inversiones que para Costa Rica son necesarísimas, en áreas clave: educación, cuido, transporte público, vivienda, sanidad, energías alternativas, ciencia y tecnología, conectividad, acueductos, tratamiento de aguas, espacios públicos, arte y deporte, parques nacionales, recuperación de las ciudades, etc. Esto imposibilita que la economía se modernice y diversifique, que se alcance el deseable equilibrio en los niveles de desarrollo de las distintas regiones del país, y que se logre elevar los bajos niveles de productividad que la caracterizan, pero, asimismo, esto siembra a profundidad condiciones que generarán mayor exclusión y desigualdad social. Literalmente, se está destruyendo el futuro y se está legando un país en ruinas a las generaciones jóvenes y no nacidas.

3) El sesgo ideológico de las políticas monetarias: Las políticas económicas obsesivamente fiscalistas, siguen siendo acompañadas de políticas monetarias centradas en el control de la inflación, las cuales solo se flexibilizaron de forma muy limitada durante el contexto de la crisis asociada al Covid-19. La inflación permanece por debajo del límite inferior de los rangos oficialmente definidos por el propio Banco Central, lo cual para este no es motivo alguno de preocupación, como en cambio sí enciende todas las alarmas el simple hecho de que la tasa de inflación se aproxime al punto medio del rango establecido. Y, entretanto, los niveles de desempleo continúan siendo altísimos, con un ritmo de recuperación del empleo muy insatisfactorio y niveles de informalidad que, tras descender durante los meses más agudos de la crisis, están retornando a sus cotas históricas (alrededor del 45% de la población ocupada). El Banco Central, dominado por un sesgo ideológico que se desentiende de la catástrofe del empleo y es totalmente insensible frente a las realidades de la vida de la gente, sigue siendo una institución opaca que, parapetada detrás del dogma de la “autonomía”, es complaciente con los intereses financieros, mientras permanece invulnerable a cualquier ejercicio democrático de rendición de cuentas.

4) La exclusión de las mujeres: las tasas de desempleo e informalidad son mucho más bajas de lo que potencialmente podrían ser, puesto que, por su parte, las tasas de participación en los mercados laborales y de ocupación de las mujeres son extremadamente bajas, no obstante lo cual el desempleo y el subempleo son mucho más altos entre las mujeres. Imaginar una situación de relativa paridad con los hombres, implicaría necesariamente la incorporación al mundo del trabajo remunerado fuera del hogar, de varios cientos de miles de mujeres en edad de trabajar. En las condiciones institucionales prevalecientes, y bajo las actuales realidades de la economía costarricense, y dada su extrema incapacidad para generar empleos decentes, ello elevaría los datos de desempleo e informalidad, de forma abrupta.

5) La desconexión entre las autoridades económicas y las realidades de la población: con cada encuesta que se realiza, sistemáticamente se hace manifiesto el sentimiento popular de malestar, impotencia y frustración. Hay angustia ante la deplorable situación del empleo, como asimismo las personas expresan profunda preocupación frente a las persistentes amenazas a la estabilidad económica de sus familias y las grave incertidumbres que ensombrecen su futuro. Y, sin embargo, las autoridades económicas, muy panglosianamente, insisten en tratar de hacer creer que este es el mejor de los mundos posibles. La baja inflación les llena de júbilo, mientras no se cansan de ver “mejoras” en una situación del empleo que, desde todo punto de vista, y para la gente de a pie, sigue siendo tristísima.

6) Indicadores irreales: recientemente el Banco Central publicó indicadores que muestran que la economía ha recuperado sus “niveles prepandemia”, lo cual es celebrado con gran fanfarria por esas autoridades. Los datos están evidentemente influidos, además de inflados, por una expansión desorbitada de los regímenes especiales, básicamente zonas francas. Entretanto, la economía que no dispone de las condiciones de privilegio de tales regímenes, y de la cual depende cerca del 95% del empleo total, todavía no recupera sus niveles de febrero 2020. Pero, en todo caso, hay un contraste marcado entre los indicadores de Cuentas Nacionales del Banco Central, y los datos sobre el empleo. Estos últimos logran aproximar, con cierto creíble realismo, el sentimiento de profunda preocupación y malestar que domina en la generalidad de la población, cuando los datos del Banco Central cuentan una historia completamente distinta y muy poco creíble. Se hace urgente una reconsideración crítica, ya desde sus mismas bases epistémicas, teóricas y metodológicas, de las estadísticas que elabora el Banco Central, en virtud del abismo cada vez más amplio, que las separa respecto de las realidades que vive la gente común y corriente. Estadísticas que son por completo incapaces de reflejar esas realidades de la vida, no pasan de ser un inútil ejercicio intelectual y una pérdida de tiempo.

7) Dualización estructural: Pero, asimismo, esto advierte acerca de la situación de aguda dualización que fractura a la economía costarricense. Es muy satisfactorio que varias docenas de miles de personas tengan un empleo en zonas francas, sobre todo porque en la mayoría de los casos reciben un salario relativamente más alto que los promedios nacionales. Y, sin embargo, la evidencia empírica es clarísima en el sentido de que hay un desenchufe entre las zonas francas y el resto de la economía, como es obvio que es imposible resolver los agudos problemas del empleo, si para ello el país se atiene a una estrategia unilateralmente centrada en la atracción de inversiones extranjeras destinadas a las zonas francas.

8) La urgencia de un cambio: al país le urge replantear aspectos fundamentales de su estrategia de desarrollo, lo cual no significa renunciar al aporte que los regímenes especiales brindan, pero si redefinir prioridades y reorientar políticas, de forma que se garantice a la gente su derecho a un trabajo digno y de calidad, algo que hoy le está siendo negado a una porción sustancial de la población trabajadora, según lo demuestran las elevadas tasas de desempleo e informalidad, y la bajísima participación de las mujeres en los mercados laborales.

9) Renunciar al futuro: las políticas de rígida austeridad fiscal que el gobierno ha propuesto al FMI, y que éste avala, imposibilitan poner en ejecución las políticas que al país le urgen. No es posible poner en marchas programas de emergencia para la generación de muchos empleos en el corto plazo, ni diseñar estrategias integrales de política pública de mediano y largo plazo, que, articuladas y concertadas con el sector privado y la ciudadanía en general, permitan avanzar hacia la modernización y diversificación de la economía, que promuevan la justicia social y la inclusión equitativa de todos los sectores de la sociedad y las distintas regiones del país, que asimismo levanten la productividad, incorporen a las mujeres en los mercados laborales en condiciones dignas e igualitarias, y que respondan apropiadamente, y con sentido precautorio y de anticipación, ante los colosales desafíos del cambio climático y la crisis ambiental.

10) El FMI es corresponsable de este desastre: los costos sociales y humanos que todo esto comporta son altísimos, y ponen en riesgo la paz social y la democracia en Costa Rica. En una sociedad fracturada por múltiples desacuerdos y conflictos, esto simplemente suma motivos agudizados para que las desavenencias se profundicen, y para se aleje, más y más, cualquier posibilidad de diálogo democrático y entendimiento pacífico. El FMI está asumiendo graves, y muy sustanciales responsabilidades en relación con todo esto. En Costa Rica no lo olvidaremos.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista. Alajuela, Costa Rica, 2 de octubre de 2021

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Inflación en Costa Rica: ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina?

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista / Director a.i. CICDE-UNED

Me resultó, no sé si decir jocoso o simplemente interesante, el debate que días atrás escenificaron varias diputadas y diputados con Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, en relación con la compra, por parte de esta última entidad, de bonos de la deuda pública en el “mercado secundario”, es decir, adquiridos, no directamente de la tesorería del gobierno, sino de gente u organizaciones (como los fondos de pensiones) que los adquirieron previamente. La cuestión giraba alrededor de si eso implicaba emisión de dinero, y se desgranaba en plañidos de tribulación y angustia, acerca de las posibles implicaciones inflacionarias que ello tendría.

Si las autoridades de los grandes bancos centrales del mundo lo oyesen, de seguro se carcajearían, tal es la ignorancia que estas discusiones evidencian. Y eso que tales personajes no son precisamente un ejemplo de progresismo y heterodoxia. Pero lo más bonito es que son supersticiones alimentadas por los economistas del “establishment”, esos que la prensa entrevista y que son los únicos a los que esas élites políticas escuchan.

EL cuento de que, al comprar bonos de deuda pública, el Banco Central emite dinero, y que al hacerlo provoca inflación, se alimenta de una fantasía cuya autoría es atribuible a Milton Friedman, y que se resume en la célebre frase: “la inflación, en última instancia, es siempre un fenómeno monetario”. Lo cual, sin embargo, elude y, por lo tanto, deja sin respuesta una pregunta muy básica: ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La inflación o la emisión monetaria? En realidad, hay buenas razones para pensar que la emisión sigue a la inflación, y no a la inversa, puesto que, como ha quedado bien demostrado, los mecanismos de creación del dinero son endógenos al sistema económico.

En realidad, la inflación es mucho más que un fenómeno monetario. Puesto en cortito, habría que decir que es un fenómeno complejo. Sobre todo, tiene que ver con dos cosas: las capacidades productivas de la economía y su grado de utilización; y factores de carácter político e institucional, atinentes a las relaciones de poder entre distintos grupos y clases sociales. Todavía cabría reconocer también la influencia de factores sicológicos y socioculturales, es decir, estados de ánimo colectivos que, en diferentes momentos, son propicios o adversos, a comportamientos sociales que tienen implicaciones inflacionarias. También es factible, aunque en general menos frecuente, que se den “cuellos de botella”, es decir, situaciones de escasez de alguna o algunas materias primas o productos, que propicien limitaciones de oferta y generen presiones inflacionarias.

Vamos en orden.

Primero, en relación con las capacidades productivas reales de la economía, y el grado en el cual la demanda global es insuficiente o excesiva frente a esas capacidades productivas. En el primer caso usualmente no habría inflación, ya que el aparato productivo puede responder con relativa holgura a una mayor demanda, sin que surjan presiones ascendentes sobre los salarios ni presiones sobre la capacidad instalada que eleve los costos. En el segundo, es muy probable que sí la haya, precisamente porque, al estar muy cerca del límite máximo de la capacidad productiva, aparecen tensiones que, eventualmente, elevan salarios y costos. En la actual realidad de Costa Rica, con enorme desocupación de las fuerzas productivas, altísimo desempleo, y un nivel de producción muy inferior al potencial, no hay, por este lado, riesgo alguno de inflación. La demanda podría ampliarse e incentivar más empleo y más producción, sin generar más inflación, puesto que, como ya dije, la economía produce hoy muy por debajo de su real capacidad.

Pero, como indiqué más arriba, la cuestión se complejiza adicionalmente por razones políticas y en función de determinadas relaciones de poder, y en el contexto de particulares estructuras institucionales que, en mayor o menor grado, lo propician o desincentivan, todo lo cual se resumen en la metáfora acerca de la “espiral precios-salarios”, lo cual atiende a una pugna redistributiva entre trabajo y capital, la cual opera sobre el telón de fondo de un determinado marco institucional. Hacemos referencia, pues, a la competencia entre salarios al alza y precios al alza, los unos persiguiendo a los otros. Pero, para que ello se concrete, se necesita una fuerza de trabajo organizada en sindicatos fuertes y con capacidad de negociación, algo totalmente ausente hoy en Costa Rica, donde las personas trabajadoras están en posición de extrema indefensión frente a la parte patronal, y donde la propia institucionalidad pública, se muestra vacilante y omisa a la hora de cumplir con su cometido fundamental: defender a la parte más débil que es, obviamente, la de las trabajadoras y trabajadores. Todo esto inutiliza, y prácticamente anula, el mecanismo precios-salarios.

Como asimismo indiqué, en determinados momentos puede incidir un cierto estado de ánimo, al modo de un efecto sicológico de alcances colectivos, que se visibiliza en comportamientos inflacionarios. Es algo que tiene su dosis de irracionalidad, en cuanto comporta un “efecto imitación”, cuando cada quien cree que debe ir adonde van los demás, como al modo de un comportamiento manada. Pero, por otra parte, no es algo que surja antojadizamente, ya que usualmente ha habido o hay algo en la realidad, que potencia ese comportamiento. Fue, en parte considerable, lo que ocurrió durante la crisis de 1980-82 en Costa Rica, cuando se generalizó una sicología inflacionaria, alimentada por la devaluación caótica que entonces se experimentaba. La devaluación misma elevaba los precios de productos importados, pero, por razones de sicología colectiva, el efecto se generalizaba a todos los bienes y servicios. Se observó también a lo largo del extenso período de alrededor de 20 años, durante el cual se aplicó la política de minidevaluaciones. Como éstas se hicieron muy previsibles, asimismo propiciaron un comportamiento de anticipación y ajuste a la devaluación esperada.

Todavía quedan otras posibles fuentes que incentiven la inflación: la presión al alza de los precios internacionales de los combustibles o de los alimentos importados, por ejemplo. O, en fin, como ya lo mencioné, las situaciones de “estrangulamiento de la oferta”, cuando escasea alguna materia prima o producto.

Es entonces oportuno enfatizar lo siguiente: en contra de la superchería usual, la real explicación de la fuerte inflación de inicios de los ochenta en nuestro país, hay que buscarla, no en la emisión de dinero, sino en la desordenada devaluación y el alza de precios de productos importados, en especial los combustibles, en un contexto institucional y de relaciones de poder, en que la “espiral precios-salarios” todavía conservaba vigencia.

Toda esta mitología urdida alrededor de la emisión monetaria y la inflación, forma parte del material que construye y solidifica los barrotes de una jaula en la que Costa Rica hoy está prisionera. Es la jaula del déficit fiscal y la deuda pública, un par de espectros que aterrorizan y petrifican. Se agita la historia atemorizante de la inflación, para impedir que se haga nada que pudiera ampliar los márgenes de maniobra frente al déficit, y de este último se hace un tótem sagrado, en cuyo altar se sacrifica la vida de las generaciones actuales y de las no nacidas.

 

Publicado en el blog
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/09/inflacion-en-costa-rica-que-es-primero.html
Compartido con SURCOS por el autor.

Costa Rica: El déficit fiscal no es el villano que nos pintan

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director a.i. CICDE-UNED

La versión en PDF de este artículo puede ser descargada aquí: https://www.academia.edu/51437970/Costa_Rica_El_d%C3%A9ficit_fiscal_no_es_el_villano_que_nos_pintan

Resumen: este artículo busca satisfacer dos objetivos, principalmente: 1) demostrar que el proceso de recuperación de la economía y de los empleos en Costa Rica, tras el fuerte golpe inicial de la pandemia del Covid-19, es sumamente lento e insatisfactorio; 2) formular la tesis de que la persistente atonía de la actividad económica y del empleo, está fuertemente influida por la opción prevaleciente a favor de una política fiscal restrictiva, que opta por la austeridad y el recorte.

Hacia agosto de 2020, en la etapa inicial de la pandemia del Covid-19, los ingresos que el Gobierno Central recibía, caían cerca de un -12%, comparados con las cifras de un año antes (agosto 2019). En total, esa reducción alcanzaba los ₡369 mil millones. Cabría decir que, al dejar de afluir hacia las arcas públicas, ese dinero permanecía en cambio en los bolsillos del sector privado de la economía, lo cual, en aquel momento de derrumbe, era bueno.

Pero esa parte positiva del asunto jamás fue reconocida. Estruendosas, sonaron las alarmas para advertir que se avecinaban cataclismos y calamidades, puesto que, como resultaba obvio, el déficit fiscal se estaba incrementado, y amenazaba terminar el año en cifras sin precedentes de 9, quizá 10% del PIB. Al final de 2020, diferente a las estridencias amarillistas de alguna gente, terminó en 8,1%.

Y, sin embargo, tiene mucho sentido pensar que, contrario a la película de terror que nos pintaban, la ampliación del déficit fiscal más bien aportó un colchón que atenuó la caída de la economía. Baste recordar que, entre febrero y julio de 2020, se destruyeron más de 500 mil empleos, lo cual desataba fuerzas contractivas poderosísimas. La economía pudo tener un hundimiento catastrófico. Al final del año, la economía costarricense se contrajo un -4,1%, malo, sí, pero bastante menos que el promedio de -6,8% para América Latina en su conjunto, y mucho menos que el -11% de Perú, el -10% de Argentina, el -8% de México y El Salvador, y ni se diga el -17,9% de Panamá.

Acontecía que el gasto deficitario del gobierno contribuía a sostener la demanda total en la economía, en momentos en que la demanda privada se desplomaba en picada, como consecuencia de que el desempleo, que ya era muy alto antes del Covid-19, en cosas de tres meses prácticamente se duplicó, mientras centenares de miles de personas se salía de los mercados laborales. El gasto público y el déficit fiscal, tan aborrecidos por el empresariado privado, propiciaban que el golpe para sus negocios fuese menos severo de lo que pudo haber sido, y que el derrumbe de la economía no alcanzase las magnitudes de vértigo que potencialmente podría haber tenido. Eso es así, no obstante que ese efecto positivo se veía limitado -y así sigue siendo hasta el día de hoy- porque gran parte de ese déficit correspondía a pago de intereses, cuya contribución a la dinamización de la demanda es, por diversas razones, más limitado.

Y, sin embargo, al entrar en 2021 las tornas se vuelve y la tonalidad cambia. Ahora es Costa Rica la que se queda en el pelotón de retaguardia. La CEPAL estima un crecimiento promedio del 5,2% para América Latina y el Caribe en su conjunto, liderado por Perú (9,5%), Chile (8,0%) y Argentina (6,3%). Muy atrás queda Costa Rica: 3,2%.[1]

Que, en todo caso, esa tasa de crecimiento para Costa Rica es engañosa, ya que está inflada por la expansión desorbitada de las zonas francas, la cual solo tiene un efecto nimio sobre el resto de la economía, por lo que tampoco fructifica en una creación satisfactoria de empleos. Dejaré de lado ese mundo feliz de los parques industriales -el llamado “régimen especial” según lo designa el Banco Central-, y en lo que sigue me concentraré en “la otra economía”, que provee empleos a cerca del 95% de las personas trabajadoras y paga la casi totalidad de los impuestos.

La medición convencional del valor de la producción de esa “otra economía”, realizada por el Banco Central con base en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), muestra que a lo largo del trimestre marzo-abril-mayo 2020, se sufre un desplome del -9,5%, respecto del dato de febrero de ese año. En junio empieza una recuperación que, de tan tímida y limitada, no merecería ser considerada como tal, al punto que, a junio de 2021, tras 13 meses de “recuperación”, el dato respectivo todavía está un -4,1% por debajo de su nivel de febrero 2020. En cualquier país del mundo se la consideraría una recuperación sumamente anémica e insatisfactorio. Pero aquí se nos quiere hacer creer que merece celebrarse.

Si, además, comparamos la evolución registrada a lo largo del primer semestre de 2021 con la observada en el segundo semestre de 2020, notaremos que la economía no gana impulso, no obstante el avance, gradual pero sostenido, hacia la eliminación, o, por lo menos, la reducción sustancial, de la mayoría de las restricciones sanitarias. Se suponía que ello habría de infundirle energía a la reactivación económica. No hay tal: el avance, si cabe llamarlo así, sigue siendo lento y contenido.

Quedamos, entonces, en el pelotón rezagado en materia de crecimiento a nivel latinoamericano, pero, en cambio -con tasas de desempleo que se mueven en el rango del 17-18%- lideramos los rankings del desempleo.

Todo lo cual tiene muchísimo que ver con la política fiscal (gastos públicos e impuestos) en aplicación. Las cifras que presenta el Ministerio de Hacienda para 2021, no son directamente comparables con las de 2020, porque suman un componente que anteriormente no incluían: el gasto e ingresos de los llamados “órganos desconcentrados” (OD). Sin embargo, el Banco Central realizó los ajustes estadísticos necesarios de forma que, excluyendo los OD, pudiera compararse la evolución efectiva de las cuentas del Gobierno Central. La conclusión es contundente: al mes de junio 2020, sin incluir intereses, el gasto se reduce en -7,1%. Inclusive sumando intereses, se registra una reducción de -3,5%. La parte de transferencias corrientes -las cuales son giros de dinero a instituciones diversas tales como: CCSS, universidades, FODESAF, IMAS, juntas de educación, IAFA, etc.- se les aplica un tajo de -15,5%.[2]

No obstante lo anterior, las cifras que se presentan en la página web del Ministerio de Hacienda, muestran un notable incremento en los gastos de capital (inversión). Al mes de julio, y comparadas con julio 2020, aumentan en un espectacular 42,8%. En parte, las cifras han de estar infladas por posibles gastos de capital de los “órganos desconcentrados”, los cuales, como ya indiqué, no se incluían en los datos de 2020. Pero incluso así, y en virtud del recorte brutal que se había aplicado en 2020, son números que se sitúan un -5% por debajo de las cifras de dos años atrás, o sea, las de 2019.

Pero, lo que es más importante, resulta que, hasta en el mejor de los casos, es un monto de inversión pública sumamente modesto, en el orden de 1,4% o 1,5% del PIB, cuando, en realidad, nuestro gobierno debería estar invirtiendo arriba del 4% o 5%, en planes de emergencia para la creación de muchos empleos en el corto plazo, y programas de inversión de mediano y largo plazo en áreas como el transporte público, las energías limpias, la vivienda popular y de clases medias, la infraestructura sanitaria, educativa y de cuido, la fibra óptica, acueductos, recuperación de cuencas de ríos, ciencia y tecnología. Entre tantos otros ámbitos, de similar importancia.

Mientras esto ocurre, los ingresos del gobierno dan un notable salto. Las razones son diversas, pero el caso es que, incluso con los necesarios ajustes estadísticos que, como ya indiqué, fueron realizados por el Banco Central, a junio 2021, y comparados con junio 2020, crecen un 12,6%. Lo cual pareciera ser algo positivo, pero deja de serlo en el contexto de una economía ralentizada y con altísimos niveles de desempleo. Si por lo menos esos ingresos adicionales financiaran programas de creación de empleos e inversión pública, el efecto neto sería positivo. Pero sirven exclusivamente para reducir el déficit fiscal, por lo que su impacto sobre la economía es necesariamente negativo: es dinero que se saca de los bolsillos del sector privado y son drenados de la demanda privada, sin que el sector público los devuelva al flujo de la demanda global.

Cuando, por otra parte, ha quedado claro que la relativa flexibilización de la política monetaria del Banco Central, que ha hecho descender considerablemente las tasas de interés sobre las colocaciones de créditos por parte de los bancos comerciales, ha sido insuficiente e ineficaz, tan ineficaz como ha sido la eliminación de restricciones sanitarias y la “reapertura” de la economía. En ninguno de los dos casos era de esperar otra cosa, porque en ninguno de ambos se atacan las fuerzas más profundas que frenan la economía. Todo lo cual simplemente ratifica que, sin una política fiscal enérgica, la reactivación y, sobre todo, la generación de empleos, serán mucho más difíciles y lentas.

El déficit fiscal ha devenido una especie de “pesadilla de Freddy Krueger”, en la cual hemos quedado atrapados. Es, a un mismo tiempo, el fantasma que se agita para infundir miedo, y la camisa de fuerza que nos paraliza. Lo absurdo de la situación queda mejor ilustrado, tan solo con que hagamos un somero recuento de las urgentes necesidades que nos acogotan y angustian. Pensemos tan solo en la carencia de adecuados espacios públicos -incluyendo parques, instalaciones deportivas, campos de juego y centros para la práctica del arte-, en nuestros ríos contaminados o en las limitaciones de la infraestructura de cuido para atender a la niñez, las personas mayores o las personas con discapacidad. Y, entretanto, tenemos centenares de miles de personas desempleadas.

¿No es acaso una locura que ni siquiera podamos proveer empleos temporales a esas personas para resolver ese tipo de acuciantes necesidades, mientras encuentran mejores oportunidades de empleo en las empresas?

Luis Paulino Vargas Solís, CICDE-UNED

Alajuela, Costa Rica, 7 de septiembre de 2021

Algunas cifras ilustrativas


[1] CEPAL, La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Informe especial Covid-19, julio 2021.

[2] Banco Central de Costa Rica, Revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022, San José, julio 2021, pp. 47-49.

Blog del autor: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/09/costa-rica-el-deficit-fiscal-no-es-el.html

El bochinche alrededor del nombramiento de Ottón Solís en la OCDE

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista, CICDE-UNED

Diversas personas, incluida la jefa de fracción del PLN, dicen que ese nombramiento fue “ilegal”. Al margen de lo que cada quien opine sobre el señor Solís, esa cuestión merece una discusión por aparte, la cual, por cierto, tiene ramificaciones muy interesantes.

El argumento sobre la presunta ilegalidad, apela al artículo 4 de la ley 9981, de adhesión a la OCDE. Ese artículo básicamente dice dos cosas: i) que la delegación permanente ante la OCDE formará parte del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); ii) que el Consejo de Gobierno –“por iniciativa” de COMEX- nombrará al respectivo representante ¿Dónde estaría la “ilegalidad”? En el hecho, muy obvio, de que el nombre de Solís no surgió de la “iniciativa” de COMEX. Ahora bien, siendo que COMEX tiene la “iniciativa”, el Consejo de Gobierno es quien nombra, en ejercicio de las potestades que le atribuye el artículo 147 de nuestra Constitución. Absolutamente nada obliga a que se nombre a la persona que COMEX haya propuesto.

¿Que en este caso se incumplió el mandato que atribuye a COMEX la “iniciativa”? Bueno, eso se resuelve facilísimo: recordemos que el inciso 1) del artículo 139) de la Constitución atribuye al presidente de la república la potestad de “nombrar y remover libremente” a ministros y ministras. O sea, el ministro de COMEX es un subalterno del presidente. Basta que éste le ordene: “proponga a Fulanita o Zutanito”. El ministro tiene dos opciones: obedecer o renunciar. No hay más.

Sugiero ir un paso más allá y revisar el artículo 2) de ley número 7638, acerca de las atribuciones de COMEX. Es claro que éste es un órgano a cargo de una muy específica política sectorial: la de comercio e inversión extranjera. En concreto, el inciso d) le asigna la representación del país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y “demás foros comerciales internacionales”.

¿Es la OCDE un foro comercial? Claramente es mucho más que eso. En el sitio web de esa organización se dice que su “misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Nuestro objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas” (negrita del original). Retórica aparte, es obvio que, tratándose de la OCDE, lo comercial y las inversiones es solo un elemento entre otros, puesto que muchos otros asuntos deberían ser considerados para alcanzar tan ambiciosos objetivos.

¿Por qué entonces la Asamblea Legislativa asignó a COMEX la representación de Costa Rica? Se supone que es una representación diplomática ante una organización multilateral que maneja una agenda multifacética. Por lo tanto, debió naturalmente quedar en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Más aún ¿por qué se intentó amarrar la representación de Costa Rica a la “iniciativa” de COMEX? (lo cual, como ya vimos, no pasa de ser una treta leguleya nada imaginativa).

Resulta por completo desatinado poner en manos de un órgano como COMEX -cuyas atribuciones son de restringido alcance- una responsabilidad tan compleja, puesto que compleja y multifacética es la agenda de asuntos que se abordan en la OCDE. En esto debía primar una visión país, no un enfoque sectorial. Pero evidentemente se optó por el enfoque sectorial.

Solo hay una explicación plausible para este absurdo: ello refleja claramente la posición ampliamente hegemónica que han alcanzado en Costa Rica los intereses y las visiones ideológicas, del gran empresariado y de los muy ricos. Pero, para mejor entenderlo, es a su vez necesario entender cómo funciona el triunvirato constituido por COMEX, la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).

El artículo 4) de la ya mencionada ley 7638, crea, como parte de la estructura organizativa del COMEX, un Consejo Consultivo, el cual tiene la función de asesorar al Poder Ejecutivo “…en materia de políticas de comercio exterior e inversión extranjera” y velar “por el cumplimiento de tales políticas”. Ese Consejo está formado por 17 miembros, de los cuales 7 provienen de diversas cámaras empresariales. Considérese, además, que también hay una persona que representa a PROCOMER, y otra en representación de CINDE. Recordemos enseguida que estas dos organizaciones están fuertemente ligadas a los intereses empresariales. Queda claro entonces que estos últimos tendrán predominio en ese Consejo Consultivo.

Por su parte, PROCOMER es creado y funciona bajo la regulación de la misma ley (número 7638), cuyo artículo 10 crea una junta directiva a cargo de la dirección de este órgano. Esta junta está constituida por nueve personas, cuatro de las cuales son de directo nombramiento por cuatro cámaras empresariales (el presidente o vicepresidente de éstas), y una quinta persona, “representante de los pequeños y medianos exportadores”, será nombrada por el Consejo de Gobierno con base en una terna presentada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Vale decir que, sobre un total de nueve integrantes, hay cinco de las cámaras empresariales.

Por su parte, CINDE es, sin más, una organización privada, manifiestamente ligada a los intereses del gran empresariado, y la cual, según leo en un comunicado de prensa de marzo 2019, dice de sí misma ser una “organización privada y sin fines de lucro, encargada de la atracción de inversión extranjera a Costa Rica”. O sea, sin pedirle permiso a nadie, se apropia de una política pública muy importante, lo cual no sería tan relevante, si no fuese porque los sucesivos presidentes y una presidenta de la república, han cohonestado y legitimado, ese ejercicio espurio de privatización de esa política pública.

Aparte el argumento de la “legalidad”, a la hora de combatir el nombramiento de Solís, también se apeló al argumento “técnico”. COMEX sería, según esa narrativa, el órgano “técnico”, el depositario del “saber técnico” en tan importante materia. Esto no pasa de ser otra falacia, tan burda como la de la “ilegalidad”. No se me malentienda: no me refiero al personal de ese ministerio, que seguramente es gente profesionalmente competente. Me refiero al hecho de que, en realidad, estamos en presencia de un órgano político, mejor digamos, de un tridente de órganos politizados (COMEX-PROCOMER-CINDE), que funcionan bajo el influjo directo y predominante de los intereses y la ideología del empresariado más poderoso, un grupo ínfimo, pero extremadamente influyente. Es, por sobre todo, una cuestión política, teñida hasta la médula de intereses corporativos. Lo técnico si acaso entra a jugar en un lejano segundo plano, y de forma totalmente subordinada.

No veo realistas las tesis conspirativas que circulan. Creo que el estridente bochinche alrededor del nombramiento de Solís fue fundamentalmente una disputada de poder, un pulso por demostrar quién realmente manda en Costa Rica. En todo ello, los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa jugaron el rol usual: simple cámara de eco de los intereses empresariales. La batuta, como de costumbre, estuvo en manos de estos últimos. La cuestión, como he mostrado, se alimentó de múltiples falsedades, pero, además, tuvo el aspecto de una grotesca comedia de malentendidos. Y ello especialmente en un sentido: las cámaras empresariales identificaron como enemigo, a un sujeto -el señor Solís- que no lo es en absoluto. Ni siquiera es un crítico más o menos incómodo, sino un señor que asume, con ínfimas diferencias, la agenda corporativa-empresarial, lo cual quedó clarísimo en su carta de renuncia.

Me parece que el gran empresariado intuyó que aquí tenía la posibilidad de recomponer posiciones, luego de que el “caso cochinilla” lo pusiera a la defensiva. Vinieron, golpearon la mesa y se echaron el pulso. Ganarlo sirve para recordarnos y, en especial, recordárselo a Carlos Alvarado, quienes manejan las riendas en Costa Rica.

Podemos anticipar que ahora el Consejo de Gobierno nombrará a una persona a gusto del empresariado.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/07/el-bochinche-alrededor-del-nombramiento.html

Rodrigo y Pilar en el País de las Maravillas ¿Realmente la economía da “señales de recuperación”?

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Hace unos días, la prensa transmitía las expresiones de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central y Pilar Garrido, ministra de Planificación: “la economía da señales claras de recuperación” nos decían. Lo cual me sugiere que el equipo económico de la administración Alvarado, decidió bajar sus metas y aspiraciones a un nivel extremadamente pobre. Pongámoslo así: si obtener un 4 en matemática para usted es satisfactorio, lograr un 4,5 será un exitazo. Justamente ése parece ser el caso.

Resumamos: el impacto negativo sobre la economía del Covid-19 se dio fundamentalmente en los meses de marzo-abril de 2020. Fue ahí cuando, de un solo golpe, caímos al hueco. En los dos o tres meses siguientes, el derrumbe se frenó y, luego, poco a poquito, la economía empezó a intentar recuperarse. Pero, como espero poder explicar en este artículo, ha sido una recuperación extremadamente lenta y vacilante, sumamente insatisfactoria.

En el caso de las zonas francas, la recuperación empezó casi de inmediato. Ya en mayo 2020 se retomaba un camino ascendente, en septiembre se alcanzaban los niveles prepandemia, los cuales, a marzo 2021, ya han sido superados en un espectacular 14%. [i]

Y aunque eso es bueno para las personas que trabajan en zona franca, en cambio no ha significado prácticamente nada para el resto de la economía, lo cual ratifica que las zonas francas son un “universo paralelo”, desconectado de la economía de “a de veras”, donde se desenvuelve la vida de cerca del 95% de la población.

Esa economía de “a de veras” empezó a dar tímidas señales de vida recién en agosto 2020. Pero su recuperación ha sido desesperantemente lenta. Resumamos de la siguiente forma [ii]:

-A julio 2020 esa economía se situaba un -8,8% por debajo de su nivel de febrero 2020.

-A marzo 2021, todavía está un -6,7% por debajo del dato de febrero 2020. O sea, tan solo ha recuperado una fracción del territorio perdido.

-Habiendo empezado a recuperarse en agosto 2020, el avance logrado en ese período de 8 meses (agosto 2020-marzo 2021), es de apenas un 2,2%, lo cual resulta extremadamente pobre, puesto que se trata de emerger de un profundo hueco, no de crecer a partir de una economía que ya venía en crecimiento.

Para mejor ilustrar la cuestión, observemos brevemente los datos de empleo [iii].

-Según los datos del INEC, la crisis asociada al Covid-19 produjo una pérdida de más de 500 mil empleos, alcanzando su punto más bajo en el trimestre móvil mayo-junio-julio 2020. En el trimestre móvil siguiente (junio-julio-agosto) empieza un anémico proceso de recuperación.

-Entre el punto más bajo (mayo-junio-julio 2020) y el dato más reciente (trimestre enero-febrero-marzo 2021), se recuperan 269 mil empleos. O sea: apenas un 53% de los empleos perdidos. Ese gigantesco déficit de empleos se agranda, si además sumamos el crecimiento natural de la población en edad de trabajar.

-Pero nótese por favor, y no lo perdamos de vista en el resto de este escrito, que esas comparaciones las hacemos contra una situación prepandemia, que ya estaba terriblemente deteriorada, con más de 300 mil personas desempleadas, y arriba de un millón en la informalidad laboral. No comparamos respecto de una situación que pudiéramos considerar idónea, ni siquiera medianamente satisfactoria, sino respecto de una que simplemente era “menos peor”.

-Aun así, lo recuperado respecto de esa situación “menos peor” es extremadamente limitado, no solo en cuanto al número de empleos sino también respecto de la calidad de estos. De hecho, la casi totalidad de los empleos recuperados, están en la informalidad laboral.

-Para mejor aclarar esto último, indicaré lo siguiente: durante la fase de derrumbe de marzo-abril-mayo de 2020, la mayor parte de los empleos perdidos fueron informales, (cerca del 75%), lo cual resalta la extrema vulnerabilidad de quienes se desenvuelven en esa situación. Durante esta fase de debilísima recuperación, una proporción sustancialmente mayor -el 95%- de los empleos recuperados son informales.

-La situación para las mujeres ha sido innegablemente peor. En la fase aguda de retroceso de la economía, se destruyeron alrededor del 29% de los empleos femeninos que existían antes de la llegada del Covid-19. En la fase posterior de “recuperación”, y según los datos más recientes, se ha recuperado menos de la mitad (tan solo un 47%) de esa pérdida.

-Pero, además, el 99% de esos empleos femeninos recuperados son en la informalidad laboral.

-Entre la gente joven la situación ha sido sumamente grave. En el segmento de edad de 15 a 24 años, la crisis pandémica provocó la pérdida de más del 38% de los empleos existentes, de los cuales tan solo se ha recuperado algo más de la mitad (un 54%)

-Una población a la que generalmente no se le presta atención, pero que está siendo severamente afectada, es la de las personas mayores de 60 años. En este segmento poblacional, unas 72 mil personas perdieron su empleo, es decir, se destruyeron el 29% de los empleos existentes antes de la pandemia. Luego, los datos han mostrado oscilaciones, alternando alzas y reducciones. Al cabo de lo cual, y según los datos más recientes (trimestre enero-febrero-marzo 2021), tan solo se habrían recuperado unos 2.000 empleos, la totalidad de los cuales son informales (de hecho, se habrían perdido unos 5.000 empleos formales, compensados por alrededor de 7.000 en la informalidad).

Desde hace muchos meses, en mis publicaciones en redes sociales (particularmente las que hago desde mi página de Facebook: https://www.facebook.com/6defebrero58), he venido advirtiendo que, vistos los énfasis de política económica de la administración Alvarado, lo que cabría esperar eran muchos meses con niveles de desempleo intolerablemente altos, y una economía atrapada en una anemia crónica, rozando el estancamiento. De haberme equivocado, gustoso lo admitiría y, de hecho, lo celebraría. Me temo que no ha sido así. Cuando, por otra parte, las expresiones de “optimismo” de las autoridades económicas, no solo son irresponsable, sino que, de hecho, insultan a los centenares de miles de hogares, y millones de personas, que viven, en su día a día, penurias y angustias sin fin.

[i] Según los datos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central, del llamado “Régimen Especial”.

[ii] Con base en datos del IMAE, del “Régimen Definitivo”

[iii] Con base en los datos de las Encuestas Continuas de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Publicado en https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/05/rodrigo-y-pilar-en-el-pais-de-las.html
Compartido con SURCOS por el Dr. Luis Paulino Vargas Solís.

Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria

PRONUNCIAMIENTO DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA SOBRE LO ACONTECIDO EN COLOMBIA

Ante los graves hechos acaecidos en las últimas horas en la República hermana de Colombia, la ULEU rechaza la violencia ejercida por el Estado mediante su fuerza pública, y expresa su profunda solidaridad con el pueblo colombiano que ha manifestado su oposición a las políticas implementadas.

Los acontecimientos que se vienen desarrollando a raíz de la reforma tributaria que se intenta implementar por parte de una política económica del Estado colombiano, se dan en un marco sin diálogo con los sectores más vulnerables. En esa línea, la propuesta del estado no sólo no permite el derecho al pensamiento abierto al debate y a la discusión argumentada, sino que fundamentalmente viola el derecho a la vida y el respeto por los derechos humanos con cientos de miles líderes de movimientos silenciados o asesinados.

Como respuesta a esta política neoliberal, la población, compuesta por organizaciones sociales, grupos y mingas indígenas, entre otros, salieron a las calles a manifestar su indignación ante la ausencia de políticas de estado en favor de la justicia social para los pueblos oprimidos. La respuesta de este, en cambio, fue la del avasallamiento de los Derechos Humanos y el terrorismo de estado como metodología preferida de la derecha neoliberal Latinoamericana.

Las imágenes que se han visibilizado en las redes sociales y algunos medios de comunicación son una muestra latente de una política común, que en tiempos de pandemia el Capitalismo quiere instalar en la contemporaneidad para seguir perpetrando las desigualdades en la región.

Con base en esto, la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria repudia la violencia extrema en Colombia, que nos hacen recordar imágenes de los genocidios y violaciones sistemáticas de los derechos humanos que acaecieron en nuestra Latinoamérica.

La ULEU llama a militar por la justicia social, la igualdad y la libertad de los pueblos.

Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria

4 de mayo de 2021

Para firmar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZvrcZO2vj98mhzTI-L7lkfh2Nt42K2JHey9fQ2dTa4VD8TQ/viewform