Debido al contexto actual que ha desencadenado diferentes efectos a partir del COVID-19, se crea el documento: Reactivación Económica ¿Para quién? a cargo del Observatorio de Bienes comunes: Agua y Tierra.
Este comprende las diferentes dinámicas sanitarias, políticas, culturales y económicas. Pero su eje principal es la reactivación económica.
El documento se plantea desde la idea que toda propuesta económica y política se hace acompañada de un determinado contexto y de diversos intereses. Por lo que es imprescindible conocer el contexto socioeconómico con el fin de construir criterios y dimensiones que permitan interpelar las propuestas que recibimos.
Visibilizando las características de la pobreza, el desempleo y la desigualdad que contextualiza el año 2021, este documento plantea propuestas de reactivación económica a través de distintas preguntas: ¿Qué implicaciones tienen estas propuestas en nuestro territorio? ¿A qué necesidades responden? y lo más relevante ¿Para quiénes son?
Además, abarca temas como: ¿Qué situación encontramos en Costa Rica?, ¿Qué sabemos sobre el empleo?, ¿Para qué tipo de economía?, Sector empresarial, sector Universidad Pública, Medio de Comunicación Dominante, ¿Qué desigualdades están presentes? Capital Natural: Bienes naturales como moneda de cambio, entre otros.
Puede leer el documento completo en el archivo adjunto.
El Consejo Universitario de la UNA se pronunció en contra de toda forma de discriminación hacia las poblaciones trabajadoras migrantes. Dando importancia al papel de la población migrante en la economía costarricense y la necesidad de gestionar políticas públicas a favor de esta población.
Según los datos del pronunciamiento la población trabajadora migrante genera un impacto positivo en la economía nacional, el cual se estima en un 12%, según lo establece el documento Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018. Además, las relaciones poblacionales han generado un conjunto de experiencias familiares binacionales y un recurso social y cultural para el desarrollo del país.
Debido a la situación de la pandemia del COVID-19 el contexto económico y social que atraviesa el país ha generado un 18,5%1 de desempleo, lo que incluye tanto a nacionales como a migrantes, situación que debe ser un tema de especial atención por parte de la presidencia de la República.
El decreto n.° 42766-MGP-S-MAG, establece el procedimiento de ingreso, documentación y permanencia legal de las personas extranjeras bajo la categoría especial de personas trabajadoras temporales para laborar en el sector agrícola en el marco del estado de emergencia nacional por COVID-19.
Este documento destaca que los sectores agropecuario, agroindustrial y agroexportador han manifestado su preocupación por la carencia o insuficiencia de mano de obra nacional o residente en el país y en consecuencia, se ha dejado un vacío muy grande en ese sector de la economía del país. […]
Para atender la necesidad de mano de obra para la actividad productiva agrícola, se suscribió el Convenio Binacional entre los Estados de Costa Rica y Nicaragua, con el objetivo de regular los aspectos de contratación temporal de personas trabajadoras del país vecino para las actividades agrícolas en territorio nacional.
Entre los acuerdos de la sesión están:
-Destacar la importancia de la población trabajadora migrante en la sociedad costarricense y su contribución a la economía nacional.
-Rechazar toda forma de discriminación en contra de la población migrante específica.
Además, se solicita al gobierno:
-Generar acciones específicas y mecanismos efectivas para la formulación y ejecución de políticas públicas enfatizadas a la no discriminación y la deposición de discursos discriminatorios en contra de poblaciones migrantes trabajadoras.
-Formular políticas de reactivación económica que reconozcan a la población migrante trabajadora como parte intrínseca del modelo de crecimiento y desarrollo económico del país.
-Generar espacios de diálogo social con la participación plena de las organizaciones de empleadores y trabajadores para la definición de medidas integrales cuya finalidad sea combatir la crisis actual y que contemplen la participación de la población trabajadora migrante.
Cabe mencionar que en 2020 el Consejo Académico del Instituto de Estudios de la Población (Idespo), mediante el acuerdo UNA-CO-IDESPO-ACUE-133-2020, argumentaba sobre la reivindicación de las poblaciones trabajadoras migrantes en el país, al respecto destacaba la importancia de:
-Invitar a profundizar en el conocimiento de las causas de la migración que ingresa a Costa Rica con fines sociolaborales a través de la historia del país.
-Reconocer la característica de segmentación laboral de la sociedad costarricense que produce una inserción histórica específica y diferenciada de población trabajadora migrante en sectores acotados de la economía nacional.
-Invitar a las poblaciones que viven en Costa Rica a desarrollar acciones de solidaridad , empatía y compañía para contender de forma colectiva los efectos de la crisis sanitaria experimentada en la actualidad.
Información resumida del acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo VI, inciso I, de la sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2021, acta no 4017.
Información compartida con SURCOS por el Departamento de Comunicación UNA
Conversatorio ¿Justicia independiente o justicia en la pendiente? Riesgos frente a tendencias autoritarias en Centroamérica
Foro de Justicia
Participan:
Álvaro Artiaga, Politólogo, UCA – El Salvador; Antonio Durán, Juez penal – El Salvador; Claudia Paz y Paz, CEJIL Programa Mesoamérica y México; Rosaura Chinchilla, Universidad de Costa Rica.
Moderación activa:
Lorena González, Cátedra UNESCO, U La Salle; Marcia Aguiluz, Foro de Justicia Costa Rica.
Día: 13 de mayo del 2021
Hora: 5:00 p.m
Se podrá encontrar el conversatorio en el Facebook Live.
El Programa Desde la Otra Acera (APSE), se trató el tema: “Tentáculos empresariales en el gobierno Alvarado”, con el fin de dar a conocer a los grupos de poder con más influencia sobre el Gobierno de Carlos Alvarado y sus estrategias para ejercer presión sobre las políticas públicas en discusión.
Hoy en La Nación su columnista de los martes, la señora Velia Govaere invita a sus lectores a fijarse en ejemplos de países más cercanos y dejar de pensar en el otro del Atlántico. En concreto Govaere manifiesta que debemos encontrar las políticas públicas exitosas de Uruguay que son un modelo y paradigma.
No voy a resumir el artículo porque deberían leerlo. Solo para forjarse una idea, reproduzco algunas cifras que la señora cita: en 2006 la pobreza en Uruguay era del 32% y en CR un 20%; en el año 2018 la pobreza en Uruguay descendió al 8% y la pobreza extrema fue erradicada. 15 años después Costa Rica seguía con los mismos índices de pobreza y un país más desigual. Ambas economías crecieron, pero aquí los pobres siguen pobres y los ricos, más ricos; en Uruguay es al revés, el ingreso del 40% de los más pobres creció más que la riqueza nacional, lo cual hizo crecer su clase media convirtiéndola en la más grande de América Latina. Es el 60% de su población.
La señora Govaere dice que la apuesta de Uruguay fue hacia un crecimiento hacia afuera pero también hacia adentro, endógeno, mientras en CR solo se apostó a lo externo descuidando los factores productivos internos. El Uruguay fomentó su aparato productivo interno con buenos salarios, que no desangraron al fisco; robustos ingresos tributarios favorecieron la inversión en las zonas más desprotegidas.
En CR hemos seguido en los últimos años, pero especialmente en los de este gobierno, con salarios congelados, sin apoyo al empresariado nacional, con ingresos tributarios enclenques por la evasión y la elusión. Los resultados están a la vista, un país más desigual y más pobre.
La señora Govaere se hace la gran pregunta: ¿qué tienen ellos que no tenemos?
Simplemente no tenemos un gobierno que se interese por los problemas del pueblo y que gobierne para ellos. En Uruguay existió un gobierno popular, encabezado por un grupo de partidos de izquierda, sociales y populares, que produjeron ese milagro.
Aquí tenemos todo lo mismo que Uruguay, solo nos falta un gobierno que procure el bienestar general de las personas.
El Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita a participar del conversatorio “Las políticas públicas para la Economía Social Solidaria” el próximo 03 de febrero a la 1:00 pm con los siguientes invitados:
– Luis Diego Aguilar Monge, viceministro de Economía Social Solidaria, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. – Marvin Rodríguez Vargas, Secretario Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria. – Carlos Brenes Castillo, Presidente del Consejo de Administración COOPEJOVO.
SURCOS comparte el siguiente comunicado del Foro de Mujeres del Instituto Nacional de la Mujer:
Foro de Mujeres del INAMU
Al Presidente Carlos Alvarado
A la Junta Directiva del INAMU
A la opinión pública
Ante la urgencia de resguardar la institución rectora en materia de políticas públicas para las mujeres
El Foro de Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, integrado por 33 organizaciones de mujeres y mixtas hace un llamado respetuoso al Señor Presidente de la República y a la Junta Directiva del INAMU a garantizar las condiciones institucionales y financieras de una institución hoy más que nunca llamada a defender los derechos humanos de las mujeres costarricenses.
Es de conocimiento público el aumento de los femicidios ocurridos durante este año, así cómo el ensañamiento de los agresores sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres asesinadas por razones de género.
Por otra parte las mujeres costarricenses somos el sector de la población más golpeado por la pandemia del Coronavirus, lo que ha implicado un aumento muy grande del desempleo y subempleo de las mujeres, siendo las mujeres el sector más golpeado de la fuerza laboral del país. Asimismo, las mujeres hemos subsidiado la pandemia del Coronavirus con un aumento exponencial de la carga global de trabajo, que ha hecho recaer sobre nuestras espaldas una demanda aumentada de trabajo para cuidar a las personas enfermas y sanas, así cómo en las actividades de prevención de los contagios. A lo que se suma el desplazamiento de las actividades de la educación formal hacia la esfera doméstica y familiar. Lo que ha recaído también mayoritariamente sobre la espalda de las mujeres.
En estas condiciones, el Foro de Mujeres del INAMU,
Solicita respetuosamente al Señor Presidente de la República garantizar que la persona nombrada cómo nueva Presidenta Ejecutiva del INAMU tenga atestados políticos y técnicos y de trabajo en el campo de los derechos humanos de las mujeres; cuente con una trayectoria personal y una sensibilidad demostrada hacia las necesidades y demandas de las mujeres. En particular de las mujeres pobres y empobrecidas de nuestro país. Y tenga posibilidades de contar con un equipo técnico de apoyo con conocimiento de la Administración Pública.
Solicita respetuosamente al Señor Presidente, desistir de sus excitativas a la Junta Directiva del INAMU, para que fondos del presupuesto institucional que no se han podido ejecutar en este período fiscal sean trasladados a otras instituciones del sector social, con fines asistenciales o a las arcas del Estado.
Comunica al Señor Presidente de la República su oposición a que el país realice gestiones ante el Fondo Monetario Internacional cómo medida para atender la difícil situación fiscal del país. Lamenta que se haya desistido de demandar contribuciones solidarias y justas a los sectores económicos y empresariales que se han enriquecido a costa del crecimiento de la desigualdad y la pobreza en el país.
Insta a la Junta Directiva del INAMU a asumir un papel responsable en el resguardo de los recursos financieros institucionales, de manera que en estricto apego al ordenamiento jurídico, se puedan crear reservas que permitan disponer de dichos recursos para fortalecer las capacidades productivas de las mujeres, tanto en lo individual cómo en lo colectivo. Así cómo a desarrollar la autonomía económica de las mujeres tanto a nivel individual cómo colectivo. En el entendido de que las tareas asistenciales son responsabilidad de otras instituciones cómo el IMAS.
Demanda a la Junta Directiva del INAMU tomar medidas para subsanar los yerros y dificultades para la asignación total de los recursos de la reciente convocatoria de FOMUJERES, tomando medidas para que dichos recursos se resguarden para las mujeres que en tiempo y forma presentaron su proyecto en el periodo 2020 y fueron evaluadas como en derecho correspondía. Asimismo demanda que se garantice la debida información y rendición de cuentas sobre las condiciones que hicieron inviable la convocatoria de dicho fondo, realizada en el contexto de la pandemia y que se sienten las responsabilidades administrativas correspondientes.
Por otra parte, demanda respetar las propuestas y acuerdos de Mesa de Diálogo entre las organizaciones de mujeres y feministas y el INAMU realizada durante este año, en el sentido de salvaguardar los recursos para una nueva convocatoria de FOMUJERES en el año 2021.
Llama a las organizaciones de mujeres y feministas a mantener una actitud vigilante de defensa de la institucionalidad pública que protege los derechos humanos de las mujeres. En particular del INAMU como rector de las políticas públicas para las mujeres y mecanismo nacional para el logro de la igualdad y equidad de género.
San José, 9 de diciembre de 2020
Por una institucionalidad pública capaz de defender los derechos humanos de las mujeres
Con la jornada “Estado social y políticas públicas” se dio por concluidas las 4 jornadas programas durante el mes de octubre del seminario “Crisis de la democracia en los tiempos del COVID-19. Crítica y propuesta”, que inició el miércoles 7 de octubre.
Esta jornada estuvo compuesta por tres ponencias elaboradas por investigadoras e investigadores del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), las cuales abordaron las temáticas de seguridad social, convivencia urbana y sistemas de cuido. Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Luis Paulino Vargas Solís, director del CICDE, y de Paulo Coto Murillo, investigador del centro y moderador de la actividad.
Vargas Solís, acotó la importancia de la realización de estas cuatro jornadas ya que permite mostrar al público parte del trabajo que se ha venido de realizando a través de los años desde el CICDE, asimismo hacer una rendición de cuentas a la sociedad por los recursos brindados al centro. Por parte de Coto Murillo hizo un repaso de las tres anteriores sesiones y recalcó la importancia de los tres temas de las ponencias en esta sesión.
La exposición inicial estuvo a cargo del investigador Andrej Badilla Solano, titulada “Renta básica universal en Costa Rica: un barco en el que cabemos todos”, en la que el investigador inicia su exposición haciendo una comparación entre la exploración espacial como un de los logros de nuestra era y la renta básica universal. La metáfora utilizada por el investigador señala argumentos comunes como: el alto costo asociado de un ideal utópico y sin embargo hoy son el ejemplo de dos actividades humanas a nuestro alcance, explicó Badilla Solano.
La renta básica universal (RBU) corresponde a una transferencia de dinero que el Estado realiza hacia una población, una especie de dividendo ciudadano de la riqueza socialmente construida, que no depende la condición laboral o nivel de ingresos de la población beneficiaria, en este sentido la renta básica universal tiene como características principales que es individual, regular, suficiente, permanente, incondicional y universal. El investigador señala además el rol que tendría la RBU en la lucha contra la pobreza extrema y la desigualdad. Por otra parte, si bien el autor señala posibles fuentes de financiamiento, es enfático al señalar que hace falta investigación experimental para poder determinar las formas más eficientes para su puesta en práctica.
Las investigadoras Natalia Dobles Trejos y Marcela Pérez Rodríguez presentaron el trabajo “Una aproximación al cuido en tiempos de COVID-19: una mirada desde adentro”, la cual estuvo divido en dos partes.
En la primera parte Dobles Tejos trató el tema de la situación de la mujer, la maternidad, cuidado y como la pandemia del COVID-19 vino a profundizar la violencia estructural sobre el cuerpo de las mujeres. “En el caso de Costa Rica con la pandemia se profundiza mucho la situación de recargo de las tareas domésticas en el caso de las mujeres, dedicando un aproximado de 35.49 horas por semana a las tareas domésticas más el trabajo, a las que se dedican al teletrabajo o trabajo fuera del hogar, y los hombres solo representan un 13.42 horas, con relación al trabajo de las mujeres”.
Además, la investigadora plantea que debe haber una educación en el tema del cuido y así esa tarea será más equilibrada para las mujeres. En el caso de reeducar en «corresponsabilidad social» para tener más equilibrio en las tareas de cuidados y también mencionar que el concepto de cuidados es un concepto político en el cual se llevan a cabo relaciones de poder y una separación marcada entre lo público y privado, sobre todo desde la concepción neoliberal que promueve el individualismo. Al mismo tiempo, este concepto debe ser universal a toda la sociedad, ya que cambiar hacia una visión más democrática de los cuidados permite equilibrar las relaciones sociales y económicas dentro de las democracias porque todo es un tejido social, el cual está entretejido entre las relaciones de cuidados porque somos interdependientes.
Marcela Pérez Rodríguez enfatizó su exposición en las personas adultas mayores, derechos humanos y acceso a cuidados, aprovechando que octubre es el mes de las personas adultas. Indicó que las personas adultas mayores son una responsabilidad de todos y todas y que esta población va en aumento rápidamente, según como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se proyecta que para el 2050 existan 1 262 253 personas adultas mayores.
También explicó que la pandemia del COVID-19 ha afectado en mayor parte a esta población: “El 12 de agosto del 2020, mediante un comunicado de prensa el Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud, informó que el 66.3 % de las personas fallecidas por esta enfermedad corresponden a este grupo etario. Éste presenta una tasa de letalidad del 12.1%, calculado con el porcentaje de las personas fallecidas afectadas por el virus.” Además, expresó que en Costa Rica se ha avanzado en el fortalecimiento del cuidado de esta población. Por ejemplo, en junio del presente año se aprobó la ley 9857 en la que se penaliza el abandono de las personas adultas mayores. Según CONAPAM, a junio del presente año se habían registrado 537denuncias relacionadas violencia psicológica, patrimonial y violencia física. En este momento, el Estado social no puede cubrir todas demandas específicas de las personas adultas mayores, de ahí la importancia de reconocer los tejidos, a veces invisibles del cuidado. Esto permitiría reducir las cargas de las personas cuidadoras (la mayoría mujeres) y fortalecer las políticas sociales.
El distanciamiento social, es parte de la trama del cuidado, son estrategias de protección y prevención ante el contagio de virus COVID-19, pero, esta medida agudiza los problemas de salud mental como es la percepción de soledad, depresión y desvinculación de las redes de apoyo formales e informales.
Pérez propone que estas políticas de cuidado, tendrían que formularse con una visión ética y, de solidaridad intergeneracional. La solidaridad intergeneracional no se puede visualizar desde una perspectiva dualista, competitiva, personas jóvenes-adultos mayores, sino comprende todos los grupos etarios, todas las personas diversas, sujetas de derecho, que conviven y están vinculadas por diferentes circunstancias, sean éstas, redes de apoyo formales e informales. Las redes de cuidado no solo hay que visualizarlas como soporte social para aquellas personas adultas mayores con situación de dependencia crítica, sino también, tendrían que estar dirigidas a personas sanas con edades avanzadas que aportan y contribuyen a la sociedad como personas activas y con derechos.
El cierre de las exposiciones fue con el investigador Julio Solís Moreira y la exposición titulada “Desventajas sociales y segregación territorial en el Área Metropolitana de San José (AMSJ). Sus efectos en la participación ciudadana.”
Mediante la utilización de diferentes mapas y gráficos, Solís Moreira abordó de forma puntual los cambios que se han dado desde 1960 en la distribución urbana y la población rural, y como en 1990 pasamos a ser una sociedad urbana. En este contexto, el investigador expuso como se fue dando un crecimiento de la ciudad mediante ensanches y ampliación en términos de densidad y edificación urbana.
Asimismo, señaló como el COVID-19 vino demostrar y poner en evidencia las zonas de vulnerabilidad y desigual social, debido a que es en esas zonas donde se encuentran los mayores focos de contagios del virus, donde hay mayor hacinamiento y segregación socio-habitacional.
El acto de clausura será el jueves 19 de noviembre, a las 2 p.m., con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”, en la cual contará con la participación de Ricardo Sáenz de Tejeda, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ana Lucia Álvarez Vijil, de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, y Álvaro Artiga González, Universidad Centroamericana de El Salvador.
El estallido que estamos viviendo es una respuesta desesperada de una ciudadanía que ha visto cómo se le han venido violentando sus derechos sociales: empleo decente, vivienda digna, salarios justos, educación pública de calidad, atención en salud oportuna, etc.
Por lo tanto, la agenda de un verdadero diálogo intersectorial amplio y transparente debería colocar en primer lugar esas demandas y desafíos humanos y sociales. La atención al problema fiscal y a la reactivación económica tiene que estar orientado a encarar este desafío. De no ser así prevalecería el sesgo economicista que nos tiene atascados en este lodazal.
Este sesgo puede percibirse en las propuestas que solo se han dedicado a considerar ajustes económicos y financieros, dando por descontado que con ellos automáticamente se atienden a las demandas sociales.
El Dr. Jorge Arturo Chaves del Centro Dominico de Investigaciones (CEDI) apela a la búsqueda de una concepción integradora para construir, de manera dialogal, políticas públicas en donde “lo éticamente deseable, sea técnicamente posible y políticamente viable”: “La inserción de la racionalidad económica dentro de la racionalidad humana; la consiguiente articulación de lo político en la sociedad y en la comunidad; la integración de esta economía política en el ecosistema; la renuncia a la pretensión “imperial” de la economía y la apertura al trabajo interdisciplinar”[1].
En este enfoque ético-social de las políticas públicas, interpretamos nosotros, no se parte de lo estrictamente económico sino de lo “éticamente deseable”, del desafío humano-social fundamental para adecuar las medidas o políticas a ese desafío.
Ya algunos analistas han comentado que la propuesta gubernamental ponía la carreta delante de los bueyes. Es decir, primero la negociación con el FMI y después la reactivación económica y el desempleo. Lo que planteamos recoge algo de esta idea, pero señala que no se trata tampoco de pensar solamente en reactivación económica perse, sino en la reactivación social. O sea, atender prioritariamente a la calamidad social en que se encuentran viviendo las mayorías de este país, que ya está tocando los límites de lo humanamente soportable.
Así como la pandemia es una enfermedad biosocial, donde es insuficiente una respuesta sanitaria sin considerar el contexto de vulnerabilidad de los sectores más afectados, una reactivación económica sin considerar ese contexto es también insuficiente. El virus del Covid19 al igual que el dengue también crece y se reproduce en los charcos de pobreza.
Hoy requerimos una respuesta integradora y acorde con un contexto que exige elevar los niveles de calidad y competitividad colaborativa en los diferentes campos. Por ejemplo en educación, no podemos tener alcance social sustantivo si no modernizamos el sistema con base tecnológica y acceso gratuito a internet en la educación pública. Asimismo, en salud tenemos que fortalecer la base científico-tecnológica para generar conocimiento y mejores respuestas preventivas y de tratamiento.
De ahí que la apuesta sigue siendo el fortalecimiento de la institucionalidad social pública y no su debilitamiento, como algunos pretenden.
El contexto actual se asemeja a los años 1930 y 1940, donde se vivieron las consecuencias de una profunda depresión económica mundial y fueron años de gran agitación social. La respuesta fue una Reforma que atendió a las demandas de mejores condiciones laborales, de salud y educación para la clase trabajadora.
El desafío de hoy es muy similar. Por eso necesitamos una Segunda Reforma Social, que también tendrá que ser económica, pero no cualquier “reactivación económica”. Ya hemos tenido reactivación económica sin reactivación social. No recetemos más de lo mismo.
[1] Chaves, Jorge A. (1999) De la utopía a la política económica. Para una ética de las políticas económicas. Salamanca, Editorial Sam Esteban, pp. 236-237. El destacado es del autor.
La celebración del bicentenario de la independencia acontece en Costa Rica en el marco de una situación crítica de carácter multidimensional. La pandemia del Covid-19, que despuntó en el país en marzo de 2020, aún estará presente para el año 2021. Las repercusiones de la situación provocada por la crisis sanitaria y el tiempo que tardará en ser superada son todavía inciertas. La única certeza posible que de momento se puede tener es la de que la sociedad costarricense habrá sido afectada por una coyuntura de crisis cuyos alcances no se reducen a la cantidad de muertes provocada por el virus ni a los costos económicos que la batalla por el control de la pandemia haya representado para el sistema de salud y para el país en general.
Las afectaciones de la pandemia Covid-19 son múltiples en diversos sentidos: económicos, sociales, políticos, culturales y, desde luego, educativos. En lo económico, tras medio año de crisis sanitaria que se cumple al mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo en el país prácticamente se duplicó con respecto a la que se tenía a inicios de año: de 12,5% que registraba al primer trimestre de 2020, dicha tasa pasó a 24,4% para el segundo trimestre. Este incremento del desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, las cuales, en el período de referencia, registran una tasa de 30,4%, lo que significa una diferencia negativa de 10,4% con respecto al desempleo de los hombres, que es de 20%. (INEC, 2020).
El subempleo, por su parte, alcanzó un incremento de 10,3% entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020. Las proporciones de distribución entre mujeres y hombres son de 20,5% para ellas y de 20,6% para ellos. La pandemia ha significado pérdida del empleo sin posibilidad de reintegro, reducciones de la jornada laboral y de los ingresos para un sector de quienes aún conservan el empleo, así como cancelación parcial o total de operaciones para sectores que se dedican al trabajo independiente o por cuenta propia y para pequeños negocios de servicios. Estos últimos registran con una afectación del 68,5%. (INEC, 2020).
Si se tiene en cuenta que, para el año 2019, se tenía en Costa Rica una tasa de pobreza del orden del 25,70%, los datos anteriores colocan al país en una deriva hacia la pobreza y la pobreza extrema que abarcará a muchos otros hogares más, los cuales quedarán sin perspectivas de poder salir de dicha condición ni siquiera en el mediano plazo. La situación se agrava aún más, al tener en consideración que, entre los hogares en condición de pobreza, el 48,4% de ellos tiene una jefatura femenina y son familias con más integrantes de lo que son los hogares no pobres. (INEC, 2019). Esta es una situación que erosiona las bases de la democracia y que coloca a la sociedad costarricense a las puertas de una desintegración social de alcances muy peligrosos para la estabilidad del bienestar común y para la convivencia social.
En lo que a la educación corresponde, el impacto de la pandemia también deriva en la configuración de una situación compleja y crítica para un amplio sector de la población estudiantil del país. Una vez iniciada la crisis sanitaria, las autoridades del sistema educativo dispusieron establecer la modalidad de educación virtual, en un contexto de realidad nacional en el que las desigualdades sociales y los niveles de pobreza confabulan en perjuicio de una proporción significativa de la población estudiantil. A finales de mayo de este año, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informaba acerca de la existencia de una cuarta parte del estudiantado nacional que no contaba con acceso al servicio de internet para atender la educación virtual. (Ruiz, 2020).
En este aspecto, es bien probable que, al finalizar el curso lectivo de 2020, la proporción de estudiantes que, tanto por la afectación económica que ha habido en sus hogares y a título personal, la pérdida de capacidad adquisitiva para pagar servicios telefónicos y de internet, lo mismo que por la inexistencia de cobertura de la conectividad, hayan debido abandonar los estudios y, con ello, quedar en una complicada situación de rezago. Pérdida de oportunidades para estas personas y pérdida de capacidades para el país y para la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, más allá de la coyuntura de crisis que ha traído la pandemia, todas estas situaciones de inequidad, exclusión, desigualdad social, pobreza y pobreza extrema, son resultado del modelo socioeconómico establecido en el país desde hace cuatro décadas. La crisis de la pandemia solo ha venido a ponerlas a plena luz del día y a ampliarlas y profundizarlas. Se trata de una situación, no ya de crisis coyuntural, sino estructural y sistémica. Crisis que colocan al país y a la sociedad en una encrucijada de toma de decisiones urgentes e impostergables, a nivel de las políticas públicas y en las dimensiones económica, social, política, institucional, cultural, educativa.
¿Qué tipo de país tendrá que seguir siendo Costa Rica de aquí en adelante? ¿Se podrá dejar atrás cuatro décadas de un modelo socioeconómico que ha profundizado la inequidad, la exclusión, la desigualdad y la injusticia social? ¿Podrá servir la celebración del bicentenario de la independencia para hacer un esfuerzo nacional por regresar a los principios y a la salvaguarda de la institucionalidad de la democracia, tal como quedó establecido en la Constitución Política de 1949?
En vísperas de la celebración del bicentenario de la independencia, bajo el agobio que representa la crisis múltiple de la pandemia (crisis económica, social, institucional, cultural), la sociedad costarricense hoy se enfrenta al imperativo y a la necesidad de proceder a realizar una refundación del país. Una refundación en la que se tenga como eje central generar condiciones de vida digna y de bienestar social para todas las personas y para los distintos sectores sociales que conforman la sociedad.
Referencias bibliográficas
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Encuesta nacional de hogares julio 2019: resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenaho2019.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta continua de empleo al segundo trimestre de 2020. Resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiit2020.pdf
Ruiz, Paula. (2020). MEP detecta 250 mil estudiantes sin acceso a internet para recibir educación virtual. El Observador, 27 de mayo de 2020. Recuperado de: https://observador.cr/noticia/mep-detecta-250-mil-estudiantes-sin-acceso-internet-
[1] Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica, 14 de septiembre de 2020.
