Desde el Observatorio Económico y Social, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, el coordinador y economista, Fernando Rodríguez Garro, nos comparte un análisis de la notable situación que se vive en busca de la recuperación socioeconómica del país post pandemia.
La pandemia del COVID-19 provocó una situación inédita en la historia económica reciente del mundo, una crisis profunda provocada por las medidas sanitarias, que fue repentina, relativamente rápida, pero de efectos importantes. En Costa Rica implicó la duplicación del desempleo, el aumento de la pobreza y el deterioro de la capacidad del gobierno de responder con medidas anticíclicas, que permitiese responder con fuerza ante los efectos que el cierre de negocios y la paralización de actividades económicas provocó entre la población del país. A esto debe sumarse que la Administración Alvarado Quesada no impulsó medidas para buscar ingresos adicionales temporales, que permitiese extender las ayudas del Bono Proteger, que solo funcionaron 3 meses, y tampoco quiso suspender la aplicación de la regla fiscal, lo que pudo hacer dadas las condiciones excepcionales existentes. Entonces, no solo enfrentamos problemas económicos importantes de forma muy intensiva, sino que no tuvimos las condiciones financieras para compensarlas, no buscamos ingresos adicionales para hacerlo y no le dimos al Estado la flexibilidad para enfrentar las consecuencias de esta crisis.
Como sociedad no previmos la principal implicación en el mediano y largo plazo de esta situación: su efecto en el bienestar humano y el deterioro de las condiciones de vida de una parte importante de la población más vulnerable. Aunque hubo, en efecto, una recuperación en medio de la propia pandemia e incluso en la etapa actual, que podemos llamar post pandémica, el deterioro de algunos indicadores se mantuvo o se acumuló a los problemas que venían desde antes. El desempleo, por ejemplo, se disparó desde la anterior crisis en el año 2009, debido a la caída del sector inmobiliario en el país, situación que incluso ya había empezado a desmejorar previo a la pandemia, propiamente en el año 2019, cuando el crecimiento económico del país empezaba a ralentizarse y el desempleo tocaba el máximo de la década previa, llegando a un 12%.
En la década previa a la pandemia del COVID-19 no hubo un atisbo de recuperación del empleo, incluso los problemas se extendieron a lo largo de todo este tiempo. Según una publicación del medio La Nación, el desempleo juvenil (entre personas de 15 a 24 años) ha duplicado el nivel de desempleo general del país, desde el inicio del cálculo de la Encuesta Continua de Empleo en el año 2010. En los trimestres previos al 2020, año de la pandemia, el desempleo juvenil incluso escaló hasta el 30% a nivel nacional y sobrepasó ese nivel, por ejemplo, en el tercer trimestre del 2019 el desempleo juvenil alcanzó un 35,14%. La pandemia disparó este problema, rozando el 50% de desempleo juvenil en el segundo trimestre del 2020.
Desde el Observatorio Económico y Social UNA, hemos advertido de esta situación desde el año 2019, el deterioro que estábamos sufriendo en el caso de los jóvenes y la distribución desigual de este tema en las distintas regiones del país, con las regiones costeras sufriendo el problema con mayor énfasis. Luego de esa situación, el fin de la pandemia y el fin de las medidas de restricción para casi la totalidad de los negocios, sumado a otros factores regionales y locales, los problemas de seguridad han crecido, los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes se incrementan y los homicidios en el país crecen de forma preocupante. Precisamente las zonas costeras y, propiamente, los cantones de Puntarenas y Limón son de los más afectados por estos fenómenos, precisamente las zonas donde desde hace tiempo el problema del desempleo juvenil viene en crecimiento, incluso desde antes de la pandemia como se indicaba anteriormente.
¿Qué hacer? La pandemia dejó una huella que aún nos afecta, pero este problema está más entronizado de lo que habíamos pensado. Jóvenes con problemas para encontrar empleo en sus primeras experiencias laborales, muchachas y muchachos que dejan los estudios sin posibilidad de integrarse al mercado laboral, una política pública insuficiente y sin enfoque regional, un gasto en educación en retroceso y una economía enfocada en la creación de trabajos calificados (los jóvenes apenas están en proceso de formación laboral), son la realidad que debemos enfrentar.
“Deberíamos dedicar más recursos a una formación técnica que sea transversal a la formación diversificada en los colegios del país, por ejemplo, enseñándoles a los jóvenes sobre manejo de aspectos que pueden incidir en su empleabilidad, como el manejo de redes o mejorando de forma importante el manejo de un segundo idioma”, indica el académico Rodríguez.
Los colegios deberían ser lugares modernos, seguros y que permitan el uso seguro de espacios de socialización, como los lugares para la práctica del deporte. Para eso necesitamos invertir en tecnología y en infraestructura física, pero no se puede lograr eso con un gasto en educación en franco retroceso. Además, es difícil mantenerse estudiando cuando las necesidades materiales en el hogar se multiplican, por lo que las ayudas públicas a los hogares con jóvenes son muy importantes. Desaplicar la regla fiscal en las ayudas públicas, como becas y subsidios es muy importante, así como no aplicarla sobre los gastos de inversión y equipamiento de los centros educativos.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La epidemia mundial viral causada por la covid-19, un coronavirus que puso patas para arriba a los sistemas de salud y a la economía mundial, dejó ver claramente, que ningún país, incluso los desarrollados tenía una organización o capacidad para combatir una epidemia de esa magnitud.
La necesidad de tener que usar en forma masiva los servicios de emergencias de los hospitales, los internamientos hospitalarios que se requirieron y sobre todos los de las UCI (unidades de cuidados intensivos), dejaron ver que, ni siquiera los sistemas de salud o los seguros sociales universales de los países desarrollados pudieron hacer frente adecuadamente a la avalancha de enfermos que se produjo y ni que decir la situación en los países en vías de desarrollo o pobres, donde la situación fue caótica.
El número de casos registrados mundialmente hasta agosto del 2022 del coronavirus que produjo esta pandemia es de 604 millones (no se incluyen China por falta de datos) se supone que por lo menos hay otros 600 o más millones de casos no registrados. Las muertes suman más de 6,5 millones. Se cree que, por lo menos la cantidad de fallecidos es el doble de los reportados.
Los Estados Unidos, donde existe la mejor y más sofisticada medicina del mundo (para quién pueda pagarla) se vio afectado por un número muy elevado de casos y muertes. Las estadísticas de India y Brasil parecieran por los problemas de su población pobre, ser menos confiables que las otras ahí señaladas de países ricos.
País
Casos
Estados Unidos
95.000.000
India
45.000.000
Francia
34.000.000
Brasil
34.000.000
Alemania
32.000.000
Corea del Sur
23.000.000
Costa Rica
1.099.000
Los Estados Unidos hasta agosto 2022 reportaban 1.000.000.00 muertes. Costa Rica 9.000 fallecidos.
Lo que impresionó fue el papel que algunos países como los Estados Unidos y, incluso la OMS tuvieron en cuanto a fallar en no darse cuenta de la magnitud del problema que se les venía.
China, donde en una ciudad Wuhan, comenzó el brote desconocido de neumonías y que luego se extendió muy rápidamente desde noviembre del 2019, no notificó como debió ser de esta situación a la OMS (Organización Mundial de la Salud) de las Naciones Unidas, para que esta se pusiera alerta y avisara al mundo hasta febrero del 2020. Pese a lo anterior, desde enero del 2020 en vista de los rumores de una nueva enfermedad respiratoria en la misma China, además de Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Japón, comenzaron a usar la mascarilla nasal, y a evitar viajes a ese país. En febrero era claro que había una epidemia seria de una infección respiratoria trasmitida por un virus y sin embargo no fue sino a mediados de marzo que la OMS declaró que nos enfrentábamos a una epidemia mundial provocada por un virus desconocido. Lamentablemente la OMS falló en considerar la diseminación área del virus (que afectaba claramente las vías respiratorias aparte de otros órganos) y no recomendó inicialmente el uso de mascarillas a la población mundial. En Costa Rica se dio esta falla en ese tiempo y aún continua a nivel general a pesar de que no se ha acabado la actividad del virus.
La rápida trasmisión de China a otros países se dio por vía aérea y esta forma de transporte continuó siendo la causa de diseminación de dicho virus entre países.
Debido a todo lo anterior, por lo menos en los países desarrollados hay la intención de reforzar preventivamente sus sistemas de salud.
En Costa Rica la prensa nos informa que envista de que el Gobierno tiene problemas económicos, ha decidido recortar los presupuestos de sus Ministerios y oficinas. Lamentablemente nos muestra que Salud es el ministerio con el recorte más alto de todos de -9,0 eso sin restar el 4.9% de menos por la inflación, lo que elevaría el déficit a -13.9 y entre los más afectados por estos recortes, está el Programa de los CEN-CINAI que atiende a los niños pequeños pobres de madres que trabajan, y en cambio el Poder Judicial y el Ministerio de la presidencia son intocables, lo mismo las Universidades estatales y otros.
Todos sabemos que los presupuestos para atender la Salud no deben ser considerados un gasto, sino una inversión, en el capital humano, el insumo más valioso que tiene una nación. Sin salud un ser humano o un país no producen, solo generan pérdidas, por ello junto con educación son los pilares sobre los que se produce el crecimiento y desarrollo económico y social de las personas o del país.
Debido a la hecatombe económica que causó esta epidemia, en todo el mundo se puso en evidencia la necesidad de reforzar los presupuestos de salud, con el fin de lograr establecer un buen sistema de vigilancia epidemiológica y proporcionar más recursos para actuar ante una emergencia futura, ya que a corto o largo plazo se espera una nueva pandemia viral o bacteriana pues aún persiste a nivel mundial las deficiencias sanitarias y ambientales que causaron que este virus mutara de su hábitat natural silvestre y de sus hospederos los murciélagos a los animales domésticos y a los seres humanos. Lo anterior sin haber finalizado la pandemia actual ya que se siguen reportando nuevos casos y variantes en todo el mundo.
En Costa Rica, se debería proceder igual, ya que aparte de mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica, es urgente mejorar los servicios de emergencia de los hospitales públicos en cuanto a una adecuada oportunidad de la atención, mejorando su calidad y para eso urge aumentar el número de camas hospitalarias, dotándolas del respectivo personal, en especial para las UCI, donde los encargados, desde el médico al personal de la limpieza están agotados física y emocionalmente.
Las autoridades del gobierno actual al parecer han hecho caso omiso de esta situación y continuaremos desarmados esperando la próxima pandemia lo que nos causará problemas sanitarios económicos y sociales peores que la actual.
No olvidar que el déficit de número de camas de la Caja Costarricense de Seguro Social es de los más serios en Latinoamérica.
Camas disponibles en hospitales por 1000 habitantes. Según datos de la OMS.
Japón 13.0, Alemania 8.0, Francia 5.9. Italia 3.1, España 3, Dinamarca 2.6, Israel 3, en América tenemos: Cuba 5.3, Argentina 5, Los Estados Unidos 2.9, Uruguay 2.8, Canadá 2.5, Chile 2.1, Brasil 2.1, Colombia 2.1, Jamaica 1.7, México 1.5, Bolivia 1.3, El Salvador 1.2, Costa Rica 1.1, Belice 1.0, Nicaragua 0,9.
Otro factor que se debe tener en cuenta para mejorar todos los servicios de salud es que, durante los años 2021 y 2022, se dejó de atender a los enfermos habituales (crónicos) y muchos nuevos no agudos del Seguro Social (no a las emergencias), acumulándose entonces un mayor déficit en los tiempos de atención de los pacientes del Seguro Social que de por sí ya estaban escandalosamente largos de meses a años para: 1- ser atendido primero por el médico general. 2. Para ser atendido por los especialistas si era necesario. 3- Para que se hicieran en un tiempo normal, los exámenes y estudios de gabinete que ordenaran los médicos. 4- que se reportaran los resultados y, 5- Años para ser internado y operado de ciertas patologías. La oportunidad de una adecuada atención del enfermo está fallando muy seriamente en su conjunto. Además, hay que atender las secuelas físicas que la infección del coronavirus dejó entre los enfermos recuperados, y, a ello se agregan los cuadros de depresión, ansiedad y ataques de pánico que afectan a las personas en todo el mundo, incluyendo nuestro país, donde la salud mental de nuestra población pareciera estar muy afectada, sobre todo si aceptamos lo señalado por el V Foro de Salud Mental de agosto de este año (Angela Avalos, La Nación 5 de agosto 2022) el cual como conclusión señaló que: 1.3 millones de costarricenses mayores de 15 años viven con cuadros graves de ansiedad, depresión y estrés como resultado de los casi tres años de convivir con los efectos de la pandemia, que causaron los confinamientos domiciliarios, la perdida de fuentes de trabajo, la inestabilidad laboral y la falta de sociabilidad entre otros.
Todo lo anterior pone en peligro la salud y la vida de los pacientes, ocasionando que nuestro Seguro Social en cierta forma se le considere brindando atención de tercer mundo, debido a las deficiencias señaladas, aunque reconocemos que una vez internado se recibe casi atención de primer mundo, siendo esto toda una paradoja de la salud costarricense.
Ahora bien, soy muy pesimista de que podamos mejorar en este campo, las acciones hasta ahora del gobierno dejan a ver que se minimalizan los problemas, como las de la vacunación obligatoria, el uso de mascarillas, e incluso no se cumple con la simple promesa de fortalecer el CENARE donde hay una clara falta de personal y equipo, compromiso que la CCSS había dichos se subsanaría después de usar dicho hospital para enfermos de la Covid-19.
Finalmente, señalar, que, arrastramos aún la enorme dificultad de siempre, el Estado como tal debe a la Caja Costarricense de Seguro Social solamente en el Seguro de Salud (SEM) la suma de 2.7 billones y 508.000. millones al de IVM. Si se hubiera cancelado la deuda de Salud, no tendríamos el menor problema de dar puntuales y adecuados servicios médicos y prevención de enfermedades a la población y tendríamos así una medicina del primer mundo. Todo lo anterior sin tener en cuenta que existe un juicio donde la Caja señala que el Estado en realidad le está debiendo ¢8.7 billones de colones. Si lo anterior se hubiera cancelado a tiempo daríamos la mejor medicina del mundo.
Finalmente, la prensa hoy 13/9/2022, señala que la Junta Directiva de la CCSS, pese a advertencia en contrario de la Dirección Actuarial, decidió hacer un aumento de unos ¢8,000.00 este año a los 63 mil empleados, y además, pago retroactivo de cada año desde el 2020. El total del costo de ese aumento saldrá en ¢29.000 millones. Lástima que la Junta Directiva no propuso a los trabajadores, no hacer el aumento y emplear esa gigantesca suma en mejorar los servicios de todo tipo de la institución, a fin de cuentas, dar buenos servicios a los pacientes debería ser el fin de los trabajadores y de la Institución. Todo lo anterior, mientras quebraron miles de pequeños negocios, y, miles de personas perdieron su empleo o les ha sido rebajado su salario debido a la crisis económica ocasionada por más de dos años de la pandemia viral.
En el año 2007, la escritora y periodista canadiense Naomi Klein publicó el profundo y esclarecedor libro «La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre».
En su valiosa obra, la escritora analiza cómo el capitalismo en esta etapa neo-liberal, aprovecha las situaciones de desastre en las sociedades y países, para a partir de los escombros, impulsar sus proyectos de privatización económica y de reducción al mínimo el rol de los Estados. Tales desastres pueden que sean fruto de la acción de la naturaleza como tsunamis, inundaciones, terremotos, incendios, erupciones volcánicas o cualquier otro evento natural destructivo. O bien, pueden ser conflagraciones provocadas por la acción de seres humanos. Entre las que podemos citar invasiones, golpes de Estado, guerras y desplazamientos humanos.
Klein destaca la trinidad política de los Estados y empresas que se aprovechan de tales desastres para llevar las aguas sus molinos neo-liberales: 1) La eliminación del rol público del Estado, 2) La absoluta libertad de movimientos de las empresas y 3) Un gasto social prácticamente nulo. Tal es el sueño, propósitos y acciones de la plutocracia neo-liberal, aquí en Costa Rica y en cualesquiera otro país del orbe.
El principal ideólogo de esta doctrina fue Milton Friedman, el más destacado de los llamados «Chicago´Boys”, quien ha dejado una profunda impronta en el capitalismo de nuestros días. Es sin lugar a dudas el más esclarecido promotor del capitalismo del desastre.
Después del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973, Chile vivió un largo periodo de dictadura y represión; es decir de desastre político y social, si lo miramos desde la perspectiva de Naomi Klein. A esos escombros de la democracia chilena, llegó como un buitre Friedman para convertirse en un influyente consejero del dictador.
«Aconsejó a Pinochet que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país: reducciones de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recortes en el gasto social y una liberalización y desregulación generales. Poco a poco, los chilenos vieron cómo sus escuelas públicas desaparecían para ser reemplazadas por escuelas financiadas mediante el sistema de cheques escolares. Se trataba de la transformación capitalista más extrema que jamás se había llevado a cabo en ningún lugar…».
En Chile, en ese triste periodo, se aplicaron una sucesión de shocks que marcaron la vida del pueblo. La Constitución pinochetista de 1980 va a definir y moldear el modelo de sociedad durante cuatro décadas. Ese modelo mostró su agotamiento con el estallido social, en el reclamo de Constituyente, con el referéndum ganado por los detractores de ese estado de cosas en el que se acrecentó la desigualdad social y se concentró la riqueza en escasas manos y, más recientemente, con las elecciones que dieron la espalda, principalmente, a los partidos que impulsaron –con distinto alcance y profundidad– la agenda neoliberal.
En el libro, la autora cuestiona con sólidos argumentos que el triunfo del capitalismo nace de la libertad y que el libre mercado desregulado va de la mano de la democracia. En lugar de eso, afirma Klein, que «… esta forma fundamentalista del capitalismo ha surgido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción, infligidas en el cuerpo político colectivo así como en innumerables cuerpos individuales».
Una de las expresiones más contrastantes de esta forma de capitalismo es la exorbitante concentración de la riqueza y el incremento de la pobreza y la desigualdad social. Y en esta América Latina que sufre los estragos de la pandemia de la covid-19, lo estamos observando con creciente estupor.
Las cifras hablan por sí mismas: el número de personas en situación de pobreza —como lo han documentado distintos organismos regionales e internacionales— no ha dejado de crecer en los últimos meses, ganándole terreno a la todavía incipiente clase media. Mientras tanto y en brutal contraste: los más ricos han logrado agrandar aún más sus ya de por sí abultadas fortunas.
Según el reportaje de Ignacio Fariza («El País»): «Los últimos datos de la revista Forbes son nítidos: en América Latina y el Caribe —la región más desigual del mundo— el número de milmillonarios se ha disparado un 40% desde el inicio de la pandemia. A principios de 2020, cuando el virus acababa de irrumpir y aún nadie podía imaginar lo que estaba por llegar, eran 76 los latinoamericanos que tenían 1.000 millones de dólares (820 millones de euros) o más en activos, con un patrimonio conjunto de 284.000 millones de dólares. En la lista de 2021, publicada en marzo, sumaban 105, con 448.000 millones acumulados. Y en la última actualización de mediados de mayo ya eran 107 con un patrimonio conjunto de 480.000 millones.»
Si esto acontece mientras enfrentamos la devastadora pandemia, ¿Qué podrá suceder cuando ésta se empiece a superar y tengamos que pasar revista a los escombros dejados por el desastre sanitario, económico y social en el planeta?
Los discípulos de Friedman (de aquí y acullá) desde ya se frotan las manos por los pingües negocios que harán, anunciando una reconstrucción desde cero. No verán el desastre post-covid como un momento de reconstrucción, a partir del fortalecimiento de lo público en salud, educación, en seguridad social, en comunicación humana, en promoción del empleo y desarrollo inclusivo. No. Lo verán como una oportunidad de incrementar sus ganancias, de reafirmarse en su mezquindad y egoísmo sin límites.
Lo vaticinios de Klein nos sirven para prever un futuro post-pandémico sombrío para nuestras sociedades y la humanidad, pero también nos pueden servir para darle todo el peso a la inmensa mayoría que somos, con el fin de ponerle freno al neoliberalismo, en todas sus expresiones, y construir sociedades más justas e inclusivas; sin duda más humanas.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), al analizar la situación económica actual y las perspectivas post-pandémicas (todavía no claramente dibujadas), señala un severo incremento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en los países de la región latinoamericana y caribeña.
En este contexto de análisis y previsión del panorama económico y social, este prestigioso organismo de las Naciones Unidas, fija para Costa Rica una situación de significativo decrecimiento económico y de un preocupante aumento de la pobreza y la desigualdad social.
El decrecimiento del país que CEPAL (en coincidencia con el FMI), había estimado inicialmente en -3,3 %, en el más reciente reporte lo proyecta en -5,5 %. Todo hace prever que el golpe económico que sufrirá el país en este 2020, será mucho mayor de lo esperado. Valga indicar que estos números negativos podrían ser aún más negativos, si la pandemia y sus severos efectos, se prolongan por más tiempo de lo que se vaticina en el presente.
Por otra parte, el incremento de la desigualdad, la CEPAL lo valora entre un 3 y casi un 4 %. Es oportuno aquí recordar que el Coeficiente de Gini sirve para medir los niveles en la desigualdad en los ingresos en un país. Es decir, cómo se distribuyen los ingresos que se generan. Se trata de un valor numérico que va del 0 al 1. El cero representanta la perfecta igualdad en la distribución de los ingresos. Así las cosas, en la medida en que la cifra se acerca a cero, la igualdad es mayor y cuando, está más cerca de uno se da lo contrario.
Costa Rica en las últimas décadas ha venido perdiendo terreno en el Coeficiente de Gini, de manera sostenida. Lo cual es un reflejo del aumento de la desigualdad. Según el Banco Mundial, ocupa el poco honroso lugar noveno entre los más desiguales del mundo. Y si la proyección de la CEPAL se cumple, la desigualdad será mucho mayor. Éramos tantos y parió la abuela, como bien lo sintetiza este refrán popular.
Y lo que aparecen como números y datos estadísticos fríos se traduce en miles hogares costarricenses donde el hambre, se asomaría irremisiblemente a sus puertas. Se trata de un panorama desolador donde para muchas personas apenas habrá recursos para una dura supervivencia.
En el presente, ya se han empezado a generar múltiples brotes de reclamo social ante el Gobierno, por la falta de una respuesta clara y contundente ante el panorama económico y social, actual y futuro. La desesperación es una mala consejera que, si no se contiene, se puede desbordar y llevar al país al caos.
Hay también fundados reclamos de que la pesada carga que genera la crisis está muy mal distribuida. Hay sectores muy afectados por la crisis (trabajadores despedidos o a quienes se les redujo la jornada laboral; agricultores pequeños y medianos; medianos, pequeños y microempresarios; un sector importante de las y los trabajadores del sector público –particularmente, los de salarios más bajos–; trabajadores y trabajadoras informales; mujeres jefas de hogar; personas mayores; personas con discapacidad; entre otros), hay sectores que han salido hasta ahora casi indemnes e, incluso, hay otros que han obtenido ganancias en medio de la crisis. Estos últimos constituyen una pequeña minoría, pero muy poderosa, que no han contribuido pagando los impuestos que les corresponde, utilizado para ello diversos mecanismo de evasión y elusión fiscal, como bien lo señaló el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.
En las circunstancias actuales es urgente y necesario que todas y todos nos percatemos de que el país nunca antes ha enfrentado un desafío de dimensiones tan grandes. Si la situación económica, política y social era muy difícil antes de la pandemia, todo hace prever que la crisis que generan las obligadas medidas restrictivas ahondará la crisis.
Lo más complicado es que esta desafiante emergencia encuentra a un país con un débil liderazgo gubernamental y con una gran división producto de una atomización de intereses. Asimismo, hay agrupaciones políticas que no han medido con claridad los graves alcances de la pandemia y añoran una pronta vuelta a la normalidad anterior. Y eso no va a suceder. El mundo y el país ha de cambiar inevitablemente y todavía no están definidos los hilos de ese nuevo tejido de normalidad post-pandemia. Estas agrupaciones, en vez de formular propuestas con un sentido unitario y patriótico, están enmarañadas en lo que podrán obtener en las elecciones del 2022.
La desafiante tarea dirigida a evitar que la pobreza y la desigualdad nos desborden, así como el caos social y político, obliga a una imprescindible toma de consciencia inmediata y lúcida, y la renuncia coyuntural de los intereses particulares y de grupo, a favor de una acción unitaria, de un diálogo constructivo para buscar una solución nacional, viable y patriótica. Sólo de esta manera, podremos recuperar y tener un país, en el cual podamos celebrar el segundo centenario de su fundación.
O nos unimos, o nos hundimos como país: Tal es la disyuntiva ante la grave crisis actual. Y el tiempo corre en nuestra contra.
Segundo Encuentro Universidad Postpandemia, actividad de interés institucional
La UCR organizó los Encuentros Universidad Postpandemia para analizar y conversar sobre las lecciones y desafíos de la institución en diversos ámbitos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Desde marzo de este año, la misma semana que iniciaba el I Ciclo Lectivo 2020 en la Universidad de Costa Rica, se tomaron las primeras medidas de confinamiento y distanciamiento social. Esto implicó que, de un momento a otro, las clases tuvieran que suspenderse momentáneamente y retomarse de manera virtual.
La situación significó un cambio de paradigma para estudiantes, docentes y oficinas administrativas que durante todo este año han tenido que reinventarse y acoplarse a nuevas formas de llevar a cabo diversos procesos.
Para analizar y conversar acerca de los aspectos del quehacer institucional que deben ser modificados luego de la emergencia sanitaria, específicamente de las las lecciones y desafíos de docentes y estudiantes, este martes 24 de noviembre se realizó la segunda sesión del Encuentro Universidad Postpandemia.
Andrey Júnes, Alondra Zúñiga y Sofía de La Cruz, representantes estudiantiles, coincidieron en señalar que la pandemia y la situación excepcional que le ha tocado enfrentar a la universidad, han evidenciado la diversidad en el estudiantado, empezando por el acceso a la tecnología y la manera de adaptarse a la virtualidad, entre muchos otros aspectos.
Además, Junés enfatizó en que la institución debe poner atención a la salud mental y tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes y en especial de aquellos que pertenecen a una Sede Regional, con el objetivo de que los procesos sean consecuentes con una universidad humanista y se puedan flexibilizar de acuerdo al contexto y a la realidad que se atraviesa.
Por su parte, Zúñiga señaló que la virtualidad a futuro abre una serie de posibilidades, no obstante, no debe ser el único camino, su uso debe ser consciente de todas esas diferencias y particularidades que caracterizan al estudiantado de la UCR.
La vicerrectora de Docencia, Susan Francis, recordó que lo vivido de este año ha dejado claro que los procesos formativos no son artificiales, sino que deben ser más humanos y que hay que establecer experiencias formativas próximas y resguardar la salud integral de toda la comunidad universitaria, tomando en cuenta que aún la presencialidad y la normalidad no van a ser posibles en el corto plazo.
El Dr. Germán Vidaurre, coordinador de Metics, destacó algunas oportunidades y retos desde el ámbito del docente, que se vislumbran luego de la pandemia. En primera instancia, la virtualidad debe permanecer como una herramienta más, que se una a otro conjunto que ya existe u otras nuevas que surjan. Mientras que el aprendizaje debe ser significativo y debe existir flexibilidad curricular.
Asimismo, entre los principales retos, subrayó la necesidad de que la evaluación sea auténtica y que se utilice para medir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, el rol del docente tiene que redefinirse y verse más como un arquitecto de experiencias de aprendizaje, se debe reforzar la estructura tecnológica de la UCR y el acompañamiento al docente.
En esta actividad, también intervinieron los docentes Lillian Irias, Flor Gaitán y Walter Araya, quienes explicaron que el proceso de adaptación al inicio fue muy complejo y requirió esfuerzos extra para sacar adelante el primer semestre del año.
Gaitán mencionó que el pensamiento y la planificación del docente tuvo que reestructurarse y mirar los procesos pedagógicos desde otros ángulos para cumplir con las metas propuestas.
En el caso de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, las distintas oficinas que la componen y que atienden procesos estudiantiles complejos reconocieron que los retos han sido muchos y que se ha tratado de buscar las soluciones que se adapten al contexto actual.
Anabelle León, jefa de la Oficina de Becas, manifestó que se abrieron nuevos canales de comunicación con el estudiantado y se fortalecieron otros espacios para dar respuesta a las inquietudes.
También se hicieron cambios y se adaptaron procesos, se trabajó de manera articulada con otras instancias de la UCR y se continua con el desarrollo de una plataforma que permita la solicitud de beca en línea para el próximo año.
José Rivera, jefe de la Oficina de Registro e Información, y María Isabel Sánchez, jefa de la Oficina de Orientación, señalaron los esfuerzos que se han realizado en estas dos dependencias para transformar y garantizar que los estudiantes tengan todos los servicios necesarios, como ha sido el proceso de graduación y de entrega de diplomas y el acompañamiento vocacional y de orientación, respectivamente.
Carlos Sandoval, vicerrector de Vida Estudiantil, destacó el trabajo que la UCR ha realizado para sacar adelante el proceso de admisión y el protocolo sanitario que lo acompaña. No obstante, la experiencia adquirida debe quedar para analizar la posibilidad de que en el mediano plazo este proceso también pueda llevarse a cabo de manera virtual.
El foro de este martes está disponible en el siguiente enlace.
El miércoles 25 de noviembre, de 10:00 a. m. a 12:00 m., se llevará a cabo la tercera sesión del Encuentro Universidad Postpandemia: lecciones y desafíos desde la gestión administrativa y tecnológica. Usted puede observar esta actividad a través de la cuenta de YouTube de la Rectoría de la UCR.
Andrea Marín Castro Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
En chino, la palabra crisis —wei-ji— se compone de los términos correspondientes a «peligro» y «oportunidad».
Sobre estos dos términos debemos reflexionar a partir de la pandemia que enfrenta el mundo y la sociedad costarricense, en particular.
Se trata de un peligro vivo que ha afectado severamente nuestras vidas, la economía, el acceso a los alimentos, el trabajo, el estudio, la recreación, los intercambios sociales; en fin, todo. El confinamiento, la cuarentena y las medidas de distanciamiento físico, nos van a acompañar por semanas, meses e, incluso, podría ser por años. Nada está descartado.
El peligro del contagio del coronavirus en el presente no nos ofrece certezas. Las medidas en el ámbito de la salud que están adoptando el Ministerio de Salud y la Caja, y otras instituciones del Gobierno, aun siendo acertadas –en virtud de que han mostrado éxitos relativos aquí y en otros países–, no nos blindan completamente ante la posibilidad de que se expanda la covid-19. Persiste el peligro de un contagio exponencial que rebase la capacidad de lo que se ha logrado implementar hasta ahora, en instalación de Unidades de Cuidados Intensivos, disponibilidad de personal médico especializado y respiradores, para citar sólo tres rubros. Igualmente, aun evitando la expansión actual, en el futuro cercano podrían presentarse rebrotes y oleadas de contagio, que afectarían severamente al país.
Ese acechante peligro se hace mayor en el presente y podría ser peor en el futuro, si la CCSS (que ha jugado un papel estelar en el combate práctico de la pandemia), es debilitada por tres factores combinados: La expansión rápida y severa del gasto para atender la emergencia sanitaria a lo que ha estado obligada la institución; la disminución significativa de sus ingresos por reducción de las cotizaciones (obreras y patronales) y por la persistencia de oportunistas planes privatizadores de esta entidad pública. Es el colmo que tanto desde el gobierno como entre entidades privadas vean este peligroso debilitamiento de la Caja como una oportunidad para debilitarla aún más y darle un golpe mayor al Estado Social de Derecho, que es la mejor apuesta para que Costa Rica pueda emerger con esperanzas de los escombros económicos, sociales y políticos que nos heredará esta crisis devastadora.
La conducta del Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Dobles, con respecto a la obligación ineludible que tiene el Estado de pagar con urgencia la deuda histórica con la Caja, no sólo para que siga atendiendo la pandemia en el presente sino para asegurar su existencia y fortalecimiento post-crisis pandémica, es tan preocupante como desalentadora. Sus declaraciones no son las de un funcionario público seriamente comprometido con la salud pública sino de los que piensan que después de la superación de esta pandemia, las cosas volverán a la “normalidad” anterior.
Este funcionario y el Gobierno de Carlos Alvarado en su conjunto, como los partidos que respaldan la idea de que dentro de la “nueva normalidad”, las políticas neo-liberales y privatizadoras de los bienes del Estado, volverán a retomar la fuerza expansiva previa a la pandemia, están en un gran error.
La pandemia y sus secuelas presentes y futuras, nos dan una oportunidad para corregir, para mejorar al país en todos los campos: Económico, social, ambiental, político, cultural.
El cambio inteligente y apropiado fija como derrotero un gobierno realmente preocupado por generar políticas públicas dirigidas a las mayorías (sectores populares y medios, que se han empobrecido enormemente); no a las élites que se han enriquecido convirtiendo al país en unos de los 10 más desiguales del mundo.
El bicentario de Costa Rica no puede ser el de un país que perdió su rumbo democrático (económico, social, ambiental y político), sino el que empieza a poner en práctica, por primera vez en su historia, el carácter participativo de la democracia nacional, expresado con diáfana claridad en el artículo 9 de la Constitución.
“En todas las épocas –escribe el historiador austríaco Walter Scheidel–, los más importantes replanteamientos se produjeron tras los impactos más severos. Así, cuatro tipos de rupturas violentas lograron reducir las desigualdades: la guerra cuando implica una movilización masiva, las revoluciones, las quiebras de los Estados y las pandemias mortíferas”.
Así las cosas, esta pandemia debe ser generadora de una mayor igualdad social, sea por la decisión consciente y correctiva de quienes dirigen el país o por la movilización política de las mayorías, que se cansaron de la injusticia social y la concentración de la riqueza en escasas manos. Quienes han estado controlando el escenario político tanto desde el dominio que les otorga su opulenta riqueza como los que están en transitorios puestos formales, tienen que empezar a entender que la “nueva normalidad” post-pandémica debe orientarse hacia una mayor e inclusión y justicia social; hacia mejores formas de redistribución de la riqueza; deben comprometerse seriamente con el fin de la depredación ambiental y la retórica pseudo-ecológica; deben renunciar a la polítiquería y al cálculo fijado por intereses individualistas y mesquinos. La historia les da la oportunidad de corregirse o serán inevitablemente corregidos por la democracia que empezará a reverdecer al superarse esta pandemia.
El futuro no puede ser repetición de este pasado reciente marcado por la injusticia social y el daño ambiental. Una nueva consciencia democratizadora y correctiva ha empezado a ganar fuerza entre las y los ciudadanos, particularmente entre las y los jóvenes, que aspiran convertir esta pandemia, en una oportunidad para reimpulsar un Estado Social y Ecológico de Derecho.
La crisis sanitaria y económica ha hecho evidente que vivimos también una crisis de los cuidados. La atención médica hospitalaria y en las casas, la creación de redes de apoyo mutuo para salvaguardar la salud, el desafío en el que se ha convertido para muchas personas tener techo, comida y agua limpia; son sólo algunos ejemplos de lo central que son los cuidados en este momento. Pero, además, es evidente que muchos de estos son brindados principalmente por mujeres y el medio rural no es la excepción.
Existe la urgencia y la necesidad de hablar de la crisis de los cuidados, la disidencia sexual en el campo, el trabajo de las organizaciones de mujeres rurales, los feminismos fuera de la ciudad y el aporte científico de mujeres investigadoras para el avance de la agroecología, la soberanía alimentaria y la organización social en el escenario post pandemia.
Justicia fiscal, una parte integral de la lucha contra la agenda neoliberal
La pandemia de COVID-19 expuso las desigualdades generadas por un sistema neoliberal fundado en las ganancias y la codicia. Ningún lugar ha sido tan impactado como el Sur Global, donde las crisis múltiples y crónicas han profundizado la pobreza, aumentado la dependencia de los países de la deuda y erosionado sus recursos y capacidad para construir sociedades y economías humanas y sostenibles. La pandemia actual afecta a una gama aún más amplia de miseria humana en todo el mundo, con impactos que golpean de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables.
Considerada peor que la crisis económica mundial de 2008, se prevé que la recesión inducida por la COVID-19 dejará a millones de personas desempleadas y subempleadas. Las Naciones Unidas estima que 71 millones de personas volverán a caer en la pobreza extrema en 2020, el primer aumento de la pobreza mundial desde 1998. En América Latina y África, se estima que los ingresos de los trabajadores del sector informal se redujeron en alrededor del 80% en el primer mes de la crisis. Por lo tanto, la supervivencia económica será una batalla cuesta arriba especialmente para los trabajadores pobres del Sur Global, que ya se concentraban predominantemente en la economía informal y vivían al día en barrios marginales abarrotados, incluso antes de la COVID-19.
Las mujeres son afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, ya que están sobrerrepresentadas en el sector informal desprotegido y precario, así como en los sectores más afectados, como los servicios de salud y la economía del cuidado. Con la imposición del encierro y del aislamiento en el hogar, las mujeres enfrentan a una mayor exposición a la violencia de género y la intensificación de la carga del trabajo de cuidados no remunerado, lo que refuerza las normas patriarcales en muchas sociedades. En Bogotá, capital de Colombia, por ejemplo, el número de llamadas a la línea directa de la policía para denunciar violencia contra las mujeres aumentó en un 225% durante la primera semana del encierro. En el trabajo de cuidado remunerado, las mujeres también constituyen la mayor parte del mercado laboral en la salud pública, que sufre con recortes presupuestarios y bajos salarios debido a que durante los últimos años los Estados han retirado inversiones en servicios sociales en favor del sector privado.
El sistema económico neoliberal que se aprovecha de los vulnerables y privilegia a los ricos y las ganancias creó un terreno fértil para la crisis actual. Junto con las condiciones crediticias de los Programas de Ajuste Estructural, las políticas macroeconómicas que defienden medidas de austeridad y la privatización desmantelaron la capacidad de los países, especialmente del Sur Global, para hacer frente a una crisis de esta magnitud.
Con la pandemia, la cadena de suministro global que está diseñada para satisfacer las necesidades del mercado global (incluidos los equipos de protección personal, las instalaciones médicas y los kits para detección de la enfermedad) a través de los centros de producción en el Sur Global fue gravemente interrumpida. Así muchos países en desarrollo no solo tuvieron una reducción en sus ingresos e inversiones, sino también se quedaron sin condiciones de asegurar las necesidades básicas vitales para combatir una pandemia y para brindar asistencia humanitaria a los más gravemente afectados. Con la cadena de suministro global rota, la sociedad civil y las comunidades intentan llenar las brechas: organizaciones comunitarias e individuos se están movilizando para producir mascarillas, donar equipo de protección personal a los hospitales y satisfacer las necesidades humanitarias de aquellos que se quedaron desempleados y con hambre tras los encierros.
Muchos gobiernos han priorizado los intereses del sector privado sobre el bienestar de las personas durante décadas, lo que los ha vuelto ineptos para solucionar la crisis actual. El modelo de desarrollo orientado a la exportación y liderado por el sector privado en muchos países en desarrollo del Sur Global se basa en la explotación de mano de obra barata y el extractivismo de los recursos naturales por grandes corporaciones con sede en el Norte Global. Por si fuera poco, se introdujeron políticas fiscales que otorgan generosos incentivos y exenciones fiscales para atraer más inversiones extranjeras directas. Las graves consecuencias de estas políticas macroeconómicas se ven agravadas por una arquitectura financiera internacional injusta que permite los flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal y la elusión fiscal por parte de las élites ricas y las multinacionales, lo que socava gravemente la capacidad de los estados para movilizar los recursos necesarios para invertir en sectores sociales y en el desarrollo sostenible. Impulsadas por la codicia y las ganancias privadas, muchas corporaciones aún pueden beneficiarse de la miseria bajo el sistema económico y político actual, incluso en medio de la pandemia.
Miles de millones de ingresos perdidos por incentivos y abusos fiscales por parte de las corporaciones y élites podrían haberse utilizado para fortalecer la prestación de servicios públicos esenciales para garantizar nuestros derechos a la salud, el acceso al agua y el saneamiento, una vivienda digna y el transporte público. Dichos recursos podrían haberse utilizado para mitigar los impactos de la pandemia. No obstante, sin estos recursos, los países del Sur Global dependen en gran medida de la ayuda y los préstamos cargados de condiciones. Cabe subrayar que incluso antes de la pandemia de COVID-19, los países en desarrollo han estado enterrados en una deuda insostenible, parte de la cual es ilegítima.
La pandemia desmistificó la doctrina neoliberal de que el papel de los estados en la economía nacional y en la provisión de bienes y servicios públicos para el bienestar de su pueblo debe reducirse al mínimo. La gente está clamando para que los estados intervengan de manera proactiva y efectiva no solo en respuesta a la emergencia de salud pública, sino también a los impactos inmediatos de la recesión económica provocada por los cierres y el cese de actividades económicas. El descontento de la población con la respuesta ineficaz de los gobiernos al COVID-19 provocó el estallido de protestas en diferentes partes del mundo. Hay protestas contra Jair Bolsonaro en Internet y en las calles de Brasil, uno de los países más afectados por la COVID-19, para condenar el mal manejo de la crisis por parte del presidente. En Kenia, los ciudadanos marcharon para denunciar la brutalidad policial al hacer cumplir las regulaciones de cierre. La situación es similar en Filipinas, donde varios manifestantes, violadores de la cuarentena e incluso ciudadanos comunes fueron presos, atacados violentamente o asesinados por las fuerzas estatales. Además del derrumbe de las economías, el colapso de los sistemas de salud y la profundización de la pobreza, también se enfrenta a la reducción del espacio democrático y cívico y al aumento de la represión política, lo que hace que impulsar reformas sea más desafiante que nunca.
Sin embargo, en los últimos meses, hemos visto que los principios de la ideología neoliberal y de la gobernanza antidemocrática están siendo desacreditados y cuestionados a medida que enfrentamos a una grave crisis económica. La pandemia nos presenta una oportunidad para impulsar cambios sistémicos y crear alternativas al actual modelo de desarrollo neoliberal, que antepongan las personas y el planeta al lucro y la codicia. Es una oportunidad para reinventar la economía global y la arquitectura financiera internacional hacia la justicia social y la igualdad, lo que no es posible sin la justicia fiscal.
En este contexto, instamos a los gobiernos:
Sobre el freno de la erosión de los recursos financieros públicos
Eliminar incentivos fiscales que benefician a las élites y corporaciones ricas.
Impedir que las empresas multinacionales trasladen sus beneficios a países con impuestos bajos o nulos, gravándolas como una entidad única, bajo un principio de empresa unitaria.
Instar a las instituciones financieras internacionales y a los prestamistas bilaterales y privados a cancelar inmediatamente los pagos de la deuda, iniciar un proceso de reestructuración que incluya la cancelación de la deuda cuando sea necesario y avanzar hacia un marco multilateral permanente bajo los auspicios de las Naciones Unidas para apoyar la reestructuración sistemática, oportuna y justa de la deuda soberana en un proceso que cubre a todos los acreedores. El objetivo debe ser dar a los gobiernos el espacio fiscal necesario para responder a la crisis actual, de conformidad con los estándares de derechos humanos, los ODS, los objetivos climáticos y los compromisos de derechos humanos e igualdad de género.
Sobre el aumento de los ingresos públicos
Gravar los beneficios en exceso a las empresas multinacionales, especialmente a las que se benefician masivamente de la crisis actual.
Implementar reformas progresivas que graven fuertemente los ingresos, los activos y la riqueza.
Cancelar los tratados fiscales bilaterales desventajosos para los países en desarrollo.
Introducir un impuesto a los servicios digitales sin depender del proyecto BEPS de la OCDE.
Introducir una tasa impositiva corporativa efectiva y mínima globalmente que sea suficiente para financiar servicios públicos de calidad y protección social universal, pero sin que ningún país sea presionado a reducir su tasa impositiva corporativa existente.
Sobre la reforma de la arquitectura y las normas fiscales globales
Establecer una comisión fiscal intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas que pueda liderar el desarrollo de nuevos estándares fiscales globales progresivos a través de negociaciones transparentes en las que todos los países participen igualmente.
Apoyar una estrategia de reconstrucción global que será necesaria para evitar depresiones que tengan un impacto adverso en los trabajadores y comunidades más marginados.
Promover medidas de transparencia fiscal nacionales y regionales para identificar y frenar los flujos financieros ilícitos, mediante la promoción de informes públicos país por país para las empresas multinacionales y de registros públicos de beneficiarios finales de entidades y acuerdos legales.
Promover el intercambio automático de información para garantizar que todas las administraciones tributarias puedan acceder a la información que necesitan para frenar la evasión y elusión fiscal internacional.
Reforzar la lucha contra las prácticas fiscales nocivas que facilitan la fijación de precios incorrectos en las transferencias, la elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos, incluidos los incentivos fiscales, los servicios financieros extraterritoriales y los tratados fiscales perjudiciales.
Ampliar las obligaciones de debida diligencia contra el lavado de dinero y la corrupción a todos los guardianes del sistema financiero, incluidos abogados, contadores, fondos de cobertura, fondos de capital privado, agentes inmobiliarios, comerciantes de artes y antigüedades y agentes de formación corporativa.
Para aliviar la carga económica de los pobres y los vulnerables, también exigimos urgentemente que los gobiernos:
Pongan fin a los impuestos regresivos al consumo, como los impuestos al valor agregado y los impuestos sobre bienes y servicios, que aumentan la carga sobre los pobres y marginados.
Otorguen créditos fiscales a hogares monoparentales, microempresas, pequeñas y medianas empresas, personas de bajos ingresos, dependientes, etc.
Otorguen créditos fiscales a mujeres por trabajo de cuidados no remunerado.
No hay justicia fiscal sin justicia tributaria y económica. Pedimos a los estados para que cumplan con su deber central de proteger a sus ciudadanos y dar prioridad a los derechos humanos (no a los bancos, corporaciones y los ricos) y:
Embarcar en un camino fiscal que proporcione estímulos y apoyo a la economía real (no a actividades financieras especulativas) hacia estructuras, políticas y programas económicos equitativos y justos.
Implementar políticas de gasto fiscal que inviertan en servicios públicos de calidad para todos y sistemas de protección social universal.
Realizar las inversiones y ayudas públicas necesarias para asegurar:
Seguridad y soberanía alimentaria durante y después de la crisis.
Servicios públicos que cumplan los derechos y necesidades de las mujeres.
Servicios públicos que reconozcan, reduzcan, redistribuyan y socialicen el trabajo de cuidado no remunerado y la reproducción social
Implementar medidas de protección del empleo formal y de ingresos básicos de emergencia para apoyar a los trabajadores desempleados, informales y autónomos que viven en la pobreza.
Alejarse de las políticas económicas desacreditadas del neoliberalismo.
En la situación actual, los movimientos sociales enfrentan restricciones y represión para movilizarse contra políticas injustas. Sin embargo, esto no debe disuadirnos de luchar por un futuro justo y sostenible. Como una alianza global con miembros en cinco continentes, vemos esta crisis como una oportunidad para una movilización más amplia de la sociedad civil y la reconstrucción de un movimiento global contra las políticas económicas neoliberales. ¡Ahora, más que nunca, es el momento más crucial para unirnos e impulsar nuestra lucha por la justicia fiscal y una economía centrada en las personas!
Investigadores de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de Costa Rica, presentan los 4 posibles escenarios post pandemia
El pasado martes 11 de agosto del 2020 la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS) realizó una conferencia de prensa para presentar los resultados de la investigación “Escenarios Costa Rica: Hacia la Nueva Normalidad”.
Esta actividad con presencia de periodistas de diversos medios de comunicación estuvo a cargo del académico de la EPPS, Juan Carlos Mora, quien explicó que el objetivo general del trabajo realizado durante 4 meses es: “crear un conjunto de escenarios plausibles sobre el marco de incertidumbre en el que deberá el país formular sus estrategias y tomar las decisiones para la recuperación y orientación hacia la senda de la igualdad social en el mediano, largo y muy largo plazo”.
El compromiso de la Universidad Pública
El Master Francisco González, rector de la Universidad Nacional dio apertura a la Conferencia de Prensa, comentando sobre el papel que cumple la universidad pública en nuestro país: “La educación pública universitaria tiene tres grandes tareas; la formación de profesionales para subsistir las necesidades del país de forma integral, la presencia a través de la extensión y la acción social, como elemento fundamental para transformar los entornos, y el aporte desde la investigación, tanto, en el ámbito científico como en el ámbito social”.
El Rector acotó que esta investigación hace un aporte importante para dejar de pensar solamente en el presente, sino también tomar en cuenta nuestro futuro, para tomar acciones que permitan construir una sociedad costarricense más igualitaria, ya que mediante esta reflexión se permite analizar que las decisiones tomadas en el presente traen repercusiones en el futuro.
Uno de los aspectos principales de esta conferencia fueron los cuatro posibles escenarios que podría presentar la Costa Rica del futuro y cuales tendencias están aportando a que se lleguen a cumplir los escenarios descubiertos.
El director de la EPPS, Ángel Ortega, manifestó que es importante entender que la creación de los escenarios no es una predicción de lo que va a suceder a futuro, sino, que son espacios que permiten visualizar lo que podría mantenerse a futuro, si se siguen tomando las mismas decisiones o realizando las mismas acciones: “ Para contextualizar el proceso investigativo que se llevó a cabo, es necesario tener en cuenta que desde el 2019, como unidad académica se tomó la decisión de plantear una línea estratégica, que brindaría un aporte a la construcción de estrategias y políticas públicas con el fin de alcanzar el futuro ideal para el 2040”.
¿En qué consistió el estudio?
Ortega, indicó que el estudio consistió en realizar una investigación aplicando la prospectiva; es decir el estudio del futuro para identificar los diferentes futuros posibles para la Costa Rica de la Nueva Normalidad. “Esta metodología de trabajo es hoy de mucha aplicación en el mundo, aunque para Costa Rica resulta ser un trabajo pionero; es el primero que se hace en el país”.
Según lo indicado por el equipo de investigación, en el estudio se parte de que el país vive una coyuntura de “excepcionalidad” en todos sus órdenes; y que, por lo tanto, muchas de las cosas que se vinieron haciendo ya no volverán a ser iguales en el futuro por dos razones: una porque las veníamos haciendo mal y la “pedagogía de la pandemia” nos ayudará a corregir; y la segunda porque las bases de algunas prácticas sociales, productivas y comerciales desaparecerán: “ En muchas cosas claramente no volveremos a ser los mismos”.
Este proceso también tuvo la característica de ser sumamente participativo, pues se tomó en cuenta la opinión de una gran variedad de sectores de la población, para conocer cuáles podrían ser los posibles aspectos con mayor alteración en la Nueva Normalidad investigada.
¿Cómo se hizo el estudio?
Para el Máster Juan Carlos Mora, el estudio se hizo combinando dos formas de investigación. Por un lado, se trabajó el análisis de las tendencias que venían dándose en el país, especialmente las que tenían que ver con el desarrollo humano, la igualdad social, la producción, la política distributiva del Estado, el cambio climático, el narcotráfico, las relaciones comerciales internacionales, entre otras. Por otro lado, se trabajó el análisis cualitativo con más de 200 personas (actores calificados, personas expertas y grupos sociales).
Con las personas expertas, actores y los grupos sociales, se construyó un modelo de trabajo orientado por la definición del país que queríamos ser al 2040, las principales cosas que debíamos cambiar en el presente para llegar a esa visión país y los factores que pondrían en riesgo ese tránsito al “país donde quiero vivir el resto de mi vida”.
¿Qué resultados se obtuvieron con el estudio?
Los resultados obtenidos fueron la construcción de cuatro escenarios de la Costa Rica para el año 2040, que se dividieron de la siguiente manera: un escenario apuesta, un escenario catastrófico, y dos escenarios alternos de alerta.
Estos escenarios se construyeron aplicando una metodología de reconocimiento mundial denominada “Los Ejes de Schwartz”. Para su aplicación se identificaron los dos motores que dinamizarán el futuro del país: Por un lado, un compromiso país por superar y llevar a parámetros éticos y aceptables la desigualdad social. Por otro lado, lograr la recuperación económica con un desarrollo empresarial renovado; es decir una economía verde y solidaria, innovadora y competitiva.
Para cada uno de estos dos grandes dinamizadores, se identificaron los factores de cambio; es decir sobre cuales variables debería trabajarse intensamente en el país, para lograr los niveles de igualdad social y producción esperados.
En la fase anterior, al determinarse las fuerzas y contrafuerzas, medidas con los indicadores el Producto Interno Bruto (recuperación económica), siendo esta la variable independiente y el coeficiente de Gini (igualdad/desigualdad social) como la variable dependiente, se pudo ubicar las hipótesis de los escenarios construidos.
Esta metodología logró determinar los factores de cambio como la condición de las personas (género, etnia, discapacidad…), el ingreso (empleo, seguro social…), la territorialidad (acceso, oportunidades y capacidades) y la conectividad (trabajo, educación e intercambio), como aquellos factores que tienen una alta dependencia al PIB y Gini, lo que demuestra que es de suma importancia que se mantengan el control y gobernabilidad sobre la evolución de ellos.
Es gracias al análisis del comportamiento del PIB y Gini que se logra determinar 64 escenarios, sin embargo, se exponen los 4 escenarios más posibles en los cuales Costa Rica se podría posicionar para el 2040:
Escenario catastrófico: Denominado el PAÍS DEL JUEGO O SUEÑO PERDIDO, en el cual Costa Rica se mantiene por la senda de una política distributiva errática, que propicia seguir con el aumento de la desigualdad social, sin lograr un crecimiento económico, ni conectividad universal, tampoco integración territorial, ni acceso a la tecnología, lo que nos lleva a la una educación desigual, alta contaminación ambiental, baja innovación y generación de valor agregado por parte del sector empresarial, brecha en ingresos, falta de estímulo al desarrollo del sector privado por altas cargas impositivas y un deterioro en los indicadores de desarrollo humano, igualdad y progreso social, así como competitividad. Según los investigadores, no estamos muy lejos de este escenario debido a las tendencias que ha tenido el país, y la pandemia, ha acelerado la llegada de este escenario.
Escenario alterno de peligro: Este escenario sería “EL PAÍS DE UNOS POCOS” pues no se logrará disminuir la desigualdad social, sin embargo, un sector económico será el que concentre la riqueza. Una mayor responsabilidad social, políticas públicas redistributivas incoherentes, disparidad territorial, mayor valor agregado, son algunas de las características que se determinan para este escenario. Se expone, que estamos cerca que este escenario por la concentración de ingresos que hay en la actualidad.
Escenario alterno en peligro: Este segundo escenario en peligro se denomina el “PAÍS QUE REPARTE LO QUE NO TIENE”, en donde se logra disminuir la desigualdad social mediante una política redistributiva efectiva, pero el crecimiento económico es negativos o muy bajo, que lleva el Estado a aumentar la deuda externa y la carga tributaria, que nos hará cada vez más dependientes. En este escenario se mejorará la calidad de la educación, habrá un mayor acceso a tecnología, pero presenta una baja integración de la globalización, entre otros aspectos. Este escenario también se considera que no está tan lejano, debido a la tendencia de endeudamiento y el populismo de derecha e izquierda en los líderes locales y países cercanos.
Escenario APUESTA: Se le llama el “PAÍS DONDE QUIERO VIVIR EL RESTO DE MI VIDA”, ya que se caracteriza por el aumento de la producción nacional, crecimiento positivo de la economía, con prácticas empresariales innovadoras y solidarias, generación de mayor valor agregado en armonía y resguardo del ambiente, sostenibilidad y la disminución de la desigualdad social, mediante una política redistributiva más efectiva. Aquí se verían fenómenos como la universalización de la conectividad, la diversificación productiva, alta integración a la globalización, la inclusión territorial, mejora en los indicadores de desarrollo humano, progreso e igualdad social, entre otros. Para los investigadores de la EPPS-UNA, este es el escenario más lejano a nuestra realidad, debido a que las decisiones y las tendencias que ha tenido el país son opuestas, para lograr posicionarse en este escenario.
El Máster Juan Carlos Mora, quien tuvo a cargo la coordinación de la investigación, explicó que, en términos de prospectiva, para determinar si un escenario tiene mucha probabilidad de que ocurra, deberá de tener mayor de un 30% de probabilidad.
El escenario APUESTA es decir “El país en donde quiero vivir el resto de mi vida” alcanzó un 42% de probabilidad, esto quiere decir, que este escenario se haría realidad en el futuro, si se toman decisiones en la actualidad que mejoren las condiciones a largo plazo.
Por otro lado, el escenario catastrófico presentó un 12% de probabilidad para materializarse, por lo que es necesario, tenerlo en cuenta y planificar para que cada vez sea menos probable que ocurra este escenario.
Las condiciones que se presentarán en el país post pandemia, es claro que afectarán a la economía del país y a la relación entre todos los sectores de la población con el Estado, debido a que en la actualidad existe una gran polarización ideológica de los sectores productivos y el Estado. Sin embargo, a pesar de esto, Mora añadió que la crisis socioeconómica provocada por el COVID-19, es mucho menos a la crisis ambiental que probablemente suceda, si no se toman las acciones necesarias. De ahí, que en la Conferencia de Prensa se dijo, que un claro ejemplo de esta crisis ambiental, la cual se ve reflejando en la actualidad, es la falta de agua, que se ha empezado a visualizar en algunas partes del país.
Además, se mencionó que el aumento de la pobreza y las desigualdades sociales, provocarán un aumento en la tendencia del narcotráfico en el país. Así como también, hay que tomar en cuenta que el posicionamiento en los escenarios alternos ya sea concentrar las riquezas en un sector reducido de la población o que se dé un aumento en la deuda interna y externa, generaría una gran descomposición social. Asimismo, la dinámica internacional también se verá afectada en un futuro, debido a las condiciones que se presentan en la actualidad por la pandemia, ya que las decisiones que tomen los países de los que dependemos para comercio o turismo nos afectarán en un futuro.
En cuanto a la visualización de líneas estratégicas para el país, se mencionó la necesidad de identificación de las posibles prioridades de política pública, las cuales tendrían que ser la educación, la economía y el ambiente, para que la orientación que adopte el país logre materializar el escenario deseado: “ Ante esta coyuntura, es clave lograr la planificación necesaria por parte de los diferentes actores sociales del país, para evitar que ciertos fenómenos perjudiquen la situación futura, o bien disminuir el impacto que puedan lograr estos” acotó Mora.
Al respecto, el académico (Mora Montero) a cargo de la investigación “Escenario Costa Rica 2040”, enfatizó que la solución a estos problemas que están presente en la actualidad no solo será la creación de políticas públicas, sino también, la aplicación de la solidaridad, el liderazgo, el compromiso y la disciplina de parte del gobierno, para lograr alcanzar el escenario APUESTA. Además, agregó que este es un tiempo de reivindicación necesaria para todos los ámbitos de la sociedad, ya que no sería ideal volver a los hábitos que se realizaban antes, tras un cambio de realidad tan drástico: “ El cambio de realidad tan drástico que tuvimos en este año, permitió demostrar que la desigualdad en nuestro país es abundante, por lo que con mucho más razón este tipo de estudios son fundamentales (Escenarios Costa Rica 2040) , para poder determinar cambios en las acciones, disciplinas, toma de decisiones, solidaridad, entre otros aspectos para mejorar la ruta hacia el futuro ideal”.
El Máster Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional, recalcó la importancia de la universidad pública ante esta situación crítica: “Las Universidades Públicas deben señalar caminos, fomentar discusiones críticas y ofrecer posibilidades de respuesta mediante las investigaciones realizadas, por ello, este estudio e investigación sobre los Escenarios de Costa Rica al 2040, nos plantea, que es posible influir en el futuro cuando se logra reconocer los posibles escenarios que pueden ocurrir, y que las acciones que se realizan en el presente inmediato, se verán reflejadas en el futuro a mediano y largo plazo y así evitar la construcción del escenario catastrófico en nuestro país”.
El Rector, felicitó a la Escuela de Planificación y Promoción Social por el aporte al país y mostró su preocupación por el contexto que vive el Costa Rica en este momento: “Se deberá detener el deterioro que se ha venido realizando en los ámbitos sociales, ya que cada día se está viendo más perjudicada la población costarricense”.
El jerarca de la UNA indicó, que la educación al ser la promesa central para el progreso y la disminución de la desigualdad en nuestro país; debe ser de suma importancia que las entidades políticas prioricen la gestión de ésta, ya que ante esta coyuntura no se puede evadir esta necesidad. Por ello, le preocupa como educador, autoridad universitaria y ciudadano, las decisiones que se están tomando en el gobierno actualmente, las cuales podrían incrementar la desigualdad social, al generar disposiciones que no sean las más equitativas y adecuadas a la realidad y necesidad de la población.
La Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, mediante esta investigación, se presenta como una brújula para los gobiernos y tomadores de decisiones, que les permite reflexionar sobre que decisiones de política se deben tomar y cuál sería el impacto de estas, en términos de hacia cual escenario estamos llevando la nave (país).
La visión de los cuatro escenarios ayuda a los tomadores de decisiones a definir el tipo de medidas que se pueden tomar en lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ambiental, lo institucional y lo cultural; con una mayor certeza de que las decisiones que se tomen no tendrán un efecto negativo en el largo plazo; en otras palabras, ayuda en la gestión de la incertidumbre y fomentar el cambio significativo.
El equipo académico responsable de la investigación lo conformaron: M.Sc Juan Carlos Mora Montero-COORDINADOR, M.Sc Ángel Ortega Ortega, M.Sc Gonzalo Ramírez Guier, M.Sc Alejandra Ávila Artavia, M.Sc Giovanni Rodríguez Sánchez, M.Sc José Ángel Castro Granados, M.Sc Efraín Cavallini Acuña.
Por: Efraín Cavallini Acuña Académico EPPS-UNA María Laura Jiménez Villalobos Estudiante EPPS-UNA
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum invita este próximo viernes 14 de agosto a las 9 a.m. al Webinar: “Costa Rica, después del COVID-19 en lo Político, Económico y Social”. Será transmitido por Facebook Live.
Participan: Sofía Guillén, Economista y docente; Vladimir de la Cruz, Historiador y docente.
