@UNCOSTARICA visitó ayer el territorio indígena de China Kichá para recabar información sobre los hechos suscitados recientemente y apoyar las posibles soluciones que permitan la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Costa Rica.
Luego de la reunión con el Fiscal General de la República que se realizará a las 10:00 a.m. en el Primer Circuito Judicial de San José, para denunciar las agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios y acordar la adecuada atención de esta situación por parte de la Fiscalía y tratar de hacer efectivo el derecho a acceso a la justicia para estos Pueblos, una delegación estará brindando una conferencia de prensa.
Fecha: jueves 26 de mayo de 2022.
Lugar: Centro de Amigos para la Paz (CAP) – AV 6 y 8, Calle 15, San José.
Hora: 11:30 am.
Con la participación de:
– Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa de Salitre.
– Concejo Iríria Sät Kök de Yabamí Dí (Cabagra).
– Personas Recuperadoras de Crun Shurin en Térraba.
– Personas Recuperadoras de China Kichá.
– Asociación de Desarrollo Indígena de Bajo Chirripó
INVITAN:
SURCOS comparte la siguiente información:
Denunciamos la violencia física, estructural y judicial hacia las personas recuperadoras indígenas, la inoperancia, complicidad estatal y las agresiones perpetradas por la misma Fuerza Pública. Hoy más que nunca debemos alzar la voz, salir a las calles y visibilizar los ataques que las comunidades indígenas sufren diariamente.
Invitamos a las concentraciones convocadas por la Coordinadora de lucha Sur Sur, a mantenernos atentos y atentas a los comunicados y acuerpar esta lucha por la defensa de la vida, los territorios y la integridad de las y los compañeros y compañeras indígenas que ven amenazadas sus vidas sólo por defender y recuperar sus tierras.
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Compartido con Surcos por el FECOU (Frente Ecologista Universitario).
El pueblo indígena de China Kichá vive una constante agresión. Es lamentable e indignante ver los maltratos y agresiones físicas y psicológicas que sufren los y las hermanas cabécares. En el verano sus tierras fueron incendiadas, tierras cultivadas que habían iniciado un proceso de recuperación, no solo en la posesión de la tierra, sino también recuperando diversidad biológica, con variedad de plantas para alimentos y otros usos, árboles, habían iniciado un proceso de rehabilitación del suelo, reconstitución de equilibrio con los diversos seres de la Naturaleza. Estos incendios son una brutal manifestación de violencia racista contra el pueblo de China Kichá y contra todo el sagrado trabajo realizado por las mujeres y sus familias.
El Estado costarricense, sus instituciones racistas y los distintos gobiernos de turno, siguen órdenes de grupos de poder económico, cuando deberían cumplir las leyes y convenios internacionales firmados y ratificados, que parecen ser solo fachada internacional.
En una Costa Rica que se dice pacífica y respetuosa de los Derechos Humanos, de los Derechos Ambientales y Declarada Pluricultural, no se debe permitir tanta violencia. Aquí siguen impunes los agresores, los asesinos de Sergio Rojas y Yhery Rivera, incitando a más violencia de los finqueros y de sus peones serviles, contra la población indígena que reivindica su tierra ancestral.
Sabemos que el derecho internacional (Convenio 169 de la OIT) y la ley nacional (Ley Indígena de Costa Rica” (Nº 6172), respaldan la lucha de los pueblos indígenas por sus territorios. Sin embargo, el pueblo de China Kichá vive una gran injusticia, por defender su derecho a la tierra. Son violentados los derechos humanos de estos pueblos indígenas porque están defendiéndose del genocidio del Estado. Se supone que estamos en un «estado de derechos», pero a la población indígena se le han negado esos derechos, a tal punto de casi desaparecer al pueblo y su territorio. Es triste ver que nuestros niños y niñas crezcan viendo tanta violencia y no puedan vivir feliz y seguros en el territorio que les pertenece.
La violencia se expresa de muchas formas hacia los pueblos que defienden su derecho a la tierra. Aunque existe un puesto policial en China Kichá, la familia usurpadora Rivera Hernández hostiga y agrede a diferentes compañeros y compañeras indígenas, han causado heridas y ha habido intentos de asesinato. Se supone que los policías están para dar protección, pero solamente protegen a los violentos usurpadores y dejan que mujeres, ancianos y niños sean expuestos a las agresiones y los mismos policías llegan a agredir, como sucedió cuando les rociaron gases lacrimógenos a población pacífica e indefensa.
Como mujeres del campo organizadas, exigimos que los policías cumplan su trabajo, y que sean sancionados por actuar como espectadores y cómplices de las agresiones. Exigimos que el Ministerio de Seguridad garantice y cumpla la ley deteniendo y abriendo procesos para castigar a los agresores. Ya no más impunidad.
Los finqueros matones agreden en lugares públicos como calles y plazas. Con piedras han herido a nuestros hermanos y hermanas de China Kichá. En las comunidades nos preguntamos: ¿Por qué la policía no actúa contra los agresores y no son detenidos? La semana pasada arremetieron con piedras contra la casa de una adulta mayor; causaron daños a la casa, además de romper el mobiliario del salón comunal en un acto de matonismo, que se alimenta con la impunidad. Cuando la población indígena pide ayuda al puesto policial, la policía llega, agrede y detiene a las personas que habían sido agredidas por los finqueros. Esto ya ha sucedido en dos ocasiones.
Los y las compañeras indígenas han ido a denunciar a la Fiscalía las agresiones y amenazas de muerte, pero eso no sirve de nada, los procesos de investigación no se abren.
Nos preguntamos y preguntamos a la población en general: ¿Por qué la justicia no llega para proteger a los pueblos indígenas?
Como Red de Mujeres Rurales queremos que se detenga esta violencia y se castigue a estos violentos. Esta historia de racismo e impunidad se repite en los territorios Salitre, Térraba, Cabagra y China Kichá.
También queremos comunicar que sentimos orgullo por las familias y los pueblos que defienden su derecho a la tierra, a su cultura e identidad. Nos solidarizamos con sus luchas.
¡BASTA YA DE IMPUNIDAD!
¡JUSTICIA ANTE LAS AGRESIONES Y ASESINATOS DE DIRIGENTES INDÍGENAS!
¡PROTECCIÓN REAL DE LAS MUJERES Y LAS FAMILIAS INDÍGENAS!
¡PROHIBICION DE ENTRADA DE LOS FINQUEROS A LOS TERRITORIOS INDÍGENAS!
23 DE MAYO 2022
Red de Mujeres Rurales de Costa Rica
Asociación Tinamaste
SURCOS comparte la siguiente información:
El pasado sábado 21 de mayo el Consejo Iríria Sat Kök, organización propia del Pueblo Bribri de Yabami Di (Cabagra), participó en una reunión con la magistrada Damaris Vargas de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, para lograr un real acceso a la justicia.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Para más información ingresar al enlace: https://www.facebook.com/112372567940780/posts/159470999897603/
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
El accionar violento sobre los cuerpos de los otros, de las otras, es ya una constante en la Costa Rica actual.
Indica algo más que una actitud de poder y de superioridad. Significa el desarrollo en marcha y en transcurso de una batalla sociocultural por ganar espacios y posicionamientos, que se ha enseñado sin tregua sobre las subjetividades y las somete. Implica la ampliación de la ruptura del pacto social que se instaló en los últimos años en el país. Produce la exclusión, el dejar por fuera, la invisibilización de los derechos más básicos.
A inicios de mayo que ya pronto termina, en una noticia perdida entre el ruido del cambio de gobierno y los primeros días de una gestión que no calienta, se conoció el intento de asesinato de una persona indígena de origen panameño.
Esta persona fue atacada con fuego en un parque público ubicado en una comunidad al sur del país.
Los ataques contra las corporalidades indígenas son recurrentes. Las personas recuperadoras de sus territorios son objeto un día sí y otro también de hechos que dejan marcas imborrables en sus biografías.
Aún está fresca en la memoria colectiva los rasgos de violencia con que fueron violentados y literalmente marcados cuerpos de mujeres, niños y hombres de la comunidad de Salitre, el mismo día que el país celebraba ebrio de triunfo la gesta contra la selección de Grecia en el mundial de fútbol de 2014.
Una de las personas desplazadas e incluso detenidas fue el líder recuperador Sergio Rojas. Años después fue asesinado sin que el Estado costarricense haya responsabilizado aún a persona alguna por este hecho.
En lo que esta reflexión se terminaba de editar, se conoció la agresión contra una mujer que no solo fue violentada sexualmente, sino que intentaron desaparecerla lanzándola por una pendiente.
Semanas atrás un bar ubicado en la capital costarricense negó la entrada a un hombre sin mediar razón alguna. El hombre argumentó en medios de comunicación que su aspecto, su color de piel, pudieron haber influido en el derecho de admisión del negocio.
Justamente estos acontecimientos ejemplifican cómo algunas poblaciones van quedando “afuera”, violentadas por un sistema social, patriarcal y racial que ha venido intensificando su violento accionar.
Hace algunos días se dio un nuevo acto de crimen de odio en la sociedad estadounidense. Procuremos que en Costa Rica reservarse el derecho de admisión no implique sólo el dejar afuera y signifique además el avance de una escalada excluyente y sin retorno que justifique el odio como motor de una más de las desigualdades que movilizan hoy en día al país.
SURCOS comparte la siguiente información:
El día 18 de mayo del presente año 2022 en el territorio de China Kichá se reportaron tres ataques en contra de las personas recuperadoras por parte de la familia Rivera, entre las afectadas se encuentra una recuperadora y su bebé de 5 meses.
Los grupos, Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego, Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú, Recuperadoras y recuperadores de Sa Ka Keirö Kaska, Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö, Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö, Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) y el señor José Francisco Calí Tzay, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las ONU; denuncian los hechos ocurridos.
Se emitió una alerta temprana debido a que los sujetos Antony Rivera, Noel López y Cristóbal Rivera se encontraban en el Territorio armados con un machete y amenazando de muerte a los y las recuperadoras cabécares de China Kichá.
Los ataques comenzaron a las 10 de la mañana hora en que varios recuperadores cabécares se dirigieron a San Antonio a realizar diligencias como comprar leche para sus hijos e hijas. En el camino, a 500 metros de la entrada del Territorio Cabécar de China Kichá, fueron interceptados por la familia Rivera. Evelin, Jeilin, Karol y Darling Rivera, desde su casa ubicada en ese lugar, empezaron a tirar piedras y palos a las motocicletas en las que viajaban las personas recuperadoras.
Como si eso fuera poco, alrededor de las 3 p.m. en las cercanías del salón comunal del Territorio, Yamileth Fernández (recuperadora de Kono Jú y Yuwi Senaglö) y su bebé de 5 meses fueron interceptados por Jeilin y Karol Rivera quiénes golpearon a Yamileth. Adriana Fernández (recuperadora de Sa Ka Keirö Kaska) intentó defender a Yamileth en lo que llegaron Mariela y Evelyn Rivera a tirar piedras a la casa de Doris Ríos (recuperadora de Sa Ka Keirö Kaska). Ambas recuperadoras respondieron al ataque para detenerlo y defender al bebé de Yamileth.
La Fuerza Pública al llegar al lugar se mostró a favor de la familia Rivera y amenazó a los y las recuperadoras con tirar gases lacrimógenos si la situación de violencia no bajaba. En reiteradas ocasiones, las personas recuperadoras cabécares de China Kichá han identificado como la Fuerza Pública se encuentra a favor de la familia Rivera: las trasladan a distintos sitios del Territorio, en las agresiones amenazan a las personas recuperadoras pese a que son las víctimas y constantemente se les ve compartiendo amigablemente con la Familia Rivera.
Sin disminuir la tensión, alrededor de las 5:15 p.m. fueron divisados Cristóbal y Antony Rivera y Noel López con machetes y amenazando de muerte a las personas recuperadoras. Entre las amenazas, ambos sujetos enfatizan en el recuperador de Kono Jú y Yuwi Senaglö, Greivin Fernández. Greivin fue brutalmente atacado el 25 de febrero del presente año cuando Leandro Rivera lo agredió con un machete en su cabeza y en una de sus manos.
Alrededor de las 6 p.m. fueron informadas las personas recuperadoras que aún se encuentran en el centro del Territorio, de que la casa de habitación de María Esther (madre de varias personas recuperadoras) fue atacada por Darling y Harold Rivera. Doña María Esther es adulta mayor y se encontraba sola en casa cuando Darlin y Harold quebraron los vidrios de la misma.
Alrededor de las 6:30 p.m. La Fuerza Pública ataca con gases lacrimógenos a las personas recuperadoras cabécares que se encontraban en las inmediaciones del salón comunal. El ataque policial es realizado luego de que las personas recuperadoras cabécares se encontraran atendiendo la situación de agresión contra Yamilet y Adriana Fernández por parte de Yeilin, Mariela, Evelyn y Karol Rivera así como otros siniestros ocurridos en la mañana y en contra de la casa de la mayora María Esther.
Las personas recuperadoras identificaron alrededor de veinte antimotines en el Territorio, así como la presencia del Grupo de Apoyo Operacional (GAO).
Al ser las 7:10 p.m. las personas recuperadoras no tienen claridad de cuántos gases fueron arrojados por la Fuerza Pública y lo único que pudieron hacer fue correr hacia unos cafetales para resguardar su seguridad. En medio de los gases y de los gritos de niños, niñas y personas adultas mayores, el recuperador de Kono Jú, Berny Obando se dirigió a la Fuerza Pública para cuestionar el accionar policial en vista de que hay población vulnerable en medio del ataque de gases lacrimógenos. A ello, la Fuerza Pública respondió arrestando a Berny y sacándolo del Territorio.
Berny es el tercer recuperador cabécar detenido por la Fuerza Pública. Los dos compañeros anteriores también fueron detenidos de forma arbitraria.
Ninguna de las personas de la familia Rivera que arremetieron contra las y los recuperadores cabécares de China Kichá ha sido detenida por la Fuerza Pública. Así, las autoridades continúan operando a favor de las personas agresoras.
Alertamos a la opinión pública nacional e internacional, así como a las organizaciones solidarias con nuestra lucha que la tensión en el Territorio Cabécar de China Kichá no disminuye.
Denunciamos al Estado costarricense y a la Fuerza Pública por no cumplir con lo que las leyes del país les demanda. El Estado lejos de cumplir con lo establecido en la Ley Indígena de 1977 y sacar a las personas no indígenas que ocupan ilegalmente nuestro Territorio, nos agrede con la Fuerza Pública; institución que no teme en demostrar su afinidad por la familia Rivera y cometer agresiones en contra de las personas recuperadoras cabécares de China Kichá.
Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado y de la familia Rivera, a quienes tenemos años denunciando por sus agresiones en nuestra contra. Denuncias que lejos de alcanzar la justicia, se quedan archivadas mientras que las instancias de justicia arremeten en nuestra contra cometiendo dos arrestos irregulares y múltiples agresiones.
Si una tercera vez corre la sangre de una persona recuperadora y luchadora por los Pueblos Originarios que habitan Costa Rica es responsabilidad única y total del Estado en sus múltiples instancias. Las personas recuperadoras cabécares tememos por nuestra integridad física y vida por lo que alertamos a la comunidad internacional y nacional sobre el alto riesgo en el que vivimos cada día de nuestras vidas.
Si un tercer líder de un Pueblo Originario es asesinado, es el Estado y la Fuerza Pública quiénes tendrán sus manos llenas de sangre e impunidad.
Nota elaborada por:
– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego.
– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
– Recuperadoras y recuperadoras de Sa Ka Keirö Kaska.
– Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö.
– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Fuente de imagen: Radioemisoras UCR.
El racismo ambiental fue un término acuñado en Estados Unidos por el investigador Benjamín Chavis, luego de observar contaminación química por los vertidos de industrias principalmente en barrios afroamericanos. El racismo ambiental hace referencia a la discriminación racial en las políticas ambientales; es la discriminación deliberada de las comunidades por alguna condición étnica para depositar residuos tóxicos o instalar industrias contaminantes. Las zonas para este tipo de actividades, usualmente, son las afueras de ciudades y las habitadas por comunidades tradicionales. Por ejemplo, en Brasil, el racismo ambiental afecta fuertemente tanto a comunidades urbanas periféricas, como a comunidades rurales tradicionales.
Este fue el tema abordado por el programa Saber Vivir, de la Radio 870 UCR. Con la compañía de Pamela Cunningham, fundadora de la Colectiva Costa Rica Afro, y de Valeria Montoya, docente e investigadora del programa de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
En el programa se exponen una serie de ejemplos relevantes que evidencian el racismo ambiental. Entre ellos el desplazamiento en la zona de Sao Pablo, en la región centro-oeste de Brasil, por parte de comunidades acaudaladas y blancas. También las afectaciones ambientales causadas por el monocultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, Colombia.
Otros de los conflictos conocidos en este tema son el problema distributivo entre petroleras y el pueblo mapuche (originario de Argentina y Chile), y la contaminación sistemática de fuentes de agua en pueblos afrodescendientes en Ecuador.
Pamela Cunningham hace un énfasis en que el racismo ambiental es una forma de opresión que divide a la sociedad, donde un sector sufre de condiciones injustas con recursos medioambientales peligrosos, nocivos o tóxicos. Valeria Montoya señala que industrias como las mineras o las responsables de desechos electrónicos hacen un uso insostenible de la tierra y los bienes comunes de las comunidades menos privilegiadas, envolviéndolas en un ambiente no sano y que las deja aún más empobrecidas.
Todos estos problemas se han visto en poblaciones discriminadas, como las afrodescendientes y las indígenas, donde se les despoja de la salud y de sus tierras ancestrales.
Entre las consecuencias del racismo ambiental está la violación de los derechos humanos más básicos, como el derecho a vivir en un ambiente sano. Además, constante sufrimiento e incertidumbre de perder los recursos naturales y ser privado de los bienes comunes. Cambios en las interacciones culturales que tienen las comunidades con la naturaleza por pérdida de elementos históricos, como ríos o zonas boscosas.
En Costa Rica este no es un problema ajeno. Un caso a la vista de todos, pero que suele ser pasado por alto, es el de los basureros. En el programa se resalta que los basureros suelen estar ubicados en comunidades marginales como los barrios más pobres o las zonas costeras, pero nunca en una zona acaudalada. Además, el caso del tóxico nemagón en el Caribe, donde las personas afectadas solamente recibieron una indemnización.
Para el futuro las exponentes invitan a identificar las situaciones de racismo ambiental en el país, exigir al gobierno políticas públicas que velen por la igualdad, presión de los grupos sociales para transmitir el entendimiento sobre la situación, apoyar a las organizaciones que luchan por la igualdad, y tener conciencia individual para tomar decisiones amigables con el ambiente. Hacen un llamado a levantar la voz ante situaciones que propicien el racismo ambiental.
Para cerrar Valeria Montoya menciona la importancia de reconocer nuestra propia historia para entender la profundidad de estos actos discriminatorios. Pamela Cunningham nos invita a ser activamente anti-racistas con actos concretos, que como pueblo pasemos de la mención a la acción.
Puede escuchar la charla completa en https://www.facebook.com/870UCR/videos/404625157998450.
San José, viernes 20 de mayo de 2022
Durante los últimos diez años, las personas indígenas que decidieron recuperar sus tierras-territorios en China Kichá, han sido víctimas de la violencia por parte de los empresarios que les habían invadido de forma ilegal sus territorios; además les han quemado sus ranchos, sus cosechas y les han violentado físicamente, al punto de que varias personas han sido hospitalizadas.
El miércoles 18 de mayo del presente año en horas de la tarde la Fuerza Pública actúo de manera violenta contra la población de China Kichá.
Las personas recuperadoras informan de la presencia de veinte personas de la Policía Antimotines, además de acciones del Grupo de Apoyo Operacional-GAO.
El excesivo uso de gases lacrimógenos, que la Fuerza Pública lanzó contra la población civil, niños, adultos mayores, y mujeres da muestra de la violencia de los efectivos de la Fuerza Pública contra la población.
En ese contexto de violencia, se detuvo de forma arbitraria al joven Verny Obando Ríos, sacándolo del territorio. Este es el tercer recuperador cabécar detenido por la fuerza pública durante las últimas semanas del presente año.
“Ninguna de las personas que han agredido a los indígenas han sido detenidos”.
En este escenario de agresión, la vivienda de la señora María Esther, persona mayor de edad, sufrió los ataques violentos y su casa quedó parcialmente destruida.
El día de hoy, 19 de mayo una turba armada en las afueras del territorio cabécar, diez personas se presentaron con machetes, palos y piedras, los cuales se instalaron a un kilómetro de distancia del territorio cabécar de China Kichá.
En horas de la tarde una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU-COSTA RICA, estuvieron en el Territorio atendiendo la grave situación de agresión y violación a los Derechos Humanos del pueblo cabécar de China Kichá.
La ACODEHU hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir el cese inmediato de las agresiones de la Fuerza Pública contra las y los recuperadores de la población cabécar y por el contrario, SOLICITAMOS LA DEBIDA ATENCIÓN DEL GOBIERNO DE COSTA RICA Y DEL ESTADO, PARA BRINDAR LA MERECIDA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS POBLADORES DE CHINA KICHÁ, esto debido a las amenazas y las acciones que atentan contra la vida y la integridad de los pobladores.
¡¡¡ NO MÁS ASESINATOS, NO MÁS IMPUNIDAD CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COSTA RICA!!!
Ana Cecilia Jiménez Arce, Presidenta ACODEHU
Denis Calix, Secretario ACODEHU
Correo-e: derechos.humanos@acodehu-ddhh.org
San José, jueves 19 de mayo de 2022
“ Se´ ulitame dör añi ël… Sa tsá tsikime, e´r sa tsëwe bua´…”
(Todos somos hermanos… orgullosos de nuestro origen) Mensaje Bribri.
Señor Presidente de la República, señores Ministro de la Presidencia, Ministro de Justicia y Paz, señor presidente de la Asamblea Legislativa, señor Fiscal General y Tribunales de Justicia, como miembro de la ACODEHU, el que suscribe Trino Barrantes Araya, con cédula de identidad, número 2-0273-0798, de la manera más respetuosa, pero vehemente, hago llegar hasta ustedes y la opinión pública e internacional estas reflexiones, pues es urgente la intervención inmediata para darle una solución permanente y definitiva, a la violencia de los usurpadores contra los territorios originarios de China Kichá.
La historia de represión contra nuestros pueblos originarios es de larga data. Figuras perversas como el “requerimiento”, “el sínodo”, la “encomienda” el “almojarifazgo y la alcabala”, solo para citar algunos de estos instrumentos, siguen teniendo plena vigencia, aunque hoy, asumen nuevas formas jurídicas de aplicación. Esa larga y triste historia inició en 1492 y a partir de ahí nuestros antepasados han sido sometidos a la explotación, la indiferencia, el abandono, marginación, despojo y la represión. Pese a todo ello, nuestros pueblos ancestrales han dado al mundo un valor humano incuestionable: el derecho a la resistencia y a la defensa de su memoria histórica.
Las barbaridades heredades del “encuentro de dos mundos”, siguen en plena vigencia en nuestros territorios, de los que China Kichá, es un ejemplo claro. Rubén Chacón refiere de esta manera sobre el tema señalado:
“…el caso más dramático lo evidencia el territorio de China Qichá (sic) localizado en el cantón de Pérez Zeledón de San José, que fue derogado como territorio indígena en el año 1982 (por medio del Decreto Ejecutivo No.13570-G) en vista de que sus tierras fueron casi totalmente usurpadas por intereses no indígenas. Este territorio fue reivindicado en el año 2001 sin embargo sus problemas de tenencia de la tierra se mantienen…” (2007:38).
Autoridades gubernamentales, blancos usurpadores, cuerpos represivos y un sector de la iglesia y los poderes judiciales, tienen un nudo de complicidad para atentar contra los verdaderos dueños de la tierra de China Kichá. El Estado costarricense reconoce 24 territorios indígenas y 8 pueblos. De esos veinticuatro territorios, 9 pertenecen a los cabécares y entre ellos el pueblo de China Kichá. Antes de 1992, todos estos territorios recibían el nombre peyorativo y denigrante de “reservas indígenas”
Debemos hacerle saber a la opinión pública nacional e internacional, a la prensa mediática y a las autoridades civiles y represivas lo que regula el artículo No.3 de la Ley Indígena, la cual declara que, en términos jurídicos especiales las
“…tierras de los territorios ancestrales y los pueblos originarios son: imprescriptibles, inalienables, no son trasferibles y, además, son propiedad exclusiva de los pueblos originarios que la habitan”. (Chacón, 1990)
Lo que se pide es muy poco, es el respeto a un derecho que históricamente nace aún primero que el Estado, el “Derecho a la tierra”.
Vale recordar en este largo tránsito que en el IV Congreso Nögbe – Buglé, los mal llamados en el discurso blanco “guaimíes” se aprobó “exigir al gobierno de Panamá…” que reconozca el 12 de octubre, como día de duelo; el reconocimiento inmediato y aprobación de la Comarca en un plazo no mayor de un año” (Jayán,1992:15).
Sin lugar a dudas, el aporte del historiador Carlos Meléndez respecto a la legislación indígena de Costa Rica, publicado en 1957, es un compendio obligado de leyes para defender a nuestros pueblos ancestrales y su derecho a la tierra. Trabajos del Lic. Ananías Matamoros Carvajal. Lic. Rubén Chacón Castro; los aportes de Luis Alberto Tenorio Alfaro y más recientemente los trabajos antropológicos del Máster Gerardo Alfaro y, finalmente, el compendio de instrumentos jurídicos de la CODEHU, son parte necesaria para instrumentar la defensa de los territorios ancestrales a beneficio de sus pobladores.
En la década de los treinta, del siglo XX, precisamente en 1939, se sancionó la Ley General sobre Terrenos Baldíos. Por primera vez se regulaba el derecho a la reserva indígena. Seis años después de haberse emitido esta Ley, en 1945, se creó la Junta de Protección de Razas Aborígenes. Con el Decreto Ley No.34, del 14 de enero de 1949, se le reconoce la personería jurídica a esta organización. (Tenorio,1988: 17).
Una de las tareas más importantes de este ente, fue la declaratoria a favor de las reservas indígenas de Boruca-Térraba, Salitre, Cabagra y China Kichá.
El mismo autor citado, Luis A Tenorio, señala al respecto lo siguiente:
“Estas reservas resultaron ser invadidas por los colonos y China Kichá corrió con la peor de las suertes hasta desaparecer y ser derogada posteriormente en 1982” (Ibid.).
La antropóloga María Eugenia Bozzoli de Wille, en su texto: Localidades indígenas costarricenses 1960 – 1968, argumenta lo siguiente:
“…en China-Kichá los blancos han comprado “derechos” a indígenas en estado de ebriedad. La compra se ha hecho por la mitad o menos de lo que pagaría un blanco a otro blanco allí mismo: también se reclama que los blancos no acostumbran pagar la cantidad estipulada completa, sino que, habiendo pagado una parte, alegan que eso es suficiente” (1969:21)
Tal vez un breve punteo en el ejercicio de las leyes que se han sancionado y que atienden a la problemática de los territorios ancestrales, nos de la fuerza necesaria del por qué el derecho a la tierra y al territorio, es un derecho consubstancial que pertenece a nuestros pueblos originarios. Véanoslo:
En el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, con base en el tema en referencia, se aportan los siguientes elementos:
“…Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Expediente No. 14352; Ley Indígena (Ley No.6172; Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI); y el texto del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes -Convenio 169- (Ley No.7316); a las Asociaciones de Desarrollo Integrales Indígenas (ADI¨s); Autoridades Tradicionales Indígenas; y, comunidad indígena en general. En el último caso jugó un papel muy importante la práctica ancestral de la trasmisión oral de la convocatoria” (FUNDAPEN,2007:22).
Nuevamente hoy día, 19 de mayo de 2022, grandes turbas, azuzadas por algunos empresarios, bajo el cobijo cómplice de la policía y muchos testaferros usurpadores de esas tierras, emprendieron un ataque inhumano, salvaje y con amenazas de asesinato contra los y las pobladoras de Chinca Kichá. De tal envergadura han sido estos actos de violencia estructural, que se debió de recurrir a la intervención de representantes de una delegación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, in situ.
Es importante hacerles recordar a todas las autoridades de Pérez Zeledón que, La Presidencia de la República, los Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Justica y Paz, bajo lo que dispone el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas No. 40932-MP-MJP, y
“…a la luz de lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado mediante Ley n. 7316 del 3 de noviembre de 1992 y, en uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 8) y 20) y 146 de la Constitución Política; 25, 28, párrafo 2), inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 de 2 de mayo de 1978 y lo dispuesto en el artículo 7 inciso i) de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, Ley Nº 6739 de 28 de abril de 1982…”
La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica aprobó la adopción del Convenio n. 169 del 27 de junio de 1989, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante «OIT»)…”
Uno de los compromisos que asumen los gobiernos con la ratificación de este Convenio es que lo obliga a respetar la particularidad e importancia de la cultura productiva, los valores espirituales y el ethos cultural de los pueblos ancestrales y principalmente sus territorios; de tal suerte que este Convenio faculta al gobierno a
“…tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces…”
Pero, la fuente citada, otorga la misma importancia a lo que se señala en la Parte II. Tierras Artículo 13. Al respecto, y en extenso, podemos leer lo siguiente:
“…1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes I 35 con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. Artículo 14 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho 36 I Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión…”1.
Señor Presidente de la República Rodrigo Chaves, a usted, principalmente, en este momento histórico le corresponde una gran cuota de responsabilidad. Si la tierra de China Kichá se enluta, si sus tierras sagradas son manchadas de sangre, el Tribunal de la Historia tendrá derecho a preguntarse: ¿Dónde estaban las autoridades frente a estos lamentables hechos, de violación sistemática a los Derechos Fundamentales de los pueblos originarios y territorios ancestrales?