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Etiqueta: pueblos originarios

Jeanine Áñez y los fascistas bolivianos deben responder por sus crímenes

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

“No temas Jeanine
No tengas miedo, Jeanine.
A vos no te van a golpear hasta hacerte pulpa la cara.
No te raparán la cabeza hasta hacerte sangrar el cuero cabelludo, con las manos atadas a la espalda.
No te arrastrarán por las calles, después de arrojarte pintura roja, para el escarnio y la diversión de tus enemigos.
No lo permitirían » las polleras «, esas cholas que tanto despreciaste y perseguiste.
No tengas miedo, Jeanine.
Fuiste detenida y encarcelada sin que tus derechos humanos fueran vulnerados.
Fuiste conducida a una cárcel de mujeres, con acceso a defensa legal, y ante los ojos del mundo, no humillada y aterrorizada por una jauría de machos rabiosos que te destrozaran y exhibieran tu miedo y tu dolor como un trofeo.
No tengas miedo Jeanine.
Aunque hayas renegado de ser » una coya» y te hayas declarado aria, rubia y superior a esas pieles morenas y a esos ojos antiguos a quienes mandaste a cazar, no tengas miedo.
Ellas, nosotras, no somos como vos.”

CECILIA SOLÁ.

A PROPÓSITO DE LA DETENCIÓN DE JANINE ÁÑEZ, LA EXDICTADORA, ORDENADA POR LA JUSTICIA ORDINARIA DE BOLIVIA.

Cuán flaca y débil es la memoria histórica, una afirmación reiterada que se escucha a menudo, ella nos conduce a evidenciar lo que resulta ser el meollo de todo un tema de gran importancia en la vida social y política de nuestros países, tanto que debería ser objeto de una reflexión y una discusión muy profundas. ¿será por eso que para muchas gentes del común –por así llamarlas- lo que no aparece en las pantallas, las ondas radiales o en las páginas de los medios de comunicación del régimen de la dictadura neoliberal no existe o no existió y punto?

¿Será entonces, que por esos motivos muchos (as) ni siquiera se enteraron de la inmensa tragedia vivida, durante casi un año, por las grandes mayorías populares de Bolivia, a raíz del golpe de estado llevado a cabo por Jeanine Áñez, Fernando Camacho, Carlos Mesa y otros políticos bolivianos, actuando como la cabeza de los sectores fascistas más radicales en extremo racistas de ese país, con la decisiva complicidad y el apoyo activo de algunos jefes militares y policiales amotinados que exigieron la renuncia del presidente Evo Morales, entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 (lo invitaron a dejar el gobierno y el país amenazándolo de muerte), cuando faltaban todavía más dos meses para cumplirse el período para el que había sido electo?

Estos fascistas llegaron al Palacio Quemado y a la Plaza Murillo de la capital boliviana, Biblia en mano y quemando o pisoteando la Whipala, el símbolo más sagrado y representativo de los pueblos originarios del Alto Perú, hoy República Plurinacional de Bolivia.

Por fortuna, hace un par de meses, el heroico pueblo boliviano ha revertido las cosas a costa de innumerables sacrificios, haciendo girar la rueda de la historia permitiendo así el regreso de la democracia.

Todo esto tuvo un alto precio, como fue la existencia de los 37 o 38 manifestantes muertos de Senkata, en la ciudad del Alto de La Paz, y en Sacaba en las proximidades de Cochabamba(en realidad llegaron a 40, porque algunos fallecieron en los hospitales), durante esos días, quienes actuaban en calidad de defensores del orden constitucional y del gobierno legítimo que estaba siendo derrocado fue entonces, y sigue siendo ignorada por los grandes medios de comunicación, de manera cínica (tienen esqueletos en el ropero y ni siquiera se ruborizan). Estos valerosos ciudadanos fueron víctimas de la represión militar lanzada por el régimen golpista de Jeanine Áñez, con el decisivo concurso de grupos paramilitares de choque de la ultraderecha, como los pititas y los cochalas motorizados de Cochabamba que cometieron innumerables atropellos en muchas partes del país, como sucedió con estos últimos, quienes torturaron a la alcaldesa de una pequeña ciudad de ese departamento: la rociaron de pintura roja, la raparon, la hicieron caminar descalza por un escabroso camino y a la orilla de un río le pusieron una pistola en la sien para que renegara de Evo y del MAS. Las cosas han cambiado y ella fue electa senadora por el departamento de Cochabamba en las elecciones generales del 18 de octubre, cuando los bolivianos lograron recuperar la democracia. No a la impunidad de estos fascistas y en extremo racistas de las bandas cochalas y pititas armadas y motorizadas. Todo esto configuró un escenario que provocó que al dolor de los familiares de las víctimas se uniera un profundo sentimiento de injusticia, provocado por la impunidad en la que permanecen los autores de esos hechos. Cuando los alteños, llevando a sus muertos, bajaron para manifestar su duelo y determinación de lucha en las calles de La Paz, se les disparó y se les arrojaron gases lacrimógenos, por parte de las fuerzas represivas al servicio de Jeanine Áñez, lo que provocó que los ataúdes de las víctimas quedaron tirados en las calles, dentro de lo que fue un grotesco y cruel espectáculo, además de una infinita vejación.

Ha llegado la hora de que la señora Áñez, los cívicos de Santa Cruz, los cochalas motorizados de Cochabamba, los militares y policías golpistas amotinados, a quienes mediante un decreto la dictadora, que ahora se victimiza y encuentra eco en la derecha continental, exoneró de toda culpa si cometían excesos como ya los mencionados en la salvaje represión ejercida contra quienes se resistieron al golpe de estado, junto los actos corruptos y violentos de los personeros de su régimen dictatorial de opereta por los que deben responder, los que son muchos más que los aquí mencionados.

Es así como, podemos constatar que la derecha neofascista de este continente quedó desenmascarada ante los ojos de muchas personas desaprensivas. Esas gentes no son demócratas, en modo alguno, sí no ganan las elecciones entonces hay fraude, cuando esto sucede entonces dan golpes de estado en la modalidad soft para negarlo después (Áñez dice que ese hecho no ocurrió), de paso asesinan y torturan a ciudadanos de las mayorías populares, de por sí para ellos no son seres humanos, si acaso son indios, llamas, animales de carga…

El otro Navas

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En los últimos días la industria futbolística que mueve miles de millones de dólares en todo el planeta mostró como hazaña la actuación de Keylor Navas en el partido de la Champions League escenificado en París, entre el equipo local y el flamante F.C. Barcelona, de España. Una y otra vez los medios televisivos globales reprodujeron el episodio entre el arquero costarricense y el que para muchos es considerado todavía hoy en día el mejor jugador de futbol del planeta, el argentino Lionel Messi.

Una y otra vez, las imágenes replican una gesta más del jugador costarricense, originario de Pérez Zeledón, según la prensa costarricense y mundial. El argentino se apresta a cobrar una falta de penal y el costarricense espera. El desenlace resulta en una estirada absoluta del arquero y la desviación del gol inminente. Ni el VAR por presunto movimiento irregular detuvieron el resultado: un penal desviado al mejor jugador de futbol del mundo.

Titulares de medios de comunicación reconocidos a nivel europeo como L’Equipe, Marca y Diario Sport, ubicaron la figura de Navas como trascendental en la clasificación del equipo parisino a los cuartos de final de la contienda futbolística por clubes más mediática a nivel global.

Sin embargo, las referencias de la prensa europea a Navas en términos positivos no han sido permanentes. Sus primeros pasos por el Club Real Madrid estuvieron salpicados siempre de constantes alusiones a su origen centroamericano. Un temprano artículo publicado por el sitio digital español «La Galerna» en el año 2015 titulado » Keylor Navas y la xenofobia de la prensa» señalaba que algunos medios españoles construían argumentos para lograr que la titularidad de la portería madridista fuera asumida por un arquero español.

El autor del artículo, Jesús Bengoechea, indicaba que no hacía falta proferir insultos racistas o construir argumentos directamente discriminatorios para considerar un discurso periodístico como xenofóbico. Aseguraba que incluso un periodista de uno de los medios se había preguntado (en privado) cómo un equipo como el Real Madrid estaba considerando dejar la responsabilidad de su arco en un «tipo» de un país como Costa Rica.

Luego de ese artículo, como recordaremos, muchas cosas pasaron con Keylor Navas y su desempeño en el Real Madrid, incluidas tres copas de la Champions League que difícilmente sean emuladas en lo inmediato por jugador alguno del entorno de CONCAFAF (Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol).

Pero también muchas cosas pasaron en la sociedad española luego de ese texto. Bengoechea señalaba que no podía atribuirse como generalización el que dicha sociedad fuera toda xenofóbica. Decía que la inexistencia de un partido político de corte racista o xenófobo con respaldo popular podría disuadir la prevalencia de tales actitudes. Ya todos sabemos cómo en los últimos años surgieron en aquel país iniciativas políticas con claros referentes nacionalistas como VOX y sus agendas claramente antiinmigrantes, por señalar solo un ejemplo.

La figura de Keylor Navas en el tema es central. Cuando la prensa costarricense habla de su desempeño como futbolista de élite en el contexto global, acostumbra siempre a referirse a su origen, buscando quizá un guiño con esas historias sobre el muchacho que nació en un lugar alejado del centro del país, que lo dejó todo para seguir sus sueños y cuyo sacrificio individual lo llevó a ubicarse en un escenario de exposición mediática, ingresos económicos altos y reconocimientos a su labor dentro y fuera de las canchas.

Sin embargo, esa referencia no pasa de Pérez Zeledón, cantón ubicado al sureste de la provincia de San José. Lo que no se dice, es el pasado Térraba de sus familiares directos, en particular su padre y su abuelo. No se señala tampoco esa relación entre rasgos físicos claramente contrahegemónicos que presenta Navas en relación con el resto de personas costarricenses auto adscritas como blancas en el último censo de población.

El pueblo Térraba tiene, por cierto, «otros navas» que libran quizá partidos más importantes que los que organiza la industria mediática y deportiva global. Al escribirse las notas finales de este artículo, se conoce de nuevos episodios de tensión entre personas recuperadoras de sus territorios ancestrales y personas no indígenas, usurpadoras, que contando con la complacencia de autoridades de seguridad y la inoperancia estatal a su favor, violentan, amedrentan y discriminan el derecho de los pueblos originarios costarricense a permanecer en sus territorios.

Quizá sea buen momento para recordar cada vez que se hable de Navas, el ídolo, que no es solo originario de Pérez Zeledón. Que su pasado y su presente está determinado por su ancestralidad térraba, que es imposible borrar sus marcas corporales, blanquear su identidad a través de discursos homogenizadores.

Pero sobre todo, recordar que otros Navas se enfrentan hoy a una lucha sin retorno: el reconocimiento de sus derechos por el territorio y por su autodeterminación. De ese partido, todos y todas deberíamos estar pendientes. Siempre.

La máscara democrática de la oligarquía

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Hemos retomado, para este artículo, el título de un libro que recoge un diálogo fecundo sobre democracia, oligarquía y populismo (Canfora, Luciano y Zagrebelsky, Gustavo (2020). La máscara democrática de la oligarquía. Un diálogo al cuidado de Geminello Preterossi. Madrid, Editorial Trotta). Un texto valioso y sugerente para el análisis de nuestra coyuntura sociopolítica.

Aunque la conversación está referida a la realidad política europea y particularmente de Italia, sus reflexiones resultan, en muchos aspectos, paradigmáticas. Tal es el planteamiento de arranque de quien modera el diálogo, Preterossi: “Hoy nos encontramos ante una tensión: por una parte la política oficial (y en general la clase dirigente que no es solo la clase política) se muestra cada vez más encerrada en un bunker, asediada, en afanosa búsqueda de soluciones, de mediaciones que no aparecen; por otra parte, otros sujetos, que se sitúan fuera de la política tradicional, tratan de captar y conducir la rabia de una masa sin representación, que no se reconoce en el poder democrático y le acusa de haberse convertido en oligárquico”(P.11).

Sin duda, una “fotografía” para nada ajena a nuestra realidad. La imagen del “bunker” recoge muy bien ese “soliloquio” que se ha venido dando por parte de un Poder Ejecutivo y Legislativo de espaldas al pueblo, y que también resulta consustancial a esa suerte de metamorfosis oligárquica de la democracia.

Efectivamente, ya hace rato el proyecto oligárquico neoliberal se ha venido afianzando en nuestro país, procurando ocultar su rostro con celebraciones como la de los cien años de democracia o con campañas de descalificación de las posiciones críticas y de la protesta social, considerándolas como antidemocráticas y hasta subversivas, incluso criminalizándolas. Algo que con el correr del tiempo le ha significado importantes dividendos políticos, que hoy fructifican en un conjunto de leyes pro-oligárquicas, aprobadas por una Asamblea Legislativa que se precia de ser una de las que más consensos ha logrado para impulsarlas.

El principal ideólogo de esta transformación o “mimetización”, el expresidente Oscar Arias Sánchez, se dio el lujo, sin sonrojo alguno, de traducirla al concepto “dictadura en democracia” con su correspondiente estrategia de “torcer brazos”. También, hoy recoge sus frutos en la gestión de un gobierno portador de sus mismos “genes”, que ha contado con el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa.

Efectivamente, a los partidos políticos mayoritarios actuales los unifica el proyecto oligárquico neoliberal, por eso aunque no se puedan homologar sus diferencias no son sustantivas. En este aspecto, es importante el señalamiento de Luciano Canfora: “A nuestros ojos los partidos son isomorfos, variantes de lo mismo que suelen hacerse la guerra. Talvez, incluso creen hacerla, pero en realidad esa guerra no existe porque la disputa se refiere a elementos marginales. Hoy la materia de la política es mínima… el estado de salud de la política en cuanto a lugar de la democracia es bastante deficiente” (P.23-24). En palabras de Zagrebelsky: “La política se ha restringido, la oligarquía no. Política restringida significa, en este caso, que tiende a hacerse un todo único, a reducirse a la no distinción para ser más funcional al equilibrio (externo) de los poderes oligárquicos” (P.33)

Y siguiendo con este autor, para quien la tendencia de la oligarquía es a “encerrarse sobre sí misma”, el “resorte” de la oligarquía es la “autoconservación mediante cooptaciones como autodefensa. En el sistema político actual ¿quién puede imaginar que avanza, que recorre los peldaños que llevan al vértice del poder? El que es cooptado. Y ¿quién es cooptable? El que puede ser chantajeado, o incluso mejor si a su vez tiene instrumentos para chantajear, como se ha dicho con una formula cínica y también veraz. Esto significa formar parte de una telaraña que te envuelve y te hace compatible o funcional con el mantenimiento del equilibrio. Esto es lo que califica un régimen como oligárquico” (P.38).

 En las últimas décadas, el país ha transitado de un modelo oligárquico bipartidista a uno pluripartidista, que ha encontrado un aliado estratégico en los nuevos partidos religiosos fundamentalistas. Es la convergencia entre el fundamentalismo secular economicista y el religioso, ambos portadores de una seudoteología de la prosperidad que sacraliza al mercado y legitima a la oligarquía neoliberal.

La celebración del Bicentenario de vida republicana es una valiosa oportunidad para develar el rostro oligárquico de nuestra democracia, y no convertir esta celebración en un simple saludo a la bandera. Más aún, dar muestras de que todavía tenemos reservas de espíritu y dignidad patrióticas para propiciar una democracia inclusiva, como lo consigna el Artículo 1 de nuestra Constitución, restaurando los derechos, tantas veces conculcados y violentados, a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos originarios, así como propiciando trabajo, educación y seguridad social de calidad para todo el pueblo.

Una oportunidad que deberá ser aprovechada para reafirmar nuestro talante democrático, que ha venido a menos al socavarse valores e instituciones sociales fundamentales en las últimas cuatro décadas, debido al impulso que se ha dado al proyecto oligárquico neoliberal dominante por parte del bipartidismo tradicional y el pluripartidismo actual.

 

Imagen: https://www.youtube.com/watch?v=RKPvU6UZueA

Comunicado público: usurpan con maquinaria recuperación en territorio bribri de Salitre

Alrededor de las 9 a.m. recuperadores y recuperadoras Bribris identificaron el ingreso de maquinaria en la recuperación Kue Bukurkae.

Lunes 8 de marzo del 2021. Aproximadamente a las 9 de la mañana fue identificado el ingreso de maquinaria pesada en la recuperación Kue Bukurkae, a 1 km al este de la entrada al Territorio Bribri de Salitre. Esta recuperación también es conocida como el cañal y fue recuperada por el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre en el año 2014 y la ADI, en ese entonces, otorgó posesión a los y las recuperadoras.

Luego de que el terreno fuera recuperado, familiares de Tahis Vidal -abogada vinculada con terratenientes y condenada por usurpación de Territorios Indígenas en el 2017 – usurparon una parte del terreno. Las usurpadoras son Alejandra Vidal (hermana de Tahis) y su madre.

En la parte usurpada de Kue Bukurka fue donde hoy ingresaron maquinaria pesada para hacer un plano. Quien se apersonó fue Rosa Iris Vargas en compañía de 4 sujetos más, todos reconocidos por ser aliados de personas no indígenas y usurpadoras.

La usurpación e ingreso de maquinaria pesada a las recuperaciones -y en general, en todo el Territorio- es ilegal. Actualmente, este terreno se encuentra en medio de procesos judiciales e incluso el Ejecutivo “lo desalojó” en 2019 y lo otorgó a la ADI según el Plan RTI. Todo ello, faltando a los principios de autogobierno de los Pueblos Originarios y también a los desalojos prioritarios señalados al Ejecutivo por parte del Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre.

Condenamos la usurpación y las acciones de la no indígena Alejandra Vidal y su familia, con el apoyo de Rosa Iris Vargas.

Exigimos al Estado costarricense medidas reales que puedan garantizar nuestra integridad física, vida y la integridad del Territorio Bribri de Salitre. Insistimos en que el Plan RTI no toma en cuenta nuestras necesidades y tampoco reconoce al Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa como Autogobierno de Salitre. Así, trazado el camino la paz no llegará a nuestro Territorio. Paz que es posible únicamente si los usurpadores son expulsados de nuestro Territorio.

Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre
Coordinadora de Lucha Sur Sur Sur.

Publicación en Facebook:
https://www.facebook.com/111882987093775/posts/255257376089668/

Comunicado Coordinadora de Lucha Sur Sur: ¡Celebrando la vida!

Comunicado: A pesar de la violencia y racismo en contra del Pueblo Cabécar de China Kichá, el domingo 7 de marzo de 2021 las y los recuperadores Cabécar conmemoraron colectivamente el 1 aniversario de resistencia ante la escalada de violencia de marzo del 2020.

Celebraron la recuperación de parte de su tierra-territorio mediante la lucha y el trabajo colectivo necesarios para construir un Pueblo con vida digna.

Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS felicitamos a las y los recuperadores del Pueblo Cabécar de China Chichá al sur de Costa Rica.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Incendian nuevamente Kono Jú, recuperación cabécar en China Kichá

SURCOS comparte el siguiente comunicado de Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS

– El incendio inició en el playón del río El General en la recuperación cabécar de Kono Jú. Este es el segundo incendio en dos días consecutivos.

Jueves 4 de marzo. Aproximadamente a la 1:20 p.m. recuperadores y recuperadoras cabécares de Kono Jú identificaron un nuevo incendio en la recuperación. Esta vez el incendio inició en el playón del Río General, 2 kilómetros al sur del corral. Aún no ha sido controlado y el fuego se sigue extendiendo.

Los recuperadores reportan que un sujeto en actitud sospechosa fue visto dentro de la recuperación. El mismo fue interceptado por uno de los recuperadores, a quién dijo no haber visto nada y que sólo se encontraba pescando. El sujeto se llama Andrés Fernández Umaña, no pertenece al Pueblo Cabécar. participó en el ataque del 07 de marzo del 2020 y era peón de Gilberth Fernández; dueño de MUSOC y GAFESO, ex usurpador de la recuperación cabécar Sekeirö Kaska.

Este es el segundo incendio reportado. El primero fue el día de ayer alrededor de las 5 p.m. a 800 metros sur del salón comunal de Kono Jú. Al ser las 3 p.m. se han apersonado únicamente 2 oficiales de la Fuerza Pública. Los bomberos no se han hecho presentes, a pesar de que los y las recuperadoras reportaron el incidente a pocos minutos de ser identificado.

Desde la escalada de violencia en febrero-marzo del 2020, la Coordinadora de Lucha Sur Sur identificó a los incendios como formas de hostigamiento y violencia contra los Pueblos Originarios. Este mecanismo fue ampliamente utilizado el año pasado contra los y las recuperadoras de distintos Territorios.

Exigimos:

-A la Fuerza Pública realizar las diligencias necesarias sobre Andres Fernández Umaña, para establecer la responsabilidad o no de este sujeto en la provocación del incendio. Al ser las 4:20 p.m. el sujeto se encuentra en la junta del Río Jabonal y el General.

– Que el Estado garantice nuestra integridad física y territorial, además de nuestras vidas.

– Que el Estado tome todas las medidas necesarias para que estas acciones de violencia contra los y las recuperadoras cabécares y nuestro Territorio se detengan y los responsables sean judicializados. Es responsabilidad del Estado si en 2021 nos vemos en medio de una escalada de violencia como la del año anterior (2020)

Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Publicación en Facebook: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/252998419648897/

“Justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre”

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento público:

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones,  comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.

Considerando que:

  • El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
  • Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
  • Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
  • En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
  • Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
  • Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
  • Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
  • En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.

Llamamiento público

Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:

  • APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
  • RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
  • DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
  • ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.

¡No más impunidad!

Organizaciones y Personas Firmantes

Organizaciones Internacionales

  1. Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA (México)
  2. Tequio Jurídico A.C. (México)
  3. Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), México
  4. Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), Panamá
  5. Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA). Montevideo, Uruguay
  6. Feministas Periféricas Dementes, Madrid
  7. O Istmo, Red Centroamericanista
  8. GT-CLACSO, El Istmo Centroamericano Repensando los Centro

Organizaciones nacionales

  1. Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa, Pueblo Bribri de Salitre
  2. Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
  3. Organización Autónoma Gwrvechi Kare, Territorio Ngäbe, Conte Burica
  4. Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego
  5. Recuperador@s Cabécares de Kono Jú.
  6. Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska
  7. Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
  8. Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá.
  9. Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö
  10. Recuperador@s Broran de Crun Shurin
  11. Recuperador@s Broran de Finca San Andrés
  12. Alaklä Sulú Takïlï Wëmi, La Fortaleza de la Mujer Maíz por Siempre
  13. Asociación de Mujeres Mano de Tigre, Orcuo Dbön
  14. Asociación de Productores de Finca 10
  15. Comité de Lucha por la Tierra de finca Chánguena
  16. Cootraosa R.L.
  17. Comité de Lucha por la Tierra de kilómetro 37, Golfito y Corredores.
  18. Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
  19. Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia
  20. SOJUPANO, Palmar de Osa
  21. Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
  22. SERBUSUR, Finca Puntarenas
  23. Proyecto Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica: aportes interdisciplinarios para su resolución, CIAN-UCREA, UCR
  24. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
  25. Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
  26. Asociación Ambientalista Shurakma
  27. Voces Nuestras
  28. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö
  29. Coordinadora de Lucha Sur Sur
  30. Proyecto TC635-Comunicación y Cambio para el Buen Vivir, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
  31. Proyecto ED3526 – Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica del Programa Kioscos Socioambientales, UCR
  32. Asociación Proyectos Alternativos PROAL-PACUARE
  33. Radio Machete
  34. Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, Programa Kioscos Socioambientales-UCR, EC-519
  35. Coordinación General del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria-UCR, EC-3555
  36. Observatorio Bienes Comunes Agua y Tierra, EC-518
  37. Programa de Gestión Local, UNED
  38. Ríos Vivos
  39. Bloque Verde
  40. La Barriada
  41. Colectiva Caminando
  42. Departamento Ecuménico de Investigación (DEI)
  43. Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
  44. Red Indígena de Gestores Locales del Pacifico Sur – RIGELOPS
  45. Frente Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur
  46. Colectivo CEAAL Costa Rica
  47. Trincheras Expresión Artística
  48. Hablemos de Derechos Humanos
  49. La Cadejos, Comunicación Feminista
  50. Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
  51. Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica
  52. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
  53. Asociación ciudadana ACCEDER
  54. Escuela de Biología, UCR
  55. Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (CLACSO)
  56. Hablemos de Derechos Humanos
  57. Movimiento Ríos Vivos
  58. Centro Demostrativo de Sostenibilidad
  59. Partido Frente Amplio
  60. Akoben Colectiva Afrofeminista
  61. Grupo de Pesquisa Derecho y Sustentabilidad Socioambiental (GPDS), Facultad de Derecho, UCR
  62. Coordinación, Observatorio sobre la gestión de los conflictos socioambientales en el espacio urbano, Facultad de Derecho, UCR
  63. Proyecto Conflictividad social y su intervención a través del proceso de mediación en el contexto socioambiental costarricense, IIJ-UCR
  64. Asociación Comunidades Unidas para un Desarrollo Ecológico y Sustentable
  65. Colectivo Radio Andante
  66. CEP-Alforja
  67. Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)

Personas

  1. Marvin Amador Guzmán, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
  2. Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), UCR
  3. Yasy Morales Chacón, docente Escuela de Sociología, Programa de Economía Social Solidaria, UCR.
  4. Juan Carlos Cruz-Barrientos, comunicador social jubilado
  5. Liliana Monge Sánchez, docente Escuela de Trabajo Social UCR
  6. Luis Paulino Vargas Solís, Director CICDE-UNED
  7. Xinia Zúñiga Muñoz, investigadora CICDE-UNED/UCREA-UCR
  8. Carmen Caamaño Morúa
  9. Lucía Molina Fallas
  10. Andrés Dinartes Bogantes
  11. Pablo Sivas Sivas (conocido como Pablo Sibar Sibar)
  12. Daniel Torres Sandí, Sociólogo
  13. Jorge Zeledón Pérez
  14. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE-UNED
  15. Rebeca Gu Navarro, docente Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  16. Gustavo Gatica López, investigador CICDE-UNED
  17. Mauricio Castro Méndez, docente e investigador, Facultad de Derecho e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UCR
  18. Dylanna Rodríguez Muñoz, docente Programa Kioscos Socioambientales y Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  19. Laura Álvarez Garro, profesora asociada, UCR
  20. Gerardo Hernández Naranjo, docente Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  21. Ana Tristán Sánchez, jubilada del Poder Judicial
  22. José Gabriel Rivas Ducca, biólogo, activista ecologista
  23. Raquel Molina Huezo, comunicadora y profesora
  24. Paulo Coto Murillo, profesor Posgrado en Sociología, UCR, investigador CICDE-UNED
  25. Marcela Moreno Buján, investigadora UCREA-UCR
  26. Carlos Peralta Montero
  27. Claudia Palma Campos
  28. María Eugenia Bozzoli
  29. Guillermo García Segura, director de la Escuela Sindical de ANDE
  30. María del Carmen Araya Jiménez
  31. Helga Arroyo Araya
  32. Roberto Castillo Vásquez
  33. Freddy Humberto Vargas Chavarría
  34. Juan Antonio Gutiérrez Slon, sociólogo e historiador, Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED.
  35. César Moya Aburto, investigador del Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED.
  36. Mariana Delgado Morales
  37. Miguel Regueyra Edelman
  38. Douglas Esquivel González
  39. Erick Mauricio Zúñiga Monterrosa
  40. Luis Emilio Cortés Ugalde
  41. Gustavo Oreamuno Vignet
  42. Andrés Pages Zamora
  43. Giancarlo Andrade Colón
  44. Ángel Molina Fernández
  45. Lilliam Marbelli Vargas Urbina
  46. Israel Azofeifa Retana
  47. Benjamín Hernández Domínguez
  48. José Ramírez Aguilar
  49. Nayla Carvajal Sancho
  50. María Paula Barrantes Reynolds
  51. María José Víquez Barrantes
  52. Silvia Castillo Morales, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
  53. Isis Campos Zeledón, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
  54. Mariana Castillo Rojas
  55. Melissa Mendiola Vásquez, Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), Universidad Nacional (UNA)
  56. Alberto Gutiérrez Arguedas
  57. Ciska Raventós Vorst
  58. Mario Zúñiga Núñez, director, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica
  59. Patricia Mora Castellanos
  60. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
  61. Sergio Villena Fiengo
  62. José Luis Arce Sanabria
  63. Onésimo Rodríguez Aguilar
  64. Teresita Ramellini, Universidad de Costa Rica
  65. Ivania María Rojas Herrera
  66. Rafael Cuevas Molina
  67. Claudio Vargas Arias
  68. Osvaldo Durán Castro/Sociólogo ITCR-FECON
  69. José Julián Llaguno Thomas, Instituto de Investigaciones Sociales, UCR
  70. Manuel Peralta Reyes
  71. Isabel Avendaño Flores, docente, Facultad de Ciencias Sociales
  72. Irma Arguedas Negrini
  73. Jeisson Gutiérrez Pizarro, bachiller universitario, Heredia
  74. Olman Bolaños Vargas
  75. Pedro Salguero Aguilar
  76. Henry Mora Jiménez
  77. Alexis Rodríguez Brenes
  78. Jaime García
  79. Guadalupe Urbina
  80. Yerling Ruiz Vásquez
  81. Meibell Solera Fernández
  82. Marcela Dumani Echandi
  83. Mariana Zumbado
  84. Maritza Marín Herrera, Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica
  85. Gaus Monge
  86. David Solís Aguilar
  87. Guido Barrientos
  88. Christoph Burkard
  89. Carol Castro Begnozzi
  90. José Ignacio Ureña Umaña
  91. Emanuel Villamil Chinchilla
  92. Cinthya Soto
  93. José María Gutiérrez Gutiérrez
  94. María Elena López Núñez
  95. Juan Fernando Cerdas Albertazzi
  96. Carolina Serrano
  97. Andrey Morales Méndez
  98. Héctor Ferlini Salazar, SURCOS Digital
  99. Carlos Cruz Chaves
  100. Ariel Robles Barrantes, académico, Regidor Municipal de Pérez Zeledón
  101. Doriam Chavarría López
  102. Liz Brenes Cambronero, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica
  103. María Esther Montanaro Mena
  104. Arturo Montanaro
  105. Ana Marcela Montanaro
  106. Mauricio Álvarez Mora, IDELA-UNA y Proyecto ED3526 – Educación Popular y Geografía
  107. Nery Chaves García
  108. Guillermo Acuña Gonzáles, investigador del Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades (IDESPO-UNA)
  109. Adelina Salazar Altamirano, Chacarita # 3
  110. Jacqueline Hernández Contreras
  111. Óscar Jara Holliday
  112. Onésimo Rodríguez Aguilar
  113. Mario Zúñiga Núñez
  114. Carolina Quesada Cordero
  115. Keilyn Rodríguez Sánchez
  116. Ana Cristiana Aguilar Vega
  117. María Ramírez Chinchilla
  118. Paula León Saavedra
  119. Gerardo Miguel Alarcón Zamora
  120. Vania Solano Laclé
  121. Melania Mayela Portilla Rodríguez
  122. Ernesto Cortes Amador
  123. Denia Román Solano
  124. Gerardo Cerdas Vega

Para ver el documento oficial haga click

Orquesta de las Selvas Tropicales presenta: “Cinco Siglos Igual”

La Orquesta de las Selvas Tropicales presenta una canción sobre la importancia cultural y las luchas de los pueblos originarios. Este proyecto es resultado de la alegría, solidaridad y compromiso de muchas personas costarricenses, que están conscientes de la importancia de preservar las culturas de los pueblos originarios y de acompañarles en los procesos que se viven a nivel interno con respecto a la defensa de sus territorios.

La canción “Cinco Siglos Igual” es del músico León Gieco. Fue elegida porque resume y expone de alguna manera, una historia fatídica para muchos pueblos de hace más de 500 años, además que ha sido un himno y emblema en toda América Latina porque representa sus procesos de lucha y visibilización. La adaptación de esta obra musical se relaciona directamente con los pueblos originarios de Costa Rica; los arreglos y grabaciones fueron hechos en las casas de las personas colaboradoras debido a los tiempos de crisis por la pandemia del Covid-19. La producción tardó alrededor de 3 meses.

Por último, se extiende la invitación a escuchar esta hermosa canción, que está dedicada a las zonas rurales y pueblos originarios, que está hecha con todo el propósito de que el sexto siglo sea un camino, un andar para transformar la dolorosa historia de esta población, expuso Guadalupe Urbina, una de las participantes de esta experiencia musical.

La versión en YouTube se encontrará disponible a partir de 24 de febrero, esto en conmemoración del primer año del asesinato del líder comunal y recuperante indígena Bröran Yehri Rivera. Por ahora, les compartimos una versión preliminar.

 

Compartido con SURCOS por Oscar Espinoza Ramos.

Pronunciamiento Público: justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el pueblo Bribri de Salitre

SURCOS comparte pronunciamiento público, el cual usted puede suscribir llenado el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch7dX_RrloGPdMK-kYwJHd4xeNJ1TFUedwfQQti_GR_J5BXg/viewform

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones,  comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.

Considerando que:

  • El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
  • Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
  • Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
  • En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
  • Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
  • Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
  • Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
  • En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.

Llamamiento público

Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:

  • APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
  • RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
  • DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
  • ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.

¡No más impunidad!

Organizaciones y personas firmantes:

 

Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Comunicado público: caso de Sergio Rojas aún no es archivado

SURCOS comparte el comunicado público de la Coordinadora de Lucha Sur Sur – CLSS:

Comunicado público: caso de Sergio Rojas aún no es archivado

– El caso por homicidio calificado de Sergio Rojas Ortiz, Bribri del clan Uniwak, aún no está archivado. El Juez Penal dictaminó que debe investigar a cabalidad el caso y responderá por escrito.

Viernes 04 de diciembre 2020. El día de ayer, 03 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires llevó a cabo una audiencia oral y privada que definiría la archivación o no, del caso de Sergio Rojas Ortiz. La audiencia se debe a que a finales del mes de septiembre del presente año, la Fiscalía de Delincuencia Organizada y Delitos Conexos solicitó la desestimación de la causa que investiga el homicidio de Sergio Rojas Ortiz. El alegato corresponde al supuesto agotamiento de los medios investigativos.

El juez determinó que responderá la solicitud de forma escrita, después de investigar a cabalidad el archivo en un tiempo prudencial que puede ser de 15 días a un mes.

En las afueras del recinto judicial en Pérez Zeledón se hizo presente una delegación de distintos Pueblos Originarios exigiendo justicia y un alto a la impunidad.

Como Coordinadora de Lucha Sur Sur exigimos al Poder Judicial que garantice el acceso a la justicia a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre. Para ello no debe archivarse el caso y redoblarse todos los esfuerzos investigativos para dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato.

La paz en los Territorios sólo es posible si se garantiza la justicia a los Pueblos y su derecho colectivo a la tierra que sólo es posible si sus Territorios están en sus manos. Los Poderes del Estado son los responsables de garantizar la vida e integridad física de los Pueblos Originarios y el año pasado fallaron en contra de Sergio, ahora lo que les corresponde es garantizar la justicia y detener la impunidad reinante en nuestros Territorios.

¡Justicia para Sergio y los Pueblos Originarios!
Coordinadora de Lucha Sur Sur.