No nos hemos cansado de afirmarlo: Las grandes crisis sacan lo peor y lo mejor de los seres humanos. Y esta devastadora pandemia de la Covid-19 nos lo muestra todos los días, en nuestro país y fuera de nuestras fronteras.
La lucha contra la pandemia ha mostrado el inmenso valor de la solidaridad y del profesionalismo de millares de trabajadores y trabajadoras de la salud, y de otras áreas de primera fila de atención y riesgo. Su abnegación, sacrificio y compromiso tenaz con la salud pública, han sido reconocida a lo largo de más de un año de batalla constante.
Empero el 28 de abril anterior en Tres Ríos, sucedió un hecho (que pensamos que es absolutamente aislado) y que puso en evidencia la repudiable conducta de un trabajador de la salud. Ese día en un centro de vacunación de ese cantón cartaginés, un empleado de la Caja pretendió aparentar una inoculación de la vacuna anti-covid, en el hombro de un paciente de 82 años.
Por suerte para el paciente y para las personas decentes de Costa Rica, que somos legión, la falsa inoculación de la ansiada vacuna fue filmada con su celular, por su hijo. Es meritorio que fuera grabado el terrible engaño que se buscaba consumar y, más aún, que el indignado hijo lo compartiera por sus redes sociales. Bien sabemos que estas redes son como dagas, en virtud de que tienen un filo poderosamente democrático y justo, y otro potencialmente dañino, especialmente, por la trasmisión de infamantes noticias falsas (“fake news”). Empero hoy debemos celebrar el hecho de que están jugando un muy positivo y aleccionar papel, al permitir que esta abominable situación hayan podido conocerla millares de personas.
Las preguntas que surgen de inmediato son: ¿A cuántas personas este funcionario hizo lo mismo? ¿Cuántas personas que han acudido a este centro de inmunización, están confiadas de que ya fueron vacunadas y no lo han sido? Y también corresponde preguntarse: ¿Esta gravísima situación representa verdaderamente un caso aislado o bien, se ha podido haber dado en otros centros de vacunación del país?
Ya la CCSS separó a este empleado sanitario de sus funciones. Era lo mínimo para empezar y debía ser fulminante, como lo ha sido, pero es necesario analizar otras dimensiones de lo acaecido ante la extrema gravedad del hecho.
Hay una afectación individual en el paciente que no fue inoculado. Eso también la Caja lo corrigió al reprogramarle la cita. Sin embargo, es necesario ver el problema en varias dimensiones.
Veámoslo:
1) Repercusión social. Es un golpe a la campaña de vacunación, ya que este hecho produce, inevitablemente, incertidumbre entre las personas que ya han sido inoculadas y que termina favoreciendo a quienes llaman a la no-vacunación, con argumentos anticientíficos.
2) Derecho a la salud. De esta manera, también se ve afectado el derecho a la salud pública, por el debilitamiento de la confianza y la credibilidad en un procedimiento vacunal, tan esperado por miles de personas.
3) Afectación institucional. Es asimismo un golpe a la Caja que además de conducir una lentísima campaña de inmunización, ahora por la acción de este funcionario, se incrementan las dudas y sombras en un tema crucial para la salud y la economía del país.
Esperamos que más allá del masivo repudio que ha provocado el hecho denunciado, la inescrupulosa acción de este empleado sea llevada a los tribunales competentes y sea juzgada debida y oportunamente. El hecho debe ser juzgado y resuelto en proporción al daño individual, social e institucional provocado en estos aciagos tiempos, en los cuales el dolor humano y el luto, pueden incrementarse como consecuencia del irrespeto a la vida y la falta de la solidaridad.
El Estado como garante de la Salud Pública y vigilante de que la actividad humana hacia el Ecosistema debe atender los perjuicios del plaguicida etropofós.
Interrogamos a las autoridades sobre las medidas tomadas después de conocerse las conclusiones del Estudio realizado por la UCR.
Se ha escrito mucho y se tenido acceso a información sobre el excesivo uso de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes en Costa Rica, que ya por mucho tiempo han sido la preocupación de quienes estudian los factores de riesgo creados por esas prácticas inconvenientes para el ambiente y por ende para la salud.
Hace poco tiempo, en setiembre de 2020 se dio a conocer un estudio realizado por los científicos de la Universidad de Costa Rica sobre las consecuencias ambientales del uso de un insecticida, por cierto de frecuente utilización, en las plantaciones de banano. Se dice que su utilización podría estar cambiando el cerebro de los peces en ríos cercanos a las plantaciones y volviéndolos más vulnerables a los depredadores naturales de esas especies.
En las conclusiones de la investigación realizada publicadas en la revista Scientific Reports se mostró que en ciertas dosis, este químico afecta el sistema nervioso de los peces, los cuales se vuelven más vulnerables porque ya no podrían huir con la misma agilidad cuando son atacados por sus depredadores.
La investigación se llevo a cabo en una especie nativa de Costa Rica conocida como sardinita de río la cual es abundante en las vertientes del Caribe y del Pacífico.
El plaguicida estudiado se llama etropofós, nombre genérico, y que en altas dosis es capaz de aniquilar a los peces en las cercanías de las plantaciones. Pero en una pequeña dosis puede causar una disminución de hasta un 51% en la hormona colinesterasa en la sardinita y bajos niveles de esa hormona están relacionados con contracción muscular, parálisis y fallas respiratorias en peces.
La autora principal de la investigación fue la científica Natalia Sandoval de la Universidad de Costa Rica. El investigador de Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional aseguró que esto podría tener importantes impactos a nivel de ecosistema al escapar el plaguicida hacia los causes de los ríos cercanos a las plantaciones, afectando la población de peces.
En la noticia publicada por el periódico La Nación el viernes 13 de setiembre se afirma que el insecticida etoprofós es muy utilizado en nuestro país particularmente en las plantaciones de banano, a pesar de tener una alta toxicidad ya bien conocida. Y que la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encontró que su exposición en cabras y gallinas les generó aminoácidos radioactivos en hígado y riñones.
Dejar pasar esta información y no hacer nada es la peor actuación que podemos mostrar como país que resguarda el ecosistema y la salud de nuestra población y de nuestro ambiente, que incluye naturalmente a todas las especies vivas que en él habitan.
Nos gustaría preguntar a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a las del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, qué piensan hacer al respecto.
Este ultimo ministerio tiene como misión emitir políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y de la promoción del uso de las fuentes de energía renovables para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los planes y programas ministeriales y en el Plan Nacional de Desarrollo en el país.
Particularmente me gustaría saber si la actual titular de ese Ministerio la Dra Andrea Meza Murillo ha leído la publicación del Estudio de Investigación y ha dado instrucciones a sus subalternos para enfrentar esta grave contradicción entre ambiente y producción; y si ha coordinado con el Ministro de Agricultura la acción que deberá tomarse para solucionar esta de forma radical.
Limón, 24 de marzo de 2021 AEL-0050-2021 Ing. Luis Renato Alvarado Rivera Ministro Ministerio de Agricultura y Ganadería S. D.
Señoras y señores Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola Ref: DM-MAG-274-2021 y CAAA-03-2021 y “Reglamento de Saneamiento Ambiental” de Ecuador
Estimado señor Ministro y señores Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola:
En relación con los oficios supra indicados, y el asunto de referencia, me permito remitirles copia del Reglamento de Saneamiento Ambiental de Ecuador, el cual es del año 2015, resaltando en amarillo la parte de interés. Reitero ante Ustedes, una vez más, que desde el año 2015 fue remitido el oficio DR-HC-3580-2015 de 9/12/2015, suscrito por el doctor Alexander Salas López, Director de Rectoría de la Salud Región Huetar Atlántica, a la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola, atendiendo quejas dirigidas a la Presidencia de la República, en contra del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, que es “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola”, de 16/10/2003.
Es fundamental que Ustedes se sirvan tomar nota de lo expuesto y abiertamente conocer y aceptar que desde el año 2015 en el oficio DR-HC 3580-2015 se hizo una clara instancia para que las autoridades públicas actúen en defensa del Artículo 50 Constitucional.
Les ruego acotar, que no se trata de apreciaciones subjetivas del suscrito o de solicitudes sin fundamento. Todo lo contrario, señor Ministro y señores miembros de la Comisión. A pesar de los oídos sordos con que la administración pública de turno suele prestar a las denuncias ciudadanas, deben valorar Ustedes, que el oficio DR-HC-3580-2015 de 9/12/2015 señalado, demuestra que es la máxima autoridad regional del Ministerio de Salud quien solicita y propone modificaciones al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP citado. En ese oficio se reconoce de manera implícita que el artículo 70 del Reglamento, infringe el artículo 11 inciso 2) de la Ley de Biodiversidad No.7788 y el Principio 15 de la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.
En consecuencia, Señor Ministro y señores miembros de la Comisión, no podemos aceptar la sordera institucional y la inercia jurídicamente inexplicable, que se observa en la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de Aviación Agrícola. Con el debido respeto, hago ver que han transcurrido ya 5 años desde la fecha en que se puso en conocimiento el oficio DR-HC-3580-2015 de 9/12/2015, sin que las autoridades públicas hayan actuado eficiente y proactivamente en defensa del ambiente y la salud pública. Cinco largos años han transcurrido y no se vislumbra acción consecuente en defensa del ambiente que todos los costarricenses tienen derecho a disfrutar. Tal vez ese letargo pueda servir para inspirar una segunda versión de la Canción “Sabor a mí”, en donde el transcurso de los años carece de importancia porque todo queda igual. Pero para quienes sufren constantemente las consecuencias de una fumigación aérea mal reglamentada, no es motivo de inspiración ni razón lógica la demora injustificada de quienes en la Administración Pública están obligados a actuar en su defensa.
Señores, ¿cómo podemos explicarle a la opinión pública y a los costarricenses que diariamente sufren con el problema de la fumigación aérea, que en cinco años no se haya podido realizar una simple modificación al artículo 70 del Decreto Ejecutivo citado? Y, qué decir de los 18 años que han pasado desde que se estableció ese reglamento N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP y la tarea de la Comisión Asesora, ¿sin pronunciamiento alguno sobre este mismo tema?
Por lo expuesto debemos de insistir en una reforma integral conforme a estándares internacionales para lo cual sugerimos una vez más solicitarle al señor Ministro de Agricultura que proceda a solicitarle al representante de la FAO en nuestro país, la debida asesoría técnica igualmente requerimos copia integral de los avales emitidos a la reforma en curso así como de las observaciones emitidas por el Ministerio de Ambiente y Energía sobre la reforma al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP.
Señor Ministro y Señores miembros de la Comisión Asesora, creo importante recordarles, que, en materia de protección al ambiente humano, al amparo del párrafo segundo del Artículo 50 Constitucional, la inercia del aparato administrativo público no es excusa suficiente de exoneración de responsabilidad. Así lo ha reiterado numerosas veces la Sala Constitucional de Costa Rica, con jurisprudencia constitucional que es de cumplimiento “erga omnes”, por lo tanto, de acatamiento obligatorio sin mayor excusa. Les ruego tomar en cuenta que no estamos solicitando nada desproporcionado ni irracional. Todo lo contrario, lo que solicitamos es que el país se abra a elaborar un instrumento técnico y actualizado, que garantice que nuestras empresas agroindustriales no afecten en su quehacer diario, a la población con las actividades rutinarias de aviación agrícola, tal y como actualmente sucede. Señor Ministro y Señores miembros de la Comisión Asesora, sinceramente, ¿consideran ustedes que esto es mucho pedir?
La anterior solicitud la realizó dentro del plazo de ley conforme a la Ley 8220 y las disposiciones del artículo 27 de la Constitución Política. Agradeciéndole su atención, ponemos a su disposición para recibir notificaciones nuestro correo-e: machore@gmail.com
Cordialmente,
Marco Levy Virgo
cc Magistrado Paul Rueda Expediente 21-003927-0007-CO Licda. Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro Ministerio de Salud Dra. Priscilla Herrera García, Directora General de Salud Dr. Alexander Salas López Director Región Huetar Atlántica Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, Director Protección Ambiente Humano Ing. Fernando Araya, Director Ejecutivo Servicio Fitosanitario del Estado
Adjuntamos el documento oficial del oficio para descarga y otros documentos de interés:
8 de marzo de 2021 – Día de las Mujerxs Trabajadoras – Llamado de Acción Global de La Vía Campesina
(Harare 25 de febrero 2021)
Este 8 de marzo 2021, articuladxs en nuestra diversidad, y en una sola voz, afirmamos ¡Contra el virus del patriarcado y el capitalismo, la vacuna del feminismo y la solidaridad!, a la vez que resaltamos el rol fundamental de las mujerxs del campo, y del campesinado en su conjunto, como primera línea en la producción de alimentos agroecológicos y saludables que sustentan la vida, y representan entre el 60 y el 70% de la producción mundial.
Al cumplirse 25 años de la construcción colectiva de la Soberanía Alimentaria, ésta es nuestra vía concreta y sostenible frente a las distintas crisis que hoy vivimos, necesitamos acabar con la violencia sistémicamente del capitalismo y del patriarcado, que hoy vulneran principalmente los derechos de las mujerxs, diversidades, de la niñez, y la clase trabajadora, excluyéndolos incluso, del acceso público y gratuito a una vacuna, que debería ser considerada así como la alimentación un derecho humano. Tal como lo defendemos en nuestro llamado internacional ¡Por el Derecho a la Salud pública y gratuita para todas las poblaciones!
En el mundo el rol político, social y económico de las mujerxs es vital, más aún en medio de esta pandemia, y seguimos recibiendo salarios más bajos, estamos en la informalidad, precarizadas, explotadas, somos migrantes, madres solteras, trabajadoras agrícolas, pescadoras, pastoras, que tenemos menor acceso a la tierra, a la tecnología, y a políticas públicas de salud, protección contra la violencia, educación y cultura. El mayor obstáculo al que nos enfrentamos en el campo es la falta de acceso a medios de producción como la tierra. En el mercado, las mujeres apenas poseemos el 1% de las tierras y aun así tenemos el reto de seguir garantizando la alimentación y cuidado de comunidades, familias y del mundo en condiciones de desigualdad política, económica y social.
En ese sentido, en esta jornada también exigimos a los Estados implementar la Declaración de la ONU sobre Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP, por sus siglas en inglés). Donde se reconoce a las mujeres y al campesinado como «sujetxs de derecho. Esta Declaración de las Naciones Unidas es un instrumento estratégico para fortalecer las luchas y propuestas de los movimientos rurales. Además, sienta una jurisprudencia y una perspectiva jurídica internacional para orientar la legislación y las políticas públicas en todos los niveles institucionales en beneficio de quienes alimentan al mundo.
El modelo del agronegocio imperante está estandarizado por el poder económico de la agroindustria, son las grandes corporaciones multinacionales las que controlan que se va a producir, qué comemos, cuánto comemos y el precio de lo que comemos, hacen lobbys con gobiernos, e incluso con organismos multilaterales, tal como hemos venido denunciando con la Cumbre de la Alimentación organizada por la FAO para este año, y cuyo objetivo es seguir acaparando aún más el mercado de la alimentación. Esta dinámica genera altas ganancias para las corporaciones, y costos gravísimos para la salud de las sociedades y del planeta.
A lo largo de la historia las mujerxs luchamos por ser sujetas de transformaciones, de movilización y concientización, es así que como La Vía Campesina saludamos todas las luchas y compañeras que resisten en la India, Colombia, Chile, Venezuela, Cuba, Kurdistán, Palestina, las zapatistas, las mujeres diversas organizadas en la Marcha Mundial de Mujeres y otras redes amigas, que están participando activamente de los cambios que precisan nuestras sociedades, por justicia y dignidad para las mayorías.
Movilízate:
Este 8 de marzo, como cada Día de las Mujeres trabajadoras, llamamos a nuestras organizaciones miembros, aliados y amigxs a conspirar desde todos los espacios donde estemos, en nuestras comunidades, calles, plazas, mercados, escuelas y trabajos, cuidando de la vida, sigamos denunciando y movilizando conciencias, presionando para que los estados se comprometan con las luchas históricas de las mujerxs de los campos y las ciudades.
¡Contra el virus del patriarcado y el capitalismo, la vacuna del feminismo y la solidaridad!
Envíen sus comunicados, fotografías, videos a lvcweb@viacampesina.org.
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SURCOS comparte el pronunciamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL):
Más de 400 organizaciones y personas de todo el continente americano exigen a los Estados de la región que las políticas contra la pandemia no dejen a ninguna persona atrás.
Las Américas, 18 de enero de 2021. En el contexto de la emergencia sanitaria actual, y frente a la inminente creación y ejecución de planes de vacunación en todo el continente americano en contra de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), las organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, especialistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y pueblos indígenas abajo firmantes exigimos a las autoridades de todos los Estados de la región a garantizar a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas el acceso a todos los servicios de salud y vacunación sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad que el resto de la población que se encuentra bajo la jurisdicción de cada Estado. Obligaciones legales ineludibles y fundamentos básicos de salud pública hacen imprescindible la universalidad en el acceso a todas las medidas que los Estados implementen frente a la pandemia del virus COVID-19.
Recordamos a las autoridades que la obligación de respetar y garantizar los derechos de la vida, integridad y salud de absolutamente todas las personas que se encuentren en su territorio y bajo su jurisdicción está expresamente establecida en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos adoptados y ratificados por los mismos Estados, los cuales tienen carácter vinculante. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
El derecho a la salud se debe garantizar sobre la base del principio de igualdad y no discriminación, principio vertebrador de todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) desarrollado por los Estados desde mediados del siglo pasado. Los órganos internacionales creados por los Estados a través de los tratados, han reafirmado una y otra vez esta obligación, enfatizando la prohibición de discriminación por razones como la nacionalidad, el tiempo o tipo de residencia, o la condición migratoria:
El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud, ha señalado que los Estados deben abstenerse de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluyendo las personas en situación migratoria irregular, garantizando el acceso a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos. Asimismo, ha reafirmado la obligación de garantizar a las personas migrantes los derechos protegidos en el Pacto (PIDESC), incluyendo el derecho a la salud, sin ninguna discriminación.
Los Comités de Derechos de Trabajadores Migratorios y de Derechos del Niño han subrayado que las restricciones impuestas al derecho a la salud de los migrantes adultos a causa de su nacionalidad o su situación migratoria podrían afectar también al derecho a la salud, la vida y el libre desarrollo de sus hijos. Por consiguiente, un enfoque integral de los derechos de los niños debe incluir medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de sus familiares adultos sin importar su situación migratoria y, en caso de ser no acompañados, de sus cuidadores principales. Hasta en tanto las autoridades sanitarias competentes garanticen que la vacunación a menores de 16 años es segura y adecuada, niñas, niños y adolescentes migrantes deben de tener el mismo acceso que los nacionales al resto de servicios de salud disponibles, sin importar su situación migratoria o la de sus familiares.
En el ámbito interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los Principios Interamericanos sobre derechos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas, incluyó los siguientes:
Principio 2: Dignidad humana. Todo migrante tiene derecho al respeto de su dignidad humana, incluida su dignidad física y su integridad sexual, psíquica y moral, cualquiera que sea su situación migratoria o lugar de origen. Los Estados deben crear las condiciones que provean un nivel de vida adecuado y compatible con la dignidad de la persona humana y no crearán, por comisión u omisión, condiciones que la dificulten o la impidan, garantizando, entre otros, los derechos a la salud (…).
Principio 35: Derecho a la salud. Todo migrante tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y a los determinantes subyacentes de la salud; no se puede denegar la atención médica a un migrante por razón de su situación migratoria, ni se le pueden negar los servicios de salud por falta de documentos de identidad. Toda persona, independientemente de su situación migratoria o su origen, tiene derecho a recibir la misma atención médica que los nacionales (…).
Asimismo, en contexto de la pandemia actual, estos organismos han reafirmado la importancia de asegurar, en condiciones de igualdad, el derecho a la salud de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “solo a través de la inclusión de toda la población en dichas medidas [sanitarias], sin discriminación de nacionalidad y origen, la región podrá superar la crisis de salud pública”. Recientemente, ha recordado “que los Estados deben garantizar a las personas migrantes, independientemente de su estado migratorio, el acceso voluntario y en igualdad de condiciones a las vacunas, tratamientos y demás acciones de protección”. Por su parte, la Corte Interamericana ha señalado que, “dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas (…) migrantes, los refugiados, los apátridas (…)”.
En la misma dirección, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas incluyó, entre las Directrices relativas a la COVID-19, que los “Estados deben aplicar medidas específicas para incluir a los migrantes, los desplazados internos y los refugiados en los esquemas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19. Entre estas medidas deberían figurar las destinadas a garantizar el acceso equitativo a la información, los análisis y la atención médica para todos…, cualquiera que fuere su condición jurídica”. El Relator de Derechos de Migrantes, junto al Comité de Derechos de Migrantes y sus Familias, también subrayó que los Estados deben integrar a las personas “migrantes a los planes y políticas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19 (…) y respeten su derecho a la salud, incluyendo a través del aseguramiento de que las pruebas, las medicinas esenciales, y las medidas de prevención y de tratamiento sean proporcionadas de manera no discriminatoria”.
Por otra parte, en términos de salud pública y para que los Estados puedan efectivamente alcanzar los objetivos urgentes y fundamentales frente a esta gravísima pandemia mundial, la vacunación masiva y universal es absolutamente indispensable. Es la única forma segura de lograr la inmunidad colectiva, pues su efectividad estará supeditada a que suficientes personas desarrollen protección contra la enfermedad.
En este marco, toda exclusión, preferencia o restricción que afecte a personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y/o apátridas no solamente configuraría una violación de los derechos a la salud y a la vida, sino también representaría una medida contraria a las metas de salud pública de cada Estado y la comunidad internacional a fin de superar esta grave pandemia mundial. Por ende, el resto de las personas de cada sociedad, aún pudiendo acceder a la vacunación, pueden verse afectadas también en sus derechos a la salud y la vida, como consecuencia de la exclusión de las personas en razón de la nacionalidad o condición migratoria. No hay beneficio para las personas “nacionales” en la exclusión de las personas migrantes que conviven en la misma sociedad, como plantean algunas autoridades de manera irresponsable. Al contrario, esa exclusión puede poner en riesgo la salud de millones de personas, o incluso poner en riesgo el éxito de las políticas que los Estados implementen para enfrentar esta gravísima e inédita crisis sanitaria mundial.
Finalmente, junto a la obligación legal ineludible de garantizar estos derechos en condiciones de igualdad y sin ninguna clase de discriminación, lo cual a su vez es esencial para alcanzar las metas de salud pública -y por ende, prevenir que se propague el virus-, múltiples aspectos operativos, incluyendo recursos económicos y humanos, también exigen la universalidad como estrategia esencial para enfrentar la pandemia. En efecto, la exclusión de personas migrantes y refugiadas de los planes para prevenir y combatir la pandemia, afectando consecuentemente su salud y la de otras personas, podría derivar en la necesidad de mayores recursos de todo el sistema de salud para la atención de personas enfermas, incluyendo en los servicios de emergencia. Eso afectaría también la atención de esos servicios en general, para todo tipo de prestaciones de urgencia del sistema dirigido a toda la población. Ello, sin contar el impacto que, en otras áreas – como el mercado de trabajo-, tendría el agravamiento de la condición de salud de las personas que no puedan acceder a las vacunas y otros tratamientos desarrollados en cada país para enfrentar la pandemia.
En virtud de todo lo expuesto, consideramos inadmisibles y totalmente contrarias a derechos humanos y obligaciones legales inexcusables cualquier política, programa, protocolo u otra medida dirigida a prevenir y combatir la pandemia de la COVID-19, que excluya total o parcialmente a las personas en virtud de su nacionalidad, lugar de origen, tipo de residencia o tiempo de residencia, o estatus migratorio. Asimismo, como se explicó, esas restricciones constituyen medidas contrarias a metas de salud pública que son más vitales que nunca para todos los pueblos del mundo, y pueden afectar los recursos humanos, técnicos y financieros de los sistemas de salud, agravando la emergencia sanitaria existente.
Por lo tanto, exigimos a los Estados americanos el pleno cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos a través de la garantía del acceso a todos los tratamientos, preventivos y terapéuticos necesarios para enfrentar la pandemia por COVID-19 para todas las personas, sin perjuicio de su nacionalidad, lugar de origen, residencia o estatus migratorio.
De manera complementaria, instamos a todas las autoridades de los Estados de la región a actuar con profunda responsabilidad en esta delicada y desafiante etapa que atraviesa la humanidad, absteniéndose de todo tipo de discurso discriminatorio y estigmatizante en contra de la población migrante y refugiada. En esta emergencia sanitaria mundial que exige que todas las personas accedan al tratamiento (por derecho y para proteger a las demás), los discursos de corte nacionalista o de preferencia con base en la nacionalidad no solo derivan en la vulneración de derechos sino que pueden poner en serio riesgo todos los esfuerzos que se están haciendo para luchar contra la pandemia.
Organizaciones sociales e Instituciones académicas firmantes:
Acceso a la Justicia 2. Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino AC 3. AlertaVenezuela 4. Alianza Américas 5. América Diversa 6. American Friends Service Committee LAC 7. Amnistía Internacional 8. Articulate Foundation INC 9. Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica 10. Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) 11. Asociación de Desarrollo Social de Ixcán ADESI 12. Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG) 13. Asociación Intercultural Miranda 14. Associacao Casinha de Acolhida para Lesbicas. Gays, Bissexuais, Transexuais e Transgeneros (Brazil) 15. Asociación Pop No’j 16. Asociación pro Derechos Humanos, APRODEH (Perú) 17. Asylum Access Mèxico (AAMX) A.C 18. Belo Horioznte 19. Canada Venezuela Democracy Forum 20. Casa de la Mujer 21. Casa del Migrante de Saltillo 22. Casa Paraguaya de Cordoba 23. Cátedra Racismos y Migraciones Contemporaneas, Universidad de Chile 24. Catedra Sérgio Vieira de Mello na UFPR – CSVM/UFPR- Brasil 25. Cecavid-Venezuela 26. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) 27. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. 28. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ», CSMM (Ecuador) 29. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 30. Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) 31. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE-UNED 32. Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia (CENDIF) Venezuela 33. Centro de Justicia y Paz – Cepaz 34. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú EQUIDAD (Perú) 35. Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OBMICA 36. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL 37. Chicago Religious Leadership Network on Latin America 38. Corporación ONG Raíces, Chile 39. Civilis Derechos Humanos, CivilisDDHH, (Venezuela) 40. Clínica Jurídica Alaíde Foppa para personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México 41. Colectiva Luna Celaya 42. Colectivo de Prostitutas de Sevilla 43. Colectivo Feminista Abrazadas & Autónomas 44. Colectivo justicia y esperanza de San Luis de la paz, Guanajuato 45. Colectivo Rebeldía 46. Coletivo Flores de Lótus – Brasil 47. Colegiado do NIEM – Núclei Interdisdisciplinar de Estudos Migratórios. Brasil, Rio de Janeiro 48. Comisión de Derechos Humanos de Ica CODEHICA (Perú) 49. Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH 50. Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS (Perú) 51. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, (México) 52. Comite Migracoes e Deslocamentos_ Associacao Brasileira de Antropologia(ABA) 53. Comité de familiares
SURCOS comparte el comunicado del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense:
Ante el inicio del Curso Lectivo 2021, el SEC manifiesta que no está de acuerdo con que se reanude la modalidad presencial, hasta que sea vacunado todo el personal del Magisterio Nacional.
Fundamentamos nuestra petición por el alto contagio que hoy observamos en la población nacional, más el aumento de los fallecimientos, a lo que podemos agregar que en el 2020 murieron cerca de 100 personas trabajadoras del MEP, algo que estadísticamente hemos podido comprobar.
Actualmente nos han reportando que muchas personas trabajadoras del MEP han adquirido el virus y por ello, nuestra insistencia de no iniciar el Curso Lectivo de forma presencial.
Pueden decir que la apertura presencial es paulatina, con las instituciones que cumplen los protocolos establecidos, pero no hay suficiente seguridad para toda la población estudiantil y el personal de los centros educativos.
Se presentan grandes interrogantes relacionadas al distanciamiento entre personas, el abastecimiento oportuno de alcohol y jabón, el procedimiento para garantizar su uso constante; acciones que junto a otras, son parte de una nueva cultura que se deberá inculcar en todos los actores.
La presencialidad será un factor que incrementará la expansión del virus, por eso debemos seguir el ejemplo de otros países que han retrasado el retorno del período lectivo, continuando con la virtualidad como alternativa de prevención.
Si el Gobierno persiste con esta decisión, exigimos la prontitud de la vacuna para el Magisterio Nacional porque sabemos que la convivencia en lapsos prolongados es también un detonante para la transmisión, lo que hace vulnerables a las trabajadoras y los trabajadores de las instituciones educativas, también a la población estudiantil.
Como organización Magisterial advertimos anticipadamente esta situación, para que a futuro no se estén señalando culpables de las consecuencias, puesto que se debe actuar de manera más responsable, con la valoración científica y las normas claras que se deban adoptar.
También tenemos conocimiento de compañeras y compañeros que han sufrido inconvenientes para ser atendidos en los centros de salud, debido a que no les aparece reportado el pago correspondiente por parte del MEP a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Para el SEC primero está la salud y la vida de las personas, más allá de cualquier otro interés.
Palabras de Vínyela Devandas Brenes durante la ceremonia celebrada en la Catedral Metropolitana el sábado 26 de diciembre de 2020.
Unas palabras para celebrar la vida de nuestro hermano Mario DevandasBrenes
Vínyela Devandas Brenes
Hoy nos reunimos en este hermoso templo para celebrar la vida fecunda de Mario Devandas Brenes, líder ejemplar de nuestra Patria, quien con gran inteligencia, ímpetu y valentía ha contribuido significativamente a que Costa Rica sea un mejor lugar para vivir.
Defensor y luchador acérrimo de la Seguridad Social de nuestro país, nunca se cansó de decir a todos los que lo escuchaban, que primero se debía conocer bien la problemática social para luego luchar unidos y conscientemente por la construcción de una Costa Rica más justa, más humana y más digna.
Mario Devandas Brenes defendió con ahínco la transparencia y la eficiencia de la función pública. Combatió furiosamente la corrupción, impulsó importantes proyectos de bien social. Fue un excelente negociador sin claudicar en sus principios y luchó con firmeza e ideas muy claras por nuestra amada Caja Costarricense del Seguro Social. Tenía el poder de su palabra, de su carácter, de su convicción moral para enfrentar cualquier obstáculo y caminar hacia la luz.
Entre los proyectos que él apoyó están la construcción del moderno EBAIS de Tirrases de Curridabat, el fortalecimiento de las Juntas de Salud con las cuales siempre se mantuvo en contacto y se reunió en sus lugares de funcionamiento por lejanos que fueran. También apoyó con entusiasmo la reforma al nuevo Reglamento de las Juntas de Salud. Propugnaba un modelo de salud más eficiente con mayor aplicación de la tecnología, por eso, estuvo de acuerdo con el plan piloto de Limón y la creación del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), del que siempre se enorgulleció por ser un instrumento de información de la salud pública único en el mundo. Luchó por un modelo de salud enfocado tanto en la curación de la enfermedad, como en la prevención de la misma. Además apoyó decidida y tenazmente, la Institucionalización de los servicios de salud del Este, en su lucha continua contra la privatización de la Caja. Desafortunadamente, este último logro no lo pudo contemplar por la situación de la pandemia, pero siempre estuvo bien informado de su avance y de su éxito.
Mario Devandas Brenes siempre tuvo conciencia de la trascendencia de sus actos, por eso, en todas sus luchas en defensa de las instituciones más queridas del país como el ICE, por la que se le encarceló injustamente casi tres meses, la no privatización de los servicios de salud y el fortalecimiento del Fondo de Pensiones de la Caja y otros proyectos, sabía que sus posiciones de combate generaban focos contrarios, pero nunca se echó atrás, nunca asumió una posición acomodaticia en beneficio personal. Fue valiente siempre en defender sus ideas con convicción y con entusiasmo que contagiaba a sus compañeros de lucha.
El método propuesto a todas las organizaciones sindicales, juntas de salud, asociaciones y grupos organizados contiene los siguientes pasos:
– Estudiar para conocer bien la problemática social. – Tomar conciencia del problema por resolver. – Buscar soluciones posibles y consensuadas. – Iniciar la lucha a partir de la ejecución de los acuerdos tomados democráticamente. – Por último, lo más importante: estar unidos en la lucha.
Mario nunca claudicó ante las situaciones difíciles. Al contrario, le apasionaba enfrentarlas, para ello, contaba con su gran capacidad intelectual y creatividad para la solución de los problemas.
Como presentía su pronta partida, no soportaba la inercia ni la tardanza en ejecutar las tareas pendientes. A pesar del quebranto de salud, trabajó con pasión y responsabilidad. Durante el último año, lo hizo más intensamente. Cuando se le aconsejaba pausa y descanso, contestaba que trabajando se olvidaba de su enfermedad. Al igual que Martí dijo de Bolívar: “Hay hombres que no se cansan cuando los otros se cansan”. Así era nuestro amado Mario: incansable, imparable, activo, luchador, visionario…
Insistió permanentemente en la aplicación del artículo nueve de la Constitución Política que establece que el gobierno de Costa Rica es democrático, representativo, participativo . alternativo y responsable Esto lo repitió incansablemente a todo grupo organizado para que tomara conciencia de que todos los ciudadanos somos copartícipes y responsables de nuestros gobiernos y de nuestros destinos.
Como diputado, como funcionario público, como dirigente, como directivo de la Caja y como educador fue transparente y responsable, creativo e íntegro. Se pensionó por el Régimen de pensiones de la Caja con lo que renunció a cualquier tipo de privilegios.
Se enorgullecía de los servicios de salud y de los logros de la Caja y abogaba por que fueran iguales para todos los costarricenses tanto de las costas como de los campos y de las ciudades. Por eso, apoyó la construcción de hospitales como el de Puntarenas y el de Cartago, entre otros; combatió con ahínco el desfinanciamiento de la Caja y luchó con tenacidad por el pago de la deuda del gobierno a esta Institución emblemática; además, proponía la inversión de los recursos del estado en obra pública.
Sin duda alguna, la partida de Mario nos deja un gran vacío en nuestros corazones, como educador, tenía la costumbre de dejar tareas, nos dejó muchas que debemos cumplir todos los que compartíamos sus ideales y sus sueños.
Para nuestra familia es una pérdida inmensa. Siempre fue un faro de humor, de conocimiento, de entusiasmo, de diálogo ameno en nuestros numerosos encuentros. El seno del hogar fue el crisol donde se fraguó desde muy niño, su conciencia de cristal, allí se alimentó de principios y valores que lo impulsaron a luchar. Más adelante, cuando entró a laborar en la administración pública, fue donde se consolidó como un combatiente por el decoro nacional y la justicia social. Siempre lo apoyamos porque creímos en él, porque lo conocíamos, porque fue nuestro líder cercano e indiscutible, del que siempre nos sentiremos muy orgullosos.
Quiero resaltar en forma especial la presencia de una persona indispensable en la vida de nuestro hermano Mario. Su esposa María Eugenia Aguilar, Maruja. Más de 50 años compartió la vida con él. Sabía sortear las explosiones de entusiasmo que como un volcán, emanaba Mario de vez en cuando, para después compartir con él, en el sosiego de su hogar, una película, una pieza musical, una lectura o una anécdota simpática de las que siempre tenía Mario a flor de labios.
Tuvieron tres preciosas hijas: Vinyelita, la mayor, de grata memoria, Catalina y Aleida, tres mujeres excepcionales de quienes siempre estuvo muy orgulloso y satisfecho. Las dos últimas, como ramas del Árbol de la vida les dieron cinco nietas: Zoe y Mila; Lara, Aitana y Julia, un manojo de bellezas, quienes hasta el final llenaron de canciones y caricias a su amado abuelo como regalo en la noche de Navidad, en su ocaso de Quijote, de volcán, de patriota, de líder de la clase trabajadora…
A todas estas maravillosas mujeres nuestro cariño de siempre.
Agradecemos a las organizaciones que han estado con él en las luchas por el bien común de nuestro país. Al Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social, nuestro agradecimiento por el homenaje en el que nominaron su casa sindical con el nombre de Mario Devandas Brenes, homenaje que llenó de regocijo y orgullo a Mario en sus últimos días.
A todas las personas e instituciones les manifestamos nuestro agradecimiento por su solidaridad, cariño y apoyo a Mario desde el inicio de su enfermedad hasta su partida.
A la Conferencia Episcopal, al Padre Luis Alejandro Rojas A. y al Arzobispo José Rafael Quirós Quirós, muchas gracias por compartir luchas importantes de bien común con nuestro amado hermano.
Hemos recibido abundantes mensajes de cariño, de reconocimiento y de ánimo para Mario. Anteayer, cuando nos pidió a sus hermanos que fuéramos a verlo, le preguntamos qué respondíamos a los que le habían enviado esos bellos y sentidos mensajes. Él nos contestó: “Dígales a todos, que les agradezco mucho” …
¡Muchas gracias!
¡Un aplauso bien fuerte para nuestro hermano y nuestro líder Mario Devandas Brenes!
SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología:
Limón, 16 de diciembre de 2020 AEL-099-2020
Señora y señores Lic. Néstor Mattis Williams Alcalde Municipal Lic. Jorge Madrigal G. Director Regional Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) Dr. Alexander Salas López Director Región Huetar Atlántica Dra. Guiselle Lucas Bolívar Directora Área Rectora de Salud de Limón S. D. Ref: Aguas negras desde el Balneario Los Baños hasta Moin
Estimado señor Alcalde y señora y señores Directores:
La Sala Constitucional ha sido del criterio de que, tanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como a las Municipalidades y al Ministerio de Salud les corresponde, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, velar por la debida recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. Así, en el caso específico del ICAA, su propia Ley Constitutiva No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas, dispone lo siguiente:
“Artículo 1.-Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.”
Por lo que a dicha institución le corresponde, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de ese mismo cuerpo normativo (…) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (…)”. En lo referente a las Municipalidades, debe indicarse que el artículo 169 de la Constitución Política le otorga a éstas la competencia para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad, como derivación de su deber de administrar los intereses y servicios locales en cada cantón. En razón de lo anterior, corresponde a cada municipio establecer una política integral de planteamiento urbano, que garantice un desarrollo en congruencia con el funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. De igual forma, la Ley General de Salud -Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973-, dispone, en su artículo 2°, que le corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. De igual forma, el artículo 341 de la referida ley establece, dentro de las atribuciones del Ministerio de Salud, la de ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esa normativa para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que estos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. En cuanto al tema específico, la Ley General de Salud, en su Libro 1, Título 3, Capítulo 3, “De las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas”, dispone -en lo conducente-, lo siguiente:
“Artículo 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales,deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.” (El destacado no es del original).
“Artículo 287.- Toda persona, natural o jurídica, propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.” “Artículo 288.- Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.” Asimismo, de dicha normativa se colige la obligación de las autoridades del Ministerio de Salud de velar por la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones de esa ley y de su reglamentación, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que leyes especiales otorguen e impongan a otros órganos o entes públicos dentro de sus respectivos campos de acción (artículo 337). Se corrobora, así, las distintas funciones y obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Ministerio de Salud y a las municipalidades, en materia de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. Funciones y obligaciones que, además -y como ya se adelantó en los párrafos anteriores -, se deben ejercer de forma coordinada, para asegurar así la eficacia y eficiencia administrativas.”
Con fundamento en la normativa transcrita, muy respetuosamente les solicitamos coordinar lo pertinente a fin de dar una solución adecuada al problema de las aguas negras del cantón central de Limón, situación que constituye una amenaza a la salud pública en general y de manera especial a los niños que se ven expuestos a contagios y enfermedades.
Por lo anterior, le agradeceremos suministrarnos una respuesta sobre las acciones de coordinación que ustedes deben instrumentar y que mediante esta respetuosa nota les requerimos con la procedencia, pertinencia y oportunidad que señala el Artículo 27 Constitucional, para lo cual oiremos notificaciones al correo electrónico machore@gmail.com
A la espera de sus noticias nos suscribimos de ustedes, con toda consideración y estima, Marco Vinicio Levy Virgo.
La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.
Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.
Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.
La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.
Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.
La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.
Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.
¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?
Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.
Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando inéditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.
[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD).
La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.
Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.
Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.
La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.
Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.
La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.
Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.
¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?
Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.
Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando ineditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.
[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)
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