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Etiqueta: salud pública

La respuesta de África a la pandemia exige reivindicar la soberanía económica y monetaria. Carta abierta*

Mientras África ha sorteado lo peor de los efectos en la salud pública de la pandemia del COVID19, el subsiguiente cierre económico ha puesto al descubierto las deficiencias y vulnerabilidades estructurales económicas de África. Como continente rico en recursos, África tiene la capacidad de proveer de una calidad de vida decente a todos sus habitantes. África es capaz de ofrecer servicios públicos universales como sanidad y educación, garantizar un empleo para la gente que quiera trabajar y asegurar un sistema complementario de garantía de rentas decente para aquellos que no puedan trabajar. Sin embargo, décadas de injerencias socioeconómicas coloniales y postcoloniales exacerbadas por la liberalización de mercados, han forzado a los países africanos a un círculo vicioso de deficiencias estructurales, entre las que se incluyen:

Carencia de soberanía alimentaria
Carencia de soberanía energética
Industrias extractivas y de bajo valor añadido

Esta trinidad perversa produce una dolorosa presión a la baja en los tipos de cambio africanos, lo cual se traduce en precios más altos para la importación de bienes básicos vitales como son alimentos, combustibles y productos médicos que salvan vidas. Para proteger a la gente de este tipo de inflación importada, los gobiernos africanos toman préstamos en moneda extranjera para así artificialmente mantener fuertes sus monedas en relación con el dólar estadounidense y al euro. Esta artificiosa solución paliativa, fuerza a las economías africanas a un frenético modo de actividad económica enfocada exclusivamente a la obtención de ingresos en dólares y euros para poder servir su deuda externa. Como resultado de ello, las economías africanas han sido atrapadas en un modelo de austeridad, a menudo reforzado vía las condicionalidades de los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la presión constante por otros acreedores para proteger sus intereses políticos y económicos que cercenan todavía más la soberanía política, económica y monetaria de los países africanos.

Las condicionalidades del FMI y los acreedores internacionales se centran normalmente en cinco estrategias políticas infructuosas y problemáticas:

 Crecimiento orientado a la exportación
 Liberalización de la inversión extranjera directa (IED)
 Promoción desmesurada del turismo
 Privatización de las empresas estatales
 Liberalización de los mercados financieros

Cada una de estas estrategias es una trampa disfrazada de solución económica. El crecimiento orientado a la exportación incrementa las importaciones de energía, bienes de capital y componentes industriales de alto valor añadido, y la apropiación de tierras y recursos, que solo incrementan las exportaciones de producción de bajo valor añadido. Y por supuesto, no todos los países en vías de desarrollo pueden seguir ese modelo simultáneamente. Si algunos países quieren conseguir superávits comerciales, tienen que haber otros que tengan déficits comerciales. La estrategia de crecimiento vía inversión extranjera directa, también incrementa las importaciones de energía, y fuerza a los países africanos a seguir una carrera sin fin hacia el abismo para atraer inversores mediante la reducción de impuestos, el suministro de subsidios, y una débil protección laboral y medioambiental. También, les conducen hacia la volatilidad financiera y hacia una significativa transferencia neta de recursos hacia los países ricos, algunas de ellas tomando la forma de flujos financieros ilícitos. El turismo incrementa tanto las importaciones de energía como de alimentos, sumados al sustancial coste medioambiental de esa industria en términos de huella de carbono y uso de agua. La mayoría de las empresas de propiedad estatal han sido privatizadas desde 1990 (por ejemplo, las de telecomunicaciones, compañías eléctricas, aerolíneas, aeropuertos, etc.) Cualquier privatización adicional destruirá la pequeña red de seguridad social que aún permanece bajo control público. La liberalización de los mercados financieros requiere normalmente desregular las finanzas, reducir los impuestos sobre los beneficios, eliminar controles de capital, y artificialmente subir los tipos de interés y tipos de cambio- todos los cuales garantizan un medio atractivo para los especuladores de todo el mundo.

Esto se añadirá a una fiebre del “dinero fácil” para “comprar barato y vender caro”, para luego huir dejando detrás una economía deprimida. Finalmente, todos los acuerdos de libre comercio e inversiones apuntan a acelerar y profundizar esas cinco estrategias, lo que empuja a las economías africanas a hundirse más profundo en ese lodazal. Este fallido modelo de desarrollo económico exacerba aún más la fuga de cerebros de África, la cual, en algunos casos, toma la forma de carreteras y barcos de la muerte para los emigrantes por causas económicas, sanitarias y climáticas. Estas cinco soluciones políticas paliativas tienden a ser atractivas porque proporcionan un alivio temporal en la forma de creación de puestos de trabajo y dan la ilusión de modernización e industrialización. Sin embargo, en realidad, esos puestos de trabajo son cada vez más precarios y siempre están sometidos al riesgo de choques externos de la cadena de suministro global, de la demanda global y de los precios globales de las materias primas. Dicho de otra manera, el destino económico de África continúa dirigido desde el exterior.

La pandemia del COVID-19 ha expuesto las raíces de los problemas económicos de África. Por consiguiente, la recuperación post-pandemia no será sostenible a menos que solucione las deficiencias estructurales preexistentes. Para ese fin, dadas la inminente crisis climática y la necesidad de adaptación socio-ecológica, la política económica debe basarse en principios y propuestas alternativas.

Hacemos un llamamiento a todos los estados de África para desarrollar un plan estratégico enfocado en la reivindicación de su soberanía monetaria y económica, las cuales deben incluir la soberanía alimentaria, la soberanía energética (renovable), y una política industrial centrada en un mayor contenido de valor añadido en la producción fabril. África debe poner fin al enfoque de desarrollo económico de carrera hacia el abismo en nombre de la competición y la eficiencia. Las alianzas regionales de comercio dentro del continente deben basarse en la inversión coordinada apuntando a formar enlaces industriales horizontales en áreas estratégicas como la salud pública, el transporte, las telecomunicaciones, la investigación, el desarrollo y la educación.

También, hacemos un llamamiento a los socios comerciales de África para que reconozcan el fracaso del modelo económico extractivo y que se sumen a un nuevo modelo de cooperación que incluya transferencias de tecnología, una verdadera asociación de desarrollo e investigación, y estructuras de insolvencia soberana – incluida una cancelación de la deuda soberana- que protejan el empleo y la producción.

Los estados africanos deben desarrollar un proyecto claro e independiente a largo plazo para fortalecer su resistencia ante los choques externos. La soberanía económica y monetaria, no requieren de aislamiento, pero si requieren un compromiso con las prioridades sociales, ecológicas y económicas, lo cual significa movilizar los recursos domésticos y regionales para mejorar la calidad de la vida en el continente. Esto significa ser más selectivo en cuanto a la inversión extranjera directa, la orientación a la exportación y las industrias extractivas. Esto implica también priorizar el eco-turismo, la herencia cultural y las industrias nativas.

Movilizar los recursos de África empieza con el compromiso por políticas de pleno empleo (un programa de Trabajo Garantizado), con las infraestructuras de salud pública, con la educación pública, con una agricultura sostenible, con las energías renovables, con la administración sustentable de los recursos naturales, y con una inflexible dedicación a empoderar a las mujeres y a la juventud mediante una democracia participante, transparente y fiscalizable. Es momento en África para seguir adelante y aspirar a un futuro mejor en el cual todas sus gentes puedan progresar y realizar su completo potencial. Este futuro está al alcance, y comienza con África reclamando su soberanía económica y monetaria.

* Firman [1]:

Fadhel Kaboub, Denison University, Ohio, USA
Ndongo Samba Sylla, RLS West Africa, Dakar, Senegal
Kai Koddenbrock, Goethe University, Frankfurt, Germany
Ines Mahmoud, RLS North Africa, Tunis, Tunisia
Maha Ben Gadha, RLS North Africa, Tunis, Tunisia

Fuente: https://mes-africa.org/

Imagen ilustrativa tomada de: https://www.embajadaabierta.org/

Información compartida con SURCOS por Mauricio Gutiérrez Arguedas.

¿Del Consenso de Washington al del Coronavirus?

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una invención de artistas, una superstición de empresarios, (…). Sí, ha existido en carne y hueso, aun cuando se le dio todas las apariencias de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra.
El fantasma de la Opera – Gastón Leroux

Hemos visto en los últimos meses entre una conferencia de prensa y la siguiente, una exposición destellante de simpatías o descontentos de diversos actores políticos, sociales o económicos a la anuencia por los préstamos internacionales. Ante esto sólo podríamos encontrarles algún sentido si los abordamos desde la pregunta ¿Hacia a donde apunta la política post-covid19?

Tal vez pocos recuerden la década de 1980, cuando a través del accionar de dos potencias mundiales Estados Unidos e Inglaterra, lograron posicionar un pensamiento y práctica de la gestión política, que al paso del tiempo se le llamó Neoliberalismo, su acta fundante (no oficial) fueron unas recomendaciones de John Williamson, que se conocieron como el Consenso de Washington.

Este consenso, a su modo y estilo sintetizó el pensamiento económico y político de una generación de profesionales de la política; los tecnócratas. Estos delinearon algunas de las posturas que hoy en nuestros países son casi “dogmas”: Disciplina fiscal, disminución del gasto público, reforma tributaria, liberalización, desregulación, privatización y derechos de propiedad, en cualquier espacio de política pública, estas palabras prácticamente son incuestionables.

¿Por qué recordar esto? Hoy, estas “recomendaciones” son denunciadas por su ineficacia o daño social, por ejemplo la privatización de los servicios de salud que han generado una agudización de la crisis sanitaria, la privatización de la educación ha marcado una brecha socioeconómica que aún no logramos vislumbrar su profundidad o paradojas tales como defender la disciplina fiscal que invoca los recortes, ante una crisis sanitaria donde se requiere un enfoque comprometido con garantizar la atención de las personas desde la salud pública.

Asistimos a un momento crucial en la construcción del sentido del pensar-hacer política para nuestras sociedades, aun cuando observamos resquebrajarse las apuestas neoliberales ante su inoperancia y por la denuncia que desde sus luchas diversos sujetos individuales y colectivos han dejado la evidencia de este fracaso. Hoy se reconfigura un sentido común desde los sectores dominantes, que procuran disputar la legitimidad de esta política.

Si hace 31 años el Consenso de Washington consolidó un tipo de política neoliberal, hoy el Consenso del Coronavirus viene a relanzar esa apuesta por una política aséptica de personas, el traslape intencionado de las medidas sanitarias a su aplicación como gestión del conflicto político es una de sus primeras manifestaciones.

Asistimos a gobiernos que virtualizan y banalizan la participación política reduciéndola a páginas web y formularios, es decir una enajenación de la voz de los sujetos, y el triunfo de esta tecnificación son elementos de cuño de este nuevo consenso.

Este enfoque apuesta por el alejamiento y atomización de las personas en los procesos de toma de decisión. El control de los aportes y la validación de los mismos se despersonaliza, se vuelven matrices de información, que pierden sus elementos de problematización, y quedan como eso que son; meros registros.

Es bajo este escenario, donde surge el interés “filantrópico” de las instituciones financieras por apoyar a nuestro país ante la pandemia, un disfraz más para aprovechar los vacíos de poder que ha generado la actual pandemia ante la incapacidad de movilización y protesta. Un escenario ideal para profundizar la política neoliberal, que tiene en nuestro país como hoja de ruta a la reforma fiscal del 2018 (impuestos, empleo público y regla fiscal).

Con el pretexto del préstamo del Fondo Monetario Internacional, asistiremos a una nueva ingeniera sobre el Estado Costarricense, el replanteamiento de la política social, incluida la educación (educación técnica como único horizonte), la salud (privatización) o la precarización del empleo público con el fin de “optimizar” el gasto, por otro lado la desregulación ambiental para la explotación de los bienes naturales o la venta de activos del Estado son parte de la agenda para promover ingresos “frescos”, estas ideas son parte de lo que se estará disputando en los próximos años.

Bajo el discurso de la inminencia de la crisis y la “inevitabilidad” del sacrificio “necesario” que todos y todas debemos asumir, procuran comprometer la institucionalidad democrática, pero en el fondo lo que más llama la atención es el aplazamiento de la responsabilidad de los sectores ricos por pagar sobre sus ganancias, es decir la legitimación de la evasión y elusión serán la columna vertebral del Consenso del Coronavirus.

Pandemia y neoliberalismo: la factura ha llegado

El Covid-19 puso de relieve la importancia de contar con sólidos sistemas de salud pública en tiempos de crisis sanitaria. Sin embargo, las políticas de América Latina destinadas a este sector han evolucionado en sentido contrario.

Este vídeo, producido por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en asociación con Le Monde Diplomatique Brasil, y apoyado por la Fundación Friedrich Ebert (FES), presenta los discursos e intereses que han apoyado el agotamiento de la financiación de la salud en la región durante las últimas décadas y cómo las políticas neoliberales, especialmente las medidas de austeridad fiscal, perjudican la lucha contra la pandemia.

La Participación Social en Salud como Alternativa de Política Pública a la Crisis Sanitaria de la COVID-19

Este viernes 7 de agosto a las 8:30 a.m. se llevará a cabo el conversatorio virtual: “La Participación Social en Salud como Alternativa de Política Pública a la Crisis Sanitaria de la COVID-19”. Se contará con los aportes de: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Dr. Emilio Messina, Dra. Ileana Benítez Jiménez y el Dr. Joel Arboleda.

Transmisión virtual vía Adobe Connect.

Inscripciones: https://forms.gle/TJ1mN5SaJMGGG2Jx5

Importancia de la participación de la sociedad civil en incidencia ambiental

Kyara Cascante Suarez

A nivel mundial nos encontramos viviendo una crisis sanitaria que nos obliga a mirar las desigualdades entre las diferentes condiciones de cada individuo, de la misma forma el activismo climático y ambiental, en si la participación de la sociedad civil en estos tiempos se ha convertido en un verdadero reto, el paso de estas acciones al mundo digital, sin embargo, el hecho de que actualmente sean digitales no quiere decir que no sean relevantes para la generación de cambios e impactos positivos en estos procesos y en nuestro diario vivir.

América Latina es una región vulnerable en materia de defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales y se encuentra encabezando el ranking mundial, en donde lamentablemente la gran mayoría de los y las defensoras ambientales asesinado (as) son personas de pueblos originarios a las cuales se les ha invadido y/o perjudicado su territorio.

Por lo que actualmente es de suma importancia la participación de la sociedad civil al incidir en la toma de decisiones ambientales ya que estas son de competencia para toda la población en general, todos (as) nosotros (as) debemos de estar informados e interesados en estos temas a pesar de que nuestros intereses personales no cuenten con este enfoque, y esto debido a que es un tema de competencia global e involucra la salud pública debido a las afecciones que puede tener el medio ambiente.

Cuando hablamos de incidencia se tiende a pensar que es una acción a la cual únicamente tienen acceso las personas pertenecientes al gobierno, sin embargo, realmente es una acción a la cual cada ciudadano tiene derecho a realizar individual y/o colectivamente desde las organizaciones, redes y asociaciones e incluso desde cualquier área de trabajo.

Con frecuencia las personas que estamos trabajando en el impulso de iniciativas, proyectos e información ambiental nos preguntamos si nuestro mensaje realmente está logrando realizar una conciencia en las personas, y tenemos la esperanza de que este llegue y cumpla su objetivo de transformar corazones más humanos y conectados con la naturaleza.

Incidir se transforma en muchas cosas más allá de firmar una petición, se encuentra en tener y tomar la iniciativa, moverse internamente por lo que creemos y/o por las problemáticas existentes, realizar alianzas, trabajar en equipo intergeneracional e interdisciplinariamente, convertirlo en un tema familiar, y comprometerse con mejorar cada día para aportarle un poquito al mundo desde nuestro metro cuadrado.

Informarnos y tomar acción sobre el presente y nuestro futuro es clave para mejorar y preservar nuestro entorno, por lo que te invito a tomar acción y consciencia sobre el impacto ambiental y cómo contrarrestarlo tomando acción día con día.

 

*Imagen ilustrativa tomada de Burica Press – WordPress.com

Frente Nacional por la Seguridad Social llama a participar de marcha vehicular

FRENASS – Comunicado

De la crisis que genera la pandemia por el COVID 19, solo saldremos juntos y juntas como sociedad. No podemos dejar a nadie atrás. En este contexto de crisis pandémica, queda claro que la salud pública y, principalmente, la Caja Costarricense de Seguro Social siempre ha estado en la primera línea de contención de la enfermedad. Por eso, exigimos al gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada honrar la deuda que el Estado Costarricense tiene con la seguridad social. Demandamos del presidente una sana solución financiera para la Caja, a corto, mediano y largo plazo, dado que sus ingresos se han visto disminuidos con la rebaja -promovida por su Gobierno-de la base mínima contributiva desde el mes de marzo a la fecha, con un promedio de 180.000.000 (ciento ochenta mil millones de colones por mes), lo que podría alcanzar al cierre del 2020, más de un billón de colones. Lo que impedirá a la Caja hacerle frente en forma eficaz a la atención por la demanda del servicio de salud y a la emergencia por la pandemia.

La Caja es patrimonio del pueblo de Costa Rica, por eso, solicitamos vehementemente a la Junta Directiva de la Caja, promover una DISCUSIÓN NACIONAL amplia y participativa acerca del futuro de nuestra C.C.S.S., más allá de una atención coyuntural de la pandemia. Exigimos al gobierno de Alvarado y a la Asamblea Legislativa aprobar los recursos necesarios para garantizar a las familias desempleadas, víctimas de contratos laborales suspendidos, o jornada laborales disminuidas, el sustento diario a través del Bono Proteger y destinar para ello, parte de las reservas en dólares del Banco Central y establecer una política de impuestos progresivos sobre la renta y sobre la riqueza que contribuya a reducir la desigualdad social de nuestro país que se ha hecho evidente con la pandemia. Rechazamos la propuesta de tercerizarlos servicios de salud que brinda la Caja promovida por la UCCAEP y el sector empresarial, porque corresponde a una estrategia neoliberal que busca privatizar la Caja poco a poco.

NO ES CIERTO que los servicios que brindan las empresas privadas o terceros resulten más baratos para la Caja y para quienes contribuimos solidariamente con su sostenimiento. Denunciamos ante la ciudadanía la campaña generalizada contra el sector laboral público, al que se le ha querido responsabilizar por los desequilibrios económicos de la mala administración del gobierno y de las políticas económicas abusivas aprobadas por la Asamblea Legislativa. Exigimos a los que más tienen y más riquezas han acumulado pagar la cuota de responsabilidad que les corresponde para sobrellevar la crisis actual y mantener el estado social de derecho costarricense.

POR ESO, INVITAMOS TODAS Y TODOS, DENTRO Y CON NUESTRAS BURBUJAS SOCIALES, IR EN CARAVANA DEL PARQUE DE LA MERCED A LA CASA PRESIDENCIAL, MAÑANA JUEVES 23 DE JULIO. 9:00 A.M.

HOY MÁS QUE NUNCA, LA CAJA NECESITA QUE LA DEFENDAMOS.

¡LA CAJA NO SE VENDE, LA CAJA SE DEFIENDE!

Un virus y una pandemia

Claudio Monge P.

Un virus recorre el mundo… de Fábrica o natural, algún día quienes estén vivos para entonces, lo sabrán. Los Gobernantes del Mundo se han pervertido a tal grado que, hoy dudamos de su honestidad con justificada duda. Quienes son cómplices o espectadores complacientes de la destrucción de nuestro Planeta, y de las «LIMPIAS» étnicas y ETÁREAS, por consiguiente, son secuaces de esa poderosa MAFIA PLANETARIA. Lo cierto es que este COVID/19 sí mata, y su letalidad se ensaña con la población de Salud vulnerable; muchos de los cuales sobrepasan las expectativas de vida gracias a la SEGURIDAD SOCIAL ESTRUCTURAL y al acceso a la Salud Pública solidaria y de calidad.

Es probable que la vacuna ya esté coronando como el huevo más esperado por la Humanidad, y que como siempre, aquellos mismos que entronizan el pánico en el corazón de los pueblos harán clavos de oro con su comercialización para sus insaciables arcas. Ellos estornudan y los pueblos nos contaminamos. Su Dios es la acumulación fácil de todas las riquezas naturales del Planeta y de la explotación de la Humanidad.

Cuando sus peleas superiores por los mercados y las riquezas los desplazan, son capaces de TODO para sacudir al mundo entero y reorganizarlo a su favor. Algo así como apaguen la luz y vamos de nuevo.

En conclusión, para no alargar esto: el capitalismo neoliberal es la PANDEMIA MISMA. Harán sus comandantes lo que sea para masacrar a la CLASE TRABAJADORA robándole sus derechos. Rebajarán jornadas laborales, se robarán hasta un 75% de sus salarios, atacarán a las UNIVERSIDADES PÚBLICAS, destruirán los Seguros Sociales, debilitarán la Educación Pública, serán los vendedores de los Bienes del Estado y al mismo tiempo sus compradores, masacrarán a las Organizaciones de los Trabajadores y sembrarán odio y división en el SOBERANO atizando dogmatismos y fanatismos religiosos.

Y para derrotar a esta PANDEMIA debemos cuidarnos del VIRUS, y en su momento retomar las calles y todas las formas costarricenses de lucha para no perder la HERENCIA HISTÓRICA que nos ha costado la vida de INSIGNES PRÓCERES y de cientos de PATRIOTAS.

¡La pobreza es el peor de los VIRUS, y el CAPITALISMO SALVAJE Y DESPIADADO ES LA PEOR PANDEMIA!

Emergencia letal en Bagaces

Comunicado:

La Asociación Confraternidad Guanacasteca ha denunciado en reiteradas ocasiones el peligro que está afectando la salud pública por agua contaminada en Bagaces. Esta comunidad fue declarada en 2012 en estado de EMERGENCIA por la presencia de ARSÉNICO en el agua potable, y que aún no fue debidamente atendida por la señora Yamileth Astorga de AyA.

El problema del agua con arsénico en Bagaces es GRAVE y está afectando la salud de los habitantes, desde hace muchos años.

Es por ello que la Asociación Confraternidad Guanacasteca ha enviado en varias ocasiones cartas dirigidas al presidente de la República y a la Primera Dama, así como también a los diputados/as y al ministro de Salud, con la cual afirman que la intención, no es desviar la atención del COVID 19, pero si volver a poner en su lugar la DECLARATORIA DE EMERGENCIA por la contaminación con ARSÉNICO EN EL AGUA de varias comunidades del país.

Anteriormente, la Asociación presentó el caso a SALA CONSTITUCIONAL que en SENTENCIA Nº 2013-007598 de las catorce horas treinta minutos del cinco de junio de dos mil trece, ordenó “adoptar todas las medidas necesarias para que las poblaciones afectadas reciban agua potable con la cantidad y periodicidad suficiente, así como con la calidad requerida… y los recurridos deberán adoptar las medidas correspondientes para solucionar tal problema”.

Hoy, 7 años después, a pesar de múltiples gestiones y denuncias que interpusieron, el AyA y su jerarca Yamileth Astorga, no ha solucionado el problema.

Compartimos las cartas antes mencionadas.

Del saber del poder al poder del saber en las metáforas populares

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Los propietarios del capital como plañideros lamentan las dificultades de las restricciones impuestas al funcionamiento de sus negocios ante el riesgo de la salud pública, pero sus letanías trascienden el malestar economicista, para manifestar su influencia e intransigencia política contra el Gobierno y particularmente contra las decisiones de las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Los empresarios no sólo influyen en la liberación de las limitaciones de apertura mercantil, sino que exigen que les sea consultada toda decisión que atienda preferentemente la salud pública y no sus negocios, e incluso se atreven querer destituir a las actuales autoridades sanitarias para proponer a otros que sean complacientes con sus intereses, aun cuando se atente contra la salud pública y la vida de las personas. Estas prácticas en la sabiduría popular son metafóricamente calificadas como “lágrimas de cocodrilos”.

La actitud de empresarios y sus Cámaras de propietarios revela que su sensibilidad no es ofrecer trabajo digno a los despedidos ni ofrecer los mejores precios y atenciones a las necesidades ciudadanas, por el contrario, la menor cabida laboral está obligando a que los trabajadores contratados, prolonguen sus jornadas laborales e intensifiquen su trabajo. La motivación para la apertura de los negocios sin restricciones es el restablecer las ganancias, utilidades o excedentes, sin importar las consecuencias en la salud pública de sus decisiones privadas. Dicho breve y popularmente, lo que expresan los propietarios “no es el amor al chancho sino a los chicharrones”.

El poder económico y la “teoría” económica que los ampara ideológicamente, al parecer comparten un pensamiento que se valida a sí mismo, que no requiere renovarse ni actualizarse, porque el poder no lo requiere e incluso puede despreciarlo por tener la capacidad para generar leyes, resoluciones, decretos en su favor, así como imponer condiciones a trabajadores con relativa capacidad organizativa y movilizadora, en un contexto de desocupación, reducción salarial, inseguridad laboral y miedo. El saber del poder, no necesita de la argumentación razonada, lúcida ni contextualizada, como tampoco requiere responder a las críticas, negociar, escuchar y menos aún ser solidarios, porque como dicen los nuestros, “perros que ladran no muerden”.

La prepotencia, unilateralidad y cinismo de los propietarios del capital que, sin compromiso ético ni social, se presentan como las exclusivas víctimas de la crisis sanitaria y los únicos capaces de superar la condición pandémica, cuando son parte de la creación de estructuras de la exclusión y la explotación, sin embargo, amenazan a trabajadores y sus críticos, además de exigir y lograr concesiones financieras, se les otorga millones de dólares en “préstamos” no reembolsables (regalados) y presionan por dictaminar las políticas sanitarias, laborales y sociales del país. Los propietarios del capital, no solo inciden sobre el Estado, quieren ser Estado. Así, parafraseando a Juan Luis de Alarcón y Martínez de 1630, se puede decir que “los muertos gozan de buena salud”.

En el presente crítico, sanitario, económico, político, también se sufre una crisis de la inteligencia. Las teorías o explicaciones de las realidades se han convertido en dogmas, lo nuevo y peculiar pretende ser comprendido con lo viejo y estandarizado, el conocimiento y las iniciativas creadoras son sustituidas por técnicas ajenas a las realidades y sus peculiaridades, las ciencias sociales imitan a las profesiones técnicas, las incertidumbres son sustituidas con infundadas fantasías, ilusiones u otros miedos. Asimismo, los legisladores y gobernantes creen que las sociedades cambian con leyes y decretos, que la democracia es el resultado cuantitativo de las componendas con los ricos y los usureros del sistema financiero. La riqueza privada es ofensiva, inmoral y pone riesgo extinción de la vida y del planeta, e incluso los ignorantes de la historia, de aquellos que detentan el poder económico, estatal y judicial, es tal, que imaginan a los pobres, a los que sufren hambre, los desempleados y los explotados, que son cosas que pueden controlar y supeditar eternamente. No obstante, como ha ocurrido en otros momentos “a todo marrano le llega su noche buena”.

No cabe duda que vivimos una regresión cognoscitiva que se alimenta con las formas mediáticas y de una educación fragmentada, repetitiva, absoluta, descontextualizada de los conocimientos y las realidades. Ello, por supuesto, no hace seres libres sino esclavos del poder, dado que nos necesitan ignorantes, sumisos y temerosos de la violencia. Sin embargo, la dominación omnipotente es una falsa ilusión, porque “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

El 65% de los alimentos frescos consumidos en Costa Rica contiene residuos de agroquímicos

  • Un 19,5% de los vegetales frescos producidos en el país tienen niveles de contaminación de residuos de plaguicidas por encima de lo permitido.
  • Poder Ejecutivo sin iniciativa para remediar la situación.

(11/06/2020) Un informe publicado el 10 de junio, la Unidad de Control de Residuos del Departamento de Plaguicidas del Sistema Fitosanitario del Estado, reporta solamente un 35% de los alimentos analizados está libre de residuos de plaguicidas, mientras que el 65% contienen restos de algún agroquímico.

Además el informe reveló que el 19,5% tiene restos de plaguicidas por encima de la normativa establecida a nivel nacional en el Reglamento Técnico de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Vegetales y el uso de plaguicidas prohibidos (Decreto No 35301-MAG-MEIC-S).

En este informe se analizaron 5.186 muestras de vegetales, frutas y verduras durante el año 2019. De estas 3.482 muestras eran productos con intención de importación (muestras tomadas en aduanas) y 1.704 vegetales producidos en Costa Rica.

Una situación grave es la presencia de moléculas prohibidas en el país encontradas en los vegetales frescos. Por ejemplo el Carbofurán y el Ometoato prohibidos según el Decreto Ejecutivo N° 38713-MAG-S-MINAE-MTSS. El Carbofurán es un insecticida altamente tóxico que genera lesiones en órganos genitales (testículos y útero).

Otro hallazgo preocupante es la presencia de Fipronil, Clopirifos Metamidofós (nombre comercial Tamarón y prohibido en el país) y Cipermetrina en el chile dulce, lo que lo hace junto al culantro y el apio como los vegetales frescos con mayor contenido de residuos.

Algunos de estos agroquímicos han sido cuestionados a nivel global por causar daños en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Es el caso del Clorpirifos, que se ha reportado que tiene efectos en la capacidad de aprendizaje de las personas menores de edad y se encuentra prohibido en varios países del mundo por este motivo.

Además cada vez se reportan más daños causados por el Fipronil, el agroquímico responsable de la intoxicación de 2 millones de abejas en Esparza hace pocas semanas.

Costa Rica importó en 2018 la cifra récord de 18,6 millones de toneladas de ingredientes activos de agroquímicos. Una parte se reexporta hacía Centroamérica, pero la gran mayoría se comercializa en Costa Rica, haciéndonos ganar la fama de país que consume más agrotóxicos por hectárea cultivada.

Las personas agricultoras enfrentan una profunda crisis económica, una de los principales flagelos ha sido en endeudamiento para la compra de insumos agropecuarios. Los cuales según el Ministerio de Economía Industria y Comercio enfrenta serias distorsiones y sobreprecios en la venta minorista de agroquímicos. El MEIC reporta que muchos de estos plaguicidas tienen sobreprecios de hasta un 50% del valor de importación. Es decir, que a los agricultores le cobran precios de usura por los agroquímicos.

Pese a esto no existe iniciativa por parte del Poder Ejecutivo ni para bajar los niveles de contaminación con residuos de plaguicida en la comida, pero tampoco para controlar el distorsionado mercado de los plaguicidas.

Enviado a SURCOS por Henry Picado Cerdas

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista (FECON)