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Etiqueta: seguridad social

Coronavirus, trabajadores y un mundo en disputa

Por Víctor Báez Mosqueira*

En enero del 2009, formé parte de una delegación sindical internacional de la CSI que fue a Washington a entablar una serie de conversaciones con los directores del FMI y del Banco Mundial. Para ellos, la superación de la crisis del 2008 pasaba por volver a las viejas recetas ortodoxas. No se tomaban en cuenta, ni importaban, las otras dos graves crisis en ascensión, la ambiental y la social, derivadas de la extensión de las políticas salvajes de mercado también a esas esferas.

Nuestra posición sostenía que había que mirar a futuro y apuntar a resolver las tres crisis conjuntamente, con políticas integradas y globales.

No solamente no se hizo nada en ese sentido, sino que las políticas propugnadas por las instituciones financieras internacionales siguieron recetando políticas equivocadas al exigir recortes de gastos y la reducción de la protección social hasta que fuera solo un remedio tímido, tímidamente limitado a los sectores extremadamente pobres, dejando de lado a quienes estaban un poco por encima de la línea de pobreza.

En el ámbito político, sobrevino el ascenso de sectores de extrema derecha a los gobiernos de varios países europeos, de Estados Unidos, algunos (neo) golpes de estado en América Latina, como en Honduras, Paraguay, Brasil y, recientemente, Bolivia. Los culpables de la crisis pasaron a ser los sectores populares, los migrantes, trabajadores y trabajadoras que tenían contratos colectivos o querían hacer valer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Si bien, aunque sea en forma simbólica, la creación del G 20 fue una admisión tácita de que era necesaria una conducción más participativa del mundo, porque el divorcio entre el pretendido liderazgo del G 7 y la realidad ya era explícito, del otro lado, las grandes empresas seguían su tarea de minar el multilateralismo, al iniciar una ofensiva dentro de las Naciones Unidas que tiene como colofón, entre otras cosas, la firma de un acuerdo entre la ONU y el Foro Económico Mundial para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que, a nuestro entender, socava aún más los fundamentos del multilateralismo, tan necesario para la gobernanza del mundo.

No se volvió a la “normalidad” previa a la crisis de los subprime de 2008. Mucho menos se resolvieron las crisis preexistentes. Lo que se hizo fue aplicar algunos remiendos que ayudaron a empeorar las cosas. Creció la desigualdad, se continuó depredando la naturaleza (ascenso del número de gobiernos que niegan la propia existencia del calentamiento global) y se multiplicaron los gobiernos (con apetencias autoritarias) enemigos de la inclusión.

Los resultados están a la vista. El coronavirus no viene a caer en el vacío. Llega y se propaga en un mundo dominado por políticas elitistas y excluyentes ya conocidas.

Hace ya varios años se habla de que menos del 10 por ciento de la población retiene la misma cantidad de riqueza que lo que posee el 50 por ciento de la población más pobre del mundo. El 28 de noviembre de 2019, Jeffrey Sachs, uno de los tres principales economistas del planeta en la actualidad, dio cifras estremecedoras en un evento llevado a cabo en la OIT, en Ginebra, sobre financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dijo que el PIB mundial es estimado en 100 billones de dólares, de los cuales 10 billones (10 por ciento del PIB mundial) están en manos de 2.000 personas, los billonarios del planeta.

Por otra parte, un informe de la ONG Global Financial Integrity, de fecha 3 de marzo de 2020, muestra que debido a sobrefacturaciones o subfacturaciones en el comercio internacional, 8,7 billones de dólares (8,7 por ciento del PIB mundial) han dejado de ser recaudados por el fisco de 148 países en vías de desarrollo del mundo, entre 2008 y 2017. ¿Para dónde se han dirigido esos recursos? Probablemente, para los paraísos (guaridas) fiscales. No se toman ahí las otras fugas por otros conceptos. Y pensar que siguen insistiendo en que el sector público es la causa de todos los males del orbe. ¡Caras de piedra!

Son solamente dos ejemplos de muchos que pueden darse, que vienen al caso porque ahora, con el coronavirus, en la medida en que el epicentro se va desplazando hacia las Américas, surgen sectores liderados por Donald Trump, Jair Bolsonaro y otros que insisten en instalar un debate sobre si se prioriza la salud económica o la salud pública. Dicen que no hay que parar la economía, que hay que seguir trabajando y que es lamentable, pero natural, que se pierdan “algunas” vidas. La extrema derecha está llegando más lejos que en la crisis subprime. Entonces exigían que renunciáramos a nuestros derechos, ahora nos demandan que, además de entregar nuestras conquistas, ofrezcamos nuestras vidas en holocausto para defender “su” economía, la economía que les sirve solamente a ellos.

Ahora todo se centra en volver a la normalidad, o sea, al estado de las cosas previo a la aparición y propagación del Covid-19. Hay esfuerzos loables de encontrar una vacuna, de testar a la mayor cantidad de gente, de que los sistemas de salud sean adaptados, en la medida de lo posible y en forma urgente, para hacer frente a la emergencia.

Debemos hacer notar, como lo propone el José Robles, del Instituto Mundo del Trabajo, de Argentina, que todos estos esfuerzos se dirigen a resolver el enorme problema mundial creado por esta pandemia. Y se pregunta: ¿Qué pasaría si dentro de un tiempo corto surgiera otro virus y otra crisis? ¿Soportaran nuestros países? ¿Aguantará el mundo? Claro que no.

Hay algunos cambios de posición que son positivos. No es común ver al FMI recomendando a los gobiernos gastar más en salud y estimular el consumo interno. Un chiste ronda por América Latina, que dice que el miedo a la muerte convierte a muchos neoliberales en keynesianos. Pero discursos llamativos prometiendo cambios después de estallar la crisis de 2008 también fueron pronunciados. Entre ellos, recuerdo el de Sarkozy. No hubo ulterioridades y hoy estamos como estamos.

Por tanto, queda meridianamente claro que la solución no está solamente en superar esta pandemia asesina y volver, a lo largo de los próximos meses, a nuestra pretendida normalidad diaria. O se supera este modelo neoliberal o perecerá gran parte de la vida del planeta, incluyendo miles de millones de seres humanos. O se recupera el rol de los Estados y se coloca a la política y a la vida por encima del antojo de los grandes capitales o no tendremos sostenibilidad.

O se impone una tasa tipo Tobin a las transacciones financieras y se redistribuye el resultado y se establece “un impuesto al bienestar” a esos dos mil billonarios de los que hablamos o no lograremos financiar los ODS.

O exigimos enérgicamente que el embargo a Venezuela, Cuba y otros países sea levantado o veremos una hecatombe por efecto de las políticas activas de unos gobiernos y la complicidad silenciosa e insolidaria de otros.

O los gobiernos imponen robustas bancas públicas de desarrollo para sostener y promover las pequeñas y medianas empresas, los verdaderos generadores de empleo, y acelerar la necesaria transición hacia un modelo de producción centrado en innovaciones sociales y ambientales o seguiremos siendo rehenes del sector usurero de las finanzas.

La atracción de inversión extranjera directa es importante para los países en desarrollo pero apenas es capaz de promover transformaciones cuando articulada con las pequeñas y medianas empresas locales e integrada a una política industrial centrada en la innovación.

O volvemos a insistir en la integración real en los continentes, en este caso en América Latina, y reactivamos UNASUR y CELAC o seguimos nuestra reciente trayectoria de creciente pérdida de relevancia en las decisiones globales sostenida en un adefesio como PROSUR. El periodista Mariano Vázquez sostiene acertadamente que dicho esperpento debería mejor llamarse PRONORTE porque es totalmente funcional a las políticas de Donald Trump.

O establecemos sistemas fiscales que posibiliten la inclusión social o seguiremos expulsando compatriotas hacia el exterior. Seguimos insistiendo en que la solución no es solamente igualdad de derechos de los/as migrantes en los países de destino, sino igualdad de oportunidades en los países de origen. Derecho a no migrar.

O defendemos y reforzamos el multilateralismo, donde los gobiernos de países pequeños y grandes interactúen o permitiremos que el “multistakeholderismo”, liderado por las grandes empresas, dirija el accionar de las Naciones Unidas.

Aquí pueden faltar muchas cosas y puede ser necesario priorizar los puntos, pero lo cierto es que, si queremos un mundo sostenible, no podemos contentarnos con volver a los meses anteriores al Covid 19. Cada uno de los países y la comunidad internacional deben estar preparados para contener cualquier otro virus y cualquier otro tipo de crisis, porque la inestabilidad es la nueva normalidad en el mundo que se viene.

*Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI)

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/205587

Ilustración: https://www.alainet.org/es/articulo/187517

La pandemia de la insolidaridad

Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios      de la amnistía tributaria del 2018. Porque ellos no han sido      solidarios con Costa Rica.

Carta pública al señor Presidente de la República y señoras y señores Diputados. Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La pandemia de la insolidaridad de los ricos, que genera escandalosa desigualdad en el mundo y en nuestro país, es el azote que cobra más vidas que cualquiera otra. La misma se venía incubando desde hace cuatro décadas, y el gobierno actual la ha conducido al pico más alto, lo que significa elevar el porcentaje, ya de por sí endémico, de pobreza, para salvar a las minorías que han venido amasando riquezas a costa del desfalco bancario, la evasión y la elusión del fisco.

Hoy el poder muestra el rostro de la frialdad y dureza que caracteriza a los regímenes autoritarios e inquisitoriales, quienes entre más dolor infligen a sus víctimas más lo celebran. Hay una dosis importante de sadismo gubernamental, al aprovecharse de una situación de emergencia nacional para hundir a una clase media precarizada, utilizando el comodín de “contribución solidaria”, con la idea de salvar a los pobres y desempleados, eximiendo de esa “contribución”, con descaro y desvergüenza, a los sectores más poderosos que hoy tienen al país en la quiebra.

Causa más que indignación la escena dantesca que se sucede cada día: se anuncia el avance de contagiados por el coronavirus y para contener la debacle económica se receta la medicina milagrosa de imponer una “contribución solidaria”, exclusivamente a los asalariados.

Estamos asistiendo a algo más que un golpe de Estado. Se trata de la clausura del Estado Social de Derecho costarricense.  Así, está terminando la historia de uno de los países más solidarios del mundo, que cimentaba su ejemplar régimen de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, en el aporte compartido del Estado, del patrono y del trabajador.  El Estado se ha declarado en quiebra y los grandes empresarios y el sector financiero también, reportando cero ganancias.

Por eso, tenemos una institucionalidad social debilitada y un Estado policía que vela por los intereses del capital y, como si fuera una financiera usurera, garrotea a sus trabajadores tratando de convencer al pueblo que se trata de una invitación a la solidaridad en tiempos críticos. Hace poco cargaron sobre las espaldas del pueblo el déficit fiscal y ahora vuelven a doblegarlo para que pague las consecuencias económicas producidas por el COVID-19. ¿En quién cabe tal desfachatez?

Llegó la hora de pasarle la factura a un Estado indolente e inconstitucional, que se ha hecho de la vista gorda cuando algunos grandes empresarios de este país han vaciado sus arcas estafando a los bancos públicos y la mayoría evadiendo y eludiendo el fisco. Asimismo, demandarle que restituya las cotizaciones que no ha pagado, ni a los regímenes de pensiones ni a la Caja, sino que, al margen de la ley, los ha trasladado a su caja única.

Llegó la hora de decirle al gobierno que deje de jugar con la dignidad de un pueblo trabajador, noble y solidario. Hasta ahora, solo ha mostrado el rostro de uno más de los gobiernos insolidarios, frívolos e injustos de la historia política reciente de este país.

Ilustración: https://vocesprofeticas.blogcindario.com/2014/01/00193-insolidaridad.html

El reto de arrinconar dos males: el virus y el hambre

La Rectoría UCR Informa, 30 de marzo de 2020

Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.

En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.

El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas; mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.

Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.

Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.

La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.

Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.

Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.

Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.

Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.

Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.

Foto: UCR

VIDEO: Defendamos sistema de seguridad social y las instituciones públicas que lo garantizan / Alianza por una Vida Digna

La Alianza por una Vida Digna, como parte de su esfuerzo orientado a “promover una intensa lucha cultural que contribuya con procesos democráticos, participativos y transformadores en el país”, comparte esta producción de tres minutos con la solicitud respetuosa de que, si le parece bien, colabore con una amplia difusión en todas las redes posibles. Si va a ver el video en su teléfono, de ser necesario, colóquelo de forma horizontal.

Prueba de Ácido para Honduras

Por Marlin Óscar Ávila

El juego doble

El Covid-19 se puede usar como pretexto para satisfacer intereses mezquinos de quienes son los responsables, no del virus, pero si del mayor sufrimiento del pueblo hondureño.

Se especula que quienes toman las decisiones gubernamentales, quieren llevar al país a obtener un impacto negativo para que lo distingan globalmente y así lograr las miradas internacionales hasta que se le ofrezca mayores donaciones y ayuda.

Nadie ignora que las ayudas del exterior y, las extraídas de lo que haya quedado internamente, desaparecen por arte de magia.

Se ha denunciado públicamente el desinterés del Ejecutivo en escuchar y aplicar las propuestas del Colegio Médico Hondureño, adonde están afiliados lo poco de ciencia médica existente en este país. Las universidades, hace tiempo no hacen propuestas coherentes y oportunas, con quienes también existe mucho prejuicio del gobierno.

Punto de quiebre

Estamos ahora mismo llegando, en estos días, a un punto de quiebre político social delicado, sin hablar del crecimiento exponencial de casos del Covid-19.

Esta crisis socio política tiene visos de llegar a ser sin precedente. Con un subempleo de alrededor del 60%, ahora aumentado por los cierres de empresas, las que suben la tasa de desempleo y subempleo a niveles astronómicos, las cosas están más que delicadas.

Si a esto le sumamos el desabasto de alimentos en los mercados, la desmovilización de todas las familias para buscar su sustento, y posiblemente viene desabasto de medicamentos en las farmacias (una forma de llegar después a especular con los precios), lo que tenemos frente a nosotros, además de la pandemia del Covid-19, es un caos social. Las muertes serían por varios motivos y se podrá hacer trasiego entre los que mueren por la infección y los que mueren por hambre. Solamente que las cifras podrían llegar a 4 y hasta 5 dígitos. Pero eso, que no requiere ser genio para preverse, puede estar en la agenda de quienes gobiernan.

El campo rural

El lugar más adecuado para vivir ahora es la zona rural. De donde emigraron nuestros padres y abuelos. Conocemos un programa que durante más de una década ha asesorado y formado a familias campesinas en su desarrollo integral. Estamos hablando de unas 15 mil familias pequeñas propietarias de tierra, ubicadas en los cuatro puntos cardinales del país. Esas familias producen para el auto sostenimiento familiar, los alimentos más sanos que cualquiera exija comer. Las graves sequías cortas y largas que ha habido desde inicios del 2000, esas familias han sobre llevado las peores sequías, siempre logrando agua para sus cultivos y consumo animal y humano. Son familias que vimos extraer agua hasta de las rocas.

Estas familias no están pasando el hambre de quienes habitan los bordos en la zona norte, tampoco se desesperan por no poder llegar al banco durante una semana. En ellos no existe la ambición de lujos y diversiones que ofrecen, u ofrecían nuestras ciudades. Tampoco viven en la pura naturaleza. Tienen deporte, TV, escuela, Internet y colegio, y no falta una familia que tenga un miembro con educación superior.

A esas familias hondureñas les debemos agradecer el que no sean agentes portadores del virus Covid-19 per, mantiene muchos metros de distancia entre las viviendas. Tampoco, serán portadores de violencia para lograr comer el día de hoy y mañana ni el próximo año. Es gracias a ese inteligente y audaz programa impulsado por ANAFAE. Que habrá población inmune a las grandes alteraciones político-sociales que se avecinan.

Creemos que hay otras agencias con ese marco filosófico de desarrollo integral, que sin sesgos religiosos y políticos están fortalecidos para sobrevivir las atrocidades de una clase política inmoral en control del primer país más pobre y enfermo de hambre en América Latina.

El Ombudsman

Los retos que se avecinan para un «defensor del pueblo» u OMBUDSMAN, no los ha tenido ningún profesional a la cabeza del Comisionado de Derechos Humanos. Después del Dr. Leo Valladares, no ha habido alguien como él, pero dudamos que alguien pueda llegar a responder como se le exigirá a quien llegue luego. Don Roberto Cáceres ha concluida su periodo formal este 25 de marzo, pero aún no se ha definido quién lo sustituya.

Diríamos que más allá de una persona, que podría ser el mismo Dr. Roberto Cáceres, lo que se requerirá es un equipo multidisciplinario de profesionales realmente comprometidos con este abandonado pueblo catracho. Un equipo militante de los derechos humanos. Esto no está lejos de poderse obtener. Hay muchos defensores de los derechos humanos que han pasado tal prueba. Unos o unas no están dentro del país por esa misma razón.

Si el Ombusman deja de ver los colores políticos y conveniencias personales, se podría lograr una Defensoría del pueblo como lo exigen las circunstancia actuales y venideras. De lo contrario, mejor no tener esos elefantes blancos gastando el poco presupuesto que dejan los corruptos.

SINTRAJAP propone fortalecer CCSS con canon de APM Terminals

SURCOS recibió copia de la siguiente carta enviada por el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y a la junta directiva de JAPDEVA, en la cual propone fortalece a la CCSS con los recursos del canon de APM:

Limón 26 de marzo del 2020

STJ 168-2020
Señores
Carlos Alvarado Quesada Presidente de la Republica
Junta Directiva de JAPDEVA
Presente

Estimados señores (as):

La organización SINTRAJAP siendo consecuentes con la emergencia que vivimos por el COVID 19, estamos sugiriendo con profunda objetividad la posibilidad de que se utilicen recursos que se encuentran ociosos para proteger la vida y la salud de los costarricenses en general.

Nos referimos a los recursos acumulados por el canon que porta la APM y que en la actualidad no tienen un uso concreto y que podrían ser muy importantes para palear con la emergencia que sufrimos. Solicitamos como organización social y solidaria con el pueblo que estos recursos puedan trasladarse a la CCSS para que permitan dotar de más camas, equipos, y hasta infraestructura en el Hospital Tony Facio u otras instalaciones médicas de la provincia de Limón, para atender a las personas que se ven afectadas por esta pandemia en nuestras comunidades, perfectamente se puede justificar el uso de estos recursos para ese fin.

Estamos seguros que nuestras comunidades apoyarán el uso de estos recursos por tratarse de los intereses más altos, tomando en cuenta que la vida humana y la salud de nuestro pueblo está por encima de cualquier otra necesidad y que cualquiera podría requerir de estos servicios en cualquier momento. Fortaleciendo la CCSS nos fortalecemos todos y todas.

Estamos solicitando que se utilicen estos recursos para financiar proyectos concretos orientados a atender la emergencia y que garanticen la atención completa y de calidad para nuestra gente.

Sin la vida de qué sirve el dinero, es el momento de ser solidarios y dejar los dobles discursos.

Lic. Antonio Wells Medina
Secretario General.

Copia:
Diputados
Alcaldes de Limón
Sociedad Civil

Más impuesto a los salarios…. ¿y los grupos exonerados? ¿y las ganancias de los banqueros y la usura?

SURCOS reproduce este texto publicado por Jaime Ordoñez en su espacio de Facebook.

Yo pago casi 39% de impuestos mensuales (25% de renta, 9,5% de CCSS, más otras cargas). Y estaría de acuerdo en pagar más en esta grave crisis, solidariamente. Pero es hora de que todos los sectores exonerados, especialmente los que nunca han pagado impuestos de renta en Costa Rica, también paguen. Las zonas francas, las grandes cooperativas, los distintos regímenes liberados por las 172 leyes o exenciones que tiene nuestro sistema jurídico. Los banqueros y emisores de tarjetas que practican la usura leonina. ¿Por qué ensañarse, una vez más, sólo con los asalariados? Eso no es solidario.

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BANQUEROS Y TARJETAS DE CREDITO. – Empecemos con reducir las descomunales ganancias de los bancos y emisores privados que imponen tasas de usura en tarjetas de crédito (en algunos casos del 59% o 62% de interés efectivo), pues ello impacta directamente a la ciudadanía y su capacidad de consumo o sobrevivencia. En una gran crisis como esta, para salir adelante la gente se endeudará aún más con tarjetas, pues es el crédito más inmediato y disponible. Entonces, pasaremos de 900,000 deudores ya demandados en los tribunales de justicia por créditos de consumo a quizá 1,2 millones en poco tiempo.

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La deuda asociada de las tarjetas y a favor de los bancos y banqueros es 1.4 billones de colones (octubre, 2019) lo cual representa un 4,51% del Producto Interno Bruto (PIB). ¿No sería justo pedirle a esos pobres banqueros un poco de solidaridad?

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Con solo bajar la tasa de interés al 38% (proyecto impulsado por los diputados Welmer Ramos González y David Gourzong Cerdas) se liberarían más de 10.000 millones de colones mensuales a favor de los ciudadanos, quienes podrían usar esos recursos para sobrevivir en momentos de falta de trabajo y de ingresos. Pero con sorpresa, nos enteramos hace una semana que el Poder Ejecutivo sacó de la lista de aprobación el proyecto sobre Usura en Tarjetas de Crédito, después de tantos esfuerzos en los últimos meses que había conseguido, por fin, el consenso esperado por las diferentes fracciones parlamentarias.

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¿Por qué se protege a los banqueros a toda costa, masacrando a la ciudadanía? ¿Qué compromisos políticos o económicos tiene el gobierno con la ABC y esos banqueros? ¿Vienen de la campaña política? ¿Por qué no se impone, además, un impuesto a la renta sobre las ganancias financieras y se les permite, en forma inmoral y abusiva, que se declaren con pérdidas?

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GRUPOS EXONERADOS Y ZONAS FRANCAS vs PYMES. – El beneficio neto de las zonas francas fue de US$ 3.179 millones de dólares anuales en el período 2011-2015 (ver informe PROCOMER, periódico La República, 18 de agosto, 2016), lo cual representa el 6% del PIB nacional. Y sin embargo no pagan impuesto de renta, y despues de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, tampoco el IVA. – Eso es inmoral

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¿Por qué no empezar por cobrarle algo a las zonas francas, digamos apenas 9% de renta como hicieron Irlanda y Nueva Zelanda en su día y después lo escalonaron a varios años hasta el 18%? La propia OCDE y el FMI lo vienen recomendado a Costa Rica hace más de una década y media pero el lobby descarado de empresarios y los propios políticos (incluso hecho “ex personae” por algunos diputados a favor de esas empresas en la propia Asamblea) impidió que se incluyera en la última reforma fiscal. No solicito que les cobremos el 25%, (lo que pago yo, un simple ciudadano) sino apenas un 9%. Pero que empiecen a pagar algo, como lo hacen en casi todos los países del mundo. Eso sería solidario, me parece a mí.

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¡Qué las Zonas Francas son sacro-santas y no se les puede tocar!, se rasgarán las vestiduras algunos y pegarán el grito en el cielo, con su cantinela usual. ¿Y entonces, significa que las PYMES, los pequeños y medianos productores agropecuarios y empresarios de Costa Rica no lo son?, no son sacrosantos? y a ellos sí se les puede cargar la mano y masacrar como se hizo en la nefasta Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual destrozó a los pequeños negocios, dejando a miles de pequeñas empresas en la calle, quebradas, desde julio del año pasado.

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Las PYMES y el sector agropecuarios son la cintura productiva y humana de Costa Rica: representan el 80% de la población económicamente activa y generan más del 60% del PIB del país, y tienen que pagar todo: renta, IVA, y todas las demás cargas. Cerca de 2.000.000 de personas dependen de las pequeñas y medianas empresas. Y están hoy destrozadas. Por su lado, las Zonas Francas emplean únicamente 115.000 personas y no le dejan al fisco costarricense ni Impuesto de Renta ni IVA, a partir de la última reforma fiscal.

Esas Zonas Francas, repito, ganan US$ 3.179 millones de dólares al año— la friolera del 6% del PIB— y no pagan impuestos de renta. ¿Es eso solidario, pregunto yo?

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Quien escribe este artículo, al igual que millones de costarricenses, apoyamos la institucionalidad en esta enorme lucha contra el COVID-19. Creo que la Presidencia y las autoridades del Sector Salud los han hecho muy bien y hemos cerrado filas a favor de esta importante batalla por la salud de nuestro pueblo.

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Pero, por favor, no borren con el codo lo que han escrito con la mano.

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Sería muy grave que pasáramos de una grave crisis de salud pública a una crisis social y económica de grandes dimensiones. Costa Rica se nos ha vuelto un país brutalmente inequitativo. Estamos hoy en la lista de 10 países más desiguales del planeta (Informe Banco Mundial, 2019). Y, como analizaba hoy en la mañana con un grupo de tres reconocidos economistas, por el camino que vamos podemos despertarnos en noviembre o diciembre de este 2020 con una tasa de pobreza del 35% o 40%.

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Y eso sería una debacle. Sería volver a 1950. Espero que el Presidente Alvarado y nuestra clase política tomen las decisiones correctas.

– ordonez@icgweb.org

La CCSS: columna básica para la vigencia del Estado Social de Derecho

Grupo Reflexiones Social Cristianas

La crisis que genera el Coronavirus nos ha hecho valorar la inmensa riqueza de la medicina desarrollada bajo los principios cardinales de la seguridad social, aun cuando como obra humana es perfectible, sin duda los esfuerzos realizados en casi 80 años de medicina social nos permiten enfrentar con confianza la grave crisis que nos afecta.

Una vez más el cuerpo médico, el personal técnico y de enfermería, el personal administrativo, los misceláneos y todos los que trabajan en el ámbito de la salud han salido y se mantienen como héroes en la dura batalla que libran contra el flagelo que nos afecta. Justamente se han ganado el respeto y la gratitud de los costarricenses.

El liderazgo del señor Ministro de Salud, orientando a toda la comunidad nacional y los plausibles esfuerzos del Gobierno, así como la respuesta ciudadana hasta en el último rincón de todo el territorio nacional, nos hacen sentirnos orgullosos por los valores humanistas más nobles y solidarios del ser costarricense.

Una situación como la que vivimos también despierta en algunos una visión de oportunidad mercantilista para pretender que se reduzca el rol del Estado en la seguridad social y prevalezca una visión de negocio en el tema de la salud pública. Los resultados de algunas medidas que reducen los ingresos de las contribuciones se suman a la pérdida de ingresos por la morosidad acumulada del sector gubernamental y del sector patronal, mermando significativamente el flujo de recursos financieros requeridos para que los trabajadores y los centros de salud que están en primera línea afrontando la crisis, respondan con la celeridad necesaria ante las circunstancias críticas que vivimos. La temporalidad de estas medidas debe acompañarse de un compromiso explícito de todas las fuerzas políticas para minimizar los efectos negativos de la crisis.

Esperamos que el Gobierno y la Asamblea Legislativa no sucumban ante las presiones oportunistas y le garanticen al pueblo de Costa Rica que nuestro sistema de seguridad social siga brillando y perfeccionándose, con logros indiscutibles de alcance mundial reconocidos por múltiples organismos internacionales.

Es oportuno pensar que debemos encontrar los equilibrios para que las instituciones no se conviertan en viñas de enriquecimiento, no solo por los negocios que surjan alrededor de la medicina sino también por el costo desmesurado que generan los privilegios y las consideraciones de aumentos en cascada.

Hoy se convierte en un deber ineludible de las instituciones sociales y hacendarias y del mismo Gobierno de la República, como un imperativo vital para la prosperidad y la solidaridad humana, la determinación de una estrategia técnica-financiera que invoque la cooperación humanitaria internacional y de países amigos para obtener recursos no rembolsables o de largo plazo, que eviten el debilitamiento económico de la Caja Costarricense de Seguro Social, no solo respecto a la medicina sino también en cuanto a la sostenibilidad del régimen de pensiones de los trabajadores.

El Grupo Reflexiones Social Cristianas espera que en el entorno de esta compleja crisis la Fracción Parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana, contribuya a la construcción de propuestas de interés nacional fundamentados en los principios del Humanismo Cristiano y, al mismo tiempo, garantice al pueblo de Costa Rica que no serán lesionados el financiamiento ni la institucionalidad de nuestras entidades de seguridad social en cumplimiento de nuestra razón de ser en política: la salvaguarda de la Caja Costarricense de Seguro Social como columna básica para la vigencia del Estado Social de Derecho. Eso es lo esencial.

Asimismo, instamos al Comité Ejecutivo Nacional del PUSC para que recupere la capacidad propositiva que siempre ha distinguido a los socialcristianos —contribuyendo y marcando los derroteros de nuestro país hacia el bien común y la prosperidad—, convocando de inmediato a los órganos partidarios especializados integrándolos con profesionales y expertos socialcristianos del más alto nivel, para que produzcan soluciones eficaces y concretas a los serios y complejos problemas que enfrentan nuestros empresarios y los trabajadores públicos y privados.

Concluimos, con la cita del parágrafo 89 de la Carta Social Cristiana a Costa Rica, que preveía con claridad y visión de futuro, la necesidad de fortalecer la CCSS colocando al ser humano en primer lugar, para enfrentar crisis como la que nos embarga hoy con la pandemia del COVID-19: “89. La Caja es un medio para lograr el más alto nivel de salud de la población y el pleno goce del derecho a la salud para toda persona que habite en el territorio nacional; de ahí que su eficiente funcionamiento es esencial para el logro de este objetivo.

“La Caja Costarricense del Seguro Social debe estar sometida a un proceso de mejora continua y de actualización científica y tecnológica, humanización, modernización, adecuadas infraestructuras, eficiencia y crecimiento, para seguir cumpliendo con sus objetivos, respondiendo a los cambios demográficos, epidemiológicos, socioeconómicos y ambientales, en el marco de un mundo globalizado, económicamente interdependiente y en constante cambio, en el que tanto la enfermedad y como las crisis económicas se trasmiten de forma rápida impactando los sistemas nacionales. La cooperación internacional es esencial.”

Danilo Chaverri Soto
Lineth Saborío Chaverri
María del Rocío Sáenz Madrigal
Jorge Polinaris Vargas
Rosalía Gil Fernández
Fernando Gutiérrez Ortiz
Bernardo Benavides Benavides
Anabelle Lang Ortiz

25 de marzo de 2020. San José, Costa Rica

Isla Venado pide atención urgente ante situación crítica

El docente del Programa de Gestión Local (PGL) de la UNED, Rafael López Alfaro compartió con SURCOS el siguiente diálogo acerca de la angustiante situación que vive la población de Isla Venado:

Sonia Madina Matarrita, habitante de Isla Venado, estudiante del PGL-UNED, integrante de la Comisión de Emergencia Local y de la Asociación de Desarrollo: “Profe, desde el viernes estamos haciendo cartas para las instituciones y el sábado formamos una comisión de trabajo, el domingo pasamos perifoneando toda la comunidad para que la gente haga conciencia, pero viera, acá están cerrados los recibidores de pescado, nadie está comprando el producto, estamos todos críticos”.

Rafael E. López Alfaro: “¿Pero ya enviaron una nota a la Comisión Nacional de Emergencias y a la Municipalidad para que les colaboren con esta situación tan precaria de la distribución del producto y el agravamiento de las condiciones de vida de la comunidad?”

Habitante: “Si ya, pero seguimos sin respuesta. Yo estoy en casa y con mucho cuidado porque mi esposo es de riesgo al ser asmático e hipertenso. Estoy en comunicación con un doctor en la clínica de la Caja, donde el servicio es maravilloso ahora, yo amo a la Caja. Siempre la he defendido”.

La población de esta comunidad espera la atención urgente de las instituciones pues se quedan sin sustento diario. SURCOS invita a compartir para que la información llegue a las autoridades y de esta forma apoyar las cartas enviadas por la comunidad.

Foto: Voces Nuestras.

Cambiar – la crisis del coronavirus exige cambios

Gadi Amit

Todos estarán de acuerdo, pero el CAMBIO ofrece alternativas.
1.- Cambiar cosas – para que TODO SIGA IGUAL
2.- Aprender de lo ocurrido y CAMBIAR PARA ESTAR MEJOR

Esta crisis demuestra la fragilidad y peligrosidad de sustentar el desarrollo de un país en el TURISMO.

Difícilmente, cuando termine el VIRUS, se puede pensar que el turismo volverá a funcionar igual. Eso llevará años, para líneas aéreas y grandes hoteles. La primera alternativa será el turismo interno de los Ticos, sencillos o de otras clases sociales.

Queda claro que hay repensar y redefinir las PRIORIDADES.

La importancia del ESTADO – tan atacado últimamente- como ÚNICA respuesta a las crisis futuras.

El sector privado, NO HA APORTADO NADA a la solución de la crisis. Solo ha tendido la mano, pidiendo que los ayuden a salvarse ELLOS. No escuchamos de ningún HOTEL, ni ninguna CLINICA PRIVADA, abriendo sus puertas para OFRECER AYUDA. Por eso, hay que reforzar a la CCSS –con todas las letras Caja Costarricense de Seguro Social (tal vez expropiar equipos de salud o clínicas o empresas farmacéuticas) que no dieron la talla. Al menos poner fuertes impuestos a estos sectores. Fortalecer al ICE en electricidad y telefonía. Liberarlo de las amarras que le obligan a comprar a las generadoras privadas a precios de capricho, sin necesidad, sin licitaciones o competencia eficiente.

En el tema de AGUA POTABLE, ha quedado en claro la incapacidad de la Directiva de AyA. El 90% restante del recurso hídrico, con el desastroso manejo unipersonal desde hace 25 años de la Dirección de Aguas del MINAE, responsable del desorden y la corrupción, sin que asuma su responsabilidad, por miles de pozos ilegales, la destrucción de acuíferos, costeros por salinización u otros por contaminación (agroquímicos, arsénico, derrames industriales, lixiviados, etc). Ríos en proceso de morir o desaparecer. Creemos que debe pensarse en la DESCENTRALIZACIÓN del manejo de este bien público. Reforzar a las ASADAS e incentivar a las MUNICIPALIDADES a asumir este servicio, que tiene características diferentes según zonas, según la existencia del RECURSO HIDRICO y la modalidad del consumo, según su uso y la prioridad del consumo humano. Todo de acuerdo a los planes de desarrollo regional.

La importancia de la SEGURIDAD ALIMENTARIA. La concentración en monocultivos, la plaga de los INTERMEDIARIOS ha llevado a abandonar la agricultura al 50% de la población, que hace años, trabajaba y vivía del campo. La agricultura puede dar trabajo y generar una rápida reactivación económica y producir frutos cosechables en pocos meses. Maíz, frijol, verduras, en pocos meses pueden estar en nuestras mesas y dar trabajo a miles de habitantes que tienen manos, pero carecen de títulos universitarios. Ojalá agricultura orgánica o al menos con menos agroquímicos. Sólo hay que garantizarles mercado y precios aceptables.

El precio del PETROLEO bajó, no debe engañarnos. Hay que reemplazarlo como combustible y pasar a vehículos eléctricos. El cambio debe impulsar el transporte público. Importar buses eléctricos y si los privados, no pueden, pues salados, dar las rutas a COOPERATIVAS o GOBIERNOS LOCALES. También hay que recordar que el asfalto es derivado del petróleo. Hacer calles y carreteras de cemento (losas o adoquines) que tenemos posibilidad de producir en abundancia, generando desarrollo local.

Y podríamos seguir proponiendo cambios. Pero les dejamos a Ustedes, complementar estas ideas, criticarlas, mejorarlas, ampliarlas, implementarlas. CAMBIAR es la ley. Impedir los cambios malignos como el CAMBIO CLIMÁTICO. Impulsar, apoyar, comprar, las modificaciones que pueden traer bienestar, seguridad, sostenibilidad y felicidad a nuestras vidas y desarrollo para Costa Rica.

Ilustración: UNESCO http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/249743