Pues terminamos en un estado de shock, pagamos el peaje en Santa Ana y damos gracias al universo, dejar esa calle del ”diablo”. Con el pelo de punta.
Recordemos que dejamos en el camino la historia de un joven estudiante, en la UNED, allá, en una costa del país, que paga 200 mil colones sin trabajo formal, cada cuatro meses, para cumplir sus sueños de ser profesional, que lo intenta a través, de los que un visionario años atrás promoviera su creación con un sentido social profundo, precisamente a la vanguardia de la enseñanza en la virtualidad y muchos años antes, de la pandemia por el COVID.
Inversión social, a pesar quizás de que estábamos con déficit fiscal, institución que como muchas fueron creadas a pesar de que se decía “no hay plata” pero entrémosle al negocio y demos acceso a un grupo de personas costarricenses que también merecen soñar.
Ya el varón está en media carrera de bachillerato, y mientras hay clientes en esa soda familiar y hospedaje, seguirá pulseándola para entre cliente y cliente, cumplir sus deberes académicos. Todos podemos soñar y tenemos derecho a cumplir nuestros anhelos en una sociedad justa e inclusiva.
Ahora, en un restaurante de camino a chepe, muy frecuentado, allá donde están esas “lagartijas grandes” se llena de mirones, machos, negros, amarillos, etc- y entre todos sale a relucir la presencia de un adulto mayor de nombre según recuerdo Reinaldo, el cual tiene un bastón, un chaleco reflectivo y sombrero, para abrigarse y protegerse del sol picante, en fin, dice que es cosa de todos los días, y que el fin de semana es muy intenso, situación que aprovecha para ganarse unos colones.
Ese señor, que les cuento, es un adulto mayor, desempleado desde 2014, sobrevive de la limosna como cuida carros , ya que le faltarían dos años para un derecho quizás a una pensión de asignaciones familiares, pero mientras debe subsistir de la caridad, cuantos así según el INEC, y mientras, mucho capitalista egoísta, no paga adecuadamente los tributos, porque uno les pregunta y hasta le arrugan la cara, responden “pa que voy a pagar impuestos, pa que se los roben”, eso dicen muchos, en fin debemos cambiar la estrategia de comunicación a la formalidad.
Me despido de Don Reynaldo, después de filosofar de la asistencia divina, la cual agradece, ya que le ha costado mucho la vida misma, y agradeció también una seguridad social para; a pesar de no tener trabajo formal, o pensión, lo vean en un Ebais cercano a su domicilio.
Terminamos de mochilear, muy cansado, agotado de no dormir por las “purrujas”, pero satisfecho al final, porque , para “pescar camarones, pues el trasero hay que mojarse”, y debemos ir a ver cómo se comporta el mercado mismo, y concluimos, en que hay que ir al campo con más presencia, no debe leerse que no se hace, solo que debemos ir más al campo al control de deberes formales, aumentar el riesgo subjetivo y tramo de control, reconsiderar el sacar del régimen simplificado a los bares y restaurantes, poner atención al sinpe y a los movimientos en tarjetas de los dueños de negocios, para ver si realmente declaran lo que venden.
Pero no es con mypimes, creemos que es a otro nivel al negocio por verificar, lavado, elusión, contrabando, fraude, cero controles bastan, la inversión social es factible a pesar de no tener superávit, la historia lo ha demostrado, es cuestión de buscar la “comba al palo”.
Ante la noticias del Gobierno sobre el avance en materia de la digitalización del sistema tributario el menciona lo siguiente:
Alguna vez, años atrás se invirtieron no menos de 32 millones de dólares, en Tributación Digital. Cambiar el nombre, no ayuda, y nos tememos que una solución, anclada con otra de otra firma, va a diluir el problema, tal cual sucedió con Tributación digital, le fue asignada a Bering point México luego; se ocupaban los instrumentos “tarros” en argot popular, y no hicieron clip.
El pueblo al final vio como una herramienta para la totalidad de declarantes en la Dirección General de Tributación, se quedó sólo en uso para 500 Grandes empresas, es decir, esa inversión, para 500 le costó al Estado $32 millones, si dividimos esos $32 millones entre 500, obtendríamos una solución cercana a $64000 dólares por cada gran contribuyente y no dudamos que muchas otras herramientas que utilizamos hoy en el Ministerio de Hacienda, que costaron muchos millones más, y que sirven, sean posiblemente desechadas y no integradas potencializando el ahorro en dicha solución propuesta.
Hay una serie de actuaciones a lo interno, para cumplir con las obligaciones formales y materiales, que requiere un manual único procesal, para garantizar el cumplimiento de los principios tributarios con la eficiencia en la gestión y la cobertura misma, para extender el brazo de control fiscal, y logremos cerrar, esas fugas de la evasión fiscal misma.
En estos días conversaba o simplemente “peloteaba” con algunos amigos sobre las próximas elecciones. Reúno de manera esquemática mis opiniones:
1-. A Figueres con los votos obtenidos en la convención del PLN no le alcanza para ganar en primer vuelta. El resultado que obtuvo fue inferior al de Álvarez Desanti hace cuatro años y con ello no logró llegar ni siquiera a segunda ronda. La salida de Rolando Araya debilita aún más su candidatura.
La gente visible que rodea a Figueres, o son los mismos de siempre que no están en capacidad de producir ningún cambio, o igual o peores de neoliberales que el actual equipo económico gubernamental.
2-. La derecha ortodoxa o más ultra se muestra muy fragmentada por intereses personales y usufructo del erario público. Están Linet, Piza, Chávez, Eli, movimiento libertario, el grupo de Natalia Díaz y algunos más. A menos que una fuerza externa los obligue a unirse irán sin fuerza determinante a las elecciones.
3-. Los neopentecostales se encuentran divididos lo que los irá a neutralizar. Si bien Avendaño y su grupo manejarán la deuda política, Fabricio cuenta con el apoyo del poder mediático y financiero de las iglesias internacionales que son muy poderosas. La división les restará toda posibilidad.
4-. La influencia del PAC dependerá de quién sea el candidato o candidata. Si es la preferida del presidente Alvarado, Carolina Hidalgo, se hundirá; si eligen a Welmer podrían tratar de recomponerse con algún sector del llamado progresismo. Sin embargo, el desgaste del PAC por un gobierno entregado al PUSC y PNL, por su traición a los sectores sociales y los escándalos de corrupción, lo ponen en una situación electoral con poco futuro.
5-. Las fuerzas sociales populares deben llenar el vacío que quedará en el centro izquierda del espectro político electoral. La disputa principal será por llenar ese hueco.
José María Villalta es el candidato mejor posicionado en las encuestas que representa la alternativa popular. Villalta es como candidato mucho más que el Frente Amplio y así debería ser; tal vez una de sus debilidades sea el partido, pero su candidatura debería trascenderlo. Para ello debe lanzar casi que de inmediato su candidatura y presentarla junto a muchas otras fuerzas y movimientos populares.
La izquierda debe entender que para estas elecciones sus intereses se unen en la candidatura presidencial del candidato que esté mejor posicionado electoralmente y que, además, reúna condiciones de honestidad, valentía y compromiso y cambio verdadero. La unidad de la izquierda no se limita a ella; eso sería miope políticamente. La unidad de la izquierda tiene sentido si aglutina a su alrededor a las fuerzas populares de amplios sectores que deseen una transformación del injusto sistema tributario y defensa del Estado de Bienestar, en primer lugar, a los trabajadores y trabajadoras y pequeños y medianos productores del campo y la ciudad.
Hasta el momento quien puede reunir esas condiciones y características es el diputado Villalta. Su candidatura debería ser la del pueblo contra los grandes poderes económicos, financieros y mediáticos del país.
6-. Todo parece indicar que habrá segunda vuelta para elegir el presidente. En estas circunstancias los candidatos que pasen a una segunda ronda podrían hacerlo obteniendo alrededor de un 20% de los votos. Con un gran trabajo, inteligente y tesonero, la candidatura del polo popular podría colarse a la segunda vuelta y disputar por primera vez la presidencia de la república.
Luis Paulino Vargas Solís. Economista Director a.i. CICDE-UNED Grupo Economía Pluralista
Acuerdo con el FMI… Hay problemas en lo que incluye y, en especial, en cómo lo incluye. Pero el mayor problema está en lo que no incluye, en lo que dejó fuera e ignoró.
¿Por qué desde 2009 la deuda pública ha venido creciendo sostenidamente? Bueno, porque ha habido un déficit fiscal considerable, resultante de una reducción relativa de los ingresos del gobierno, pero, sobre todo, de un incremento considerable de sus gastos corrientes, incluyendo remuneraciones y transferencias. Esa es la respuesta rápida, la usual entre nuestros economistas, pero también es la respuesta fácil y superficial.
Es preciso entonces agregar: la deuda ha crecido también, y principalmente, porque la economía crecía relativamente poco y las tasas de interés sobre la deuda han sido excesivamente altas y, en particular, claramente superiores al propio ritmo de crecimiento de la economía. En esa relación entre tasas de interés sobre la deuda y tasas de crecimiento de la economía está, desde el punto de vista matemático, la clave de la insostenibilidad de la deuda, porque implica un crecimiento automático de ésta por encima del crecimiento de la economía.
Pero en el momento en que entramos a considerar la tasa o ritmo de crecimiento de la economía, volvemos al principio de nuestra historia, ya que si los ingresos del gobierno han tenido un comportamiento insatisfactorio, que agudiza los desequilibrios fiscales, en buena medida es por causa del mediocre dinamismo de la economía. No es difícil entender la razón: una economía dinámica, que crea muchos empleos y pone en marcha un intensificado flujo comercial, con ello mismo genera acrecentados ingresos por concepto de impuestos que desembocan en las arcas públicas.
Pero además acontece que si los gastos los vemos más grandes, es precisamente porque los comparamos con una economía que es más pequeña de lo que debería ser, lo cual, a su vez, es reflejo de su insatisfactorio dinamismo durante más de un decenio. Es decir, también en este caso lo decisivo son las cifras relativas más que las absolutas, o sea, el gasto del gobierno comparado con el tamaño de la economía.
Desde luego, otros factores también inciden. El fraude fiscal, la inequidad del sistema tributario y la baja tasa de tributación son algunos de ellos. De momento omitiré detalles al respecto, pero sí enfatizo: en los tres casos hay sólida evidencia empírica que respalda la hipótesis de que, en efecto, son problemas importantes.
Pero, en fin, y volviendo a lo que más arriba indiqué, la variable atinente al dinamismo de la economía es de decisiva importancia, aun cuando no sea la única que debamos considerar. Y es especialmente importante, si de poner bajo control la deuda se trata.
El caso de Grecia ilustra ese punto con claridad. Se sometió a la población griega a un sacrificio brutal e inhumano, cuyo objetivo era generar un superávit fiscal primario (o sea, un excedente de los gastos sobre los ingresos, sin incluir los pagos por intereses). Lo lograron (a un costo inenarrable), pero ello no impidió que la deuda, expresada como porcentaje del valor de la producción nacional de Grecia (su Producto Interno Bruto, PIB), siguiera subiendo. Hoy es más alta de lo que era al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, a causa de que las políticas de recorte y austeridad aplicadas provocaron un pavoroso desplome de la economía. Al año 2019, el PIB de Grecia era un 23% más pequeño de lo que era en 2007. Con la pandemia ese hueco se amplió a casi 30% en 2020. Ello significa que al hacer la división “deuda/PIB”, el denominador de esa razón (el PIB) se contrajo violetamente, elevando en consecuencia la proporción respectiva. La deuda, que representaba un 126,7% del PIB en 2009, alcanzó un 180,9% en 2019. La crisis asociada a la pandemia del Covid-19 ha agravado la situación, llevando la cifra a 205,2% (los datos provienen del World Economic Outlook Database, del Fondo Monetario Internacional, FMI: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October).
Una primera conclusión que se deriva de lo anteriormente planteado tiene que ver con el hecho de que el problema fiscal es mucho más que un asunto de sumas y restas. No se agota, ni mucho menos, en la mera contabilidad de gastos e ingresos del gobierno. Es una cuestión multifacética y compleja, respecto de la cual destaco aquí solamente lo siguiente: entre los equilibrios (o desequilibrios) fiscales y la economía en general, hay una relación de doble vía. Para bien o para mal, ambos se influyen mutuamente.
Ello tiene importancia, a la hora de evaluar los efectos esperables que podrían derivar del acuerdo que el gobierno ha negociado con el FMI, en cuanto éste está formulado en términos tales, que claramente sugieren efectos negativos sobre el desenvolvimiento de la economía de Costa Rica en los próximos años, lo que, en bucle de retroalimentación negativa, impactaría sobre las finanzas públicas.
Recordemos que durante todo el período posterior a 2008, el desempeño general de la economía costarricense tendió a ubicarse por debajo de sus estándares históricos previos. Esa pauta se hizo más clara luego de 2013, y todavía más pronunciada luego de 2018. Con la pandemia del Covid-19, la producción nacional sufrió una significativa contracción (estimada por el Banco Central en un -4,5%), la más severa desde la crisis de 1980-82.
Como ya expliqué más arriba, ese crecimiento económico relativamente mediocre, ha impactado negativamente, y de diversas formas, sobre los desbalances fiscales. Pero aquí se hace necesario agregar algo más: el empleo. Puesto que éste determina el ingreso de las personas y los hogares, asimismo influye sobre su capacidad de consumo y, en último término, sobre su capacidad para generarle ingresos al gobierno mediante el pago de impuestos. El problema -muy serio problema- es que desde 2009 en adelante, este año incluido, la situación del empleo en Costa Rica, es terriblemente insatisfactoria, y se hundió en forma cataclísmica en 2020, bajo el impacto de la pandemia.
Nada en lo negociado con el FMI, ni en las leyes y reformas que le acompañan, toma esto en cuenta. Es decir, no hay políticas en materia de reactivación de la economía y creación de empleos. Son como al modo de eslabones perdidos, y su ausencia puede tener graves consecuencias. A lo sumo se reitera la tesis de la “austeridad expansiva”, frecuente en las disertaciones de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, la cual se plantea más o menos así: “el programa de recorte fiscal hará bajar las tasas de interés y devolverá la confianza a los empresarios, incentivando la expansión de la producción y el aumento de las contrataciones de personal”.
Esta es una tesis comprobadamente falaz, ampliamente desacreditada. Lo que sí está bien comprobado, es que, todo lo contrario, la austeridad fiscal tiene efectos depresivos sobre la economía. Y el efecto puede ser aún más problemático en una economía que ha sufrido una severa recesión, y que, además, arrastra graves problemas de empleo.
Según lo negociado con el FMI, el ajuste fiscal propuesto, es decir, la reducción esperada del déficit fiscal es por una magnitud de 4,75% como proporción del PIB, en el quinquenio 2021-2025, la mayor parte del cual (cerca de 3,5%) se concretaría en los tres primeros años. Esa es la magnitud total del recorte a la demanda en la economía, que necesariamente implicará menos ventas paras las empresas y menos flujos de comercio. Difícilmente eso incentivaría la confianza empresarial, ni les induciría ampliar su producción y su empleo.
Es un ajuste menos severo que el que, por ejemplo, se le impuso a Grecia, lo que, en principio, haría esperables efectos negativos no tan groseros. Pero esos efectos inevitablemente se sentirán. Con un agravante: se aplican sobre el telón de fondo de una economía que el año pasado tuvo una contracción significativa, y que arrastra horripilantes niveles de desempleo.
Se abre así una perspectiva preocupante: estancamiento económico y alto desempleo por un largo período, lo cual debilitaría las bases económicas indispensables, sin las cuales la sostenibilidad de las finanzas públicas se vuelve muy incierta.
El debate fiscal en Costa Rica ha sido uno de los temas más recurrentes en el escenario político nacional en los últimos trece años, desde la propuesta de reforma durante la Administración 2002-2006 y la reforma impulsada en el periodo 2010-2014, hasta los alarmantes acontecimientos relacionados al creciente déficit fiscal que alcanzó un 5,9% del PIB en el 2015 y la deuda pública del Gobierno Central que supera el 40% del PIB.
Como lo han señalado muchos expertos, la OCDE incluida, para impulsar los cambios sociales y económicos que requiere Costa Rica y para revertir las dificultades que enfrentan las finanzas públicas es indispensable, entre otras medidas, combatir la evasión fiscal y eliminar muchas de las exenciones fiscales. Incluso la misión de consulta del Artículo IV del FMI en el 2016 señala que la propuesta del gobierno para el fortalecimiento de las finanzas públicas en 2.5% del PIB mediante medidas que incrementen la recaudación tributaria «es apropiada dado el bajo esfuerzo recaudatorio de Costa Rica».
Por su parte, las recientes publicaciones de Semanario Universidad y DataBaseAR sobre los “Documentos de Panamá” ponen de manifiesto que el problema de evasión fiscal que vivimos en nuestro país trasciende nuestras fronteras, lo que compromete aún más las posibilidades de llevar a cabo una transformación profunda del sistema tributario costarricense. No se trata aquí de juzgar las personas físicas y jurídicas involucradas en tales acontecimientos sino de hacer ver que una estrategia seria y comprometida por parte de las autoridades costarricenses para atacar la evasión fiscal implica esfuerzos mayores de los que algunos sectores en Costa Rica, y en el resto del mundo, parecen estar dispuestos a realizar.
La evasión y la elusión fiscal son causas principales del déficit fiscal y de la inequidad. (Imagen con fines ilustrativos).
Por eso es indispensable señalar la mezquindad que implica ese tipo de evasión fiscal para países empobrecidos como el nuestro, ya que transmite un pésimo mensaje en términos del compromiso social de ciertos agentes económicos con esa visión del desarrollo que, como en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, recoge las mejores aspiraciones en términos de reducción de la pobreza, el desempleo y la desigualdad al promover el mayor bienestar para todos los habitantes del país de la mano con el más adecuado reparto de la riqueza.
Y es que el tema de ingresos fiscales no trata solamente la creación de más impuestos, sino también de cobrar los que ya están establecidos por ley. De hecho, para el actual Ministro de Hacienda, Helio Fallas, la evasión de impuestos es el principal problema fiscal del país y no es para menos: según estudios realizados por el Ministerio de Hacienda, solo en el impuesto sobre la renta en el 2013 se dio una evasión por parte de las personas jurídicas equivalente al 4,23% del PIB.
Si se le suma la evasión del impuesto sobre la renta de las personas físicas (1,63% del PIB) y la evasión en el impuesto general sobre las ventas (2.36% de PIB), la evasión fiscal de ese año resultó en un 8,2% del total de la producción nacional; es decir, la evasión fiscal en el 2013 fue mayor que el presupuesto que se debería destinar solo a educación pública, según nuestra Constitución Política.
Considerando los anteriores escenarios, es que desde el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, hacemos un llamado urgente para que las autoridades hacendarias y el pueblo costarricense presionemos a los diputados y diputadas de nuestra Asamblea Legislativa para que asuman con seriedad el debate fiscal y así podamos avanzar con las iniciativas que fortalezcan la hacienda pública, entre ellas, la Ley contra el Fraude Fiscal, que incluye el registro de accionistas y la reforma al impuesto sobre la renta que contemple los temas de renta mundial y global.
Ideas para ir creando condiciones para el surgimiento de nuevas relaciones sociales incluyentes y responsables
Sergio Reuben Soto.
Sergio Reuben Soto
Presentación
I.- La necesidad de remplazar las relaciones sociales que dan pie a nuestras sociedades, es cada día más patente. Los resultados de las más recientes elecciones en distintos países de América Latina y, en general en el resto del mundo, ponen en claro la importancia que los pueblos le están dando a una transformación sustantiva de las instituciones sociales, políticas y económicas que definen el actual modelo de organización social de sus países.
Pero no sólo es ese resultado el que ha puesto de manifiesto este deseo; el reclamo desde diferentes sectores, foros ciudadanos y movimientos sociales del deterioro de los valores éticos que aseguran una convivencia más pacífica, participativa, equitativa, cooperativa y solidaria, en una parte del empresariado nacional y residente, así como en una parte de los funcionarios públicos, es otra de las manifestaciones elocuentes de esta necesidad.
Por otra parte, las dificultades que ha encontrado en los últimos años nuestras organizaciones sociales para superar indicadores de bienestar, de convivencia, de modernidad, de igualdad, fundamentales para brindar a todos los ciudadanos de ambos sexos las oportunidades que los avances científicos y técnicos ofrecen a la humanidad, ponen de manifiesto las limitaciones administrativas, de gestión, de emprendimiento, de organización, que padecen nuestras sociedades.
Asimismo, y no por ello menos importante, las justas y ya históricas pretensiones de los pueblos por impulsar una sociedad más armónica con la naturaleza, más coherente con las necesidades de la biosfera y con una explotación racional de los recursos naturales existentes y más responsable con las futuras generaciones, están siendo amenazadas por un sistema de producción y consumo, cuya racionalidad vital inherente responde únicamente a indicadores de acumulación de riqueza.
II.- Desde Marx, han sido múltiples los científicos, filósofos, historiadores, sociólogos y economistas que reconocen las relaciones sociales que organizan la producción y el reparto del producto colectivo de una sociedad, como las medulares, cuando no fundamentales, del conjunto de relaciones que regulan el comportamiento social.
De esta manera, me parece importante elabora un ejercicio de formulación de políticas económicas que busquen generar algunas condiciones especiales en el sistema de relaciones capitalistas que regulan la producción y la distribución del producto social en nuestros países. Condiciones especiales que abran oportunidades para el surgimiento de nuevas relaciones sociales menos determinadas por las necesidades de la acumulación de capital.
No pretendemos con ella, como podrían pensar algunos, definir una propuesta exhaustiva y completa de un modelo económico a implantar. Muy lejos está nuestra postura de una pretensión preponderante de este género. Más bien pensamos que será la iniciativa privada individual, la inventiva y creatividad de nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, desde sus distintas actividades, posiciones y creencias en la sociedad, las que se encargarán de engendrar las nuevas relaciones sociales que darán pie a la sociedad más justa e inclusiva con que sueñan.
Ese libre albedrío, esa creatividad e innovación patentes en nuestros ciudadanos con todas sus diversidades culturales, están enmarcados (como ha sido desde los inmemoriales tiempos en que la humanidad se organizó en hordas) en unas relaciones sociales históricamente definidas, que aseguran una coherencia interna básica de toda la organización.
El problema en que se debaten nuestras sociedades americanas –y, creemos nosotros, una inmensa mayoría de sociedades en el mundo contemporáneo– es que el conjunto de relaciones sociales que definen hoy día esa coherencia interna de las normas de convivencia, está limitando (cuando no impidiendo) el debido desarrollo (ajustado a las condiciones actuales de la humanidad) de la iniciativa y de la creatividad individual y colectiva.
La forma en que se organiza la producción social y su reparto entre la sociedad, está determinada de manera importante por la propiedad de los medios de producción en los que los ciudadanos, hombres y mujeres, aplican su trabajo físico e intelectual. Hoy día, son los dueños de estos medios, basados en criterios asociados fundamentalmente con la maximización de las tasas de retorno de sus inversiones, los que determinan la orientación en los próximos ejercicios económicos, que le darán a esos medios y al excedente generado por ellos en ejercicios anteriores. De esta manera, la lógica del capital, o de los medios de producción y trabajo apropiados privada o corporativamente, define un proceso de producción y de distribución del producto social típico, exclusivo, especial; influido sustancialmente por la forma en que esos medios se orienten y se utilicen según las decisiones adoptadas por sus dueños y por sus dueñas.
Esas decisiones, sin embargo, no siempre responden a los intereses y necesidades de la sociedad en su totalidad, especialmente cuando los intereses corporativos controlan las fuerzas de la competencia en el mercado. Así, esta lógica del capital que determina el uso de los recursos productivos de las sociedades, tiende a cierto plazo, con movimientos contradictorios, a rompimientos del proceso productivo y al uso ineficiente e ineficaz de esos recursos según los mejores intereses colectivos. Estos rompimientos en el proceso productivo y el uso ineficiente e ineficaz de los recursos escasos de nuestras sociedades, resultan en crisis económicas que provocan pobreza, miseria y descontento social y limitan seriamente la capacidad de nuestra sociedad de garantizar a los pobladores de su territorio, las condiciones de vida básicas correspondientes a la época.
Presentamos pues, en seguida, los ejes principales que buscan definir las políticas económicas, monetarias y fiscales que favorezcan el surgimiento de relaciones sociales más equilibradas. Con ellos se busca reorientar la estructura de relaciones de producción de nuestras sociedades, de manera que la lógica del capital ejerza una menor influencia en la organización productiva y de reparto del producto social, y así liberar la iniciativa privada de nuestros trabajadores y trabajadoras, de nuestros empresarios y empresarias, públicos y privados, de las limitaciones que ahora impone el capital; para que puedan desarrollar las nuevas relaciones sociales que definirán una sociedad más justa, equitativa, equilibrada, ecológica, responsable con el ambiente y con las futuras generaciones.
Propuesta de ejes principales
1.- Un mercado libre, con regulación estatal allí donde la concentración de capital genere efectos sociales adversos. El mercado, la iniciativa privada y la competencia –en el marco de las relaciones de producción existentes– suelen generar efectos sociales positivos, pero la lógica del capital tiende al control corporativo de éstos eliminando su capacidad de orientar efectiva y eficazmente los recursos escaso entre las necesidades sociales. Allí donde el mercado falla el Estado deberá intervenir, para proteger los intereses del trabajador, de los consumidores y, en general los intereses del común. El Estado velará por el reconocimiento de externalidades, actuará en contra de prácticas monopólicas, e intervendrá para que los agentes de mercado (productores y consumidores) tengan acceso a información completa y fidedigna entre otros objetivos.
2.- Equilibrio dinámico del gasto público. El gasto y la inversión públicos, tanto del gobierno como de las empresas e instituciones estatales, será programado en función de las condiciones de la economía nacional. El propósito fundamental de éste gasto e inversión será a) una adecuada redistribución del excedente nacional y de los aumentos de la productividad, b) acciones anti cíclicas de la acumulación de capital a escala nacional e internacional, c) pertrechado de medios de producción y trabajo para el Estado y sus empresas e instituciones, d) fortalecimiento e impulso del sector de economía social y e) impulso y fortalecimiento de las MIPYMES.
3.- Un sistema tributario justo y responsable. El sistema tributario deberá cumplir tres funciones: a) una función de redistribución de la riqueza, basada en un sistema tributario progresivo y capaz de generar recursos suficientes para que el gasto y la inversión pública favorezcan la igualdad de oportunidades para toda la población, b) una función interventora, basada en la capacidad de los tributos para influir en las decisiones individuales con efectos sociales negativos (impuestos a la contaminación, impuestos al consumo de productos dañinos para la salud, exoneraciones para actividades económicas generadoras de empleos de calidad, etc.)
4.- Democratización de la producción: impulso y fortalecimiento del sistema de economía social. Adecuación del sistema tributario para favorecer el establecimiento y desarrollo de empresas comunitarias, cooperativas y colectivas. Adecuación del sistema de compras estatales para darle más posibilidades de participar en las licitaciones públicas a las empresas de este sector. Orientar el sistema bancario del estado por medio de la banca de desarrollo para apoyar a estas empresas. Reorientar el sistema estatal y paraestatal de promoción de exportaciones y captación de recursos externos para favorecer a este sector. Crear un sistema de educación que abarque los distintos niveles de la educación pública, desde la primaria hasta la superior, que forme a los estudiantes en el aprovechamiento de las oportunidades abiertas por el Estado y la empresa privada. Creación de una institución nacional para la transformación empresarial, que apoye técnica y legalmente a aquellos empresarios y trabajadores que transformen su empresa en una del sector de la economía social.
5.- Legislación para regular e impulsar empresas de capital mixto, privado y público, en aquellos sectores estratégicos para el desarrollo sustentable del país, particularmente en proyectos de gran envergadura en infraestructura vial y de transportes, portuaria, energética y de innovación técnica y científica.
6.- Desmercantilización de la producción de bienes y servicios fundamentales. Fortalecimiento y desarrollo de las empresas e instituciones públicas existentes. Estudio para la reestructuración administrativa y directiva, de manera que su desarrollo responda mejor a las necesidades futuras del sector que atienden y a la optimización de la calidad de los servicios o bienes que producen.
7.- Diálogo permanente, responsable y transparente con el sector privado, tanto con las cámaras empresariales como, y particularmente, con los empresarios organizados de sectores productivos afectados por la nueva política económica. Apoyo a las empresas que decidan convertirse en parte del sector solidario.
8.- Apoyo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa MIPYMES. El apoyo a este sector buscará a) favorecer el empleo formal en estas empresas, b) favorecer las relaciones comerciales e industriales con empresas grandes nacionales y transnacionales y con el sector maquilero, con el objeto de generar encadenamientos productivos, c) favorecer con su desarrollo, la competencia en aquellos sectores donde el mercado se encuentre dominado por pocas empresas privadas, d) orientar a estas empresas hacia la formación de “complejos” cooperativos y colectivos de algunos servicios administrativos, exportadores, financieros, entre otros.
9.- Una política monetaria responsable orientada hacia el bienestar general. Búsqueda de un equilibrio beneficioso para los trabajadores, entre la cantidad de dinero disponible y el valor real de la producción. Una política cambiaria realista que favorezca el aumento de la capacidad de compra de los trabajadores. Una política monetaria orientada hacia la creación de empleo y de la inversión.
10.- Fortalecimiento de una contabilidad nacional que contemple las externalidades sobre el ecosistema, la producción doméstica históricamente no visibilizada por la desigualdad de género, las producciones artísticas. El reconocimiento del aporte económico de estas actividades implica trascender la lógica del capital, que solo considera valiosa la producción que genera ganancia monetaria.
