Heredia, 25 de febrero, de 2020. Desde la Ecuménica de Ciencias de la Religión, expresamos nuestra preocupación y repudio ante el asesinato del líder indígena Jhery Rivera: uno más en una larga lista de crímenes que extiende los procesos coloniales hasta nuestros días.
La colonia que se prolonga hasta hoy implicó el robo de sus tierras, explotación y muchísimas otras formas de violencia cultural, física, religiosa.
Tenemos, desde hace muchísimos años, una ley que supuestamente protege a las poblaciones indígenas y sus territorios; recientemente adoptamos un marco constitucional que nos autodefine como país multiétnico y pluricultural; hemos ratificado desde 1993 el Convenio Internacional 169 relativo a Pueblos Indígenas y, como país, promovemos un discurso de observación y respeto del derecho internacional. Todo esto queda en entredicho ante la creciente violencia y el racismo contra los pueblos indígenas de este país y ante la incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes nacionales y los convenios internacionales relacionados con los pueblos indígenas.
Instamos al Gobierno de Costa Rica a tomar medidas inmediatas a fin de contener y erradicar la violencia, el racismo y la persecución a los pueblos indígenas que luchan por recuperar las tierras que les pertenecen. Los territorios continúan invadidos y el saneamiento territorial es una tarea pendiente.
Requerimos que el Gobierno de Costa Rica actúe corno corresponde y haga cumplir las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDI-1) el 30 de abril del 2015 (MC 321 – 12 – 20151) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas de ambos Pueblos. Es urgencia evitar más agresión y muerte contra personas indígenas que lo único que han hecho es recuperar las tierras que por derecho y por justicia les corresponden.
No habrá nada que celebrar en el Bicentenario, mientras se mantenga la actual usurpación de los territorios indígenas y mientras no se logre cambiar el racismo y la violencia cultural por relaciones de paz y justicia.
Equipo de personas académicas y administrativas de la EECR
La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, ante la situación de agresión permanente que están viviendo las comunidades indígenas en sus territorios, hacemos del conocimiento público algunos elementos de la violencia que viven cotidianamente las familias indígenas.
De nuevo responsabilizamos al Gobierno de Costa Rica por las agresiones y asesinatos que han ocurrido en los territorios indígenas, por permitirlas; y al mismo tiempo lamentamos las declaraciones y posición de la Presidencia de la República a causa del asesinato de Jerhy Rivera el día 24 de febrero recién pasado. Pide el Presidente que se suspendan las recuperaciones, pero no da ni una sola señal de que en breve van a ser desalojados los usurpadores de los territorios, que son ocupantes ilegales. Tampoco el Gobierno ha disuelto las concentraciones de finqueros y matones agresores que han estado reuniéndose para agredir a las poblaciones en sus territorios. Las manifestaciones racistas de este gobierno no podrían ser mayores. El gobierno ha incitado y permitido estas agresiones.
Se ha anunciado la creación de un fideicomiso para pagar a los finqueros por las fincas en los territorios. Esto ha alimentado la usurpación y las agresiones. No se trata de derechos de poseedores de buena voluntad, que estuvieran en los territorios antes de la Ley indígena del año 1977, se trata de criminales que quieren hacer un negocio con la ocupación ilegal.
En Salitre, uno de los territorios con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no acatadas por el Gobierno, el agresor Heleodoro Figueroa Uva, quien disparara el 9 de febrero con arma de fuego contra Mainor Ortiz Delgado, hiriéndolo en una pierna y su hermano Rodrigo Figueroa Uva quién disparó con arma de fuego contra la familia Ortiz Delgado el 25 de diciembre de 2018 y el 25 de febrero de 2019, siguen impunemente en el territorio.
Ambos criminales se mueven a sus anchas en el territorio, amenazando de muerte a varios miembros de la comunidad. Les han dicho que ellos saben que se tiene que ir porque Salitre es territorio indígena, pero que antes van a matar a los dirigentes.
El usurpador Rodrigo Figueroa Uva llegó a Salitre en 2015, cuando ya estaba claramente definida la ley, la demarcación y la lucha por la defensa del territorio, lo que deja claro que es un ocupante de mala voluntad. Este agresor había quemado el rancho tradicional donde se impartían las lecciones de Cultura bribri de la Escuela. Abrió una trocha por el terreno de la Escuela de la comunidad, pretendiendo quitar tierra a la Escuela, a lo que la Junta de Educación respondió cerrando la trocha, por lo que el mismo agresor ha demandado a la Junta de Educación y en un verdadero acto de provocación ha matriculado a su hijo en la misma escuela de Río Azul, donde asisten los niños de las personas indígenas agredidas. Denunciamos que este agresor se instala armado en las afueras de la Escuela, durante el tiempo de lecciones. El clima de terror que está creando este usurpador no es considerado por las autoridades, y no se resuelve con la suspensión de lecciones uno o dos días.
Exigimos que la familia Figueroa Uva sea desalojada del territorio indígena de Salitre, donde no tiene ningún derecho de estar y el agresor sea procesado por todos los delitos que ha cometido. Responsabilizamos al Gobierno de cualquier otro acto de violencia contra los pueblos indígenas.
JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS Y JERHY RIVERA
DESALOJO INMEDIATO DE USURPADORES DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS
POR EL DERECHO DELOS PUEBLOS INDÍGENAS A SU TERRITORIO
Miércoles 26 de febrero de 2020. Según información brindada por recuperadores Cabecar y la Fuerza Pública, desde las 9:00 a.m se está realizando una reunión de finqueros en la plaza de China Kichá, cada vez llega más gente y manifiestan que quieren trasladarse a la nueva recuperación Sá Ka Duwé Senaglö (tierra donde habitan los venados) que se inició hoy desde las 4:30 a.m.
Hay presencia policial en la recuperación y en la plaza, pero este tipo de concentraciones casi siempre son el preámbulo de agresiones.
Esta información ya es de conocimiento de funcionarios del Viceministerio de Presidencia, la Fuerza Pública y la Defensoría de los Habitantes.
Dentro de la concentración de finqueros se encuentran trabajadores del empresario Gilberth Fernández quien ocupa ilegalmente tierras en el Territorio Cabecar de China Kicha.
Se debe tener presente que en la reunión de finqueros que se realizó en el parque de Buenos Aires en días pasados estuvo Miguel Vargas un reconocido incitador a la violencia contra el Pueblo Cabecar de China Kichá.
Esta es la cuarta recuperación que se realiza en este territorio Cabecar y se hace en homenaje a Sergio Rojas y Jerhy Rivera.
Recordamos al Gobierno de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad física, psicológica y territorial de los Pueblos Originarios y del Pueblo Cabecar de China Kichá.
¡Justicia para Sergio Rojas, Jerhy Rivera y los Pueblos Originarios!
Familias Cabecar recuperadoras de Sá Ka Duwé Senaglö.
Un comunicado de “Familias Bribris recuperadoras de Nämú Di Kaskë” y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur denuncia “amenazas de muerte a recuperadores Bribris en Nima Diköl de Cabagra”.
Al ser las 6:30 de la noche del 25 de febrero de 2020, las
familias recuperadoras de la finca Nämú Di Kaskë (tierra de la quebrada del
tigre) en Nima Diköl (Palmira) de Cabagra al Sur de Costa Rica fueron
amenazados de muerte por un grupo de personas que pasaron en un carro frente al
terreno recuperado. La tierra-territorio fue recuperada durante el fin de
semana anterior.
“El grupo pasó en un pick up y en el cajón iban miembros de
la llamada «guardia negra» o «los negros» un grupo de
seguridad” dice la nota enviada a SURCOS.
Los ocupantes del vehículo gritaron a las familias
recuperadoras que los iban a sacar de la finca y que los iban a matar.
EL grupo amenazante ha estado apoyando a los terratenientes
que ocupan tierras dentro del Territorio Bribri de Cabagra, protegido por los
derechos de los pueblos indígenas.
Según la información, el grupo de agresores se encuentran escondido en una finca cercana. El teniente David Mora, de la policía, dijo que aproximadamente a las 6:40 se desplazaba al lugar la móvil 4001. En el comunicado se exige al Estado de Costa Rica “ubicar una patrulla permanente en la finca recuperada y garantizar la vida e integridad de todos los pueblos originarios del país”.
Cada acto de violencia contra los pueblos indígenas es una, y otra vez, un crimen anunciado.
Es una violencia que se perpetúa en el silencio y la invisibilidad, en la indiferencia y la desidia, que encubren y facilitan la agresión.
En la desidia del gobierno, el de Carlos Alvarado y los que lo antecedieron. En la inoperancia de una institucionalidad, para la cual los pueblos indígenas no existen o, en el mejor de los casos, son ciudadanos de tercera categoría.
En el enfoque racista y sesgado de la mayor parte de la prensa –de ello Telenoticias dio recientemente un ejemplo elocuente– cuyo abordaje informativo es tendencioso y sesgado, alimentado por el prejuicio y la ignorancia, y por ello mismo promotor activo de la violencia.
Las tierras indígenas son de los pueblos indígenas. Esa es una discusión que debe darse por definitivamente resuelta: las leyes y los convenios internacionales son contundentes y no dan espacio a la polémica. Insistir en otra cosa es una majadería, que tan solo le hace el juego a la violación de los legítimos derechos de los pueblos indígenas.
El gobierno de la república, y el presidente Alvarado en lo personal, tienen la obligación ineludible de proteger la tranquilidad y la integridad física de las familias indígenas, de cada persona y de cada comunidad indígena. Su inacción y su negligencia son criminales, como tristemente se confirma una y otra vez.
Se incumplen así compromisos internacionales y mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Vergüenza e indignación debería ocasionar a la ciudadanía costarricense en pleno, si es que realmente hubiese un genuino compromiso con los derechos humanos.
Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED) condenamos enérgicamente el asesinato del joven líder indígena Brörán del territorio de Térraba, Jerhy Rivera Rivera, expresamos el profundo dolor y consternación que esto nos provoca y hacemos llegar nuestra solidaridad a su familia y cada hermana y cada hermano indígena.
Es el segundo asesinato en apenas un año, que suma al recuento trágico que inició con la muerte de Sergio Rojas Ortiz, indígena bribri del clan Uniwak, y que en lo inmediato se vio antecedido por la agresión con arma de fuego contra Minor Ortiz Delgado, joven indígena bribri, del clan Tubölwak, del Territorio de Salitre. Y todo esto en un enervante contexto de permanente asedio y amenaza contra las familias indígenas.
Causa incluso hastío tener que decirlo, pero una vez más hay que decirlo: exigimos enérgicamente que el gobierno de Costa Rica haga lo que es su obligación hacer. No se les pide un favor, y no es ninguna graciosa concesión ni un gesto de cortesía lo que se solicita. Es su responsabilidad, innegable e ineludible.
Toca cumplir con el deber y la responsabilidad que les corresponde: hagan lo que deben hacer.
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
La Escuela de Sociología repudia el asesinato del dirigente
brörán Jerhy Rivera Rivera, ayer lunes 24 de febrero del 2020, cerca de las
11:00pm.
En estos momentos la comunidad de Térraba está viviendo
momentos de terror, frente a bandas de no indígenas armadas, que se están
movilizando por distintas partes del territorio.
Los efectivos policiales que hay en el territorio están siendo
ampliamente rebasados por estas bandas desatadas, no se sabe si por pasividad
de la policía o porque efectivamente las bandas armadas son más numerosas que
la policía.
La vida y pertenencias de otras personas de la comunidad
están claramente amenazadas.
Demandamos que se hagan efectivas las medidas cautelares
dictadas para Térraba y Salitre por parte de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Demandamos un amplio y urgente plan de ayuda para los
pueblos indígenas. Nos deja estupefactos que el INDER aparezca con un superávit
cercano a los 17 mil millones de colones, en medio de esta situación humillante
para los pueblos indígenas.
Pedimos al Consejo Universitario y Rectoría un
pronunciamiento urgente sobre esta situación y un plan de ayuda para estos
territorios asediados por el neocolonialismo brutal.
SURCOS recibió del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)
el siguiente comunicado:
“A LAS AUTORIDADES, COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL:
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) DENUNCIA
LA VIOLENCIA RACISTA que ha perpetrado un nuevo ASESINATO. Este lunes 24 de
febrero del 2020, han ASESINADO al compañero de lucha, RECUPERANTE INDÍGENA
BRÖRÁN JHERY RIVERA, a 23 días de cumplirse un año en completa impunidad del
ASESINATO del compañero Sergio Rojas Ortiz, bribri Uniwak de Salitre, miembro
del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra, además
fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos
Indígenas – FRENAPI. Salitre, Defensor de Derechos Humanos.
Exigimos al Estado/Gobierno de Costa Rica que actúe como
corresponde y haga cumplir las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión
Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321 – 12 – 2015) a
favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y
protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos.
Desde el domingo 23 de febrero grupos de terratenientes
llegaron a Térraba a intimidar y a agredir a personas indígenas de las 4 nuevas
recuperaciones territoriales. Estas 13 familias recuperantes han sido testigos
del racismo, dieron Alerta Temprana informando que los usurpadores actúan por
xenofobia a los Pueblos Indígenas y han sido testigos de estrategias
premeditadas de los No Indígenas para perpetrar actos de despojo y violencia
amparados por la inoperancia estatal.
Desde el 23 de febrero, en los territorios bajo protección
de las Medidas Cautelares, se han perpetrado actos como la quema de una finca,
según testigos, por el terrateniente de apellido “Guadamuz” para culpar a
las/os compañeras/os indígenas recuperantes de este y otros hechos con la
intención de deslegitimar nuestra lucha y, principalmente, propiciar la
retirada de nuestras/os compañeras/os en las fincas en recuperación, incluso
bajo solicitud de la Fuerza Pública que ha manifestado que la única forma de
protegernos y resguardar nuestra integridad es salir de las tierras
recuperadas.
A la opinión pública que, ligeramente, cree el dicho de
quienes maliciosamente pretenden deslegitimar la causa indígena, les recordamos
que Los Pueblos Indígenas Brörán y Bribri actúan de acuerdo a su Derecho a la
Tierra/Territorio, amparados en la Ley indígena Nº 6172 de 1977, el Convenio
169 de la OIT, así como la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU.
El Gobierno de Carlos Alvarado no ha sido capaz de cumplir
con el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (saneamiento), ni con la
aplicación de las Medidas Cautelares, así como tampoco ha hecho justicia en
encontrar a los responsables materiales e intelectuales del crimen de Sergio
Rojas Ortiz. Esta impunidad, como lo hemos expresado, envalentona a las
personas usurpadoras de “mala fe” al punto de manifestar constantemente
amenazas contra la vida de quienes de forma pacífica estamos recuperando las
Tierras/Territorios que nos pertenecen.
Hemos dicho antes que el conflicto por Tierra/Territorio, se
profundiza con una tendencia a agudizarse, que por sus características se
agrava y se refleja en daños en la humanidad de personas y comunidades.
Desde este Frente hemos denunciado reiteradamente la
violencia sistemática en la que actúa el Estado/Gobierno de Costa Rica, a pesar
de existir Medidas Cautelares (MC 321 – 12 – 2015). Toda esta violencia, ha
quedado y sigue quedando en la impunidad. El ASESINATO del compañero Jhery
es la prueba más reciente.
A pesar de nuestros reiterados pronunciamientos y de la
Alerta Temprana emitida el 23 de febrero, dos días antes de que la vida de otro
compañero de lucha fuera arrebatada, nuestra voz una vez más es ignorada. Ante
este panorama de extrema violencia en nuestra contra, hacemos un llamado
urgente a la Solidaridad del activismo cercano a la causa indígena y a la
Comunidad Internacional para que su voz se una a la nuestra y exijamos que se
detenga el exterminio sistemático de Los Pueblos Indígenas en Costa Rica.
¡Nuestros Pueblos merecen vivir en Paz!
¡JUSTICIA YA!
¡NO MAS IMPUNIDAD!
SERGIO VIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
#SergioRojas
VIVE FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena
Medios masivos han azuzado la violencia contra los indígenas
en las últimas semanas
SURCOS recibió un comunicado de FECON en el cual se informa
del asesinato de Jery Rivera en San Antonio de Térraba este lunes 24 de febrero
del 2020. “Es un crimen que repudiamos por tratarse de una de muchas agresiones
y acciones violentas inspiradas por el racismo que sufren los pueblos indígenas
en Costa Rica”, dice el comunicado.
“Este crimen contra el defensor de los derechos indígenas,
Jery Rivera, salpica de sangre la hipocresía del Estado costarricense que por
un lado dice ser abanderado de los Derechos Humanos pero su política pública
deja en el abandono y el olvido a todas las poblaciones indígenas de nuestro
país”, agrega FECON.
“Este nuevo crimen se da a menos de un mes de cumplir un año
del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, quien a pesar de tener medidas cautelares
para su protección fue asesinado por personas no-indígenas que usurpan la
tierra de los pueblos originarios. Propiedades que por merito histórico
reconoce la legislación costarricense pero que los gobiernos de turno no aplican,
protegiendo así intereses de grupos racistas que han agredido a las personas
indígenas”.
“Desde la Federación Ecologista exigimos el saneamiento de
los territorios indígenas y que los usurpadores no-originarios-blancos salgan
de estos lugares que le pertenecen a los pueblos indígenas. Además, es urgente
que los asesinatos de Sergio Rojas y Jery Rivera no queden en la impunidad, es
urgente que se investigue y se encuentren a los actores materiales e
intelectuales de estos crímenes. Condenamos el espíritu perverso de reportajes
y enfoques periodísticos han usado contra los recuperadores de tierra
incentivando la violencia, estos medios de comunicación son cómplices directos
de este asesinato debido a que Canal 7 ni siquiera aceptó el derecho a la
respuesta”.
“A la comunidad nacional e internacional solicitamos solidaridad con el pueblo indígena que desde hace varios años les ha tocado recuperar sus tierras por cuenta propia en ausencia del aparato judicial que debería ampararlos dejándolos indefensos ante los grupos racistas que usurpan tierra que no les pertenece”, finaliza el comunicado de FECON.
Por este medio alertamos a las autoridades que esta mañana
de jueves 20 de febrero del año 2020 los y las recuperadores(ras) en acuerdo
unánime nos presentamos donde la señora No indígena, Hilda Granados, a
exigir su retiro, ya que desde el día 23 de diciembre 2019 se le notificó que
se retirara de la tierra que ha venido usurpando de manera ilegal, con todas
sus pertenencias, y, si consideraba tener algún derecho, que se presentara ante
los Tribunales con sus documentos que la respaldan como posible
«dueña», como a la fecha no lo ha hecho, ignorando dicha
notificación, por lo tanto el día de hoy se procederá con dicho desalojo en forma
pacífica de la señora en mención. Responsabilizamos al Gobierno y autoridades
si algo ocurre fuera de lo normal por su incumplimiento.
Los Territorios Indígenas son exclusivos de sus habitantes
según la Ley Indígena y las Resoluciones Judiciales.
El pronunciamiento fue firmado por 40 premios nobel alternativos de 29 países del mundo
El indígena Brörán Pablo Sivas entregó el pronunciamiento al viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro. Le acompañan la indígena Bribri Roxana Figueroa, el abogado Gustavo Cabrera, la profesora universitaria Maritza Marín y la estudiante Mariana Quirós. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Un grupo de estudiantes y una docente de la Universidad de Costa Rica (UCR) acompañaron a representantes de los pueblos indígenas de Térraba y Salitre en la entrega de un pronunciamiento que exige al Gobierno justicia y protección en sus territorios.
El documento, presentado hoy en la Casa Presidencial, señala la impunidad en torno al asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz, ocurrido el pasado 18 de marzo, y la ausencia de intervención gubernamental para dar fin a la toma de sus territorios por parte de personas no indígenas, situación que ha desencadenado diversos actos de violencia.
La demanda presentada también cuenta con el respaldo de la fundación The Right Livelihood Award, instancia internacional sin fines de lucro que por medio de los llamados Premios Nobel Alternativos visibiliza relevantes luchas mundiales.
Tras conocer el contexto que experimentan los pueblos indígenas costarricenses, 40 laureados con los Premios Nobel Alternativos, en 29 países del mundo, firmaron el pronunciamiento para exigir «basta de heridos, de mutilados y de muerte indígena en Costa Rica y de un Estado Nacional ausente».
“Nuestros laureados no descansarán hasta que estas demandas se cumplan”, dijo Ole von Uexkull, director ejecutivo de la Fundación Right Livelihood Award. Según la instancia, «antes de la muerte de Sergio Rojas hubo un largo camino de violencia evitable, con responsables gubernamentales y particulares. Este es un camino que nunca más debe ser transitado».
Actualmente, la Ley Indígena 6172 establece la protección de los territorios indígenas y prohíbe la tenencia por parte de personas no indígenas. Esta normativa fue respaldada en 1992 por el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La docente Maritza Marín expresó el compromiso de la UCR para favorecer el respeto a la población indígena en temas de territorialidad, violencia y cumplimiento de la legislación nacional e internacional. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció medidas cautelares que otorgan responsabilidad al Gobierno costarricense respecto a la protección de los territorios de Térraba y Salitre.
El Gobierno se compromete a dar respuestas
El pronunciamiento fue recibido por el viceministro de la Presidencia Juan Alfaro de manos del indígena Brörán Pablo Sivas y de la indígena Bribri Roxana Figueroa, quienes estuvieron acompañados por el abogado Gustavo Cabrera, la profesora universitaria Maritza Marín y la estudiante Mariana Quirós.
Sivas expresó su malestar al no ser recibido por el presidente Carlos Alvarado para realizar la entrega del documento y afirmó que serían “benevolentes” dando un plazo de 15 días para que la Administración brinde una respuesta oficial a sus demandas.
La docente Maritza Marín señaló el interés de la UCR por facilitar el diálogo entre la academia, el activismo y los pueblos indígenas, a fin de favorecer el respeto a la población indígena en temas de territorialidad, violencia y cumplimiento de la legislación nacional e internacional.
“Tenemos muchas décadas de políticas y de planes, pero no se concretan y solo van desgastando a las organizaciones. Yo creo que es necesario llevar todas esas palabras a los hechos y es un reto importante concretarlo por medio de acciones que de verdad mejoren la calidad de vida de la gente”, enfatizó la académica.
El viceministro Alfaro afirmó ser la persona designada por el presidente Alvarado para atender las demandas de los pueblos indígenas, “no solo con el cumplimiento de las medidas cautelares, sino para impulsar la solución de las causas subyacentes al conflicto que existe en Salitre y en Térraba”.
“El hecho de que sea yo quien los está recibiendo es un acto no solo formal, sino afirmativo de recibir la nota y que llegue al lugar correcto, para que sea analizada de la mejor manera”, afirmó el jerarca, quien aunque asegura estar trabajando en el tema reconoció: “ocupo demostrar que queremos llegar a los resultados”.
