Que el gobierno de Costa Rica cumpla con su obligación
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CULTURA Y DESARROLLO
Cada acto de violencia contra los pueblos indígenas es una, y otra vez, un crimen anunciado.
Es una violencia que se perpetúa en el silencio y la invisibilidad, en la indiferencia y la desidia, que encubren y facilitan la agresión.
En la desidia del gobierno, el de Carlos Alvarado y los que lo antecedieron. En la inoperancia de una institucionalidad, para la cual los pueblos indígenas no existen o, en el mejor de los casos, son ciudadanos de tercera categoría.
En el enfoque racista y sesgado de la mayor parte de la prensa –de ello Telenoticias dio recientemente un ejemplo elocuente– cuyo abordaje informativo es tendencioso y sesgado, alimentado por el prejuicio y la ignorancia, y por ello mismo promotor activo de la violencia.
Las tierras indígenas son de los pueblos indígenas. Esa es una discusión que debe darse por definitivamente resuelta: las leyes y los convenios internacionales son contundentes y no dan espacio a la polémica. Insistir en otra cosa es una majadería, que tan solo le hace el juego a la violación de los legítimos derechos de los pueblos indígenas.
El gobierno de la república, y el presidente Alvarado en lo personal, tienen la obligación ineludible de proteger la tranquilidad y la integridad física de las familias indígenas, de cada persona y de cada comunidad indígena. Su inacción y su negligencia son criminales, como tristemente se confirma una y otra vez.
Se incumplen así compromisos internacionales y mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Vergüenza e indignación debería ocasionar a la ciudadanía costarricense en pleno, si es que realmente hubiese un genuino compromiso con los derechos humanos.
Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED) condenamos enérgicamente el asesinato del joven líder indígena Brörán del territorio de Térraba, Jerhy Rivera Rivera, expresamos el profundo dolor y consternación que esto nos provoca y hacemos llegar nuestra solidaridad a su familia y cada hermana y cada hermano indígena.
Es el segundo asesinato en apenas un año, que suma al recuento trágico que inició con la muerte de Sergio Rojas Ortiz, indígena bribri del clan Uniwak, y que en lo inmediato se vio antecedido por la agresión con arma de fuego contra Minor Ortiz Delgado, joven indígena bribri, del clan Tubölwak, del Territorio de Salitre. Y todo esto en un enervante contexto de permanente asedio y amenaza contra las familias indígenas.
Causa incluso hastío tener que decirlo, pero una vez más hay que decirlo: exigimos enérgicamente que el gobierno de Costa Rica haga lo que es su obligación hacer. No se les pide un favor, y no es ninguna graciosa concesión ni un gesto de cortesía lo que se solicita. Es su responsabilidad, innegable e ineludible.
Toca cumplir con el deber y la responsabilidad que les corresponde: hagan lo que deben hacer.
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director
25 de febrero de 2020
Enviado a SURCOS por CICDE.
