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Etiqueta: TLC

La lucha contra la corrupción en Latinoamérica

José Luis Pacheco Murillo

El tema de la corrupción y la lucha por erradicarla se ha extendido por todo Latinoamérica. Hoy Panamá vive momentos muy difíciles. Ya es conocida la situación salvadoreña. Además, de alguna manera en países como Perú, Honduras, Chile, Colombia y México el tema de la corrupción fue el caballo de batalla para que los pueblos de esos países decidieran elegir gobiernos progresistas o de izquierda. Sucederá lo mismo en Brasil en las próximas elecciones con el regreso, muy probable, de Lula al poder.

También los temas de campaña han sido la pobreza galopante en todos los países, pues quienes han gobernado históricamente en América Latina no se han preocupado por una verdadera, justa y equitativa distribución de la riqueza, sino que los gobiernos se han dedicado a salvaguardar los intereses de unos pocos y haciendo crecer la brecha social en nuestros países. Eso aunado a la inflación que cada día crece más y que es un golpe a las clases más desposeídas pone en riesgo la estabilidad social como sucede en Argentina.

Y la problemática es mayor cuando no se vislumbran liderazgos fuertes que logren unidad de países y regiones para enfrentar conjuntamente problemas similares como el narcotráfico, el aumento en precios del petróleo y las exportaciones para mejorar las economías y ni se diga de las migraciones que se dan entre los mismos países latinoamericanos como sucede con venezolanos, nicaragüenses, argentinos y colombianos.

El problema común y que alimenta muchísimo las formas en que los pueblos latinoamericanos se comportan de cara a elecciones y toma de decisiones en sus países es la baja en los niveles de educación. La calidad de la educación en nuestros países es cada día más baja y en ocasiones se une a la deserción escolar para enfrentar la situación de pobreza y que lleva a muchas familias a ligar sus hijos con narcotráfico en una alianza fatal y que lleva a mayor inseguridad y violencia en nuestros países.

Un panorama caótico y lamentable en el que hay apenas buenas intenciones por parte de algunos gobernantes, pero con férreas oposiciones de los que históricamente han manejado las riendas de nuestros países. Y ante un Estados Unidos que sigue sin prestarle mucha atención a nuestra región y sin darle la ayuda necesaria. Los famosos tratados de libre comercio (TLC) fueron y han sido un trueque desigual y que han empobrecido aún más a nuestros países con las imposiciones de los grandes contra los pequeños tanto en comercio como en oportunidades.

Dios quiera que Latinoamérica pueda encontrar la ruta y logre las metas de desarrollo que se merecen nuestros pueblos.

Sergio Rojas Ortiz defendió las semillas criollas de la UPOV y el TLC

Henry Picado Cerdas
Red de Coordinación en Biodiversidad

En 1999 por primera vez en Costa Rica se solicitó la aprobación del convenio internacional conocido como la Unión de Protección para las Obtenciones Vegetales (UPOV91). Un tratado que otorga propiedad intelectual sobre plantas y semillas, una forma de privatización y de restricción del derecho de los pueblos a poseer sus semillas. Para 2005, los y las legisladoras rechazaron y archivaron su expediente gracias a que diversas organizaciones ecologistas, campesina, indígenas y de la academia nos posicionamos en contra de ese convenio internacional nocivo.

Pero en 2006, con la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se volvió a poner sobre la mesa de discusión. Ahora como parte de su agenda complementaria. El equipo de negociadores por parte de Costa Rica rompieron su promesa de no aceptar UPOV y así dejar comprometido al país a adherirse a este convenio, que ya se había rechazado y que además contradice nuestra Ley de Biodiversidad (N°7788), mundialmente premiada por estar a la vanguardia para la época. Es importante decir que de esta ley en el artículo 78, en su inciso 6, exceptuar de cualquier tipo de propiedad intelectual a “las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público”. Prácticas entre las que se encuentran el cuido, resguardo y multiplicación de semillas criollas.

Pero los negociadores de Estados Unidos fueron categóricos en señalar que: “era absolutamente indispensable” la eliminación de esa parte de la ley 7788, por oponerse a los lineamientos UPOV. Además amenazaron a sus promotores nacionales que sin la modificación de nuestra legislación en este tema no habría TLC. De esta manera el entonces presidente Oscar Arias Sánchez rápidamente emitió un mandato que permitía la aplicación de propiedad intelectual sobre formas de conocimiento tradicional, el decreto ejecutivo 3459-Minaet-COMEX y así acatar las exigencias de Estados Unidos para cumplir con las disposiciones de UPOV.

El compañero Sergio Rojas Ortíz, en su calidad de presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre y en alianza con la Red de Coordinación en Biodiversidad, presentó en 2009 una acción de in-constitucionalidad en defensa del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, contra este decreto ejecutivo de la administración Arias. La Sala Constitucional le dio la razón mediante la resolución Nº 2012-018147, declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad y así obligando al aparato estatal a respetar lo dispuesto en materia de protección de los conocimientos tradicionales. De esta manera Sergio derrotó al TLC y resguardó el derecho de los pueblos indígenas y campesinos a sembrar y compartir las semillas.

El líder indígena asesinado el 18 de marzo de 2019 por defender las tierras indígenas, también luchó por las semillas criollas y nativas. Traer esto a la memoria nos compromete a continuar su legado y luchar de igual manera en defensa de las semillas y en contra del proyecto de ley 21.087 en trámite en la asamblea legislativa que busca, nuevamente, privatizar las semillas y arrebatárselas a los pueblos para dárselas a las transnacionales. ¡Sergio Rojas vive!

ESOS OTROS CONFINAMIENTOS

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La noche del 7 de octubre de 2007, al conocerse los resultados del referéndum que decidiría la incorporación de Costa Rica al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, un grupo de personas asumió la tarima principal del movimiento del «No» y con consignas sobre no dejar morir los procesos sociales de participación y resistencia, sellaron hasta el día de hoy la respuesta desde abajo ante la agudeza y agresividad de la propuesta país desarrollada por los sectores más recalcitrantes del conservadurismo económico y social.

Esa noche sería premonitoria de una dinámica sin pausa, que ha sumido a los sectores sociales, a las poblaciones vulnerables particularmente en la más absoluta indefensión, por un lado, y por el otro, en la imposibilidad de volver a articular un proceso político organizado y robusto para hacer frente a los embates de la propuesta neoliberal en franco ascenso.

Apenas cuatro años antes de aquel evento, Costa Rica asistiría a la primera versión de una segunda ronda electoral en su vida política republicana, una de varias rupturas que su sistema político y democrático habría de experimentar durante los años venideros.

La alternabilidad en el juego electoral que mantuvo invariable los acuerdos de las cúpulas políticas costarricenses durante varias décadas, tuvo su límite al iniciar el presente siglo con la emergencia de nuevas propuestas o al menos de estructuras organizativas no pertenecientes en lo formal a esas cúpulas.

Luego vino el resto: la crisis de representación instalada en los últimos 25 años, la inercia y declive de los partidos políticos tradicionales y la irrupción de los partidos «franquicia» o «taxi» como propuestas orientadas única y exclusivamente a los procesos electorales, terminaron por revocar un modelo argumentado adentro y afuera como fortalecido, sólido y resistente a las fisuras.

Una de las señales inequívocas del tránsito hacia «nuevas normalidades» como es ya lugar común escuchar sobre la convivencia con los procesos sociosanitarios que llegaron para quedarse, ha sido sin lugar a dudas la persistencia del abstencionismo como la verdadera y genuina expresión política colectiva instalada en el país.

Durante años, esa cifra mostró niveles bajos que promediaban el 18%, porcentaje que presentó un salto significativo entre 1994 y 1998, cuando se instaló en un 30% para nunca más volver a bajar de esa cifra. Incluso, en las elecciones de primera ronda de febrero de 2022 se mostró el comportamiento más alto de la historia con un 40% de abstencionismo, cifra que aumentó incluso para la segunda ronda de abril, ubicándose entre los porcentajes mas bajos de participación de las cuatro segundas rondas desarrolladas en los últimos veinte años.

Hablar de causas de este fenómeno es llover sobre mojado. Ya el diagnóstico había sido elaborado años antes con el fenómeno del enojo como principal categoría. Lo que las contiendas electorales de 2018 y 2022 supusieron de novedoso, fue territorializar ese descontento en las costas y las comunidades periféricas, espacios de una geografía donde la desigualdad, la fragmentación y la exclusión han sido marcas registradas de ese modelo avasallador continuado en los últimos cuarenta años.

Con estos escenarios así dibujados, no es difícil imaginar la irrupción de un nuevo actor para quien los acuerdos de las élites políticas, las comodidades vallecentralinas y la apelación a un nosotros retórico y discursivo que no les alcanza, les resultan lejanos, equidistantes.

He insistido en que si hay algo que llegó para quedarse es justamente ese sujeto novedoso desde lo político y organizativo. Con tintes confesionales, ciertamente, desdeña la promesa de un sistema partidario obsoleto, vacío y cascarón y se enfrasca en la toma de decisiones desde sus territorialidades segregadas: en las provincias costeras el promedio de participación en la contienda electoral alcanzó apenas la mitad del electorado, dato que resulta consecuente con esas condiciones materiales y objetivas de existencia que ni el partido tradicional ni el progresista ha podido resolver.

Escribo esta reflexión sobre una suerte de confinamiento de los procesos de representación y participación, al tiempo que se van dibujando los trazos de una nueva administración que se pasea en la incertidumbre por su novedad y desempeño durante la recién campaña política.

Lo primero que hay que decir en clave analítica es que nos encontramos ante la irrupción de figuras que traducen en lenguaje sencillo y correcto, el desdén por la política y hacen suyo el juego del enojo colectivo. Lo asumen para sí. Con tanta estrategia de comunicación política de detalle, gestos, tonos, colores, que a la gente se le terminó de olvidar el fugaz paso de Rodrigo Chaves, el presidente electo, por la actual administración.

Lo segundo a considerar es que por razones obvias y que marcan el camino de los acuerdos de las elites locales, los interlocutores válidos para cualquier persona que asuma desde el punto de vista formal la presidencia del país, seguirán siendo esos grupos de presión que un día si y otro también golpean mesas y hablan fuerte para imponer sus tesis y sus agendas.

Los sectores sociales, valga decirlo, permanecen confinados e invisibilizados y sin músculo para acudir al golpeteo. Por sus propias debilidades y porque la indignación y la rabia son quizá procesados como anomia social, como antisistema, como desestabilización. Y ante esto, una democracia centenaria como la costarricense debe cerrar filas, construyendo consensos y acuerdos de cúpulas en los que sus figuras aparezcan como provenientes de otras trincheras, los outsiders que así se denominan.

Finalmente, la tesis de la figura fuerte que venía apareciendo en varios estudios de opinión pudo haber cristalizado en estas elecciones. Está por verse si discurso y práctica son la misma cosa y si Chaves, el presidente electo, es capaz de mantener esa tesitura rígida, fuerte, dura contra el establishment del que él mismo forma parte. Porque estamos claros en una cosa: un funcionario proveniente de organismos financieros internacionales no puede jamás denominarse a sí mismo como un outsider: es una contradicción hasta histórica.

Costa Rica se enrumba hacia una nueva normalidad, no solo en materia sociosanitaria, sino en las reglas del juego democrático y en la construcción de consensos. Se esperan tiempos complicados pero hay que habilitar espacios para hablarnos. Salir del confinamiento político y procurar nuevas experiencias colectivas, incluso ejerciendo el derecho a la voz, al grito, como lo ha planteado Jonh Holloway (2002) en su trabajo sobre los procesos de transformación que nos toca acompañar. La refundación es urgente. Necesaria.

A ESTA HORA, OTRO PAÍS

Por Memo Acuña (escritor y sociólogo costarricense)

Costa Rica se enfrenta a su segunda disyuntiva de este siglo. Debe escoger un proyecto, seleccionar unos planos de construcción para levantar su edificio con distintos materiales, que pueden fortalecerlo o llevarlo a perder los cimientos que durante décadas se han levantado para garantizar inclusión, igualdad, oportunidades.

El primer momento clave fue en 2007 cuando hubo de dirimir también entre dos tesis que partieron en dos el mapa de las culturas políticas locales. El referéndum para decidir la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significó no sólo un resultado, sino la escogencia de una ruta que a la vuelta de lo años ha implicado polarización, polifonía, incertidumbre. La imposibilidad de vernos y hablarnos entre diferentes: el diálogo truncado.

Son estos juegos electorales, los sextos del presente siglo. Los primeros de la era pandémica, los que inauguran una nueva posibilidad civilizatoria. Los que marcan la continuidad de las votaciones de la diáspora costarricense que algunos medios comerciales utilizan como anécdota, pero que en lo profundo implica reconocer qué hay gente que se ha ido y se ha alejado del paraíso costarricense por distintas razones.

Serán estos los primeros comicios donde la idea de franquicia ha pulverizado de una vez y para siempre el significado de los partidos políticos en su sentido amplio, como organizaciones intermediarias entre los sujetos y la sociedad.

Si bien se presentan a si mismos como la oportunidad de elegir entre 25 opciones, la cantidad no implica diversidad en un espectro ideológico que tiende a correrse en su amplia mayoría del centro a la derecha, con muy pocas, poquísimas alternativas hacia el otro lado.

Los juegos del hambre electoral no resuelven las profundas fracturas de un país sin proyecto común, sin comunidad amplia, sin ruta integradora hacia el futuro. En su lugar, la idea del consumidor político ha sustituido a la de ciudadano que elige. Por ello la “burguerización” del espectáculo electoral, la hamburguerización del debate, la sensación de superficialidad en la discusión, la confirmación de que el principal partido existente en todas las encuestas de intención de voto sigue siendo el indeciso.

A esta hora otro país espera y aguarda. Estaremos a punto de decidir o ya habremos decidido. En la novela Cruz de Olvido del escritor costarricense Carlos Cortés el personaje central comenta “En Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang”.

En efecto, habremos de haber pasado de nuevo por una hora clave y probablemente el estupor y la cacofonía de las redes sociales disputarán para si el sentido de la discusión profunda y necesaria.

Otra vez, de nuevo, temas como la desigualdad, la pobreza, la desterritorialización de los pueblos originarios, la violencia, la fragmentación territorial, cederán a la lectura epidérmica y con ello la memoria irá de plano dando paso a la urgencia del presente.

Muchas veces hemos dicho en esta columna la necesidad de recomponernos como comunidad, ampliada e imaginada. No para homogenizarnos. Sino para salvarnos.

A esta hora, otro país que no necesariamente sea el de la bullaranga electoral, aguarda por lo segundo.

CONTROLAR LA JUDICATURA

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y Profesor Catedrático UCR.

         Tal parece que la crisis de la democracia contemporánea en todo el mundo, y con ella la deriva autoritaria que la acompaña, tiene un síntoma claro y siempre presente: el ansiado control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o el Legislativo.

         Sea que volvamos los ojos a Europa, donde destacan, entre otros, los casos de Polonia, que ha obligado la intervención de las instancias externas de la Unión Europea para preservar un mínimo de independencia de la judicatura; o bien el caso de España, donde la situación resulta ya alucinante, dado que partidos conservadores de derecha, principalmente el PP, se niegan a renovar el Consejo de la Judicatura, acumulándose cuatro años de caducidad del mandato de los antiguos integrantes, asegurándose su control y haciendo de la Constitución letra muerta.

         Si nos fijamos en el continente americano, en estos momentos están declarados varios incendios en la casa de la democracia. En Brasil, el presidente Bolsonaro no está dispuesto a someterse a decisiones de la Corte Suprema de Justicia –que obviamente no controla-, y está acudiendo al apoyo del ejército y de seguidores en las calles para legitimar un eventual golpe de estado. Y en el barrio centroamericano, un muchachito de gorrita con visera hacia atrás, envalentonado por un apoyo popular fruto del desgaste de las fuerzas partidarias tradicionales, está haciendo mesa gallega con las instituciones salvadoreñas, en cuenta y en primer lugar, todas las instancias judiciales, comenzando por el Tribunal Constitucional, la cabeza del Ministerio Público, y más recientemente, todos los jueces y juezas que en principio considera desconfiables (mayores de 60 años o con 30 de servicio).

         Ciertamente los casos mencionados son algunos de los más groseros, que ilustran las intromisiones político-partidarias en el Poder Judicial, su independencia y el rol de árbitro que se supone debe jugar en un régimen democrático sano. Pero éstos no son los únicos caminos que el autoritarismo elige para asegurarse un ascendiente determinante para tener a la judicatura arrodillada. Hay vías más sutiles, aunque no menos peligrosas. El reciente caso de los Estados Unidos de América, donde haciendo uso de los mecanismos legales para designar a los miembros de una de las cortes de justicia más prestigiosas del mundo, un Donald Trump prepotente y una mayoría senatorial republicana ultraconservadora, maniobraron para impedir la última propuesta del presidente Obama e impusieron un control mediante varios nombramientos nuevos, todos adeptos a su línea ideológica, poniendo así en riesgo los avances conquistados durante siglos de jurisprudencia progresista, destruyendo sanos equilibrios y poniendo en capilla ardiente temas fundamentales de derechos humanos.

         En Costa Rica, con exhibición del peor rasgo de carácter tico, es decir, el “mátalas-callando”, y en el contexto de varias resoluciones lamentables para nuestra Constitución, tales como la autorización de la reelección presidencial o la aprobación de la agenda complementaria al TLC, la ruta seguida sobre todo desde las mayorías parlamentarias, ha sido tomar control de la Corte Suprema a través de un régimen de nombramientos patético, donde se juega a la objetividad mientras se maniobra de mil maneras para designar las candidaturas políticamente “confiables” o “inofensivas”. Todo lo que se perciba como excelencia académica o profesional, todo lo que pueda garantizar independencia y objetividad en los fallos, todo lo que pueda repetir condenas por corrupción a políticos o gentes de poder cuestionados, es inmediatamente descalificado, en un “diálogo” cada vez más intenso y pernicioso entre algunos vecinos de González Lahman y otros de Cuesta de Moras.

         El síntoma de descomposición institucional más grave que se percibe en este degradado régimen de nombramientos, está en los mismos agentes internos del Poder Judicial, con suficiente conexión e influencia político-partidario como para recomendar o descalificar a los aspirantes a la magistratura. Si infundir miedo en una democracia es el recurso más vil que pueda concebirse para conquistar las mayorías, llevar esa estrategia de terror al terreno de la justicia, prepara el colapso definitivo de todo el sistema. Jueces con miedo equivale a médicos hipocondriacos o a sacerdotes ateos.

         En nuestro país ya no basta la afinidad ideológica de los jueces, lo cual puede ser comprensible. Se está exigiendo algo más. Una clase política miope y regresiva, está queriendo imponer un modelo de sociedad con pensamiento único, en el que frases como “dictadura en democracias” o “en Costa Rica hay exceso de democracia”, son ya consignas que están dispuestos a imponer al precio que sea necesario.

         En la antesala de un campaña política más, donde el debate sobre la Justicia y el Poder Judicial siempre han estado ausentes, valdría la pena que una iniciativa ciudadana le pregunte a candidatos y candidatas si realmente creen en el Poder Judicial, y el necesario control que los jueces deben tener frente a los conflictos entre ciudadanos y de éstos frente al Estado.

Independencia: el descaro no puede ser más grande y la realidad no puede ser más que evidente

Comunicación SITRAINA

Centroamérica y Costa Rica celebran la independencia de España. Existen muchas valoraciones sobre este hito histórico, ocurrido en 1821. Entre algunos de estos aspectos se encuentran el modo mediante el cual se dio esta independencia. A diferencia de los países sudamericanos que tuvieron que enfrentar cruentas guerras, en las que sobresalieron caudillos criollos como Simón Bolívar o Francisco Pizarro; a Centroamérica la independencia del imperio español le llegó sin derramamiento de sangre. Esto se debió a que España era un imperio en acelerada decadencia y centraba sus fuerzas en las guerras religiosas europeas, más que en sus dominios del mar, donde era superada por Inglaterra, y de las colonias en América.

Después de la independencia de España, Costa Rica afrontó importantes gestas para conservar su independencia; entre ellas, guerras civiles para decidir si se anexaba o no al imperio mexicano de Iturbide y la defensa de la patria, liderada por Juanito Mora en 1856, en contra de los filibusteros, liderados por William Walker.

Debido a estas gestas y la historia no contada de Costa Rica, es importante recalcar que la libertad y la independencia no es algo que se tiene, sino que se trabaja y se materializa.

Desde antes de la independencia de España, en Costa Rica se generó una casta de familias criollas adineradas que querían independizarse de España para no pagar impuestos a la Corona. De esta misma casta surgieron los principales grupos de poder que se disputaron el poder, durante los siglos XVIII y XIX, en medio de golpes de estado, fusilamientos y la implementación de algunas ideas progresistas, traídas por criollos estudiados en Europa, principalmente del liberalismo inglés de Charles James Fox y Leonard Hobhouse, un liberalismo que era muy distinto de como se entiende este término hoy en día en la política nacional. Entre estas políticas progresistas se encuentra el acceso a la educación, la secularización de los cementerios y la mejora de ciertas condiciones sociales para las personas más necesitadas.

Gran parte de esta influencia liberal inglesa, que como dijimos, se inspiraba en el pensamiento de Leonard Hobhouse (pensador que consideraba que la evolución era una fuerza natural que conducía las dinámicas de la vida, pero que la racionalidad humana intervenía en esta dinámica para aportar a la conformación de mejores condiciones humanas, motivo por el cual, a diferencia de como pensaban Spencer y Burke, entre otros, el Estado debía intervenir en la economía y generar reformas sociales que logren mejores condiciones de vida para los más necesitados), generó una división en el seno mismo de las familias adineradas costarricenses, ya que algunas conservaron ese sentimiento criollo de no querer pagarle impuestos ni a la corona ni al Estado costarricense y otras consideraron que invertir en salud y educación era fundamental para tener un mejor país para todas y todos.

Durante la primera mitad del siglo XX, en Costa Rica confluyó una gran diversidad de pensamientos políticos que comprendía el conservadurismo, el social-cristianismo, el liberalismo, el reformismo y el comunismo. Esta amalgama de discursos y un contexto donde la educación adquiere mucha importancia, propició las condiciones para la creación de las garantías sociales como el Código de Trabajo, universidades públicas, la CCSS, del ICE, el INA entre otras instituciones que pretendían hacer que el país saliera adelante, mejorando las condiciones de vida de toda la población.

Sin embargo, para la creación de estas instituciones que tanto bien social han generado a Costa Rica, debía pagarse impuestos y no debemos olvidar que los sectores conservadores de las familias adineradas del país siempre se han opuesto a los impuestos y es así como siempre han visto con cierto odio y desprecio el papel que cumplen estas instituciones en nuestras sociedades.

Durante la segunda mitad del siglo XX, se establecieron las condiciones de la Guerra Fría y Estados Unidos comenzó a ejercer una fuerte influencia para satanizar a los movimientos comunistas en América Latina, así como la aplicación de políticas progresistas en la región. Sin embargo, en Costa Rica se estableció y consolidó, después de la gesta de 1948, un modelo social-democrático, gracias al afianzamiento de las instituciones públicas y de una clase media que se fortalecía a través del acceso a la salud, la educación y el trabajo. El Estado intervenía en la economía, a través de impuestos, para financiar los programas de reformas sociales que brindaban las condiciones materiales para que el pueblo costarricense pudiera salir adelante. Se partía de los principios del liberalismo de la primera mitad del siglo XX, de acuerdo con el cual, el mercado promueve la libertad, pero a la misma vez genera injusticias, motivo por el cual, el Estado debe intervenir en la economía y obtener una parte del pozo de la riqueza del mercado, para generar igualdad social.

Todo lo anterior era un trago amargo para las familias conservadoras de este país, las cuales fueron afianzándose tanto en el PLN como en el PUSC, a lo largo del periodo del bipartidismo y posteriormente en el rejuntado del PAC, Sin embargo, desde la década de 1970, estas familias encontraron un respiro en los discursos neoliberales que promovía Estados Unidos, principalmente a partir del gobierno de Ronald Regan. De acuerdo con estos discursos, tal y como lo hemos venido estudiando en entregas anteriores, el mercado es una entidad racional que es capaz de colocar cada una de sus fuerzas donde generen una mayor productividad; por lo tanto, nada, ni el Estado, puede regular el mercado y si el Estado interviene en el mercado, mediante la aplicación de impuestos, comete una injusticia en contra del mercado y atenta en contra del modelo de democracia yanqui.

Este modelo neoliberal se fue imponiendo en nuestro país, con la aplicación de Programas de Ajuste Estructural (PAEs), durante las décadas de 1980 y 1990 y con la privatización de un conglomerado de empresas estatales que intervenía en el sector productivo nacional (CODESA), en la década de 1990. Estas mismas políticas fueron las que predominaron en el intento de Miguel Ángel Rodríguez de privatizar el ICE en 2001 y la promoción, impulso y aprobación del TLC por parte de Óscar Arias, entre 2004 y 2007,

Paralelo a este proceso, en Costa Rica se había consolidado una democracia participativa con un importante poder político. El contar con clases medias educadas y dispuestas a defender el estado social de derecho y todas sus instituciones, a través de sindicatos y movimientos sociales, logró frenar las intenciones de Miguel Ángel Rodríguez de privatizar el ICE y generó una fuerte oposición en contra del TLC que al final se manifestó en el Movimiento del NO, en el desafortunado Referéndum de Óscar Arias, con memorándum del miedo de Kevin Casas y Fernando Sánchez incluido.

Sin embargo, el ataque mediático de las familias conservadoras y neoliberales del país a las instituciones públicas; ya no solo para no pagar impuestos, sino también para aumentar su pecunio al incorporar a sus negocios sectores de la economía que el Estado regula para generar igualdad social (como lo es la salud, la educación, el agua, la electricidad, los seguros y las telecomunicaciones); se ha caracterizado por aplicar una misma fórmula, diseñada globalmente por la inteligencia de Estados Unidos: a. escándalos de corrupción e impunidad para los políticos que saquean las instituciones; b. presentar ante los ojos de las audiencias los servicios públicos como servicios de baja calidad; c. generar normas y reglamentos que traban el buen funcionamiento de las instituciones; d. hacer ver a la y el empleado público como vagos con privilegios; e. tercerizar, que es lo mismo que privatizar, los servicios, comenzado por seguridad, mantenimiento general y limpieza y llegando progresivamente a los servicios esenciales como salud y educación; e, desfinanciar las instituciones públicas y las arcas del estado a como dé lugar; f. quebrar las instituciones públicas; g. venderlas al mejor postor, o sea a los miembros de las élites nacionales y a los consorcios trasnacionales.

Durante este gobierno, las políticas promovidas por las familias adineradas, conservadoras y neoliberales, se han afianzado con mayor fuerza en este país. El desprestigio que habían sufrido durante los últimos años los sindicatos, los movimientos sociales y sobre todo el derecho a huelga, que garantizaban una clara democracia participativa, han sido un golpe duro para la oposición popular. Por otra parte, las políticas de impuestos se han ceñido en contra de las personas pobres y han exonerado y generado condiciones cada vez mejores para los ricos. En síntesis, este gobierno ha debilitado con mayor fuerza la clase media de nuestro país y tiene como excusa la pandemia, como si esta fuera la única causa de la crisis general de Costa Rica.

Los contrastes son más que evidentes. Mientras la clase política se impone en la Junta Directiva de la CCSS y modifica la Ley de Pensiones, bajando los montos que recibirán las personas trabajadoras y aumentando la edad de pensión y mientras la SUPEN, conducida por el ojo perverso de Rocío Aguilar, busca reducir o eliminar las pensiones mínimas; en la Asamblea Legislativa se promueve proyectos de ley para condonar la deuda que tienen con la CCSS, no solo las y los trabajadores independientes, como lo quieren hacer ver algunos medios de comunicación, sino las deudas de compañías con casos de corrupción pendientes como ALDESA e incluso las deudas de algunos diputados. El descaro no puede ser más grande y la realidad no puede ser más evidente.

Es en medio de este contexto que el Gobierno de la República celebra el Bicentenario. Un Bicentenario que no pasa de la etiqueta y el protocolo, porque en acciones materiales, la independencia actual de las clases pobre y media de Costa Rica se está yendo por el drenaje del neoliberalismo, al igual que la democracia participativa y en general, nuestra libertad.

Estimadas y Estimados Afiliados de SITRAINA. Estimadas y Estimados Compatriotas. La independencia no debe ser celebrada simplemente como “la” independencia. El 15 de setiembre se celebra la independencia de España, pero debe servirnos la fecha no solo para conmemorar esto, sino para hacer memoria histórica sobre nuestro pasado y valorar desde ahí nuestra situación presente: ¿qué tan independientes somos en Costa Rica, sino pertenecemos a las familias históricamente más ricas, conservadoras y neoliberales?

Columna Libertarios y Liberticidas (1) (Tercera época)

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Después de algunos años he decidido volver a producir y a difundir los contenidos de esta columna, creada inicialmente con propósitos de lucha y divulgación durante la gran batalla cívica de un gran sector del pueblo costarricense contra el TLC con los Estados Unidos y la América Central (CAFTA, por sus siglas en inglés), la que apareció en las redes sociales durante un período de algunos meses en que la publicaba diariamente, entre julio de 2007 y febrero de 2008, después se vino divulgando con algunas intermitencias hasta el año 2014. En medio de un ambiente de intolerancia, y de gran ceguera ideológica de cierta derecha totalitaria, como también de una izquierda acomodada al régimen imperante, la que a ratos es incluso “boba”, y en otros momentos aparece plegada a la agenda light de un cierto “marxismo cultural”, vaya uno a saber, es que tomo esta decisión largamente meditada, para hacerle frente a esa dictadura sobre el pensamiento. Esos son, en principio, los motivos por los que vuelvo a este ejercicio pirotécnico, escribiendo, y reflexionando sobre la marcha para compartir e intercambiar ideas con quienes me lean.

Hace apenas una semana me empeñé en compartir con mis lectores una reflexión en voz alta para hacerles notar el gran poder de la mentira, la fragilidad del lenguaje que empleamos y las apariencias de un régimen que dice ser de libre mercado, estar basado en la libre competencia, y en eso que los neoliberales suelen llamar una “sociedad abierta, cuando en realidad está conformada y dominada por unos cuantos monopolios y oligopolios privados que acaparan la cartera de los negocios más “jugosos”. Cierta gente prefirió pasar por alto el hecho de que algunos de esos personajes (ellos y ellas como dicen ahora esos que andan al día con las modas intelectuales) se han vuelto “empresarios” muy poderosos, pero a costillas nuestras. Los que seguimos tomando el riesgo somos los demás mortales que vivimos en una sociedad más bien cerrada, lo de “abierta” no pasa de ser una mención propagandística. Recordemos que para los de habla inglesa “propaganda” es una mala palabra, y nos recomiendan usar en su defecto advertising. (La palabra inglesa propaganda es despectiva y no se emplea para hablar de “propaganda publicitaria”. Para este significado se usa el término advertising NUEVO SMART INTERACTIVO Diccionario Español-Inglés English-Spanish Editorial Océano p. 858).

Mientras tanto, ocurre que en Perú la ultraderecha y el fujimorismo, corrupto hasta la médula, además de enemigo declarado de la democracia, preparan un golpe de estado, pues no aceptan el resultado electoral que le dio el gane al profesor Pedro Castillo, alegando un fraude del que no han podido presentar una sola prueba. Están recurriendo a toda clase de maniobras para deslegitimar esos comicios, además de que, con artimañas de suyo evidentes, los diputados salientes quieren nombrar apresuradamente a los magistrados del Tribunal Constitucional, ya sea para anular las elecciones, y de no ser posible, después del 28 de julio, vacar o deponer al representante del Perú Profundo y las clases oprimidas. Esto ha dado lugar, a que habiendo transcurrido más de un mes de haberse llevado a cabo las elecciones generales del domingo 6 de junio pasado, todavía no ha sido proclamado al nuevo presidente del Perú quien se supone, por mandato legal, deberá tomar posesión el próximo miércoles 28 de julio, día en que se cumplen los doscientos años transcurridos desde que fuera proclamada la independencia de esa nación sudamericana.

Un poco más al sur del continente, en el vecino Chile, acaba de ser instalada la Convención Constitucional, elegida el pasado mes de mayo, respondiendo a un mandato del electorado, del mes de octubre del año anterior, el que tuvo sus orígenes en la oleada de protestas sociales de octubre y noviembre de 2019. Sus 155 integrantes, entre los cuales hay 17 representantes de los pueblos originarios, con un notorio predominio de los independientes y de la izquierda más radical, son los que deberán redactar y aprobar el texto de una nueva constitución política, para hacerlo tienen el plazo de un año, a partir del recién pasado domingo 4 de julio. Será la primera vez en la historia de ese largo país con una loca geografía de cuatro mil kilómetros de costa y una también larga Cordillera de los Andes, en la que el pueblo de a pie tomará parte, tanto en las deliberaciones, como en el curso de las decisiones para tener un texto constitucional, el que será su instrumento político y jurídico más importante durante las próximas décadas, cosa que no ocurrió en 1925, y mucho menos en 1980 cuando la dictadura empresarial militar del general Augusto Pinochet impuso, en medio del terror y con la prensa amordazada o cooptada, en su gran mayoría, la constitución neoliberal que sigue vigente en ese país, desde hace más de cuarenta años. ¿se convertirá Chile en un estado federal, descentralizado y plurinacional? Todo parece indicar que esos serán algunos de los vectores más importantes que traerá el nuevo texto constitucional.

Historias de liderazgo: documental sobre participación política de juventudes en Costa Rica

Compartimos el siguiente video producido por el Proyecto Juventudes Progresistas de la Fundación Friedrich Ebert titulado Historias de Liderazgo en Costa Rica y cuyo guion y dirección estuvo a cargo de Patricia Howell.

“En todos los conflictos sociales las juventudes han sabido estar en primera línea para defender la soberanía y los derechos humanos…

… hablamos de la lucha contra ALCOA el Combo del ICE y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Hoy las juventudes costarricenses son parte de una evolución ideológica que se posiciona como progresismo político… y particularmente de rostro femenino, caracterizan las nuevas luchas sociales…

Este documental busca promover la conciencia de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir…”

En el video Iris Navarrete Murillo, lidereza ALCOA, 1968 – 1970, habla sobre este contrato, el cual se pretendía hacer entre el gobierno de Costa Rica y dicha empresa, la cual estaba radicada en Pensilvania, Estados Unidos y se dedica a la explotación y producción de aluminio: “… a ellos les interesaba las tierras de Pérez Zeledón, por ser tierras muy ricas en bauxita. A mí me interesó la situación a raíz de que un amigo mío que estudiaba agronomía… me comentó el problema ambiental que iba a producir esta empresa. El Valle del El General iba a perder toda su belleza y su fertilidad a cambio de nada… No era conveniente que volviéramos a caer en la situación que se dio con las compañías bananeras y con el ferrocarril al Atlántico que se rigieron por contratos de ley… Y por otra parte la violación a la legislación costarricense era flagrante”. Es así como en el onceavo congreso universitario de la federación de estudiantes, Iris Navarrete presenta el documento explicando los alcances que tendría ese contrato y se empezó a tomar conciencia de manera colectiva del problema ante una figura jurídica que era inamovible. El 24 de abril de 1970 el Congreso aprobó ese contrato de ley, por lo que la gente se molestó bastante; la policía intervino de manera violenta y hubo muchos detenidos y gente golpeada. Finalmente, en la siguiente legislatura presentaron un proyecto para eliminar los contratos ley y así fue hecho.

Por otra parte, Eva Carazo Vargas, expresidenta de la FEUCR, activista contra el Combo del ICE, 1999 – 2000 nos habla sobre esta lucha “… desde allí (FEUCR) participamos junto con muchos otros sectores en la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad frente a un proyecto de ley que buscaba poner los servicios de telecomunicaciones y de electricidad a funcionar bajo la lógica de mercado y no como derechos que había que garantizar a toda la población…” El Combo surgió de un proceso llamado Concertación Nacional, del que salieron tres proyectos de ley, uno de ellos modificaba la estructura institucional del ICE, otro abría las telecomunicaciones y un último la electricidad. Una vez que llegaron a la Asamblea Legislativa, ésta los unió en uno solo y así surgió el “Combo”, bajo el cual se promovía que el aparato público como tal, no funciona. El ICE, además de ser eficiente, “…representaba ese modelo universal y solidario en que los servicios se entendían como derechos y no como mercancías”. Es así como los integrantes de la FEUCR, quienes venían dándole seguimiento a este tema y se sentían responsables con la sociedad como miembros estudiantes de una universidad pública. La Asamblea Legislativa aprobó en comisión el “Combo” y es ahí cuando esa lucha se trasladó a las calles y creció la conciencia de los que implicaba este proyecto. En la lucha se involucró mucha gente, entre ellos comunidades rurales, territorios costeros y la estrategia utilizada en la lucha fue el bloqueo de carreteras en distintos y numerosos puntos del país; movilización callejera y marchas multitudinarias. En esta lucha la gente joven tuvo una participación protagónica gestada por movilizaciones masivas desde las federaciones estudiantiles de todas las universidades públicas y privadas. Finalmente, se llegó a un consenso para suspender las manifestaciones al mismo tiempo que el gobierno se comprometía a retirar de la corriente legislativa el proyecto de ley del “Combo”. “… la principal ganancia en ese momento fue detener el proceso de privatización y debilitamiento de la institución… nos habla de la posibilidad que tenemos para transformar la realidad cuando nos movilizamos intencionalmente para hacerlo”.

Por último, Andrea Alvarado Vargas, periodista, productora audiovisual, activista en la lucha contra el TLC, 2006 – 2007 nos habla al respecto: “El TLC era un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos y tuvo tanta oposición nacional que se llevó a un referéndum, el primer referéndum en la historia de Costa Rica. Empezó a surgir un movimiento de manera muy orgánica, de personas que estudiaron ese Tratado de Libre Comercio y que empezaron a evidenciar que había tremendas desventajas en esa negociación, particularmente para Costa Rica frente a los Estados Unidos”. Una economía pequeña como la de nuestro país, negociando con una potencia mundial que posee prácticas desleales en cuanto al comercio. En ese momento muchas personas jóvenes se unieron a esta lucha social y se articularon con otros movimientos y lograron crecer en sus estrategias políticas, de divulgación, en comunicación y otros ámbitos. Los sectores que estaban a favor del TLC se encargaron de tejer una narrativa acompañada de una publicidad multimillonaria en torno al miedo al hacer creer que, si no se aprobaba el tratado, esto aumentaría el desempleo. “…Estoy convencida de que la lucha contra el TLC logró una articulación de movimientos sociales nunca vista en este país. Había un liderazgo propio en los movimientos estudiantiles con actividades propias, con agenda propia y con una visibilidad en ese momento de lucha social. …El movimiento de mujeres organizado y el movimiento feminista se vinculó desde un principio con la lucha contra el TLC. …nos dimos cuenta que a las mujeres también nos afectaba…”

 

Compartido con SURCOS por Marco Aguilar Badilla.

¡Devandas!

Adalberto Fonseca Esquivel

A los 74 años, luego de una aguda enfermedad, hermanada a una lucha frenética por su vida, se marcha y trasciende una figura señera y referente obligado del movimiento social y político costarricense en las cinco décadas precedentes.

En los años setentas, frisando apenas los veinte años de edad, y luego de una corta militancia en el PLN, partido que le abrió las puertas como regidor en el Concejo municipal de Montes de Oca, renuncia! las razones, tráfico de influencias en la cesión de terrenos municipales a manos privadas. Gollerías comunes en los partidos de tradición.

Funda con un grupo de amigos el periódico comunal “El Mojón” que llegó a colocar hasta tres mil ejemplares en cada edición el que se convirtió en Órgano de denuncia e información sobre el acontecer de su cantón.

Álvaro Montero M, vecino y quien escribía cada cierto tiempo en el periódico, le invita a una reunión, es el atisbo para un nuevo movimiento político, todavía en ciernes, el Partido Socialista Costarricense (PSC), punto de encuentro con figuras como Arnoldo Mora, Francisco Aguilar Bulgarelli, los gemelos Salom Echeverría, Javier Solís entre otros.

En abril de 1970 el estudiantado costarricense irrumpe contra la transnacional Alcoa, un hito que significó un rompe aguas en la historia social del país, años también convergentes con otros movimientos políticos irruptivos: Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, el Partido de los Trabajadores, además de nueva izquierda como el Frente Popular, liderado por Rodolfo Cerdas.

Con la derogatoria del artículo 98 Constitucional que prohibía la organización de agrupaciones políticas y legado de la represión a las izquierdas luego de la guerra civil de 1948, había sido cerrojo y candado  para aquellos grupos políticos que contaminaran la  “democracia costarricense”  – que como se sabe- proscribió al Partido Comunista costarricense y  organizaciones  como los sindicatos, producto también de  intereses mezclados en la franja histórica de la “guerra fría” y el “macartismo” incubado luego de la segunda guerra mundial y acelerado con la Revolución Cubana de 1959.

Derogado el artículo, en la década de los setentas como señalamos, las agrupaciones clasistas, partidos políticos y sindicatos de nuevo cuño encuentran posibilidades de desarrollo, reconocimiento y legitimidad.      

La ideología en el contexto, había sido excluyente “de tajo a rajo “abrió espacio para que el escenario político fuera dominado por el conservadurismo de la iglesia católica, la instalación de movimientos de derecha a ultranza como el Movimiento Costa Rica Libre, (MCRL), un belicoso sector empresarial instalado en la UCCAEP, y desde luego la ANFE.

La política exterior norteamericana, promueve su “Alianza para el Progreso” cinturón de seguridad para los gobiernos del área para contrarrestar y evitar los efluvios de la revolución socialista en la isla de Cuba.

En ese contexto, el movimiento de los trabajadores organizados en sindicatos se expresa en dos corrientes muy marcadas: el sindicalismo clasista y el sindicalismo conciliador. El primero inspirado en nuevas corrientes y partidos políticos emergentes, el segundo tutelado por el reformismo socialdemócrata

En esa realidad política y social, el PSC con Devandas en la interlocución concluye sobre la necesidad de articular, procesos y acciones, al comprender que el reformismo socialdemócrata controlaba a las principales organizaciones de trabajadores, no solo como sindicatos, sino además en federaciones y confederaciones sindicales. Fue imperioso entonces la captación de organizaciones sociales.

Al menos 21 organizaciones sindicales son arrebatadas a la égida del PLN, Devandas y su agrupación logran poco a poco instaurar nuevas dirigencias, de reemplazo y sustitución. Algunas de esta a manera de ejemplo fueron la Anep, Undeca, Sindeu, Sibampo, Upins, Asdeice entre otras.

Sin embargo, dos artículos del Código Penal, el 333 y 334, serán inhibidoras del libre desarrollo del sindicalismo nacional.

Además, la administración Oduber Quirós (1974-1978) había iniciado una intensa persecución sindical luego de dos beligerantes huelgas en las fincas bananeras transnacionales que se dieron en Quepos y Parrita.

Los procesos unitarios no se hacen esperar, así se funda el 18 de septiembre de 1975, la Federación Nacional de Trabajadores Públicos (FENATRAP) expresión unitaria articulada e impulsada por Mario Devandas.

Carlos Baidal, dirigente de la Anep, será el presidente, Devandas el secretario. Para ese entonces, Baidal era dirigente de la Anep, figura del Frente Popular.

El 22 de julio de 1977, las organizaciones sindicales sin distinción lo declaran como “Día de la vergüenza nacional “, fueron arrestados y encarcelados dos dirigentes: Mario Devandas Brenes y Luis F. Alfaro, éste, secretario general de Asdeice.

Cárcel y postración durante tres meses. El Procurador Steiner siguiendo a pie juntillas las órdenes del Ejecutivo fue el ejecutor.  Los artículos 333 y 334 del Código Penal, limitaban el llamamiento de los sindicatos a movimientos de protesta y en consecuencia al abandono del trabajo.

El sindicalismo nacional se estremeció ante la arremetida del gobierno. Muestras de solidaridad con los incautados, movimientos de apoyo, se promueve la venta de un bono por 10 colones para pagar la libertad condicional de los acusados

Precaución y cautela destilaba el gobierno ante el avance de las fuerzas organizadas, ahora con nuevos liderazgos y recompuesto el sindicalismo costarricense.

Para las elecciones nacionales de 1978, la coalición “Pueblo Unido” conformada por los partidos Vanguardia Popular, Socialista Costarricense, el Movimiento Revolucionario del Pueblo y el Partido de los Trabajadores; logran llevar a tres figuras a la Asamblea Legislativa: Humberto Vargas Carbonel y Mario Devandas Brenes por San José, Rodrigo Ureña Quirós por la provincia de Puntarenas.

El trabajo legislativo de la fracción fue una propuesta de equipo, la que mantuvieron durante el cuatrienio legislativo.

Devandas por ejemplo asumió la provincia de Limón como área de atención prioritaria, enfrentó y propuso soluciones a los problemas de la provincia, temas el habitacional e infraestructura. En ese contexto el Concejo Municipal del cantón central le dio el reconocimiento de “hijo predilecto”.

Destacó también sobre el tema de costos y precios de los productos de consumo popular, tarifas, costo de vida. Promovió reformas al Código Penal, abogó por el financiamiento de la educación superior (Universidades públicas).

Promovió reformas a la ley del Banco Popular y fue coadyuvante para la creación de la asamblea de trabajadores de la Institución. (ATBP)

La reforma a la ley de símbolos nacionales fue su propuesta para sustituir a los militares que, en actos cívicos o efemérides patrias, estos portaban el Pabellón Nacional. Con la propuesta del diputado, serán ahora los estudiantes de escuelas y colegios.

Fueron célebres las polémicas con el Ministro de Seguridad Charpentier, con la Ministra de Trabajo D. Estela Quesada, que terminó con su dimisión.

Devandas en noviembre de 1980, se convierte en el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), que, para el contexto, se convirtió en la organización de trabajadores clasista y desarrollada, entonces cubriría a 55 mil trabajadores(as)y obreros costarricenses. La secretaria general de la Confederación la asumió Marielos Giralt Bermúdez, también dirigente en la UCR.

Otros esfuerzos unitarios se articulan a inicios de la década de los 80s, como el Comité Unitario Sindical (CUS) que se sumó a los movimientos y centrales de la época: Rerum Novarum, CTC, CTCR, CATD, CUT y otros sindicatos independientes.

En el mes de junio de 1986, se consolida un nuevo esfuerzo de unidad sindical y popular, el Consejo Permanente de Trabajadores (CPT) que es probable haya sido la mayor consolidación unitaria de los sectores populares en las últimas décadas que trascendió al sindicalismo para fortalecer una propuesta unitaria comunal, cooperativa, a campesinos, emprendedores, juventud y grupos estudiantiles.

El CPT fue también una propuesta también doctrinal y conceptual, con articulación y propuesta de negociación.

El Programa Económico Costarricense (PEC I) le dio robustez al CPT, en materia de desarrollo económico y social. (*)

En los diferentes procesos unitarios que vivió el sindicalismo costarricense a partir de la década de los setenta y durante tres décadas, indiscutiblemente tuvo la impronta de Mario Devandas.

En la lucha contra el “Combo de ICE “en los primeros meses del año 2000, Mario como colaborador del Diputado Merino del Río – en su primer período- también asume su rol. El ICE era una institución conocida por él, incluso en su momento fue uno de los primeros en denunciar la “desnacionalización” del Instituto en la medianía de los años setenta cuando fue funcionario de la Institución.

La lucha del Combo del ICE fue base y plataforma; de esas acciones derivarán otras, que, con sus bemoles y características fueron agenda de las y los trabajadores organizados: Revisión Técnica Vehicular, el Movimiento Cívico Nacional y la patriótica y trepidante lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Mario junto a Román Macaya, Ottón Solís y otras personalidades de la coyuntura, visitaron a lo largo de muchas semanas a grupos organizados de la sociedad civil, iglesias, juntas administrativas, comunidades llevando el mensaje contundente del NO al TLC.

Era un llamado a no votar a favor del Tratado en el referéndum que se aproximaba, que como ya es historia, el SI fue el ganador, con un muy dudoso veredicto.

Para el año 2014, el Presidente Luis Guillermo Solís nombra a Devandas en la Junta Directiva de la CCSS, cuya representación ostentaba desde el año 2010, en el que la Presidenta Laura Chinchilla Fallas, no lo consideró pertinente. Mario había sido electo por mayoría abrumadora por parte de los trabajadores organizados en Sindicatos, es entonces la representación de la Junta Directiva Nacional del sector trabajador costarricense.

*(El documento patrocinado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, fue un proyecto de colaboración de la Escuela de Economía de Universidad Nacional, y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica liderado por Mario Devandas, con el apoyo de Álvaro Fernández y María Eugenia Trejos)

Desde el 2014 hasta su deceso, Mario se ocupó de atender los grandes temas estructurales de la CCSS:

  • La CCSS es una conquista del pueblo costarricense.
  • El modelo de atención debe revisarse, el mismo está centrado en la enfermedad y no en la salud.
  • Sostenibilidad del régimen de pensiones y los sistemas de salud.
  • Prevención y promoción de la salud.
  • La crisis de la Caja es una pena de “todos y todas”.
  • El fortalecimiento de las Juntas de salud.
  • La Caja requiere de un Ejecutivo de alto nivel, no un Presidente Ejecutivo nombrado por el gobierno de turno.

Devandas, en su relación con la sociedad civil fue propositivo, veía en la realidad socio política actual la necesidad de impulsar entre todos y todas, las fuerzas vivas del país en su conjunto:

  • Un nuevo pacto social, un congreso nacional unitario entre todos los sectores de la sociedad costarricense: Estado, Empresarios, Trabajadores (as)
  • Viabilidad de una sociedad más justa y equitativa
  • El nuevo 9 de la Constitución, el que resuelve sobre la participación y soberanía del pueblo costarricense en la toma de decisiones.

Mario Devandas Brenes, fue economista por la UCR, con una maestría en la UNA, y un doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica de la U. La Salle.

Además, docente en la UNED, y coordinador de la Oficina de Extensión de la misma Universidad.

Sus investigaciones y artículos académicos entre otros: Diálogo social en América Latina, Legislación laboral y organización de los trabajadores, Privatización nuevas tareas para los trabajadores, empleo público 1980-1990.

“Estrategia de tierra arrasada”, libro publicado por la Editorial Uned, sobre el tema del TLC.

Este documento no exhaustivo, es una semblanza, -siempre limitada-, ante la figura y propuesta política y social intensa que significó su vida en nuestro país. Un hombre grande, sencillo, humilde, inteligente y locuaz.

Amoroso con su pueblo y sus instituciones que defendió durante toda su vida.!!!

DEVANDAS es un apellido de ascendencia hindú que significa: “AL SERVICIO DE DIOS”

Mario Enrique Devandas Brenes (2 de octubre de 1946 – 25 de diciembre 2020)

(Un edificio emblemático de la CCSS debería llevar su nombre, así como alguna calle o avenida en Montes de Oca donde nació y vivió por años debería llevar su apellido).

Adalberto Fonseca Esquivel, historiador (UCR) ,4-108-496-móvil 83716251.

Artículo compartido con SURCOS por Adalberto Fonseca Esquivel.