¿Hacia dónde vamos, con la política del Gran Garrote, contra los emprendimientos laborales de Airbnb?
Vladimir de la Cruz
El Airbnb se ha desarrollado internacionalmente como una empresa, o compañía, desde el 2008, cuando se fundó en California, con capacidad de brindar información y ofertas de alojamientos a ciudadanos nacionales y turistas extranjeros para realizar alquiler, especialmente vacacional, a costos mucho más cómodos que los de los grandes emplazamientos hoteleros.
Airbnb es casi “cuarto, cama inflable y desayuno”. Como actividad internacional se dice que abarca todo el orbe mundial, con presencia o alcance de sus ofertas en casi los 200 países, casi las 35.000 ciudades, con capacidad de atender millones de reservas, mediante el sistema de que tanto el anfitrión, quien ofrece el servicio, como el huésped, quien lo recibe y lo paga, se evalúan mutuamente. En el país funciona también la modalidad de “cama y desayuno”.
La actividad de Airbnb en la mayoría de los países es regulada oficialmente en sus operaciones de alojamientos turísticos. En algunos países el sistema ha creado problemas en el manejo de los alquileres. En la mayoría ha sido un gran incentivo para desarrollar encadenamientos de “hotelería” cómodos, baratos, fáciles de cubrir y de atender, para satisfacer la demanda de turistas internacionales y nacionales. Ha sido una fuente de empleo muy importante en países que tiene altas tasas de desempleo y pobreza.
La competencia que genera con grandes empresas hoteleras hace que éstas presionen a gobiernos y parlamentos para regular más exigentemente sus actividades, para disminuirlas y debilitarlas y hasta para hacerlas desaparecer, si fuera posible.
Es una actividad de “emprendimiento” para muchas personas, para retirados o jubilados, que no se les permite trabajar y complementar sus ingresos, a riesgo de perder sus pensiones; especialmente para mujeres. En muchos casos es una actividad familiar, que involucra a varios miembros de las familias. Es claro que como actividad económica debe declarar ingresos y pagar impuestos, con gastos de la actividad que se pueden deducir del pago de impuestos, como son seguros de vivienda, pagos por la recolección de basura, de limpieza del lugar y de mantenimiento, en general, entre otros.
Jurídicamente se ha tratado de regular internacionalmente como “alquiler vacacional”, y en algunas ciudades como “alquiler ilegal”. En esta actividad se pueden alquilar habitaciones o cuartos, como en los hoteles; casas, como las que también se alquilan en zonas hoteleras exclusivas y muy caras. Una de las medidas que se trata de imponer contra este tipo de servicios es impedir que puedan realizarse estos alquileres por períodos menores de 30 días, lo cual es un absurdo, por cuanto quien tiene interés de turistear lo hace por días, en un sitio, o por períodos muy cortos, generalmente, teniendo como base central un sitio alquilado. Pero, si es un turismo de recorrido, obviamente el alquiler es en el trayecto en tanto se necesite; es un interés turístico ad hoc, para la ocasión.
La esencia de este sistema es que son alquileres de corta duración, de pocos días. No son alquileres como los llamados “moteles de paso”, o como las habitaciones, que ya funcionan en el centro de San José, y de otras ciudades, también de paso, que se alquilan por horas, 2, 4, 6 o hasta 12 horas, para efectos, principalmente, de parejas que necesitan esos ratos para sus intimidades amorosas.
En la Asamblea Legislativa se está impulsando un Proyecto de Ley orientado a actualizar y renovar la legislación vigente en este campo. Desde hace cuatro años se reguló el hospedaje de este tipo, considerado hospedaje no tradicional, por la prestación de servicios de alquiler de cuartos, casas, apartamentos, por períodos no mayores a un año ni menores de 24 horas.
Los tagarotes hoteleros están presionando porque consideran que no tienen igualdad de condiciones, especialmente en el pago de tarifas e impuestos, según ellos, lo que les encarece sus servicios en desventaja. En la práctica no es cierto. La capacidad hotelera del país se orienta a satisfacer plenamente a los casi 3 millones de turistas que vienen a Costa Rica. Los hoteles funcionan en sus temporadas bajas y altas a llenazo. Incluso durante la pandemia, tanto en temporada baja como alta, hubo una situación de bastante bonanza hotelera, y de hoteles llenos, que discretamente se mantuvieron con esos estándares de ocupación.
Los turistas nacionales, por muchos que sean, que pueden pagar esos precios altos de los hoteles, no significan ni un 5% de la ocupación de esos hoteles, mientras que en este otro tipo de servicios pueden satisfacer sus necesidades turísticas y recreativas con mayor facilidad.
El Proyecto de Ley empuja para que el Instituto Costarricense de Turismo actúe como el policía, con la política del Gran Garrote, contra los emprendimientos de este tipo, de Airbnb, que tiene la siguiente radiografía. Los Airbnb existentes en Costa Rica principalmente son atendidos por mujeres, un 49% de mujeres está al frente de ellos; un 16% son atendidos por adultos mayores; casi el 50% de su ocupación es de costarricenses, es decir, de turistas locales, nacionales, costarricenses, situación que es válida para prácticamente para casi todos los Airbnb que funcionan en la Gran Area Metropolitana, como fuera de ella, en el resto del territorio nacional.
He sido testigo, en una ocasión, en Guanacaste, en la región de Santa Cruz, que ante el llenazo de hoteles grandes que había, un hotel, del que fui testigo, negoció y ofreció servicios de un Airbnb, que seguramente les auxiliaba en situaciones como ésa.
Cuando ir a un cine, en uno de los Centros Comerciales de San José, con seis nietos y un hijo, que piden palomitas del maíz, y un refresco cuesta ¢76.000 colones, sin ir a la sección VIP, que tienen, hay que entender que es una cifra muy elevada, que no cualquier persona puede satisfacer. Con más razón se puede entender que ir a uno de esos grandes hoteles, para la mayoría de la población que turistea popularmente, igualmente les es imposible.
Entonces: ¿A quién se está protegiendo con este Proyecto de Ley? ¿A los grandes empresarios de la hotelería, la mayoría extranjeros, de grandes cadenas internacionales? ¿A los pequeños empresarios nacionales? ¿A los costarricense, mujeres y adultos mayores que se dedican a esta actividad, o es a ellos a los que se quiere eliminar, como algún desquiciado del gobierno afirmó, hace poco tiempo, de quiénes debían morirse por desatención pública?
La manera de eliminarlos es poniéndoles trabas de trabajo, de operación de sus establecimientos, que es lo que se busca con el Proyecto de Ley, o cínicamente como un alto funcionario de la Cámara Costarricense de Hoteles dijo que era para igualar las condiciones de control y competencia entre Hoteles y opciones de hospedaje non tradicional; que es como comparar ballenas con sardinas.
Los grandes hoteles generan empleos, y encadenamientos productivos y de trabajos ligados a ellos. Contribuyen regionalmente en donde se encuentren instalados en muchos aspectos. También los Airbnb lo hacen en sus dimensiones.
La diputada, Carolina Delgado, que está impulsando este Proyecto de Ley, junto con el partido político que representa, Liberación Nacional, está actuando contra ese 49% de mujeres y 16% de adultos mayores que atienden los Airbnb del país, que están al frente de ellos. Después se quejan de sus derrotas electorales; no entienden por qué no votan por ellos; se asustan en esa tienda política de los pasos de animal grande que sienten del Gobierno de Rodrigo Chaves, en posibilidad de reelegirse, sin ver la tuca que tienen en sus ojos.
Airbnb, como empresa rectora de estas actividades señaló que las regulaciones que se les quieren imponer va a generar un impacto negativo para miles de costarricenses, “un impacto devastador” dijo. Yo agrego, y para las familias costarricenses que quieran turistear se les reducirán sus posibilidades en esa misma proporción.
Las empresas hoteleras, de Airbnb, catalogadas como “no tradicionales” deberían impulsar una propia Cámara Nacional, que los defienda como grupo. Ni la Cámara Costarricense de Hoteles, ni el Instituto Costarricense de Turismo, están para defender a los empresarios y emprendedores de pequeños hoteles Airbnb.
El ministro de Turismo se ha opuesto a exigirle a los empresarios y emprendedores pequeños estadías mínimas de cinco noches, como pretende el Proyecto de Ley, por cuanto les provocaría una situación de inequidad. Ojalá el presidente Chaves se compre esta bronca defendiendo a los empresarios y emprendedores de pequeños hoteles Airbnb.
Mientras el Partido Liberación Nacional impulsa este Proyecto de Ley contra este sector de empresarios y emprendedores de pequeños hoteles Airbnb, se anuncia el impulso de 15 proyectos hoteleros grandes, en costas y en el interior del país, incluso cercanos al aeropuerto internacional, con una inversión cercana a los $600 millones de dólares, en el segmento de hoteles de lujo, con cifras que supera el período anterior a la pandemia.
Solo estos 15 proyectos crearán 1200 habitaciones más a las existentes en el sector turístico ya establecido, en el sector turístico exclusivo, de lujo, de alta calidad. ¿Entonces, para qué joder a los empresarios y emprendedores de pequeños hoteles Airbnb, si ellos en la realidad no les “roban” clientes?
A la atracción de inversionistas turísticos norteamericanos y europeos la Promotora de Comercio Exterior ha señalado que las empresas turísticas, de este tipo, ya establecidas en el país, están en proceso de expansión.
Costa Rica después de la pandemia se convirtió en uno de los sitios más atractivos y apetecidos para el turismo internacional, lo que ha estimulado la necesidad del incremento de habitaciones. Dentro de esta estrategia de los grandes hoteleros se ha visto la necesidad de impulsar hoteles “para el turismo de negocios y para aquellos que visitan zonas centrales del país por estancias menores a dos días”, como afirmó, en un reportaje, el empresario, gerente de FIFCO, Fabian Fernández, lo que evidencia la claridad del Proyecto de Ley, del partido Liberación Nacional, y de la diputada Carolina Delgado, contra los empresarios y emprendedores de pequeños hoteles Airbnb.
De acuerdo, a los datos del Banco Central, las actividades de hotelería y restaurantes, para este año se estima que crezcan en un 9.4%, lo cual también favorece la tasa de crecimiento en los servicios de comercio en general.
La política económica del país está destruyendo las micro y pequeñas empresas. En los últimos 12 meses han desaparecido casi 20.000 pequeñas y medianas empresas, por carecer, principalmente, de los apoyos institucionales en el área de asesoramiento, capacitación y facilidades tecnológicas. ¿Por qué sumar a las de los empresarios y emprendedores de pequeños hoteles Airbnb?
Con este deterioro de la economía nacional, con la destrucción de pequeños y medianos empresarios, como se quiere hacer con los de Airbnb, como con otros sectores empresariales, con el crecimiento del desempleo y el subempleo, con el congelamiento de ingresos y salarios, con el aumento de la pobreza y extrema pobreza, con el deterioro público de la educación y su debilitamiento institucional, se está favoreciendo la crisis social, la violencia social, el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones criminales, el avance hacia el narco Estado, el Estado terrorista y hacia lo que sería la Papá Chaves Republic… de seguir por este camino.
Compartido con SURCOS por el autor.
