El triunfo de las fuerzas revolucionarias en las elecciones venezolanas de este domingo tiene una significación muy especial. Será posiblemente un hito en la historia del continente y repercutirá en la política latinoamericana y mundial.
La primera razón es que se trató de una derrota de las fuerzas de la reacción, de inspiración y de financiamiento imperialistas, y solo por sí solo esa una gran cosa. Pero eso es solo el comienzo.
El triunfo del chavizmo (así con zeta, para que no se vaya a confundir nadie) es una muestra de la madurez y de la alta conciencia del pueblo de Bolívar. Cada venezolano tuvo la oportunidad de votar por Maduro o por González, y en la soledad de su mesa de votaciones y ante su conciencia, una mayoría se decantó por Maduro. Las fuerzas opositoras hicieron campaña en torno a la idea de que un triunfo de la oposición iba a ser el inicio de un cambio en las relaciones con Estados Unidos, que se iban a levantar las sanciones y los bloqueos, culpables de las incomodidades y las estrecheces del país. Bueno, esto puedo haber cambiado con ese voto ciudadano. Pero no fue así: el pueblo votó por el sacrificio, pero por la dignidad de su Patria. Lo hicieron los viejos, pero también un gran porcentaje de la juventud, que son la garantía de la continuidad revolucionaria.
En estas elecciones se ponía en juego la misma ficha que empleó el imperio en Nicaragua en 1990, cuando el pueblo votó no por Chamorro sino por acabar con la guerra. Muchos temíamos que esa misma lógica iba a prevalecer aquí: votos a cambio de levantamiento de las sanciones, pero no fue así.
Este triunfo del chavizmo representa, además, la madurez de la revolución, que se mantiene viva y pujante después de un cuarto de siglo y que en medio de tantas dificultades comienza a marcar un repunte en todos los campos, en especial en el económico.
Ni qué decir de hace 24 años, hace solo 6 años, cuando Maduro ganó las anteriores elecciones y lo único que se vislumbraba era el enfrentamiento total, el apocalipsis; la situación del mundo y de Venezuela en el mundo era muy diferente a la de hoy. Entonces, el BRICS era apenas un niño y empezaba a dar sus primeros pasos. Hoy el BRICS es una fuerza en plena adolescencia, preparada ya para irrumpir en la adultez. Ese tratado internacional y Venezuela dentro de él van a transformar el mundo y van a poner en el museo de antigüedades muchas de las artimañas del imperio. Otro mundo está a punto de nacer, y Venezuela es pieza fundamental en él. He allí la importancia histórica de este triunfo.
La última observación que quiero hacer es que la revolución consolida su continuidad. Venezuela es la segunda revolución del continente y constatar su fortaleza es una alegría. En medio de tanta pusilanimidad y tanto desconcierto, constatar eso es como un baño de agua fresca. Sí, la revolución se mantiene a pesar de todo, a pesar de los ataques imperialistas y a pesar de sus propios errores, de las incomprensiones de muchos y de cobardía de otros tantos.
Hoy todos agradecemos a Cuba sus 65 años de resistencia. Esa resistencia nos ha hecho la lucha más sencilla. Ahora también debemos agradecer a Venezuela el cuatro de siglo de la suya. Ella nos ayuda en nuestra lucha, nos hace más fuertes y redobla nuestras esperanzas.
El sistema electoral venezolano es tan asimilable en eficacia; como comprensible es el sistema electoral colombiano, en las falacias que lo sustentan, al pretender darle un razonamiento valido de eficacia. En Colombia predomina en lo electoral una apariencia de funcionamiento correcto en lo eficaz. Lo eficaz, en lo electoral, no dista del significado de la Real Academia de la Lengua: “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ambos sistemas electorales se fundamentan en la aspiración constitucional del derecho de cada ciudadano (a) a elegir y a ser elegido. Constituye premisa esencial de reconocimiento de los derechos políticos. Lo más característico de los sistemas electorales de Colombia y de Venezuela radica en diferenciar (no comparar) en donde arraigan los presupuestos de viabilidad para que ese ejercicio se dé o se cumpla. Por ello, en los sistemas electorales de ambos países, no existen punto de comparación. En Colombia asistimos a un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y además genocida y criminal. Enmarca dentro del álgido conflicto político que impera en Colombia. Esto no sucede, no se da, en la República Bolivariana de Venezuela. Por ende, el factor de eficacia es totalmente diferente.
Se puede predicar que en Colombia no existe un sistema de oposición político articulado. Ha hecho carrera, durante este último periodo presidencial, una oposición institucional (no institucionalizada) en que las diferentes ramas del poder se enfrentan a la rama ejecutiva, alterando el principio de desarrollo armónico de la tridivisión del poder público. Oposición política partidaria no se da en Colombia; esta se diluye en intereses difusos de camarillas y de un partido inscrito que más parece una secta. Hacen coro opositor los órganos de control constitucional (Contraloría General, Procuraduría General). También los que, mutuo propio, se erigen como “de control” y son apéndices, el uno de la justicia como lo es la Fiscalía General (no considero que fue, puesto que, con la manida elección de la Nueva Fiscal General, en nada cambio la componenda corrupta imperante en ese organismo, controlado por la clientelista Corte Suprema de Justicia.) El otro, el Defensor del Pueblo, cual una bolsa de residuos de la Cámara de Representantes de mayoría opositora de derecha y el titular de su elección, como otro integrante en el sainete de conspiradores.
Por el contrario, en Venezuela la oposición si hace uso, en ejercicio, de ese derecho político. Y las diversas ramas de poder (que no son tres como en Colombia) operan de forma armónica en garantía a la integridad de la Constitución Bolivariana. Allá, el Poder Público se constituye, nacionalmente, en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder Electoral. Ese Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como ente rector. De manera que nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo, a la cabeza del presidente Maduro. Entre las múltiples funciones soberanas que tiene el Poder Electoral, está la de “reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que estas suscitan o contengan”. Organiza las inscripciones; vela por que se cumplan las disposiciones legales al respecto. Existe un Comité de Postulaciones Electorales que lo integran diferentes sectores de la sociedad civil (léase bien). De manera que la premisa del derecho fundamental de elegir y ser elegido si que redunda en garantía de existencia y de eficacia en el régimen electoral bolivariano de Venezuela.
Resalta que hasta el 1º de abril-fecha limite- 13 candidatos que cumplieron con los requisitos y respaldados por 37 organizaciones políticas se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para aspirar la Presidencia de la Republica en las elecciones nacionales del próximo 28 de julio de 2.024. De esos candidatos inscritos, 12, pertenecen a sectores de oposición política. El candidato y presidente Nicolás Maduro Moros, fue postulado como candidato de 11 organizaciones políticas que integran el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Todos, desde la extrema derecha opositora, disidente y nueva; hasta los partidos tradicionales vetustos: Acción Democrática y Copei, del antiguo régimen bipartidista oligárquico, gozaron de las mismas condiciones, requisitos, plazos, etc.
Lo incongruente, lo ilógico y lo contradictorio
En el abanico de aspirantes a elegir y ser elegido se inscribió un movimiento político conocido como Vente Venezuela, creado por la opositora María Corina Machado hacia finales del año 2.012. El 13 de mayo de 2.015 el CNE negó la inscripción como partido político de Vente Venezuela. Desde entonces no ha sido inscrito como partido electoral. En un trámite espurio, falso y fingido, la Asamblea Nacional profirió un acto de “legalización” de ese partido, sin tener jurisdicción para ello, puesto que el órgano de poder electoral es el CNE, al que no volvió a radicarse, por parte de interesado, solicitud de nueva personería. Esto a manera de explicación. La representante de esa expresión Vente Venezuela, optó por una posición abstencionista ya que María Corina Machado considera que las elecciones en Venezuela son “un sistema de extorsión” y una “simulación electoral”. Fue hasta el año 2.023 que María Corina Machado anuncio su precandidatura presidencial por Vente Venezuela. A sabiendas de la carencia de tipo para esa clase de aspiración por el no reconocimiento de Vente Venezuela, en el CNE, María Corina Machado, montó en escena unas elecciones primerias de la oposición, en Vente Venezuela, en que ella dizque logró el primer puesto con un elevado y mayoritario número de electores. Eso fue realizado por fuera del sistema electoral venezolano, que lo rige el CNE. Y así en esa ilusoria fantasía y despliegue publicitario internacional, bajo el arbitraje de una organización Súmate, de la cual María Corina Machado, es su fundadora, se proclamó candidata única de la oposición venezolana y obvio, pues no aparece inscrita en el Registro Electoral arbitrado por el CNE y, por ende, no es candidata para las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2.024 en la República Bolivariana de Venezuela.
No voy a detenerme sobre acusaciones de tipo penal contra la señora María Corina Machado. Redunda si un prontuario de varios aspectos de carácter administrativo, tan a la mano en momentos como el actual, en que se necesitan. La Contraloría General de la República la inhabilitó el 13 de julio de 2015 y en 2021 la Contraloría extendió la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Siendo Diputada de la Asamblea Nacional, registra una situación difícil, que la lleva a un callejón sin salida, al aceptar ser embajadora alterna del gobierno de Panamá, en una sesión plenaria de la OEA, en que se invocaba, torticeramente, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, buscando sancionar a Venezuela; actuando, pues, como agente de un gobierno extranjero. Esto sobrepasa en violación todos los presupuestos constitucionales para que un originario de un país aspire a ser el presidente de esa República.
La falta de consistencia
Pues está bien que, sin tarjeta electoral, sin opción de participar en las elecciones presidenciales, engañe a incautos y/o enajenados por la dictadura mediática nacional e internacional. Pero a Jefes de Estado o a quienes dirigen el ejecutivo nacional de un país, prácticamente es desconcertante. Sorprende, suspende el ánimo, tanto de seguidores electores, en Colombia, como de cualquier desprevenido analista.
Mienten al decir que el gobierno bolivariano la inhabilito y que le teme a su fantasiosa candidatura. Ella reta y mantiene su ilusa candidatura pese al veto oficial. Resume una ambición personal de poder personal. También al decir que inhabilitar a María Corina Machado significa una violación de los acuerdos de Barbados, sin sustentación alguna probatoria al respecto. Corresponde rechazar las amenazas e intentos de desacatar la orden del Tribunal Supremo de Justicia de la Republica Bolivariana de Venezuela e intentar desconocer el proceso electoral de 2024. También repudiar el ultimátum dado por los EEUU.
Es dado el concluir que no existe asomo de un “golpe democrático” en el limpio o preclaro proceso electoral analizado. Tampoco existe punto de comparación con algún caso similar en Colombia. Y en lo de la recolección de firmas.
La conducta asumida por la señora María Corina Machado es tan cómplice, que ya ad-portas de vencerse el plazo de inscripción, mutuo propio, designó a una sucesora, a quien busco con asonancia a su nombre de pila y presentó a la octogenaria Corina Yoris; resultando un fiasco, al no obtener el apoyo necesario de partidos de oposición que si parecían registrados y con capacidad legal de avalar.
Pero la oposición cuenta con otro u otros candidatos. La Plataforma Unitaria logra registrar, en una extensión del plazo, al diplomático Edmundo González Urrutia, antiguo integrante de Un Nuevo Tiempo, bajo las siglas de la Mesa de la Unidad Democrática MUD. El CNE, al parecer, abrió una prórroga de algunas horas para inscribir al candidato de la MUD. Eso pareció volvió a darle alas a la insulsa María Corina. También aparece registrado un candidato de la oposición menos pensado: Manuel Rosales.
La frustrada aspirante decidió no tomar la opción legal electoral de acudir a la recolección de firmas, siendo que decía tener mas de 2 millones de votantes. Tuvo todo el tiempo requerido y no lo hizo. Valga aquí explicar que ese recurso de grupos de electores, por iniciativa propia, de recolección de firmas, esta muy lejano, en Venezuela, a la practica de casino, de mejor postor y de compra de votos, imperantes en el corrupto sistema electoral colombiano. Vendrán las elecciones. Amanecerá y veremos.
En un comunicado el 27 de marzo del 2023, el Partido Vanguardia Popular de Costa Rica expresó su respaldo al proceso electoral en Venezuela, donde 13 candidatos compiten por la presidencia de entre 37 organizaciones políticas. Afirman que este proceso, enmarcado en los acuerdos de Barbados, refleja un paso importante hacia la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos los ciudadanos.
El partido hizo un llamado a todos los actores políticos venezolanos a avanzar en los temas acordados en Barbados, asegurando así el desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio dentro del marco constitucional y legal venezolano.
Sin embargo, en el pronunciamiento también se denunció con preocupación los intentos de magnicidio y desestabilización que han surgido en el contexto electoral. A pesar de ello, destacan que estos intentos han sido desmantelados en las últimas semanas, mencionando la garantía de un verdadero proceso democrático de participación ciudadana.
Asimismo, recalca al final su compromiso con el internacionalismo y la defensa de la democracia en la región.
En un episodio más de #LaMesaRedonda, se exploran las repercusiones de la reciente inhabilitación de la líder venezolana María Corina Machado de cara a las elecciones nacionales. Para brindar un análisis experto sobre este acontecimiento, el director del programa conversó con el destacado politólogo e historiador costarricense, Vladimir de la Cruz.
La decisión de inhabilitar a Machado ha generado interrogantes sobre la reacción que podría tener Estados Unidos ante este acto del gobierno venezolano. En el programa, se abordaron las posibles respuestas y acciones que podrían surgir por parte de la potencia norteamericana.
El pasado miércoles 20 recibimos con agrado y regocijo la noticia de la liberación del diplomático venezolano Alex Saab. El funcionario del gobierno venezolano viajó a Teherán en 2020, para proponer al gobierno iraní, un intercambio entre Venezuela e Irán, dada la hostilidad imperial contra ambos países.
La liberación se da en un canje por ciudadanos estadounidenses capturados en Venezuela.
Las acusaciones del imperialismo contra Saab, fueron ser un peligroso agente, con instrucciones secretas y acuerdos ilegales contra EEUU, en acuerdo con Irán, denuncias que nunca lograron probar.
Inmediatamente al hecho noticioso, surgen muchas reacciones a favor y en contra, pero la que nos llaman más la atención es la de dos senadores cubano-americanos de larga data como anti reaccionarios a todo lo que se llame Revolución. Los tales son: Marco Rubio García y Robert «Bob» Menéndez.
Las reacciones de Rubio García, senador republicano por Florida, las resumimos así:
«La decisión del presidente Biden es una vergüenza»; «la medida le otorgó una nueva concesión al régimen de Nicolás Maduro»; «Saab es el arquitecto de la operación de corrupción y lavado de dinero de Maduro, esquema que ha privado de recursos al pueblo de Venezuela»; «desafortunadamente, este intercambio sólo incentiva a los dictadores a que secuestren más norteamericanos”.
Por su parte, el senador demócrata, por Nueva Jersey, Bob Menéndez señalo: «Estos acuerdos incentivan a matones como Maduro a tomar rehenes estadounidenses, para presionar al gobierno estadounidenses a hacer concesiones»; acusó a la Casa Blanca de haber negociado este canje de prisioneros con Venezuela «en secreto» y calificando el intercambio de «inconcebible».
Recordemos que estos personajes nefastos, tienen su historia antirrevolucionaria contra Venezuela y por supuesto contra Cuba.
Marco Rubio García
En algún momento afirmó, que «hay elementos del extranjero, de la izquierda, en Venezuela y Cuba” que “están buscando desestabilizar al Gobierno de Colombia”. Cuando la realidad es, según la camarada Norelys Morales Aguilera, la realidad testimonia la aguda crisis, la represión y las medidas ultra neoliberales, que han hecho que los colombianos se lancen a las calles, además de los desaparecidos durante las protestas y los videos que han circulado sobre ataques de la policía a la sociedad civil.
Igualmente, recordamos las denuncias del compañero, Tony López R., periodista, politólogo y analista internacional, quien señala: «debemos enfatizar que es un Señor de la Guerra, al desear borrar las ideas y ejemplos de Bolívar y Martí, que guiaron a los dos grandes líderes de esta época, Fidel Castro y Hugo Chávez, y que protagonizaron esta gesta libertaria en los albores del Siglo XXI frente al imperialismo yanqui.
En este sentido, Marco Rubio (cabeza política e ideológica) es el arfil más importante en este ajedrez político, para manejar el tema cubano- venezolano, el senador cuenta con el respaldo de la mafia cubana-americana y venezolana de Miami.
También, desde hace algunos años, Marco Rubio, se vinculó a la tarea de provocar el derrocamiento del gobierno de Maduro, y lo ha hecho siempre. A su vez, el senador Rubio fue uno de los promotores del Concierto Aid Live Venezuela. Esta actividad, tenía el propósito tratar de ingresar, ilegalmente, una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela.
A su vez, recordemos el escándalo que se produjo, vinculando al excongresista cubano americano, David Rivera de reconocida posición contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, en una estafa o fraude, por una demanda puesta por el gobierno bolivariano de Venezuela en su contra, quien en el año 2017 fue contratado por la empresa PVDSA, pese a sus relaciones íntimas con Marco Rubio, aparece involucrado en un escándalo que lo vincula a dicha empresa perteneciente al Estado venezolano, que lo involucra en una estafa de 50 millones de dólares, de los cuales había recibido 15 millones, un dineral nada despreciable para que Rubio perdone a su amigo Rivera, o no es descartable que ser cómplice.
A todo lo anterior se suma, los esfuerzos y trabajos de Rubio, que realizo con delegaciones miembros de la OEA, para lograr la condena del gobierno venezolano y así poder justificar, legalmente, una intervención militar a través del TIAR y respaldo de la OEA, las condenas nunca fueron logradas, a pesar de que, junto al Secretario General de la OEA, el mercenario Luis Almagro, presionaron y chantajearon a muchos gobiernos.
Recordemos igualmente, la jugada de Rubio contra Venezuela de promover la designación de Carlos Trujillo, cubano americano y excongresista estatal de la Florida, como embajador de Estados Unidos ante la OEA, quien tuvo la tarea de que en plena complicidad con el Secretario de la OEA Luis Almagro, se reconociera al inexistente gobierno de Guaidó y se nombrara a un “embajador” que recayó en el derechista opositor Gustavo Tarre Briceño, que no representa a ningún Estado y ejerce fraudulentamente ese cargo.
En el año 2019, afirmo: “Hoy otra explosión de transformadores en la presa alemana (’German Dam’) en el Estado Bolívar-Venezuela, causó otro apagón masivo. ¿El resultado? Han muerto pacientes gravemente enfermos, el metro Caracas sigue fuera de servicio y pocos o ninguno de los vuelos han llegado o salido de Caracas durante más de 20 horas”, aseguró el político, informando falsa y descaradamente sobre sucesos que nunca ocurrieron.
En 2016, el congresista republicano Marco Rubio mencionó que Cuba estaba utilizando ataques sónicos para afectar la salud de los diplomáticos de EEUU, residentes en la Habana llamando a las ondas el “rayo de la muerte”.
Estas son solo algunas muestras, de la mitomanía y lo monotemático de Rubio García, quien ha labrado su carrera política con base en estas prácticas.
Robert «Bob» Menéndez
Su vida política está sellada por un largo historial de acciones contra Cuba, Venezuela, Nicaragua y gobiernos o movimientos populares de América Latina y el Caribe, nunca se ruborizo, al empeñarse durante años en recrudecer el genocida bloqueo a Cuba y en fomentar el golpismo y la violencia fascista en Venezuela.
Pero su historial oscuro, viene de más atrás (2009), cuando con su obsesión anticubana, emprendió una acción-jugarreta chantajista para bloquear la visita de la Orquesta Sinfónica de New York a La Habana, lo cual publicaron varios sitios en internet, entre ellos Cubadebate.
Menéndez es un enemigo jurado de Cuba, a la cual ha acusado de todo lo peor. Recuerden que, en su época, quiso hacer ciudadano americano al niño Elián, para que no fuera a reunirse con su padre.
Bob Menéndez, introdujo un recurso en el Congreso estadounidense, que busca restablecer un programa de robo de cerebros dirigido a los médicos cubanos que cumplen misión en el exterior.
Así mismo, presento un proyecto de Ley ante el Congreso, que busca prohibir a los tribunales de Estados Unidos, el reconocimiento de marcas comerciales cubanas, supuestamente vinculadas con propiedades nacionalizadas después del triunfo de la Revolución en enero de 1959. Con el título “Ninguna marca robada reconocida en Estados Unidos”, la legislación busca aumentar el cerco económico contra Cuba.
En New Jersey, estado que representa en el Senado, los enterados vieron con asombro cómo desviaba fondos de la campaña, para impulsar la reelección a la cámara de diputados de su amigo, el también cubanoamericano y enemigo jurado de la Revolución Cubana Albio Sires.
Menéndez se manifestó reiteradamente contra la política del gobierno de Obama y Biden hacia Cuba, de la que llegó a decir que era “dramática y errada”, mientras clamaba ardorosamente junto a ellos por el endurecimiento del bloqueo.
Por otro lado, desde su asiento, Bob Menéndez, intenta sabotear el reinicio del acercamiento a Cuba y el diálogo de Estados Unidos con los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, junto a Marco Rubio.
En general, con su asiento en el senado norteamericano, mantiene la presión contra la administración Biden respecto a Cuba y otros asuntos de política exterior.
En fin, estos personajes ante el triunfo de Venezuela con la liberación de Alex Saab, descargaron todo su veneno anti revolucionario, cuales bufones del imperio, sintiéndose afligidos y resentidos.
En el marco de los 200 años de la Doctrina Monroe que ha significado intervenciones y guerras por parte de los Estados Unidos en nuestros territorios, seguimos resistiendo y luchando desde Abya Yala hasta Palestina, contra este sistema imperialista, capitalista, patriarcal, colonial y racista. Han sido 200 años de neo-colonialismo, agresiones, intervenciones, bloqueos, desplazamientos y dominación contra nuestros pueblos, es momento de enterrar esta doctrina y consolidar la integración y unidad de nuestra América Latina.
Lo conformamos personas y organizaciones de 18 países y una nación originaria: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, España, Guatemala, Honduras, México, Palestina, Panamá, Perú, Suiza, Uruguay, Venezuela y Wallmapu territorio Mapuche (Chile).
Ante un mundo plagado de injusticias y exclusiones, continuamos uniéndonos para su transformación y lograr constituirnos en un mundo capaz de reconocer la diversidad humana, siendo profundamente solidarias y solidarios para hacer prevalecer la vida sobre la muerte y la destrucción.
Nos solidarizamos con los pueblos y las mujeres de Cuba, Venezuela, Perú y otras naciones, quienes día a día luchan por la defensa de su soberanía y el poder popular frente a los amenazantes golpes de Estado, bloqueos, sanciones o agresiones desde los centros hegemónicos de poder.
Expresamos nuestra solidaridad internacionalista con el pueblo de Perú que exige la libertad inmediata de su Presidente legítimo Pedro Castillo, respeto a su soberanía y autodeterminación. Nos sumamos al clamor de justicia con las familias de los asesinados por la dictadura. Nos solidarizamos con la compañera Máxima Acuña y la comunidad de Amarcucho, quienes enfrentan a la minera de Yanacocha del proyecto Conga, la mina más grande de Abya Yala; en manos de Minas Buenaventura y la Newmont Minning Corporation. Exigimos cese a la persecución contra Maxima Acuña y cierre total de la mina.
Rechazamos contundentemente la liberación del genocida Alberto Fujimori.
Solidaridad con los pueblos originarios que habitan el estado plurinacional de Bolivia y con el hermano Evo Morales Ayma que luchan por profundizar su proceso de cambio; de igual manera, con el pueblo de Argentina que estará atravesando por una etapa negra con la llegada del ultra conservador Javier Milei. Nuestra solidaridad con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y respaldamos su reclamo justo de soberanía sobre el territorio del Esequibo, usurpado por fuerzas colonialistas de Gran Bretaña. También reiteramos nuestra solidaridad con las comunidades y hermanas recuperadoras de territorios ancestrales en Costa Rica; no al sobreseimiento definitivo de responsables del crimen político de Sergio Rojas, líder indígena Uniwak del Pueblo Bribrí de Salitre (zona sur de Costa Rica). ¡No más impunidad frente al asesinato de líder indígena Bröran Jerhy Rivera! Nuestra solidaridad con las compañeras y los compañeros ambientalistas de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras – ARCAH, y no descansaremos exigiendo justicia por Keyla Martínez, víctima de los altos índices de feminicidios que permanecen en la impunidad en Honduras.
Nuestro apoyo y acompañamiento incondicional a la Coordinadora de Comunidades afectadas por TRECSA en Guatemala. Condenamos el intento de golpe de estado en Guatemala por parte del Ministerio Público y el Pacto de Corruptos que pretende desconocer la voluntad y la soberanía popular. Alzamos nuestra voz en solidaridad y apoyo total a la movilización digna de los pueblos de Guatemala.
Toda nuestra solidaridad a cada organización, colectiva y colectivo de México que luchan por justicia y no más impunidad y denunciamos que en algunos diarios de México se publicó la noticia de que, a invitación del gobierno mexicano, llegó al país un grupo de soldados estadounidenses con el fin de adiestrar a miembros del ejército mexicano. Queremos dejar constancia pública de nuestro enérgico desacuerdo con esta decisión gubernamental por lo siguiente:
Tradicionalmente, integrantes de las fuerzas armadas del país han ocurrido a agencias norteamericanas como la Escuela de las Américas, donde reciben cursos de contrainsurgencia que incluyen cursos para la aplicación de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada. Es decir, los capacitan para la Guerra Sucia.
El resultado ha sido doloroso para el pueblo mexicano que aún no consigue que se haga justicia a individuos que han perpetrado en México crímenes de lesa humanidad. Demandamos la cancelación inmediata de ese programa y la salida de los mencionados militares norteamericanos.
Nuestra solidaridad con Raúl Javier Gatica Bautista indígena Ñuu Savi exiliado político, poeta y luchador social originario de la comunidad indígena mixteca San Miguelito Tlaxiaco, Oaxaca fundador e integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón CIPO – RFM, ha sido prisionero político, ha sufrido la persecución por parte del Estado y de grupos paramilitares, así como atentados de muerte. Exigimos las garantías necesarias para su vida y su retorno. Estaremos atentas y atentos para darle seguimiento preciso y hacer posible el regreso a sus raíces y pueblo del compañero Raúl Javier Gatica Bautista indígena mixteco Ñuu Savi que ha sido injustamente desterrado durante muchos años. ¡TE QUEREMOS DE VUELTA!
Apoyo total a la lucha justa de nuestras hermanas y hermanos Mapuche. Asumimos y habremos de trabajar la propuesta del Presidente de Colombia Gustavo Petro de la paz total, particularmente su exigencia, nuestra exigencia, del fin de la guerra contra las drogas.
América Latina debe seguir siendo una zona de paz, libre de bases militares extranjeras y de armas nucleares, por esto expresamos nuestro rechazo a la creciente presencia militar de Estados Unidos en nuestro continente y que se expresa en ejercicios militares conjuntos con los ejércitos de nuestros países, que se expresa en acuerdos militares, en bases militares estadounidenses, incluida la base militar NAMRU-6 en Perú y Honduras, la que realiza estudios peligrosos sobre enfermedades infecciosas, y la base ilegal de EEUU en Guantánamo. Denunciamos el injerencismo e intervencionismo en los asuntos hemisféricos por parte del Comando Sur y la IV Flota del Ejército de Estados Unidos. Apoyamos la causa argentina por la soberanía de las Islas Malvinas hoy convertida en una base militar de Reino Unido y de la OTAN.
Queremos destacar que desde el Observatorio de Derechos Humanos de los pueblos, junto a otras organizaciones hemos venido promoviendo la campaña contra la guerra, el militarismo, el intervencionismo y en defensa de la Amazonía, estaremos impulsando distintas iniciativas y acciones donde esperamos que puedan sumarse nuevas fuerzas y movimientos para construir un continente de paz.
Hoy más que nunca nos unimos a la voz de nuestras hermanas y hermanos del heroico pueblo de Palestina, del Kurdistan, del Sahara, en sus reivindicaciones para superar la situación de ocupación, de militarización y fragmentación del territorio, el encierro y el desplazamiento, el acoso y los proyectos de aniquilación.
El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos nos declaramos Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI) y hacemos un llamado a que todos los pueblos y organizaciones del mundo se sumen a la campaña internacional Espacios Libres de Apartheid – ELAI. Alto al genocidio de Israel contra Palestina. Cese el fuego YA.
Es esencial defender la libertad de prensa, por lo cual demandamos la libertad inmediata de Julian Assange quien hizo públicas las atrocidades y los crímenes de guerra ejecutados por los EEUU. Libertad inmediata a todxs los prisioneros y prisioneras políticas del mundo.
Dialoguemos sigamos adelante tejiendo estrategias como pueblos, por la defensa de nuestros derechos humanos colectivos, por la defensa de nuestros bienes naturales y territorios, contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, contra la guerra, intervencionismo y militarismo, globalicemos nuestras luchas por la paz, la justicia y la libertad.
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Poder Ciudadano, Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández ÁlvarezCoordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, , Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Strio. General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Honduras Coordinador General Christopher Castillo de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.
Organizaciones integrantes:
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Comisión Multisectorial del Uruguay; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ), Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América y ComuniSur referentes internacionales de comunicación popular.
El amor y la verdad se encontrarán; se besarán la justicia y la paz. Salmos. 85:10. NVI
La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC), fiel a su ministerio y testimonio, por más de 30 años de servicio eclesial en el país con los pueblos y sus luchas justas, se solidariza con el hermano pueblo venezolano al mañana 3 de diciembre 2023, celebrarse un referéndum consultivo, para preguntar al pueblo venezolano sobre cómo y qué hacer ante la reclamación sobre la región de la Guayana Esequiba.
Este referéndum consultivo, consulta popular, es para que las venezolanas y venezolanos, por la vía del voto directo, secreto y automatizado; definan los recorridos a seguir con la República, los caminos que emprenderemos, los esfuerzos que haremos para que quede establecido, de manera más firme, este hecho irrefutable, una verdad histórica, geográfica, económica y social: los límites de Venezuela son los límites que fueron establecidos en la Capitanía General de 1777.
Recordemos que el gobierno de la hermana República Cooperativa de Guyana, basado en la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, reclama el territorio ubicado en suelo venezolano del Esequibo.
Por su parte, Venezuela defiende su derecho legítimo a este territorio, ya que, desde tiempos ancestrales, nos asisten hechos históricos, puesto que el propio Libertador Simón Bolívar, le dio órdenes al Congreso de Angostura (entre febrero de 1819 y julio de 1821), que desalojara tropas holandesas e inglesas que comenzaron a ocupar la parte occidental de río Esequibo.
La IMWC, por un lado, desea que el mecanismo de la consulta popular, se desarrolle con toda normalidad y en paz, y por otro, sea el idóneo para tomar la mejor decisión, ante el reclamo en cuestión.
Les recordamos igualmente, para su reflexión y conocimiento, que las preguntas de esta consulta al pueblo venezolano, tiene 5 interrogaciones básicas, a saber:
PRIMERA: ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al Derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?
SEGUNDA: ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?
TERCERA: ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
CUARTA: ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme a Derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?
QUINTA: ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?
La IMWC, desea la paz para el pueblo venezolano y la nación guyanés, pero también desea se respeten los derechos del pueblo venezolano a lo que le pertenece.
Deseamos orar y acompañar a estos pueblos, para que solucionen sus reclamos en beneficio de sus propias naciones y triunfe la justicia y la verdad.
Finalmente, deseamos que el gobierno venezolano honre, apoye y reconozca los derechos, con todos los medios, a los habitantes de la región del Esequibo, al reconocerlos como el Estado de Guayana Esequiba.
Mapa extraído de nota de prensa (La Nación, Costa Rica), titulada «Exxon verá suelo para sacar crudo en Esequibo, Guyana».
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
Este 14 y 15 de noviembre, se realizaron las audiencias públicas en La Haya en el caso que opone Guyana a Venezuela ante la justicia internacional desde el 2018: como se recordará, este caso ha sido oficialmente denominado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) «Sentencia arbitral del 3 de octubre de 1899, Guyana vs. Venezuela«.
Estas audiencias fueron celebradas en aras de responder a una solicitud urgente de medidas provisionales presentada por Guyana el pasado 30 de octubre (véase texto en francés y en inglés).
Breve puesta en contexto
En su petitoria final, Guyana solicita a la CIJ que le ordene a Venezuela suspender de manera inmediata la consulta pública prevista para realizarse el próximo 3 de diciembre, con particular énfasis en las preguntas 3 y 5 de la consulta pública prevista por las autoridades venezolanas, que se leen de la siguiente manera:
«TERCERA: ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
…
QUINTA: ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cedula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?«
(véase anexo con texto en español de la consulta elaborada por las autoridades venezolanas que consta de cinco preguntas)
Al estar bajo examen por parte de la CIJ desde el 2018 la validez (o invalidez) de la sentencia arbitral de 1899 que otorgó a Inglaterra lo que se denomina en Venezuela la «Guayana Esequiba«, controversia territorial que heredó Guyana al declararse independiente en 1966, esta consulta pública puede considerarse como un intento de Venezuela de consolidar una situación territorial, anticipando una posible decisión desfavorable para Venezuela por parte de los jueces de La Haya.
Salvo error de nuestra parte, es la primera vez en la historia de la justicia internacional que, en el marco de una controversia territorial pendiente de resolución, un Estado intenta mediante una consulta pública a su población decidir sobre el futuro del territorio en disputa bajo examen de los jueces de La Haya.
La relación más cercana a una consulta pública de la CIJ refiere a consultas populares realizadas tanto en Guatemala (abril del 2018) como en Belice (mayo del 2019) de cara a someter de manera conjunta (y acordada), un solicitud a la CIJ para zanjar su disputa territorial: véase al respecto breve nota nuestra de junio del 2019 titulada «Guatemala / Belice: Corte Internacional de Justicia (CIJ) anuncia inicio de procedimiento«.
De algunos pequeños detalles de forma
Durante las audiencias, ambas delegaciones se presentaron a la barra (véase verbatim de la audiencia del 14/11/2023 y verbatim del 15/11/2023).
Es la segunda vez desde que inició el procedimiento contencioso Guyana en el 2018, que Venezuela opta por hacerse presente a una audiencia convocada por el juez internacional. Lo había hecho con anterioridad únicamente el 22 de noviembre del 2022 (véase verbatim).
Es de notar que mientras Guyana se presentó en este mes de noviembre del 2023 con 13 personas a la barra de La Haya, Venezuela optó por enviar a una nutrida delegación de 27 personas, encabezada (nuevamente) por la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela en persona. La misma que, al iniciar la presentación de los alegatos de Venezuela, indicó que:
«2. Je souhaite commencer mon intervention en soulignant que notre participation à cette audience ne signifie en aucune manière la reconnaissance de la juridiction de cette honorable Cour sur le différend territorial concernant la Guayana Esequiba ou sur les prétendues mesures provisoires demandées par le Guyana, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du Statut de cette Cour» (véase verbatim de la audiencia del 15/11/2023, p. 10).
Cabe además señalar que dentro del equipo de asesores legales internacionales de Guyana figuran dos de los pilares con los que pudo contar Nicaragua en su contienda contra Estados Unidos en los años 80, que culminó con una histórica sentencia de la CIJ el 27 de junio de 1986 (véase texto): Alain Pellet (Francia) y Paul Reichler (Estados Unidos), abogados que posiblemente concentran la mayor experiencia como juristas en el arte del litigio internacional en La Haya.
Con relación al norteamericano Paul Reichler, tuvimos la oportunidad de referirnos a su carta de renuncia como asesor de Nicaragua dada a conocer púbicamente en el año 2022 (véase nuestra nota titulada «Nicaragua: a propósito de la renuncia de uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional» del 28/03/2022).
Urgencia extrema e irreversibilidad de los daños: «motores» verdaderos de las medidas provisionales de la CIJ
Como bien es sabido, la gravedad de lo que ocurre, la extrema urgencia y el carácter irreversible de los daños causados constituyen los verdaderos «motores» de una solicitud de medidas provisionales al juez internacional: es en función de la forma en la que se presentan, y del grado de convencimiento que llegue el Estado a comunicar a cada uno de los 15 jueces, que la respuesta del juez de La Haya puede ser rápida y positiva.
Si, a modo de ejemplo, un Estado acude en contra de otro Estado ante la CIJ alegando extrema gravedad de lo que ocurre, calificando sus máximas autoridades que son víctimas de una «agresión» e «invasión» sin romper relaciones diplomáticas con el Estado infractor, el juez internacional en La Haya puede interpretar que la supuesta gravedad no es tal, e inferir que la alegada urgencia tampoco amerita mayor celeridad de su parte: esta situación tan peculiar (como insólita) se dio en el 2010 entre Costa Rica y Nicaragua.
Así por ejemplo, en el caso de Ucrania, en el que los calificativos de «agresión» y de «invasión» corresponden perfectamente a lo que se observa (pese a la denominación oficial rusa que sostiene que se trata de una «operación militar especial«), sus autoridades optaron por romper inmediatamente sus relaciones diplomáticas con Rusia, el mismo 24 de febrero del 2022.
Siempre sobre este caso, la CIJ ordenó estas medidas urgentes solicitadas por Ucrania contra Rusia de manera sumamente rápida: solicitadas el 26 de febrero por Ucrania, convocó a ambos Estados a audiencias públicas el 7 de marzo, y fueron dictaminadas el 16 de marzo.
De manera a tener idea de los plazos de la CIJ para deliberar y ordenar medidas provisionales, referimos a algunos casos de interés (se trata de una lista no exhaustiva) sobre algunas «urgencias» alegadas ante el juez de La Haya a lo largo de la historia:
– en el diferendo territorial Burkina Faso /Mali, la solicitud enviada “telefónicamente y vía telegrama” por Burkina Faso el 30 de diciembre de 1985 fue acogida y ordenada por la CIJ el 10 de enero de 1986 (véase texto);
– en el caso Breard (Paraguay vs. Estados Unidos), relativa a la ejecución de un ciudadano paraguayo, Paraguay interpuso una solicitud de medidas provisionales el 3 de abril de 1998 contra Estados Unidos y el 9 de abril de 1998, la CIJ las ordenaba solicitando la suspensión inmediata de la ejecución de la pena capital (véase texto);
– en su histórica hazaña judicial contra Estados Unidos (1984), Nicaragua obtuvo que la CIJ le acordara las medidas provisionales solicitadas el 9 de abril de 1984 un mes después (10 de mayo de 1984), tendientes a suspender las operaciones paramilitares perpetradas con asistencia y/o ayuda de EEUU en contra de su territorio (véase texto);
– en materia ambiental, Australia solicitó medidas a la CIJ el 9 de mayo de 1973 y esta ordenó (por 8 votos contra 6) a Francia suspender sus ensayos nucleares el 22 de junio de 1973 (véase texto de su ordenanza);
– en el caso Argentina vs. Uruguay (caso de contaminación por plantas de producción de celulosa), Argentina solicitó medidas provisionales el 4 de mayo del 2006 a la CIJ, las cuales le fueron rechazadas (14 votos contra 1 en el seno de la CIJ) el 13 de julio del 2006 (véase ordenanza).
Cabe señalar que la «urgencia» más larga en ser parcialmente declarada como tal por la CIJ en su historia fueron las medidas provisionales solicitadas por Costa Rica contra Nicaragua en el 2010: presentadas formalmente a la CIJ el 18 de noviembre del 2010 (véase texto, suscrito, a diferencia de los precitados casos, por un funcionario subalterno costarricense), la CIJ adoptó su ordenanza tan solo el 8 de marzo del 2011 (véase texto), ordenando a ambos Estados retirarse de lo que denominó «territorio en disputa» hasta el mes de diciembre del 2015 (fallo sobre el fondo).
El 2022: un cambio repentino de actitud de Venezuela
La estrategia seguida por Venezuela en este caso plantea algunas interrogantes muy válidas.
Como se sabe, desde el 2018, Venezuela optó por no comparecer, privándose solita de todas las herramientas procesales que tiene a su disposición un Estado cuando cuestiona la competencia de la CIJ.
Ya en una nota anterior de junio del 2022 sobre una ordenanza adoptada en esta caso por la CIJ, tuvimos la oportunidad de escribir que:
«Este discreto giro operado por Venezuela con relación a su histórica distancia mantenida con la justicia internacional merecería explicaciones, que, a la fecha de redactar estas líneas, se desconocen. Sin duda alguna responde a un cambio radical de estrategia ante el juez de la CIJ: esta última fue solicitada desde el 2018 por Guyana para zanjar definitivamente la controversia territorial más antigua sin resolverse en el continente americano«.
¿Por qué entonces arriesgarse, realizado el giro observado en el 2022, a crear dentro de la CIJ una percepción negativa hacia Venezuela con esta inédita iniciativa de consulta popular en este año 2023? Es una de las muchas preguntas que plantea esta iniciativa, que en lo personal se considera riesgosa para Venezuela, desde la óptica del procedimiento contencioso en la CIJ a venir.
A modo de conclusión
Finalizada estas audiencias orales entre Guyana y Venezuela al concluir esta primera quincena de noviembre del 2023, durante las cuales los jueces escucharon los alegatos de ambos Estados, la CIJ entró a deliberar para decidir si ordena o no las medidas provisionales solicitadas por Guyana. Su decisión debería darse a conocer muy prontamente, dada la fecha de la consulta pública en Venezuela, prevista para el 3 de diciembre.
Como indicado anteriormente, Venezuela optó inicialmente por no comparecer desde que presentó la demanda de Guyana en su contra, alegando que la CIJ no tiene ninguna competencia para examinar este asunto.
Pese a otorgar de manera prudente la CIJ un espacio preliminar para discutir su competencia, Venezuela se rehusó a comparecer, perdiendo así la posibilidad de contrarrestar los alegatos de Guyana ante la CIJ: en diciembre del 2020, la CIJ se declaró competente (véase textooficial). Posteriormente, atendiendo a una solicitud presentada por Venezuela de manera tardía – junio del 2022- en una decisión del 6 de abril del 2023, la CIJ precisó el alcance exacto de su jurisdicción (véase texto en francés y en inglés).
Es de prever que la consulta pública prevista por Venezuela para este próximo 3 de diciembre sea considerada por algunos jueces de la CIJ como una maniobra indebida de Venezuela, y que Guyana … obtenga una decisión favorable a su solicitud.
Material adicional:
Sobre esta contienda iniciada por Guyana contra Venezuela en marzo del 2018 remitimos a nuestros estimables lectores a las siguientes notas que redactamos en su momento, y que permiten tener una idea del procedimiento incoado por Guyana contra Venezuela:
1) «La demanda de Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): breve puesta en contexto«, nota del 6/04/2018
2) «Esequibo: Venezuela anuncia que no participará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, nota del 18/06/2018
3) «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente«, nota del 18/12/2020
4) «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, nota del 18/06/2022
5) «Guyana vs. Venezuela: a propósito del reciente rechazo de la excepción preliminar de Venezuela por parte de la CIJ«, nota del 6/04/2023
Venezuela y Costa Rica, fueron hace muchos años, dos de los países que tenían consolidadas democracias. Era el período de la IV República, en Venezuela, 1958-1999, y era, en Costa Rica, el período, llamado de la Segunda República, surgido a partir de la Junta de Gobierno de 1948-1949, y de la restitución del proceso democrático electoral, a partir del ascenso del gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, hasta hoy.
En Venezuela hubo una reacción muy fuerte contra el bipartidismo existente en ese país, de los socialdemócratas, llamados Adecos, y de los socialcristianos, llamados Copeyanos. El malestar final contra ellos empezó con un intento de golpe de estado en 1992, que llevó a Hugo Chávez, junto con otros líderes de la insurrección, a la cárcel, por un breve período, en virtud de un indulto que les fue otorgado.
Hugo Chávez se convirtió en un líder popular visto como la alternativa al bipartidismo existente. Las elecciones de 1998 lo llevaron a la Presidencia. Alrededor suyo se unieron gran cantidad de sectores sociales y de fuerzas políticas desde la izquierda hasta la derecha, como de sectores empresariales. Todo ese torrente terminó reuniéndose en el Partido Socialista Unificado de Venezuela, PSUV, que sigue vigente en el gobierno.
En el año 2002 se le intentó dar un golpe de Estado, que fracasó. Miguel Ángel Rodríguez, entonces Presidente de Costa Rica, en cierta manera le salvó, invocando la Carta Democrática, que acababa de aprobarse por la Organización de Estados Americanos, que desconocía gobiernos surgidos de golpes y alzadas militares.
Hugo Chávez se consolidó en el poder y el gobierno, hasta su muerte en el 2013, con ventaja de altos precios internacionales del petróleo que le permitió impulsar una gran obra social por medio de casi una veintena de planes nacionales. Heredó su gobierno y el poder su Canciller, Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela.
En Costa Rica en cierta forma el bipartidismo había empezado a entrar en crisis en las elecciones de 1998. La campaña electoral de ese año, enfatizando en uno de sus lemas electorales, “déle un naranjazo al bipartidismo”, empezaba a echar raíces. La Asamblea Legislativa ya no fue la mayoría bipartidista tradicional.
A partir del 2002 hizo aguas el bipartidismo con motivo de escándalos importantes que afectaron principalmente a figuras políticas del liberacionismo y del socialcristianismo. El mismo gobierno de Abel Pacheco, 2002-2006, fue crítico desde su inicio sin uno de sus vicepresidentes, “echado” de la casa presidencial por el mismo Presidente.
La campaña electoral del 2006 la salvó, por un pelo, para el Partido Liberación Nacional, la candidatura de Oscar Arias Sánchez. El éxito percibido de su gobierno permitió la llegada de la liberacionista Laura Chinchilla Miranda, y su condición de candidata femenina, a la Presidencia del 2010 al 2014.
En este período, 2000 – 2007, dos grandes movimientos de protestas populares, la lucha contra el Combo del ICE y la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, debilitaron más el bipartidismo tradicional, fragmentándose Liberación Nacional y casi desapareciendo la Unidad Social Cristiana; condiciones estas que llevaron al exliberacionista Luis Guillermo Solís Rivera a la Presidencia con el partido Acción Ciudadana, 2014-2018 y a repetir gobierno con Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022. Ambos gobiernos de bajo perfil y con políticas neoliberales, especialmente el de Carlos Alvarado, que han contribuido a casi destruir y debilitar, profundamente, el Estado Social de Derecho, que se desarrolló desde el Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-19444, que se fortaleció con la legislación de la Junta de Gobierno y los gobiernos que siguieron hasta 1978.
Desde 1980 con los Planes de Ajuste Estructural; y desde 1990 con los Tratados de Libre Comercio, se estructuraron las políticas económicas principales que marcaron a todos los gobiernos desde entonces, y las de debilitamiento del Estado Social de Derecho, que están en auge.
Ausente del mundo bipolar del período de la guerra fría, 1945-1991, desaparecidos los partidos comunistas, y casi inexistentes las fuerzas de izquierda, en todo el mundo, han aparecido movimientos políticos populistas, autoritarios, anti sistemas, anti partidos políticos, antipolíticos tradicionales, anti democracias como sistemas políticos, que han subido a gobiernos en Europa y en América Latina. Ha surgido un mundo hegemonizado por una sola potencia, hoy igualmente cuestionado por un multilateralismo. Han aparecido en gestación nuevos bloques comerciales, así como nuevos focos de guerra peligrosos, como antesala de conflictos globales, que podrían llevar al mundo a una tercera guerra mundial, de baja intensidad, pero con características nucleares.
En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene a la fuerza, violentando toda la estructura de su Estado de Derecho, controlando toda la institucionalidad, política, legislativa y electoral, poniendo fuera de la ley a opositores y poniendo fuera de procesos electorales a partidos y candidatos, en medio de una crisis social y económica que tiene casi seis millones de venezolanos fuera de su patria. En este momento, ha intervenido las elecciones primarias, de la oposición política, sin haber él participado, sin ser parte interesada en ese proceso, más allá de que por la candidata ganadora de esas justas, María Corina Machado, principal líder opositora, votaran más de dos millones de venezolanos, con una simpatía electoral del 80% de la población venezolana, contra un 16% que tiene Maduro. Consecuentemente con esto el régimen ha procedido a invalidar su total participación, con la complacencia de organismos administrativos, políticos y electorales, que operan bajo control directo de la Casa Presidencial venezolana, el palacio de Miraflores. Allí el aparato institucional opera contra partidos y ciudadanos, contra la democracia política y electoral, al servicio absoluto de lo que se disponga en Miraflores.
En Costa Rica, mientras tanto, el inquilino de Zapote, impulsando uno de sus partidos políticos, para participar en las elecciones municipales, en los 84 cantones del país, se ha llevado un duro golpe. Siendo el tercer partido en cantidad de candidatos propuestos a estas elecciones, lo que le auguraba un cierto e importante resultado electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, un poder independiente, que el Presidente Chaves no controla, pero que quisiera someter a su dominio o influencia, ha decidido eliminarle prácticamente todas sus candidaturas por haber violado las leyes electorales relacionadas con la conformación de las mismas, en cuanto a paridad e igualdad de género.
En Venezuela el Presidente Maduro ha dicho a la oposición, aquí mando yo. En Costa Rica el Tribunal Supremo Electoral le ha dicho al partido del inquilino de Zapote, que en Costa Rica no manda Zapote. Que se somete a la ley y que juega como dispone el Tribunal de Elecciones.
Hay presiones y gestiones legales ante este Tribunal por parte de Zapote, directamente por parte de la figura de su transitorio presidente, como de sus voceros autorizados y enviados a negociar la participación efectiva de ese partido.
Lo resuelto por el TSE no tiene posibilidades para el partido “Aquí Costa Rica manda”. Si se produce un cambio en la decisión ya tomada de esas candidaturas entramos en un camino muy similar al de Venezuela, donde el poder electoral ha desaparecido como pilar de la democracia electoral nacional. Generaría una situación por la cual todos los partidos, que sufrieron igual castigo, por no cumplir la ley de la paridad e igualdad electoral, se beneficiarían automáticamente de lo que se le resuelva al partido del Presidente Chaves. Pero el sistema electoral y sus integrantes se vendrían al suelo…y la “pureza” electoral quedaría marchita.
En 1889, un 7 de noviembre, hace tres días, hace 134 años, defendiendo un proceso electoral, el pueblo movilizado, dio base para que a esa fecha se le declarara como el día de la fundación de la democracia nacional.
¿Se traerá al suelo el Tribunal Supremo de Elecciones, esta tradición y declaración, si le da la razón al partido del Presidente Chaves, que ya ha empezado a despotricar, restituyéndole sus candidaturas? Existe para la jurisprudencia nacional electoral el caso del candidato presidencial Álvaro Montero Mejía que, en las elecciones del 2006, le anularon todas las candidaturas propuestas, hasta las de sus dos vicepresidentes. De manera absurda le permitieron participar con solo su nombre, como si un ciudadano, inscribiera se pudiera inscribir de esa manera…
Confío en la integridad personal, profesional y jurídica del alto Tribunal electoral del Costa Rica, el que sí manda en asuntos electorales.
