La historia de Monómeros de Venezuela es muy truculenta y digna de una mala novela cursi de los años setenta u ochenta.
Recordemos algo, en 1967, durante las gestiones de Carlos Restrepo de Colombia y Raúl Leoni de Venezuela, crearon la empresa Monómeros de Colombia, los ingresos eran 50% por cada lado, y sus socios principales fueron, por Venezuela, el Instituto Venezolano de Petroquímica, y por Colombia, el Instituto de Fomento Industrial y Ecopetrol.
Fue creada en aquella ocasión, en el auge del llamado modelo de sustitución de importaciones, e igualmente considerada en aquel momento, «la más exitosa experiencia empresarial entre Colombia y Venezuela». O él, «proyecto binacional más grande de la región en los últimos 50 años». Su objetivo era producir y comercializar: fibras y resinas de nylon, fertilizantes y alimentos para animales, considerados como productos estratégicos para países que buscaban la producción nacional agropecuaria.
Dando un salto cronológico, para el año 2006, el presidente en ejercicio, Álvaro Uribe, de Colombia, decide vender Monómeros, y es cuando el presidente venezolano Hugo Chávez compra la totalidad de las acciones, y a partir de ese momento, Monómeros es una empresa venezolana con sede en Colombia.
Monómeros, para ese momento, aportaba alrededor del 50 por ciento de la demanda de fertilizantes y más del 70% de agroquímicos, para quienes cultivaban papa, café, palma, entre otros, en Colombia.
Luego, en el año 2017, durante el gobierno de Donald Trump, Venezuela fue ingresada a la lista oscura de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, conocida como la «Lista Clinton», lo que afectó el buen funcionamiento de la empresa nacional.
Finalmente, como parte de esta larga, intrincada e inverosímil historia, en 2009, una Asamblea Nacional venezolana, juramenta al diputado Juan Guaidó como presidente interino, con la idea de asfixiar al presidente Nicolás Maduro y a la vez, para endurecer las sanciones contra Petróleos de Venezuela PDVSA y contra todos los activos venezolanos en el exterior, incluida por supuesto, Monómeros de Venezuela.
Al ser supuestamente Guiado «presidente de Venezuela», inmediatamente juntamente con los partidos de oposición venezolanos, EEUU, la Unión Europea, el gobierno colombiano, entre otros, tomaron a Monómeros, y por supuesto, de inmediato, el Departamento del Tesoro gringo, levantó las sanciones y restricciones a la empresa.
Esta alianza de maldad y rapaz, metieron personal directivo sin experiencia (en la producción de fertilizantes), la convirtieron en una caja chica a su discreción, destrozando sus finanzas y corrompiéndola, para finalmente quebrarla.
En este año 2022, según el medio Misión Verdad en su artículo «Viaje al fondo de los crímenes en Monómeros», señala, «este miércoles 21 de septiembre se llevó a cabo la primera reunión de la nueva Junta Directiva de Monómeros, luego de la llegada al poder de Gustavo Petro en Colombia, que puso punto y final al robo de esa empresa hecho por la banda de Leopoldo López y en compañía de Juan Guaidó. El ministro Tareck El Aissami informó que hay 23 órdenes de captura sobre quienes estuvieron involucrados en la destrucción de la empresa venezolana. El alto funcionario dijo que «la empresa es hoy un cementerio de ruinas, devastada totalmente y con una capacidad de producción al cero por ciento».
Por otro lado, en días recientes, el presidente colombiano Gustavo Petro comentó que Monómeros «es una empresa afectada, casi que quebrada, que hay que ver técnicamente cómo se puede reiniciar», e indicaba que «hoy importamos (Colombia) fertilizantes con el precio triplicado». Esto podría leerse como que Colombia podría comprar la empresa, o que Venezuela le venda fertilizantes a bajo costo a Colombia.
Toda vez que, la desaparición o no control de Venezuela, significo una pérdida importante para el patrimonio del país, y, por otro lado, una desventaja económica para la industria de los fertilizantes de Colombia, quien se abastecía de un tercio de sus necesidades agroquímicas de Monómeros.
Lo cierto es que, mientras Monómeros estuvo en las manos de Venezuela, fue considerada como una de las empresas que proveyó a Colombia en el sector agroproductivo.
Pero reiteramos, hubo un desmantelamiento y un complot político, de la empresa. En enero de 2019, le fue negada la entrada a Colombia del presidente Ronald Ramírez, quien fuera designado por el presidente Nicolás Maduro Moros.
De igual modo, la Superintendencia Colombiana de Asociaciones denuncio, un déficit en el flujo de caja, así como pérdidas por 30 millones de dólares. También el retraso de más de 45 días, en el pago a proveedores de materias primas y servicios.
«Otra actividad denunciada fue el abuso de poder y asesorías innecesarias, así como el aumento de salario a algunos empleados sin justificación. Se suma la venta de maquinaria en buen estado como chatarra y el gasto de los ahorros de la compañía», según la mencionada Superintendencia.
Luego, en setiembre de ese año, Venezuela denunció el desmantelamiento por parte de Juan Guaido e Iván Duque, quienes habrían nombrado aquella directiva ilegal.
Finalmente, queremos reseñar, como noticia de última hora, la lista de partidos y personas venezolanas, que participaron en la destrucción de Monómeros.
Voluntad Popular: Leopoldo López, Carmen Cecilia Hernández, Antonieta Mendoza de López, Enrique Sánchez Falcón.
Acción Democrática: Henry Ramos Allup, Luis Aquiles Moreno, Guillermo Rodríguez Laprea, Carlos Prosperi, Diana Bracho, Gustavo Sol, Jorge Yánez.
Un Nuevo Tiempo: Manuel Rosales, Guillermo Palacios.
Primero Justicia: Julio Borges, Tomás Guanipa, Jorge Millán, Javier Linarez, Henry Quintero, Luis Hurtado, Elimar Díaz, Sandra Flores, José Ricardo Salazar.
Deseamos, para beneficio de las dos hermanas repúblicas bolivarianas, que la empresa Monómeros resurja cuál ave Fénix.
Hay resistencia a creer que la emigración venezolana de ciudadanos/as, es producto en gran parte de las medidas coercitivas unilaterales MCU ejercidas contra Venezuela, por parte de EEUU, Europa y otros.
Hay mucha información que corrobora lo anterior, no obstante, vamos a resumir estas medidas, que algunos llaman también bloqueo económico o sanciones económicas.
Es decir, el bloqueo económico y comercial que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, entre otras consecuencias, limita al Estado venezolano su capacidad de importación de bienes básicos como alimentos y medicinas.
Solo así se entiende, que, ante tal privación de los elementos básicos, necesarios e imprescindibles, personas, ante todo las más humildes del país, se arriesguen, se aventuren a peligros, vicisitudes, y toda clase de calamidades, para buscar las condiciones mínimas para vivir; involucrando incluso, en muchos casos a su familia: hijos, hijas, familiares cercanos.
Veamos sólo algunos datos:
Por años:
2015, Barack Obama, define a Venezuela como “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de EEUU”.
2017, Donald Trump, recrudece las sanciones y congela los bienes de funcionarios venezolanos. Se congelan los bienes de PDVSA, y el dinero en bancos internacionales.
2018, el gobierno de Trump aplica sanciones a veinte empresas estatales de Venezuela.
2019, sancionan a 34 embarcaciones venezolanas, que transportan petróleo y alimentos. Se congelan las cuentas de empresas petroleras. EEUU dicta medidas punitivas contra las exportaciones de oro venezolano.
2020, sancionan a la empresa aeronáutica Conviasa.
2. Cifras por daños a la población venezolana:
Las sanciones económicas y bloqueo financiero contra Venezuela iniciaron por los años 2014-2015, y desde entonces han sido endurecidas cada año, con el objetivo de crear una crisis social en el país y forzar un cambio de gobierno.
40.000 personas fallecidas entre 2017 y 2018.
80.000 personas con VIH sin tratamiento antirretroviral desde 2017.
16.000 personas esperando diálisis.
16.000 sin tratamiento para el cáncer.
4 millones con diabetes e hipertensión, sin acceso a insulina o medicina cardiovascular.
3. Otros datos:
Entre 2014 y 2021, se han ejecutado 502 MCU contra Venezuela. el 25 por ciento de las medidas fueron dirigidas a las finanzas públicas de la siguiente manera: sector petrolero 22 por ciento, 18% a las instituciones gubernamentales, 10% al sector salud, alimentación siete por ciento, transporte cinco por ciento, sector privado siete por ciento, y el resto en otras esferas.
Recordemos que el ataque criminal contra Venezuela, inicialmente se centra contra Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA, principal industria del país y de la que se generan los mayores recursos del mismo. En este sentido, tan sólo los costos de movilización y comercialización del crudo venezolano pueden alcanzar hasta un 15 por ciento, debido a la política coercitiva de Washington.
Por ejemplo, cuando Venezuela vende el crudo, nuestro costo de venta representa el 25 por ciento del precio. Eso quiere decir que uno de cuatro dólares se destina a cubrir pagos de movilización y comercialización; los costos de movilización financiera pueden llegar alcanzar hasta 15 por ciento, como ya indicamos.
Entonces, para el año 2014, el país tuvo como ingresos directos líquidos 39 mil 636 millones de dólares, pero en el año 2020, esto alcanzó apenas 743 millones de dólares.
El luchador social, ingeniero Carlos Vega, nos lo afirma de la siguiente manera: “¿Cómo no van a deambular millones de migrantes económicos por América Latina, si la República Bolivariana de Venezuela está llena de SANCIONES CRIMINALES Y GENOCIDAS impuestas por USA, la UE, INGLATERRA que tienen como OBJETIVO DESPEDAZAR la economía venezolana? Si le han CONGELADO miles de millones de dólares y oro, un cerco criminal que sanciona cualquier movimiento y afecta la calidad de vida del 100% de los Hermanos Venezolanos, ¿Cómo va desarrollarse en esas condiciones un país?”.
Es así que, las medidas coercitivas unilaterales han generado un enorme deterioro en los avances sociales y económicos logrados por el Estado venezolano durante los últimos años. Afectando no solo al sector petrolero, sino que a través de este resultó en consecuencias para la población en su conjunto. Por ende, la precariedad de los sectores más vulnerables del país, y que últimamente los ha obligado a emigrar.
Obtusa seria la persona entonces, que manifieste la culpabilidad de la emigración a un mal gobierno revolucionario. Cuando la realidad es que, la efectividad administrativa, social y económica en la gestión del gobierno bolivariano, se reflejan en las cifras y los logros alcanzados en los últimos 22 años, en pos del mejoramiento de la calidad de vida de la población, obvio que bregando y enfrentando toda clase de emergencias.
Todavía repensando los hechos sucedidos contra la persona del profesor Carlos Lanz Rodríguez en Venezuela, y al margen de cualquier consideración al respecto, solo logramos llegar a la conclusión sobre la evidente maldad del ser humano.
A su vez, en este artículo, trataremos de no explicitar nombres, ni hacer juicios de valor, recalcaremos la expresión “al parecer”, para dar el beneficio de la duda a los/as implicados en el vil asesinato; aludiremos algo en relación con la pregunta del título, y algunas otras consideraciones.
Existen muchas definiciones de ética revolucionaria, pero en todas, se revelan las siguientes expresiones:
“Supone un alto sentido de la dignidad humana”
“Sensibilidad ante la injusticia”
“Es tener amor a la justicia social”
“El valor de la fidelidad a la causa revolucionaria, ello implica la no traición”
“la solidaridad, que se manifiesta con el respeto mutuo, ayuda a otros, hospitalidad, generosidad”
“ser honesto, sincero y amistoso”
“una práctica humanista de los sujetos políticos, que están comprometidos en la teoría y la acción con la justicia social”
“Ser ejemplo en una nueva actuación, impresa por valores como la honradez, la responsabilidad, la solidaridad, la austeridad”.
En cuanto al hecho mismo, la muerte de Carlos Lanz, horroroso, por cierto, no existen en los compañeros/as, supuestos líderes y lideresas de izquierda, revolucionarios/as, camaradas, al parecer incursos en el delito, ningún acercamiento sobre las expresiones citadas arriba.
No hay congruencia entre lo que se define como ética revolucionaria y el actuar de los personajes involucrados, al parecer, en el dantesco crimen.
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se pierde la ética revolucionaria?
Podríamos proponer, al menos, dos presunciones, la primera, un alto grado de corrupción, y la segunda, un alto grado de amor al dinero.
Recordemos que producto de las condiciones sociales de Venezuela, originadas por el bloqueo, el saqueo, y las condiciones de vulnerabilidad del pueblo venezolano, auspiciado por los EEUU, el colectivo social se ha visto atrapado en unas condiciones, que rayan en lo delincuencial para poder adquirir lo mínimo de sus necesidades básicas.
Esto ha llevado a la población a ser presa de la corrupción. Mal, que algunos no creían ser absorbidos/as por él. ¿Cómo se explica que camaradas sean derrotados/as, por esta descomposición de la sociedad venezolana? Y aquí, recalco, que no es un mal, solo de Venezuela, sino de toda la sociedad latinoamericana y mundial.
Y al parecer, esto ha sucedido en el hecho atroz sucedido con la vida de Carlos Lanz, camaradas, amigos/as, familiares, que se olvidaron, perdieron la brújula ética y se empantanaron en el lodo de la corrupción. Ya que el móvil del asesinato, es, al parecer, la actitud corrupta de unos de sus actores.
En este caso, la corrupción lleva al segundo elemento, y es el amor, la codicia, el desear tener más dinero. Y de allí, no importan los valores, la ética, revolucionaria o no.
Aquí refiero como teólogo a un precepto bíblico, que se encuentra en 1 Timoteo. 6:10, el cual dice: “Porque el amor al dinero, es raíz de toda clase de males; y hay quienes, por codicia, se han desviado… y se han causado terribles sufrimientos”.
Recalcamos, si este fue el móvil para quitar la vida a un ser humano, por amor al dinero, por ser codiciosos/as, sin duda alguna, hubo en ellos/as un desvió de sus creencias más antiguas, de sus principios inalienables, de los valores básicos humanos, y por ello sufrirán por siempre sus actuaciones.
Recordemos a su vez que, la avaricia y la corrupción forman parte de los antivalores, creados a lo largo de la historia de la humanidad, y fortalecidos y promocionados por el capitalismo. La crisis de valores está presente en este vil asesinato.
Otro elemento, en este caso, fue la nefasta idea de algunos sectores, de forzar los argumentos e indicios para echar la culpa al gobierno bolivariano, de estar detrás de la desaparición de Carlos Lanz.
También se intentó, desviar el asesinato hacia un mero caso pasional, como lo indica el autor Rolando Graterol Guzmán, en su artículo, “El Asesinato de Carlos Lanz no es un crimen pasional, es un crimen político”, al señalar, “El crimen tiene un contexto que no puede ser solo el de la relación conyugal disfuncional, sino el del cáncer de la corrupción que está enquistado como un tumor en plena metástasis en el Estado venezolano. Así que esto no es un crimen pasional, esto es un crimen político”.
Indicando, además, “Dejémonos de la paja de pensar que todos nuestros males los causa el imperio y las potencias extranjeras. Esa fue la narrativa que en el caso de Carlos Lanz se quiso vender para que jamás se supiera lo que pasó. No, aquí los responsables somos todas y todos los que hemos dejado actuar a la corrupción a sus anchas. Guardamos silencio ante el corrupto, dejamos actuar a los que son capaces de abrir una bolsa para sacar un aceite, hasta la funcionaria de libre nombramiento y remoción que teje toda una red de corrupción a la vista de todo el mundo”.
Rematamos entonces, “Carlos Lanz no fue asesinado por un problema pasional o por un problema personal. Carlos Lanz fue víctima de un entramado de corrupción emanado desde la dirección del Instituto Nacional de Centros Educativos Socialistas INCES del Estado Aragua. Carlos Lanz es asesinado por un sector de alto nivel de la burocracia que sintió amenazada su red de corrupción”.
En este sentido, nos urge revisar tal conducta y proponer ideas para bregar con esta situación. “Creemos que, con este fúnebre y terrible acontecimiento, se reivindica la necesidad de sanear la administración pública, revisar el comportamiento de los funcionarios públicos (desde los más altos niveles hasta los de menos nivel), de castigar a aquellos que se han anquilosado en el aparato estadal para enriquecerse, para lucrarse; de activar la contraloría social a través de los mecanismos creados para tal fin (Consejos Comunales, Consejos de Trabajadores, Comunas y otros)”.
Estamos urgidos/as de un plan, un programa, urgente, en el caso venezolano, para rescatarnos de la corrupción y el amor al dinero, en este sentido, nos ayudan las palabras de Fidel Castro Ruz, y me permito parafrasear al gigante…
(El revolucionario con ética) “es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas”.
Como elemento organizador, quizás nos ayude un plan nacional, de Formación Sociopolítica, plan que fue pensado por el profesor Lanz y, contradictoriamente, algunos/as de sus verdugos/as.
En este plan, hay presentes elementos, que nos ayudaran a volver al camino, del que nos desviamos, a volver a la senda antigua, de la que no debimos salir, a volver al camino glorioso de la ética revolucionaria.
Camino que tanto Gramsci como el Che Guevara, nos legaron y nos insisten hoy, que debemos asumir como verdaderos revolucionarios, y que se traducen en valores rescatables hoy como, dignidad, patriotismo, humanismo, solidaridad, responsabilidad, laboriosidad, honradez, honestidad, justicia, entre otros.
En su honor, Carlos Lanz, merece que se constituya un movimiento que difunda y promueva su pensamiento; que prolongue su vida más allá de la muerte en la siembra de saberes y de la tierra; que nos libere y nos haga un poco mejores y que vaya transformando lo mezquino en bondad, según Hindu Anderi, en su artículo, “Carlos Lanz, el inclaudicable”.
Finalmente, dejamos tres elementos aclaradores y explicativos, planteados por el auto Luigino Bracci Roa, en su artículo, “Para un examen crítico del caso Lanz”, “¿Cuántos camaradas quedan en las instituciones públicas, realizando gruesas tramas de corrupción, beneficiándose de contratos y comisiones al tiempo que emiten grandes discursos dándoselas de revolucionarios y engañando a tanta gente?
Hay que diferenciar, muy bien, a aquellos miembros del comité de búsqueda, que tenían sus intenciones oscuras, de aquellos que lo hacían por amor y aprecio al Prof. Carlos Lanz: porque lo conocieron, fueron sus alumnos o trabajaron con él y solo pedían su aparición con vida.
Hasta en una causa tan noble como la desaparición de un gran líder revolucionario, uno siempre tiene que estar revisando segundas y terceras intenciones de quienes lideran estas luchas. No se puede apoyar incondicionalmente a nadie.
La presión de la gente sobre el caso, fue lo que mantuvo al Ministerio Público y los cuerpos policiales trabajando, e hizo que algún excelente profesional se diera cuenta de la mudanza de la empleada doméstica, (solo el pueblo salva al pueblo) lo que desembocó en la solución de este cangrejo”.
Foto de las cataratas de Kaieteur en el Río Potaro en la región que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba», extraída de esta nota de prensa titulada «El Esquibo, una joya inundada de petróleo que se disputan Venezuela y Guyana», El Clarín, edición del 29/06/2020. Un video sobre estas majestuosas cataratas está también disponible en este enlace.
Nicolas Boeglin (*)
El 13 de junio del 2022, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una nueva ordenanza fijándole a Guyana un plazo para contestar argumentos presentados el 7 de junio por Venezuela (véase texto en francés y en inglés de la ordenanza).
Como se recordará, en marzo del 2018, Guyana interpuso una demanda contra Venezuela ante el juez de La Haya relativa a lo que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba«, un territorio en disputa entre ambos Estados de más de 159.000 kilómetros cuadrados, y que representa proporcionalmente más de las 2/3 partes del territorio actual de Guyana (véase el segundo mapa en esta nota de la BBC del 2021).
Si bien la atención a la actividad de un tribunal internacional como la CIJ recae usualmente en el contenido de sus sentencias como tal, el análisis de las ordenanzas (también denominadas «providencias» en la literatura jurídica) reviste interés, tal y como intentaremos detallarlo a continuación.
La tercera ordenanza desde el 2018
La anterior ordenanza de esta índole sobre la fijación de plazos fue adoptada el 8 de marzo del 2021 estableciendo plazos para la presentación de escritos sobre el fondo para ambos Estados: 8 de marzo del 2022 para Guyana, 8 de marzo del 2023 para Venezuela (véase texto francés y en inglés).
Una anterior providencia con fecha del 18 de junio del 2018 (véase texto en ambos idiomas) fue la primera de este tipo adoptada por la CIJ entre Guyana y Venezuela.
En el mes de diciembre del 2020, en una sentencia sobre competencia, la CIJ se había declarado competente para analizar parte de los argumentos de Guyana sobre el fondo (véase texto de la sentencia en francés/inglés). Cabe precisar que esta decisión se tomó sin poderse realizar un juicio contradictorio como es lo usual en La Haya, con dos rondas de alegatos (en la fase escrita y luego en la fase oral), al optar Venezuela por no comparecer en el procedimiento: veáse verbatim de las audiencias orales realizadas el 30 de junio del 2020 en La Haya con la presencia de la única delegación de Guyana.
En su precitada sentencia de diciembre del 2020 se lee por parte de la CIJ (párrafo 22) que:
«22. Aucune pièce écrite n’ayant été déposée par le Gouvernement du Venezuela et celui-ci n’ayant pas comparu lors de la procédure orale, aucune conclusion formelle n’a été présentée par ce gouvernement. Cependant, il ressort clairement de la correspondance et du mémorandum reçus du Venezuela que ce dernier soutient que la Cour n’a pas compétence pour connaître de l’affaire.
/
22. Since the Government of Venezuela filed no pleadings and did not appear at the oral proceedings, no formal submissions were presented by that Government. However, it is clear from the correspondence and the Memorandum received from Venezuela that it contends that the Court lacks jurisdiction to entertain the case.«
Como se observará en las líneas que siguen, la no comparencia en un procedimiento contencioso por parte de un Estado ante el juez internacional de La Haya no afecta mayormente el desarrollo del procedimiento en sí.
Resulta oportuno precisar a nuestros estimables lectores, en particular de América Latina, que a diferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de varios Estados en América Latina y en el mundo, Naciones Unidas reconoce a las autoridades encabezadas por el Presidente Nicolas Maduro como único representante de Venezuela (y que esta regla aplica para todas sus agencias especializadas y órganos, incluyendo a la CIJ).
Un muy breve recuento
En marzo del 2018, Guyana inició una demanda contra Venezuela ante la justicia internacional de La Haya, con el fin de resolver la larga controversia que mantiene con Venezuela desde 1966; y que anterior a este año, mantenía Venezuela con Gran Bretaña desde el siglo XIX, desde el año 1899 para ser exactos, fecha en que un tribunal arbitral emitió un laudo arbitral (véase texto en inglés) desfavorable a Venezuela (Nota 1).
En este valioso artículo del jurista venezolano Allan Brewer-Carías publicado en 2009 por el prestigioso Max Planck Institute de Heidelberg en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado, se lee que:
“The boundary established in the 1899 arbitration tribunal was considered to be settled for the next half-century, until a memorandum written by Severo Mallet-Provost (11 August 1944), a lawyer who had acted as a junior counsel for Venezuela at the Paris tribunal, was published posthumously in the 1949 issue of the American Journal of International Law (O Schoenrich ‘The Venezuela-British Guiana Boundary Dispute’ (1949) 43 AJIL 523, 528–30). The memorandum adduced that the arbitral tribunal’s president had coerced several members into assenting to the final decision, the result of a political deal between Britain and Russia. Reportedly, this memorandum had been dictated five years earlier by Mallet-Provost to Judge Otto Schoenrich, his partner in the US law firm of Curtis, Mallet-Prevost, Colte and Mosle, with instructions that it was not to be published until after his death, and even then, only at Judge Schoenrich’s discretion. Mallet-Prevost died on 10 December 1948, and his memorandum appeared in print some six months later” (punto 17).
Se puede afirmar que desde este arbitraje de 1899, y de revelaciones sobre algunos integrantes de este tribunal dadas a conocer en 1948, Venezuela desconfía de todo lo que se asemeja a los mecanismos de solución pacífica de controversias de carácter jurídicos (arbitraje y arreglo judicial) y se ha cuidado de no ratificar ningún tratado que contemple el recurso a uno de estos dos mecanismos, salvo muy contadas excepciones. Es así como Venezuela nunca procedió a reconocer unilateralmente la jurisdicción obligatoria de la CIJ prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ (véase listado de Estados que han hecho esta declaración).
Cabe precisar que la demanda de Guyana de marzo del 2018 plantea como base de competencia una sencilla carta del Secretario General de Naciones Unidas dada a conocer en enero del 2018 que recomienda a ambos Estados someter el asunto a la CIJ. Una carta adoptada pocas semanas después de estrenar su cargo el actual Secretario General de Naciones Unidas.
Habíamos tenido la oportunidad de analizar la sentencia de la CIJ declarándose competente, dada a conocer en el mes de diciembre del 2020 (véase nuestra nota titulada «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente«. En este análisis se indicaba que el debate intra muros entre los 15 integrantes de la CIJ había dejado algunas huellas, con varias opiniones disidentes externadas por varios de ellos, al precisar nuestro texto que:
«Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo. Nótese que el primero de ellos, el francés Ronny Abraham, fue Presidente de la CIJ (2015-2018)«.
El contenido de la ordenanza, en particular un detalle notorio pocamente divulgado
En la precitada ordenanza del 13 de junio del 2022, se lee que Venezuela procedió a un cambio de actitud repentino en el mes de junio del 2022 y que el 7 de junio remitió a la CIJ una batería de argumentos tendientes a cuestionar la competencia de la CIJ (las excepciones preliminares):
«Vu la lettre en date du 6 juin 2022, par laquelle S. Exc. Mme Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vice-présidente de la République bolivarienne du Venezuela, a informé la Cour que le Gouvernement vénézuélien avait désigné S. Exc. M. Samuel Reinaldo Moncada Acosta, représentant permanent de la République bolivarienne du Venezuela auprès des Nations Unies, en qualité d’agent et S. Exc. M. Félix Plasencia González, ancien ministre du pouvoir populaire des affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, et Mme Elsie Rosales García, professeure à l’Universidad Central de Venezuela, en qualité de coagents aux fins de l’affaire ; Considérant que, le 7 juin 2022, le Venezuela a déposé des exceptions préliminaires d’irrecevabilité de la requête, et qu’un exemplaire original de celles-ci a immédiatement été transmis à l’autre Partie;
/
Having regard to a letter dated 6 June 2022, whereby H.E. Ms Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Executive Vice President of the Bolivarian Republic of Venezuela, informed the Court that the Venezuelan Government had appointed H.E. Mr. Samuel Reinaldo Moncada Acosta, Permanent Representative of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United Nations, as Agent and H.E. Mr. Félix Plasencia González, Former People’s Power Minister for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela, and Ms Elsie Rosales García, Professor at the Universidad Central de Venezuela, as Co-Agents for purposes of the case; Whereas, on 7 June 2022, Venezuela filed preliminary objections to the admissibility of the Application, and whereas an original of those preliminary objections was immediately transmitted to the other Party»;
Se trata de un cambio de actitud en la medida en que, desde la presentación de la demanda por parte de Guyana en marzo del 2018, Venezuela optó por no comparecer en el procedimiento en La Haya.
Como lo indica el jurista venezolano Víctor Rodríguez Cedeño en un artículo reciente, cuya lectura se recomienda:
«La no comparecencia podemos definirla como una situación en la que una parte en un proceso ejerce el derecho que le otorga el artículo 53 del Estatuto de la Corte de no participar en una fase del proceso o en una de sus partes, escrita u oral. Una postura procesal que puede adoptar tanto en la fase preliminar, es decir, en la fase relativa a la competencia y la admisibilidad de la demanda, en la parte de fondo e incluso en una etapa ulterior o en un procedimiento incidental sobre medidas cautelares o provisionales» (Nota 2).
No comparacer en el presente caso para Venezuela significó el no nombrar a un Agente encargado de centralizar la documentación y de fijar la posición de Venezuela en La Haya ante los jueces de la CIJ, el no remitir documentos a la CIJ en los plazos establecidos, el asistir a las reuniones convocadas por la Presidencia de la CIJ para fijar plazos de presentación de escritos con autoridades políticas y el no asistir a las audiencias orales convocadas por la CIJ. Tampoco Venezuela presentó las excepciones preliminares a las que tiene derecho todo Estado demandado que cuestiona la competencia de la CIJ para analizar el fondo de un asunto, ni pudo nombrar a un juez ad hoc de su escogencia (Nota 3).
Dicho en otras palabras, Venezuela desde el 2018 se privó sola de todas las herramientas procesales existentes en La Haya cuando un Estado demandado por otro cuestiona la competencia de la CIJ.
En su comunicado oficial del pasado 8 de junio (véase texto completo), la diplomacia venezolana no explica en ningún momento este cambio de actitud, señalando únicamente que:
«Sin embargo, estamos obligados a señalar, sin duda alguna, del curso del procedimiento que se ha seguido a partir de la demanda unilateral de Guyana, así como de la decisión del 18 de diciembre de 2020 en la que, contra todo precedente, la Corte se arroga jurisdicción para pronunciarse sobre “la validez del laudo arbitral de 1899”, un asunto superado y que fue artificiosamente propuesto en la demanda unilateral de Guyana, para buscar librarse de su compromiso a negociar, al cual está obligado conforme al Acuerdo de Ginebra.
Venezuela espera que el asunto vuelva de inmediato al terreno de la negociación amistosa entre las partes y a la correcta aplicación del Acuerdo de Ginebra para dirimir la controversia territorial que justificó su suscripción».
Como indicado con anterioridad, las excepciones preliminares pudieron ser presentadas por Venezuela desde que fue notificada por la Presidencia de la CIJ del contenido de la demanda de Guyana, la cual fue registrada en marzo del 2018 (véase texto de la demanda en francés e inglés). En diciembre del 2020, la CIJ se declaró competente para analizar el fondo del asunto.
Más allá del caso planteado por Guyana contra Venezuela, este cambio de actitud de Venezuela hacia la justicia internacional rompe de forma notable con una sólida y firme posición histórica en todos los foros internacionales desde 1959 y que recoge muy bien el precitado jurista Víctor Rodríguez Cedeño en este artículo publicado en el 2018, en el que expresa que:
«Venezuela nunca ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la corte, sin desconocer evidentemente su importancia como órgano judicial de las Naciones Unidas. En muchas reuniones, incluso de codificación, hemos dejado en forma expresa y clara nuestra reserva en relación con el carácter obligatorio de la jurisdicción de la corte. Recuerdo que como representante de Venezuela en muchas reuniones jurídicas hice declaraciones muy claras al respecto, entre otras, en la Conferencia de Viena de 1986, en las negociaciones cuando se adoptó la Constitución de la Onudi, en 1977-78, que evitó, como consta en actas, que se incluyera el recurso obligatorio y entre muchas otras, durante el proceso de adopción del Acuerdo Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, también a finales de los años setenta del siglo pasado. Posiciones coherentes formuladas con base en una política exterior jurídica seria que desarrollaron los gobiernos democráticos desde 1959«.
Esta actitud de Venezuela explica el hecho que Venezuela a la fecha no haya ratificado el Pacto de Bogotá de 1948 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), y que no haya tan siquiera firmado la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (véase estado oficial), la Convención de 1982 de Montego Bay sobre Derecho del Mar (véase estado oficial) o la Convención de Viena de 1986 sobre Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales (véase estado oficial): todas estas (y muchas otras) convenciones de carácter universal contienen una cláusula mencionando a la CIJ o al arbitraje como mecanismos de solución pacífica de controversias.
La no comparecencia ante la CIJ: ejemplos recientes
Es de recalcar que cada caso de no comparecencia ante el juez de La Haya en el marco de un procedimiento contencioso incoado por otro Estado debe ser considerado de manera individual: las comparaciones son usualmente bastante aventuradas, y cada caso de no comparecencia debería siempre entenderse como sui generis.
Son muy diversas las razones que puede alegar un Estado para desdeñar la barra de La Haya.
En el hemisferio americano, antes de Venezuela en el 2018, podemos citar el caso de Estados Unidos en 1984, al optar por no comparecer en La Haya en el procedimiento en su contra presentado por Nicaragua. Cabe precisar que en un primer momento, Estados Unidos sí se presentó a la barra de La Haya, presentó varias excepciones preliminares y participó en las diversas etapas del procedimiento, pero desafió a la CIJ cuando esta rechazó algunos de sus argumentos y se declaró competente, al decidir no participar más en el procedimiento sobre el fondo: la no comparecencia de Estados Unidos no impidió en lo más mínimo que fuera condenado en una sentencia considerada histórica en junio de 1986 en la que la CIJ le señaló su parecer sobre su conducta que merece mención (Nota 4).
Después de Venezuela en el 2018, el único Estado que ha optado por no comparecer ante el juez de La Haya fue Rusia en marzo del 2022, ante la solicitud de medidas provisionales de carácter urgente presentada en su contra por Ucrania (Nota 5).
Sobre algunas interrogantes, expectativas y su alcance
Como se puede apreciar en esta reciente ordenanza de la CIJ de junio del 2022, Guyana tiene hasta el 7 de octubre del 2022 para analizar y refutar los argumentos presentados por Venezuela en este mes de junio del 2022 sobre la incompetencia de la CIJ. No debería extrañar que sean exactamente los mismos argumentos que Venezuela le hizo llegar a la CIJ en su momento y que fueron en parte rechazados por los jueces en el 2020: véanse en particular la carta suscrita por el canciller venezolano del 24 de julio del 2020 en francés y en inglés, así como el memorandum enviado el 28 de noviembre del 2019 por Venezuela a la CIJ (textos en francés y en inglés).
Una vez recibido el escrito de Guyana, es probable que la CIJ se tome unos meses de reflexión y zanje sobre los diversos aspectos discutidos para (probablemente) retomar el análisis sobre el fondo que había iniciado con posterioridad al fallo de diciembre del 2020.
¿Porqué presentar en junio del 2022 excepciones preliminares que bien se pudieron haber presentado desde mucho años antes? ¿Qué ha ocurrido de relevante en Venezuela o en Guyana en este mes de junio del 2022 para que Venezuela reconsidere la posición inicial de no comparecer en este juicio iniciado en el 2018?¿Habrá en el escrito sobre el fondo de Guyana que fue depositado el pasado 8 de marzo algún argumento que sugiera cambiar radicalmente de posición por parte de Venezuela? ¿Porqué la CIJ acepta que Guyana dé su parecer sobre argumentos venezolanos que ya fueron en parte rechazados en el 2020 por la misma CIJ? Desde el punto de vista táctico, ¿se puede considerar riesgoso este cambio de actitud de Venezuela?
Son preguntas que lanzamos al aire sin mayores elementos para responderlas. La primera de ellas tiene una respuesta que deberían poder brindar las máximas autoridades venezolanas. Con relación a la última de ellas, se podría contestar por la afirmativa: en efecto, desde la perspectiva de algunos jueces de la CIJ, esta repentina maniobra de Venezuela bien podría ser interpretada como tendiente a dilatar cuestiones ya zanjadas en el 2020 y ganar tiempo (por alguna razón que se considera ventajosa en Venezuela).
Cabe precisar, como dato de interés, que el pasado 7 de junio también se celebró una reunión entre autoridades de Guyana y de Venezuela en Georgetown (véase nota al respecto publicada en El Universal): desde que la CIJ se declaró competente en el 2020, el retomar las negociaciones bilaterales con Guyana es un objetivo prioritario de la diplomacia venezolana y esta reunión posiblemente sea una de muchas otras por venir. Negociar el retiro de la demanda a cambio de un acuerdo bilateral con Guyana puede ser uno de los objetivos por parte de la diplomacia venezolana. Al respecto, el retiro de una demanda en La Haya constituye una práctica muy poco estudiada y que, en nuestra opinión, lo ameritaría, en particular cuando se obtiene a cambio de nada o casi (Nota 6).
A modo de conclusión
Este discreto giro operado por Venezuela con relación a su histórica distancia mantenida con la justicia internacional merecería explicaciones, que a la fecha de redactar estas líneas, se desconocen. Sin duda alguna responde a un cambio radical de estrategia ante el juez de la CIJ: esta última fue solicitada desde el 2018 por Guyana para zanjar definitivamente la controversia territorial más antigua sin resolverse en el continente americano.
Como tuvimos la oportunidad de indicarlo desde el 2018, la no comparecencia ante la CIJ es una opción usada a veces por un Estado demandado que conlleva algunos riesgos, cuando escribíamos que:
«Cabe precisar que la estrategia que ha escogido Venezuela no está exenta de todo riesgo: en efecto, la no participación de Venezuela la priva de la posibilidad de presentar sus argumentos legales en la etapa preliminar en la que puede precisamente cuestionar la competencia de la CIJ en el marco del procedimiento contencioso: la etapa de las excepciones preliminares. Dicho en otras palabras, al optar Venezuela por no participar, la base de competencia usada por Guyana (que se limita a una recomendación del actual Secretario General de Naciones Unidas) no será cuestionada ante los jueces de la CIJ «(Nota 7).
Notas:
Nota 1: Sobre esta decisión arbitral véase reciente análisis de RUAN SANTOS G., » La clausula de «prescipción» en la controversia entre Venezuela y Gran Bretaña por la Guayana Esequiba», in AYALA CORAO C. & BREWER CARIAS A. R. (Editores), Libro Homenaje al Dr. Pedro Nikken, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2021, Tomo II, pp. 923-944, disponible aquí.
Nota 2: Véase RODRIGUEZ CEDEÑO V., «Las implicaciones de la no comparecencia en el procedimiento contencioso ante la Corte Internacional de Justicia: reglas y principios a la luz de la práctica de la Corte«, in Boletin de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Número 166 (Octubre-Diciembre 2021), Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren, pp. 405-418, p.407. Texto integral de este Número 166 disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto nuestra nota de abril del 2019, BOEGLIN N., «A propósito del reciente comunicado en el que Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella«, Ius360, edición del 29/04/2019 y disponible aquí. Anterior a ella (2018), véase también WENTKER A., «Venezuela´s non participation before ICJ in the dispute over Essequibo region«, EJIL-Talk, edición del 29/06/2018 y disponible aquí.
Nota 4: Es de precisar que elfallode la CIJ sobre el fondo del 26 de junio de 1986 entre Estados Unidos y Nicaragua es considerado en la literatura jurídica especializada como uno de los mejores fallos jamás redactados por parte de los integrantes de la CIJ. Parte de esta característica se puede deber a un presidente extremadamente exigente y a un comité a cargo de la redacción de un fallo igualmente preocupado por aspectos de forma y aspectos de fondo. Pero también se puede deber al hecho de que los argumentos del demandante (Nicaragua) no encontraron objeción alguna durante el procedimiento sobre el fondo. Los jueces de la CIJ optaron, dos años después de declararse competente, por darle a cada uno el alcance requerido desde el punto de vista jurídico.
En aquella oportunidad, los jueces no desaprovecharon la ocasión (histórica) para externar a Estados Unidos su desaprobación, incluyendo una pequeña lección sobre principios muy básicos. Lo hicieron en el fallo de 1986 de la siguiente forma, que nos permitimos reproducir a continuación en ambos idiomas:
«In the present case, the Court regrets even more deeply the decision of the respondent State not to participate in the present phase of the proceedings, because this decision was made after the United States had participated fully in the proceedings on the request for provisional measures, and the proceedings on jurisdiction and admissibility. Having taken part in the proceedings to argue that the Court lacked jurisdiction, the United States thereby acknowledged that the Court had the power to make a finding on its own jurisdiction to rule upon the merits. It is not possible to argue that the Court had jurisdiction only to declare that it lacked jurisdiction. In the normal course of events, for a party to appear before a court entails acceptance of the possibility of the court’s finding against that party» (párrafo 27 de la sentencia de la CIJ de 1986).
/
«En l’espèce la Cour regrette d’autant plus profondément la décision de l’Etat défendeur de ne pas participer à la présente phase de la procédure qu’une telle décision est intervenue après que les Etats-Unis eurent pleinement participé aux procédures sur les mesures conservatoires et sur la compétence et la recevabilité En effet, en ayant pris part à l’instance pour plaider l’incompétence de la Cour, les Etats-Unis reconnaissaient par là à celle-ci le pouvoir de se prononcer sur sa propre compétence pour statuer au fond. Il n’est pas possible de prétendre que la Cour n’était compétente que pour se déclarer incompétente. La comparution devant une juridiction implique normalement l’acceptation de la possibilité d’être débouté» (párrafo 27 de la sentencia de la CIJ de 1986).
Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia«, Portal Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 23/03/2022, y disponible aquí.
Nota 6: El retiro de una demanda ante el juez de La Haya es una opción a la que a veces recurren los Estados que litigan en La Haya y que se ha estudiado muy poco en doctrina. ¿Retirar una demanda en La Haya a cambio de … nada? En 1986, Nicaragua obtuvo una condena a Estados Unidos contundente de la CIJ, que abrió la puerta para una segunda etapa por compensación y daños: no obstante, en 1991, a raíz de un cambio de orientación política, Nicaragua optó por retirar la demanda pendiente por daños y perjuicios (véase el comunicado de la CIJ del 27/09/1991) sin que se conozca de alguna contrapartida económica por parte de Estados Unidos. Siempre con relación al hemisferio americano, se puede también citar el caso de la demanda de Ecuador contra Colombia por aspersiones químicas aéreas, interpuesta en el 2008 (véase texto de la demanda en francés y en inglés): Colombia obtuvo el retiro de la demanda planteada por Ecuador en el 2013, comprometiéndose a no realizar más acciones de este tipo en sus zonas fronterizas y a depositarle a Ecuador la suma de 15 millones de US$, la cual incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ desde el 2008 (véase punto 9 del acuerdo suscrito entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013).
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Ordenanza de la CIJ en relación a la demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes«, CIARGlobal, edición del 11/07/2018 y disponible aquí.
(*) Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Estos dos seres anticubanos, osaron hablar en el contexto de la Cumbre de las Américas, el senador norteamericano Marco Antonio Rubio García, primero se alegra de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no asistiera a la Cumbre y, además, lo acusa de ser un “apologista de la tiranía”.
Indicando, además, que López Obrador, “ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga”.
Por su parte, el igualmente senador estadounidense Rafael Edward “Ted” Cruz, algunos meses atrás, dijo que el mandatario mexicano “es una amenaza para la seguridad nacional de EEUU”.
Ante tales acusaciones, el mandatario mexicano, López Obrador, responde a ambos senadores anticubanos, anti venezolanos y anti nicaragüenses: “Yo les digo a los dos que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos”. “Yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en EE. UU. y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas”.
Creemos que el presidente mexicano, se quedó corto al responderles a los senadores Rubio y “Ted”, ya que sus perfiles revelan que son mucho más funestos, veamos:
Marco Antonio Rubio García
Sin duda alguna, el senador republicano Marco Rubio García, en EEUU, se ha convertido en el estratega de presión contra Cuba y Venezuela. Su verborrea barata, repetitiva, politiquera, lo hace ser un monomaníaco y mentiroso.
Nos sumamos a las denuncias del compañero, Tony López R., periodista, politólogo y analista internacional, quien señala: Además de los adjetivos señalados contra Rubio García, debemos enfatizar que es un Señor de la Guerra, al desear borrar las ideas y ejemplos de Bolívar y Martí, que guiaron a los dos grandes líderes de esta época, Fidel Castro y Hugo Chávez, y que protagonizaron esta gesta libertaria en los albores del Siglo XXI frente al imperialismo yanqui.
En este sentido, Marco Rubio (cabeza política e ideológica) es el alfil más importante en este ajedrez político, para manejar el tema cubano- venezolano, el senador cuenta con el respaldo de la mafia cubana-americana y venezolana de Miami, además tiene estrechas relaciones con el colombiano senador Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente Iván Duque, cuyos vínculos con el narco paramilitarismo ha sido públicamente denunciado por la revista Semana y los destacados periodistas Gonzalo Guillen en Nueva Prensa y Julián Martínez.
No es extraño, entonces, estas relaciones de Marco Rubio con la dirigencia narco paramilitar de Colombia, y los lazos, actualmente, ocultos o censurados por los medios de Miami, y el escándalo que se produjo en 1987, por la relación familiar de Marco con su cuñado Orlando Cicilia de Paula, perteneciente a la poderosa banda de narcotraficantes dirigida por Mario Tarrau.
Este escándalo, relacionado con el narcotráfico, ocultado por Rubio en su currículo cuando aspiraba a un escaño al Congreso, norteamericano, lo marcó como mentiroso por su sospechosa omisión y fue objeto de diversos comentarios.
También, desde hace algunos años, Marco Rubio, se vinculó a la tarea de provocar el derrocamiento del gobierno de Maduro, lo hizo siempre. A su vez, el senador Rubio fue uno de los promotores del Concierto Aid Live Venezuela. Esta actividad, tenía el propósito tratar de ingresar, ilegalmente, una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela.
A todo lo anterior se suma, los esfuerzos y trabajos de Rubio, que realizo con delegaciones miembros de la OEA, para lograr la condena del gobierno venezolano y así poder justificar, legalmente, una intervención militar a través del TIAR y respaldo de la OEA, las condenas nunca fueron logradas, a pesar de que, junto al Secretario General de la OEA, el mercenario Luis Almagro, presionaron y chantajearon a muchos gobiernos.
En diferentes ocasiones ha mentido sobre la llegada de sus padres a EEUU, para buscarse la simpatía de los que odian visceralmente al gobierno cubano. Según el “Ilustre Senador” sus padres llegaron a la Florida después de 1959, huyendo del régimen comunista de Cuba, cuando la verdad es que aún Fidel Castro no había salido de México, para desembarcar en la isla, cuando ya los progenitores de Rubio, habían aplicado por una visa de inmigrante permanente en la embajada norteamericana, en el Malecón habanero.
El demócrata Dan Gelber, califica a Rubio como peligroso, y cuenta que el día que este asumió el cargo como Presidente de la Cámara de Representantes de Florida, tomó el micrófono y pidió a los congresistas se acercaran a su estrado, les mostró un libro azul, con un gran 100 en la portada. Cuando Gelber y sus compañeros, lo abrieron para hojearlo, un murmullo recorrió la sala, pues, todas las páginas estaban en blanco. Un libro en blanco, Rubio, lo había mandado a hacer, pero solo había redactado el título: “100 ideas innovadoras para el futuro de Florida”.
En 2016, el congresista republicano Marco Rubio mencionó que Cuba estaba utilizando ataques sónicos para afectar la salud de los diplomáticos de EEUU, residentes en la Habana llamando a las ondas el “rayo de la muerte”.
Estas son nada más, algunas muestras, de la mitomanía y lo monotemático de Rubio García, quien ha labrado su carrera política con base en estas prácticas.
Rafael Edward “Ted” Cruz
En la investigación acerca del senador norteamericano Rafael Cruz, lo primero que resaltamos es que pertenece a lo más prestigioso del lobby anticubano en Estados Unidos. Se destacó en el periodo de gobierno del expresidente Donald Trump, por ser el artífice de muchas de las medidas coercitivas que se aplicaron contra Cuba y Venezuela.
Defensor de las políticas antinmigrantes, siendo precandidato republicano a la Casa Blanca, en 2016, prometió deportar a todos los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
También se le recuerda por votar en contra de la ayuda federal, para enfrentar los destrozos del huracán Sandy.
Aunque ha tratado de desmarcarse de los sucesos del Capitolio, decenas de organizaciones cívicas entregaron un documento, con más de 25.000 firmas de ciudadanos que demandan la renuncia del senador, y de otros 17 legisladores, por complicidad en la insurrección del 6 de enero en Washington DC.
Aunque las organizaciones cívicas, la integran grupos aliados de los demócratas, como Voto Latino y Move On, ya una organización llamada Republican Accountability Project, instaló en San Antonio carteleras callejeras con el texto: “Usted mintió acerca de la elección. Y el Capitolio fue atacado. Renuncie”.
“El senador Cruz tiene sangre en sus manos. Ha perdido el derecho de representar a Texas en el Senado de Estados Unidos”, dice la declaración en referencia al asalto al Congreso que dejó al menos cinco personas muertas y decenas de heridos.
Encabezó los intentos de presentar un Proyecto de Ley, para sancionar a países que contraten a médicos de la nación antillana Cuba.
Es un político ampliamente repudiado. A lo largo de su carrera ha suscitado el disgusto de una amplia gama de políticos, desde el expresidente George W. Bush, hasta el senador Rand Paul.
Mañoso e inescrupuloso, acostumbrado al juego sucio electoral, aspira a presentarse como candidato a las elecciones de 2024, para lograrlo tiene que paliar las consecuencias de lo que algunos nombran el “Cancúngate” y atraer a las bases que le dieron la presidencia a Donald Trump en 2016.
Su actitud antipática, por decir lo menos, sentencia compartida por el Nuevo Herald, que lo calificó, además, como “peor que Marco Rubio”, y usual en políticos mediocres, se muestra y evidencia cuando instó a sus electores a “quedarse en casa” y advirtió que el clima invernal que azotaba a Texas podría ser mortal. Al día siguiente, usó un emoji de encogimiento de hombros y declaró que la situación “no era buena”. Luego, se marchó con su familia a un resort Ritz-Carlton, en la soleada Cancún, y escapó de su casa helada.
Lo anterior, provocó que muchos estadounidenses texanos, afectados por la mortífera tormenta invernal, además de la pandemia de casi un año, encontraron por un motivo para reunirse y alzar la voz en un coro unido por la rabia.
Por otro lado, “Lucifer en persona”, dijo John Boehner, el expresidente de la Cámara de Representantes, sobre Cruz en 2016. Incluso los satanistas no pudieron soportar la comparación; un portavoz del Templo Satánico emitió rápidamente un comunicado diciendo que el grupo no quería “tener nada que ver” con políticos como Cruz.
Otra información, verdadera o falsa, provino del expresidente Donald Trump, cuando vinculó al padre de Ted Cruz con el presunto asesino del presidente John F. Kennedy.
Trump repitió una historia de la publicación National Enquirer, según la cual Rafael Cruz, padre del senador Cruz, aparece fotografiado con Lee Harvey Oswald, durante una actividad en Nueva Orleans en 1963.
Reiteramos que Ted Cruz, llamado por Trump en 2016 mentiroso, es repudiado por sus conciudadanos, tanto los demócratas como por miembros de su partido, lo consideran un oportunista inescrupuloso y se preparan para cerrarle el paso en su pretendido camino a la Casa Blanca en 2024.
Hay muchos otros datos negativos de este nefasto ser, pero solo incluimos esta muestra, de personas que son malos políticos y, además, se aventuran en planes contra la Cuba heroica y América Latina.
La novena Cumbre de las Américas, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno del continente americano, es decir, aglutina a los líderes de los países de América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe, se celebrará este año, entre el 6 y el 10 de junio 2022, en Los Ángeles-California, EEUU, cuyo lema central será: “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”.
En un sentido, nos preguntamos para la reflexión: ¿la cumbre es estadounidense, norteamericana, interamericana o americana?, y según los hechos, parafraseando al presidente obrero venezolano, Nicolás Maduro Moros, la cumbre se ha convertido en “La cumbre de las protestas por la exclusión”.
Veamos los hechos
Inmediatamente, a la convocatoria por el país anfitrión EEUU y su presidente Joseph Robinette Biden Jr., este la acompaña con la declaración que se excluirán a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Esto causó y sigue causando gran revuelo en el continente americano.
De seguido a estas afirmaciones, comienzan a sucederse otras declaraciones por parte de varios países y sus presidentes de América Latina. Quien inicio fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien señala que, otros mandatarios latinoamericanos, al igual que él, “no están contentos” con la Cumbre de las Américas que organiza Estados Unidos, porque no están todos los países invitados.
Sin orden cronológico, se añaden una serie de países que no asistirán, por haber exclusión de algunos presidentes y sus países, que, según ellos, tienen derecho a asistir y son parte de la región americana, a saber, Xiomara Castro de Honduras, Alberto Fernández de Argentina, Luis Arce de Bolivia, El Salvador, Guatemala, los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), entre otros, que se sumaron. Así como organizaciones como la CELAC y el Grupo de Puebla.
Ante la rebeldía de estos presidentes y otros, el presidente, Joe Biden, ofreció pensar la inclusión de todos los países a Cumbre, no obstante, a la fecha del artículo, no hay ninguna reacción contraria o a favor de las exclusiones.
En general, la voz de los rebeldes se sintetiza en la expresión: “la Casa Blanca pretende hacer una cumbre de amigos, que sean capaces de escuchar lo que dice EEUU, aceptar la agenda estadounidense y replicar lo que dicen ellos”.
Por otro lado, el contexto en que se desarrolla la Cumbre, es complejo, según el investigador del Centro de Política Internacional y máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales, Elio Emilio Perera Pena, al señalar, “La pandemia continúa azotando al mundo, con efectos no solo sanitarios, sino también socioeconómicos; “EEUU ve amenazado su imperialismo unipolar mientras otros bloques de poder se han abierto paso, y de manera acelerada”. “Washington y sus socios europeos empujaron a la OTAN hacia las fronteras de Rusia, y ahora vemos cómo la guerra en Ucrania repercute en la economía global, con alzas en los precios del petróleo, el gas, las materias primas y los alimentos”.
“Además, la IX Cumbre se realizaría previamente a la cita de ministros de Defensa de las Américas prevista para el año, que incluirá en su agenda temas de seguridad y otros diferendos regionales como la situación de las Malvinas, de la base militar en la Guayana Francesa, la posición de principal aliado extra Alianza del Atlántico Norte (OTAN) para Colombia, y los intereses estadounidenses por preservar la defensa latinoamericana ante lo que cataloga como regímenes nefastos (léase Venezuela, Nicaragua y Cuba)”.
Otros elementos de la cumbre
A su vez, se anunció que el objetivo del evento sería promover el combate a la pandemia de COVID-19 y la recuperación “verde” de las economías; un manejo “integral” del fenómeno migratorio y la búsqueda de “un consenso hemisférico”, respecto a los desafíos de la democracia como forma de gobierno en la región.
Además de la Cumbre de líderes presidentes, el Departamento de Estado de Estados Unidos organizará tres foros oficiales de partes interesadas en la Cumbre: el noveno Foro de la Sociedad Civil, el sexto Foro de Jóvenes de las Américas y la cuarta Cumbre de “CEO-empresarios” de las Américas.
En general, según estimaciones, la convocatoria, será de unas 35 naciones que deberían asistir a la Cumbre de las Américas, pero unas 25 han anunciado su inasistencia a raíz de la intención de excluir a varios países.
Es decir, si las matemáticas no fallan, con menos de un treinta por ciento de participación realmente proactiva, no puede garantizarse el éxito de ninguna reunión.
Además de las exclusiones de presidentes y sus países ya mencionados, observemos quienes han sido, algunos de los países invitados: Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Haití, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay; entre estos algunos no han confirmado su asistencia, pero tampoco han negado su participación.
No obstante, EEUU y su presidente, a la fecha de este artículo, sigue sin cerrar la lista de la Cumbre de las Américas.
En cuanto a presidentes asistentes, la venidera cumbre en Los Ángeles, probablemente estará con muchas sillas vacías y, por tanto, casi una reunión fantasma.
Es significativo que algunos presidentes y sus países, que asistirán a la cumbre, son aduladores y ficha de EEUU, entre los principales: Colombia, Ecuador, Panamá, entre otros.
Es obvio que los empresarios que asistirán a la cuarta cumbre de las CEO, son corruptos, ligados al narcotráfico y de dudosa reputación.
En cuanto a los jóvenes, seguro serán como los jóvenes venezolanos, que conformaron, alguna vez, la llamada “operación libertad” y algunos entraron a la Asamblea Nacional venezolana como líderes y protagonistas, a saber: Leopoldo López, Henrique Capriles, María Corina Machado, Carlos Vecchio, Julio Borges, Gustavo Tarre, Gaby Andreina Arellano, y el autoproclamado presidente Juan Guaidò.
Con relación a personeros de la sociedad civil invitados, les tenemos “un ejemplar de lujo, una perla”, a saber: Alexander “Alex” Otaola Casal, actor, presentador, activista, político cubano americano, una figura influyente en las redes sociales y una de las voces más prominentes del activismo político opositor en Cuba. Otaola es el presentador del programa web “Hola Ota-Ola”, un programa informativo y satírico que cubre entretenimiento, noticias y política.
Según fuentes del Guerrero Cubano, Otaola pretende asistir a la cumbre y armar un show mediático. Está organizando un viaje en autobús, desde Miami a Los Ángeles.
Sería un viaje de unos tres días, más o menos unos tres mil kilómetros. Por supuesto, fiel a su “humilde desprendimiento”, él enviaría a sus súbditos por carretera y él viajará en avión, acompañado de su amiga María Elvira Salazar.
Una canallada de “Alex” es que les está solicitando a sus seguidores en el autobús, que lleven armas. Con la intención de, quizás, poner sobre aviso a las autoridades, o al FBI por ser una cumbre donde asisten personalidades importantes.
Por supuesto, como señala el guerrero cubano, Alexander no tiene dinero para cubrir esta aventura, y está solicitando dinero para ella. Dinero que utilizara para su propio beneficio personal invirtiéndolo en su finca; y al final se quedara con gran parte del dinero y enviara a pocos seguidores.
Además, su intención es ahorrar dinero para postularse como candidato a la alcaldía del Condado Miami Dade. Finalmente, seres como “Alex” son los que finalmente asistirán como ejemplo de la sociedad civil latinoamericana, avalados por los EEUU.
Apreciaciones finales
Sin duda alguna, la prohibición de negar la asistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua inicial a la cumbre, por parte de EEUU, estos, no esperaban fuese a crear el escándalo que se ha hecho, motivado a protestas por las exclusiones.
La reacción anterior, creemos, ha hecho retroceder un poco a Joe Biden en su política de sanciones. Hemos visto recientemente un aflojo de las restricciones contra Cuba y Venezuela, quizás para congraciarse y para mitigar su inicial error.
En el caso venezolano, producto de la guerra Rusia-Ucrania, se han elevado los precios de los productos derivados del petróleo, específicamente la gasolina, lo que ha hecho que EEUU envié delegados a Venezuela por ser productor de crudo y negociar.
En el caso cubano, es cada vez más la cantidad de países, organizaciones y personalidades que están a favor del levantamiento de sanciones a Cuba, que EEUU esté un poco “dando el brazo a torcer”.
De última hora, según el camarada mexicano Katu Arkonada, en su Twitter @KatuArkonada, hay tensiones entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado, tensiones que podrían llevar a que Joe Biden no participe de la cumbre.
Así mismo, están preocupados por la situación creada, llamándola la “crisis de la cumbre de las Américas”, culpándose mutuamente del fracaso, que llevaría incluso a Biden a no acudir a la cumbre.
De igual modo, “ante el desastre y desespero por el más que evidente fracaso de la Cumbre de las Américas, Estados Unidos pretende, mediante el chantaje, que los países latinoamericanos, especialmente caribeños, abandonen sus posiciones de respaldo a Cuba, Venezuela y Nicaragua”.
Finalmente, Arkonada enfatiza que, La “Crisis de la Cumbre de las Américas” no, “América Latina y la Crisis de la Política de Estados Unidos hacia América” es como debieran llamarle a su problema. El problema lo tiene Estados Unidos, no América Latina”. Yo añado, EEUU genero la crisis. En fin, es toda una trama política que se está dando en el contexto de la cumbre de las exclusiones y en el marco de una guerra creada por EEUU, pero que, ambas, se les han salido de las manos.
Algunos sectores no han visto, con buenos ojos y sorprendidos, el anuncio del presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, al anunciar que nombrará un embajador costarricense en Nicaragua, ya que existen relaciones diplomáticas con este país, por lo cual debe haber un embajador en el país vecino centroamericano.
Aunque Chaves Robles aseguro que “su gobierno trabajará por lograr una integración más efectiva de las representaciones diplomáticas, con los objetivos comerciales del país”.
En este sentido, tiene consonancia la expresión anterior del presidente costarricense, con su talante de economista, priorizando los objetivos comerciales en su gestión de gobierno que apenas inicia, por encima de los políticos.
Pero lo inconsistente es que, de una lista de más o menos 107 invitados internacionales a su toma de posesión, y según lo solicitó Chaves Robles, “deben ser de países con los que hay una relación diplomática”, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, no estaría invitado a la ceremonia.
Según Istvan Alfaro, director de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, “de momento la decisión es no invitarlo a él, ni a ningún otro representante”.
No obstante, lo que, si no es muy acertado por parte de Chaves, es haberse anunciado, la invitación de Juan Guiadò, el autoproclamado “presidente” interino de Venezuela, a la ceremonia de traspaso de poderes, por parte del estado costarricense, el próximo 8 de mayo 2022, y confirmado por Istvan Alfaro, director de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, del gobierno saliente de Carlos Andrés Alvarado Quesada.
Esta invitación obedece, quizás, a que Juan Guaidó felicitó a Chaves el pasado 4 de abril, tras la segunda ronda electoral. Afirmando que “Costa Rica ha dado una nueva demostración de institucionalidad democrática, que es por lo que luchamos en Venezuela. Felicitamos al pueblo costarricense y su presidente electo. Esperamos trabajar juntos en una agenda regional por la libertad, la democracia y los derechos humanos”.
También ha causado revuelo en sectores políticos, esta invitación de alguien que no lo reconoce nadie. Reflejando, como dicen algunos personeros políticos del país, por donde iría la política exterior del presidente Rodrigo Chaves.
También augura que la gestión de Chaves será una copia al carbón de gobiernos neoliberales arrastrados de América Latina, a los pies del imperialismo norteamericano.
Según el sociólogo Daniel Lara, en conversación con Sputnik y radio M24, con respecto a las perspectivas de un eventual cambio radical en la política costarricense, “la suerte ya se decidió en la primera ronda con la conformación de la Asamblea Legislativa”, sostuvo el sociólogo. En este sentido, “no creo que esto sea un cambio radical, ya que la composición legislativa quedó zanjada con una mayoría de 19 diputados para el Partido de Liberación Nacional (liderado por Figueres), seguido por Unidad Social Cristiana”, indicó Lara.
En términos duros, “el carácter de la Asamblea Legislativa implica que continuará con la implementación del modelo neoliberal “, aseveró. El partido de Chaves nació para estas elecciones, por lo que no tiene experiencia previa, “tiene propuestas que son tendientes a consolidar el proyecto neoliberal que se viene desarrollando en nuestro país desde hace justo 40 años, cuando se eligió al presidente Monge”, explicó. Desde entonces, “ha habido una destrucción sistemática del estado de bienestar”, concluyó.
Y es que el neoliberalismo, según el escritor, comunicador, politólogo, educador, gestor cultural y fundador y director del medio digital Culturacr.net, Geovanny Debrús Jiménez, “entendemos neoliberalismo como una nueva visión del liberalismo económico clásico que busca la privatización de las empresas públicas, la apertura comercial sin proteccionismo estatal de ningún tipo, donde la ley del mercado (y del más fuerte) impera siempre, la supuesta ruptura de monopolios y una economía basada en la menor participación del estado.
Sin embargo, el neoliberalismo no combate oligopolios, duopolios y monopolios privados cuando estos se dan porque considera que el mercado los crea, cuando en realidad es la misma acción política la que genera ventajas en la gran mayoría de casos a favor de las más grandes empresas.
El neoliberalismo defiende los intereses de esas grandes empresas, usualmente transnacionales, y se hace de la vista gorda con formas proteccionistas que la acción política genera mediante legislación beneficiosa para esos intereses”.
Por otro lado, según el investigador de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gerardo Hernández Naranjo, en diálogo con GPS Internacional, manifiesta que el presidente electo Chaves Robles, “como los típicos outsiders y populistas, “tiene un discurso que busca centrar la atención en una élite que pintan como corrupta y un panorama en el que todo está mal, y que, por lo tanto, se requiere una mano fuerte que ponga orden y ordene”, explicó. Sin embargo, con la fuerte institucionalidad de Costa Rica y el poco respaldo legislativo, “es difícil que Chaves logre hacer realidad esa gran expectativa de cambio que ha prometido al electorado y que logró capitalizar entre los sectores inconformes”, concluyó.
Recordemos que, durante alguno de los debates, entre Chaves y Figueres, el ahora presidente electo, acusaba a José Figueres Ferrer, de populista, cuando en realidad su oferta de campaña es toda una serie de promesas populistas, al fiel calco de algunos otros presidentes latinoamericanos como el de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, el de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, el de Chile, Gabriel Boric Font, entre otros.
Igualmente, recordemos algunas ofertas de campaña Chaves Robles, neoliberales y populistas: dentro de los primeros cinco decretos claves que haría al asumir la cabeza en el Poder Ejecutivo están: eliminar la canasta básica, bajar el precio del arroz, bajar el costo de la energía, eliminar los monopolios y permitir que los agricultores puedan importar moléculas modernas para sustituir los agroquímicos actuales.
En síntesis, este neoliberalismo y populismo, además de una inexperiencia para una gestión política de gobierno, nos llevará a seguir dando “bandazos” (tumbos, vaivenes, bamboleos, imprecisiones, contradicciones) en la política exterior e interior del gobierno entrante de Rodrigo Chaves Robles en Costa Rica.
Noticia de última hora. El canciller designado por el presidente Chaves Robles, Arnoldo André Tinoco, analiza reconocer el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro: al declarar, “los tiempos han cambiado”.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Pedro Calzadilla, anunció que las elecciones regionales y municipales de gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales, se realizarán el próximo domingo 21 de noviembre de 2021.
Inmediatamente, los principales partidos de oposición de Venezuela anunciaron su participación en las elecciones de alcaldes y gobernadores de noviembre 21, rompiendo tres años de boicot y llamados a la abstención por falta de garantías.
Más recientemente, el gobierno de Venezuela se estuvo reuniendo en México, con una de las nueve fracciones de la derecha, estrechamente vinculada al gobierno estadounidense. Un acuerdo puede abrir las compuertas para volver a la política centrada en la gente y que la política de los políticos deje de hegemonizar la cotidianidad de los y las venezolanas. También para ver la realidad, de la oposición venezolana de verdaderamente sí participarán en las próximas elecciones de noviembre 21-2021.
Sin duda alguna, por decir algo, las oposiciones venezolanas, no tienen iniciativa propia, cada vez más desprestigiadas, quizás por su doble discurso y doble moral, y un verbo radical.
Pero veamos una descripción breve y caracterización de la derecha venezolana, según el escritor Luis Bonilla, en su artículo, “Venezuela, hacia una nueva aproximación geopolítica”, para determinar su rol y posibilidad de triunfo en las elecciones, así como su pertinencia en el amplio espectro político venezolano.
La Primera de las oposiciones, es la conformada por los factores reunidos en México, cercanos a las fracciones políticas originales de Primero Justicia (Borges-Capriles), Voluntad Popular (Leopoldo López-Guaidó), Nuevo Tiempo (Manuel Rosales) y Acción Democrática (Allup).
Se trata de partidos que han sido intervenidos por la vía judicial y cuyas autoridades han sido designadas ad hoc; de hecho, uno de los puntos de negociación es la devolución de las siglas, cuentas y propiedades de esos partidos. A esta derecha se la denomina “G-4”.
En su mayoría (salvo AD), son expresiones políticas renovadas de los intereses de la vieja burguesía cuarta republicana. Su agenda está profundamente vinculada a la relación de sus intereses de clase con el capital trasnacional; procuran la integración armónica entre capital nacional y capital trasnacional, una tarea que ha tenido dificultades desde los ochenta. Ante el nuevo reparto geopolítico en el mundo buscan controlar el Estado (o una fracción de él) para capturar la renta producto de la exacerbación extractivista que le ha asignado el capital a la región en el marco de la cuarta revolución industrial y del consumo de bienes importados. Es un sector sin proyecto productivo capitalista alternativo al extractivismo.
La Segunda es una derecha empresarial, que actúa como su propia representación ya que no confía en las mediaciones políticas que pretenden representarla. Su cara más visible es Lorenzo Mendoza, quien no descarta ser una opción presidencial.
La Tercera aparece conformada por la llamada Alianza Democrática, que reúne a Avanzada Progresista (Henry Falcón) y los llamados “alacranes” (autoridades designadas por la intervención judicial de partidos) de Acción Democrática (Bernabé), Primero Justicia (Primero Venezuela), Voluntad Popular, COPEI, Venezuela Unida, Movimiento ecológico de Venezuela, Unidad Visión Venezuela, Compromiso País, Bandera Roja, UPP89, Opina, Soluciones (Claudio Fermín), Movimiento Republicano, NVIPA, Prociudadanos, MAS, Min-Unidad, Alianza Centro.
Este grupo de la derecha es el que más acuerdos y negociaciones parciales con el gobierno ha realizado; por ello, son considerados por el G-4 como una derecha relacionada al gobierno.
En la Cuarta están los factores más radicales (María Corina Machado, Antonio Ledezma y Andrés Velásquez), quienes promueven la aplicación del TIAR y la invasión norteamericana.
Están prácticamente aislados después del abandono del republicanismo en la Casa Blanca.
La Quinta es la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), liderada por el Partido Comunista, y de la cual hacen parte una larga lista de exintegrantes de partidos que fueron intervenidos, como el PPT (Patria Para Todos) y Tupamaros, pero también el Partido REDES, Izquierda Unida, Nuevo Camino Revolucionario (NCR) y una pléyade de organizaciones locales y regionales que acompañaron hasta hace poco al gobierno de Maduro.
Es una disidencia por izquierda, es decir, que busca empalmar con el mundo del trabajo. Desde su conformación, la APR no ha podido mostrar capacidad de movilización ni de articulación de su discurso con la izquierda latinoamericana, razón por la cual no ha construido fuerza real para ser factor a favor del mundo del trabajo en la negociación.
La Sexta derecha, viene conformada por los factores académicos e intelectuales que se estructuran alrededor de la Plataforma en Defensa de la Constitución (PDC) y Pensamiento Crítico. Se suele aludir a ella como “chavismo disidente”, aunque no representan a todas las expresiones de este grupo. Este grupo no tiene capacidad alguna de movilización que les habilite para ser tomados en cuenta en una negociación.
La Séptima reúne a sectores de la izquierda que articulan desde el movimiento social ecológico, indígena, feminista y educacional en defensa a los dirigentes obreros presos, de la comunicación alternativa, entre otros. Este sector, aunque desarticulado en el presente, es el más dinámico y creativo. Una convergencia de sus fuerzas pueden ser factor determinante en la habilitación de una opción política con presencia real en los territorios. Pero hasta ahora no se ven signos claros en ese sentido.
Un punto aparte es lo que ocurrió en las recientes elecciones del PSUV, donde emergieron nuevos liderazgos locales y regionales (muchos de ellos alimentados por las Comunas) que en algunos casos fue respetada su elección y en otros invalidada. El movimiento de las Comunas puede significar un despertar del espíritu constituyente.
La Octava es la izquierda radical trotskista, muy débil. Después de haber producido un reagrupamiento significativo a comienzos del siglo XXI, se fracturaron a raíz de la valoración del gobierno de Chávez. En la actualidad, en el caso de Marea Socialista y el PSL vienen acompañando luchas puntuales, pero con profundas debilidades para insertarse en movimientos de masas; no han logrado construir un polo de referencia. En el caso de LUCHAS, escisión de Marea Socialista, su labor se ha centrado en la propaganda, con precaria inserción en la lucha social.
La Novena derecha es muy marginal: una derecha fundamentalista y ultraconservadora, liderada por el exministro de planificación de Chávez, Felipe Pérez Martí, que pareciera ser en el mediano plazo el germen de una derecha al estilo de Trump o Le Pen, con el añadido del mesianismo religioso.
Estas oposiciones-derechas, aliadas del capitalismo neoliberal, y cuyas elites han hecho lo imposible por destruir la iniciativa del gobierno revolucionario, quien plantea una ruta distinta al mencionado capitalismo neoliberal.
De allí que las negociaciones en México, ya destruidas, buscaban eliminar la violencia política auspiciada desde el exterior y había esperanzas que se conjure la violencia como opción política, se retomara la normalidad de la institucionalidad democrática y se levanten las criminales sanciones económicas, que solo han servido para causar sufrimiento al pueblo, y nutrir el discurso acerca del fracaso del camino socialista.
Pero esperar algo de estas derechas en Venezuela, es como pedirle peras a un olmo, algo imposible.
Increíble, pero en menos de una semana EEUU, ha sufrido dos sendas derrotas seguidas, en su política contra pueblos que no se pliegan a sus caprichos.
El viernes pasado fue instalada en México, con la mediación del Gobierno de Noruega, una nueva mesa de diálogo, con la oposición extremista venezolana apoyada por Estados Unidos, que se hacen llamar Plataforma Unitaria, un nombre que se aleja de la realidad. Y es que, en Venezuela, hay varias oposiciones que están divididas y responden a diferentes corrientes.
Pero, ¿cuál es la oposición que está en México? Es la oposición apoyada por Washington y sus países aliados. Son dos corrientes, la guaidosista que responde al grupo del autoproclamado “presidente”, Juan Guaidó, que es la figura fallida que, en el 2019, Estados Unidos quiso imponer para conformar un supuesto gobierno interino que nunca existió, cuyo jefe es el prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López protegido por España.
Y el caprilismo, que obedece a Henrique Capriles Radonski del partido Primero Justicia, que, junto al otro sector, han promovido las sanciones económicas ilegales en contra del país.
Las expresiones del presidente Nicolás Maduro, revelan la derrota de estos sectores: “fuiste derrotado y derrotado te sentamos en México para hablar de democracia y de paz. El pueblo de Venezuela te logró sentar en México, estás derrotado Guaidó, estas acabado, punto, se acabó, fin de la cita”, puntualizó el mandatario venezolano.
Al mismo tiempo señaló que “esa oposición no representa ni el 15% del padrón electoral del país, pero eso nos importa, no tomamos en cuenta eso, creemos que la paz está por encima de todo”.
Así mismo, el Presidente Maduro calificó la mesa de diálogo, como una gran victoria “ha valido la pena la lucha, lo que hemos logrado en estos años para plantarnos frente al imperialismo gloriosos, ha valido la pena y nos hemos sentado en México, y lo logramos gracias a quién, al pueblo valiente que ha resistido, que ha aguantado”.
En general, el anuncio del inicio de diálogo en México, entre el gobierno de Venezuela y la derecha criolla significa, en primer término, el reconocimiento por cuentas de ésta, del fracaso de los añosos esfuerzos por derrocar a Hugo Chávez, primero, y a Nicolás Maduro, después.
A su vez, la agenda contempla, entre otros puntos, el levantamiento o aflojamiento del bloqueo por cuenta de Estados Unidos contra Venezuela. Si se resuelven estos dos únicos asuntos (excarcelación de presos y aflojamiento del bloqueo) se daría paso a la celebración de elecciones. Como puede verse, la propia agenda del diálogo constituye una victoria del chavismo frente a un retroceso de la derecha a sus posiciones de hace veinte años.
La segunda derrota, la visualizamos recordando que, en 2001, la coalición dirigida por Estados Unidos derrocó a los gobernantes talibanes de Afganistán, tras los atentados terroristas en Nueva York, Washington y Pensilvania del 11 de septiembre, que llevaron a la Casa Blanca a apuntar hacia el país centroasiático.
Siguieron 20 años de ocupación y operaciones militares, tras lo cual Estados Unidos y sus aliados, supervisaron elecciones y reforzaron las tropas de seguridad afganas, pero los talibanes siguieron sus ataques y ahora mientras las fuerzas estadounidenses se retiran recuperan cada vez más la mayor parte del país.
Pero en realidad, desde los acuerdos de 2020, en Doha entre la administración de Donald Trump y el talibán, expertos del tema como el analista de África, Medio Oriente y Asia Central Guadi Calvo, atribuyeron el pacto a una forma de salvoconducto para que Estados Unidos, pudiera retirarse sin tener que repetir la humillante escena de la caída de Saigón en la guerra contra Vietnam en 1975.
Las dos décadas de hostilidades en Afganistán, significaron 2,26 billones (millón de millones) de dólares de gastos militares para los contribuyentes de Estados Unidos (110 mil millones de dólares de promedio por año).
Asimismo, tres mil soldados estadounidenses muertos y otros 30 mil heridos, y la pérdida de la vida para 150 mil civiles afganos y millones de personas desplazadas y refugiadas.
Hasta el momento, los talibanes controlan del 60 al 85 por ciento de Afganistán, según fuentes diversas, incluidos territorios considerables de la frontera del país con Irán, China, Pakistán, Tayikistán y Turkmenistán.
También, Estados Unidos pierde en Afganistán otra guerra, como mismo ocurrió en Vietnam pese a tener un ejército poderoso e invertir millones de dólares, afirmó este domingo el cineasta estadounidense Michael Moore.
En sus redes sociales, el documentalista lamentó la pérdida, en suelo afgano de más de dos mil 300 vidas de soldados norteamericanos, por invadir un país donde nunca estuvo el cabecilla de la red terrorista Al Qaeda Osama Bin Laden, supuesto responsable de los ataques del 11 de septiembre del 2001, motivo que desencadenó la contienda.
Calificó como una vergüenza gastar dos billones (millón de millones) de dólares para enviar jóvenes a morir a una nación donde no estaban los «terroristas», pues 15 de los 19 atacantes eran de Arabia Saudita, no de Afganistán, ni de otros países ocupados después, como Iraq.
En fin, avance Talibán, confirma derrota anunciada de Estados Unidos.
Subrayó Moore, que una vez más Estados Unidos, es derrotado por un ejército sin aviones bombarderos, sin destructores, sin misiles, sin helicópteros, sin napalm y transmitió condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos en ese conflicto «repugnantemente triste».
Resaltó cómo Washington. no gana un conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), pues la última victoria fue justamente hace hoy 76 años, en Japón.
Analistas coinciden con Moore, en considerar la ofensiva del grupo armado, como una derrota militar para los estadounidenses, que dejan la nación centroasiática en peores condiciones de las que tenía en octubre de 2001, cuando las tropas norteñas invadieron el país.
En síntesis y recalcando, estamos en presencia de otra derrota política y militar de EE UU y la OTAN en Afganistán, seguida de una bochornosa retirada. Último acto de una salvaje invasión, que ha dejado como saldo cientos de miles de muertos y varios millones de desplazados.
Funcionarios de la embajada de EE UU en Kabul, temen un final similar al de Saigón en 1975, cuando a las 3 de la madrugada del 30 de abril el embajador Graham Martin, escapó en helicóptero para salvar su vida.
En resumen, en pocos días EEUU ha sufrido dos derrotas colosales, ¿será el inicio de una serie de fracasos para EEUU? ¿Será un anuncio anunciado de la caída del monstruo de papel? ¿Será un reacomodo del imperio? ¿Buscara otros escenarios de su política guerrerista? Esperemos a ver los acontecimientos en pleno desarrollo.
Una cosa es ser rivales políticos, en la arena entre de derecha y de izquierda, y otra es aprovecharse de la pugna y la “debilidad” de otros, para robar descaradamente bienes de los Estados.
Esta es el caso de Gran Bretaña y Venezuela. En una maniobra nunca antes vista, EEUU, Gran Bretaña y la derecha venezolana, pretenden robar 32 toneladas de oro, pertenecientes a Venezuela, de la reserva nacional, valorados en 1.000 millones de dólares, que el gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, lleva casi tres años intentando recuperar, y que se encuentran en las bóvedas del Banco de Inglaterra.
Tal arbitrariedad inicio cuando Juan Guaidó, se autoproclamó ilegítimamente como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y las autoridades británicas lo reconocieron como mandatario. En julio de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela (dominada entonces por la derecha y presidida por Guaidó), nombró a la dirección ad-hoc del Banco Central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes al gobierno de Nicolás Maduro.
En medio de la crisis económica y sanitaria en Venezuela, el oro ha resultado una de las pocas alternativas de financiamiento y de liquidez para el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo después de que EEUU impusiera, en 2019, sanciones a la petrolera estatal PDVSA, que proporcionaba ingresos vitales.
La retención del oro del Banco Central de Venezuela por parte de las autoridades británicas es una más de las agresiones sobre el país caribeño. Si la Corte Suprema británica le da el control de los lingotes de oro a la junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por Guaidó, sentaría un precedente que la derecha espera utilizar para recuperar activos venezolanos depositados en otros bancos centrales europeos.
La decisión del Reino Unido, sobre el oro venezolano, una jurisprudencia colonial a punto de tomarse, puede provocar gobiernos paralelos para el desfalco de países pobres. En otras palabras, tal atropello supone un paso decisivo para que el banco inglés, termine de quedarse con el oro venezolano, no solo de facto, sino con un respaldo jurídico del alto tribunal, lo que generaría jurisprudencia, es decir, una sentencia en firme que podría servir como guía legal para la resolución de casos similares.
El Banco Central de Venezuela informó en mayo de 2020, que había acordado con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), que el ente multilateral administrara los fondos retenidos por el Banco de Inglaterra, para la compra urgente de medicinas y equipos médicos que le permitieran afrontar el avance del coronavirus. Es decir, para destrabar la situación, el propio ente que depositó el oro permite que sea un tercero quien haga uso de esos recursos. Sin embargo, el banco inglés negó dicha posibilidad.
Para el gobierno inglés, quedarse con las reservas internacionales de otro país, no es algo nuevo. Lo hizo de facto hace algunos años con las reservas libias.
Se calcula que unos 30 países tienen sus reservas de oro en este banco inglés, y si una decisión de este tipo termina de facturarse en los tribunales británicos, reiteramos, creará una jurisprudencia que pone en peligro las reservas internacionales de todo aquel país que haya confiado en los bancos ingleses.
Para dar un hipotético ejemplo, con Perú. Si la candidata derrotada Keiko Fujimori decide autoproclamarse presidenta en el exilio, y logra el apoyo del Gobierno inglés, entonces este último podría quedarse con las reservas en oro que están en sus arcas, pero pertenecen a Perú, o entregarle todo o una parte al imaginario Gobierno de Fujimori.
Para seguir con otro supuesto negado, si la dictadura de Jeanine Añez, en vez de llamar a elecciones se hubiera ido a otro país y se declarara presidenta en el exilio, entonces el oro de Bolivia que actualmente está en Londres, podría “perderse” en las bóvedas inglesas o “disolverse” en pago corriente del Gobierno supuestamente legítimo.
Para comprender mejor, de hecho, eso fue lo que hizo el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, que de no haber tomado la decisión de repatriar la mayoría del oro que Venezuela tenía en el Reino Unido, el país habría perdido casi 200 toneladas en oro, cerca de 20.000 millones de dólares que tenía en 2011, antes de la repatriación de 160 toneladas, realizada como respuesta a la “pérdida” de las reservas internacionales libias.
Realmente tal actuación demuestra que hoy por hoy, el derecho nacional e internacional ya no cuenta. Durante décadas los gobiernos, incluso anteriores al chavismo, usaron sus barras de oro en las bóvedas subterráneas del Banco de Londres, para transacciones financieras internacionales. Hoy el Banco de Londres, se niega a cumplir con su obligación de devolverlas conforme a un contrato internacional vigente.
Recordemos que, en este complejo contexto, el oro cobra una importancia crucial. Ya en la década de los años 90, cuando se sufrían los efectos de la debacle económica iniciada en los 80s, se consideraba a este metal como uno de los principales respaldos, para enfrentar la crisis de la deuda externa y sustentar políticas de ajuste neoliberal.
En aquellos años se sugería una política de pago de la deuda con oro. El para entonces Presidente Rafael Caldera, abría el camino a la minería aurífera en la Reserva Forestal de Imataca, lo que no ocurrió sin resistencias por parte de organizaciones sociales y voceros sensibilizados por el ambiente, generando una de las movilizaciones más interesantes de la historia de los movimientos ecologistas venezolanos contemporáneos.
Hoy, el oro, reiteramos, se está constituyendo uno de los principales refugios económicos del Gobierno de Nicolás Maduro.
Reiteramos que, si se roba el oro a Venezuela, esto paralizaría su capacidad para luchar contra el Covid-19, ya que el dinero se utilizara para suministros médicos, equipos de protección, medicamentos y vacunas.
En esta misma línea de robos descarados, como señala el portal Misión Verdad, “el esquema delictivo” Guaidó, EEUU, Gran Bretaña y otros cleptómanos, van más allá del oro venezolano, van por ejemplo tras Monómeros, otro ejemplo de asalto a activos venezolanos, por parte del antichavismo para profundizar el golpe de Estado y ampliar el saqueo neoliberal.
Esto es uno de los tantos precedentes de la operación de saqueo combinada, con intentos de golpe continuado, aunque en un declive dramático, es el caso de Monómeros, la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ubicada en Barranquilla, Colombia, que ha sido desmantelada y destruida por los directivos de esta empresa, en actividad conjunta con el presidente colombiano Iván Duque y Guaidó.
El periodista John McEvoy publicó en el medio The Canary, afirmando y reseñado por Misión Verdad, que la congelación de los activos venezolanos, forma parte claramente de la campaña de guerra híbrida dirigida por Estados Unidos y el Reino Unido contra Venezuela, una parte crucial de la cual implica la destrucción de la economía del país, como lo reconoció en 2018 Boris Johnson, hoy Primer Ministro británico.
Recalcando además que, la cuestión del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, es fundamentalmente política, y no puede separarse del esfuerzo dirigido por Estados Unidos para desestabilizar y derrocar al país, no solo a su gobierno sino a la identidad nacional que ha permitido resistir y avanzar en medio de la dificultad.
Un capítulo aparte, pero en esta misma línea delictiva, revela en una nota de Bloomberg divulgada el pasado jueves 5 de agosto, que es probable que Citgo Petroleum Corporation, holding energético propiedad del Estado venezolano, que funciona en Estados Unidos, se venda para pagar 7 mil millones de dólares de deuda. Los acreedores están montando desafíos legales para arrebatar el control de la empresa, y parecen estar teniendo éxito, debido a que en octubre próximo expira el decreto de Trump que mantiene a la empresa bajo control de Guaidó.
Reiterando que, la instrumentación del saqueo de activos, para ampliar el saqueo de recursos a Venezuela es, sin dudas, un aspecto de la guerra contra Venezuela que mejor muestra qué hay tras el “plan Guaidó, EEUU, Gran Bretaña y otros”, pues no se trata de una operación aislada contra Venezuela, sino de un modelo de intervención en el que se inscriben los aliados al entramado corporativo que controla el capital global.
En fin, como ya hemos reseñado, los gobiernos norteamericanos, ingleses y la derecha venezolana, están actuando como filibusteros en alta mar, que se adueñan de propiedades que no son suyas, sino que las hurtan para su propio beneficio.
Todos son pillos que ya no utilizan la violencia, sino que se amparan en tracalerías legales, para robar a los países que se encuentran en crisis, y que no son afectos a los grandes países capitalistas.
