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Etiqueta: Walter Antillón

Impacto político-económico del golpe militar en Chile, Costa Rica y América Latina

Walter Antillón

  1. Antecedentes: los años de la Presidencia de Salvador Allende
  2. La represión policial y militar
  3. Instauración del neoliberalismo en Chile como “espejo” de América Latina. La brecha económica
  4. El sistema dictatorial del Cono Sur. El Plan Cóndor: instrumento de exterminio de la izquierda latinoamericana.
  1. Antecedentes: los años de la Presidencia de Salvador Allende

Hoy nadie duda de que la Guerra Fría, además de un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue también una cruenta guerra no declarada que Estados Unidos desató por más de cuarenta años contra los pueblos de América Latina; y también sabemos que una de sus más trágicas víctimas fue el pueblo chileno.

Los documentos recién desclasificados en Washington acerca del gobierno del presidente Allende y el golpe de Estado de Pinochet han terminado por dejar en la más completa claridad la ilegítima, constante y funesta intervención del gobierno estadunidense en los asuntos de Chile; una intervención que se operó desde que los datos apuntaron hacia la posibilidad de que Allende ganara las elecciones en setiembre de 1970: el asesinato del general René Schneider, jefe del Ejército, en octubre de 1970; el boicot de los comerciantes para provocar escasez de los productos básicos desde 1971, hasta el paro de los camioneros en 1972: todas estas actividades fueron planeadas y financiadas por la CIA.

A comienzos de setiembre de 1970 Henry Kissinger escribía a Richard Nixon:

 “El ejemplo de un gobierno marxista electo y exitoso en Chile, ciertamente tendría un impacto -y serviría como precedente- en otras partes del mundo, especialmente Italia. La propagación de un fenómeno semejante en otro lugar afectaría significativamente el equilibrio del mundo y nuestra propia posición en él”

Acusándola de totalitaria, abrumaron a Cuba con bloqueos y embargos, pero en el caso de Allende vemos que, en realidad, lo que preocupaba a Nixon no era la democracia, sino que se demostrara al Mundo la viabilidad del socialismo democrático.

Por eso, una vez electo Allende, Nixon declaró que ‘haría crujir la economía chilena’. Y efectivamente en los años siguientes sus bancos congelaron los créditos y su gobierno congeló la ayuda económica. El Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales dominadas por Estados Unidos cancelaron unilateralmente los préstamos ya otorgados; y la ITT formó un comité de representantes de corporaciones estadounidenses para coordinar con el gobierno Nixon una estrategia contra Chile.

Sin embargo, aún con la severa crisis inflacionaria desatada en Chile por la alevosía nixoniana, como bien dice el compañero Ramón Vargas, de la Asociación Americana de Juristas, Rama Chilena:

“…A pesar de estos afanes reaccionarios, el gobierno de Salvador Allende pudo llevar adelante parte importante de su programa: la nacionalización del cobre, la Reforma Agraria, el control de la banca, un programa de construcción de viviendas que no ha sido igualado. Con la Reforma Agraria se puso término para siempre al dominio del latifundio en el campo chileno y se crearon las bases para un importante desarrollo de la AgroIndustria…”

Ello se confirma indirectamente en la comparamos dos períodos dentro de los últimos sesenta años: el de los gobiernos de Frei Montalva y Allende (1964-1973), que muestran un coeficiente de Gini enteramente favorable, y el que arranca en 1974, con la política neoliberal de la Dictadura y años siguientes: la brecha económica entre ricos y pobres se dispara, haciendo de Chile uno de los países más desiguales del Mundo.

En todo caso, dado el conjunto de dificultades y obstáculos políticos, económicos y financieros creados e implementados por Estados Unidos contra Allende desde el comienzo de su gobierno, la oligarquía chilena apostaba a provocar su impopularidad y su descrédito; pero, por el contrario, en las elecciones de diputados y senadores de marzo de 1973, la Unidad Popular subió espectacularmente en comparación con las elecciones presidenciales de 1970: del 36.2% que obtuvo Allende en el 70, al 44.2% que alcanzaron sus diputados y senadores en marzo del 73. Es decir, despues de dos años y 4 meses de ejercer un gobierno boicoteado y acosado por todos lados, el partido liderado por Allende había aumentado más de un 20 % su caudal de votos.

Así las cosas, para detener aquel ejemplo ‘funesto’ de socialismo democrático, a Nixon, a Kissinger y a Pinochet y compañía, sólo les quedaba el golpe de Estado. Y el golpe de Estado fue cuidadosamente planeado y ejecutado el 11 de setiembre de 1973: hoy hace cincuenta años.

  1. La represión policial y militar

El golpe de septiembre del 73 fue una acción militar ejecutada por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Naval y el Cuerpo de Carabineros de Chile, para derrocar al presidente Allende y su gobierno. Así, mientras un aparatoso despliegue por mar y tierra se extendía a lo largo del país, tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea sitiaron y atacaron el Palacio de La Moneda, sede del gobierno constitucional. Tal como lo prometió en su último discurso, Salvador Allende murió durante el asalto de los militares al Palacio.

Este golpe despedazó el orden constitucional de la Repúblilca, y dio origen al establecimiento de la usurpadora junta militar liderada por Augusto Pinochet. El país fue sometido a una dictadura que se extendió hasta 1990 y se caracterizó por practicar una salvaje represión. Durante este periodo, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se suspendieron los derechos civiles y políticos; miles de ciudadanos son detenidos, se producen allanamientos masivos y se cometen torturas, asesinatos y desaparición de personas; se establece la censura; se proscribe los partidos políticos y los sindicatos; los soldados queman miles de libros apilados en las calles de ciudades y pueblos; se disuelve el Congreso Nacional y el Poder Judicial se convierte en un instrumento dócil al gobierno. Una ‘Caravana de la Muerte’ recorre los pueblos deteniendo, torturando y asesinando ciudadanos, culpables del delito de ‘izquierdismo’. En suma, en ese período el régimen asesinó a más de 3 mil personas; un número considerable de chilenos se refugia en embajadas extranjeras y se calcula que cerca de doscientos mil fueron al exilio.

  1. Instauración y fomento del neoliberalismo en Chile, como “espejo” para América Latina. La brecha económica

Pinochet fue un peón servil del Imperio, verdugo de su propio pueblo. Para cumplir su triste papel, Pinochet necesitaba reconocimiento internacional, sustento financiero e inversión, y los obtuvo gracias al masivo apoyo del gobierno Nixon y del sector financiero estadunidense. Desde 1974 puso la economía en las manos de los Chicago Boys, quienes al año siguiente iniciaron la implementación del shock neoliberal, que implicó una drástica reestructuración de la economía, de la sociedad y del sistema político, con el pleno apoyo y bajo el control monolítico del propio Pinochet, a través de un programa que contemplaba:

a) La drástica reducción del sector público y el rediseño del aparato estatal, a fin de que cumpliera exclusivamente su papel de gendarme;

b) La reorientación de los excedentes hacia el mercado de capitales;

c) La apertura de la economía al libre mercado con rebaja arancelaria;

d) La liberalización paulatina de los bancos;

e) La devolución al sector privado de gran cantidad de empresas del Estado: metalúrgicas, bancarias, aceiteras, textiles, electrónicas, pesqueras, etc., por medio de ventas a conglomerados económicos tradicionales, o constituidos a propósito.

La ayuda financiera masiva para el despliegue de dicha política neoliberal produjo, entre 1977 y 1981 una notable mejora en la economía; lo que Milton Friedman se apresuró a calificar como el “Milagro Chileno”: el cual fue promocionado internacionalmente con bombos y platillos como el triunfo del neoliberalismo y la justificación del golpe de Estado y del régimen de Pinochet. Porque, efectivamente, durante ese tiempo se redujeron considerablemente la inflación y el déficit fiscal; la producción industrial y la construcción se recuperaron y el Pib tuvo un aumento notorio; nació una multitud de empresas por la privatización del sector empresarial público, y como consecuencia proliferaron los nuevos super ricos amigos del régimen, junto a las grandes fortunas tradicionales.

En cuanto al agro, un tercio de las tierras de la reforma de Allende fue devuelto a sus antiguos dueños; y en lo que concierne a los campesinos que habían sido favorecidos, la mayoría terminó vendiendo su parcela por falta de crédito y de asistencia técnica.

En todo caso, el gasto social (educación, salud, vivienda) cayó drásticamente, al igual que los salarios, mientras que aumentaba el desempleo.

En resumen, si a comienzos de 1973, el acosado Chile de Allende atravesaba ciertamente una severa crisis económica, con una inflación del 606%,​ pero con un índice de desempleo de tan solo un 4,3 %; en 1982, tras una década de reformas de libre-mercado, la época milagrosa de los Chicago Boys dio paso a una nueva crisis económica que llevó a un desempleo del 23,7 % y a una disminución del producto interno bruto en un 14,3 %; y al término de la Dictadura militar en 1990, el índice de pobreza había alcanzado al 40 % de la población.

 Todavía en la actualidad, la sombra de la brecha desigual persiste: los datos halagüeños registrados en los últimos años sólo han llevado a la conclusión de que Chile constituye un caso de crecimiento sin bienestar. Lo cual no impidió que, a través de los poderosos megáfonos del neoliberalismo se siga propagando por América Latina y el Mundo los ecos de un ‘milagro chileno’.

  1. El sistema dictatorial del Cono Sur. El Plan Cóndor: instrumento de exterminio de la izquierda latinoamericana.

En sus inicios de 1973, la dictadura chilena no estaba sola: una vez consolidada, pasó a formar parte de un sistema interregional constituido por Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay y, poco después, Argentina, bajo la influencia y con el respaldo económico y militar de los Estados Unidos; sobre todo a través de la CIA y la Escuela de las Américas, que entonces ofrecía un postgrado en terrorismo de Estado, con énfasis en tortura y desaparición de personas.

La existencia y la disponibilidad de esos 6 regímenes militares pusieron las condiciones para el diseño de la gran operación estratégica del Plan Cóndor, fruto de la perspicacia de una de las grandes mentes criminales de hoy: el Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger.

En efecto, en 1975 las dictaduras mencionadas, inspiradas por Kissinger, entonces Secretario de Estado, y bajo la tutela de Brasil, la hermana mayor, suscribieron la Operación Cóndor, también llamada ‘Plan Cóndor’: un pacto secreto de cooperación clandestina entre los aparatos de inteligencia y represión de las mencionadas dictaduras, cuyo objetivo era exterminar a todas las personas militantes en grupos u organizaciones de izquierda de la región, ya fueran partidos políticos, sindicatos, universidades, periódicos, revistas u otras agrupaciones. Se fundó secretamente en el Chile de Pinochet y duró catorce años, hasta 1989. Contagiados de filantropía, Perú y Ecuador ingresaron al ominoso cónclave en 1978.

En ejecución del Plan, las fraternales dictaduras practicaron más de 400.000 detenciones de personas, en las que se practicó sistemáticamente la tortura. Según la estimación de nuestro compañero de la AAJ profesor Martín Almada, descubridor en 1992 de los Archivos del Plan Cóndor en Paraguay (Archivos del Terror), más de 100.000 personas fueron asesinadas durante la vigencia del funesto Plan.

Pasado medio siglo desde el Golpe, sus secuelas son visibles en sectores del pueblo chileno que lo padecieron, y han transmitido a sus descendientes un mensaje de conformismo y pasividad, de temor y renuncia al pleno ejercicio de los derechos que, como seres humanos, les corresponde ejercer. Y esa es la realidad también en otros países de nuestro Subcontinente a consecuencia del Cóndor y de operaciones similares implementadas durante muchos años.

Los intereses de los Estados Unidos no constituyen la pauta que determine el destino del Planeta. Los pueblos de América Latina no merecían la suerte que les ha tocado vivir. Es preciso que lo sepamos, que no nos resignemos, que reaccionemos vigorosamente. Otro mundo es posible.

Atmósfera judicial

Walter Antillón

I. ¿QUÉ SABEMOS DEL OPERADOR DE JUSTICIA?

Una parte importante de la doctrina jurídica estima que en el Estado Moderno la existencia de un Sistema de Justicia compuesto por un cuerpo de jueces, fiscales y defensores verdaderamente independientes y con una sólida formación jurídica, humanista y democrática, es esencial e indispensable, porque a dicho grupo de personas le corresponde garantizar el mantenimiento de la institucionalidad y la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos.

¿Cómo conseguir un semejante cuerpo de jueces, fiscales y defensores?

Las condiciones necesarias son:

  1. La paridad entre los miembros: la eliminación de toda jerarquía entre ellos. La figura que representa gráficamente el Sistema de Justicia no es la pirámide, sino el archipiélago.
  2. El trato equitativo para el funcionario, en todos los planos; la base salarial única en materia de emolumentos;
  3. La administración del sistema a cargo de un Consejo Supremo de rango constitucional (que sustituirá a la actual Corte Suprema de Justicia), entre cuyos heterogéneos integrantes predominen numéricamente los jueces, fiscales y defensores, escogidos mediante sendas elecciones directas y secretas de parte de sus respectivas comunidades. Los restantes miembros del Consejo provendrán de los ámbitos académico y forense.
  4. Los candidatos que han aprobado el examen de ingreso pasan un período de prueba, transcurrido el cual adquieren la condición de inamovibles; y la conservan mientras mantengan una conducta intachable y superen las pruebas regulares de suficiencia en el desempeño de sus cargos.
  5. Existirá un escalafón abierto al público, regularmente alimentado con los datos provenientes de las calificaciones obtenidas por cada funcionario, y que será la base única de la cual dependerá que se le ofrezca su promoción hacia otros cargos del Sistema de Justicia. Ningún funcionario será obligado a aceptar un puesto distinto del que tiene, ni trasladado de puesto sin su aprobación, salvo el caso de una emergencia formalmente declarada por el Consejo. Pasada la emergencia, el funcionario regresará a su puesto original.
  6. El régimen sancionatorio estará a cargo de un tribunal interno del Consejo, que observará las garantías del debido proceso, y cuyos fallos serán apelables.

Llamo “Atmósfera Judicial” al ambiente espiritual que se vive en la comunidad de los funcionarios de justicia, producto de la índole de las normas que regulan sus acciones y de la calidad de la interacción que se desarrolla entre ellos y con los terceros. Bajo un régimen de paridad e igual dignidad de funcionarios que sólo se distinguen entre ellos por la especificidad de las funciones que desempeñan; en un régimen que no los lanza en una feroz competencia por escalar, mandar más y ganar más; en un régimen con igualdad de oportunidades, sin jerarquías y privilegios para unos pocos, resulta más plausible suponer que se forme una atmósfera judicial optimista, distendida y libre, favorable al desarrollo de las capacidades de cada uno; así como también favorable a la formación de una mística relacionada con los valores del nobilísimo oficio de la Justicia, visto desde la perspectiva del juez, del fiscal o del defensor. En una atmósfera tal, crece y se desarrolla la satisfacción por el cumplimiento del deber, y la confianza en el trato justo que cada uno recibirá por su desempeño: jueces, fiscales y defensores se sentirán seguros y orgullosos de formar parte de un colectivo irreprochable, poderoso, cuya legitimación social descansa en el estricto cumplimiento de su alta función: blindado frente a las asechanzas y las presiones de los poderes políticos y fácticos.

En el ejercicio de la función jurisdiccional, la existencia de jerarquías atenta contra la independencia de los jueces y produce graves distorsiones en la calidad y la cantidad de la Justicia. Una experiencia de siglos tiene comprobado que el vínculo jerárquico entre funcionarios que realizan la misma precisa tarea de juzgar (tramitar y sentenciar litigios mediante el processus iudicii) conlleva, por naturaleza, la aparición de influencias, alicientes y presiones generadas automáticamente de aquella situación. Porque sabemos que la dinámica de los casos en la diaria interacción entre tribunales puede conducir con facilidad a diferencias de criterio, a comparaciones incómodas, suspicacias, animadversiones; en fin, afectaciones diversas a la humana vanidad de los jerarcas, quienes reaccionarán con espíritu de cuerpo, usando airadamente su posición de poder en forma de sanciones, descalificaciones, amenazas o intromisiones indebidas, abiertas o subrepticias; lo cual en muchos países se ha degradado fácilmente a una práctica sistemática dirigida a acentuar la distancia entre el status superior de unos y la posición subordinada de los otros, mediante un ejercicio abusivo de potestades legales.

Porque en la interioridad de la conciencia es difícil proponerse ser un juez justo si uno se ha visto forzado a aceptar unas reglas del juego que conducen a soportar o tolerar un trato injusto contra uno mismo o contra otros: uno, siendo juez en esas condiciones, no puede olvidar que ha aceptado ser avasallado, y eso le roe la conciencia perennemente. El secreto rencor, la decepción por el ideal traicionado y la inconformidad solapada que todo esto provoca, se van a manifestar directa e indirectamente en forma de expresiones de desánimo y pesimismo, cuando no de cinismo, oportunismo, canibalismo; y, por supuesto, en rendimientos laborales crónica y persistentemente decrecientes.

II. LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL MUNDO ACTUAL

En los tiempos que corren la agenda prioritaria en el Planeta no es la mortalidad infantil, la creciente desigualdad ni el cambio climático, sino el aumento de las ganancias de las transnacionales del dinero, de los medicamentos, de las armas. La prepotencia y la hegemonía de los poderes económicos por encima de los Estados y de las organizaciones internacionales, y la vanificación de la democracia representativa y de los partidos políticos están minando aceleradamente las instituciones del Estado Constitucional de Derecho, incluso en países de democracia madura.

En nuestra región los resultados están a la vista: prospera el lawfare en la defenestración de Presidentes como Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, Dilma en Brasil, Evo en Bolivia, Castillo en Perú; los carteles de la droga y la corrupción de las empresas y de los funcionarios públicos se extienden imparables, ante la impotencia o al amparo de la complicidad de los altos jueces. Y entre los que están perpetrando la obra de demolición de los Estados política y/o económicamente frágiles, de la que somos testigos impotentes en la actualidad, una de las consignas más importantes a seguir es la desacreditación y la trivialización de la Justicia, precisamente porque está demostrado que aquellos actos de demolición han sido posibles y han quedado impunes cuando ha faltado una institución judicial fuerte, honesta, eficiente e independiente.

Una reflexión doctrinaria acerca de la naturaleza de la función jurisdiccional y las exigencias actuales de su ejercicio, que tomó fuerza sobre todo entre los juristas europeos después de la Segunda Postguerra Mundial, los llevó a la convicción de la necesidad de confiar a los jueces (más allá de sus tareas tradicionales de conocer y fallar los procesos civiles, administrativos, laborales, etc.) un cometido transversal esencial: proteger en toda circunstancia los derechos fundamentales de las personas y someter las manifestaciones del poder (político o fáctico) a los principios del Derecho de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y la condición sine qua non del éxito de ese cometido esencial es la presencia de un juez culto, consciente y fuerte, institucionalmente blindado para enfrentar por igual halagos, amenazas y presiones.

Pero entonces ¿de qué manera aspirábamos los latinoamericanos a cumplir esas altas expectativas, si nunca hemos reunido la voluntad de sanear nuestros sistemas judiciales, subordinados desde siempre al poder político por voluntad de las oligarquías dominantes? Y las consecuencias de ese vacío se ilustran con un ejemplo tico: al ceder ante la presión del gobierno y dar luz verde al TLC, nuestra Sala Cuarta rompió la exclusividad de jurisdicción consagrada en la Constitución del 49, para abrir paso a la intervención del CIADI y otros entes foráneos en el juzgamiento de los conflictos entre el Estado y los inversionistas y, por ende, al debilitamiento institucional de la Justicia y del propio Estado. Y eso mismo estaba ocurriendo en los demás países que formaron parte del funesto tratado, con la anuencia de sus políticos y de sus más altos tribunales.

III. EL SISTEMA JUDICIAL COSTARRICENSE

Mi experiencia de 70 años. Si no recuerdo mal, fue en 1952 cuando ingresé al Poder Judicial con el rango de Meritorio, lo que significaba trabajar medio tiempo de gratis en un Juzgado u otra dependencia. Me parece recordar que había ingresado a la Facultad de Derecho el año anterior, imbuido de grandiosos propósitos de Justicia; y me habían aconsejado practicar en un tribunal para ganar experiencia, lo que a la postre me aportó también un conocimiento del sistema judicial y sus estructuras ‘por dentro’.

Mi trabajo en el Poder Judicial, que se prolongó por unos 19 años, y que por una parte me ofreció la oportunidad de gozar de la amistad y la guía paternal de don Fernando Baudrit y don Ulises Odio, también me permitió verificar las graves corruptelas del sistema, que era vertical y arbitrario, y había alimentado dos aberraciones: la costumbre de que los candidatos a magistrado, y los magistrados pendientes de la prórroga de su nombramiento debían peregrinar de puerta en puerta en los despachos de los diputados en la Asamblea Legislativa para pedirles sus votos; y también había alimentado especularmente la costumbre de que los candidatos a los juzgados hicieran similar peregrinación en las oficinas de los magistrados. Eso era justamente considerado por algunos como una negación radical de la independencia judicial, pero muchos lo justificaban como que era una solución derivada de la estructura misma del Estado, y como un mal menor, soportable.

El caso era que, como sabemos, al igual que en toda América Latina, en Costa Rica habíamos recibido, de forma indirecta e inadvertida, el Modelo Napoleónico de la Justicia, como parte de un paquete que contenía las fórmulas francesas para el Derecho Privado y para el Derecho Público; lo que se explica en razón de la influencia decisiva que los modelos culturales europeos (y sobre todo los franceses) ejercían sobre nuestro Sub-continente.

El tal modelo consistía en una pirámide verticalmente jerarquizada que, una vez adoptado por nuestro País a partir de la Constitución de 1859, presenta en su interior dos órdenes separados de judicatura:

1) la judicatura superior, compuesta por los magistrados que integran la Corte Suprema, que acceden al cargo por virtud de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa (nombramiento con una deriva política); y

2) la judicatura inferior (los jueces) nombrada entonces libremente por los magistrados y hoy delegada a un Consejo controlado por la misma Corte; con duración indefinida de los puestos en propiedad; pero con una escalera salarial que desató el frenesí de los permisos, en detrimento de la estabilidad y de la calidad del servicio.

Cuando en un organismo complejo como el sistema judicial se establecen dos niveles en relación de subordinación, y el superior posee la potestad de gobierno sobre el sistema entero, sentirá siempre la tentación de usar su poder para distanciarse del inferior; y precisamente eso fue lo que ocurrió en Costa Rica sobre todo en los últimos 30 años, en los que vimos a la Corte Plena decretarse aumentos de sueldo hasta llegar a duplicar y triplicar los devengados por otros jueces; rodearse de lujos y comodidades que en muchos casos se extendían abusivamente a sus familiares; y en el plano funcional la vimos conformar gran número de comisiones administrativas variopintas y extrañas a sus originarias funciones judiciales; y en franco detrimento de estas últimas, que van quedando cada vez más en manos de suplentes y de letrados.

Y aquí se empieza a producir un interesante pero perverso fenómeno de simbiosis entre algunos de los magistrados de la Corte y las cúpulas políticas, dirigentes y diputados de distintas fracciones y altos funcionarios gubernamentales; puesto que, por un lado, los magistrados sentían la necesidad de ser asegurados en sus cargos (y en algunos casos el apetito de saltar a ocupar vistosos ministerios), mientras que, por el otro lado, los políticos en funciones sentían la necesidad de garantizarse la impunidad, en caso de que llegaran a pescarlos con las manos en la masa.

Y claro: para que ese ‘toma y daca’ fuera efectivo, era preciso tripular las magistraturas más estratégicas con gente dúctil o, como dijo un politicastro de cuyo nombre no quiero acordarme, gente “amigable con el clima de negocios”.

Uno de los indeseables resultados de los nombramientos políticos que fueron produciéndose, cada vez que había una vacante estratégica, fue que en muchos casos se invistió del cargo a personas moralmente descalificadas o que habían sido eliminadas de las ternas, o personas con escasa o nula formación judicial, pero alineadas con uno o varios líderes políticos; funcionarios incapaces de dirigir una audiencia, pero listos para vender la Patria por un plato de lentejas.

Otro resultado, igualmente deletéreo, ha sido la no promoción que se fue produciendo en la Corte Suprema, de muchos jueces comprobadamente mejores del sistema (por su preparación, laboriosidad, honestidad, capacidad), los cuales finalmente tuvieron que renunciar en vista de su constante postergación en las comisiones legislativas y en los plenarios.

Y otro más de los malos resultados a consecuencia de nombrar a personas moralmente carentes o/y no avezadas en el cargo de magistrado ha sido que dichas personas se sienten inseguras en el mismo, y siempre van a temer quedar en evidencia frente a los experimentados jueces del nivel inferior; y entonces asumen actitudes hostiles que, con el tiempo, se ha ido traduciendo en políticas de acoso y hostigamiento contra los jueces, usando para ello la Inspección Judicial y aumentando el rango y la incidencia de las oficinas administrativas; con lo que ha ido creciendo en el ambiente judicial el número de los jueces, fiscales y defensores temerosos, inseguros y, especialmente en el caso de los jueces, agobiados por tareas administrativas ajenas y diversas de su originaria función de justicia.

Y entonces, yendo a lo principal ¿quién responde por la calidad y celeridad de los servicios de justicia que la Constitución exige? ¿Y por el respeto a las instituciones que la Judicatura debe garantizar a la comunidad? ¿Y por la garantía de incolumidad de los derechos humanos que la Constitución y los Tratados exigen? Hay que decirlo con todas las palabras: el mantenimiento en estado deficitario de las esenciales funciones de garantía encomendadas a la Corte Suprema constituye una infamia que se renueva cotidianamente, y que lentamente envenena a la sociedad entera.

Como consecuencia de las cosas que hasta aquí hemos considerado, la atmósfera que ha venido imperando dentro del sistema judicial ha sido de temor, enojo, frustración; no de optimismo, confianza, satisfacción. Como antes lo dije, en la interioridad de la conciencia es difícil que uno se proponga serenamente ser un juez justo, si se ha visto forzado a aceptar unas reglas del juego que conducen a soportar o tolerar un trato injusto contra uno mismo o contra otros: en tal caso uno, siendo juez, sabe que ha aceptado ser avasallado, y eso, si uno se respeta, le roe la conciencia perennemente. El secreto rencor, la decepción por el ideal traicionado, la inconformidad solapada y, en suma, el perenne disgusto, la pérdida de la salud y la infelicidad que todo esto provoca, constituye una masa creciente de animosidad que se va a manifestar directa o indirectamente con expresiones de desánimo y pesimismo, cuando no de cinismo, oportunismo y canibalismo; todo ello caldo de cultivo para la corrupción. Y, por supuesto, con rendimientos crónica y persistentemente decrecientes en el servicio de la Justicia.

Según resulta del informe preparado por la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial con fecha 16 de junio de 2023 y publicado por “crhoy.com” el día siguiente, los efectos de esa atmosfera disolvente y desmoralizante que ha imperado por mucho tiemplo entre los operadores de justicia, no habían sido advertidos sino hasta el 2018, año en el cual un diagnóstico situacional realizado para formular el Plan Estratégico Institucional evidenció la existencia de:

“…un deterioro en la salud y el bienestar de las personas trabajadoras y que se ha visto en situaciones como: Aumento de casos en el Programa de Adecuación Laboral, producto de las pérdidas físicas y/o cognitivas de las personas. Aumento en las suplencias por incapacidad. Incremento en pago anual de la póliza de riesgos laborales. Disminución de la capacidad productiva de las personas y oficinas judiciales. Fuga de talentos por condiciones de trabajo poco atractivas…”

Según ese mismo Informe, datos consultados a la Unidad de Medicina y a la Unidad de Atención Psicológica Individual revelan que, al menos desde 2015 hay diagnósticos de estrés, ansiedad y depresión ¡en cientos de funcionarios judiciales!

Si a esa situación, ya de por sí agobiadora, se suma el impacto causado por la reforma jubilatoria y de pensiones puesta en vigor con la Ley 9544 de 5 de junio de 2018, cuyos efectos profundos fueron debidamente identificados en el referido análisis (“…al darse una extensión de la permanencia de las personas trabajadora en su trabajo y verse variadas las expectativas al aumentar la edad a rangos superiores a 55 años. Eso tuvo implicaciones tanto de salud, por el desgaste físico y emocional de esta población, como por el desajuste psicológico que produce el cambio de las condiciones laborales, que aumentan considerablemente el tiempo de años de servicio…”), no tiene nada de extraño que desde la entrada en vigencia de esa reforma hasta la fecha del informe reproducido por “crhoy.com”, SETECIENTOS CINCUENTA funcionarios habían dejado el Poder Judicial, renunciando a sus puestos en el mismo. Y llenar las vacantes con personas idóneas está costando cada vez más.

Sin embargo, los funcionarios judiciales no deben caer en la trampa de creer que sus problemas nacieron con la Ley 9544. Por el contrario, deben tener claro que la situación provocada por dicha Ley, siendo injusta y grave, es sólo la agudización de un conjunto de problemas más antiguos y de mayores dimensiones, originados en el desequilibrio estructural del entero sistema de justicia que he tratado de ilustrar en estas páginas.

Costa Rica debe cambiar su Poder Judicial en el sentido de eliminar toda clase de jerarquías entre los operadores judiciales, incluyendo, por supuesto, a los actuales magistrados; y eliminando toda injerencia política en el nombramiento, promoción y remoción de todos ellos, particularmente, por supuesto, en el caso de los actuales magistrados.

Lo principal sigue siendo que Costa Rica necesita, hoy más que nunca (en todos los niveles, pero sobre todo en los niveles superiores), jueces, defensores y fiscales cultos, honestos e independientes, estables y justamente remunerados, capaces de juzgar imparcialmente y sin temor los actos provenientes de los poderes políticos y fácticos, a fin de preservar la institucionalidad y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas.

Alcances jurídicos del Código de Trabajo, 1931 hasta la actualidad – Walter Antillón

Invitación del Ciclo de conferencias 80 años Del Código de Trabajo

Alcances jurídicos del Código de Trabajo, 1931 hasta la actualidad, Dr. Walter Antillón Montealegre Premio Rodrigo Facio Brenes 2022, catedrático UCR.

Conferencia Presencial con transmisión por Comunica – Territorios Onda UNED.

Jueves 22 de junio 05:00 p.m.

Sede San José contiguo al Boliche Dent.

La insoportable levedad del derecho internacional

Walter Antillón

  • Lo que sigue es sólo un primer esbozo que me he permitido hacer, para explicar y explicarme los sucesos que venimos padeciendo en el campo de las relaciones internacionales. Como no cultivo especialmente la materia, ignoro si las ideas expuestas son sólo una mala repetición de cosas archi-discutidas por los estudiosos, ya refutadas y olvidadas. Quiero correr ese riesgo porque, como dicen, ‘la ignorancia es atrevida’; y porque estimo que se trata de un tema que todo ciudadano debe abordar con los recursos, pocos o muchos, de que disponga.
  • Para empezar, veo el Derecho Internacional Público como una forma de experiencia jurídica que, por debajo de las declaraciones retóricas de los tratados, continúa dominada por una actitud depredadora que es básicamente la misma desde el Neolítico hasta la Postmodernidad, desde el caudillo cavernícola hasta los ‘emprendedores’ transnacionales de hoy; una perspectiva en la que ‘el otro’, ‘el extraño’ (el samnita o el galo para los romanos; el indio o el negro para los europeos; el subdesarrollado para el G-7) es visto como presa: un objeto, al igual que las tierras y las riquezas que lo rodean. El Derecho Internacional no prospera, ni como doctrina ni como institución, porque sus soluciones han sido pensadas a conveniencia del depredador: la llave de la justicia internacional ha estado siempre, o ha terminado por caer en manos del lobo, sin que al final se imponga la razón de las ovejas.
  • Y es por eso que, a mi modesto entender, el ‘Derecho Internacional Público’ ha sido, hasta ahora, no un instrumento para la prosperidad y la paz entre los pueblos, sino una disciplina con la que desde el inicio de la Edad Moderna se ha tratado de regular los precarios equilibrios de las relaciones entre las clases gobernantes de los diferentes Estados. Desde el Tratado de Westfalia de 1648, que fue un convenio entre reyes, hasta los modernos TLC impulsados por los Estados Unidos (que son a su vez, en el mejor de los casos, convenios entre empresarios avalados por los gobiernos a costa de los recursos humanos y materiales de los pueblos); han prevalecido y todavía prevalecen los intereses privilegiados por las cúpulas gobernantes, y la voluntad y los intereses populares han brillado por su ausencia.
  • Este déficit constante de democracia en el campo internacional explicaría, según la tesis que adelante expondré, la debilidad crónica de las instituciones jurídicas internacionales (convenios, estatutos, organizaciones de distintos tamaños) fatalmente pisoteadas por las grandes potencias cuando obstaculizan sus intereses.
  • El flamante Derecho Internacional jusnaturalista y jusracionalista (Vitoria, Grocio) no impidió en su momento (al contrario, lo justificó en algunos casos) el ilícito reparto colonialista del Mundo por parte de las monarquías europeas (primero España y Portugal, luego las otras); ni posteriormente las agresiones anglosajonas, holandesas y francesas a la India, al Imperio Chino, a los reinos de Indochina, al Japón, etc.; ni la ocupación norteamericana de México, Cuba, Puerto Rico y Las Filipinas; ni el despojo de las regiones petroleras del Oriente Medio a través de los ‘protectorados’ de Inglaterra y Francia. Ni la sangrienta violación de las normas de Naciones Unidas por parte de los gobiernos de Bush, Blair y Aznar. Ayer y hoy, los principios proclamados por el Derecho Internacional han sido sistemáticamente sobrepujados por la fuerza, que dice la última palabra.
  • ¿En qué clase de mundo vivimos, para que las cosas sean así? La explicación que propongo como respuesta no es original, sino que ha sido repetida desde hace años por muchas personas; pero creo que es válida y merece que se la tome en cuenta en un momento particularmente desalentador como el que vivimos. Dicha explicación pasa por el examen de ciertas etapas de la Historia política y económica de la Humanidad, así como por las desafortunadas peripecias de la aplicación del Derecho Internacional a los conflictos que han involucrado a las potencias, todo lo cual intentaré resumir en lo que sigue, para concluir con algunas observaciones que someto a la consideración de los estudiosos.

PARTE I. LA ECONOMÍA

  • Evolución de la empresa de negocios: del colonialismo a la globalización: emergencia de los verdaderos sujetos del Derecho Internacional postmoderno.
  • La colonización de regiones lejanas descubiertas por los europeos a partir del Siglo XV, en el caso de las primeras iniciativas (debidas a las coronas española y portuguesa), fue acometida por los propios Estados; después, las acciones colonizadoras fueron llevadas a cabo por ciertos entes públicos descentralizados que eran las famosas Compañías de las Indias Orientales y de las Indias Occidentales, en los Siglos XVI y XVII. Pero en el ínterin se va desarrollando más y más la empresa de negocios de capital privado, en la forma inicial de manufacturas y sociedades mercantiles; empresa que va a recibir un impulso definitivo en el Siglo XIX con la revolución industrial y con el Liberalismo surgido después de la Revolución Francesa. Todo lo cual conduce al nuevo colonialismo que busca las materias primas baratas, y cuyos protagonistas van a ser, en el Siglo XIX, principalmente Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda, y posteriormente Rusia, Estados Unidos, Alemania e Italia.
  • Aparentemente se trataría de actividades colonizadoras de los Estados, pero lo cierto es que las mismas responden a los intereses de los grandes banqueros, comerciantes e industriales de dichos Estados, en su dura competencia por acceder a las materias primas que se encontraban precisamente en los países colonizados. En esa forma se procede a la ocupación y explotación de gran parte de Asia, África, Oceanía y la región del Caribe no dependiente de España, por parte de Inglaterra, Holanda, Francia y Bélgica, dándose entonces un proceso de creciente interpenetración entre política y economía, es decir, entre las cúpulas gobernantes y las cúpulas empresariales; y de manipulación del aparato estatal para la consecución de objetivos económicos.
  • Por lo demás, se trata de un estilo que muy pronto fue adoptado dentro del mundo capitalista, tanto del centro como de la periferia. Porque, en efecto, la historia del mundo occidental en el último siglo y medio nos muestra cada vez más frecuentemente la concurrencia, en la persona del gobernante, de su titularidad política con su posición en el mundo de los negocios; y la utilización del poder político que como funcionario le compete, en beneficio de los grupos económicos allegados o afines.
  • Como bien lo expresa el Profesor Lelio Basso: en aquel momento histórico del Estado liberal, ‘…no obstante las doctrinas del‘laisssez faire, laissez passer’, o de la ‘free enterprise’, el Estado siempre intervino en el desarrollo de la economía nacional, empleando en los primeros tiempos el arma aduanal (…), el arma fiscal, la creación de infraestructuras -ferrocarriles, carreteras, puentes-, los pedidos a las industrias, la política exterior (para imponer a otros países la apertura de sus fronteras), etc.” (‘El despertar de los pueblos’; Forlì, 1980, pág. 353).
  • (Sobre ello puede verse también, entre otros, Massimo Severo Giannini: ‘Derecho Público de la Economía’; Boloña, 1977).
  • Por otra parte, el desenvolvimiento que ha tenido el sistema capitalista a lo largo del Siglo XX; que ha condicionado un notable aumento de la producción económica y un desarrollo sin precedentes de la tecnología, así como también ha propiciado el crecimiento y la transnacionalización de un centenar de fortunas colosales, y la correlativa marginación de gran parte de la población mundial, a la vez ha fomentado, a la par de la globalización neoliberal, una cultura de exacerbado individualismo; y ha terminado por afectar profundamente la estructura, la función y el peso mismo de los Estados dentro de la comunidad mundial (ver: C. B. Macpherson: “La teoría política del individualismo posesivo”, Fontanella, Barcelona, 1970; Álvaro Montero Mejía: “La globalización contra los pueblos”, Juricentro, San José, 1998; Helio Gallardo: “Política y transformación social”, Tierra Nueva, Quito, 2000).

El caso de los Estados Unidos

  • Por razones propias de su historia y desarrollo interno y a pesar de su temprana vocación imperialista, los Estados Unidos llegan tarde al reparto colonial de Asia y África, que ya había sido efectuado por parte de las potencias europeas. Sus anexiones del territorio mexicano en 1846, y su guerra con la decadente España en 1898 les permitieron primero expandir enormemente sus fronteras, y después apropiarse de Puerto Rico y de las Islas Filipinas, y ejercer un dominio político en Cuba (la Enmienda Platt, la Base de Guantánamo). Tales fueron algunas de las condiciones, junto a episodios frecuentes de durísima represión de su propio pueblo, para lograr las colosales dimensiones de su desarrollo interno, que los lleva, ya a fines de la Primera Guerra Mundial, al rango de gran potencia; y a fines de la Segunda, a ser la primera economía del Mundo. Y este engrandecimiento se completa cuando, a fines del Siglo XX, se derrumba la Unión Soviética y se desmorona el bloque de los países socialistas (acerca de todo esto véase, de Howard Zinn: La verdadera Historia de los Estados Unidos. Editorial Siete Cuentos, versión en Kindle, 2011).
  • Por otra parte, su designio de sujetar a los países del Tercer Mundo y, en particular, los de América Latina, bajo su poder e influencia no adoptó, de momento, las formas brutales del viejo colonialismo europeo, sino la de un proceso que mezcla puntuales acciones armadas, una paulatina penetración financiera por parte de sus empresas bancarias y de inversiones, para concluir en la actual situación de dependencia económica de dichos países; lo cual hace visible desde mediados del Siglo XX una creciente hegemonía política por su parte, consolidada principalmente por la vía del control financiero y de las inversiones de sus multinacionales. Se trata de aquella antes mencionada simbiosis entre política (el Gobierno USA) y economía (las grandes transnacionales) que constituye la forma postmoderna de ejercicio del poder: la nueva Razón de Estado. Sobre ello nos ilustra Lelio Basso:

“…Es en esta perspectiva en la que debe entenderse hoy el papel de las multinacionales. Hasta antes de la (Segunda) Guerra, el gran capital se ocupaba sobre todo de las relaciones con el poder político de su propio Estado. No faltaban, por cierto, formas imperialistas, pero el fenómeno de las sociedades multinacionales todavía no había alcanzado las proporciones macroscópicas de hoy. En el momento actual, es conforme a la lógica del sistema que las sociedades que operan en muchos países deban tratar de asegurarse el máximo de poder y de dominio sobre el gobierno de dichos Estados. En efecto, es obvio que cuando una transnacional invierte en otros países para el disfrute de materia prima, productos agrícolas, etc., sobre todo si invierte las enormes sumas que la tecnología moderna requiere, y construye instalaciones cuya reditualidad empezará después de muchos años, no puede no preocuparse, de acuerdo con la lógica de las ganancias, de contar con un gobierno que le asegure una estabilidad de condiciones en aquel país: mano de obra barata, sindicatos domesticados o inexistentes para impedir las huelgas u otras formas de lucha salarial, supresión o manejo de las elecciones para eliminar toda posibilidad de sorpresa o de cambio, libertad de transferencia de las ganancias y el máximo de tolerancia de los fraudes fiscales…” (Obra citada, pág. 354)

Los hechos recientes.

  • Después de conseguir la ruina económica y el desarme de un Irak bombardeado y vencido en la Guerra del Golfo de 1991, el gobierno USA, invocando la destrucción de las Torres Gemelas ocurrida el 11 de Setiembre de 2001, inicia una cruzada contra el terrorismo, que incluye una invasión armada contra los Talibanes que gobiernan Afganistán (para derrocar su gobierno, y capturar a Osama Bin Laden); y guerras preventivas contra una serie de Estados que conformarían lo que Bush llamó ‘el Eje del Mal’.

El ejército norteamericano captura en Afganistán a un gran número de jóvenes combatientes a quienes les atribuye ser talibanes o miembros de Al Quaeda, y los confina en la base militar de Guantánamo, sometiéndolos a fuertes apremios y vejámenes, y negándoles la condición de prisioneros de guerra y los derechos inherentes a dicha condición.

En el 2002 el gobierno USA acusa a Sadam Husein de desarrollar y poseer armas de destrucción masiva, de tiranizar a su pueblo, de conformar ‘el Eje del Mal’, al lado de otros regímenes, y de complicidad con Al Quaeda en la destrucción de las Torres Gemelas.

En 2002 el gobierno Bush inicia una ofensiva diplomática para inducir a los miembros de la ONU a acompañarlo en una guerra ‘preventiva’ contra Sadam, a fin de derrocarlo, eliminar su foco terrorista y restablecer la democracia en Irak. Para conseguir votos, presiona y chantajea a muchos Estados pobres de Europa y el Tercer Mundo.

Con excepción de algunos gobiernos, la abrumadora mayoría de los miembros de la ONU desaprueba la propuesta de Bush; Francia, Rusia y China amenazan con el veto en el Consejo de Seguridad; y prácticamente la totalidad de los pueblos de la tierra, incluyendo al norteamericano, se vuelcan en manifestaciones masivas de rechazo a las pretensiones del gobierno USA.

La pandilla de Bush (Rundfeld, Condoleeza, Powell, etc., y el propio Presidente) se mofa de Francia y de Alemania, y de Europa en general; satiriza a la ONU, y con el apoyo del Reino Unido y España, declara que invadirán Irak de todas maneras, a fin de derrocar a Husein, tomar su armamento de destrucción masiva y establecer la democracia en el país.

En efecto, en ejecución de lo anunciado, los ejércitos norteamericano e inglés bombardean e invaden Irak, ocupando militarmente todo su territorio y estableciendo un gobierno y una administración bajo el mando norteamericano.

Bush y su grupo declaran la intención de que su ejército permanezca en Irak todo el tiempo que juzguen necesario; y adjudican las más importantes obras de reconstrucción entre una serie de multinacionales afines a su gobierno.

Con posterioridad a dicha ocupación, USA obtiene que la ONU apruebe colaborar en las tareas de reconstrucción y normalización. España, Italia, Polonia y otros países (entre los que se cuentan algunos latinoamericanos) enviaron pequeños contingentes de tropas con ese objetivo. Después vino el retiro de España y los cuantiosos esfuerzos por normalizar y pacificar Iraq, hasta ahora infructuosos, y con altísimos costos humanos y materiales. Pero Bush no quiere saber nada de retirarse de Iraq, a pesar de las presiones y las críticas que le llueven de todos lados. Antes bien, prepara nuevas acciones.

Porque en efecto, de nuevo, en estos momentos, los medios de comunicación nos informan diariamente acerca de la supuesta amenaza que constituye Irán para la paz mundial con sus programas de enriquecimiento de uranio; y han hecho coro tomando a Irán como un peligro para la Paz Mundial. Pues bien, los expertos apuntan que se trata de otra «muerte anunciada» en la cruzada de Bush contra el famoso «Eje del Mal»; esta vez con la participación activa de Israel.

  • Se nos dice (sostiene Wim Dierckxsens: En defensa de la Humanidad) que no se trata de una guerra con Irán, sino de una operación militar para el mantenimiento de la paz. Los informes de prensa, aunque revelan algunas características de la agenda militar, sirven en gran parte para distorsionar la naturaleza más amplia de la operación militar, que incluye el uso preventivo de armas nucleares tácticas. La desinformación mediática ha sido ampliamente utilizada para ocultar las devastadoras consecuencias de una acción militar que haga uso de ojivas nucleares contra Irán. El hecho que esos ataques quirúrgicos serían realizados utilizando tanto armas convencionales como nucleares, no forma parte de la discusión. Hacer el mundo más seguro es la justificación utilizada para una operación militar que podría conducir a un holocausto nuclear. El hecho que EU e Israel planifiquen un holocausto nuclear en Medio Oriente no forma parte de la agenda mediática contra la guerra (Chossudovsky, Guerra Nuclear contra Irán, www.rebelión.org. 10 de Enero de 2006: 2-4).
  • De nuevo está a prueba, con pronóstico muy reservado, la Organización de las Naciones Unidas. Los inspectores de su Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) que trabajan en Irán desde hace más de dos años en todos los lugares bajo sospecha no han detectado, hasta el momento, ninguna infracción (Ria Novosti, Argenpress 19/01/06). Los hechos muestran que no existe tal programa y no existe ninguna evidencia de lo contrario. La conclusión de Mohammed el-Baradei como jefe de la AIEA, es que Irán no tiene un programa de armas nucleares. Pero todo parece indicar que lo que tienen en mente los EE.UU. e Israel es prescindir del criterio de la AIEA , ya que la decisión de un ataque nuclear está tomada. El camino a la guerra no se podrá detener con hechos (Mike Whitney, “Why Iran will lead to World War 3”, globalresearch.ca19 de enero de 2006).
  • Hemos podido ver en estos días que varios países europeos han comenzado a redactar un proyecto de resolución en que le piden a la AIEA referir el caso de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU. El borrador de la resolución no llega a pedir que se le impongan sanciones a Irán, como quieren Estados Unidos y sus aliados: se limita a exhortar al Consejo a presionar a Irán para que «preste una cooperación total y rápida a la agencia» en su investigación de actividades nucleares sospechosas. Es posible que, en esos términos, lo aprobarán incluso Rusia y China.
  • Pero ¿será suficiente para Estados Unidos? ¿no viviremos de nuevo los bochornosos episodios que precedieron a la invasión de Iraq? Porque, según los expertos (citados por Dierckxsens), fuentes militares y de inteligencia están informando sobre varios hechos que indican que está en las fases finales un ataque militar norteamericano sobre instalaciones nucleares iraníes.
  • Estos hechos nos dan nuevo testimonio de aquella cruda realidad que venimos afirmando: en las altas esferas del poder, ahora, como en los tiempos de Luis XIV, los poderosos (aunque aduciendo en cada época diferentes argumentos) actúan impunemente por encima del Derecho Internacional.
  • PARTE II. LOS INSTRUMENTOS JURIDICO-PENALES DEL DERECHO INTERNACIONAL

Las represalias contra el vencido

Al terminar la Primera Guerra Mundial, los victoriosos franceses e ingleses se mostraron decididos a acusar y castigar al ex-Emperador de Alemania, el Kaiser Guillermo II, por el crimen internacional de agresión bélica. A ello se opuso, entre otros, el célebre publicista profesor Vittorio Emanuele Orlando, entonces primer ministro de Italia, alegando precisamente que para el caso en cuestión no existía una norma jurídica anterior que previera el delito, ni la pena, ni el tribunal competente. Es decir, el Profesor Orlando invocando para el caso la aplicación de los principios de tipicidad (nullum crimen, nulla poena) y del juez natural, ponía en evidencia el déficit de tipo, de pena y de jurisdicción existente en el Mundo Occidental respecto de los ilícitos regios.

Y aunque los argumentos jurídico-penales del Profesor Orlando no prevalecieron, porque las potencias victoriosas se negaron de momento, rotundamente, a aplicar las garantías del derecho penal común al nivel de lo regio (todavía entonces, el único delito que un rey podía cometer era ser derrotado), lo cierto es que poco después, en el Tratado de Versalles, se incorporaron las primeras figuras delictuosas que podrían ser atribuidas a los jefes de Estado con ocasión de la guerra. Y así, el artículo 227 de dicho Tratado describe como delitos los actos que constituyan

“…ofensa suprema contra la moral internacional y la santidad de los tratados…”

El Protocolo de Ginebra de 1924 declara que

 “…las guerras de agresión constituyen un delito internacional…”

y en el Pacto Briand-Kellog firmado en Paris en 1928, todos los países europeos (Alemania incluida) condenaron el recurso de la guerra para la solución de los conflictos, y se comprometieron a utilizar para ello los medios pacíficos.

El proceso de Nuremberg y la normativa de la ONU

Pero está claro que tales descripciones, con ser tan genéricas, aunque preveían figuras de violación de tratados como las que después cometerían los gobiernos del Eje (Alemania, Italia y Japón), no podían cubrir los actos de salvajismo indescriptible perpetrados contra personas individuales, etnias y grupos políticos, por los nazis y los japoneses antes y en el curso de la Segunda Guerra Mundial.

En cuanto a la agresión bélica de un Estado contra otro, el acuerdo de Londres del 8 de Agosto de 1945, institutivo del Tribunal Internacional de Nuremberg, lo incluyó como un delito internacional entre los crímenes contra la paz, tipificándolo en su Artículo 6, en los siguientes términos:

Inciso a):

“…la planificación, la preparación o el desencadenamiento de una guerra de agresión, o de una guerra en violación de tratados internacionales, acuerdos o entendimientos, o bien la participación en un plan criminal común dirigido a perpetrar uno de los actos arriba mencionados…”

Inciso b):

“Violaciones de las leyes y de los usos de la guerra. Tales violaciones comprenden, pero no exclusivamente, el asesinato, los malos tratos y la deportación forzosa de trabajadores u otros elementos de la población de los países ocupados; el asesinato y los malos tratos a los prisioneros de guerra o a personas en el mar; el homicidio de rehenes; el saqueo de propiedades públicas y privadas, la destrucción injustificada de ciudades y villas; y las devastaciones no justificadas por necesidades militares…”

Inciso c):

“…Delitos contra la Humanidad: y precisamente asesinato, exterminio, reducción a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra; persecuciones por motivos religiosos, raciales o políticos en ejecución o en conexión con alguno de los delitos comprendidos en la jurisdicción del Tribunal, sean o no en violación de las leyes vigentes en el País en el que tales persecuciones tuvieron lugar…”

Sabemos que el proceso de Nuremberg, realizado por fiscales y jueces nombrados por las potencias victoriosas, se llevó a cabo en la ciudad de ese nombre, entre Setiembre de 1945 y Setiembre de 1946, contra veintidós personas, entre militares y políticos, que habían ocupado cargos importantes en el gobierno de Hitler. Tres de ellos fueron absueltos, cuatro recibieron penas de prisión entre diez y veinte años; otros tres recibieron cadena perpetua; y los restantes fueron condenados a morir en la horca.

La opinión mundial se dividió entre los que, esgrimiendo diferentes argumentos, aceptaban o rechazaban el proceso de Nurenberg. Podemos decir, en general, que los primeros se apoyaban en consideraciones de justicia material, mientras que los segundos invocaban conocidos principios de Derecho Penal liberal vigente en sus propios países, del tipo ‘nullum crimen, nulla pena’, etc., concluyendo que en el fondo se trataba de un acto de venganza, y no de justicia. A propósito, alguien dijo con toda lógica que si Alemania hubiera ganado la guerra, habría podido juzgar a los políticos y generales norteamericanos por los masivos bombardeos desencadenados sobre sus ciudades, sin ninguna consideración por la vida de los civiles, que murieron por centenares de miles. Trabada la contienda bélica, la crueldad sin límites estaba en ambos lados; la diferencia la puso el incalificable genocidio judío de parte de los nazis, que fue un verdadero exterminio de personas no beligerantes, simplemente por sus caracteres étnicos.

El Derecho Penal de la ONU y la delincuencia de las superpotencias.

Como era de esperar, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la revelación de sus horrores llevaron al concierto de los países del Mundo a la instauración de la Organización de las Naciones Unidas, en cuyo Estatuto se contienen principios y normas relacionadas con la guerra y la paz.

En efecto, en el Estatuto de la ONU (Preámbulo, artículo 1º, etc.) la paz es considerada el bien jurídico supremo, de manera que los Estados miembros tienen el deber (artículo 2; párrafos 3 y 4) de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos, y de abstenerse del uso de la fuerza, el cual sería entonces monopolio del Consejo de Seguridad (artículo 24).

Por otra parte hay que tener presente que en el sistema jurídico de la ONU nunca ha predominado completamente un régimen de derecho aplicable a todos por igual. Comparado con el pasado, ciertamente la ONU trajo un visible progreso en la materia, pero la estructura misma de la organización, con el enorme poder acordado institucionalmente a las grandes potencias, presentaba un cuadro donde campeaban notorias asimetrías, anticipo seguro de los grandes abusos e injusticias que hemos presenciado en estos casi 60 años de historia del organismo.

Ya decíamos arriba que el derecho penal, desde sus orígenes, ha supuesto la existencia de una autoridad incontrastable, capaz de dar efectividad a las decisiones de los jueces acerca del delito, el delincuente y la pena. En el seno de la ONU se ha comprendido, cada vez con mayor claridad, que no puede haber verdadera justicia entre las naciones ni entre las personas, mientras no exista un derecho penal de aplicación general, constante y segura, frente a las conductas de los gobernantes, sea cual fuere el Estado o la organización que representen. La Corte Penal Internacional es precisamente el fruto del esfuerzo de la gran mayoría de los Estados miembros en esa dirección.

El Estatuto de la CPI contiene un conjunto de normas y principios jurídicos dirigidos a la instauración de tribunales y procesos jurisdiccionales competentes para conocer de determinados delitos, especialmente graves, contra los pueblos, a saber, los artículos 5, 6, 7 y 8, en los que se incluyen y tipifican los delitos de:

Genocidio,

Lesa humanidad,

Criminalidad bélica y

Agresión; aunque (y es un síntoma ominoso) la definición de este último ilícito, así como las condiciones en que se produzca, se reserva para ser aprobada posteriormente, de conformidad con los artículos 121 y 123 del Estatuto de la Corte.

Los delitos imperiales y el espectro del Derecho Penal Internacional.

Con ocasión del atentado a las Torres Gemelas y lo que vino a producirse después en Afganistán, en Irak y en seno de la ONU, hemos sido testigos de una deplorable regresión en las relaciones internacionales, por la cual el gobierno del Presidente Bush ha conseguido sin mayor esfuerzo ponerse por encima del Derecho Internacional y se ha postulado prácticamente como el árbitro de los destinos de todos los pueblos de la Tierra, descalificando a la ONU como un mecanismo anticuado e inservible.

En efecto, con sus actuaciones en Afganistán y en Irak, Bush y su equipo han incurrido claramente en conductas que significan recurrir al uso de la fuerza en forma injusta y unilateral contra Irak, que también es miembro de la ONU, violando lo dispuesto en los artículos 1º y 2º, inciso 4) de la Carta de dicha Organización; y en conductas que, si les fuera aplicable la normativa de los artículos 5, 6, 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, constituirían modalidades de genocidio, crímenes de lesa Humanidad y crímenes de guerra. Pero ¿alguien ha planteado la denuncia de tales delitos? ¿Dónde estaban los baluartes de la justicia y la legalidad internacionales?

En cambio, en el caso de los aliados de los Estados Unidos en esa guerra de agresión contra Irak, los gobiernos de España y el Reino Unido, dicha normativa se les aplica plenamente, puesto que ambos han ratificado el Estatuto de la Corte. Sin embargo, no ha prosperado, en el seno de la ONU ni de la CPI, ni en ningún otro foro internacional, una iniciativa para que los titulares de los órganos responsables de aquellas decisiones sean juzgados por los ilícitos cometidos.

Además, los tres Estados mencionados, siendo miembros de la ONU, desaplicaron con manifiesta arrogancia las normas del artículo 25 de la Carta, así como lo dispuesto en los Capítulos VI y VII de la misma, que establecen la competencia exclusiva del Consejo de Seguridad en el manejo y solución de los conflictos surgidos entre sus miembros. Sin embargo, ni siquiera han recibido una condena simbólica de parte del Consejo o de la Asamblea General.

Limitándome al caso de los Estados Unidos, que es de lejos el inspirador y el principal ejecutor de los atropellos, creo que las claves para una explicación pueden estar en la combinación de dos factores: uno estructural y el otro coyuntural.

Es archisabido que el factor estructural en el caso de los Estados Unidos es el designio de las poderosas transnacionales del petróleo y los armamentos, estrechamente relacionadas con Bush, su familia y el grupo que lo rodea en el gobierno, de avanzar hacia el control y manejo de la economía del Planeta: el control militar de Afganistán por parte de USA y sus aliados les permite afianzar sus intereses en los países productores del petróleo del Mar Caspio, antiguas repúblicas Soviéticas; y el control del poder y del petróleo iraquí les permite culminar prácticamente su señorío en el corazón del Cercano y Medio Oriente, logrando así ventajas definitivas sobre las economías de la Unión Europea, Rusia, Japón y China.

Es igualmente plausible la hipótesis de que el factor coyuntural es el Mesianismo y el Providencialismo Cristiano que han abrazado muchos de los miembros del grupo que rodea a Bush, y él mismo, en lo personal. Según estas doctrinas, que vienen a reforzar la vieja ideología del llamado ‘Destino Manifiesto’, sustentada por grupos de la élite derechista norteamericana, el Siglo XXI será “el Siglo de América” (ellos se autodenominan ‘América’); es decir, se trataría de la era del dominio mundial por parte de la potencia estadunidense: una variante fascistoide de aquella mixtificación del protestantismo capitalista estudiada por Max Weber (en su clásico libro “La ética protestante y el espíritu del Capitalismo”; Península, Barcelona, 1969) según la cual es un deber cristiano trabajar duramente en la profesión de cada uno; y la riqueza y el poder alcanzados en la Tierra por ese camino constituyen una señal divina de salvación. En consecuencia, el éxito económico y político transnacional de la poderosa comunidad presbiteriana a la que pertenecen el Presidente y sus halcones tiene un firme respaldo religioso y aporta una justificación completa a la misión de construir “el Siglo de América”, no en beneficio de las personas; ni siquiera del norteamericano común, sino de las poderosas transnacionales

Bush y la ‘Razón de Estado’ como coartada: En consecuencia, la necesidad de defender ‘América’ (es decir, los Estados Unidos), país considerado como la más alta realización de la democracia y la libertad, constituyen la ‘razón de Estado’ invocada por el gobierno Bush. La identificación entre ‘América’ y el binomio ‘libertad-democracia’ le permite postular los intereses de los Estados Unidos como si fueran los intereses del ‘Bien’, en términos absolutos, contra el ‘Mal’: le permite postular la ‘razón de Estado’ como ‘razón universal’.

Contra la amenaza ‘del Mal’ representada por los países calificados de terroristas (Irán y Corea del Norte), todos los demás Estados de la Tierra deben alinearse en la ‘cruzada’ de Bush y su pandilla. No hay término medio: el que no está con ‘América’, está ‘contra la libertad y contra la democracia’; está a favor del Mal, y debe correr con las consecuencias.

De esta manera trata Bush de allanar toda resistencia a su ‘guerra contra el terrorismo’, que es una mera pantalla para disimular el progreso de los intereses de las grandes transnacionales, de capital predominantemente norteamericano (pero esto no es esencial), al que su familia y su grupo de gobierno están ligados. Se trata de la más acabada forma de la arrogancia del poder de los últimos tiempos (más grave, incluso, que la de Hitler), que nos pone de nuevo, a la vuelta de los siglos, ante una versión moderna, disfrazada bajo un discurso pseudo-democrático, de la ‘Ley de la Selva’. Ahora le toca el turno a Irán; y de nuevo aquella arrogancia y aquella arbitrariedad colocará al Planeta al borde del precipicio.

El derecho internacional ha logrado a veces algunos buenos resultados en los casos que afectan exclusivamente los intereses de países pequeños, pero ha fallado constante y repetidamente en los asuntos en que están involucrados los intereses de los poderosos de la Tierra. Muchos internacionalistas suelen reconocerlo así, pero no logran ofrecer explicaciones plausibles ni soluciones aceptables, y con frecuencia se encierran en un silencio resignado. Recordemos que esa lamentable situación ha llevado por ejemplo a Kelsen a afirmar, a guisa de explicación-justificación, que el derecho internacional es un ‘derecho primitivo’, para no tener que decir en voz alta que, de acuerdo con los postulados de su doctrina, el derecho internacional no llega ni siquiera a ser ‘derecho’ en sentido estricto (Principios de Derecho Internacional Público; Buenos Aires, 1965; pág. 19).

Pero esta última crisis del Derecho Internacional a que nos estamos refiriendo, cuyo último, fatal episodio podría desencadenarse próximamente, no es de naturaleza jurídica, sino que, al igual que muchas otras anteriores, es de naturaleza política: el postulado clásico, que nunca pasó de ser una ficción, de la igualdad jurídica de los Estados (es decir, la igualdad efectiva de los sujetos por excelencia del derecho internacional) ya no se puede sostener. Está a la vista que lo que resuelve las disputas internacionales es el poder efectivo, no el derecho. Y entonces la clave de solución de los conflictos de competencia del derecho internacional está en determinar quién tiene mayor poder. El Protocolo de Kyoto es un ejemplo muy claro. No se trata de un problema jurídico, sino de una confrontación entre el poder de la Unión Europea, de Rusia y de otros grupos regionales y el poder de los Estados Unidos.

La impotencia de las potencias.

La impotencia de las potencias es de carácter jurídico, debida al adefesio de la ONU, pero sobre todo es de carácter moral: las llamadas potencias son impotencias morales: no tienen cara en la que persignarse.

Frente a tanta inoperancia no se tiene una respuesta ni medianamente vigorosa en los sectores más significativos de la comunidad internacional. Porque, siendo cierto que Francia, Rusia y China anunciaron la posibilidad de ejercer el veto si el Consejo de Seguridad aprobaba la guerra contra Irak; y que Alemania negó su apoyo a la iniciativa de Estados Unidos en esa dirección, también lo es que, después de concluida la invasión estadunidense de dicho país, en cuyo transcurso se escarneció a la ONU y se socavó gravemente la confianza general en su papel mediador y pacificador, todos aquellos dignos países aceptaron los hechos consumados e iniciaron el camino a una colaboración con los Estados Unidos y los demás conculcadores del Derecho Internacional. ¿Quién defendió a la ONU, aunque solo fuera en el terreno moral? ¿Qué nos espera, cuando se desencadenen agresiones de mayor escala?

Porque, en lo que se refiere a los gobiernos de Francia y Alemania, es conocido que su oposición a la invasión de Irak por los Estados Unidos estuvo motivada por sus fuertes intereses económicos en dicho país, y, en general, en el Oriente medio: no se trataba, lamentablemente, de la defensa de los fundamentos morales de la cultura occidental y cristiana, ni mucho menos de los principios del Derecho Internacional.

Aún en aquellos momentos en los que fueron palpables las violaciones de los derechos fundamentales de los prisioneros en Guantánamo y en las cárceles iraquíes ¿quién intentó el enjuiciamiento de los transgresores? ¿Qué han hecho al respecto el Secretario General y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? ¿en qué quedó el Derecho Penal Internacional? Seguimos, en pleno Siglo XXI, sometidos a la corrupción del poder desnudo: los políticos se inclinan por cálculo o complicidad (son, ya lo dijimos, aves del mismo plumaje); la ONU guardó silencio, avergonzada, impotente.

Y de nuevo ha guardado silencio cuando una hipertrofiada OTAN, cuyas razones para existir cesaron hace años, se empeña en tender un cerco de misiles alrededor de Rusia; mientras que ésta, bajo el liderazgo de Putin, busca restablecer sus dimensiones de la época soviética, incluso al precio de invadir militarmente a Ucrania y avanzar al borde de un desenlace nuclear.

Y ¿la Unión Europea, principal sede de la Cultura Occidental, llamada por ello a templar los impulsos agresivos de la Otan? La Unión Europea nos ha mostrado sin rubor su verdadera condición satelital, porque está tomada por la misma cúpula financiera que mueve también los hilos de la OTAN.

Mientras todo esto ocurre, el frenesí de los vendedores de armas de todos los países cercanos y lejanos al conflicto llega a extremos increíbles. ¿A quién le importa la vida de los ucranianos? La muerte cotidiana se da por descontada, se acepta con toda naturalidad por parte de quienes estorban y sabotean las iniciativas para un alto al fuego, para un acuerdo de paz ¿Y los derechos humanos? ¿y la inviolabilidad de la vida?

Tenemos hoy un mundo dominado por los ‘poderes salvajes’ de las transnacionales financieras, que tienen sojuzgada a la mayoría de los Estados del Planeta. En la Segunda Postguerra Mundial nos ilusionamos pensando que un instrumento jurídico, la ONU, podía guiar la política de los Estados, bajo cuyo poder operaban las fuerzas económicas; pero ese hermoso sueño se ha trocado en una horrible pesadilla.

En este nuevo siglo que nació sin dignidad ¿Quién será el que -según el luminoso pensamiento de José Martí- asumirá la dignidad de todos? ¿Quién será el que diga «la injusticia me hiere, no importa dónde o contra quién se cometa»? Si los políticos y los magnates del resto del Mundo callan por conveniencia, o se limitan a formular inocuas protestas, parece llegada la hora de apelar a los pueblos.

PARTE IV. MÁS ALLÁ DEL DERECHO INTERNACIONAL

a)-El Tribunal Russell

En la década de los sesenta del Siglo XX, la intervención bélica cada vez mayor de los Estados Unidos en Vietnam, el incremento de los bombardeos a la población civil con sustancias infernales, la destrucción de los cultivos de los vietnamitas y el envenenamiento de sus tierras, etc., no encontraban freno por la vía diplomática. En el seno de la ONU se planteaban iniciativas que al final eran vetadas por el representante de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. En esas circunstancias, el portador de la dignidad del Mundo fue el llamado Tribunal Russell, nacido por iniciativa del filósofo inglés Bertrand Russell, quien a los 95 años de su edad convocó a un grupo de intelectuales y políticos conscientes para que examinaran y juzgaran, en el plano moral, los actos del gobierno y del ejército de los Estados Unidos en Vietnam. Y así fue como se formó el llamado ‘Tribunal Internacional contra los crímenes de guerra’, que empezó a funcionar en Londres el 15 de Noviembre de 1966, y realizó sus sesiones de trabajo en Estocolmo y en Roskjilde, Suecia, durante el año 1967. El Tribunal volvió a sesionar en Bruselas y Roma en 1973 y 1974, entonces bajo la presidencia del senador italiano Lelio Basso, para conocer de los crímenes cometidos por las dictaduras latinoamericanas; y posteriormente ha continuado operando bajo el nombre de ‘Tribunal de los Pueblos’ con la participación de Leo Matarasso, Jean Ziegler, Luigi Ferrajoli, François Rigaud y otros.

  • A la formación de esos tribunales no concurrieron los líderes de las llamadas ‘Naciones Civilizadas’: no estuvo allí el General De Gaulle, ni el Canciller Konrad Adenauer, ni la Reina Isabel de Inglaterra, ni Mitterrand, ni Giulio Andreotti. Sus integrantes fueron algunas personas de buena voluntad, como el escritor francés Jean Paul Sartre, el senador italiano Lelio Basso ya mencionado, y el propio Bertrand Russell. A sus debates se negaron a asistir los representantes de los gobiernos cuestionados; sus sentencias fueron oficialmente ignoradas. En definitiva, en opinión de los juristas convencionales (entre ellos muchos internacionalistas), aquello no fue nada; pero creo que todo hombre de buena voluntad sintió en aquel momento que esos simples ciudadanos: Russell, Sartre y los otros del Tribunal, asumieron la dignidad de todos los hombres y las mujeres del Mundo.
  • Estoy además convencido de que, de la bofetada moral que le propinaron el Tribunal Russell y el Tribunal de los Pueblos a las instituciones oficiales, nacieron, al cabo de los años, la iniciativa de la Corte Penal Internacional y, más importante aún: el actual movimiento popular mundial antibelicista, ambientalista, antimperialista y antiglobalizador.

b)-La opinión de los pueblos del Mundo como ‘tribunal’

  • No tengo, tal vez para mi desgracia, aquella fe jacobina en una especie de “infalibilidad moral de los pueblos”. Es decir, no creo aquello de que ‘la voz del pueblo’ sea ‘la voz de Dios’; sino que los pueblos, al tomar decisiones (importantes o no) pueden equivocarse de medio a medio, y tener luego que sufrir las consecuencias (es lo que, a mi juicio, le ocurrió a la mayoría de los votantes norteamericanos que reeligieron a Bush, y años después propiciaron la pesadilla de Trump, que aún no termina).
  • Pero sí creo que una democracia sana puede ser cada vez mejor; y que el Mundo necesita más democracia. Que en la medida en que la profundización de la democracia vaya haciendo posible que prevalezcan en la comunidad los intereses de cada vez mayor número de ciudadanos, en esa medida perderán terreno los viejos mecanismos de corrupción de las relaciones sociales. Es vital que los pueblos reemplacen a las camarillas corruptas que nos tienen al borde del abismo, y tomen la palabra en la conducción de las relaciones internacionales.
  • Ello podría significar, a grandes rasgos, la prevalencia de los sentimientos sobre los intereses. Un viejo secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles, pronunció hace más de cincuenta años una frase famosa: «los Estados Unidos no tiene amigos; sólo tiene intereses». Y hay que reconocer, por desgracia, que cualquiera de sus colegas contemporáneos pudo haberla dicho. Pero ahora podríamos contestarle: la Humanidad necesita urgentemente que las relaciones humanas se inspiren en sentimientos positivos (fraternidad, buena voluntad, respeto) y no en sórdidos intereses.
  • Nos advertía Norberto Bobbio que entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes, es prudente que optemos por el gobierno de las leyes. Eso está bien, pero con la condición de tener muy claro que también el gobierno de las leyes es siempre, en realidad, en el plano interno y en el plano internacional, un gobierno de los hombres en el que éstos han decidido gobernar (o se han visto obligados a gobernar) dentro del marco, los límites y las condiciones establecidos por las leyes y los tratados. Lo cual nos está señalando el carácter irremediablemente precario del afamado ‘gobierno de las leyes’. Si logramos que empiece a funcionar ¿Cuánto durará? ¿Hasta cuándo querrá seguir respetando las reglas el llamado a observarlas y hacerlas observar? ¿Hasta dónde llegarán los gobernados en sus esfuerzos por exigirle ese respeto? Es un equilibrio inestable, precario, que no puede nunca considerarse alcanzado para siempre, y debe ser vigilado constantemente. Pero ¿quién vigilará al vigilante?
  • Porque, en efecto, la Historia ha demostrado que los síntomas de la corrupción no tardan en presentarse y tienden a expandirse cuando el poder se concentra en pocas manos y aumenta correlativamente la distancia entre sus detentadores y la comunidad gobernada. Y viceversa, los síntomas de la corrupción tienden a disminuir cuando el poder es compartido por todos, pues en su verdadero sentido la democracia significa precisamente que el poder está, de manera sustancial (sufragio, referéndum, revocación, etc.) en manos de todos.
  • Karl Marx creía que cuando todos los hombres llegaran a ser libres e iguales, el Estado, es decir, la organización del poder político del mundo moderno, desaparecería. Porque, en efecto ¿puede el poder estar en manos de todos y continuar existiendo como tal? ¿Hasta qué punto podemos llamar ‘poder’ a la situación en que todos somos, a la vez, gobernantes y gobernados? Y entonces, en la medida en que, efectivamente, las iniciativas sean tomadas y las actividades sean ejercitadas de modo creciente por todos los ciudadanos, en esa medida el poder se transforma en autorregulación, deja de ser distancia y asimetría y, por ende, la posibilidad de la corrupción, el abuso y la prepotencia en las relaciones humanas se aproximaría al grado cero (aunque sin alcanzarlo nunca).
  • Cierto que estamos muy lejos de ese estado de cosas. Pero, de todos modos, me parece que el ejemplo del Tribunal Russell y su influencia en el largo plazo, es útil para mostrar la posibilidad de inducir a grupos cada vez mayores de ciudadanos a examinar las actuaciones de los gobernantes y expresar su criterio. De hecho la actual opinión pública mediatizada, que se expresó vigorosamente en relación con la guerra de Irak, es un verdadero tribunal donde se conocen día a día los hechos, se los valora y juzga con las pautas culturales vigentes. En palabras de Luigi Ferrajoli, pronunciadas a raíz de la agresión norteamericana a Irak

‘…ha hecho nacer el embrión de una sociedad civil mundial. De Melbourne a San Francisco, pasando por Roma, París, Berlín, Londres, Madrid o Barcelona, hemos visto materializarse en las calles y plazas de todo el mundo a un pueblo global concorde en la defensa de los mismos valores: la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional…»

  • (véase Luigi Ferrajoli: La Guerra contra Iraq y el futuro del orden internacional, que es el Epílogo al libro colectivo ‘No en mi nombre” ; Trotta, Madrid, 2003; pág. 226.

Pero desde entonces han pasado veinte años, en los que hemos visto sucederse el Estallido de la Burbuja Inmobiliaria que trajo la Crisis de 2008, con el empobrecimiento mundial de las clases media y baja; y consecuencia de ella, el recrudecimiento de las olas migratorias desde el Tercer Mundo (Africa, América Latina) hacia el Primer Mundo (Europa, Estados Unidos) tuvo como respuesta una fuerte reacción defensiva de los ciudadanos comunitarios, y un crecimiento notable del neofascismo.

  • Cuando nos encontramos ante la triste aunque previsible situación en la que ni los diplomáticos de la ONU, ni de la UE, ni los de las potencias de Rusia y China, ni la Corte Penal Internacional son capaces de detener las acciones delictuosas del gobierno USA, ni de aplicarle las sanciones correspondientes ¿debemos poner nuestra esperanza en el despertar de una conciencia de los pueblos, que en decenios anteriores ha mostrado capacidad de expresarse y comunicar su rechazo de la política estadunidense de manera cada vez más perceptible y consistente? Pero ¿cuál es el estado actual de esa conciencia?
  • Fue evidente, en efecto, la existencia de un creciente desafío popular mundial contra aquella vieja política de codicia y engaños, y un rechazo generalizado con respecto de los actos de su gobierno, y de la ideología que los sustenta. En las cumbres sociales paralelas (como Seattle, Porto Alegre, Mar del Plata, etc.) los pueblos estaban superando las distancias de las lenguas y las fronteras, y empezaban a marchar al unísono para repudiar las piñatas de los poderosos y las guerras inicuas. Pero en la actualidad me parece que dicho impulso se ha debilitado. El éxito final de esos movimientos ya no lo veo como posible a corto o mediano plazo, en el estado actual de las cosas. Lo deseable posible, en el corto plazo, sería por el momento poder conjurar la guerra en Ucrania y sus imprevisibles consecuencias. Pero ¿quién lo intenta ahora, en la línea de las pacatas recomendaciones de Angela Merkel?
  • Tenemos que reconocer que no bastará con frenar o moderar los designios de expansión de Putin, ni el empeño de la OTAN en cercar a Rusia. Porque los Estados Unidos, Rusia, Biden y Putin sólo son, también ellos, ominosos signos vitales de aquel fenómeno de la desigualdad y la inequidad de las relaciones humanas que nos tiene abatidos desde hace milenios, porque viven también dentro de cada uno de nosotros: no habrá paz entre las naciones ni entre las personas mientras predomine en el Mundo una mentalidad clasista y discriminadora que nos separe y nos contraponga como naciones, como credos, como estratos sociales; mientras se propicie la justificación de la desigualdad y se estimule el espíritu excluyente y depredador frente a los demás; y mientras exista un sistema institucional como el Capitalismo, que no sólo permite sino que acepta, presupone, requiere la explotación de un Estado por otro, de un ser humano por otro.
  • En suma, tenemos que admitir que, mientras las personas estemos dominadas por ideologías desigualitarias (como la nacionalidad, la piel, la religión, los ingresos) que subyacen y sustentan al sistema capitalista, continuaremos construyendo relaciones sociales asimétricas, corrompidas y corruptoras, y el poder desnudo seguirá humillando el texto de las mejores constituciones y las mejores leyes, tanto en el plano interno como en el plano internacional.
  • Aprendamos a ver claro para liberarnos de semejantes ideologías, y atrevámonos a intentar relaciones humanas democráticas y, por ende, solidarias y sin fronteras, hasta sus últimas consecuencias.
  • Y termino entonces adoptando a nuestro discurso la célebre fórmula de Radbruch:
  • No se trata de lograr un individualismo y un capitalismo mejores, sino algo ética y científicamente mejor que el Individualismo y que el Capitalismo. No se trata de seguir buscando un Derecho Internacional mejor, pero mediado por los Estados Nacionales, sino de la construcción de un Derecho de los Pueblos y de una Democracia universal, mediante la promulgación de una Constitución de la Tierra.

De Ratones y Libros

Walter Antillón

(Of mice and books)
Viajes por mi biblioteca, 49
Walter Antillón

Para el artista, el Arte es compromiso. El Arte es vivido primordialmente como la sensación de estar comprometido con una misión, en una dimensión no utilitaria, relacionada con la belleza en su sentido más amplio.

Para el poeta, artista de la palabra, la Poesía es compromiso, es llamada. La Poesía es vivida primordialmente como la sensación de estar comprometido con una misión, en una dimensión no utilitaria, relacionada estrechísimamente con la belleza, en el sentido más amplio que puedan expresar las palabras.

La intuición de la intensidad de esa llamada conduce perentoriamente al auténtico poeta a adoptar una forma de vida y un tipo de relaciones sociales adecuadas deliberadamente a facilitar la explicitación de la misión, que a él se le presenta como una iluminación: palabras encendidas que deben ser descifradas y arduamente reelaboradas todavía en estado incandescente, con gran riesgo para el mismo poeta. Pienso en los que no soportaron el contacto: como el gran Hölderlin, como Alfonso Cortés en Nicaragua. Y pienso en otros que escaparon a tiempo para no ser triturados, como Rimbaud.

Claro que también están los “poetas oficiales” con sus versitos biensonantes, que ganan premios municipales instalados en su zona de confort. Pero entonces estamos hablando de otra cosa.

Yo creo que las cosas son de la manera que las estoy diciendo porque (tengo que contarles) desde su adolescencia, este ratón centroamericano conoció y admiró a la distancia a una persona que escribió, experimentó y padeció intensa, vitalmente, la poesía: Rainer María Rilke.

De Rilke hemos hablado antes: nació en 1875, en una familia de la pequeña nobleza militar alemana de la época; y tuvo una infancia desgraciada. Pero a los 22 años topó con la suerte de conocer y entablar una intensa relación con la genial y fascinante Lou Andreas Salomé, quien fue su madre, su amante y, por el resto de su existencia, su consejera y amiga incondicional. Y topó con la suerte de que a los 27 años, ya con un nombre en el campo de la poesía alemana, pudo iniciar una fecunda relación personal con el gran escultor francés Augusto Rodin, quien le transmitió el amor y la admiración por el mundo de las cosas sencillas, y le enseñó con el ejemplo que el trabajo tenaz, extenuante, es parte esencialísima de la obra de arte.

Como una flecha que vuela derechamente al blanco, la existencia de Rainer María Rilke es el itinerario de una constante preparación personal para la búsqueda sin tregua de la obra maestra: visión relampagueante del Cosmos que es a la vez una mirada admirada de sus criaturas, culmen de su esfuerzo y de su propia vida.

En sus Cartas a un joven poeta (Amanecer, Buenos Aires, 1941) al aconsejar al joven Kappus sobre su vocación, Rilke le pide que:

“…Investigue la causa que lo impele a escribir; examine si ella extiende sus raíces en lo más profundo de su corazón. Confiese si le sería preciso morir en el supuesto de que escribir le estuviera vedado…” (Carta de 17 de febrero de 1903).

Pronto se verá que no está hecho para el matrimonio y la familia; ni para un trabajo rutinario. Alcanzar la tensión creadora de la obra (desde que apenas la intuye), será su objetivo primordial, y final. En pos de ello descubre que necesita desprenderse de lo cotidiano, viajar para experimentar la Tierra, el Planeta en todas sus formas; y disponer de la riqueza de múltiples relaciones, preferiblemente epistolares; pero también, a la vez, defender su radical soledad. Su peregrinaje sin tregua comprende Francia, Alemania, Suiza, Dinamarca, Suecia, Polonia, Rusia, Checoslovaquia, Austria-Hungría, Yugoslavia, Italia, Grecia, Egipto, España, hasta donde yo sé. Vive pobre y austeramente, con frecuencia habitante solitario en viejos castillos facilitados por amigos y admiradores devotos, como la princesa Marie von Turn und Taxis-Hohenloe, quien en 1912, “en momentos cruciales”, le brindó el asilo de su Castillo de Duino, en el Adriático. En esa ocasión el genio brillará un momento y se apagará, pero el Poeta sabe esperar: esperará años, si es preciso, porque

“…Todo es llevar hasta el término y después dar a luz (…) esperar con profunda humildad y paciencia la hora del nacimiento de una nueva claridad: sólo eso es vivir como artista: en la comprensión como en la creación (…) Ser artista es no calcular y no contar; madurar como el árbol, que no apura sus savias…” (Carta de 23 de abril de 1903)

En los años que siguen a 1912 ya Rilke es autor de una vasta y reconocida obra poética, que incluye: Leben und Lieder (Vida y Poesía) (1894); Larenopfer (Ofrenda a los Lares) (1895); Traumgekrönt (Coronación de un Sueño) (1897); Advent (Adviento) (1898); Das Stunden-Buch (Libro de Horas) (1899-1903); Das Buch vom mönchischen Leben (Libro de la Vida Monástica) (1899); Das Buch von der Pilgerschaft (Libro del Peregrinaje) (1901); Das Buch von der Armut und vom Tode (Libro de la Pobreza y la Muerte) (1903); Das Buch der Bilder (Libro de las Imágenes) (4 Partes, 1902-1906); Neue Gedichte (Nuevos Poemas) (1907); Requiem (Requiem) (1908); Mir zur Feier (Para mi Celebración) (1909); Das Marien Leben (Vida de María) (1912). Y también de tres obras en prosa: Geschichten von lieben Gott (Historias del Buen Dios) (1899); Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph von Rilke (Canto de amor y muerte del Corneta Christoph von Rilke) (1899); Les Cahiers de Malte Laurids Brigge (Los cuadernos de Malte Laurids Brigge) (1904).

La Primera Guerra Mundial amarga su prolongada y penosa espera, que dura un decenio y que el Poeta rellena con labores vicarias (pero también magníficas, como su traducción al alemán de la poesía de Paul Valéry).

Y la espera se trueca abruptamente en un frenesí creador en febrero de 1922, mientras vivía su última residencia en el Castillo de Muzot, en la Suiza Francesa; frenesí que lo arrastra a dar cima, en pocas semanas, a las 10 Duiniser Elegien: las incomparables elegías empezadas en Duino diez años antes; y a escribir de un tirón los más de 50 sonetos que componen su último libro: Sonetten an Orpheus ( ambos libros están recogidos en el tomo segundo de las Obras Completas de Rilke editadas por Insel Verlag, Frankfurt an Main, en 1984; hay varias versiones al español).

Sobre los Sonetos a Orfeo, con fecha 7 de febrero de 1922, el Poeta dirigió una carta a su amiga Gertrud Ouckama Knoop (Cartas desde Muzot; Cederna, Milán, 1947) para relatarle lo siguiente:

“…Prestigiosa y querida amiga: En unos pocos y ajetreados días, cuando verdaderamente intentaba concentrarme en otras cosas, me fueron donados estos sonetos. Desde la primera mirada comprenderá la razón por la que Ud. debe ser la primera persona en poseerlos. Pues, aunque sea lejana la referencia (un solo soneto, el penúltimo, el XXIV, evoca realmente la figura de Vera en todo el torbellino que le estoy dedicando) éste domina y mueve el desenvolvimiento de todo el poemario, haciendo penetrar más y más -aunque tan secretamente que sólo muy despacio lo reconocí- la irresistible inspiración que me sacudió. Reciba benévolamente estos sonetos en su sagrada memoria…” (pág. 102/3)

Más de cinco semanas después, el 18 de marzo de 1922, recibió la señora Ouckama Knoop otra carta de Rilke (en Cartas desde Muzot, cit.):

Prestigiosa y querida amiga, ante las tristes y penosas tramitaciones que la tenían ocupada en Weimar en la fecha de su última carta (20 de febrero), decidí demorar mi respuesta, pero a disgusto: primero, porque hubiera querido agradecer de inmediato su grata acogida de los Sonetos a Orfeo; y segundo, porque necesitaba confesarle que, en el ínterin ¡el número de esos poemas se duplicó! Los recibirá apenas mi pluma (realmente un poco cansada ahora) tenga un respiro para copiar esta nueva Segunda Parte de los Sonetos…” (pág. 121)

En relación con las Elegías de Duino, en la tarde del 11 de febrero citado, Rilke escribió a Marie von Turn und Taxis (Cartas desde Muzot; cit.)

“…Finalmente, Princesa, finalmente el bendito día, cuán bendito, en que le puedo anunciar completas las Elegías: ¡diez! Por la última, grande (que empecé en Duino: <<Que un día evadido del Laberinto de los bajos pensamientos – júbilo y gloria entoné a los Ángeles en coro concordes>>) por esa última (que ya desde entonces estaba dispuesta como última) me tiembla aún la mano. La terminé hoy, sábado 11, a las seis de la tarde. Todo en poquísimos días, fue una tempestad sin nombre, un huracán del espíritu (como, en otro momento, en Duino) Todas mis fibras y mis tejidos crujían –ni pensar en comer; solo Dios sabe cómo me sostuve…” (pág. 105)

La inspiración artística tiene sus caminos recónditos, impredecibles: en Duino, en 1912, Rilke supo al momento que las Elegías apenas intuidas, apenas esbozadas, serían la cumbre de su obra: lo perfecto dentro del conjunto de una obra ya exquisita. Pero al poco andar, la vena poética súbitamente se cegó, como se pierde la veta entre las moles pétreas de una mina de oro. Después de diez años de paciente espera, en sólo unas pocas semanas el Poeta sintió gozosamente brotar de su pluma las que serían sus dos creaciones supremas, y dos cumbres de la Poesía Universal.

Un paréntesis para hablar de la tarea de traducir del alemán al español: si se trata de una simple nota oficial, requiere un esfuerzo mayor que con una lengua romance; si estamos ya ante la traducción de poesía en alemán, ello ofrece al traductor muchísimas dificultades; pero la traducción de la poesía de Rainer María Rilke lo sumirá en profunda desesperación, por la complejidad y sublimidad del mensaje, expresado en una lengua exacta y llena de sonoridad: una sonoridad muy distinta a la de las lenguas latinas.

Para darnos una idea, creo que podremos medir, a la vez, la enorme distancia entre el alemán y el español y el grado de aproximación entre original y traducción, recurriendo a dos sencillos ejemplos: el de los versos finales del conocido poema Canción de Amor; y el del último terceto del Soneto XXII de los SONETOS A ORFEO (traducción propia):

  1. De ‘Canción de Amor (Liebes Lied):

…Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, die aus zwei Saiten eine Stimme zieht.

Auf welches Instrument sind wir gespannt?

Und welcher Geiger hat uns in der Hand?

O süßes Lied.

Estas dos últimas estrofas del poema realizan musicalmente un rallento gradual, hasta acabar en un susurro: Oh süsses Lied

El traductor al español debe renunciar a ese resultado, y buscar otro tipo de efectos:

Pues lo ya vivido por ti y por mí

Nos liga, al igual que un acorde

Que de las dos cuerdas obtiene una voz.

¿En cuál instrumento fuimos tensados?

¿Cuál violinista nos pulsó en su mano?

¡Dulce canción!

  1. Del Soneto XII (Sonetos a Orfeo) tomamos el terceto final:

Alles ist ausgeruht:

Dunkel und Helligkeit,

Blume und Buch.

Todo es morosidad:

Oscurana y claridad,

Libro y flor.

 ¿Qué valor, qué significado tiene la poesía de Rainer María Rilke para nosotros latinoamericanos, para mí? Es un poeta germanoparlante muerto hace casi un siglo, súbdito del desaparecido Imperio Habsbúrgico. Es vagamente panteísta, habla de dioses y ángeles y es decididamente elitista, mientras yo soy agnóstico, creo en las ciencias y soy decididamente socialista. ¿Entonces?

Bueno, creo ciertamente en las ciencias, pero estoy consciente de sus límites: hay en el Universo un remanente de cuestiones que hasta hoy no han tenido respuesta científica ni filosófica; y las que nos proporciona la Teología tradicional me parecen inaceptables.

Ahora bien ¿cabe un abordaje poético de las grandes cuestiones hasta ahora insolutas? ¿Por qué no? Me parece que el agnóstico, lejos de impedirlo, debe estimular el pensamiento racional en todas las direcciones posibles, y no descalifica a priori “las razones del corazón” que decía Pascal.

Desde joven, Rilke toma conciencia de lo misterioso de la existencia, frente a lo cual la Poesía debe dar respuesta. Bajo la influencia de Nietzsche, que vive ‘la muerte de Dios’, se convirte en lo que Hölderlin llamó “un poeta en tiempos de penuria”. No profesa ninguna religión, y si habla de dioses y ángeles, eso no debe llamar a confusión. Como él mismo lo aclara en una carta dirigida a Witold von Hulewicz el 13 de noviembre de 1925 (Cartas desde Muzot, cit.):

“…El ángel de las Elegías no tiene nada que ver con el ángel del cielo cristiano …

El ángel de las Elegías es esa criatura en la que ya aparece consumada la trasformación de lo visible en invisible que nos esforzamos por llevar a cabo… El ángel de las Elegías es ese ser que garantiza reconocer en lo invisible un rango más elevado de la realidad…” (pág. 325/6)

¿Quién me oiría, si gritase yo, desde la esfera de los ángeles?”

 pregunta Rilke en el arranque de su Elegía Primera; y esto significa la postulación de un mundo no escindido en dos realidades (como están los mundos platónico y cristiano) sino unitario y a la vez complejo, una de cuyas dimensiones (lo abierto: donde están las respuestas que no tenemos) es inasequible desde la cotidianidad. Entonces, la misión del poeta es descubrir el camino que lleva a ese mundo y describirlo y celebrarlo en sus múltiples manifestaciones; y esa es precisamente la fascinante materia que compone sus dos últimos, grandes poemarios, los cuales fueron objeto de un riguroso escrutinio de parte del filósofo alemán Martin Heidegger en la década de los años 40 del Siglo pasado.

Después de la publicación de su libro Ser y Tiempo en 1927, el filósofo alemán Martin Heidegger exploró la que fue llamada una salida o una respuesta poética a los problemas radicales de la Metafísica, y lo hizo mediante una cala en la obra del célebre vate ilustrado Friedrich Hölderlin y en la de Rainer María Rilke, contemporáneo de Heidegger.

En efecto, es en su libro, traducido en Argentina bajo el título de “Sendas Perdidas” y en España bajo el de “Caminos de bosque”, donde Heidegger incluye un ensayo titulado ¿Y para qué poetas? donde concluye una reflexión a propósito de la Elegía de Hölderlin ‘Pan y Vino’. Según la Elegía, como los dioses han abandonado la tierra y esto ha causado grandes calamidades a los humanos, la misión de los poetas en esos tiempos, que son “tiempos de penuria”, es la de decir expresa y poéticamente la esencia de la poesía, como lo hace, en su tiempo, el propio Hölderlin. En ello es donde ve Heidegger la posibilidad de un aporte, desde la poesía, al ámbito de la metafísica. Según él, “

…habría y hay la necesidad única de experimentar lo inexpresado en lo dicho por su poesía por medio de un pensar lúcido. Esta es la vía de la historia del ser. Si alcanzamos esa vía, llevará al pensamiento a un diálogo con la poesía desde la historia del ser …” (pág.202)

Seguidamente el Filósofo se pregunta si Rilke ‘es un poeta en tiempos de penuria’, examina su periplo vital y somete a un exhaustivo análisis el lenguaje de la poesía correspondiente a las Elegías de Duino y a los Sonetos a Orfeo, más otros poemas aislados. Al término de su análisis, Heidegger concluye:

“…Si Rilke es un «poeta en tiempos de penuria» (sin duda lo es), entonces su poesía es la única que responde a la pregunta de para qué es poeta y hacia dónde se encamina su canto, a qué lugar del destino de la noche del mundo pertenece el poeta. Este destino decide qué sigue siendo destinal dentro de esta poesía.” (pág. 238)

Me parece indudable que Rainer Maria Rilke asumió plenamente la misión del poeta “en tiempos de penuria”; y su respuesta fue una obra densa e incomparable, que desafía y seduce; a la vez que (ya cerca de cumplirse los cien años de su muerte) nos convoca al compromiso y a la autenticidad a quienes vivimos esta nuestra época, la cual, más que ninguna otra anterior, merece ser llamada “tiempos de penuria”.

Palabras del doctor Walter Antillón al recibir el Premio Rodrigo Facio

Quiero dedicar estas palabras a mi Alma Mater, la Universidad de Costa Rica. Tengo plena conciencia de lo que las Universidades Públicas, y particularmente mi universidad, la Universidad de Costa Rica, significa para el destino de nuestro pueblo; como instancia del pensamiento académico, de laicidad, de libertad de conciencia. Es la madre que nos ha nutrido, que nos ha hecho fuertes para que a la vez nosotros llevemos su luz a nuestro pueblo.

¿Lo estamos haciendo?

¿Lo estamos haciendo?

En el momento presente la Universidad debe tomar la palabra, y lo hará a través de nosotros, sus hijos.

Levantemos esa honrosa carga. Pongamos a la Universidad en el centro de los grandes debates, en los que se sortea el destino de nuestras instituciones. Es hora de que hagamos retroceder la insolencia de los oportunistas y los ignorantes.

Expondré mi asunto en tres secciones

         Una brevísima introducción histórica general a partir de la Independencia Patria en el contexto mundial.

         Exposición de algunos aspectos político-económicos del País y del Mundo en el Siglo XX,

         Consideraciones acerca de la función de Garantía que corresponde al Poder Judicial dentro del Estado.

  1. Brevísima introducción

 A.- En el primer decenio del siglo XIX en que se gesta la independencia de América Latina, el Imperio Napoleónico está en momentos de auge y España tiene un Rey francés. Una revolución industrial basada en la máquina de vapor y la mecanización de la industria y los transportes ha tomado cuerpo en Inglaterra y pronto pasará a Estados Unidos y al norte de Europa Occidental.

En los decenios siguientes el Imperio napoleónico ha desaparecido, la monarquía francesa ha retomado el poder; y los reinos europeos firman la Santa Alianza para emprender una restauración anti-iluminista; mientras la industrialización iniciada en Inglaterra prospera rápidamente en Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Francia, los Principados Alemanes y el Imperio Austro-Húngaro, cuyas economías se expanden a costa de la clase obrera: es la época del Capitalismo Salvaje.

Por su parte, las flamantes Repúblicas Latinoamericanas pronto se ensarzan en luchas caudillistas y caen en manos de los banqueros, primero europeos, después norteamericanos. Su ingreso al mercado mundial se configura en la forma de productores de materias primas; mientras el Primer Mundo prospera, ellos no acceden a la industrialización ni al desarrollo económico; soportan el extractivismo de grandes enclaves empresariales extranjeros; y cada vez más frecuentemente presentan formas dictatoriales de gobierno. Europa transmite los ideales de la Cultura greco-latina a las elites criollas, pero sus banqueros cobran puntualmente los intereses de la deuda.

La rivalidad entre las potencias conduce a la Primera Guerra Mundial, que produce 7 millones de muertos y más del doble de heridos; y la crisis político-económica de uno de los beligerantes: la Rusia Zarista, hace posible el triunfo de la Revolución Bolchevique y la fundación de la Unión Soviética, cuya sola existencia va a modificar durante más de 70 años la actitud de los Estados capitalistas con respecto de sus obreros en todo el Mundo.

La iniquidad con la que se trató en Versailles a los vencidos de la Primera Guerra, produjo muchos de los gérmenes que condujeron a la Segunda, en la que una Alemania engrandecida y fanatizada por el Nazismo causó la mayor parte de los cincuenta millones de muertos, trágico saldo de dicha conflagración.

El final de la Segunda Guerra produjo la Organización de las Naciones Unidas y su antídoto: la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que terminaría 45 años más tarde con el colapso de ésta y del Socialismo de Europa Oriental.

En el ínterin, la ‘empresa de negocios’ creció en la forma de gigantescos monopolios que se liberaron de los Estados nacionales y que, liderados por los grandes bancos, sometieron la Política a la dictadura de la Economía Financiera; y se dispararon en una competencia feroz que ha deteriorado el ambiente y ha producido el cambio climático que amenaza gravísimamente al Planeta.

El Neoliberalismo es la ideología de este movimiento, y sus brazos seculares son los sempiternos cancerberos reciclados: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que acosan al Tercer Mundo y le imponen la reducción al mínimo de los Estados nacionales.

Hasta ahora las expectativas que tenían nuestras jóvenes Repúblicas de llegar a constituir Estados prósperos y democráticos se han visto frustradas por sus propias debilidades y por la codicia y la mala fe las Naciones del Primer Mundo con las que nos tocó en suerte relacionarnos. Pero la Historia no ha llegado a su fin, como algunos sostenían, de modo que aún podremos aprender de los golpes recibidos y enderezar muchos entuertos que hemos venido padeciendo.

 B.- Me refiero seguidamente a Costa Rica en los años de la Independencia. Una República paupérrima que padece de la casi inexistencia de instituciones educativas. Se estima en un 95% el analfabetismo. En 1821 sólo hay 1 abogado en toda Costa Rica: don Rafael Barroeta y Castilla, que fue miembro de la Primera Junta Gubernativa y muy probablemente, el principal redactor del Pacto de Concordia.

Y así. Por varios decenios continuamos padeciendo de un bajísimo nivel de instrucción general: todavía en 1864, a poco más de 40 años de la Independencia, a pesar de los esfuerzos de Castro Madriz y de la Universidad de Santo Tomás, el analfabetismo es del 75%

Un producto de lo anterior son las graves deficiencias en la preparación de los juristas nacionales durante el Siglo XIX y buena parte del XX; lo cual se revela claramente, entre otros aspectos, en su incapacidad de redactar leyes originales:

Otra muestra es que durante los primeros 20 años de vida independiente, la exProvincia de Costa Rica continuó aplicando la Legislación Colonial Española, incluyendo la Ley de Vagos del rey Fernando VII, que es de 1828, es decir, cuando ya llevábamos 7 años de independencia de España.

A partir de 1840 la legislación patria que se promulga fue copiada literalmente de leyes extranjeras: el caso es que nuestros tatarabuelos no tenían otra salida.

El Código General de Carrillo de 1841 es copia de los Códigos del General Santa Cruz (Bolivia)

El Código de Comercio de 1853 es copia literal del español de 1829.

La Legislación sobre Hipotecas y Quiebras de 1865 es una traducción que hizo el jurista alemán Fernando Streber de sendas leyes del Reino de Prusia.

El Código Penal de 1880 es en gran medida copiado del Código Penal Chileno.

El Código Civil de 1887 es copiado en gran medida del Proyecto que elaboró don Florencio García Goyena para España.

El Código de Procedimientos Civiles de 1887 es copia, algo abreviada, de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881.

El Código de Procedimientos Penales de 1910 está también copiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1872; etc.

Esta situación de dependencia, que fue el resultado objetivo de las debilidades que nos aquejaban en materia jurídica, se prolonga durante gran parte del siglo XX, con algunas honrosas excepciones, como la Ley General de la Administración Pública, la Ley de la Jurisdicción Constitucional y algunas más. Pero, en general, la situación imperante es reveladora de carencias importantes de nuestra formación jurídica que aún tenemos que corregir.

  1. El desarrollo económico-social del País

Todos requete-sabemos que el producto de exportación que introdujo a Costa Rica en la red del Comercio Mundial fue el café. Desde los años 30 del siglo XIX los exportadores costarricenses de café en grano empiezan a recibir divisas extranjeras y eso constituye un motor que potencia el mercado interno, las finanzas y las obras públicas, la banca, el consumo y la inversión.

Un grupo pequeño de cafetaleros se enriqueció notablemente en la segunda mitad del Siglo XIX y comienzos del XX, al combinar la producción del grano, el beneficiado, la exportación y la banca; y los gobiernos de entonces, controlados por ellos mismos, no quisieron ni pudieron gravar sus cuantiosas ganancias con impuestos adecuados, que habrían formado la base de una sólida estructura tributaria a futuro. Cuando lo intenta don Alfredo González Flores en 1916, es tumbado por un golpe de Estado proveniente de la oligarquía cafetalera a la que él mismo pertenecía. Y desde entonces hasta la fecha, Costa Rica ha carecido de aquella estructura redistributiva que fue el soporte del desarrollo de muchos Estados del Primer Mundo.

Gracias a lo que nuestros historiadores han llamado ‘la expansión de la cultura impresa’, provocada por la importación de pequeñas imprentas a partir de los años 30s del siglo XIX, la clase trabajadora nacional llegó a saber acerca de los progresos de la lucha proletaria de Europa y Estados Unidos y del pensamiento de izquierda, anarquista y socialista; hasta el punto de que en 1920, caída la Dictadura de los Tinoco, una huelga general que se riega por casi todas las ciudades del País, consigue que el Gobierno acepte la jornada máxima de 8 horas y un aumento salarial general del 20% .

Con vista del triunfo huelguista, la clase trabajadora inició una etapa caracterizada por una fuerte tendencia a organizarse en sindicatos y otras formas asociativas, aunque no hubiera ninguna ley que regulara esas organizaciones. La tendencia fue luego exacerbada durante la Crisis Económica Mundial, y ampliamente aprovechada por el Partido Comunista que se fundó en 1931 para estimular el desarrollo sindical y político de izquierda, y divulgar el pensamiento marxista; de manera que en el 43, cuando se promulgan las garantías Sociales y el Código de Trabajo, hay una clase trabajadora organizada en más de 200 sindicatos en la Meseta Central, que respalda con fuerza dicha legislación, la cual, en efecto, viene promulgada, a pesar de la furibunda oposición de la Oligarquía nacional.

Pero estamos ya en 1945: termina la 2ª Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría.

A partir de ese momento los EEUU se proponen borrar de América Latina todos los gobiernos, los partidos y los sindicatos que, de cualquier modo, signifiquen ayuda o ventaja para el crecimiento de la influencia Soviética en nuestro Subcontinente y en el Mundo.

De modo que cuando estalla en Costa Rica el conflicto por la anulación de las elecciones del 48 y el levantamiento en armas de José Figueres, la Oligarquía criolla y el Departamento de Estado observan con complacencia el progreso de la insurrección, porque coinciden en el mismo deseo: arrojar del gobierno al trío Teodoro Picado, Calderón Guardia y Manuel Mora:

Por el lado de la oligarquía, el objetivo final es que desaparezcan el Código de Trabajo y las Garantías Sociales;

Por el lado del Departamento de Estado, el objetivo final es borrar el Comunismo de Costa Rica.

Ambos coincidían también en aceptar que sus objetivos fueran alcanzados mediante la toma del poder por parte de Figueres y su grupo.

         Ahora bien, el resultado final que vino con el triunfo de Figueres, defraudó a la oligarquía: porque el Código de Trabajo y las Garantías Sociales se quedaron; pero complació al Departamento de Estado: porque el Partido Vanguardia Popular fue diezmado y proscrito durante 25 años; y durante ese mismo plazo nadie de izquierda pudo postularse para un puesto de elección popular; y el sindicalismo comunista fue, de ahí en adelante, borrado y perseguido implacablemente durante varios decenios hasta quedar eliminado en la Meseta Central.

         Ahora bien, aunque es cierto que el Código de Trabajo y las Garantías Sociales permanecieron vigentes, de hecho sus potenciales efectos fueron minimizados,

  1. Porque un decreto autorizó a los patronos a despedir sin prestaciones a todo trabajador sospechoso de pertenecer, o haber pertenecido a partidos o sindicatos considerados de izquierda;
  2. porque mediante una hábil y permanente combinación de represión y propaganda, los trabajadores en la mayor parte del territorio nacional fueron enseñados

         a rechazar toda idea o proyecto proveniente de organizaciones sospechosamente comunistas

         a renunciar a organizarse en sindicatos, y a no firmar convenios colectivos, ni promover conflictos y huelgas.

         A odiar a sus hermanos trabajadores del sector público, porque éstos sí tenían sindicatos, firmaban convenciones colectivas y hacían huelgas, gozando por ello de un nivel salarial superior y mejores prestaciones laborales.

Porque lo cierto es que, con la sola excepción de los trabajadores bananeros, cuya historia es muy particular, tenemos que por más de 50 años, al no contar con sindicatos que los defendieran, al no contar con los convenios colectivos y el arma disuasiva de la huelga, los asalariados de los empleos y de las empresas privadas quedaron indefensos frente a los patronos: carecían de medios idóneos para defender sus intereses individual y colectivamente (POR EJEMPLO, no pudieron sostener una lucha eficaz por un aumento adecuado del salario, por la reducción de la jornada laboral, prestaciones familiares, educativas, etc.), de modo que la condición social y el nivel económico de ese sector mayoritario de los costarricenses fueron perdiendo terreno en general, y por contraste con lo que estaba ocurriendo con los trabajadores del sector público.

Pues, en efecto, gracias sobre todo a la institución del Servicio Civil, en Costa Rica el Estado/Patrono no puede aplicar el despido inmediato al empleado público, sino que debe justificarlo mediante un procedimiento administrativo cuya decisión final puede ser impugnada en vía judicial, etc., etc.

Así las cosas, los sindicatos públicos han podido en general resistir las arremetidas de los gobiernos. Lo cual, en la práctica, se ha traducido para ellos en estabilidad y permanencia en el empleo como situaciones normales. Lo cual ha permitido a los empleados públicos, en ejercicio de sus derechos legales y constitucionales, consolidar una experiencia sindical de lucha y negociación que dura ya varios decenios: que ha consistido precisamente en discutir y firmar convenciones colectivas para mejorar sus salarios, su seguridad laboral, sus vacaciones, su régimen de pensiones, etc., o recurrir al instrumento legítimo de la huelga como medida de presión.

Habiendo sido ésta la realidad laboral costarricense, el resultado en lo que ha correspondido a los empleados, los obreros y los trabajadores agrícolas del sector privado, es que los mismos han sufrido, por varias generaciones, un inicuo despojo en sus derechos sociales, económicos y culturales cuyas desastrosas consecuencias son inconmensurables, al cual me he referido extensamente en otras sedes.

La actual brecha económica existente entre ricos y pobres en Costa Rica, es un claro espejo que nos permite ver a dónde fueron a parar los recursos que, durante decenios, fueron escatimados a la clase trabajadora del sector privado, por no haber podido ejercitar oportunamente sus derechos y garantías laborales. Pero, naturalmente, el daño sufrido no se detiene allí, según lo que ahora voy a decir.

Mi tesis, basada en la experiencia histórica de otros países, es la siguiente: los trabajadores que están sindicalizados y han alcanzado seguridad, estabilidad, capacitaciones, promociones, mejoras, y más conciencia de sus derechos por medio del ejercicio de sus instrumentos de lucha: la huelga y las convenciones colectivas, están más motivados y mejor preparados para participar activamente en los procesos políticos nacionales y locales en defensa de sus intereses de clase.

Y viceversa: los trabajadores aislados, que carecen de protección sindical, que son explotados y no pueden ejercitar aquellos instrumentos de lucha, de modo que su estabilidad y sus condiciones de trabajo dependen de la voluntad unilateral de los patronos, suelen carecer de conciencia y motivación de clase, de modo que sus opciones políticas son inauténticas y oscilan al vaivén de la propaganda de las campañas electorales.

Lo anterior se confirma aquí, en la Meseta Central, con sólo comparar la actitud y las trayectorias del sector laboral público, sindicalizado, politizado y combativo, con las del sector laboral privado, ausente de la palestra político-social, invisibilizado e inerte. El primero, protagonista de históricas luchas cívicas y suscriptor de convenios colectivos que acarrearon bienestar y seguridad a sus trabajadores; el segundo disperso, soportando impotente despidos arbitrarios, fijaciones salariales por debajo del costo de vida y otros abusos semejantes, con un costo trágico para la gran mayoría de sus miembros, que forman parte del quintil más numeroso y más pobre en la estratificación económica del País.

Recapitulemos: lo que ocurrió es que la generación de los trabajadores del sector privado que protagonizaron la Huelga de 1920 y que formaron cientos de sindicatos en la década de los 40, son los padres de los trabajadores que a partir de 1948 sufrieron represión, persecuciones por ser sindicalistas, y la cancelación arbitraria de sus sindicatos; y son los abuelos y bisabuelos de los trabajadores del sector privado que, desde las décadas finales del Siglo XX y en lo que va del Siglo presente ya no participan en ninguna lucha y más bien dicen odiar los sindicatos.

Recordemos que a partir de 1948 los trabajadores costarricenses estuvieron, en su gran mayoría y por más de seis períodos electorales, privados de su legítimo derecho de optar por candidatos de la izquierda; y sometidos a la disyuntiva de no votar, o de hacerlo por alguno de los candidatos disponibles: los conservadores del Partido Unión Nacional o los socialdemócratas del Partido Liberación Nacional. De manera que, aparte de un alto porcentaje que se abstuvo, los restantes terminaron por inclinarse hacia Liberación Nacional, tal vez por ser aparentemente el más progresista de los dos (lo cual se manifestaba en el acelerado desarrollo de las empresas e instituciones públicas en el programa de dicho Partido, durante las administraciones de Figueres, Orlich y Oduber); y posteriormente por la opción Social Cristiana (o ‘Calderonista’) que reaparece con la candidatura del liberal José Joaquín Trejos Fernández.

Aquella masa amorfa de trabajadores a los que se les había cercenado su derecho a sindicalizarse, que nunca, durante más de 50 años participó en una huelga o firmó un convenio colectivo, en el plano de la política nacional aportó la materia prima de ese electorado costarricense mayoritario que conocemos, propio de la época del Bipartidismo, que no se expresa, que no protagoniza un rol propio en la esfera de lo público; que entonces oscilaba mecánicamente cada cuatro años, contribuyendo involuntariamente a conformar la elogiada “alternabilidad en el poder” que caracterizó un tiempo a la Democracia costarricense, según algunos panegiristas.

Si aquellos trabajadores, herederos de una honrosa tradición de lucha, no hubieran sido acosados durante tres generaciones hasta obligarlos a renegar de los derechos a la sindicalización y a la huelga (que eran y siguen siendo sus derechos legítimos); si no se les hubiera limitado su opción de voto durante 25 años; si no les hubieran llenado la mente de odios y temores, muy probablemente el panorama nacional de partidos, diputaciones y gobiernos hubiera sido muy diferente de lo que ha sido.

Al repasar el devenir político de ese período nos parece inexplicable, irrazonable que el electorado costarricense, formado mayoritariamente por las clases pobres, a partir de la Administración Monge Alvarez y hasta la fecha haya votado siempre por candidatos neoliberales que, usando alternativamente distintas etiquetas, siempre lo han defraudado; hasta que al fin entendimos que durante ese largo período, los pobres del campo y de las ciudades han sido adiestrados para optar por lo irrazonable.

El grupo de intelectuales que fundó en 1940 el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales: Rodrigo y Gonzalo Facio, Fernando Fournier, Carlos Monge, Isaac Felipe Azofeifa, Daniel Oduber, Jorge Rossi, Alberto Cañas y otros constituyó, junto con estudiosos como Emilio Valverde Vega y Alberto Martén, la base teórico-ideológica en que se fundó José Figueres y el Partido Liberación Nacional para consolidar los fundamentos normativos e institucionales del Estado Social de Derecho en Costa Rica, apoyándose para ello en los valiosos aportes de don Alfredo González Flores (Banco Nacional), de don Ricardo Jiménez (Instituto Nacional de Seguros) y de Rafael Angel Calderón Guardia (Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense de Seguro Social), en asocio con Monseñor Sanabria y Manuel Mora (Garantías Sociales, Código de Trabajo); para no hablar de la precursora Fábrica Nacional de Licores, fundada por Juanito Mora en 1853. Entre todas estas instituciones destaca la Caja Costarricense de Seguro Social que en 1973, en la última administración de don Pepe Figueres, llegó a la universalización de sus servicios en beneficio de los más necesitados, y a mantener un ritmo creciente de expansión de sus servicios que sólo se detuvo por obra de los presidentes neoliberales a partir de Oscar Arias.

Aquel nuevo modelo del Wellfare State estaba constituido institucionalmente por la Banca nacionalizada (cinco bancos) y otras muchas instituciones y empresas de propiedad del Estado que cubrían una amplia gama de bienes y servicios: además de la Caja, el INS y FANAL ya mencionadas, estaban el ICE, CODESA, Acueductos y Alcantarillado, el Consejo Nacional de Producción, Fertica, Alcorsa, Cempasa, Incofer, Recope y otras. Era el Estado Empresario y Paternalista que permitió el protagonismo político y económico de las capas medias y el acceso general a los servicios públicos, pero continuó durante decenios alentando la persecución sindical y la neutralización ideológica y política de la clase trabajadora.

Modelo que a la larga mostró grandes deficiencias, no por aquello de que “el Estado es el problema” como decía el loro de Reagan siguiendo los dogmas neoliberales, sino porque la corrupción del poder y el burocratismo invadieron el Bipartido que acaparó el poder; y porque, por miedo al viejo fantasma del Comunismo, el proyecto nunca incorporó activamente a la clase trabajadora del sector privado, cuya productividad se mantuvo constantemente a la baja.

Al iniciar los años 80s tocaron a la puerta de los países del Tercer Mundo los filántropos del FMI y el Banco Mundial, dispuestos a salvarnos si adoptábamos sus Planes de Ajuste Estructural. En primera estancia salieron expulsados de Costa Rica por el Presidente Rodrigo Carazo, Presidente de la Dignidad, cuyo gesto le costó al País la revancha imperialista de una severa crisis económica, y a Carazo le costó la pulverización de su carrera política.

Pero Carazo tenía razón: los planes de ajuste estructural y luego los TLC con Estados Unidos no nos ahorraron las crisis económicas ni nos libraron de la deuda, que continuó creciendo, ni contribuyeron a sacar a los trabajadores del umbral de la pobreza; sólo sirvieron para engordar los bolsillos de las oligarquías nacionales y transnacionales y aumentar la dependencia de nuestros países.

El ajuste estructural del Estado costarricense empezó con Luis Alberto Monge (que pasó de joven sindicalista a viejo neoliberal) y siguió avanzando a ritmos variados con todos los demás presidentes que hemos tenido, hasta la fecha.

En el camino recorrido desde entonces, hemos visto el constante acoso y el paulatino desmantelamiento de nuestro Estado Social de Derecho: apertura del servicio bancario y cierre del Anglo y del Crédito Agrícola; las ventas de Fertica y Cempasa: empresas pujantes; la apertura de los seguros y la privatización del INS; apertura de la educación superior y acoso de las universidades públicas; el cierre de Incofer; apertura de la telefonía celular y acoso y desfinanciamiento del Ice; desfinanciamiento de la Caja y fuerte favorecimiento de los hospitales privados, que en pocos años se hicieron gigantescos; etc.

En particular, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad son sendos ejemplos, paradigmáticos de instituciones poderosas que fueron expresamente debilitadas y desmanteladas por Gobiernos y juntas directivas en los que predominaba el propósito final de suprimirlas, suplantando sus servicios por los de la empresa privada.

Por su parte, el TLC con los Estados Unidos significó, entre muchos otros inconvenientes, la perdida de la ‘soberanía jurisdiccional’ de los Estados Centroamericanos y la República Dominicana. Me explico: desde hacía más de un siglo nuestra Constitución (como todas las de Latinoamérica) disponía que los inversionistas extranjeros debían ventilar sus diferencias patrimoniales ante los jueces del País; ahora, por disposición del TLC, esos inversionistas pueden demandar al Estado ante paneles arbitrales internacionales; lo cual, de hecho, ha significado una inicua sangría en la económica de nuestros países y un grave debilitamiento para los Estados afectados.

Como quiera que sea, es notorio que el ajuste estructural que las citadas agencias financieras internacionales pretendieron empezar a implementar en Costa Rica durante la Administración Carazo, hace más de 40 años, no avanzó con la rapidez esperada por ellos y todavía se encuentra a medias. Eso tuvo que producir, en cierto momento, una reacción de parte de los ‘directores del proyecto’. ¿Qué pasa en Costa Rica? ¿Por qué la vigencia plena del TLC duró más de 4 años en completarse, e incluso estuvo a punto de naufragar, cuando en los demás países suscriptores tardó algo más de un año como promedio? ¿Por qué cada paso adelante del ajuste intentado por cada gobierno de turno en Costa Rica despierta reacciones populares que van desde marchas y bloqueos de carreteras hasta huelgas prolongadas de parte de maestros y escolares, transportistas, empleados públicos, estudiantes y profesores universitarios, etc?

Vino la reacción neoliberal: se tomaron algunas medidas: se endurecieron algunas leyes, se criminalizó la protesta callejera; menudearon las acusaciones, las detenciones y los juicios contra estudiantes y trabajadores. Pero como la cosa seguía, alguien propuso atacar directamente las fuentes de la resistencia, es decir: los empleados públicos, con sus sindicatos y sus fueros; y especialmente los maestros y profesores de escuelas y colegios públicos, así como las universidades públicas y su autonomía jurídica y financiera.

Porque, en efecto, quienes en estos tiempos neoliberales han defendido eficazmente a las instituciones autónomas no fueron sus juntas directivas; han sido los sindicatos del sector público, los estudiantes y profesores y sectores de población que responden al llamado de los partidos de izquierda.

Entonces pareció necesario que los gobiernos respondieran destruyendo aquellos focos de resistencia con sendas medidas puntuales, y las respuestas puntuales han aparecido en los dos últimos Gobiernos.

Porque, en efecto, podemos ver que, invocando maliciosamente una gravísima crisis fiscal, a partir del 2018 durante el Gobierno Alvarado se aprueban leyes dirigidas a centralizar poder en el Ejecutivo, y a debilitar instituciones como los órganos judiciales y las universidades públicas; a socavar los sindicatos públicos, derogar las convenciones colectivas, reformar las leyes laborales y desvirtuar la huelga como arma de lucha de los trabajadores.

Y respecto al Gobierno Chaves Robles, aunque apenas comienza, ya mostró el Presidente su talante autoritario frente al Poder Judicial, así como sus intenciones con respecto al FEES y al Banco de Costa Rica, lo que parece un claro indicio de continuidad de la línea seguida por el Gobierno anterior.

También se ha rebelado necesario en la política de ajuste estructural poner al servicio de la causa o, en todo caso, neutralizar toda instancia institucional de control jurídico que pudiera poner reparos; lo cual ya había sido advertido por las cúpulas políticas con respecto al Poder Judicial desde hace ya algunas décadas. De ello me ocuparé seguidamente.

 3.- La función de garantía del Poder Judicial

Lo que hemos dicho de la situación del País en el Siglo XIX: su bajo nivel de educación en general; y lo que hemos dicho en particular de la Universidad de Santo Tomás en materia jurídica, ayuda a entender los problemas de la Justicia causados básicamente por la inopia de jueces y abogados y su deficiente formación.

Esto se refleja fuertemente en el diseño y la redacción de las Constituciones y la organización de la Justicia, generalmente adaptados o copiados de manera más o menos literal de modelos extranjeros. Así, a la pregunta que más nos interesa:

¿quién nombra a los jueces, conjueces o magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Las respuestas en Costa Rica oscilaron entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero, en todo caso, la solución que prevaleció y se mantiene hasta la fecha es básicamente la que ofrece la Constitución de 1859 en su artículo 69, inciso 3º:
 “…Artículo 69.-Ambas Cámaras se reunirán en Congreso presidido por el Presidente de la de Senadores, para ejercer las atribuciones siguientes:

 

1ª.- (…)

2ª.- (…)

3ª.-Nombrar los Magistrados de la Cortes Suprema de Justicia y los Conjueces de que habla el artículo 132, sección 2ª, título 9º de esta Constitución: recibir a aquellos y al Presidente de la República el juramento constitucional: admitir o no las renuncias de todos los individuos de los Supremos Poderes; y resolver las dudas que ocurran en el caso de incapacidad física o moral del Presidente de la República, declarando si debe o no procederse a nueva elección…”

Con algunas variaciones, esa fórmula fue reproducida en la Constitución de 1871.

Ahora bien, en la época en que vivimos, en razón de los avances de la teoría política y la doctrina constitucionalista, sabemos que poner el destino de los llamados a juzgar en manos de los que serían juzgados por ellos es UNA PÉSIMA SOLUCIÓN; pero nuestros tatarabuelos no se percataron, debido a su impreparación jurídica y al atraso general de la doctrina de la época en materia constitucional.

Sin embargo, muchas concepciones jurídicas operantes en ese mismo tiempo, como el trato vejatorio dado a los llamados “hijos naturales”, la prisión por deudas, los delitos de adulterio y de sodomía, las penas de mutilación corporal, etc., ahora son rechazadas por bárbaras o simplemente anticuadas y fueron derogadas de todos los códigos civilizados.

¿Por qué sigue vigente entre nosotros aquella antigualla del nombramiento de los magistrados por parte del cuerpo legislativo, que quedó consagrada en el artículo 158 de la Constitución ( que dice literalmente:

 “…ARTÍCULO 158.-Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho años…”)?

Porque creó redes de poder institucional a las cuales sus titulares (aparentes y ocultos) están fuertemente apegados.

Este sistema de nombramiento de los magistrados de la Corte había sido denunciado en 1907 por don Antonio Zambrana, jurisconsulto cubano que ejerció una benéfica influencia sobre la flamante intelectualidad costarricense de fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Apuntaba certeramente Zambrana que dicha forma de nombramiento introduciría la política en la administración de la Justicia; y muchas pruebas elocuentes de ello fueron aportadas por varios diputados procedentes de distintos partidos, en los debates de la Asamblea Constituyente de 1949.

Leyendo las actas respectivas se comprueba que todos los diputados que intervinieron en la polémica alrededor de la propuesta de la Fracción Social-Demócrata, estaban de acuerdo en que el sistema de nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa había dado pésimos resultados en lo que iba del siglo; que durante la vigencia de dicho sistema se habían registrado abusos y humillaciones contra magistrados que habían sido intachables, como don Alfonso Barrantes, el presidente don Luis Dávila y otros.

Sin embargo, no hubo acuerdo en la Constituyente sobre los cambios a implementar, y al final ocurrió lo increíble: quedó aprobada una versión del viejo e impresentable sistema de las Constituciones del 59 y del 71, que todos criticaron y nadie defendía.

Así las cosas, después del 49 los gobiernos liberacionistas ejercieron por mucho tiempo un discreto dominio sobre la Corte Suprema, que se notaba sobre todo en los mayoritarios rechazos de los recursos de Hábeas Corpus y de Inconstitucionalidad, y en un crecimiento de la impunidad en delitos de cuello blanco.

Una sana reacción de la Justicia contra la impunidad no provino entonces de la Corte, sino de los fiscales y jueces garantistas de primera instancia y de apelación, a través de un proceso gradual:

Figueres Ferrer y Oduber, con claros episodios de corrupción, nunca fueron molestados; Monge fue procesado y absuelto al final; no así su Secretaria, que resultó condenada. Poco después los nuevos jueces, fiscales y defensores hicieron el cambio a partir del cual muchos de aquellos delitos de cuello blanco fueron condenados; dos expresidentes fueron a la cárcel y un tercero se alejó preventivamente del País. En esa etapa nuestros jóvenes garantistas emularon a los magistrati italianos de la llamada ‘Operación Manos Limpias’, que a fines del Siglo XX escribieron una página gloriosa en la historia judicial del Mundo.

Entre tanto, la corrupción política había penetrado de nuevo por aquella brecha que ofrecía el nombramiento/enganche de los magistrados por parte de los políticos, lo cual quedó claro en el conocido affaire de la reelección presidencial, así como en la promulgación del TLC y sus leyes complementarias. Y después vinieron otros casos que todos recordamos, y que nos han permitido comprobar que el blanco preferente de los ataques ha sido la Sala Penal y la Sala Constitucional, pero que la Corte entera se encuentra en asedio.

Por esa razón está creciendo en el seno de la Judicatura toda, la exigencia de un cambio radical en la estructura de la Institución Judicial, que aleje de sus mandos todo tutelaje proveniente de las cúpulas políticas y de los poderes de facto. Es preciso que la Corte misma, y la propia Asamblea Legislativa, reaccionen en esa dirección, aunque ello signifique renunciar a prácticas de poder que halagan vanidades personales, pero que son fatales para la institucionalidad del País. La majestad de la Justicia debe ser restaurada por el camino de la independencia y la dignidad de sus sacerdotes.

Aunque está en sus inicios, el actual Gobierno muestra respecto del anterior una continuidad que nos permite percibir, por encima de ambos, la intensificación de la conducción superior del Fondo Monetario y del Banco Mundial, dispuestos a acabar con las resistencias locales (sindicatos, universidades públicas, partidos de izquierda) que estorban y retardan precisamente el proceso de ‘ajuste final’ del Plan de Ajuste Estructural.

 Y al cabo da uno en pensar que quizás el Presidente Chaves Robles no ha dejado del todo el Banco Mundial, sino que siente a Costa Rica como un nuevo destino en su carrera proconsular: de ahí su tono, no de un presidente constitucional, sino de un mandarín, habitual quizás durante los años de su mandato asiático. Pero no hay que confundir: Indonesia, hasta hace relativamente poco tiempo, estuvo sometida al dominio plurisecular de una potencia colonial.

Debemos tener fe en las reservas democráticas de nuestro Pueblo, que no sin sacrificio conseguirá finalmente sacudirse las rémoras del fanatismo y la irracionalidad que acechan desde las tiendas de algunas organizaciones advenedizas. La movilización de la clase trabajadora que crece y se integra bajo renovadas agrupaciones sindicales, y la conciencia de los alumnos y los profesores de nuestra Alma Mater y otras universidades y corporaciones cívicas, feministas, indígenas, deben constituirse en la alternativa humanista y democrática contra los abanderados del ‘ajuste’ que, agitando las sinrazones financieras de la oligarquía transnacional, pretenden reducir y vanificar el Estado Social y Constitucional de Derecho, transformando la comunidad ciudadana en un puñado de “recursos humanos”, y en mercancía el sagrado territorio.

Esto es un llamado a renovarnos, agruparnos y luchar. Otro mundo es posible.

Nota editorial: Puede descargar el PDF para imprimir y compartir.

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2022/10/Palabras-de-Walter-Antillon-al-recibir-Premio-Rodrigo-Facio.pdf

Walter Antillón Montealegre es Premio Rodrigo Facio 2022

Nuestro querido Walter Antillón Montealegre, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UCR es el Premio Rodrigo Facio 2022.

Merecidísimo reconocimiento que dignifica aún más, al grupo de prestigiosas personalidades que se han «destacado por su aporte al desarrollo político, social, económico y de la justicia social del país».

Conjunto selecto conformado por Manuel Mora Valverde, Isaac Felipe Azofeifa, Jorge Manuel Dengo, Rodrigo Carazo, Fernando Soto Harrison, Rodrigo Madrigal Nieto, María Eugenia Dengo, Hilda Chen-Apuy, Jorge Romero Pérez, Guido Miranda, Elizabeth Odio, Daniel Camacho, María Eugenia Bozzoli y José María Gutiérrez.

Con especial regocijo recibimos la fresca noticia y la compartimos para que igualmente la celebren nuestros amigos y los muchos amigos de ese gran compañero de patrióticas causas.

Muchas felicidades Walter.

Freddy Pacheco León

La propuesta del grupo socialdemócrata. (Un episodio de Historia Constitucional)

Walter Antillón

En memoria de Fernando Baudrit Solera y Fernando Fournier Acuña,
paladines de la independencia judicial

Hoy día casi nadie en Costa Rica recuerda que en el año de 1949, apenas convocada la Asamblea Constituyente, un grupo de intelectuales cercano a la Junta Fundadora de la Segunda República (gobernaba de facto desde hacía algunos meses) propuso oficialmente un Proyecto de Constitución moderadamente social-demócrata; un Proyecto que la aplastante mayoría conservadora de la Asamblea desechó in limine con argumentos deleznables, optando por utilizar la vieja Constitución de 1871 como modelo a seguir en la redacción de la nueva Carta.

Ello a la postre constituyó, indudablemente, una gran pérdida, porque dicho Proyecto era mucho más moderno y amplio que la vieja Constitución, y que la actual; y en particular, su Titulo VIII, dedicado al Poder Judicial, desarrollaba en 17 enjundiosos artículos, una concepción más racional y garantista que la de las Constituciones anteriores; siendo que éstas, entre otros vicios, en el mecanismo del nombramiento de los Magistrados, colocaban a la Corte Suprema de Justicia en riesgo de sufrir la politización y el sometimiento a las cúpulas políticas y fácticas del País.

Así por ejemplo, en lo que atañe al nombramiento de los magistrados, los artículos 153 y 157 del Proyecto Socialdemócrata aportaban una mejora sustancial con respecto al sistema de la Constitución de 1871, pues proponían la elección a partir de ternas escogidas por la Corte, y planteaban la inamovilidad de los magistrados en sus cargos. Veamos los textos:

Artículo 153. Los Magistrados serán elegidos por la Asamblea Legislativa, necesariamente de entre los candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia, en número de tres por cada uno que deba nombrarse. La integración de las ternas se hará por voto secreto no inferior a la mitad más cualquier fracción total de los Magistrados que componen la Corte; en la designación se procurará dar preferencia a los funcionarios del Poder Judicial; pero, en todo caso, uno de ellos debe figurar siempre en cada terna.”

Artículo 157. Los Magistrados tendrán derecho a conservar su puesto, mientras dure su buen desempeño y no hubieren cesado en sus funciones, y a gozar de pensión de retiro en los términos que fije la ley, salvo en el caso de destitución. No podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa o por los otros motivos legales dentro del régimen disciplinario respectivo; en este último caso, por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, votando en secreto por no menos de dos tercios del total de sus miembros.”

Del análisis del artículo 153 del Proyecto extraemos las siguientes disposiciones:

  1. La Asamblea legislativa tiene una potestad limitada en la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para evitar que su intervención no se traduzca en influencia política que socave la independencia de aquellos.

  1. La limitación de dicha potestad consiste en que la elección que haga la Asamblea debe recaer necesariamente en uno de los tres nombres contenidos en una terna escogida por la Corte. El acto de elección de los magistrados por la Asamblea se convierte así en una mera solemnidad, como corresponde en obsequio de la paridad entre dos poderes supremos.

  1. La Corte, un colegio de jueces expertos en la función jurisdiccional, tiene la potestad de designar, con buen criterio, las personas que integrarán la terna que se someterá a la Asamblea.

  1. La Corte integrará la terna mediante el voto secreto de la mayoría absoluta de los Magistrados, para garantizar a éstos una plena libertad de elección.

  1. En la designación de los candidatos, la Corte ‘procurará dar preferencia’ a los jueces en propiedad pertenecientes al Poder Judicial, pues se considera que ellos están mejor calificados, porque presuntamente dominan mejor el oficio de juzgar.

  1. Por lo menos uno de los integrantes de la terna será necesariamente un juez en propiedad perteneciente al Poder Judicial. De hecho, la Corte podría colocar dos o tres jueces en la terna; pero la regla comentada sirve para asegurar en cualquier caso su presencia.

En cuanto al artículo 157, de su análisis se desprende la intención de la Comisión redactora del Proyecto Socialdemócrata de otorgar a los Magistrados de la Corte la inamovilidad en sus cargos ‘mientras dure su buen desempeño’. Se trata de una disposición que hoy es una regla de oro que, en los países civilizados, atañe a todos los jueces, fiscales y defensores del sistema de Justicia.

Ahora bien ¿por qué motivo estas propuestas más que razonables no llegaron a formar parte de nuestra Constitución vigente?

La discusión del Título relativo al Poder Judicial consta en las Actas números 139-148 de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, de las cuales extractaremos las piezas pertinentes a nuestro propósito.

  1. Acerca de la inamovilidad de los Magistrados

En el Acta No. 139 del 29 de agosto de 1949 encontramos la propuesta del artículo ‘de la inamovilidad’, redactado por la Fracción Socialdemócrata, y presentada al pleno por el diputado Fernando Fournier Acuña, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Veamos el Acta:

“ …En relación con el artículo ciento veintitrés, la fracción Social Demócrata presentó moción para que se lea así:

Los Magistrados tendrán derecho a conservar su puesto, mientras dure su buen desempeño y no hubieren cesado en sus funciones y a gozar de pensión de retiro en los términos que fije la ley, salvo en el caso de destitución. No podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa o por los otros motivos legales dentro del régimen disciplinario respectivo; en este último caso, por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, votado en secreto por no menos de dos tercios del total de sus miembros”.

El Licenciado FOURNIER explicó que el artículo anterior pretende establecer lo que la ciudadanía ha venido anhelando por espacio de muchos años: la inamovilidad de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de ponerlos al margen de los vaivenes de la política. Luego indicó que todo el título del Poder Judicial del Proyecto del cuarenta y nueve, se basó fundamentalmente en el similar de la Carta de mil ochocientos setenta y uno. Añadió que su Partido -el Social Demócrata-, ha pensado que la independencia del Poder Judicial se garantiza decretando la inamovilidad de los Magistrados.

El Diputado FOURNIER hizo uso extensamente de la palabra, conceptos que se reproducen en el acta. Manifestó que, en su concepto, de no aprobarse la inamovilidad, todo el edificio constitucional que estamos creando, quedaría desquiciado. La inamovilidad, como una de las mayores conquistas democráticas de los pueblos, es la condición esencial para disfrutar de una Corte Suprema de Justicia bien integrada, que sea una verdadera garantía para todos los ciudadanos, sin discriminaciones de ninguna clase, libre de influencias extrañas. La Corte viene a ser -de acuerdo con el nuevo texto constitucional- algo así como el contrapeso de los otros Poderes, que garantiza la justicia por igual de todos los costarricenses. Hay que tener presente que la Corte no sólo va a resolver los conflictos de carácter particular, sino también otros de gran importancia planteados entre los particulares y el Estado. Si las disposiciones de la Corte van a estar tachadas de politiquería, todas esas garantías que hemos creado para los costarricenses -como por ejemplo, el recurso de Hábeas Corpus y el de Amparo- vendrán a quedar por el suelo, y en su calidad de simples principios teóricos, inoperantes en nuestra realidad. Tampoco debe olvidarse que la Corte va a nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, bajo cuyo patrocinio se van a efectuar los procesos electorales. Si la Corte va a estar integrada con un carácter político, la pureza electoral se habrá esfumado también de nuestro medio, pues el partido político mayoritario, a través de la Asamblea Legislativa, decidirá en la integración de aquélla. La Corte, entonces, vendrá a ser un reflejo de los intereses políticos que imperan en la Asamblea Legislativa. Ahí está precisamente el peligro. Para evitar ese peligro, es fundamental decretar la inamovilidad de los Magistrados, para que éstos no estén sometidos a los vaivenes de la política.

En apoyo de la moción de FOURNIER acudió don Fernando Baudrit Solera, quien fue también Profesor y Decano de la Facultad de Derecho, Rector de la Universidad de Costa Rica y finalmente Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El Representante BAUDRIT SOLERA se pronunció en términos que íntegros se publican en “La Gaceta”. Manifestó que en ocasión anterior, había expuesto las razones por las cuales la Comisión Redactora del proyecto del cuarenta y nueve había adoptado el sistema de la inamovilidad de los Magistrados. En el seno de la Comisión se discutieron extensamente los beneficios e inconvenientes de ese sistema, que son, estos últimos, los señalados por el señor Arias y aun otros más. El sistema, es claro, tiene sus desventajas. Pero si colocamos sus inconvenientes frente a los del sistema actual, que deja en manos de un cuerpo político, como es el Congreso, la integración de la Corte, llegamos a la conclusión de que es fundamental adoptar el sistema de la inamovilidad de los Magistrados. Agregó que prácticamente el país ha venido viviendo este sistema de la inamovilidad, pues algunos buenos Magistrados han sido reelectos sucesivamente, salvo contadas excepciones y aun cuando tales reelecciones hayan tenido a veces origen político. En cuanto a la idea del señor Arias (don Juan Rafael) de alargar el período a los señores Magistrados, no le parece conveniente por las razones que pasó a exponer. Un abogado electo Magistrado tendrá que abandonar su bufete. Si a él vuelve pasados diez años, por ejemplo, le será muy difícil, si no imposible, recuperar su clientela. Eso le obligaría a acudir al Congreso para influir en el ánimo de los señores Diputados con el propósito de lograr su reelección. Siendo que muchas veces los Diputados abogados tienen asuntos pendientes en los tribunales, tal procedimiento vendría a acarrearnos grandes males, pues aquellos también tratarían de influir en el ánimo de los miembros de la Corte. Por esa y otras razones, fue que en el seno de la Comisión Redactora -continuó diciendo el señor Baudrit-, propuso que los representantes en la Asamblea Legislativa que fueran abogados mientras durasen en sus funciones, no pudiesen ejercer su profesión, moción que cree sólo contó con su voto. Insiste en que el mejor sistema es el de la inamovilidad, que ha dado tan buenos resultados en los países que lo han adoptado, como Brasil, Chile, Argentina, Cuba y los Estados Unidos. Si en esos países el sistema ha dado tan buenos resultados, ¿por qué razón no adoptarlo entre nosotros, máxime si el sistema actual permite abusos, que ya se han cometido? Aclaró el Licenciado Baudrit que la inamovilidad de los Magistrados se mantiene, mientras cumplan a cabalidad su función y no es absoluta. El mismo proyecto del cuarenta y nueve, en sus artículos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta, establece las causales de cesación y de destitución. Agrega que un artículo transitorio del Proyecto de mil novecientos cuarenta y nueve, dijo que le corresponderá a la próxima Asamblea Legislativa integrar la Corte Suprema de Justicia. Debemos pensar que la Cámara procederá en la mejor forma, a efecto de integrar una Corte que merezca la más absoluta confianza a todos. Concluyó el orador diciendo que mantener el sistema actual le parece un gravísimo error.

Muchos otros constituyentes se sumaron a la tesis de la inamovilidad, recordando situaciones en las que se demostraba la influencia politiquera que acarreaba el régimen de la Constitución de 1871. Aduzco como ejemplo, entre muchos, el testimonio del Diputado don Manuel Antonio González Herrán, prestigioso abogado litigante de San José:

“ …El Diputado GONZALEZ HERRAN declaró que su voto será favorable a la moción planteada. La razón fundamental que lo mueve a otorgar la inamovilidad a los Magistrados, es la de preservar al Poder Judicial de toda influencia extraña, para que se maneje con absoluta independencia. Añadió que no fue a partir de 1940 que se operó la intervención de la política en el Poder Judicial. Ya antes aun cuando el Presidente no influía poderosamente en el nombramiento de los Magistrados los abogados nos dábamos cuenta de lo difícil que era litigar contra un Diputado. Para el país es de muy graves consecuencias que los Diputados, supremos electores de los integrantes de la Corte, tengan juicios pendientes con la justicia. De ahí que opina que a los Altos Jueces que integran la Corte, debe colocárseles al margen de toda posibilidad de quedar bien o mal con los que son sus electores. Los intereses políticos privaban en la elección de los Magistrados cada cuatro años. Es por estas razones, que no puede aceptarse el sistema vigente, que tan pésimos resultados ha dado en nuestro medio, especialmente en los últimos años. Si no se consagra la inamovilidad -concluyó el señor GONZALEZ HERRAN-, nos estaremos exponiendo a padecer los inconvenientes de Magistrados interesados en conseguir los votos de una mayoría parlamentaria. Mientras los Altos Jueces que integran la Corte cumplan con sus obligaciones, deben mantenerse en sus puestos.

La moción de Fournier y Baudrit recogió muchas adhesiones como la que acabo de transcribir, y no tantas opiniones contrarias, pero a la hora de votarla, sorpresivamente fue rechazada. Esa mayoría contraria no contaba en realidad con muchos argumentos; pero parece ser que el desconocimiento de la materia y el miedo a todo lo que es nuevo en muchos de los constituyentes; o el mero espíritu de contradicción; o la conveniencia que les reportaba el sistema vigente a aquellos que ejercían la ‘abogacía política’, etc., hicieron su trabajo.

La tragedia estuvo en que ninguno de los tenaces opositores, como por ejemplo el cartago Mario Alberto Jiménez o el herediano Fernando Vargas, propuso alternativas al sistema que criticaban, de modo que cuando hicieron fracasar la propuesta socialdemócrata, lo que quedó finalmente aprobado fue una versión de la impresentable fórmula de 1871, que irónicamente ninguno de ellos recomendaba, ni nadie en la Asamblea había defendido.

En el Acta de la Sesión No. 141 del 31 de agosto citado, don Fernando Baudrit presenta y razona su moción de revisión del rechazo de la propuesta socialdemócrata sobre la inamovilidad, con abundancia de argumentos y referencias, y presenta una carta del Presidente de la Corte, don Gerardo Guzmán, en apoyo de la inamovilidad.

“ …Artículo 2º.- El Representante BAUDRIT SOLERA presentó moción de revisión sobre la ponencia rechazada en la sesión anterior de la fracción Social Demócrata en relación con la inamovilidad de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El mocionante expuso las razones que lo llevan a solicitar la revisión planteada. Empezó diciendo que sus convicciones de mucho tiempo, así como el hecho de desempeñar en nuestra Escuela de Derecho la Cátedra de Derecho Procesal, desde la cual siempre ha abogado por la tesis de la inamovilidad judicial, lo movían a agotar todos los recursos como lo expresó en la sesión anterior para que en la Constitución de 1949 se incorpore el principio de la inamovilidad de los integrantes de la Corte, que estima necesario y saludable para la vida institucional del país. Por otra parte, la votación de ayer no es un reflejo exacto de la mayoría de la Cámara, ya que la moción respectiva se desechó por un solo voto. Por estas razones considera que es necesario ahondar el debate para ver si es posible llevar al ánimo de los señores Representantes la necesidad y conveniencia del sistema de la inamovilidad. Para corroborar su tesis, el señor Baudrit dio lectura a las siguientes opiniones de conocidos tratadistas de la materia, que se pronuncian en un todo de acuerdo con la inamovilidad del Poder Judicial: Francis Lieber, expositor americano, en su libro “On Civil Liberty and Self Government” [1853] página 204, nos dice: “La independencia de los jueces es un concepto de la vieja raigambre de los escritores de la filosofía política de nuestra lengua. Pero debe hacerse observar que la independencia del Poder Judicial, por la cual se entiende generalmente aquella posición del juez independiente del Poder Ejecutivo, (en los Estados Unidos el Presidente nombra los Magistrados sometiendo su aprobación al Senado), sólo es factible si su nombramiento es de por vida y se les respalda con la prohibición de que sus salarios no deben ser disminuidos, después de que su nombramiento ha tenido lugar”. Y reafirmando ese concepto en la página 220, agrega: “La independencia del Derecho y de la Administración de Justicia, requiere esa independencia del Juez”. El tratadista don Fernando Mellado, en su obra Derecho Político, página 780 expone: “La independencia, la inamovilidad y la responsabilidad de los jueces, completan el cuadro de la autoridad judicial. La independencia, porque sin ella los jueces no pueden obrar libremente, ni conforme a Justicia, sino que subordinarían sus sentencias o disposiciones materiales o morales extrañas por completo a lo que debe ser la autoridad judicial. La inamovilidad conduce inmediatamente a la independencia a que acabamos de referirnos; la seguridad por parte del juez de que obrando rectamente no se le ha de seguir perjuicio alguno en el ejercicio de su cargo, facilita que obre con la independencia debida, ajustando todas sus disposiciones a los preceptos de la ley, según los comprenda, los desarrolle y analice su propia conciencia”. El profesor Felipe Tena Ramírez (Derecho Constitucional, página 421), defendiendo el mismo principio y doliéndose de que en México no haya sido respetado en las últimas constituciones políticas, cita la opinión de Rabasa (expuesta en su tratado Organización Política de México), que dice: “La inamovilidad del Magistrado es el único medio de obtener la independencia del tribunal… El nombramiento puede ser del Ejecutivo, con aprobación del Senado, que es probablemente el procedimiento que origina menores dificultades y promete más ocasiones de acierto… Las ligas de origen se rompen por la inamovilidad, porque el Presidente que confiere el nombramiento no puede revocarlo ni renovarlo; el Magistrado vive con vida propia, sin relación posterior con el que tuvo la sola facultad de escogerlo entre muchos, y que no vuelva a tener influencia alguna ni en sus funciones, ni en la duración de su autoridad”. Sobre esta misma materia -continuó diciendo el señor Baudrit- recabó la opinión de don Gerardo Guzmán, actual Presidente de la Corte, con quien los costarricenses tienen contraída una gran deuda. Piensa que el pueblo costarricense, representado en el seno de esta Asamblea, tiene la obligación de conocer y pesar la opinión del gran patricio, don Gerardo Guzmán, el reo de los calderocomunistas, arrancado a su vida hogareña, después del triunfo de la revolución libertadora, para ponerlo al frente del Poder Judicial que ya él había honrado con su vida honesta puesta al servicio de la justicia nacional. El más alto representativo del Poder Judicial está absolutamente de acuerdo con nuestra tesis. Ninguna persona más autorizada para opinar respecto a la inamovilidad que el señor Guzmán. Y no puede de ninguna manera pensarse que don Gerardo esté interesado en este asunto, ya que él tendrá que abandonar la Corte por razones de edad. Terminó el orador dando lectura a la siguiente carta que le enviara el señor Guzmán, advirtiendo que la realidad debió comenzar con la lectura de ese documento.

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE DON GERARDO GUZMÁN QUIRÓS.

“ …San José, 31 de agosto de 1949.

Señor Licenciado don Fernando Baudrit.

S. D.

Muy estimado colega:

En vista de su deseo de obtener mi opinión en cuanto a los bases fundamentales sobre las que debe descansar el Poder Judicial de la República, según la Constitución que ahora se proyecta, con el propósito de estabilidad y prestigio y de que constituya una garantía efectiva para los ciudadanos que a él ocurren en demanda de justicia, me es muy grato complacerlo externando mi parecer en la forma siguiente:

La experiencia de los puebles más cultos los ha llevado al convencimiento de que es indispensable rodear a la administración de justicia de efectivas garantías, a fin de ponerla al abrigo de extrañas y funestas influencias que a veces se dan, pudiendo enturbiar su actuación, y de ahí que en tales países se haya colocado a la judicatura en condiciones especiales y, puede decirse, hasta de ventaja sobre los demás cargos de la Nación, más todo esto, bien se comprende, no con la mira interesada o injusta de favorecer a los ciudadanos que desempeñan las funciones de Magistrados, sino en beneficio directo de todos los habitantes de la República. Relativamente a este punto hay que recordar un yerro del pasado que es preciso rectificar, la Constitución de 1871 fijaba un corto período para el ejercicio de la Magistratura y atribuía la elección de los Magistrados, sin contralor alguno, a un cuerpo esencialmente político, como lo es el Congreso; éste, además, tenía la facultad irrestricta de fijarles sueldo, de aumentárselos o disminuírselos, a su arbitrio. No se concibe una base más deleznable y a todas luces resulta inconveniente por el peligro manifiesto que entraña, y debe reconocerse que la Constitución aludida ofreció amplio campo a los otros Poderes para falsear el Judicial, con quebranto de su prestigio, todo lo cual, indudablemente, debe ser impedido en la nueva Carta Fundamental.

Todo plan para el establecimiento del Poder Judicial bien organizado debe basarse, según lo demuestra la experiencia, en la inamovilidad de los jueces, mientras desempeñen sus funciones con entera dedicación y honradez. Esta idea no es nueva, pues el principio de la inamovilidad de los jueces se halla incorporado, desde hace muchos años, en varias constituciones de otros países y, progresivamente, se ha ido incluyendo en las de otros de avanzada cultura jurídica. En cuanto a las vacantes que ocurran debiera atribuirse al Congreso la facultad de llenarlas, pero escogiendo dentro de las ternas que le envíe la Corte, la cual queda en absoluta liberta de integrarlas, procurando siempre el ascenso, si éste fuera posible. La bondad de este sistema resulta innegable, si se tiene en cuenta que el único interés que podría privar en la Corte, al formar la terna respectiva, sería el de mejor servicio público, sugiriendo como candidatos a la Magistratura a profesionales que por su probidad reconocida, preparación, cultura y esfuerzo personal, fueran idóneos para el desempeño de tan delicadas funciones en un tribunal colegiado. Un procedimiento semejante debiera adoptarse para la elección de Magistrados suplentes, mediante el envío que hiciera la Corte al Congreso de una lista de candidatos, dentro de la cual este último elegiría a dichos funcionarios; y, asimismo, las vacantes también debieran llenarse por medio de ternas enviadas por la Corte al Congreso.

Nuestra Ley Orgánica de 1888 (derogada) contenía la prohibición de rebajar los sueldos de los funcionarios que administraran justicia durante el período para el cual hubieran sido nombrados. Al incorporar esa garantía -que en otros países existe en sus respectivas constituciones- en el estatuto orgánico del Poder Judicial de nuestro país sin duda se tuvo el propósito de evitar represalias de otros poderes que, aun cuando muy improbables, tampoco serían imposibles en momentos de extraordinaria exaltación política. Disposiciones semejantes a la que contenía nuestra Ley Orgánica de Tribunales de 1888, y a la cual me he referido, existían desde hace muchos años en las más avanzadas constituciones políticas de otros países por estimarse como indispensable complemento de la inamovilidad judicial. En cuanto a lo que se conoce como autonomía económica, sea de un poder o de una institución del Estado semiautónoma, debo decir que durante más de medio siglo en el presupuesto general de gastos del Estado, se le reconoció a la Corte y se le estuvo asignando una modesta partida para cubrir los alquileres de locales destinados a oficinas judiciales que, en su mayoría, se alojan en edificios de propiedad particular, compra y reparación de mobiliario, papelería y otros gastos menudos, no habiendo ofrecido ese sistema ningún tropiezo; sin embargo, desde la promulgación de las leyes llamadas de organización fiscal, ya no es el Presidente de la Corte quien gira contra la respectiva partida sino el Ministro de Hacienda, previos dilatados trámites, todo lo cual acarrea pérdida de tiempo y entorpecimiento en el pago de esos pequeños desembolsos, lo cual indica que es conveniente autorizar en la nueva Constitución a la Corte para manejar esa pequeña partida girando contra ella el Presidente de la Corte, sin más requisito que el pago esté debidamente justificado. Las anteriores reformas las había estimado indispensables la corte, en otra oportunidad, para asentar al Poder Judicial sobre bases inconmovibles, ideal que se ha venido intentando durante muchos años, sin que hasta ahora se haya incorporado, como sería de desear, en la Constitución de la República.

Agradezco a Ud. la distinción que se ha servido hacerme al solicitar mi modesto parecer al debatirse la organización del Poder Judicial al cual he servido durante tantos años y por cuya mejora siento el más vivo deseo; aprovecho la ocasión para renovarle las muestras de mi consideración muy distinguida.

GERARDO GUZMÁN

Entre otros colegas, el Diputado Ricardo Esquivel Fernández adujo los siguientes argumentos para apoyar la moción de revisión del Diputado Baudrit:

“…Mucho se ha escrito, en España y fuera de ella, en defensa de la inamovilidad de la magistratura. Resumiremos ahora los principales argumentos aducidos por los partidarios de este principio, a un tiempo orgánico, judicial y político.

Si la inamovilidad se ha dicho es una condición de que deberán gozar todos los servidores del Estado, claro es que no puede dejar de establecerse en favor de aquellos que tienen a su cargo los servicios judiciales, esto es, los jueces y magistrados, y aun con más motivo en cuanto a éstos, no porque tengan a ella mejor derecho, sino por la mayor gravedad de los intereses que se les confían.

Los legisladores de Cádiz conocieron ya la necesidad de declarar inamovibles a los funcionarios judiciales. “Cuando la integridad de los jueces -expone la comisión encargada de extender el proyecto de la Constitución del año 1812- es el requisito más esencial para el buen desempeño de su cargo, es preciso, asegurar en ello esta virtud por cuantos medios sean imaginables. Su ánimo debe estar a cubierto de las impresiones que pueda producir hasta el remoto recelo de una separación violenta. Y ni el desacuerdo del monarca, ni el resentimiento de un Ministro han de poder alterar en lo más mínimo la inexorable rectitud del juez o magistrado. Para ello nada es más a propósito que el que la duración de su cargo dependa absolutamente de su conducta, calificada en su caso por la publicidad de un juicio …”.

“ …El Diputado FOURNIER hizo uso extensamente de la palabra, conceptos que se reproducen en el acta. Manifestó que, en su concepto, de no aprobarse la inamovilidad, todo el edificio constitucional que estamos creando, quedaría desquiciado. La inamovilidad, como una de las mayores conquistas democráticas de los pueblos, es la condición esencial para disfrutar de una Corte Suprema de Justicia bien integrada, que sea una verdadera garantía para todos los ciudadanos, sin discriminaciones de ninguna clase, libre de influencias extrañas. La Corte viene a ser -de acuerdo con el nuevo texto constitucional- algo así como el contrapeso de los otros Poderes, que garantiza la justicia por igual de todos los costarricenses. Hay que tener presente que la Corte no sólo va a resolver los conflictos de carácter particular, sino también otros de gran importancia planteados entre los particulares y el Estado. Si las disposiciones de la Corte van a estar tachadas de politiquería, todas esas garantías que hemos creado para los costarricenses -como por ejemplo, el recurso de Hábeas Corpus y el de Amparo- vendrán a quedar por el suelo, y en su calidad de simples principios teóricos, inoperantes en nuestra realidad. Tampoco debe olvidarse que la Corte va a nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, bajo cuyo patrocinio se van a efectuar los procesos electorales. Si la Corte va a estar integrada con un carácter político, la pureza electoral se habrá esfumado también de nuestro medio, pues el partido político mayoritario, a través de la Asamblea Legislativa, decidirá en la integración de aquélla. La Corte, entonces, vendrá a ser un reflejo de los intereses políticos que imperan en la Asamblea Legislativa. Ahí está precisamente el peligro. Para evitar ese peligro, es fundamental decretar la inamovilidad de los Magistrados, para que éstos no estén sometidos a los vaivenes de la política.

¿Cuáles fueron los principales argumentos de los impugnadores de la inamovilidad? Como antes lo indiqué, el más tenaz opositor fue el Diputado Fernando Vargas Fernández, cuyas razones, así como las del notorio iconoclasta Mario Alberto Jiménez Quesada y las del honesto pero despistado Ramón Arroyo Blanco pesaron para que la mayoría de los constituyentes terminaran instaurando, por la vía de la inercia, el actual sistema que, en realidad ninguno pretendía o se atrevía a defender abiertamente. Veamos el Acta:

“ …El Diputado VARGAS FERNANDEZ usó de la palabra extensamente en términos que se publican en “La Gaceta”. Indicó que se mantenía firme en su criterio anterior opuesto a la inamovilidad de los Magistrados, ya que durante la revisión no se han expuesto nuevos argumentos por parte de los defensores de la tesis contraria. Por esas razones, no votará la revisión planteada. Agregó que ha estado en desacuerdo con esa inamovilidad tan especial que se propone y que ampara sólo a los Magistrados, y no a los Jueces y Alcaldes. Dichosamente el señor Solórzano se ha dado cuenta de esta injusticia y ha presentado una moción para que se incorpore la frase final del artículo 123 de la Constitución del 71. Piensa que el problema no está en la inamovilidad. La base del problema está en el nombramiento de los Magistrados, que anteriormente hacía el Congreso y en el futuro la Asamblea Legislativa. Conceptúa que todas las deficiencias que se la han apuntado al sistema estriban en la falta del establecimiento de la carrera judicial en Costa Rica. Mientras no se establezca, estaremos expuestos siempre a llevar advenedizos a la Corte. Establecida la carrera judicial, los ascensos se operarán automáticamente. Cuando la limpia credencial de un juez sea factor para llegar a la magistratura, coronación de la carrera judicial, entonces sí se podrá estar seguro que en el nombramiento de los Magistrados no intervendrán los factores políticos. ¿Qué se pretende con la inamovilidad si antes no se crea la carrera judicial? Que cualquier litigante que no ha sido funcionario del Poder Judicial, de la noche a la mañana, sin tener quizás credenciales para ello, sea nombrado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en evidente perjuicio de quienes por muchos años han venido laborando en funciones judiciales. El caso del Juez don Alfonso Barrantes, ya citado aquí, constituye argumento para el establecimiento de la carrera judicial, pero no para esta inamovilidad por la que se está abogando. Si esa inamovilidad hubiera estado establecida en esa oportunidad, el señor Barrantes habría podido quedarse sin alcanzar la magistratura, no así si la carrera judicial lo hubiera estado. Las opiniones de los tratadistas están muy divididas.

El Diputado ESQUIVEL nos leyó las opiniones favorables a la tesis de la inamovilidad que transcribe la Enciclopedia Jurídica española. Pero en la misma Enciclopedia se transcriben, seguidamente, las opiniones contrarias. Todo esto nos demuestra que en materia tan compleja las opiniones son muy diversas. La tesis tiene sus defensores e impugnadores. Para terminar, el señor Vargas Fernández dio lectura a las opiniones contrarias a la inamovilidad que leyó de la Enciclopedia Jurídica española. Esas opiniones son las siguientes:

2.- OPINIONES CONTRARIAS A LA INAMOVILIDAD JUDICIAL.

El principio de la inamovilidad de la Magistratura ha tenido y tiene también impugnadores, que lo combaten fundados en diversas consideraciones y desde diferentes puntos de vista.

Verdad es que los jueces, siendo inamovibles -dice Meunier- no pueden descender, pero nada les impide el ascenso con tal que satisfagan y contenten al Jefe del Estado; y con el mismo sentido afirma Vaulabelle que la inamovilidad no logra destruir la ambición, el espíritu de intriga y el deseo de aumentar el sueldo. La justicia se administra constantemente -sostiene Comte- según el modo como se haya hecho el nombramiento de los jueces, y la inamovilidad puede ser muchas veces la permanencia de la ineptitud, de la venalidad o del fanatismo. Tal vez por esto haya creído Stuart Mill que nadie podía negar que la inamovilidad de la magistratura fuese un mal. Pues ¿qué? dice Fasy-, ¿no será posible destituir a un juez incapaz o parcial, y el público habrá de soportar continuamente tales defectos? Y sin negar este autor ciertas ventajas que ha producido la inamovilidad, opina que sólo puede servir como una garantía contra los gobiernos monárquicos, que están facultados para proveer los cargos judiciales”.

Se ha objetado también que, dado el modo de ser del espíritu humano, su tendencia al reposo y la facilidad con que el envanecimiento de los altos cargos lo ciega, cuando el Juez o Magistrado se cree seguro en su oficio para toda su vida, esa seguridad engendra el descuido, y a la larga hasta las naturalezas más activas se tornan perezosas, la práctica degenera en rutina, y la jurisprudencia se hace caprichosa y personal. “Una vez resuelto un caso determinado, el Magistrado, aplica en los análogos la propia doctrina como verdad indiscutible, sin preocuparse por hacer nuevos estudios, de modo que un error varias veces repetido acaba por convertirse en axioma, en verdad infalible. Está en la miseria del corazón humano la tendencia a sostener sus actos y opiniones, encaprichándose en ellos con tanto mayor empeño, cuanto mayor grado de humildad se requiere para volver atrás, o para confesar el error; difícilmente cede el de arriba ante el que cree abajo… La jurisprudencia es una ciencia que adelanta día por día, y como las locomotoras, al que no va con ellas lo deja atrás, cuando menos piensa, como inútil rezagado. Los Magistrados que se sienten seguros en sus puestos, se limitan por lo regular a despachar con las luces y la práctica que ya tienen, las muchas cuestiones concretas, la mayor parte semejantes, que diariamente entran a su estudio, sin cuidarse de la jurisprudencia abstracta y general que avanza y cambia con la rapidez de la civilización, y que sin sospechar se les escapa. De ahí que a veces los hechos vengan a desmentir la fama de sabios de algunos viejos jurisconsultos, porque confiados en su acopio de conocimientos y engreídos con antiguos triunfos, se han quedado, sin saberlo ellos mismos, sentados sobre sus laureles a la vera del camino por donde vuela el tren de la ciencia”.

Finalmente, se ha señalado como otra desventaja de que los cargos judiciales sean inamovibles, la de imponer a los pueblos cual insacudible yugo, la obligación de soportar “a individuos gastados, ignorantes o morosos, sólo porque su conducta es buena y su hogar respetable. Contra esos Magistrados perniciosísimos, no por lo malo que hacen, pues de ello son incapaces, sino por lo bueno que no hacen, debe dejarse a la sociedad al menos el consuelo de esperar en su reemplazo al fin de un período”; y es peligroso “no dejar más medios de salir de ellos que los trastornos públicos, la muerte o la escandalosa promoción a mejores puestos que merecen todavía menos”.

Don Fernando Baudrit, al salir al paso de dichos argumentos, indicó

“ … que parecía deducirse de las afirmaciones del compañero Vargas Fernández, que se estuviera propiciando la llegada de advenedizos a la Corte. Semejante suposición carece por entero de fundamento. El mismo Proyecto del 49 contempla el caso de las vacantes que serán llenadas por la Asamblea Legislativa, escogiendo de una terna que le enviará la Corte; se establece allí que, cuando menos, uno de los integrantes de las ternas, ha de ser funcionario del Poder Judicial. En otra disposición del mismo Proyecto se establece que la ley, en aquello que no está previsto en la Constitución, indicará las condiciones que deben reunir los funcionarios y empleados del Poder Judicial, la duración de sus cargos y la manera de nombrarlos, procurando establecer el sistema de ascenso por méritos. El principio de la carrera judicial está consignado en el Proyecto, que ha sido presentado en forma de mociones a la consideración de la Asamblea. De aprobarse esa disposición de nuestro Proyecto, la futura Ley Orgánica del Poder Judicial tendrá que venir a establecer el sistema de ascenso por méritos. Terminó diciendo que si bien era cierto que la tesis de la inamovilidad contaba con muchos impugnadores, pero frente a los resultados del sistema contrario, es indispensable incorporarla a la nueva Constitución, para acabar de una vez para siempre con la intromisión de la politiquería en las Cortes, a través de cuerpos eminentemente políticos, como son nuestros Congresos y aun del Presidente de la República. Si todos aceptan que la politiquería ha influido en mayor o menor escala en la integración de la Corte, ¿cómo, entonces, empeñarse en mantener un sistema que tan funestos resultados ha dado en nuestro medio?

A pesar de la abundancia de razones a favor de la revisión y de la inconsistencia de los argumentos en contra, la Asamblea la rechazó por dos votos. Lo cual motivó que en el Acta No. 142 del primero de setiembre siguiente, en su última intervención sobre el tema de la inamovilidad, el diputado Baudrit manifestara lo siguiente:

“… que parecía desprenderse de la discusión habida en torno de este asunto en las sesiones anteriores que el escollo principal para establecer la inamovilidad era que ese sistema, a juicio de algunos Diputados, no dejaba abierta la puerta para que la representación nacional ejerciera una especie de contralor en la Corte. Pero hoy -añadió- con gran sorpresa noto que quiere crearse ambiente favorable en la Cámara para mantener el sistema actual de elección de Magistrados, aumentando simplemente el período a diez años. Pero con diez o con ocho años, indiscutiblemente volveremos a tener la politiquería metida en la Corte. La Asamblea Legislativa, bien podrá llevar al seno del Supremo Tribunal de Justicia a cualquier advenedizo. ¿Cómo es posible, señores Representantes, que nos olvidemos tan rápidamente de lo ocurrido en Costa Rica hace apenas muy pocos años? Es cierto que debemos tener confianza en los gobernantes del futuro, pero eso no nos libra de la obligación de evitar, en lo posible, que se abran las puertas para la intromisión de la politiquería en el Poder Judicial. Agregó que se mantenía dentro de su tesis, esto es, que la única forma de poner coto a aquel mal, era estableciendo la inamovilidad de los Magistrados. Fiel a su pensamiento, agotará todos los esfuerzos posibles para que la nueva Constitución incorpore ese principio que juzga imprescindible. Durante la revisión final, volverá a insistir en su tesis aun cuando sólo cuente con su voto. Si ésta es de nuevo rechazada, al menos le quedará la satisfacción moral de haber cumplido hasta el último momento con su deber; no quiere cargar con la responsabilidad histórica de lo que aquí se haga en contra de aquella tesis…”

  1. Acerca de las ternas

El artículo 153 del Proyecto, relacionado con el mecanismo de las ternas a proponer por parte de la Corte Suprema a la Asamblea Legislativa, reintroducido al debate por moción del Diputado Ramón Arroyo (ver Acta 143 citada), no suscitó una discusión tan prolongada como el de la inamovilidad, y perdió fuerza cuando éste fue rechazado. En todo caso, su defensa corrió a cargo del infatigable don Fernando Baudrit. Veamos:

“ …El Representante BAUDRIT SOLERA expresó que la exigencia de las ternas venía a completar el sistema de transacción, que se ha visto obligado a aceptar, al desechar la Cámara la moción que creara la inamovilidad del Poder Judicial. La terna es de todo punto de vista conveniente. La Corte la integrará con los elementos más capaces ¿Quién sino la Corte, va a estar más capacitada para escoger a los miembros que van a integrar esa terna? Añadió que en la práctica, aun cuando no se ha establecido la carrera Judicial, la mayoría de los Magistrados ha pasado previamente por las posiciones inferiores del Poder Judicial. Las ternas, a no dudarlo, vendrán integradas cuando menos por dos elementos del Poder Judicial. Luego expresó que no existía tal contradicción entre la atribución otorgada a la Asamblea Legislativa de nombrar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la moción en debate. En el primer caso se indicó que la Asamblea Legislativa elegiría a los Magistrados, pero no se dijo en qué forma. Ahora en cambio se vienen a establecer las condiciones de esos nombramientos, la forma en que habrá de operar la Asamblea…”

Dichos argumentos fueron secundados por el Diputado Ramón Arroyo Blanco, en los siguientes términos:

“ …se justifica que al Poder Judicial se le otorguen más garantías por cuanto es de los tres Poderes el que más garantías requiera para cumplir su cometido. Hamilton, en su libro “El Federalista” nos dice que el Ejecutivo tiene en sus manos la fuerza pública; el Legislativo dicta las leyes; el Poder Judicial solamente se concreta a dictar el derecho. De ahí que todas las legislaciones, teniendo en cuenta esta debilidad del Poder Judicial, que lo coloca en una situación de inferioridad con respecto a los otros Poderes, lo ha reforzado. Montesquieu expresó que la esencia de las Democracias estaba en la independencia del Poder Judicial. Piensa en consecuencia, que se está desarrollando ese principio, colocando al Poder Judicial en una situación de amparo frente a los otros dos Poderes. El simple hecho de que estemos rodeando de garantías al Poder Judicial -concluyó el señor Arroyo- no debe alarmar a nadie, si se toman en cuenta sus palabras anteriores…”

Sin embargo, la moción del Diputado Arroyo sufrió modificaciones que desvirtuaron su sentido original y finalmente fue desechada sin pena ni gloria (penúltimo apartado del Acta 143).

Y de esa manera, la innovadora propuesta de la Fracción Socialdemócrata, alabada por tirios y troyanos en los debates de la Constituyente, fue derrotada en sus partes más esenciales; mientras que el vetusto sistema de las Constituciones del Siglo XIX (las de 1859, 1869 y 1871), que todos criticaron y nadie defendió, fue emergiendo incólume, como producto impensado (¿indeseado?) de los mil ajustes y reajustes, dudas y asertos, propuestas y contrapropuestas del conjunto de los integrantes de la Asamblea, trayendo irónicamente a la memoria el chiste de la definición del camello: ‘el producto de una comisión que se proponía producir un caballo’.

En un momento crucial para el futuro de la Judicatura y del País, es impostergable el deber de todos de reflexionar acerca de lo que apostamos y perdimos los costarricenses en el campo judicial, durante los trabajos de la Asamblea Constituyente de 1949, y acerca del camino a seguir.

Otro mundo es posible.

A la juventud costarricense… Una conversación de Walter Antillón con Rodrigo Madrigal Montealegre

Walter Antillón

¿Podrías, Rodrigo, resumir en unos pocos trazos, la historia que le tocó vivir a nuestra generación?

Walter Antillón

R.M: Bueno, vos y yo nacimos al concluir el primer tercio del Siglo XX, de modo que hemos vivido gran parte de dicho Siglo y las primeras décadas del presente con la cabeza y el corazón puestos en las cosas de Costa Rica; pero también pensábamos en Centroamérica y en el Mundo. Gracias a una prolongada y reflexiva experiencia, modestamente creo que poseemos una mediana comprensión de lo que ha venido ocurriendo en esos escenarios.

Nuestra infancia -década de los treintas- registró las secuelas de la Crisis Mundial que estalla precisamente en 1929: difusas imágenes de la Presidencia de León Cortés, de la última breve campaña política de don Ricardo Jiménez; de la Guerra Civil Española, así como la sensación de vago temor y algunas vivencias de la escasez durante el período de la Segunda Guerra Mundial.

Rodrigo Madrigal Montealegre

Aquí pocos se daban cuenta de que la situación del País reflejaba equívocamente y en pequeño lo que se estaba fraguando en dimensiones planetarias.

Los gobiernos de Calderón y Picado, con la constitucionalización de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, coinciden con nuestra adolescencia colegial, erótica y festiva, sacudida por la Huelga de Brazos Caídos, la Revolución del 48; luego una fragante Constitución y los cambios que trajo el gobierno de la Junta Fundadora de la 2ª República. Y coincide asimismo con (y es una respuesta a) el estallido de la Guerra Fría y el triunfo de la Revolución Comunista en China.

Así es; y agregaría que con aquellos avances (no circunscritos a Costa Rica, sino de dimensiones regionales), la clase obrera disponía de una ‘cabeza de playa’: un punto firme para iniciar un avance paulatino hacia una factible ecualización social que, sin embargo, fue sistemáticamente rechazada por las oligarquías; lo cual ocurría en paralelo con la etapa universitaria de nosotros, ya en la segunda mitad del Siglo XX (grados y postgrados: combinación de ilusiones, estudio y dolce vita). Son, en efecto, los años del predominio socialdemócrata del flamante Partido Liberación Nacional: sus logros de entonces, por todos conocidos y sus reprobables decisiones: la proscripción del Partido Comunista, la represión ideológica y la violenta eliminación del sindicalismo de izquierda, que se cebó predominantemente en los trabajadores de la empresa privada; eliminación propiciada mediante la sucesiva, sistemática persecución sindical (prolongada hasta el presente Siglo) por parte de un sector mayoritario de los patrones. Todo lo cual coincide temporalmente (pero no temáticamente) con la descolonización de África y del Oriente, las Guerras nada frías de Corea y Vietnam; y el nacimiento de lo que después será la Unión Europea, en el plano internacional.

R.M: Y bueno: evocar los detalles de ese largo período sería la de nunca acabar. En suma, una centuria cruenta para los pueblos del Mundo. En lo personal, los decenios siguientes trajeron los afanes y las alegrías de nuestras vidas adultas (matrimonios, hijos); y pasaron como un soplo los días, los meses y los años. En el camino fueron desapareciendo sucesivamente abuelos, tíos, padres, hermanos, y muchos otros parientes y amigos, nuestros viejos profesores, tu hijo Federico. Y nosotros mismos, sin decirlo a nadie, nos fuimos haciendo a la idea de nuestra propia, inevitable muerte.

Entre tanto el mundo exterior seguía tan campante: en los noventas desaparecieron la Unión Soviética y los otros Estados europeos del Socialismo Real; y entonces un japonés angloparlante habló del fin de la Historia. Pero dichosamente la Historia no se enteró; y gracias a eso surgieron las nuevas potencias mundiales de la India abigarrada, la China Comunista, el Brasil y luego el BRICS, y luego, y luego … en fin, que la Historia aún tiene para rato.”

En fin, nosotros dos nos encontramos ahora al borde de los noventa años, como testigos privilegiados de la dramática transformación de aquel Mundo que nos vio nacer: transformación masiva y multiforme que algunas veces he llamado ‘gatopardesca’, porque ha servido para que, en lo importante, todo continuara igual: bajo la espectacularidad de los cambios tecnológicos que revolucionaron las telecomunicaciones y dispararon procesos multitudinarios, continuaban inexorables la desigualdad, la exclusión, el infortunio de miles de millones de seres humanos, al par de la degradación del ambiente, el cambio climático, la extinción de la vida animal y vegetal a gran escala, y un largo etcétera.

Así es, desgraciadamente; y todo ello a consecuencia del desatinado y codicioso frenesí y la criminal indiferencia del Capitalismo Transnacional, que ha hecho predominar en Occidente su visión y su política neoliberales; y ha suspendido su ominosa Espada de Damocles sobre el destino de los empobrecidos países del Sur.

Ahora bien, en lo que atañe a la Costa Rica de hoy ¿qué tendrías que decir?

R.M: Diría que estoy convencido de que nuestro País está hoy pagando las consecuencias de haber sido gobernado alegremente “a la derecha” durante los últimos cuarenta años: primero, bajo el Bipartidismo; ahora, bajo el Tripartidismo, que es prácticamente la misma cosa: lo nuevo que distinguía inicialmente al PAC de los partidos tradicionales (el discurso moralista y promisorio de Otón Solís) no se materializó en ninguna de las dos administraciones de dicho Agrupación, que terminaron cayendo en las prácticas neoliberales y las rutinas del Bipartido del Pacto Figueres-Calderón.”

Yo, de mi parte, señalaría además que la persecución sindical desatada a partir del 48, y la consiguiente indefensión y subalternidad de los trabajadores costarricenses, sobre todo del sector privado, prolongadas por varias décadas y respaldadas por una campaña sistemática en los medios de comunicación, alcanzaron las dimensiones de un fenómeno masivo, creando una atmósfera generalizada y silenciosa de temor e inseguridad en aquel importante segmento de la población; lo cual determinó la aparición de la cultura de mimetismo político y conformismo laboral predominante en dicho segmento, en la que, por ejemplo, la palabra ‘sindicalista’ equivalía a ‘comunista’; y comunista se había convertido en una condición infamante que acarreaba menosprecio, desempleo y ruina (jueces costarricenses de entonces estimaron que ‘comunista’ era una injuria igual o peor que ladrón o criminal). Esta perversa y prolongada maquinación, que cercenó y satanizó por largo tiempo una opción que era legítima en cualquier país civilizado, terminó por sumir a la clase trabajadora costarricense en un estado de miedo crónico a ser visualizado como sindicalista, socialista, comunista, y produjo en ella una reacción defensiva de negación de sí misma, de mimetismo (invisibilización) cuyo resultado fue todo un extenso sector social ideológicamente ‘neutralizado’, desunido y paralítico: ‘domesticado’, como cínicamente (pero certeramente) lo calificó don Pepe Figueres.

¿Cómo podrán nuestra clase gobernante y el País entero reparar el inmenso daño económico, social, moral y político infligido a tantas generaciones de trabajadores costarricenses a partir del 48, por haberlos privado ilícitamente de su derecho a formar sindicatos, y a los legítimos y esenciales servicios de dichos sindicatos que el Código de Trabajo, la Constitución y las Convenciones Internacionales habían creado en su beneficio? ¡Les pintaron como crímenes los que eran sus legítimos derechos!

Estoy convencido de que el vacío político producido por la ausencia de una populosa clase trabajadora organizada y beligerante, que hubiera sido un fuerte interlocutor en la palestra política, poniendo en la balanza del poder el peso de sus legítimos intereses para sacar lo mejor de cada partido y de cada gobierno; repito: la ausencia de esa clase trabajadora unida y consciente que Costa Rica bien se merecía por sus tradiciones de civismo, hizo posible el deslizamiento y la degradación de un socialcristianismo y una socialdemocracia ideológicamente anémicas y sin contrapesos, hacia aquel neoliberalismo oportunista y chapucero que ha sido la tónica de quienes nos han venido gobernando:

a) con las consecuencias político-jurídicas disolventes que hoy se reflejan por doquier: se reflejan en el control politiquero consumado sobre las cúpulas judiciales y otros órganos de garantía; se reflejan en los contubernios entre los Poderes para asegurarse la impunidad de los excesos y de los compadrazgos en las altas esferas de la política y la economía que nos condujeron al Cementazo; en el desmantelamiento del MOPT y la concesión de las obras a un oligopolio que nos condujo a Cochinilla y al Diamante; en el abandono de toda política asistencial constructiva, junto a la carta blanca de los empresarios en la aplicación de la infame “flexibilización de las relaciones laborales”; en el ataque a los últimos bastiones institucionales del servicio público (la CCSS, el ICE). Todo lo cual se tradujo en la violación reiterada y flagrante de los derechos humanos económicos, sociales y culturales consagrados en beneficio de nuestro Pueblo por la Constitución y las Convenciones Internacionales.

R.M: Como lo he dicho tantas veces, partiendo de la premisa falsa y absurda de los anarco-capitalistas de que el Estado es nefasto, han condenado a muerte al ICE, esa institución benemérita y venerada que ha impulsado con patriotismo la industrialización, la democratización y la modernización del Pais; han condenado a muerte a la Caja, que por más de medio siglo ha protegido la vida, la salud y la seguridad social de los costarricenses; han condenado a muerte a las Universidades Públicas, sembradoras del saber y de la conciencia crítica en millares de jóvenes, sin distingo de clase social ni condición económica.)

b) con las nefastas secuelas económico-financieras que se transparentaron en el sempiterno e inducido desequlibrio fiscal, en el creciente desempleo, en la profunda y acusadora brecha entre ricos y pobres que se ha ensanchado bajo los pliegues del modelo del derrame.

R.M: Cierto: mientras la pobreza de un millón de seres humanos permanece inalterada, los más afortunados duplicaron el monto de sus riquezas;

Es una realidad chocante: avergüenza que cien mil compatriotas sobrevivan con un dólar al día y que los enemigos del modelo de solidaridad social y del Estado Benefactor hayan procedido a su demolición sistemática desde hace años, agravando una peligrosa polarización.

En cuanto a la pandemia del Corona Virus, la misma resultó ser, en manos del Gobierno y las clases dirigentes, una providencial excusa para hacernos apurar aquella pócima deletérea de la privatización, buscando con ello destruir lo que nos queda del incompleto y perfectible Estado de Bienestar que en su día osaron levantar Figueres, Oduber y Carazo sobre la base plantada por el Presidente Calderón Guardia, la Iglesia de Monseñor Sanabria y los comunistas de don Manuel Mora; fecundo legado que, a la vista de todos, vienen intentando destruir otro Calderón, otro Figueres, Oscar Arias Sánchez y su nefasta secuela, hasta llegar al presente, sin solución de continuidad.

Pero la pandemia del Corona Virus es un mal que, como dice el refrán, trajo al Planeta un bien: la claridad de algunas verdades palmarias, a la vista de quien quiera comprobarlas:

a) La palmaria verdad de un Mundo insolidario y autodestructivo regido por el afán insaciable de lucro de un grupo de poderosas transnacionales que han subordinado a los Estados-Nación al logro de sus designios, dando al traste con la Naturaleza y los más altos valores de la Cultura;

b) la evidencia pública de la necesidad de reducir la enorme brecha económica existente entre ricos y pobres con medidas como sistemas tributarios fuertemente progresivos, vigorosas políticas de inversión y otras, para garantizar juntamente la reactivación y un acceso equitativo y seguro de todas las personas a los servicios de salud y, en general, a los servicios públicos esenciales;

c) una verdad inocultable acerca de la misantropía y la ceguera de los gobiernos neoliberales, grandes y pequeños, que venían desmantelando minuciosamente las estructuras de la salud pública, reduciendo la plantilla de los médicos y enfermeros, cerrando hospitales y clínicas, y han tascado amargamente su impotencia frente a la magnitud de una peste que ha puesto en evidencia la mezquindad de sus miras;

d) una verdad transparente acerca de la desembozada codicia de las transnacionales farmacéuticas, que frente a la tragedia y las penurias de la Humanidad causadas por la Pandemia, hacen prevalecer su avidez de ganancias a través de los precios de las vacunas y las maniobras oligopólicas;

e) una verdad inocultable acerca de la carencia vergonzosa de un robusto mecanismo coordinador de la Salud Mundial que centralizara todos los recursos científicos, financieros y logísticos para brindar rápida, gratuita y equilibradamente al Planeta, lo que los países aislados, pequeños y grandes, han terminado haciendo tarde y mal, de manera inequitativa y con altísimos costos.

R.M: Me alegra comprobar que el impacto de algunas de esas verdades ha sacudido al Mundo, movilizando importantes grupos de opinión, e inspirando iniciativas promisorias. Coincido en que, con sus duros y crueles estragos, el azote de la Pandemia nos está llamando a recobrar la sensatez ¿Escucharán el mensaje los detentadores del poder? ¿Conseguirán las personas de buena voluntad, que en el Mundo suman miles de millones, doblegar la obcecación y la insensibilidad de tantas transnacionales y de los poderosos Estados que continúan precipitando el cambio climático y el acoso a la Naturaleza? En medio de tantos males ¿cabe abrigar algunas buenas expectativas a corto y mediano plazo?

Yo creo que sí: por encima del pandemonium y la anarquía de las redes sociales, van emergiendo aquellas verdades que el látigo de la Pandemia y del Cambio Climático han contribuido a revelar; y terminarán por imponerse aún a los más ciegos, porque los problemas que acarrean la desigualdad, el hambre, la exclusión y toda otra negación de la vida son reales, aprietan sin tregua y claman por ser resueltos.

Aquí concluye ésta que es, quizás, la última de tantas conversaciones que mantuvimos desde siempre. Declaramos estas cosas sine spe, sine metu: sin la expectativa de un beneficio, sin miedo a una represalia, sólo movidos por el amor y el respeto debidos a nuestro Pueblo, a la juventud costarricense cuyo futuro peligra, y en particular a los estudiantes de la gloriosa Universidad de Costa Rica, nuestra Alma Mater, firme bastión de la esperanza en que otro Mundo es posible.

San José, en diciembre de 2021.

Rodrigo Madrigal Montealegre, Céd. 1.234.164*

Walter Antillon Montealegre, Céd. 1.221.295*

* Profesores eméritos, Co-fundadores de la Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica