Mañana, viernes 11 de octubre de 2024, a las 8:00 a.m en la plaza de los Tribunales de Justicia en San José se dará una concentración de diversas organizaciones sindicales y sociales, la Unión Sindical de la CCSS, y la UNDECA, para exigir transparencia y probidad, con medidas cautelares contra marta Esquivel y otros.
Estas organizaciones se harán presentes frente a los Tribunales de Justicia, en la plaza, y se dará más información en el sitio con los diferentes actores a partir de la hora de inicio.
Tiempos difíciles para Chiquita Brands. Después de los graves problemas que está teniendo en Estados Unidos, la transnacional bananera está siendo acusada de desalojar y echar a la calle a su propio personal en el Atlántico costarricense.
Giorgio Trucchi
En el municipio de Talamanca, fronterizo con Panamá, la empresa Chiriquí Land Company, subsidiaria de Chiquita Brands, controla dos fincas bananeras (Tayrona y Cañaveral).
El 85 por ciento de los trabajadores tiene nacionalidad panameña y, en su mayoría, pertenece a la etnia Ngöbe-Buglé (unas cuatrocientos personas).
Un acuerdo firmado el año pasado entre Costa Rica y Panamá les otorgó la doble nacionalidad para que pudieran gozar de ciertos beneficios.
Un 46 por ciento sigue viviendo en territorio panameño, se levanta a diario a las 3 de la mañana y cruza el puente que divide los países para ir a trabajar. El restante 54 por ciento reside en territorio costarricense.
Muchos de ellos viven en cuadrantes¹ que la compañía bananera construyó y cuyas casas les fueron otorgadas en comodato.
Desalojando familias
Igual que otras compañías transnacionales y empresas fruteras nacionales, Chiquita acostumbra en sus contratos de trabajo incluir el ofrecimiento de viviendas para los trabajadores y sus familias.
Este beneficio está reglamentado por el código de trabajo costarricense (art. 164) bajo la figura del “salario en especie²”.
En las últimas semanas, la compañía está avisando a decenas de trabajadores que tienen 15 días para desocupar sus viviendas y buscar a dónde irse.
Algo que también se está llevando a cabo, hasta con más brutalidad, en otras zonas del país y que la Rel UITA ha venido documentando.
“Lo que Chiquita está haciendo es brutal. Hay compañeros que tienen décadas trabajando en la empresa y que están siendo desalojados juntos a su familia”, dijo a La Rel, Carlos Quiroz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Chiriqui Land Company (Sitrachiri).
“En este momento están sacando a 17 familias, aduciendo que no cumplen con los requisitos de asignación de vivienda y trayendo argumentos tontos. Esto es ridículo y sabemos que van por más desalojos. Se habla de al menos 47 familias afectadas”, agregó.
Chiquita, las mismas mañas
Lo que más llama la atención es que todos los trabajadores afectados están afiliados al Sindicato, cuatro de ellos son delegados sindicales en las fincas.
“Lo que creemos es que se trata de una arremetida para forzar a los trabajadores a aceptar algunas propuestas, avanzadas por la empresa, que violan nuestro convenio colectivo”, manifestó Quiroz.
Chiquita estaría presionando para que los trabajadores renuncien al empleo de mutuo acuerdo, retiren su liquidación y acepten ser recontratados con garantías desmejoradas, en especial la que se refiere al derecho a vacaciones.
“Sin embargo, en este acuerdo se sigue garantizando el derecho a la vivienda, por lo tanto, creemos que la amenaza de desalojo persigue el objetivo de obligar a los compañeros a aceptar esta propuesta”, explicó el dirigente sindical.
Ofensiva sindical
El pasado 21 de agosto, Quiroz, en calidad de secretario general del Sindicato, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se detenga la orden de desalojo.
También se instó a la empresa a frenar la medida y sentarse a negociar.
“Vamos a esperar que la Sala se pronuncie, mientras tanto estamos denunciando ese atropello a nivel nacional e internacional. Los compañeros se mantienen firmes y no quieren salir. También estamos valorando otras acciones judiciales”, concluyó Quiroz.
¹Complejos habitacionales que surgen en los alrededores de las plantaciones donde viven las y los trabajadores y sus familias. ²Entre las diferentes formas de retribución, el salario en especie se paga con bienes o medios distintos al dinero como, por ejemplo, alimento, alojamiento o transporte. Este no podrá ser mayor al 50 por ciento de lo que reciba el trabajador en dinero efectivo.
El Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Grupo ICE y Frente Interno de los Trabajadores del ICE declaran una aversión total al anuncio realizado por el ICE referente a los cortes de luz.
En el video se argumenta que siempre en la historia de Costa Rica, los ciudadanos han tenido un buen servicio eléctrico, aunque en la actualidad la administración haya ejecutado una desatención a la manutención eléctrica desde el 2020 con su plan de expansión. En 2022, a pesar de que se le presentará a la administración una solución ante el fenómeno del Niño y de la Niña, ésta decide hacer una desmantelación a la plantas térmicas, las cuales siempre han sido un respaldo a las plantas hidroeléctricas, haciendo caso omiso a los profesionales competentes y dejándose llevar por intereses políticos.
El Boletín Informativo del Sindicato Unión de Empleados de la Universidad Estatal a Distancia, celebra en su publicación 14 el Día del Ecologismo Nacional y el 54to aniversario de la gesta Alcoa.
Si desea comunicarse con el Sindicato de Empleados de la UNED, puede contactar al 2234-5072, al 2527-2200 o bien escribir a los correos electrónicos uneuned@uned.ac.cr o sindicatouneuned@gmail.com.
¡En defensa de las garantías ambientales y los derechos de la clase trabajadora!
Sepamos ser libres, el derecho sagrado al salario justo se defiende
La Unión Sindical de la CCSS, ante las nefastas consecuencias que generan la regresividad de la infame legislación antilaboral, cuya imposición implica el deterioro sistemático, así como agudas consecuencias para la calidad de vida de los y las trabajadoras y sus familias hace un llamado a prepararse para defender este esencial aspecto de la vida del trabajador.
El gobierno de la república en la conducción del actual presidente Rodrigo Chaves, es quien vía decreto demostró que es posible la revisión, actualización y mejora de los salarios, cuando de manera injustificada, duplicó el salario de sus poco eficientes ministros, esto a tan solo cuatro meses de haber ocupado sus cargos y sin haber hecho méritos políticos que justifiquen tan significativa auto-receta. La gran tajada remunerativa se impuso sin criterios técnicos, solamente con discursos vacíos y demagógicos.
Contrario a criterios y fallos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo y objeto de la más complaciente legislación con el fraude fiscal, es las y los trabajadores de la CCSS y del sector público, a quienes se les ha impuesto doblemente las obligaciones que otros incumplen, llevándonos a un insoportable congelamiento salarial sufrido ya por cinco años, periodo en el que se ha sometido a la totalidad de la población laboral a la asfixia económica objeto del endeudamiento, y condenando a muchos de nuestros compañeros a exponer su seguridad y su vida cuando no se puede pagar.
Ante este negativo panorama, la Unión Sindical de la CCSS hace un vehemente llamado a los y las trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social a estar atentos y alertas a las acciones que se convoquen con el objetivo de derribar de una vez por todas el muro neoliberal de congelamiento salarial, condena a la miseria y caída sistemática en la condición de vida de los trabajadores y sus familias.
9 de abril, 2024
¡Se viene la lucha por la justicia salarial!
¡Expresemos nuestro repudio a las políticas que deterioran nuestra calidad de vida!
Priscila Castro Jimenez, Asesora Jurídica del ANEP, junto a Joselito Centeno Araya y a Waldier Pérez Zúñiga se expresan desde la Municipalidad de Puntarenas para celebrar que gracias a una sentencia que da la razón a ANEP, ambos trabajadores deben ser reinstalados.
Además, deben pagarle los salarios que dejaron de recibir durante el tiempo que estuvieron fuera de la Municipalidad.
Mujeres trabajadoras de plantaciones agrícolas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, alzan la voz, ante diversas situaciones de discriminación que viven en sus trabajos, especialmente cuando se afilian a un sindicato.
Hoy, 8 de marzo, mujeres que forman parte del sector agrícola denuncian las diversas situaciones que viven a nivel laboral. Delatan la falta de respeto por sus derechos, la discriminación y la persecución que sufren en manos de sus superiores. Además, mencionan como alejan y manipulan a personas que quieran afiliarse a los sindicatos.
Estas declaraciones ganan mayor importancia al tomar en cuenta los intentos por mantener la imagen limpia de las plantaciones agrícolas. Yaney Elizondo hace énfasis en las repercusiones físicas, como alergias e irritación, a las que se ven expuestas por la cercanía a los productos químicos. Asimismo, Lolita Ortega denuncia su despido injustificado tras un accidente laboral. Cristina Pérez también señala la fatiga diaria que sufren por las largas horas laborales y la poca empatía por parte de los superiores.
La ANEP busca que estas mujeres gocen de derechos laborales, libertad sindical y justicia sin que esto afecte el desarrollo, la producción, y la exportación de la fruta.
El martes 27 de febrero, la Unión de Empleados del Banco de Costa Rica (UNEBANCO) lideró una manifestación enérgica en contra del cierre de oficinas del Banco de Costa Rica (BCR). La protesta, que tuvo lugar frente a las oficinas de San Rafael Abajo en Desamparados y en Curridabat, destacó la preocupación de los trabajadores y la comunidad ante la decisión de clausurar estas importantes sucursales bancarias.
La medida de cierre de oficinas del BCR ha generado gran consternación entre los empleados y los usuarios de estos servicios financieros en las mencionadas localidades. UNEBANCO, en representación de los trabajadores del banco, ha expresado su rechazo contundente a esta medida y ha señalado las posibles consecuencias negativas que podría tener para la comunidad.
Durante la manifestación, se hicieron escuchar consignas en defensa de los puestos de trabajo y en demanda de una reconsideración por parte de las autoridades del BCR. Los participantes expresaron su solidaridad y su determinación para luchar por la permanencia de estas oficinas, que representan un servicio vital para la población local.
La protesta de UNEBANCO resalta la importancia de mantener la presencia del BCR en comunidades como San Rafael Abajo y Curridabat, donde estas oficinas bancarias desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana de los habitantes.
Las recientes reacciones por lo ocurrido en el hospital de Nicoya, en la provincia de Guanacaste, ponen en evidencia que, efectivamente, la Caja Costarricense del Seguro Social se encuentra bajo un ataque directo.
Las intenciones son claras, destruir la CCSS y pasar a manos privadas los servicios otorgados por la institución.
Como era de esperarse, lo sucedido, fue politizado. En la conferencia de prensa semanal del presidente de la República, en la cual participó la presidenta ejecutiva de la CCSS, Martha Esquivel, se hicieron evidentes las verdaderas intenciones: desprestigiar al personal del hospital, especialmente al personal médico, así como poner a los asegurados y la población en general en contra de la CCSS.
Marta Esquivel, en lugar de mostrarse prudente y basar sus opiniones en lo que apuntaba el diagnóstico, puso de manifiesto sus deseos de persecución contra el personal del hospital mencionado. Al Igual que Rodrigo Chaves, la susodicha apeló al sentimentalismo barato y la falsa empatía, lo cual ha sido sobredimensionado y explotado por los medios de comunicación que sin duda apuestan por la privatización de servicios.
Hay que destacar el papel irresponsable de los medios de comunicación. En la práctica los medios han venido intoxicando la opinión pública en contra de la CCSS y de otras instituciones (el ICE, por ejemplo) por décadas, por lo que en el caso en cuestión el abordaje está enfocado en satanizar al personal médico hospitalario, pero con el objetivo mayor de desprestigiar la CCSS. La prensa no se ha referido al diagnóstico, esto es ignorado. Explotando una falsa empatía, el objetivo es atacar la CCSS y a su personal. Y como era de esperarse no faltaron las cacatúas políticas que salieron a opinar públicamente al respecto, sin conocimiento y ningún respaldo técnico-científico.
Queda en evidencia la hipocresía de la administración Chaves Robles. Al parecer en este caso no hay prensa canalla, al contrario, bienvenida la prensa cómplice que defiende la destrucción de la CCSS que en el fondo es parte de su agenda política-económica compartida. Ahí no hay contradicciones. Lamentablemente, tal cual lo manifestaron los profesionales del hospital de Nicoya, el diagnóstico dado por el personal médico en el caso en cuestión se cumplió.
Este lamentable caso, ha sido distorsionado políticamente de manera absolutamente irresponsable por parte de la administración Chaves. Robles y la presidente ejecutiva de la CCSS, así como por parte de los medios de comunicación. Esto pone de manifiesto que, efectivamente, los sectores que conforman el conglomerado de la salud privada y los intereses asociados no se detendrán hasta lograr su objetivo, destruir la CCSS.
Piensan equivocadamente que no habrá resistencia al frente. En la práctica, estos sectores quieren convertir la CCSS en una veterinaria. No aceptan la existencia de la CCSS creada en la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en la década de los años cuarenta del siglo pasado.
Costa Rica está enfrentada a situaciones difíciles. Los sectores dominantes quieren apropiarse de todo lo público, destruir la institucionalidad. A nosotros como pueblo nos corresponde parar a este cártel neoliberal.
Comisión Nacional de Enlace Organización miembro del BUSSCO
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) celebró el fallo judicial que reinstala en sus puestos a 45 trabajadores del servicio de Seguridad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA), quienes habían sido despedidos hace un año para reemplazarlos.
La secretaria general de la CTRN, Fanny Sequeira, aplaudió el triunfo de los trabajadores y trabajadoras, al tiempo que reconoció la enérgica lucha librada por su sindicato afiliado SINTRAJAP y, en particular, por su secretario general, Antonio Wells.
“Es una victoria para toda la clase trabajadora porque se ha hecho valer la legislación en materia laboral y se ha obligado a las autoridades a rectificar una violación flagrante a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, añadió Sequeira.
Un tribunal de apelación de la provincia de Limón ordenó reinstalar en sus puestos a 45 trabajadores de seguridad, quienes habían sido despedidos por las autoridades de la institución hace aproximadamente un año, con el propósito de entregar el servicio a una empresa privada.
El tribunal dio a conocer esta semana el fallo, en el cual ordena a JAPDEVA, la reinstalación de los trabajadores como medida cautelar, mientras se determina la legalidad de los despidos.
“Nosotros acudimos a los tribunales para pedir una medida cautelar y hacer valer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que fueron despedidos de la noche a la mañana, de manera atropellada y violentando el debido proceso”, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), Antonio Wells.
El “por tanto” de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelación establece que: “se concede la medida cautelar solicitada (por SINTRAJAP). Por ende, deberá proceder JAPDEVA a la reinstalación de estas personas en sus puestos hasta tanto se conozca el fondo del asunto y se determine si lo actuado por JAPDEVA está o no apegado a derecho”.
“No hubo una comunicación previa a los compañeros, ni se informó a nuestro sindicato, que los representa. Un día llegaron, ordenaron a los guardas dejar su puesto y entregar el arma porque iban a ser reemplazados por personal de una empresa privada”, explicó Wells.
Fanny Sequeira fue enfática en señalar que es preocupante el hecho de que la disolución de la seguridad interna de la institución es contraria a las disposiciones de la ley, la cual establece que JAPDEVA tendrá su propio resguardo portuario.
Se debe recordar que las terminales de Limón y Moín son las puertas por las que se lleva a cabo casi toda la exportación e importación del país y la seguridad del comercio exterior del país es algo que debe estar garantizada por el Estado y no en manos de una entidad privada.
