Al igual de como brotan de la tierra los abejones en abril (que ya no tan en mayo), en las últimas semanas, muchas ciudadanas y ciudadanos, se han lanzado al ruedo político anunciando sus pretensiones de encabezar la fórmula presidencial de algún partido político.
Se han mirado al espejo de la política nacional (tan venida a menos, a decir verdad) y se han preguntado: “¿Por qué no yo?” Y de inmediato, han dado una respuesta afirmativa que ya es compartida, en sus propósitos y ambiciones, por algunas docenas.
Han hecho sus cálculos de todo tipo: Ya sea de competir y ganar las elecciones internas de su agrupación política, de asegurarse cuotas de poder para negociar o, bien, para dejar su nombre en el imaginario colectivo, para futuras contiendas electorales.
Ante tantas ofertas que brotan, las pre-candidatas y pre-candidatos han tenido y tienen el grave problema de que cada vez les ha de costar más, presentar propuestas realmente originales, que le ganen el pulso al ya frondoso rosario de ofrecimientos y promesas, que se han venido acumulando.
Este fenómeno se muestra más grave aún en virtud de que prácticamente todas las pre-candidaturas, que se han enunciado, están metidas dentro de una pecera marcada por una limitada y estrecha visión neo-liberal, aun cuando el país se esté ahogando en medio de un océano, donde esta doctrina económica y política tan ampliamente dominante, más que solución alguna forma parte de la causa estructural de la multicrisis que enfrenta la sociedad costarricense, en estos días tan duros y difíciles para la mayorías, para nuestro pueblo.
Al compás de esta política neo-liberal impulsada desde el decenio de los años ochenta del siglo pasado, por el Partido Liberación Nacional (PLN) y, muy entusiastamente, por Oscar Arias, se ha venido debilitando el Estado Social de Derecho al mismo tiempo que ha crecido la desigualdad social, que afecta ya a millones de costarricenses.
Fruto del esfuerzo combinado de quienes impulsaron las Garantías Sociales en los años cuarenta (Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y Manuel Mora Valverde) y del compromiso asumido por José Figueres Ferrer en el Pacto de Ochomogo, el Estado Social de Derecho costarricense, se desarrolló e hizo que Costa Rica se convirtiera en un país singular, en el contexto latinoamericano e internacional de naciones.
Sin embargo, en los años ochenta anteriores empezó una cuenta regresiva para el valioso Estado de Derecho que tanto nos costó construir como sociedad. Esta deriva destructiva y erosionadora, primero fue lenta y paulatina, pero en este azaroso presente pandémico, es una acción desenfrenada y frenética, en todos los frentes tanto en el Gobierno como en la Asamblea Legislativa.
Una plutocracia voraz y egoísta, que contrala a esos dos poderes, directa o indirectamente, y tiene un control casi monopólico de los medios informativos del país, es la principal responsable de esta “cruzada” que busca destruir lo que tanto nos costó construir.
Y les recuerdo el significado de plutocracia: “Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos”. O bien: “Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza”.
La nociva influencia de este sector ultra-minoritario de la sociedad costarricense ha deteriorado la democracia y la ha vaciado de contenido. Cuando para avanzar en el desarrollo del Estado Social de Derecho deberíamos haber evolucionado de una democracia representativa a una llena de participación social y popular amplia, como lo dicta el artículo 9 de la Constitución Política, los niveles de participación política y ciudadana se han debilitado.
Asimismo, esa plutocracia angurrienta y sus principales medios de “comunicación”, han fijado las reglas y límites a los partidos que controlan a su antojo, a las precandidaturas y al debate político. Debate político que hoy no es otra cosa, que discusión politiquera donde las ocurrencias y frases efectistas, buscan ocultar la falta de compromiso con las mayorías y con el Estado Social de Derecho, de los que forman parte de este festín de candidaturas.
Todas estas candidatas y candidatos, tímidos y temerosos, que no se salen del guion neo-liberal, cuando el país necesita de políticos que oten el horizonte, con mirada de estadistas que le devuelvan la esperanza a las y los desesperados (que crecen en cantidad e indignación), son como “abejones de mayo” que vuelan muy bajo y se arrastran en el suelo hasta que la historia de esta Patria bicentenaria, les repudie y les olvide de una vez y para siempre.
Haciendo honor a su misión, la Universidad Necesaria impacta en las regiones más alejadas del país. En esta oportunidad, mediante el acompañamiento directo, la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional (UNA) ofrecerá, durante 2021 y 2022, un Programa de Formación Bilingüe en Administración para Establecimientos Turísticos en Drake de Osa. Dicha actividad académica tiene como componente mayoritario la extensión, y se orienta a la capacitación y fortalecimiento de las habilidades de la región.
Erick Madrigal, académico de la Sede Regional Brunca y responsable del programa de formación en Drake, comentó que éste se compone de cuatro áreas que garantizan una formación interdisciplinar: recursos humanos, contabilidad y finanzas, mercadeo y ventas y enseñanza de inglés conversacional. El objetivo es formar a los participantes en el manejo administrativo básico de los recursos humanos de una empresa turística, así como el dominio de las principales técnicas de contabilidad para el control de costos de alimentos y bebidas, de inventarios y control de presupuestos.
Madrigal agregó que dicha propuesta se complementará con el área de mercadeo y ventas indispensable para ofrecer un producto turístico de calidad. Por último, el área de aprendizaje del inglés será el elemento diferenciador en relación con otros programas de capacitación que se han desarrollado en la región.
Detalló, además, que en cuanto al aprendizaje del inglés se implementará la metodología diseñada por el Programa Centro de Idiomas de la Sede Regional Brunca (CISRB-UNA), el cual consiste en la implementación de 10 niveles del idioma inglés, por lo que se espera que con la integración de estas áreas del conocimiento se alcance un perfil de salida del programa, enmarcado por una formación integral para la administración de establecimientos turísticos de forma que se responda a los intereses de la zona.
Respuesta inmediata
El académico manifestó que esta acción afirmativa en Drake responde a una solicitud, realizada a inicios de 2019, por diferentes organizaciones de la región, encabezada por la Asociación de Desarrollo y líderes de la región, los cuales solicitaron a la Sede Regional Brunca de la UNA un programa de formación para los emprendedores y microempresarios, con el fin de capacitarlos para mejorar los servicios que se brindan al turista nacional e internacional y con ello contribuir a generar fuentes de empleo a la población.
Madrigal recalcó que la respuesta por parte de la UNA fue inmediata, al punto que el 27 de febrero del 2019 varios académicos se desplazaron a esta comunidad con el objetivo de obtener información sobre la población meta interesada en recibir algún tipo de capacitación. Se realizaron pruebas para medir el nivel de inglés, así como otros instrumentos a un total de 152 personas interesadas.
****Mayores detalles con: Yalile Jiménez, decana Sede Regional Brunca-UNA. (8843-0341) o con Johnny Núñez, periodista de la Oficina de Comunicación de la UNA (8674-8535).
Los participantes del programa iniciarán la capacitación el segundo trimestre este año y concluirán su formación en diciembre del 2022.
En Homenaje y Reconocimiento al Camarada y Profesor Carlos Lanz Rodríguez, Artífice de la Formación Sociopolítica, conjuntamente con un equipo interdisciplinario, quienes nos dimos a la tarea de Facilitar los Talleres de Formación Sociopolítica, por todo el territorio venezolano, compuesta por varios Ejes Temáticos, y finalizamos este recorrido por ellos, con el Cooperativismo Revolucionario.
Presentación
En estos momentos el país está viviendo un proceso transformador y revolucionario, que dinamiza la emancipación del pueblo Venezolano, a través de propuestas generadoras, como es El Cooperativismo Revolucionario que apunta hacia la concientización de los sujetos, para afectar las relaciones de producción capitalista. El Cooperativismo Revolucionario se presenta como una concepción contra: el individualismo, la competencia, la acumulación de riqueza y la explotación de los seres humanos (la relación patronal-obrera) como expresión de la relación de producción capitalista y por esto se diferencia del cooperativismo tradicional.
El Cooperativismo Revolucionario en el marco del desarrollo endógeno debe generar cambios estructurales basados en la propiedad social y colectiva sobre los medios de producción. La Cooperativa y las otras formas asociativas como expresión concreta de la Economía Social se apropian colectivamente de La Cadena Productiva (producción, transformación, distribución comercialización y consumo) y asumen el poder en sus distintas manifestaciones, afectando las relaciones de producción Capitalista que históricamente empobrece, oprime y conlleva a la miseria de muchos y beneficios de pocos.
Contenidos
A continuación presentamos una Reseña Histórica que va desde la evolución hasta nuestros días y en especial el desarrollo en nuestro país destacando las cooperativas que han servido de impulso a otras cooperativas en Venezuela. Esta presentación también nombra los elementos del cuaderno que a continuación se nombran:
Reseña Histórica del Cooperativismo. Definiciones del Cooperativismo. Bases Legales. Valores Cooperativos. Principios Cooperativos Finalidades Generales del Cooperativismo. Ventajas de las Cooperativas. Diferencias entre Cooperativas y Empresas Privadas. Cooperativismo y Desarrollo Endógeno. Cooperativismo Revolucionario. Cooperativismo y Poder. Formas de Propiedad Cogestionaria y Autogestionaria. Reflexiones de los Participantes del taller de Cooperativismo Según Preguntas Generadoras.
Reseña Histórica del Cooperativismo
Los actos de cooperación acumulados durante el desarrollo de la humanidad y a partir de experiencias precooperativas, en la mitad del siglo XIX, concretamente en Manchester-Inglaterra nace la primera cooperativa moderna, siendo la misma de consumo. Se da este proceso bajo la influencia de muchos pensadores, entre otros: Robert Owen, Charles Fourier, William King, Phillipe Buchez, Louis Blanc, Wilhem Raiffeisen, Charles Gide, Schulze Delitzch, entre otros, En Francia se originan las cooperativas de producción y las de créditos en Alemania. Estos pensadores impulsaron las teorías que concebían a las cooperativas como un estado ideal en el que productores y consumidores controlaban, asumían la producción y el consumo, sin la intermediación especulativa del capitalismo. A finales del siglo pasado inmigrantes europeos traen las ideas cooperativas a América.
Por lo que respecta América Latina, es cierto que se han venido imitando experiencias extranjeras muy al pie de la letra lo cual ha creado muchas incongruencias conceptuales y prácticas, convirtiéndose este hecho en factor de distorsión y obstaculización para el desarrollo de un cooperativismo más cónsono con nuestras realidades y necesidades. Es necesario el conocimiento de la experiencia de los diversos movimientos cooperativos europeos y de otras latitudes; pero debemos desarrollar experiencias propias y cónsonas de acuerdo a nuestra realidad sociopolítica y económica, tomando en cuenta las manifestaciones solidarias ancestrales que han conformado a nuestro pueblo. En Venezuela, el cooperativismo surge como resultado de la influencia de los inmigrantes europeos como alternativa organizativa de producción a lo predominante para la época.
1866, 1er Congreso de Trabajadores de Venezuela, se recomienda el fomento del cooperativismo.
1903, Se forma la primera sociedad de cooperativa de ahorro y construcciones de Porlamar.
1910, Primera ley de Sociedades Cooperativas de Venezuela, copiada de la francesa en 1857.
1911, San Cristóbal, se forma la “caja popular de San Cristóbal” con un capital de Bs. 429.950, y con 715 miembros.
1917, se reforma la ley de Sociedades Cooperativas
1919, Se integran al código de comercio.
1926, Edo. Nueva Esparta, se forma la cooperativa “protectora de capital”
1927, Mérida. Se forma la “cooperativa de crédito”.
1936 López Contreras, fomento de cooperativas y cajas agrarias.
1939 Congreso de Mérida recomienda el fomento y desarrollo de las cooperativas
1942– Se promulgo la tercera ley de cooperativa que rigió hasta 1966, y obligo al estado a promover y defender las cooperativas.
1944- Medina Angarita le da apoyo a la educación y promoción de cooperativas, se promulga un Reglamento de cooperativas.
1948-1958, Con la instalación del Gobierno de Pérez Jiménez, las organizaciones cooperativas, desaparecen.
1966– Se promulgo la Ley General de Asociaciones Cooperativas, se crea la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop). El Centro Gumilla de Barquisimeto influye directamente en la formación de cooperativas de ahorro y crédito.
1975-1976, se reformo esta ley y su reglamento. Se reconoció la integración del movimiento cooperativo que en los hechos se venía desarrollando desde las regiones. Se reconoce a CECONAVE como el organismo de integración nacional, constituyéndose ésta el 26 de Junio de 1976. Esta fecha se reconoce como el día del cooperativismo venezolano.
1980 – 1997 Se constituyen centrales regionales. Se abre dentro del movimiento cooperativo venezolano el debate sobre la economía solidaria y economía social. Se consolida el servicio funerario cooperativo como la principal actividad económica. Surge el servicio cooperativo de salud.
1998 Gana la presidencia de la república el Tcel. Hugo R. Chávez F.
1999 Con la asamblea constituyente se impulsa un nuevo modelo político. Se impulsa el cooperativismo.
2000 – 2001 El movimiento cooperativo venezolano discute propuestas para incorporar a una nueva legislación. 18-09-2001 Se publica en Gaceta el Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.
Definiciones de Cooperativismo
A continuación presentamos algunas definiciones basadas en el cooperativismo tradicional, seguidamente conceptualizamos cooperativismo revolucionario enfocado en la lucha del poder político. Según, El autor Miguel Augusto Minguet “El cooperativismo es un movimiento socioeconómico de carácter mundial constituido por asociaciones económicas cooperativas en las que todos los miembros son beneficiarios de su actividad según el trabajo que aportan a la cooperativa.” Según, El INCE “el cooperativismo es una manifestación social de hondo contenido humanístico que resalta al hombre frente al individualismo sin menoscabo del disfrute o goce del ser particular de cada individuo.
También se le define como una doctrina política y modo de producción sin embargo hoy lo identificamos como un plan económico que forma parte importante de la vida económica de todos los pueblos del mundo. Su desarrollo y difusión indica que podría llegar a modificar hasta la estructura política de las sociedades que la han implementado. El Cooperativismo revolucionario es un movimiento socio-político que constituye una vía para el desarrollo endógeno y de la autogestión de la nación para que los medios de producción sea de propiedad colectiva y la economía social sea un mecanismo de expresión de la democracia protagónica y participativa. Promueva los intereses comunes, volcadas en las organizaciones en la que todos y todas tienen los mismos derechos, sin privilegios ni jerarquías.
Bases Legales de las Cooperativas
Los basamentos que regulan a las cooperativas son los siguientes:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 70, 118, 184 y 308.
La Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC)
Providencias Administrativas y Resoluciones Dictadas por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. (SUNACOOP)
Estatutos y Reglamentos Internos de las Cooperativas
La Ley de creación, Estímulos, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero (marzo 2001).
Ley de Tierras y desarrollo Agrario.
Leyes que regulen actividades especiales.
Valores Cooperativos
Ayuda Mutua: Es el accionar de un grupo de personas para el beneficio o solución de problemas comunes y mejorar su calidad de vida.
Esfuerzo Propio: Es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros de la cooperativas con el fin de alcanzar las metas previstas.
Responsabilidad: Nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades para el logro de las metas, sintiendo un compromiso moral frente a todos los asociados.
Democracia: Toma de decisiones colectivas por los asociados (mediante la participación y protagonismo) en lo atinente a la gestión de la cooperativa.
Igualdad: Todos los asociados tienen iguales deberes y derechos
Equidad: Justa distribución de los excedentes entre los miembros de la cooperativa.
Solidaridad: Apoyar, cooperar en la solución de problemas de los asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromiso por los demás.
Principios Cooperativos
Asociación Abierta y Voluntaria: Todos y todas pueden ingresar a través de la manifestación y participación voluntaria a la asociación, sin discriminación alguna y puede retirarse libremente cuando lo deseen.
Gestión Democrática de los Asociados: Todos los asociados poseen iguales derechos y deberes, no hay privilegios. Un socio, un voto.
Participación Económica Igualitaria de los Asociados: Cada socio o socia participa en la conformación del patrimonio de la cooperativa y tiene derecho a excedentes (si los hubiere) de acuerdo a los criterios decididos en asamblea.
Autonomía e Independencia: No tienen ninguna dependencia de entes públicos o privados en su toma de decisiones.
Educación, Formación e Información: La cooperativa debe brindar a sus asociados o asociadas permanentes formación, capacitación, adiestramiento de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de su organización. Las cooperativas informan al público en general sobre la naturaleza y beneficio del cooperativismo.
Cooperación entre Cooperativas: Es fundamental el ejercicio de la integración para que en forma conjunta resolver necesidades y aspiraciones comunes y consolidar una fuerza social capaz de facilitar procesos de transformación de carácter económica, social, cultural, política, entre otros, para fortalecer la economía social del país en función de construir el nuevo socialismo del siglo XXI.
Compromiso con la Comunidad: Las cooperativas deben articularse con la comunidad en busca de construir en colectivo un tejido social capaz de resolver necesidades y mejorar sus condiciones de vida, sin perder de vista el equilibrio ecológico.
Finalidades Generales del Cooperativismo
Económicas: Impulsar un nuevo modelo de desarrollo garantizando la seguridad y soberanía del país en los distintos frentes de batallas desde los Núcleo de Desarrollo Endógeno. Direccionar los procesos de la cadena productiva (producción, transformación, distribución, comercialización y consumo) de los bienes y servicios.
Sociales: Cambios estructurales basados en el interés colectivo por encima del individual.
Educativas: Construir y fortalecer valores y principios, tales como: libertad, igualdad, justicia, cooperación, equidad, el trabajo asociado, respeto, honestidad y solidaridad.
Política: Consolidar el poder popular; la democracia participativa y protagónica, a través de estrategias de organización colectiva para romper con la división social del trabajo.
Culturales: Reivindicar las prácticas y los acervos colectivos que son herencia producto de nuestras raíces culturales (indoafroamericanas y europeas).
Ventajas de las Cooperativas
Ahorro y calidad de artículos y servicios.
Promoción económica y elevación del nivel de vida general.
Eficacia contra la intermediación comercial, los monopolios y especulaciones.
La valoración y puesta en práctica de normas éticas.
La profundización de la solidaridad en la conciencia y en la práctica.
La democratización de la economía.
La humanización de la economía, solución pacifica de los conflictos económicos y organización dinámica.
Tienen preferencias por parte del Estado en el otorgamiento de contratos de ejecución de obras, producción de bienes o prestación de servicios.
Están sujetas a la transferencia de la gestión de los servicios públicos.
Están exentas de pago de impuestos nacionales, tasas, contribuciones especiales y derechos regístrales.
Exención de pago de registro del acta constitutiva y estatutos y expedición de copias de cualquier otro documento otorgado por la misma, gravámenes aduaneros.
Acceso al financiamiento del Estado en condiciones preferenciales.
Diferencia entre las Cooperativas y las Empresas de Propiedad Privada
Asociaciones Cooperativas
Empresas de Propiedad Privada
intereses
Emancipatorio
Explotación del hombre por el hombre
Ley
Decreto con fuerza de Especial de Cooperativas (LEAC)
Código de comercio y otras Leyes Mercantiles
Participación Económica
Todos por igual
Desigual
Toma de Decisiones
Un Socio, un voto
Según el capital Accionario
Beneficio Económico
Según el trabajo aportado o las operaciones efectuadas (Excedentes) Anticipo societario
Según el capital Accionario (Plusvalía) Salario
Relación de Trabajo
Asociado
disociado
Valores bajo los que se sustenta
Democracia, Igualdad, Solidaridad, Equidad, Ayuda mutua, Responsabilidad y Esfuerzo, propio.
El Movimiento Cooperativo revolucionario debe desarrollar sus objetivos en función de satisfacer las necesidades y aspiraciones sociales, culturales y económicas de las comunidades en los Núcleos de Desarrollo Endógenos (NUDE). Promueve la cooperación, la ecología, la ayuda mutua y la solidaridad, asimismo la educación para la participación comunitaria, la gestión democrática y la contraloría social. Las cooperativas en Venezuela desarrollan un conjunto de actividades económicas y sociales, entre otras tenemos las siguientes: servicio funerario, ahorro y crédito, agrícola, pecuario, transporte, salud, consumo, educación, comunicación, financieras, pesca, gas, servicios profesionales, etc. Con estas actividades se fortalece la dinámica en los Núcleos de desarrollo endógeno. Construyendo con otros NUDE los polos y ejes para las conformación de redes productivas basadas en la economía autogestionaría y cooperativas como lo establece la Constitución Bolivariana de Venezuela. En virtud de lo antes expuesto, es importante resaltar, que la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, en el aparte 1, del artículo 86, al definir las actividades que pueden realizar las cooperativas señala lo siguiente: Se podrán desarrollar cualquier tipo de actividad lícita, económica y social, salvo aquellas que el estado se reserve en exclusividad, según lo establecido en la Constitución, sin que se puedan establecer restricciones legales o de otra índole en relación con el objeto de su actividad.
El Cooperativismo Revolucionario
El Cooperativismo hoy, debe ser un movimiento para ir construyendo nuevas relaciones de propiedad. Las relaciones basadas en propiedad colectiva sobre los medios de producción, sin fuerza de trabajo asalariada, la ayuda mutua, la solidaridad y con decisiones autónomas expresadas por el colectivo, para direccionar los procesos de producción, distribución y consumo de los bienes producidos, son indicadores de relaciones de producción distintas. Se trata de construir, un modelo de sociedad partiendo de la práctica de los valores y principios del cooperativismo revolucionario, articulando los procesos de desarrollo tecno-productivo, con la formación socio-política, consolidando la lucha contra la división social del trabajo (patronal obrero y trabajo intelectual –trabajo manual),al respecto, Lanz (2005), considera:
Se reafirma, la necesidad de desarrollar un proceso formativo en el aspecto socio-político para elevar el nivel de conciencia, conocimiento de los actores y actoras sociales, en función de nuevos intereses del saber que se propugnan hacia el logro de nuevas relaciones de producción. En ese orden de ideas, en la Misión Vuelvan Caras, “se busca modificar el actual modelo, cambiando las relaciones de producción que permitan el nacimiento de una economía autogestionada, cooperativa, tal como está formulada en la C.R.B.V.” (Lanz, 2004: p.26).
El cooperativismo contiene elementos para impulsar nuevas relaciones de producción, conviene precisar, que es vital importancia en el proceso de desarrollo de los NUDE (núcleo de Desarrollo Endógeno), la organización para articular la cadena de producción como lo es transformación comercialización, distribución y el consumo de los bienes producidos, conjuntamente con el transporte, son clave para la sostenibilidad y Sustentabilidad de dichos NUDE. Uno de los valores del cooperativismo es la democracia. Corresponde a todos los que trabajamos para la construcción de nuevas relaciones de producción, promover la participación como elemento constitutivo y determinante en la consolidación de las organizaciones .En ese sentido, es necesario aceptar la diversidad de opiniones, el encuentro de saberes y asumir las decisiones del colectivo. Estas notas se presentan como reflexión acerca del papel que juega hoy el cooperativismo venezolano. La construcción del movimiento armado de los elementos teóricos que lo fundamentan y llevados a la práctica con un enfoque sustentado en la teoría crítica, es la guía para insurgir contra el modo de producción capitalista. De acuerdo con Montenegro (2004): “…la negación que el cooperativismo hace del incentivo de lucro como móvil fundamental de la actividad económica ataca un concepto esencial del capitalismo”.
Cooperativismo y Poder
A continuación hacemos una reseña sobre la actuación de las cooperativas en la lucha por el poder político en la sociedad. Históricamente, en el marco del capitalismo, se debe reconocer el paso dado por las cooperativas, en función de la ruptura de las relaciones de propiedad, ya que en ellas existe, estructuras de relaciones de poder colectivo y social, constituyendo la unidad entre el trabajo manual y el intelectual. Al estar vigente en Venezuela la opción por la propiedad social y colectiva, las cooperativas son un medio para el ejercicio del protagonismo político y la soberanía en lo económico y social, con ellas se avanza hacia la construcción de una nueva sociedad fundada en los principios y valores del cooperativismo profundamente ecológica y humanista. Si las cooperativas se constituyen en movimiento para la lucha y el ejercicio del poder político, deben trascender el capitalismo hacia la autogestión, y extenderse de manera tal que sean dominantes y determinantes en todas las instancias de la sociedad.
Formas de Propiedad Cogestionaria y Autogestionaria
Esta breve síntesis de estas formas asociativas (cooperativismo, cogestión y autogestión) nos permite proponer una estrategia de articulación, donde estas se combinan y complementan en una perspectiva estratégica, sin la exclusión que hemos conocido en otros momentos.
Cogestión: Es una modalidad de participación de los trabajadores en la empresa, básicamente en la posesión de acciones y en el nombramiento de representantes en la directiva de la fábrica. Las tendencias socialdemócratas en el mundo han promovido esta forma de colaboración de clase, sin poner en discusión las relaciones de producción y el control en las empresas. En países Europeos como Alemania, desde hace décadas se viene ensayando modalidades de cogestión, apareciendo como una manera de comprometer al movimiento obrero en las políticas anti-crisis, paquetes de ajustes y reconversión. La cogestión es un tipo de participación que no apunta hacia el cambio de estructura, sino que originalmente se propone tener algún grado de incidencia en producción fabril y es allí donde se coloca su carácter reformista, ya que acepta el estatus quo preexistente, es decir, no se plantea modificar las relaciones de poder en la fábrica de esta forma, los trabajadores participan en una gestión productiva, donde no poseen el control verdadero de la producción. Para evitar paros y conflictos, el capital acepta compartir ciertas cuotas de poder con los trabajadores, pero sin cambiar las reglas del juego.
Esta última perspectiva, ha sido confrontada en el seno de los trabajadores por los planteamientos del control obrero, enarbolado por corrientes revolucionarias en diversas coyunturas históricas. Los principales rasgos del control obrero son:
Colocar en cuestión a la división social del trabajo, es decir, la separación entre el trabajo manual e intelectual, que enajena el trabajo. El cuestionamiento de la fragmentación del saber que surge de la especialización. Darle dignidad teórica al trabajo manual, reivindicando el saber popular, propugnando el dialogo de saberes.
Asumir la democratización del saber y el pensar con cabeza propia como uno de los requisitos básico de la democracia en la fábrica.
Abolición de los secretos tecnológicos, apertura de los libros de contabilidad, control de la organización de las jornadas de trabajo.
Conocimiento de la relación salarial y seguridad social. El dominio por parte de los trabajadores de esta realidad, les permite defender con fundamentos la contratación colectiva y proponer cambios estructurales que van más allá de la cuestión reivindicativa inmediata.
El desarrollo de la democracia del saber, permite elaborar, planificar y ejecutar políticas asociadas a la producción, que trasciende la fábrica abarcando otros centros fabriles localidades o regiones. En esa dirección sea señalado que el control obrero es una consigna transitoria que enlaza la lucha coyuntural con las transformaciones estructurales preparando el terreno para la autogestión, como autonomía política –organizativa de los trabajadores. Considerando este conjunto de rasgos del control obrero, su articulación con la cogestión le da una direccionalidad distinta al enfoque y practica reformista por ello hemos hablado de cogestión revolucionaria, cuando incorporamos el control de obreros a dicho proceso. (Carlos Lanz Rodríguez. 2005)
Autogestión: Este proceso de acuerdo con Lanz, 2005: No solo se trata de un control transitorio sobre la producción sino que implica un cambio en el modelo de gestión global de la empresa, si no que propicia:
Posesión por parte de los trabajadores de la propiedad de los medios de producción, sin la mediación del estado. Esta es una diferencia clave con la cogestión.
Los productores directamente se apropian del producto de su trabajo.
Desarrollo de la democracia directa y de los mecanismos de planificación participativa, con una lectura anti-democrática.
Responde a una etapa donde predominan relaciones de producción no capitalistas.
La Cooperativa, es la modalidad que puede ser generalizada en la economía popular, preparando el terreno para cambios más profundos en la medida que se plantean la superación de la lógica del capitalismo, fundada solamente en la ganancia, sin valorar la solidaridad y el apoyo mutuo.
La Cogestión, es una modalidad asociativa que puede ser desarrollada en las empresas del Estado o en aquellas empresas cerradas. Bajo la premisa del control obrero, la cogestión se engarza con el cambio de las relaciones de producción, preparando el terreno para la autogestión.
La Autogestión, es una fase donde se supera las relaciones de producción capitalista y emergen otras relaciones de producción, centradas en los valores de uso y la apropiación colectiva de bienes y servicios
Reflexiones de los Participantes del Taller Sociopolítico
Según Preguntas Generadoras
1 ¿Cuáles pudieran ser las Raíces Culturales del Cooperativismo en Venezuela?
Si nos remontamos a los aborígenes (los indígenas) porque ellos no tenían un patrón si no que producían bajo ayuda mutua y de reciprocidad. No habían dueños de los medio de producción había apoyo mutuo para la recolección de cosechas y construcción de casas
2 ¿El Cooperativismo como Herramienta para la Emancipación?
El cooperativismo es herramienta para la emancipación porque permite la conformación (legal y legítima) de formas de organización asociativas que se expresan y se sostienen (operatividad y función) en una estructura horizontal, de democracia participativa y protagónica , donde se rotan los cargos, hay responsabilidad y corresponsabilidad ,contraloría social gestión y cogestión entre otras, que permiten desmontar las relaciones de poder (económico y social ) del sistema capitalista como son: la relación obrero patronal, un solo dueño de los medios de producción ,latifundio, terratenientes planteándose la independencia (autonomía y autodeterminación de los sujetos) en la relaciones de producción a través del trabajo asociado, la posibilidad de socializar los medios de producción, relaciones de igualdad, tolerancia , solidaridad esfuerzo propio y ayuda mutua.
3 ¿Cómo se interpreta el Cooperativismo en la Construcción de la Economía Popular?
Como un proceso de transformación político, social y cultural con un propósito que es el de articular lo endógeno en la construcción de un tejido productivo basado en cooperativa logrando un desarrollo sustentable.
4 ¿El Cooperativismo como Factor Dinamizador de la Fuerza del Poder Popular?
En la medida que se va desarrollando y profundizando el proceso de conformación del cooperativismo se va creando las condiciones para el rompimiento de las relaciones de producción y poder, lo que potencia el surgimiento del poder popular, aumentado la participación de la comunidad y rompiendo el ciclo perverso de la exclusión. En la medida en que la gente decida sobre su propio desarrollo económico, en esa medida se ira hacia el logro del bienestar común y romperá con inmediación burocrática entre el estado y comunidad.
5 ¿Cuáles serían las Diferentes Expresiones Locales del Cooperativismo?
Expresiones de Valores de Cooperación:
Una vaca cooperativa El cambote La cayapa La mano vuelta Sancocho La jornada El convite La faena El Sarao La vendimia Ganar lomo El chabono y otros
Los pueblos indígenas vivimos sumidos y abandonados en nuestros territorios y violentados por todos los medios. Los tres poderes de este país violentan los derechos del pueblo indígena: esta Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
Vivimos sumisos y para sentirnos bien tenemos que callarnos, estar escondidos y no hablar. Desde el momento en que hablamos nos asesinan. Hace 40 años yo empecé esta lucha con el hermano Sergio Rojas y es una lucha muy desigual, totalmente desigual.
En las universidades se forman los procesos educativos, no hay un solo curso de derecho indígena en la Universidad de Costa Rica ni en las universidades privadas donde se forman los abogados. Es muy difícil manejar el tema indígena.
Como pueblos indígenas hemos sido reconocidos con derechos desde 1939. Tenemos una serie de jurisprudencia que no la consideran para tomar decisiones en los pueblos indígenas. Generalmente, cuando el juez toma una decisión la hace basada en la jurisprudencia que tiene a nivel nacional y no basada en los derechos que existen para los pueblos indígenas y que se han ido reconociendo.
En 1977 la Asamblea Legislativa hizo la Ley Indígena y es una ley muy importante; pero cuando el Poder Ejecutivo hace el decreto de la ley, nos mete las Asociaciones de Desarrollo, una instancia no-indígena y por eso hablamos de los Consejos tradicionales propios, de acuerdo con nuestra cosmovisión.
Los pueblos indígenas hemos vivido con miedo durante 40 años; por no decir 530 años. Hemos vivido ese miedo con los finqueros, con los terratenientes y ningún costarricense hace nada para que no sigamos sufriendo y viviendo ese miedo.
En el 2010 nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa por estar solicitando que se aprobara o se rechazara la Ley de Autonomía Indígena, pero que la convocaran al fin porque no era justo que la Asamblea no la hubiera convocado durante más de 20 años.
Para mí todos los costarricenses son culpables del asesinato de Sergio Rojas; todos. Y desde ese reconocimiento yo creo que debemos luchar para que no nos sigan asesinando. No puede ser que menos de un año después hay otro hermano indígena asesinado por el tema de tierras. Y no nos han seguido asesinando porque hemos parado las recuperaciones; hemos hecho un alto a las recuperaciones.
En el momento en que sigamos con las recuperaciones, nos seguirán asesinando y no es justo. No es justo que un juez ordene un desalojo de un territorio indígena; eso es grave. Es lamentable que todavía suframos esas humillaciones en la época en que estamos.
Si la Ley de Autonomía se hubiera aprobado, la situación sería diferente. Esa ley de autonomía hablaba de un montón de derechos; sin embargo, los mismos terratenientes no quisieron que se aprobara. Hicieron manifestaciones inmensas porque se ubican en una situación que es muy difícil de entender. Cuando un terrateniente le dice a uno, yo soy costarricense y vivo donde me da la gana, y le dicen a uno “mechudo, hediondo, indio, usted no sabe nada” es durísimo; pero ese racismo solo nosotros lo vivimos, solo nosotros que estamos en el territorio y que hemos emprendido una lucha para seguir viviendo.
Nosotros los pueblos indígenas sufrimos una discriminación total en el territorio. Hay abogados y abogadas que dicen: “Bueno, si los indígenas tienen su territorio, que no salgan a Buenos Aires. Si los indígenas están ahí, no pueden tener ninguna otra opción”. Esto es un proceso, la tierra indígena es una tierra que el Estado costarricense nos reconoció a pedacitos, ese pedacito de tierra nos lo reconoce el Estado; pero no es de nosotros. Está siendo de otras personas que lo están usurpando y nos están utilizando de peones y pagando miserias; pero muchas veces en Facebook y en las redes sociales se dice que si los no-indígenas salen de nuestro territorio, los indígenas nos vamos a morir de hambre.
A mí me gustaría que visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria.
* Defensor de derechos de los pueblos originarios, indígena Bröran y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI
Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales-UCR.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
En medio de las manifestaciones cotidianas que evidencian la existencia de un fenómeno caracterizado, tanto por sus múltiples causas como por sus innumerables efectos, a veces difusos o casi imperceptibles, o más bien temibles en su singularidad en otros momentos o circunstancias particulares, podemos constatar también que para un gran sector de la población pareciera no ocurrir nada, todo esto tal vez porque muchas gentes no logran entender o percibir siquiera algo de su complejidad y alcances universales, los que han puesto de cabeza todo el orden, y las maneras de considerar una cierta “normalidad” que no existe más, pero a la que resulta muy difícil o imposible renunciar, por eso se insiste en seguir actuando como se hacía habitualmente desde tiempos inmemoriales, tal vez esperando la llegada de una catástrofe, aunque siempre con la expectativa de que no nos alcance.
Sucede además, que pese a todo, la naturaleza nos está notificando que la presencia de la especie humana, la que arrastra en su caída a otros seres vivientes, ya no forma parte de la “normalidad” de la vida misma sobre el planeta, de donde se desprende que ¿o la humanidad se adapta a la presencia de estos agentes patógenos que pueden resultar muy letales en algunos casos o simplemente desaparece? Si bien, lo que estamos afirmando no es un hecho inmediato, ahora sabemos que incluso con las llamadas “vacunas” no está garantizada la inmunidad de la especie entera. ¿la mascarilla o la escafandra se volverán algo permanente, al haberse vuelto el planeta tierra un lugar “menos habitable”? ¿será todo esto apenas una parte de una degradación a largo plazo que nos conducirá al fin de nuestra especie sobre la tierra?
Con este asunto de la llamada “pandemia del Covid-19”, la primera en la historia de la humanidad que alcanza de verdad unas dimensiones universales totales, cosa que no ocurrió siquiera con la temible gripe española de 1918-1920, estaríamos llegando a los límites o alcances biológicos de la existencia humana sobre la tierra, pero también a los de orden social y económico, por lo que de aquí en adelante muchos supuestos con los que hemos venido operando no pasarán de ser eso, enunciados que se asumen pero serán cada vez más difíciles de validar.
Las élites ligadas a los intereses del capital financiero se preparan para una especie de relanzamiento total (great reset) de unas relaciones sociales y políticas, cada vez más degradadas, y que podrían lanzarnos hacia grandes hambrunas, nuevas guerras interminables u oleadas migratorias masivas, a todo lo ancho y lo largo de la geografía mundial. En ese punto no sólo estamos fuera la “normalidad” aceptada por la naturaleza sino que la convivencia social estaría llegando a sus límites más extremos, como sucede en muchos países de la región, un ámbito donde los grupos de poder económico y político están aprovechándose del pánico, originado a partir de un difuso miedo a la muerte por causas epidémicas, para poner fin al estado social de derecho y a las políticas que mejoraron las condiciones de vida de las grandes mayorías, sentando las bases para un pacto social que duró muchas décadas(caso de Costa Rica entre otros países).
Las sindemias periódicas, originadas por las carencias sanitarias estructurales que aquejan, con más o menos agudeza, a grandes sectores de la población latinoamericana y planetaria, vienen a agravar un cuadro al que se une la hostilidad de las élites regionales hacia la legislación internacional en materia ambiental y el intercambio de información unido al acceso al derecho efectivo que se traduzca en la aplicación de esa legislación (Nicolas Boeglin, dixit). De ahí el estallido reciente, entre algunos sectores empresariales (representados por la UCCAEP) y hasta de grupos integristas religiosos con representación política en el parlamento (el caso de Nueva República, de Fabricio Alvarado) contra el “Acuerdo de Escazú” sobre el medio ambiente y su protección, suscrito aquí en Costa Rica por numerosos países latinoamericanos, el que habiendo sido impulsado por Chile y Costa Rica, ahora encuentra grandes escollos en esos dos estados que no lo han ratificado todavía, cosa que sí hicieron Argentina y México. Estamos avisados: los que quieran oír que oigan, los que quieran ver que vean.
Hoy es miércoles de coyuntura y conversamos sobre: “Costa Rica a las puertas del Contagio Exponencial: Covid-19, Empleo Público y elección del Directorio Legislativo”. El programa contará con la participación de:
Patricia Mora, profesora universitaria, exministra INAMU
Laura Martínez, periodista y directora del Semanario Universidad.
La invitación es para que participen en las redes sociales de Voces y Política o por medio de llamada telefónica al 2234 3233
Para sintonizar el programa: Radio Universidad 96.7 FM
El pasado 22 de abril, entró oficialmente en vigor el Acuerdo de Escazú adoptado en Costa Rica en el 2018. Como se recordará, este innovador instrumento regional es el resultado de negociaciones realizadas entre el 2013 y el 2018, bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas).
Se trata de un tratado que, desde el 2019, ha desatado una verdadera campaña de desinformación gestada desde algunos sectores y cúpulas empresariales, ayudadas por algunos medios de prensa afines, lo cual explica que a tres años desde su adopción, solamente haya sido ratificado por 12 Estados (de 33 posibles Estados Partes).
Hay que recalcar la capacidad creativa de algunos sectores opuestos a la idea de consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente para hacerle decir a este tratado cosas que no son ni se sostienen: por ejemplo, una de sus cláusulas (véase texto en esta nota publicada por CIARGlobal) sobre la solución de controversias entre Estados Partes (previendo el arbitraje o el recurso a una instancia judicial – Artículo 19) ha dado lugar a las interpretaciones más insólitas y fantasiosas para presentar el Acuerdo de Escazú como una verdadera «amenaza» ante el supuesto «riesgo» de demandas internacionales contra el Estado (Nota 1).
El Acuerdo de Escazú en breve
El nombre completo del Acuerdo de Escazú, abierto desde el 26 de setiembre del 2018 a la firma de 33 Estados de América Latina y del Caribe (véase texto completo de su versión oficial en español) es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.
Al 22 de abril del 2021, este tratado regional ha sido firmado por 24 Estados. No obstante, la lista de quienes además de haberlo firmado, lo han ratificado se reduce a la mitad, con 12 Estados Partes (véase estado oficial de firmas y ratificiones). Es de notar que entre el 2013 y el 2018, las negociaciones contaron con el activo protagonismo de Chile y de Costa Rica: dos Estados que vergonzosamente, a la fecha no han ratificado este texto.
En el caso de Chile, el Poder Ejecutivo ni tan siquiera ha procedido a firmarlo. La declaración conjunta de junio del 2018 circulada por ambos Estados para celebrar el Día Internacional del Ambiente (véasetexto que aún está colgado en el sitio oficial de la diplomacia chilena) constituye el último compromiso oficial de ambos en favor de esta iniciativa.
La determinación de la fecha de entrada en vigor
Mientras un tratado internacional no es vigente, no ingresa plenamente al universo del derecho internacional público. Su contenido no víncula aún de manera obligatoria a los Estados que lo han ratificado, ni tienen estos cómo implementar los mecanismos o crear los órganos previstos dentro del tratado. En cada instrumento internacional se incluyen disposiciones que establecen de manera muy clara las condiciones para determinar la fecha exacta de su entrada en vigor.
¿Cómo se fijó la fecha de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú? Esta se calculó contando tres meses después de registrarse el número de ratificación número 11, según lo establece el Artículo 22, párrafo 1.
Al respecto, merece mención la coordinación muy precisa realizada por los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para realizar el depósito de su respectivo instrumento de ratificación el mismo día en Nueva York, el 22 de enero del 2021: de 10 Estados Partes, se pasó directamente a 12 Estados Partes. De esta manera, estos dos Estados enviaron una señal clara e inequívoca a la región y al resto de la comunidad internacional en favor de la democracia ambiental, permitiendo además hacer coincidir la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú con una fecha en la que se conmemora, a nivel internacional, el Día Mundial de la Madre Tierra: un gesto ejemplar para otras cancillerías, de cómo se puede transformar un sencillo acto protocolario en una gran celebración.
Sobre algunas actividades oficiales programadas para celebrar la entrada en vigor de Escazú
Entre varias actividades para celebrar la entrada en vigencia de este importante acuerdo regional se puede citar la que desde la CEPAL (entidad que auspició las negociaciones de este acuerdo regional durante más de 5 años y medio), se organizó con la participación oficial de los 12 Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véaseprograma), a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Cada Estado celebró oficialmente esta fecha: podemos por ejemplo citar este foro interministerial realizado por diversas carteras en Argentina (véase enlace oficial) y este otro evento realizado en Bolivia (véase nota de prensa); y de paso, preguntarnos qué fue lo que ocurrió en algunos Estados para que no se registrara ninguna actividad oficial al respecto, ni tan siquiera un comunicado oficial o un modesto «tweet» enviado desde alguna autoridad estatal.
En el caso de Panamá por ejemplo, sus autoridades ambientales circularon un comunicado oficial (véase texto), al tiempo que en México se anunció la difusión mediante la red de estaciones radiofónicas locales del Acuerdo de Escazú en las 35 lenguas indígenas (véase nota de La Jornada).
Cabe señalar que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su profunda complacencia por la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (véase comunicado de prensa), asi como Naciones Unidas, incluyendo un mensaje de su máximo representante, el Secretario General en persona (véase comunicado de prensa oficial).
Sobre algunas actividades de otra índole para celebrar la entrada en vigor de Escazú
Se puede también destacar la feliz iniciativa gestada desde universidades de Argentina y de Francia para realizar varios módulos virtuales de capacitación sobre los alcances de este novedoso tratado regional para jueces, operadores de justicia y organizaciones no gubernamentales (ONG): se trata del «Primer conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú. Enfoque Internacional, Regional y Nacional«, cuyo programa y formulario de inscripción (gratuita y abierta a todo el público) son disponibles aquí.
Siempre en Argentina, hay que recordar el esfuerzo de los académicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para ofrecer una de las publicaciones más completas existentes en estos momentos sobre el Acuerdo de Escazú (330 páginas), la cual fue editada en el 2020 y cuyo texto completo está disponible en este enlace.
Es también en Argentina que se anunció la creación de un Foro Legislativo Ambiental en el seno de su Congreso este 21 de abril (véase nota), un formato que bien podría interesar a otros poderes legislativos en la región.
También merece mención el anuncio oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Perú de un mecanismo de protección para los defensores del ambiente este 22 de abril (véase nota de prensa ytexto completo del decreto): un interesante gesto de un Estado que aún no ha ratificado el tratado, pero que empieza desde ya a adoptar políticas públicas como las que sugiere este instrumento regional.
Es muy probable que otras iniciativas en distintas partes de América Latina y del Caribe vieron el día para celebrar la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: las iniciativas precitadas son solamente una pequeña muestra de ellas.
El Acuerdo de Escazú … sin Costa Rica
En Costa Rica, la situación incómoda de observar la entrada en vigor de un tratado internacional que lleva el nombre de uno de sus cantones sin figurar entre los Estados Partes fue más que palpable.
Más aún si se considera que Costa Rica lideró con Chile los cinco años, siete meses y siete días que duraron las negociaciones. Y más aún si se considera lo siguiente: a diferencia de Chile, en donde la pasación de poderes del 2018 significó un cambio abrupto de orientación política (con el estallido social que sacudió a Chile en el 2019 y parte del 2020), en Costa Rica, a partir de mayo del 2018, las nuevas autoridades electas pertenecen al mismo partido político que gobernó en el período 2014-2018.
A una extraña maniobra del Poder Ejecutivo de la semana pasada, consistiendo en convocar el Acuerdo de Escazú el 12 de abril para desconvocarlo 48 horas después (véaseartículo del Semanario Universidad), volver a convocarlo y desconvocarlo nuevamente el pasado 24 de abril aduciendo temas sanitarios ligados a la pandemia, podemos observar otras más recientes en el Congreso: véase por ejemplo esta nota conaudios de diputadas registrados en días recientes así como lo que quiso ser una maniobra de última hora de la fracción oficialista (y que no lo fue) y este reciente artículo del Semanario Universidad. De última hora se informó desde el mismo 21 de abril que varios diputados se oponían rotundamente al Acuerdo de Escazú (véase esta nota del medio digital Delfino.cr y esta otra de CRHoy).
La sensación de incoherencia y de improvisación fue total, así como lo insólito que resulta la situación de Costa Rica, analizada esta vez desde la perspectiva internacional (véase entrevista radial al respecto). Como lo habíamos explicado en su momento, algunas cámaras empresariales costarricenses en octubre del 2020 circularon una serie de pronunciamientos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú en el seno de la Asamblea Legislativa (Nota 2).
Más allá de los vaivenes de la política costarricense, este 22 de abril se realizó un foro (véase programa) convocado por la Facultad de Ciencias Sociales y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyo video está disponible en este enlace.
Al tiempo que, siempre desde la UCR, el Programa Era Verde de su canal de televisión (Canal 15 UCR) dedicó su emisión semanal al Acuerdo de Escazú (véase video disponible en YouTube).
Pese a una intensa campaña realizada por varias cámaras empresariales contra el Acuerdo de Escazú, el mismo 22 de abril se organizó un foro, por parte del exitoso medio digital Delfino.cr, para debatir públicamente sus argumentos; los representantes de la UCCAEP optaron finalmente por no participar (véaseenlace al foro realizado, en el que se ponderaron los argumentos en contra del Acuerdo de Escazú que sostiene la UCCAEP).
Finalmente, quisiéramos recomendar la lectura de este artículo del medio costarricense Ojoalclima, el cual detalla los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos con relación a su contenido; así como estes valioso esfuerzo de DobleCheck, que examina en detalle cada uno de los argumentos la precitada cámara empresarial renuente a debatir públicamente (véase documento) ,en el que podemos leer que:
«Doble Check conversó el viernes 23 de abril con Álvaro Jenkins, presidente de UCCAEP, quien dirigió las consultas al director ejecutivo Fabio Masís. Masís dirigió hoy, lunes, nuestras consultas al departamento de prensa, que indicó que no podrían responder hasta la tarde del miércoles 28 de abril. Doble Check actualizará esta nota si las respuestas llegan para entonces«.
El 22 de abril del 2021: una ocasión propicia para realizar acciones diversas
No está de más decir que, de cara a esta importante conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra en este 2021, las organizaciones de la sociedad civil, la academia (Nota 3), el sector ecologista, los movimientos sociales y la prensa también fueron llamados a participar activamente: con respecto a esta última, varias agencias internacionales de noticias prepararon notas, entrevistas y artículos para el 22 de abril (véase por ejemplo esta nota de la DW alemana, este artículo publicado en ElPais de España y esta nota de Radio France Internationale, RFI).
En el ámbito nacional, se puede destacar el esfuerzo colectivo de varios medios peruanos que lanzaron el 22 de abril el video «Ratificación del Acuerdo de Escazú: la gran deuda ambiental en Perú» (véase video promocional).
Así como la deuda de Perú con el Acuerdo de Escazú es manifiesta, al haber sido frenada su adopción en el congreso peruano con base en argumentos falaces (y hasta … fantasiosos), es muy probable que en América Latina, colectivos recordaron en Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela que mantenerse distante del Acuerdo de Escazú resulta cada vez más insostenible: a modo de ejemplo, podemos citar este comunicado suscrito por 86 asociaciones campesinas en República Dominicana (véase nota de prensa) y este artículo de opinión publicado en El Nacional de Venezuela.
Este artículo de El Desconcierto (Chile) ilustra muy bien el desconcierto que provoca la incoherencia del discurso de sus actuales autoridades en materia ambiental, mientras que este otro publicado en El Nuevo Siglo (Colombia) explica el alcance de la ausencia de Colombia (Estado de la región en el que más asesinatos de líderes comunitarios y ecologistas se registran).
En cuanto a la situación de la prensa en Costa Rica, nos permitimos recordar lo que se observó en marzo del 2018 y que se plasmó en unas reflexiones nuestras (véase texto) al señalar que:
«No hace falta mencionar que la escasa cobertura de los medios de prensa con relación a la adopción de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en la capital de Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con extrema reserva y cautela toda consolidación de estos principios jurídicos en favor de las comunidades y del ambiente.«
A modo de conclusión
El contar con 12 Estados que puedan oficialmente participar a la primera reunión de Estados Partes y darle vida a un tratado internacional como el Acuerdo de Escazú, constituye sin lugar a dudas un gran avance para la región y para la consolidación de la democracia ambiental. El hecho que Chile y que Costa Rica aún no figuren en este grupo de Estados puede ciertamente afectar su credibilidad a nivel internacional; no obstante, esta ausencia no afecta mayormente el proceso de consolidación de este innovador impulso en procura de un desarrollo económico mucho más equitativo e inclusivo y más respestuoso de los derechos de cada ciudadano y colectividad en el continente.
En América Latina, el haber incorporado el tema del Acuerdo de Escazú en la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra constituyó sin lugar a dudas una gran oportunidad para dar a conocer el alcance de las disposiciones normativas de este importante instrumento: en particular para informar sobre la extrema vulnerabilidad de quienes defienden el ambiente en el continente, y son regularmente noticia cuando son intimidados, amenazados, enjuiciados, o, al persistir en su lucha, asesinados. En este sentido, el precitado anuncio hecho por el Poder Ejecutivo peruano el pasado 22 de abril debiera de inspirar a muchas otras autoridades en el continente en aras de proteger a los defensores ambientales.
Notas—
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «En respuesta a algunos argumentos en contra del Acuerdo de Escazú«, Ius360, edición del 2/11/2020, disponible en este enlace.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., « «¡Llegaron los mitos!»: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace.
Nota 3: Siempre en Costa Rica, referimos a un muy reciente y completo artículo publicado, cuya lectura completa se recomienda: PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el estado de derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17/4/2021, disponible en este enlace.
La democracia costarricense es una forma de vida desarrollada desde los albores de la Independencia, el 29 de octubre de 1821, la fecha costarricense de su Declaración, que se originó con el detonante en Centroamérica con la Declaratoria de Independencia de Guatemala, el 15 de setiembre de 1821, la sede de la Capitanía General y del Reino de Guatemala, que hizo que El Salvador se pronunciara por la Independencia el 21 de setiembre y, Nicaragua y Honduras el 28 de setiembre.
Desde 1821 hasta 1823 el inicio de la Independencia condujo, en Costa Rica, al establecimiento de Gobiernos provisionales, transitorios, Junta de Legados y Juntas Superiores Gubernativas, hasta que de nuevo, en un afán de reconstruir la unidad política que se tenía de la región antes de la Independencia, se encaminaron estas comunidades, en 1823, y luego en 1824, a fundar las Provincias Unidas de Centroamérica, y la República Federal de Centroamérica, que bajo un modelo federal las agrupó, gestando al interior de cada una de ellas el nacimiento de Estados, con sus particulares órganos de Poder y Constituciones Políticas.
En Costa Rica la Junta de Legados, de mediados de noviembre de 1821, estableció una Comisión redactora de una Constitución, que se aprobó el 1 de diciembre de 1821, “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, la primera de la región en época independiente, siguiendo los lineamientos clásicos de los contractualistas y de la propia Constitución de Cádiz de 1812.
Al mismo tiempo se evidenció desde el origen mismo de la Independencia la autonomía y separación real que vivían estos Estados, desde finales de la colonia, por múltiples razones, que hicieron que a partir de 1837 el modelo de la República Federal de Centroamérica se desintegrara, a pesar de los esfuerzos que hiciera en 1842, Francisco Morazán, desde su llegada al Poder en Costa Rica, por pocos meses.
Los mecanismos inmediatos que siguieron a la Independencia para el desarrollo del Estado y la vida independiente, además de declarar abolida la esclavitud en Centroamérica en 1824, pasó, en el caso costarricense, por la llegada al Gobierno, desde 1824 hasta 1833, del Primer Jefe de Estado, educador de formación, que impulsó la educación tempranamente de niños y de niñas, encomendándole esta tarea a las municipalidades en gestación. Desde entonces Costa Rica, a diferencia de los restantes países, o estados centroamericanos, apostó a la educación popular, fortaleciéndola de distintas maneras con el correr de los años, hasta hoy, lo que sigue siendo una distinción en la región.
La ausencia de una lucha militar por la Independencia no impulsó, en Costa Rica, estructuras militares ni caudillos surgidos de estas luchas que se impusieran en el Poder. Tampoco la lucha militar fue necesaria porque no había una fuerza militar colonia que derrotar.
El Ejército como institución se desarrolló especialmente a partir de 1835, y alcanzó su mayor esplendidez en la lucha nacional libertadora contra la presencia de los filibusteros norteamericanos, encabezados por William Walker, que se había establecido en Nicaragua en 1855, donde aprovechando contradicciones políticas en ese país, se impuso y hasta estableció la esclavitud, que quería expandir a toda la región, motivo por el cual el Gobierno de Costa Rica, jefeado por Juan Rafael Mora Porras decidió avanzar sobre Nicaragua para acabar con esa usurpación del poder por Walker y para evitar su llegada a Costa Rica, como para asegurar la Independencia existente, que lo hizo a finales de marzo de 1856, cuando invadió el territorio nacional y fue derrotado el 20 de marzo. A partir de ese momento dos nuevas derrotas, el 10 de abril, en Sardinal, territorio costarricense y el 11 de abril, en la ciudad de Rivas, en Nicaragua, produjeron la derrota de los filibusteros, interrumpida, en toda la línea, en ese momento, por la peste del cólera que se desató, lo que obligó a suspender las acciones militares hasta que de nuevo, en el segundo semestre de 1856, continuaron los combates, con mayor presencia de los ejércitos centroamericanos que se sumaron al costarricense, hasta que en 1857, el 1 de mayo, William Walker se rindió y fue expulsado de Centroamérica. En 1860 intentó de nuevo invadir Centroamérica, y apoyándose en los intereses británicos en la región llegó a Honduras donde fue capturado y fusilado.
Las contradicciones internas por el Poder en Costa Rica produjeron la caída del gobierno del Presidente Mora Porras y, en 1860, ante un intento de recuperarlo fue detenido y ejecutado, con otro de los héroes de la lucha contra los filibusteros, el General José María Cañas, de origen salvadoreño y cuñado suyo.
Los siguientes diez años se impusieron dos militares, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, detrás de los mandatarios civiles, anulando el recuerdo de la Campaña Nacional contra los filibusteros y la imagen de los conductores de la Guerra, los Mora, Juan Rafael y su hermano, el General Joaquín Mora, y el propio General Cañas.
En 1869 el Presidente Jesús Jiménez limitó el poder de estos militares, impuso la educación primaria obligatoria, gratuita y costeada por el Estado, afirmando una vez más esta vocación democrática apoyada en la educación.
En 1871, bajo el gobierno del General Tomás Guardia Gutiérrez, cuyo gabinete era de civiles, se aprobó el Código Militar estableció controles civiles y políticos sobre el Ejército y el aparato militar. Desde entonces se impulsaron políticas para ir debilitando al Ejército, sus militares y reforzando el aparato educativo, con nuevas reformas de educación pública a partir de 1885.
En 1877 el General Guardia desaplicó la pena de muerte, y en 1882, la abolió proclamando del Derecho a vida con rango constitucional, elemento que también distinguió a Costa Rica en la Región y desde entonces en el mundo, entre los pocos países que entonces la había eliminado como castigo supremo.
Respecto al Ejército a principios del siglo XX se hizo una modificación al Escudo Nacional eliminándole dos cañones que estaban en su base, afirmando de esa manera este “civilismo” en marcha que había de la institucionalidad costarricense.
Con el breve golpe de estado, de 1917 a 1919, el Ejército se volvió a fortalecer, pero caída la dictadura, por acción popular, de nuevo el Ejército se debilitó hasta, que, en la década de 1940, resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se impuso un gobierno de facto, jefeado por José Figueres, quien gobernó hasta 1949, y tomó la decisión en diciembre de 1948 de abolir el Ejército como una institución permanente del Estado costarricense.
Desde entonces ningún costarricense sabe lo que es el Ejército como institución, ni sus militares, ni son convocados a ejercicios militares o a incorporarse al ejército, por circunscripción, conscripción, alistamiento o servicio militar obligatorio militar, como parte de su formación ciudadana.
Desde la abolición constitucional del Ejército, Costa Rica no puede participar en eventos militares, ni campañas militares, ni guerras ajenas. Esto ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Constitucional estableció que tampoco puede dar apoyos a actos de guerra de otras naciones o Estados.
Las contradicciones generadas del mismo proceso productivo y del desarrollo económico del siglo XIX, hicieron surgir grupos económicos y clases sociales en formación, que de distinta manera se enfrentaron por la lucha del control político nacional, originando 10 Constituciones Políticas hasta 1871.
A partir de esta Constitución que desarrolló un régimen presidencialista fuerte, y por los vínculos con el mercado europeo e internacional, a partir de 1849, con las exportaciones de café, se logró mayor estabilidad política y gobiernos estables de duración cuatrienal.
Los procesos electorales fueron la principal fuente de poder. Con limitaciones en el ejercicio del sufragio se fue formando la democracia electoral costarricense. Desde 1890 con el surgimiento de partidos políticos se impuso la llegada a órganos de elección popular solo a través de partidos políticos. La elección directa se impuso sobre la de segundo grado en 1913, la elección secreta sobre la pública se impuso en 1924 y la elección universal, con el reconocimiento de voto a la mujer, se logró en 1949. En 1974 se bajó la ciudadanía de los 21 años a los 18.
Un elemento distintivo de la sociedad costarricense, respecto a la centroamericana, fue el desarrollo de libertades ciudadanas y políticas, y de derechos ciudadanos y Derechos Humanos, junto con Garantías Sociales, de rango constitucional desde el inicio constitucional en el siglo XIX hasta hoy.
Del mismo modo un aparato electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, con rango de Poder Estatal, independiente, alejado del control de los gobernantes, desde 1949, afirman la democracia nacional, le generan confianza institucional y popular a los resultados electorales, y al acatamiento popular de esos resultados.
Educación, elecciones por medio de partidos políticos, ejercicio político electoral como práctica de la vida ciudadana marcaron la diferencia también con el resto de los países centroamericanos, donde predominaron dictadores, tiranos y militares autoritarios en ejercicio del Poder.
A finales del siglo XIX el Presidente Barrios de Guatemala intentó sin éxito formar de nuevo la República Federal. Intentos unionistas vinieron después desde la sociedad civil sin éxito también.
El desarrollo de gobiernos autoritarios, despóticos, militaristas en la región alejaron esta posibilidad de reunión política. Costa Rica se alejó más de ese proyecto. Los intentos integracionistas vinieron de fuera, de la presencia económica extranjera en la época del imperialismo. Sin embargo, continuaron y a inicios de la década de 1950 se impulsó la Organización de Estados Centroamericanos, que políticamente no condujo a nada, pero estimuló la creación de la Secretaría de Integración Centroamericana, SICA, que si funciona, y bien, en el ámbito de las actividades económicas y comerciales.
Los sucesos ocurridos en Centroamérica, con motivo de las revoluciones y movimientos insurgentes, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala condujeron a salidas políticas para restaurar la democracia política y sociedades democráticas que descansaran en la práctica de libertades y Derecho Humanos, que poco se ha logrado en esa dirección, pero que ha sido importante. Los Acuerdos de Esquipulas no fueron un acuerdo político para establecer el unionismo centroamericano. Tan solo fueron, importantes en ese sentido, para alcanzar la paz en la región, y estabilizarla.
Ante el bicentenario de la Independencia en Centroamérica estos 200 años transcurridos solo han afirmado la separación política de los países de la región, a los que se han integrado en el SICA Panamá y República Dominicana. Los organismos Regionales de tipo político que surgieron de los acuerdos de Esquipulas, la Corte de Justicia y el Parlamento, Costa Rica los ha rechazado, y no hay manera de que pueda integrarse a ellos mientras no se produzcan cambios sustantivos en su integración.
Por ahora los festejos del Bicentenario de la Independencia a nivel Centroamericano tan solo serán una fiesta especial en la región, que cada país también celebrará en su especificidad.
A los 7 años de edad, Maritza Valverde llegó a vivir a Volcán de Buenos Aires. Ahora, a sus 34, rememora las visitas al río después de la escuela, cuando vivía a los 100 metros y sus vecinos la acompañaban.
“Ahora es totalmente diferente, el río no tiene la misma cantidad de agua, y todo ha cambiado tantísimo”, relata Valverde, quien agrega que antes “todo el mundo se conocía” en la comunidad.
Pero los grandes cambios vienen de años atrás, cuenta Marco Ugalde. El vecino de 51 años lleva toda la vida en Volcán, aunque dice que hubo un cambio “drástico” hace 40 años.
“Había muchas fincas ganaderas, pero en el momento en que la compañía llegó a cultivar piña hubo un cambio drástico. Todo mundo vino a vivir aquí y a hacer una vida de trabajo, tener casita y una rutina diaria”, comenta.
En Buenos Aires de Puntarenas la compañía (como usualmente le conocen) transnacional Fresh Del Monte expandió sus operaciones a finales de los años 70, a través de la subsidiaria Pineapple Development Corporation (PINDECO).
En el año 2018 Buenos Aires representó el 85% del área total dedicado a la producción de piña en la Región Brunca (7.056,38 hectáreas), según el Monitoreo del estado de la piña en Costa Rica para el año 2018 publicado en 2020 por el Centro Nacional de Alta Tecnología. En 1998 la cobertura correspondía apenas a 1.225 hectáreas.
El distrito más representativo es Volcán con 2.792,81 hectáreas de cultivo de piña, algunas localizadas a lo largo de la parte media y baja de la subcuenca. La subcuenca Volcán está comprendida en la gran cuenca del Río Grande de Térraba. La conforman los ríos Volcán, Ángel y Cañas, y atraviesa hasta 10 comunidades.
La parte alta de la cuenca es área protegida del Parque Nacional La Amistad, mientras que gran parte de las tierras en la parte media y baja son propiedad de PINDECO para la producción de piña, aunque conforme desciende también hay presencia de caña de azúcar, ganadería y un historial de deforestación.
Contexto geográfico.En naranja se pueden observar los cultivos de piña en Volcán y zonas aledañas. Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial.
Alfonso Beita vive en una propiedad que colinda con el río Volcán. Cada año Beita y su familia siembran más árboles en la zona, e incluso cedieron parte de su propiedad para un proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación para la recuperación de la cuenca del río Volcán.
Volcán ha sido el hogar de la familia Beita alrededor de tres o cuatro generaciones. Los primeros miembros en migrar hasta la zona provenían de Chiriquí y se dedicaron principalmente a la ganadería.
Ahora Alfonso es quien le ha dado seguimiento a los proyectos de su abuelo, y desde años atrás mantenía el interés (junto a otros miembros de su familia) por conformar una Comisión de Cuenca.
“El sueño era poder hacer la Comisión, y así llegarle a los productores de la parte alta que han deforestado para proponerles reforestar, incluso involucrar estudiantes para sembrar, conseguir fondos para cercar los árboles y darles un seguimiento. Pero es difícil convencer a otros propietarios de que cedan una parte”, comenta Beita. “A mí me da lástima ver y recordar cómo era el río”, reflexiona.
Pero los cambios en la comunidad y particularmente en el río Volcán no se escapan de la vista de los más jóvenes.
Jesse Padilla (25) y Dayana Castro (26) se han criado en Volcán, y aunque salieron del pueblo para estudiar, regresaron y ahora colaboran con la Fundación Iván Noé para la Conservación. Además, ambos coinciden en que han visto cambios en el río los últimos 10 años.
“Años atrás era un río muy limpio y había mucho caudal. La gente se iba a bañar ahí con frecuencia, se tiraban en neumáticos y llevaban comida”, recuerda Padilla. “Pero desde hace 10 años ha cambiado mucho, sobretodo porque en las partes altas se empezó a deforestar para hacer potreros”, agrega.
Castro también destaca los efectos de la deforestación. La joven vecina cuenta que la corta de árboles hacia la orilla de la cuenca ha afectado a la misma, y además han empeorado problemáticas como las inundaciones. “En invierno el río está a la intemperie, las orillas ya no tienen nada que le haga una barrera natural entonces sí se ha salido”, dice.
Pero Castro no es la única en utilizar “a la intemperie” para referirse al estado de la cuenca y la pérdida de barreras naturales. De acuerdo con Ugalde “ese río está como en un desierto. Al ritmo que vamos, si no se hace algo, se podría secar en un verano muy fuerte”.
En octubre de 2020 se realizó una asamblea de representantes para conformar una Comisión de Cuenca para la gobernanza participativa del recurso hídrico. Participaron asociaciones integrales de desarrollo, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales, finqueros/ganaderos, empresas productivas como PINDECO y CoopeAgri, grupos ecologistas, consejos de distrito municipal, grupos de mujeres y jóvenes.
El pasado mes de enero fue juramentada oficialmente la Junta Directiva de la Comisión de Cuenca por el Consejo Municipal de Buenos Aires.
Proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación. Fotografía: Facebook Programa de Reciclaje Volcán.
Las concesiones
A la problemática de la deforestación se le suma la política actual sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, percibida por el sector ecologista, organizaciones comunales y movimientos como Ríos Vivos como una mala gobernanza del recurso hídrico.
En Costa Rica la política vigente de la Dirección de Aguas (DA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permite otorgar concesiones por un 90% del caudal medio anual de una fuente de agua superficial, es decir, personas y empresas pueden pagar un canon para el aprovechamiento del agua de un río.
Pero en tiempos de crisis climática, el llamado del sector ecologista y las comunidades se concentra en exigir una aplicación de metodologías integrales para determinar cuál es la verdadera capacidad de los ríos para otorgar las concesiones asegurando la sostenibilidad.
En 2010 a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte se le otorgó una concesión de aprovechamiento para riego por 425 litros por segundo en el río Volcán. Su vencimiento estaba previsto para enero 2020 pero producto de la pandemia se extendió un año más.
SURCOS consultó a Del Monte acerca de la renovación de la concesión expediente 8618A de 425 litros por segundo, canon, sitio de toma y uso. En la respuesta por escrito la compañía mencionó que presentó la renovación ante la DA para uso agroindustrial.
La compañía también cuenta con otra concesión en el río Volcán de 10.60 litros por segundo y destinada a riego (vence en 2023), una toma en el río Cañas de 514 litros por segundo destinada a riego y 10 litros para agropecuario (vence en 2024), y dos tomas en el río Ángel de 150 y 55 litros para riego (vence en 2023).
El último aforo sistemático realizado en el sitio de toma de la concesión corresponde a mayo de 1988. Lo anterior significa que desde ese año no se ha hecho una nueva medición del caudal en el sitio de toma, por ende no tiene en cuenta los cambios que ha traído consigo la crisis climática.
El término “caudal ambiental” se refiere a la cantidad, periodicidad y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas y el bienestar humano que depende de ellos.
En 2019 miembros del Movimiento Ríos Vivos enviaron una carta a la Dirección de Agua para solicitar la realización de nuevos aforos del río Volcán durante el período seco antes de renovar la concesión, para verificar el impacto que ha tenido en el sitio de toma y en el resto del trayecto del río.
Madeline Kiser y Óscar Beita, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos que firmaron la carta enviada a la DA, vivían y trabajaban en los Estados Unidos hasta hace dos años, pero siempre se mantuvieron involucrados con las luchas ambientales de Volcán.
Kiser llegó a Volcán en 1984 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En ese momento había una problemática de agua en la comunidad e inició un proceso para hacer un acueducto, proyecto que la acercó a los líderes comunitarios del momento.
“Mientras estábamos allá (en los Estados Unidos) teníamos un programa en el cual traíamos estudiantes de la Universidad de Arizona a Longo Mai (en Buenos Aires), para aprender más sobre el Movimiento Ríos Vivos”, cuenta Óscar Beita.
Durante el tiempo que vivieron en el exterior continuaron buscando aliados, enviaron cartas, colaboraron con la Organización para Estudios Tropicales (OTS, por sus siglas en inglés) para traer personas expertas en caudales ambientales y fijar su atención sobre la cuenca del río Volcán.
Ambos creen en la necesidad de aplicar una metodología holística para el cálculo de caudales ambientales, incorporando un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de extraer agua de los ecosistemas. Dicha necesidad también la han expuesto el sector ecologista y movimientos comunitarios.
“A la hora de pensar en darle una concesión a alguien, nadie considera los usos sociales que tiene un río, nadie considera que la gente va, se divierte y es salud mental, eso no se considera con ese decreto”, apunta Óscar Beita.
De acuerdo con Beita y Kiser, el decreto ve el agua como un recurso destinado al consumo humano y la producción, pero olvida otros usos sociales.
Vecinos y vecinas disfrutan del río en Semana Santa 2021. Fotografía: Jesse Padilla.
Hablar abiertamente de la piña
Pero los cuestionamientos hacia el manejo del recurso hídrico en la zona no son recientes. A finales de los años noventa el movimiento comunitario Frente de Lucha Contra la Contaminación de PINDECO mantuvo inquietudes al respecto y además denunció los efectos ambientales de la expansión piñera.
Pese a que la lucha del Frente cesó en cuanto PINDECO obtuvo la certificación ambiental ISO 14001 (la cual contempla estándares para el manejo de impactos ambientales) las personas en la comunidad continuaron notando cambios importantes como altos niveles de erosión en los suelos, sedimentación del cauce del río y la disminución de su caudal.
En opinión de Kiser, ha sido un largo proceso poder hablar abiertamente de la piña en la comunidad, aún cuarenta años después de la llegada de PINDECO.
“Hasta en reportes científicos, procesos o planes la palabra piña a veces no aparece, o aparece escondida detrás de ganadería y caña”, agrega.
Según dicen vecinos de Volcán, tratar el tema de la piña aún se considera un tabú, debido a que muchas personas en la comunidad trabajan con Del Monte y temen que algún cuestionamiento los lleve a perder su empleo.
En Volcán la principal fuente de trabajo se relaciona con la piña, por lo que algunas personas de la comunidad abogan por modelos económicos alternativos (un tema que vecinos han conversado en el Foro Confluencia Solidaria) aunque de momento las opciones de empleo fuera del esquema de la piña son escasas.
SURCOS también consultó a Del Monte sobre las represalias en el pasado y el silencio tácito en la actualidad, pero la compañía asegura que siempre ha velado por el bienestar de las comunidades donde operan, aunque las comunidades están en desacuerdo.
En los últimos años, Buenos Aires de Puntarenas se ha posicionado entre los cuatro cantones del país con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Matina, Talamanca y Los Chiles.
El acueducto: conquista comunal
En otras zonas piñeras del país se ha alertado sobre la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades, aunque no es el caso de Volcán.
En 1986 PINDECO propuso la instalación de pozos para abastecer a la población con agua potable, aunque hubo dudas entre los vecinos por la inminente contaminación de los pozos con agroquímicos.
La decisión que tomó la comunidad junto a la compañía fue la creación de un acueducto comunal (ASADA) que hasta la actualidad se abastece de cinco nacientes y tomas provisionales en el río Ángel durante el verano.
“De momento donde tenemos las captaciones no se da el problema de la deforestación”, menciona Maritza Valverde, administradora de la ASADA.
De acuerdo con Valverde, actualmente no hay problemas de abastecimiento de agua en la comunidad, pero a largo plazo y si la población continúa creciendo, el acueducto podría requerir de nuevas formas para abastecerse.
A pesar de que gran parte de la población en Volcán tiene acceso a agua potable, los fenómenos atmosféricos potenciados por el cambio climático sí representan un desafío.
En época seca el acueducto hace dos conexiones para tomas provisionales. Conforme avanza la época y el caudal del río baja, hacen una segunda conexión para asegurar que nadie se quede sin agua.
Pero la época lluviosa es la que representa un mayor problema. Las tormentas y fuertes lluvias contaminan las nacientes y el agua se ensucia, entonces en el acueducto toman la decisión de cerrar la tubería y se suspende el servicio por unas horas hasta lograr la captación de agua potable.
“Todo está siendo muy radical. A mí personalmente me preocupa porque el cambio climático cada vez nos afecta más y eso es muy preocupante”, opina Valverde.
Algunos vecinos coinciden en que la amplia cobertura de agua potable en la comunidad ha generado que pocas personas piensen en la importancia de proteger el recurso hídrico.
Sentimientos por el río
Años atrás Alfonso Beita encontró un tractor a la par de su propiedad que colinda con el río. Según cuenta, era un T9 botando árboles para una represa de la compañía.
“Imagínese lo que sentí, era el bosque ribereño que mi abuelo había dejado a la orilla del río. Yo me crié ahí y hasta aprendí a nadar en él, en mí hay un gran sentimiento por ese río”, comenta.
En opinión de Alfonso Beita, la consolidación de la Comisión de Cuenca es un gran avance y un espacio para que todos se unan a salvar el río.
“La idea es que estas áreas no se toquen y queden como amortiguamiento. Se podrían sembrar árboles funcionales que le den una entrada a los productores”, dice.
El agrónomo señala la importancia de presentar alternativas, como organizarse para la siembra de árboles y plantas medicinales que puedan venderse, hacer senderos para atraer turismo e involucrar a los productores. “Tiene que haber un cambio de mentalidad en los productores”, expresa.
Para Jiri Spendlingwimmer, quien participó en la defensa del recurso hídrico en la Comisión de los Ríos Convento y Sonador ante la amenaza de proyectos hidroeléctricos, la creación de la Comisión de Cuenca en Volcán llega a dar la oportunidad de que la comunidad pueda incidir en situaciones que limitan su bienestar.
“El río Volcán es un río que tiene varias concesiones de riego y no fue algo que las comunidades eligieron. Es importante que sean movimientos de base comunitaria porque es la gente que ahí vive, y no debería ser que desde un escritorio un funcionario en San José decida cuanto dedicar para riego, y la gente ni cuenta se da”, dice Spendlingwimmer.
De acuerdo con Dayana Castro, quien forma parte de la Comisión, la aspiración es involucrar a toda la comunidad y educar a las personas acerca de la importancia de proteger la cuenca. En los próximos meses la Comisión avanzará en la formulación de sus objetivos y proyectos.
Todos los vecinos entrevistados tienen una aspiración común: salvar la cuenca. ¿Su consigna? “Estamos a tiempo”, pero reconocen que deben actuar ahora mismo.
Abril 2021. Fotografías: Jesse Padilla.
Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.
«El pueblo debe mejorar su actitud sanitaria ante la nueva ola del Covid- 19, que sin duda ha mutado y es más agresivo según los expertos. Pero el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben tener plena seguridad que, sin trabajo, sin comida, sin Internet gratis para el estudiantado, sin un bono proteger reforzado y fiscalizado, sin ingreso para pagar: préstamos en cualquier entidad financiera, el alquiler mensual, los servicios, el pago de la buseta escolar, el local y otras cositas básicas, NO HABRÁ, NO EXISTE MEDIDA SANITARIA EN EL MUNDO que detenga a un pueblo sin trabajo y con HAMBRE. Las madres y padres ticos y ticas se tirarán a las calles para alimentar a sus familias. Por lo tanto, NO ACEPTAREMOS que nos califiquen de VIOLENTOS Y VIOLENTAS, pues esa será una reacción humana natural y normal ante la falta de visión del Gobierno y la Asamblea Legislativa y su temor a meterle la mano a las cuentas de los ricos y evasores.
