La Universidad de Costa Rica (UCR) le solicitó, vehementemente, a los medios de comunicación institucionales y nacionales recordar la responsabilidad comunicativa con la que deben dirigir todas sus investigaciones y reportajes, de modo que no revictimicen ni culpabilicen a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y al mismo tiempo, los instó para que se comprometan con la igualdad y dejen de reproducir discursos machistas, misóginos y degradantes.
Este llamado lo hizo mediante un Pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario, en la sesión ordinaria de este martes 8 de setiembre, el cual surgió como iniciativa de las mujeres que forman parte del Órgano Colegiado, Dra. Teresita Cordero Cordero, Prof. Cat. Madeline Howard Mora, M.Sc. Patricia Quesada Villalonos y la Bach. Valeria Rodríguez Quesada.
La preocupación de la UCR surge a raíz del reportaje El crimen de la habitación número 3, del programa Siete días, transmitido por Canal 7, el lunes 31 de agosto, sobre el femicidio de la doctora María Luisa Cedeño Quesada. En dicho reportaje aparecen únicamente declaraciones de los abogados defensores de los sospechosos detenidos, dado que el Ministerio Público tiene imposibilidad para brindar información por la etapa en la que se encuentra el proceso.
El Consejo Universitario, considera que convertir la violencia contra la mujer en un espectáculo mediático tiene dos escenarios contradictorios: por una parte, incentiva el morbo en la mirada de las personas testigos de la violencia, mirada cada día más ávida de espectacularidad y en la cual la humanidad de las mujeres se pierde entre el ruido y las imágenes; y, al mismo tiempo, genera parálisis e impotencia frente a hechos percibidos de tal magnitud para los cuales no se encuentra una posible salida.
Esta casa de estudios superiores reconoce que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana y salud pública, y que la sociedad no puede permanecer indiferente, pues es una transgresión directa a los derechos humanos impulsada por discursos de odio y la perpetuación de estereotipos y roles de género discriminatorios.
Con este pronunciamiento, la UCR también manifestó su apoyo a la acción tomada por el Colegio de Periodistas de Costa Rica para abrir una investigación sobre el reportaje mencionado, pues reconoce la importancia que tiene el manejo ético de la información y la necesidad de evitar prácticas que atenten contra la dignidad de las personas de manera recurrente.
En este sentido, el Consejo Universitario se mostró preocupado no solo porque la intensificación de la violencia mediática recae principalmente en los cuerpos de las mujeres, sino por el manejo que se ha hecho de las muertes violentas en razón de su género, lo que ha conducido a su revictimización y las de sus familias, al responsabilizar a las mujeres por los actos cometidos en su contra.
Llamado a las universidades
Consciente de que los medios de comunicación brindan criterios que permean la manera en que construimos y enmarcamos la realidad, la UCR también hizo un llamado a las instituciones académicas públicas y privadas, que imparten las carreras de Periodismo y afines, para que fortalezcan la formación ética de sus estudiantiles, pues resulta difícil pensar que puedan haber cambios culturales y educativos en materia de género si no se sientan las bases para la educación de los y las profesionales de la comunicación.
Esta no es la primera vez que la UCR manifiesta su preocupación por el tratamiento mediático que se le da a la violencia contra las mujeres en el país. (Foto: Pilar Rojas).
Algunos límites de nuestro impuesto sobre la renta para generar justicia tributaria.
(Baso estas notas en los datos disponibles en la página web del #MinisteriodeHacienda, que lamentablemente no ha publicado aún los del 2019)
El de renta, es un impuesto directo que teóricamente permite progresividad: que las personas físicas y jurídicas con mayores ingresos tributen más que las de menores ingresos.
Pero hay varios elementos que limitan su alcance y por lo tanto, en lugar de fortalecer las finanzas públicas contribuyen a ensanchar el déficit fiscal.
Uno de ellos y probablemente el principal, sobre el que se ha discutido mucho, son las diferentes formas de evasión y elusión que llegan a sumas astronómicas según se calculen dichas fugas. A propósito, es una lástima que el Ministerio de Hacienda no actualice y publique sus estudios sobre el incumplimiento tributario.
El otro, al que refieren específicamente estas notas, es el denominado Gasto Tributario, constituido por diferentes tipos de exoneraciones establecidas por ley al pago de impuesto sobre la renta.
Como se puede ver en los datos, por cada colón recaudado en el 2018 por impuesto sobre la renta, se dejaron de recaudar 53 céntimos como consecuencia de las exoneraciones, de los cuales 22 céntimos correspondieron a las empresas de zonas francas.
Al mismo tiempo, es importante señalar que las personas trabajadoras y pensionadas del sector privado y público, son la segunda fuente más importante de la recaudación del impuesto sobre la renta (27.32% del total). Y por otro lado, no son las más beneficiadas de las exoneraciones en comparación con los beneficios recibidos por las zonas francas, las cooperativas y otras personas jurídicas.
Esto último es importante considerarlo en el debate que se viene estos días, donde se anuncian propuestas para eliminar exoneraciones a salario escolar y aguinaldo, pero no se ha planteado tocar las que benefician a una parte cada vez más grande de nuestro sector empresarial y de la generación de riqueza.
Considero que deben revisarse todas las exoneraciones. Si se quiere avanzar en la construcción de una estructura tributaria más justa, no se deben seguir recargando las reformas sólo en el sector de personas trabajadoras (lo cual además sería de poco impacto), sino exigirle igual o mayor contribución al sector empresarial que goza de grandes privilegios en esta materia.
Discutamos y decidamos sobre exoneraciones al ISR pero pongamos TODAS! sobre la mesa.
Porque cada colón que se pierde por exoneraciones debilita nuestras finanzas públicas, engrosa el déficit fiscal, acrecienta la riqueza de unos pocos y por lo tanto, refuerza la acumulación y debilita la distribución.
Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su página de Facebook.
Este viernes 18 de septiembre a las 6 p.m. en el programa radial Alternativas se estará hablando sobre el tema “Aparatos Ideológicos y Represivos del Estado”, con la participación de: Claudio Monge, Esteban Paniagua, Osvaldo Montero y Eduardo Mena.
Podrá sintonizarlo en los 1590 AM o bien por medio de Facebook Live.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
Si los combatientes del Palacio de la Moneda y del Ministerio de Obras Públicas, en la capital chilena, nos dieron una muestra del potencial revolucionario que existía, y que se expresó en medio de la mayor adversidad, en aquel desigual combate del 11 de septiembre de 1973, la actitud omisa de buena parte de la izquierda chilena acerca de lo que estaba ocurriendo: el golpe militar en marcha, planificado esencialmente desde la Marina, y buena parte de los mandos de la aviación, con la participación de algunos generales del ejército (el caso de Sergio Arellano Stark), el que fue denunciado por los sargentos y soldados de la marina de Valparaíso y Talcahuano, durante los primeros días del mes de agosto de 1973, como un hecho que se saldó negativamente para los sectores populares, demostrando la incapacidad de cambiar las estrategias o tácticas políticas, en momentos en que ya las fuerzas más reaccionarias se habían decidido por la acción militar, todo esto fue configurando un cuadro de indefensión, y de pérdida de la iniciativa de los mandos políticos de la Unidad Popular Chilena, donde no existió la alternativa o esta se fue desdibujando en los meses anteriores a un desenlace que no tenía por qué ser sorpresivo, en modo alguno. Envalentonada, en cambio estaba la derecha más radical, pues en sus filas se encontraban los conspiradores golpistas de los altos mandos de la marina, además de los grupos paramilitares de la ultraderecha como el denominado Movimiento “Patria y Libertad”, la develación del golpe hacia el interior esa arma tan importante les sirvió, para seguir actuando de manera abierta, en un sentido contrario al que era dable esperar, como también para establecer sin tapujos que el gobierno que representaba la continuidad del orden legítimo en el país no tenía ningún derecho a defenderse, la mera idea de plantear una defensa del orden constitucional se había convertido ya en un “acto terrorista”, y el gobierno como tal y sus fieles defensores serían calificados, después del 11 de septiembre de 1973, bajo la denominación genérica de “extremistas” a los que había exterminar, primero mediante el terror masivo, y luego mediante el empleo del terror selectivo como parte de una guerra de aniquilamiento de las fuerzas revolucionarias, dentro de la que ese terror operó como el arma principal del régimen restaurador que instaló en Chile, a partir de la derrota del movimiento popular chileno. Sólo Carlos Altamirano Orrego, el entonces Secretario General del Partido Socialista de Chile, alcanzó a advertir a la población mediante un discurso ante un pleno de su partido, que fue difundido por las ondas de Radio Corporación, el domingo 9 de septiembre de 1973, en horas de la mañana, de que el golpe ya se encontraba en marcha, con lo así se había llegado al punto de tener que enfrentarse con lo imposible, tal y como se reveló apenas un par de días después… ese fue el desenlace de la tragedia de aquel proceso de transformaciones sociales, emprendido apenas tres años antes aunque sus raíces históricas se remontaban, muchas décadas hacia atrás.
Todo esto nos lleva a destacar que en lo esencial, pareciera que el devenir histórico latinoamericano, durante la mayor parte del siglo XX, fue la expresión de lo pudo ser pero finalmente no alcanzó a materializarse, en gran medida por la reacción de las fuerzas conservadoras y la agresiva irrupción de las potencias imperialistas decididas a no perder jamás el control social, político, económico e incluso militar, todo ello aconteció a pesar de las enormes energías desplegadas por muchos de los protagonistas de algunos procesos de transformación social, impulsados acorde con las esperanzas y expectativas forjadas dentro del imaginario de una modernidad “occidental”, la que nunca terminó por instalarse en la región, tal y como sucedió en el caso de la llamada “vía chilena al socialismo” de la que hemos venido hablando, “la primavera democrática guatemalteca” (1944-1954) o la “revolución justicialista” del decenio peronista en Argentina, deviniendo en la inmensa tragedia de que no sólo no se afianzaron a consolidar las conquistas sociales penosamente logradas (en el caso de que esto fuera posible), sino que los desenlaces político-militares trajeron o significaron profundas regresiones sociales y políticas, las que en su despliegue mostraron la siempre amenazante posibilidad de retornar al pasado colonial (todavía presente en las mentalidades colectivas), con todas sus formas coercitivas de explotación y de sometimiento en los órdenes de lo social y lo político.
No fue simplemente la subjetividad de los protagonistas de estos dramas históricos, como lo fue también el caso de la malograda democracia guatemalteca, destruida a sangre y fuego por la intervención imperial, llegando a convertirse en la democracia que nunca fue (El gobernante de ese país, coronel Jacobo Árbenz a lo sumo pretendía alcanzar una “democracia” al estilo anglosajón, mientras que los estadounidenses lo vieron siempre en un “espejo bolchevique”, como resultado de la hábil propaganda mediática, desplegada en los propios EEUU). Más que las subjetividades, fueron las rígidas estructuras sociales y políticas las que hicieron imposible ese paso hacia la modernidad, indispensable para que existan democracias de verdad y no sólo avariciosos regímenes plutocráticos, sostenidos por mascaradas electorales y el poder del dinero. En el caso de la Argentina del decenio peronista, cuando la coyuntura económica se volvió desfavorable, a partir de 1952, los aliados burgueses del peronismo y la misma derecha peronista decidieron bajarse del carro “revolucionario” de mejores salarios y políticas de bienestar para los trabajadores, el tamaño del pastel a repartir con la clase patronal se había vuelto más pequeño y los intereses estadounidenses en el país demandaban un régimen político más obsecuente con sus intereses económicos y geopolíticos, de ahí en adelante la materialización del golpe de Estado y la consiguiente “revolución fusiladora” (Rodolfo Walsh OPERACIÓN MASACRE Ediciones La Flor Buenos Aires 2001) no tardarían mucho en aparecer en el horizonte, mientras los que a pesar de todo, nunca dejaron de luchar, a lo largo de las siguientes décadas fueron los obreros argentinos (nominalmente peronistas muchos de ellos), protagonistas del Cordobazo(1969) y otras memorables jornadas de lucha heroica e insobornable.
Al conmemorarse en este mes de septiembre los 47 años del golpe militar reaccionario en Chile y los 65 del que terminó con el régimen peronista (un 16 de septiembre de 1955) cabe hacernos al menos una pregunta sensata y sincera ¿seguiremos lamentándonos y añorando lo que no pudo ser, como una especie de sino histórico fatal o habrá llegado la hora de enfrentarnos a nuestras realidades, con los ojos bien abiertos y con determinación para la lucha que nos lleve a concretar la gran tarea histórica que sigue pendiente?
Sra. MSc. Andrea Meza Murillo, Ministra del Ambiente y Energía, Gobierno de Costa Rica, Su Despacho.
Estimada Sra. Ministra,
Primeramente, me permito saludarle deseándole éxitos en sus gestiones iniciales al frente del Despacho del Ministerio del Ambiente y Energía. En representación de las organizaciones firmantes, CEDARENA, FANCA, ARCA, el Frente Nacional por los Humedales y la Fundación Neotrópica, le hago llegar para su consideración una carta abierta referente al proyecto de reglamento Reglamento de Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), versión presentada recientemente a la Comisión Permanente de la SETENA y pendiente de aprobación y divulgación por parte del Poder Ejecutivo. En la misiva razonamos, adoptando los criterios vertidos por la Asociación de Consultores Ambientales, nuestra posición respecto a esta propuesta normativa.
Con base en este razonamiento, Señora Ministra, le solicitamos en esta carta abierta, que su Ministerio:
1- No oficialice la mencionada propuesta normativa como sustituto del actual sistema de evaluación de impacto ambiental;
2- Que en lugar de esta propuesta se realice una detallada reestructuración del instrumento en forma participativa pero eficiente partiendo de los recursos que posee el sector estatal con el valioso insumo técnico que le ofrecen diversos actores sociales de la academia, del sector de la sociedad civil organizada y privado, que complemente y modernice la normativa de evaluación de impacto ambiental vigente a fin de que el sistema se agilice sin que se genere regresión y desprotección del ambiente.
Quedamos a sus órdenes con el fin de poder dar seguimiento a esta solicitud, la cual formulamos con espíritu respetuoso, pero con la vehemencia y el interés que requiere en el momento actual, la defensa de los intereses ambientales de nuestra población, conforme se contempla en el artículo 50 de nuestra Carta Magna. Le solicitamos cordialmente, el correspondiente acuse de recibo.
Atentamente, Dr. Bernardo Aguilar González Director Ejecutivo Fundación Neotrópica
Imagen ilustrativa tomada de Burica Press – WordPress.com
Con el auspicio del SINABI (Sistema Nacional de Bibliotecas)
Palabras viajeras surgió de un compromiso dinámico, colaborativo, internacional, decidido para revertir la invisibilidad librada contra las poetas de Costa Rica.
Las poetas y sus traductores estadounidenses acogen con gran orgullo esta oportunidad única de escuchar y discutir poesía en recitales y conversatorios bilingües.
Como respuesta creativa a las limitaciones actuales, distintos grupos de poetas y traductores se reunirán dos veces por semana en once sesiones en Zoom, lunes y jueves, 6 p.m. hora de Washington DC y 4 p.m. hora de Costa Rica partir del 21 de septiembre y hasta el 22 de octubre a través de la página de la Biblioteca Nacional.
Usted puede unirse a esta oportunidad para oír poesía nueva y hacer preguntas, registrándose con su nombre, correo electrónico y fecha(s) de la sesión preferida (ver afiche), con un correo dirigido a la Biblioteca Nacional de Costa Rica: bibliotecanacional@sinabi.go.cr.
Women Poets of Costa Rica / Mujeres poetas de Costa Rica, 1980-2020, Bilingual Anthology / Antología bilingüe—tomo de 550 páginas creado por las poetas y los traductores—comenzó con la galardonada poeta, actriz, editora Arabella Salaverry, que recorrió fuentes bibliográficas y redes, encontrando al fin a 50 excelentes poetas contemporáneas. La coordinadora de traducción, María Roof, reunió a un equipo de 19 traductores que completaron con entusiasmo la tarea en un tiempo récord.
Como complemento a la antología, se han planificado once encuentros literarios con diez de los traductores, -casi todos profesores de reconocidas universidades norteamericanas- y las poetas de Costa Rica. Ellos estarán a cargo de leer la poesía traducida al inglés y las poetas su poesía en español. Los profesores compartirán su experiencia como traductores y conversarán con las poetas.
Esta antología constituirá un hito en la literatura costarricense ya que por primera vez se ofrece un compendio de la creación poética femenina de Costa Rica en dos idiomas. Imperativo hacer hincapié en esta circunstancia, su profundo significado histórico y literario.
Cabe señalar como rasgo importante la diversidad de temas por los que transita. Amor, desamor, naturaleza, preocupación de orden ontológico, compromiso social, misticismo, entre otros. Propone así un juego de intensidades y matices que enriquece sus alcances.
El Ministerio de Cultura y Juventud, Colegio de Costa Rica, apoyó el libro y Palabras Viajeras con una subvención de financiamiento para promover la cultura y el bilingüismo en el país. Los encuentros se han pensado también para ser compartidos con estudiantes de colegio y universitarios. Libro disponible dentro de poco en línea. Las sesiones grabadas de PalabrasViajeras se ofrecerán en la página Facebook de la Biblioteca Nacional.
El grave insuceso de disponer no ser competente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), para conocer de la denuncia de fraude procesal y soborno a testigos contra el ex presidente y ex senador Innombrable; conlleva a la discusión jurídico-académica en torno al nefasto accionar del activismo judicial, que confluye al malsano torrente político, en un país dominado por la hegemonía de derecha oligárquica contra insurgente y ante el cual sucumbe el máximo tribunal de la justicia en Colombia.
No procede una Declaración “a favor”, de la independencia y autonomía de la CSJ, por lo siguiente:
Por ser extemporáneo, ante el hecho de haber renunciado a la competencia y en consecuencia dejar de conocer del caso de investigación penal adelantado contra el senador Innombrable. 2. Ser la Resolución AEI-0179-2,020, del Magistrado Ponente, de 31 de agosto de 2.020, notoriamente contraria a la Constitución Política de 1991, generando una hecatombe en el Estado de Derecho.
MOTIVACIÓN. – No era un problema de competencia, sino de jurisdicción. El Parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política de 1991 (CP91), no aplica para las atribuciones de su numeral 3o (juzgar a los miembros del Congreso) y numeral 5o (a agentes diplomáticos). Además, conforme a la definición “hubieren cesado en el ejercicio de su cargo”, atribuye para avocar el conocimiento (competencia) y para cuando el senador sindicado renuncia a su cargo de elección popular, ya se había articulado el accionar jurisdiccional y conocido del presunto delito. De manera que la Sala de Instrucción de la Corte había asumido el conocimiento (competencia), por haberse iniciado formalmente el proceso penal, decretado prueba y tomado decisiones como el arresto domiciliario. Con fundamento en el principio de la “Perpetuatio Jurisdictionis”, prevalecía la permanencia de la competencia en cabeza del juez especial, que para garantía del debido proceso ha de permanecer incólume, hasta la terminación del proceso. La seguridad jurídica impone que una vez así articulado y aprehendida la jurisdicción, esta no debe ser modificada. Una atenta lectura del fallo, contraría su armonía y coherencia y es dable afirmar que infortunadamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación con conocer del asunto contra el Innombrable ex senador, cedió a las presiones y chantajes por el peso político del mismo sindicado, incurriendo en pusilanimidad judicial, algo que en jurisprudencia comparada, la jurisprudencia argentina fundamenta a perfección, puesto que estaban dadas todas las circunstancias y fundamentos de jurisdicción y de competencia para que la Corte Suprema de justicia continuara conociendo del caso de marras. Valga agregar que ante un caso tan álgido, la Corte fue inferior a las circunstancias, pudiendo sentar nueva y vinculante jurisprudencia. Pero no, aplicó la enredadera jurídica santanderista. Ya existía jurisprudencia en el caso del 35% de senadores vinculados a la parapolitica, que utilizaron el mismo subterfugio de renunciar – como si de cambiar de bus se tratare- para que no conociera la Corte de sus casos y nada aludieron a la definición y condena al senador Mario Uribe, por ejemplo. Eso es catastrófico y no merece el reconocimiento de apoyo de la pléyade de juristas colombianos a esa decisión pusilánime, cobarde.
Estando a ojos vista el atropello al Estado de Derecho, surgido a raíz de la articulación del ocurso administrativo en el Senado, que tramito y aceptó la “renuncia” del innombrable senador; la Corte asumió la actitud del avestruz. Los cargos de elección popular son para ejercerlos, son irrenunciables. Lo contrario burla la voluntad del elector. Si el senador renunció, corresponde a un acto interno volitivo, subjetivo, que implica la dejación del cargo. El camino que tenía el Senado al conocer la orden de captura del senador innombrable era proceder a lo disciplinario, sancionatorio, de suspensión del cargo y en consecuencia proceder a reemplazarlo conforme a lo legal. Al darse la dejación del cargo, por renuncia del senador, procedía, no aceptar la tal “renuncia” sino a llenar la vacante conforme a lo legal. De tal manera, que la investidura de la actual senadora, vocera del paramilitarismo cucuteño, en el senado y en función de reemplazo, es además de nula, por nulidad absoluta, inexistente, jurídicamente hablando. Imposible que ese elefante, pasara desapercibido por la Corte Suprema. Por eso en Colombia no existe un estado de derecho; sino un estado de cosas inconstitucional (eci) aberrante.
Ahora, contribuye a asalto a la credibilidad y garantía de pronta justicia el anuncio que la investigación contra el ex presidente y ex senador por incurrencia en la masacre de El Aro, siendo gobernador del Departamento de Antioquia; tampoco es de fuero especial y competencia de su conocimiento. Aunque no se conoce el texto publicitado de tal Resolución imposible que apliquen el mismo criterio torticero y digan o sostengan que tal acción, merecedora de castigo, no “tengan relación con las funciones desempeñadas” como gobernador y que al ya no serlo cuando se compulsaron las copias para la investigación de su conducta Matarife, ya no era Gobernador y por ende bla,bla, bla.
Se puede afirmar que ha sido la misma Corte Suprema de Justicia, la que se ha depreciado o menos calificado. Ella misma se ha rebajado y en un país como Colombia, inmerso en un conflicto armado interno, la Justicia Ordinaria no es garantía para la sublime misión de impartir Justicia y Verdad, en tratándose de involucrados políticos. Por ello abunda la vigencia y reconocimiento al Sistema de Justicia Alternativa que representa la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
No hace parte de mi vocación y formación jurídica contribuir a una declaración en favor o apoyo a la independencia y autonomía de la Justicia en el caso de marras, cuando ella misma ha sido la que toma el timón del cancerbero y navega por los piélagos del averno. He dicho. ¡Puro Abogado!
El pasado 9 de marzo de 2020 se aprobó en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 21.382 que planteaba una reforma constitucional en la cual se agrega un párrafo que señala lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.
Compartimos las siguientes infografías acerca del tema.
Esta información es parte del trabajo del Observatorio de Acciones Colectivas del IIS y el Observatorio de Bienes Comunes de Kioscos Socioambientales.
Son dos infografías que procuran problematizar los desafíos que significan la declaratoria constitucional del derecho humano al agua desde la práctica de las luchas comunitarias.
Compartido con SURCOS por Luis Andrés Sanabria Zaniboni
Por Dr. Esteban O. Mora Martínez, profesor e investigador del Cicap-UCR
¿De qué trata el acuerdo de adhesión?
Dr. Esteban O. Mora Martínez, profesor e investigador del Cicap-UCR
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
El Poder Ejecutivo presentó el 4 de septiembre de 2020 el proyecto de ley que regula el acuerdo de adhesión del país a la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y sus protocolos, con el fin de culminar el proceso de incorporación a dicho órgano, luego de cinco años de escrutinio en 22 Comités que examinaron distintos ámbitos de la Administración Pública nacional como salud, empleo, seguridad social, educación, comercio, inversión, agricultura, hacienda, finanzas, entre otros, que busca la implementación de buenas prácticas de políticas públicas en Costa Rica.
Previo a conocer de qué se trata el acuerdo de adhesión, es importante repasar las etapas de este proceso de más una década:
En la primera etapa, durante la Administración Arias Sánchez (2006-2010) se inició el acercamiento con el programa internacional para la Evaluación de Estudiantes en el 2009 (conocidas como pruebas PISA), también en temas de competencia y transparencia fiscal, así como al Centro de Desarrollo de la OCDE para exponer experiencias de políticas de desarrollo económico y social.
Posteriormente, en la gestión de Chinchilla Miranda (2010-2014) se comunicó formalmente a ese organismo el interés de formar parte como miembro de la organización, con un plan de trabajo en los ámbitos político (lobby con otros países miembros) y técnico (mejoras en inversión, educación y comercio entre otros temas).
Esto implicó una ardua participación del país en el Centro de Desarrollo de la OCDE, así como el cumplimiento de tres condiciones específicas:
Sometimiento a revisiones de políticas públicas (p. e. gobernanza pública, educación vocacional y técnica, agricultura, estadística y apertura de mercado).
Adopción y suscripción de instrumentos jurídicos relevantes para la Organización (i.e. asistencia administrativa mutua en materia fiscal, corrección, integridad y transparencia en la conducción de los negocios y las finanzas internacionales).
Participación en distintos comités y grupos de trabajo de la organización.
Debido a estos esfuerzos, es que durante la Administración de Solís Rivera (2014-2018) se consolida el proceso con la invitación formal y el inicio de un análisis de las condiciones del país en 22 Comités evaluadores. Esta ruta se mantiene vigente en la gestión Alvarado Quesada (2018-2022), en la cual, no se finalizan los exámenes en marzo de 2020, sino que Costa Rica recibe el 15 de mayo la invitación de formal del Consejo de la OCDE para convertirse en el miembro número 38 del organismo.
En dicho contexto, para formalizar la adhesión, con el expediente No. 22.187 se presenta el proyecto de Ley “Aprobación del acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Costa Rica a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en San José, Costa Rica, el 28 de mayo de 2020; la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrita en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; el Protocolo Adicional N°1 a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; y el Protocolo Adicional N°2 a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960, y normas relacionadas”.
Esta formalización requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de cuatro artículos:
En el artículo 1 se aprueban los términos de la adhesión de Costa Rica a la OCDE, con base en:
El Acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Costa Rica a la Convención de la OCDE, suscrito en San José, Costa Rica, el 28 de mayo de 2020;
La Convención de la OCDE, suscrita en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960;
El Protocolo Adicional N°1 a la Convención de la OCDE, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; y
El Protocolo Adicional N°2 a la Convención de la OCDE, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960.
En el artículo 2 se crea el Consejo Rector Nacional para la OCDE como responsable de la aprobación y el seguimiento del Plan de Trabajo que el Estado costarricense deberá desarrollar y promover en el marco de la OCDE.
Este Consejo estará integrado por:
Ministerio de Comercio Exterior, quien preside y actúa como Secretaría Técnica,
Ministerio de la Presidencia,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y
Ministerio de Hacienda.
Este artículo, además de requerir un reglamento que regule el actuar de las diferentes instancias, establece que el Ministerio de Comercio Exterior “será responsable de la coordinación nacional entre los órganos, entes y poderes públicos que correspondan, según los temas de competencia de cada uno, a efecto de formular e implementar el referido Plan de Trabajo”, mientras que las responsabilidades en “la definición y ejecución de la política exterior del Estado costarricense” recaen en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
El artículo 3 regula el presupuesto, el pago de cuota de membresía y las obligaciones derivadas en el marco de la OCDE, donde el Ministerio de Comercio Exterior deberá incluir en su presupuesto el monto correspondiente al pago de la cuota de membresía anual a la OCDE y la operación de la Delegación Permanente de Costa Rica ante dicho organismo. A la vez, las otras instancias públicas también deberán incorporar el monto correspondiente para desarrollar los compromisos y las acciones derivadas del Plan de Trabajo aprobado por el Consejo Nacional Rector.
En todos los casos, se incorporará en el anteproyecto del presupuesto ordinario de la República que presenten ante el Ministerio de Hacienda, o en el proyecto de presupuesto ordinario que se presente a la Contraloría General de la República, según corresponda.
De esta forma, el Ministerio de Hacienda incorporará los recursos para atender tales compromisos en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República, que se presente por parte del Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa.
El artículo 4 establece que corresponde al Poder Ejecutivo la designación del funcionario que represente al país en la OCDE en su sede en París (Francia), previa consulta al Consejo Nacional Rector de la conformación de la delegación permanente.
En el caso en que este proyecto se aprueba y el país obtenga su membresía, ¿qué implicaciones se adquieren durante la permanente etapa de “Diseñar mejores políticas para una vida mejor”?
Primero, el país tiene la responsabilidad de participar en más de 300 comités, foros y grupos de trabajo en diferentes ámbitos de temáticas de políticas públicas.
En paralelo, debe desarrollar un plan de trabajo para implementar las recomendaciones de los 22 Comités, así como continuar bajo las evaluaciones periódicas que realiza la OCDE para comprender los desafíos y fortalecer sus políticas. Aunado a estas evaluaciones, están los exámenes de pares, en los cuales, de manera voluntaria, se trabaja en la mejora de la provisión de servicios públicos al ciudadano.
Segundo, el país tiene que continuar su ruta de reformas legislativas y administrativas con el fin de incorporar las mejores prácticas internacionales. Para ello, se deben presentar informes de progreso y reportes periódicos en áreas evaluadas como: mercados financieros, inversión, ciencia y tecnología, asuntos fiscales, comercio, salud, agricultura, política educativa, empleo, trabajo y asuntos sociales, política regulatoria, política de consumidor, economía digital, seguros y pensiones privadas, estadísticas, cohecho, entre otros.
Tercero, el país se compromete en compartir sus experiencias exitosas mediante el intercambio de buenas prácticas, lo cual, no solo implica exponer sus resultados en medio ambiente por ejemplo, sino, adoptar estándares en temas como lucha contra el soborno internacional, elusión y evasión fiscal entre otros.
Y un cuarto aspecto tiene que ver con la consolidación de un sistema de estadísticas e indicadores confiables para la toma de decisiones, con el fin de poder realizar comparaciones entre sus países miembros, evaluar así la efectividad de las políticas públicas y mejorar la consecución de los resultados.
Finalmente, esto puede tener resultados positivos en el sistema de gobernanza pública, entendida como una mejora en la calidad de la gestión de la Administración Pública, así como una mayor efectividad y eficiencia en el gasto e inversión pública. También, le abre las puertas al país para participar en las decisiones globales y de la propia organización, ya que, los países de la OCDE representan el 80% del comercio internacional e influye en las dinámicas de inversión, sostenibilidad e inclusión. En todo caso, esta dinámica de mejora continua y reformista obliga a todos los sectores a buscar un consenso en el qué y en el cómo construir una Costa Rica más equitativa en su desarrollo económico y social. Este proceso, requiere transparencia y comunicación permanente.
Dr. Esteban O. Mora Martínez Profesor e investigador del Cicap-UCR
Estudiantes de las escuelas de Arte Escénico y Danza, presentaron iniciativas para convertir el arte en una efectiva herramienta para hacerle frente a la pandemia.
Cuentos infantiles para explicar la realidad social del país, procesos artísticos generados a raíz de la covid-19, yoga para el bienestar físico, mental y emocional, improvisación en la danza, y el autocuidado de la mujer en el hogar, son los proyectos con lo que los estudiantes de arte quieren conectarse con distintas comunidades del país. El fondo para el fortalecimiento de las capacidades estudiantiles en Extensión Universitaria de la Universidad Nacional (Focaes Extensión), es la herramienta que le permitirá a estos jóvenes cumplir con sus objetivos.
Estas iniciativas forman parte de las 48 propuestas presentadas por la comunidad estudiantil, y que tienen como fin la creación de productos de comunicación digital que permitan el vínculo entre la acción estudiantil y la población meta desde la presencialidad remota, y que buscan potenciar el desarrollo de capacidades en diferentes sectores de la población como niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad; la socialización del conocimiento o temáticas de interés que permitan la búsqueda de soluciones y la reflexión en torno a las experiencias acontecidas en el trabajo de campo y el diálogo con los actores locales frente a la situación actual.
Silvia Montenegro Gómez y Jordan Fajardo Ocampo estudian artes escénicas, su proyecto pretende crear una serie de cuentos cortos relacionado con temáticas como la salud, el medio ambiente y las artes, con el fin de poder comunicar a la población infantil sobre lo que se vive actualmente desde una forma más clara y dinámica para ellos.
Sebastián Acuña Chaverri, Dayan Pérez García y Mariana de la Cruz Salas, también de Arte Escénico, desarrollan “Resistencia: el teatro en la peste” y tienen como objetivo realizar un mapeo a nivel país sobre procesos escénicos nacidos a partir de la covid-19, además de diseñar cuadros informativos, un directorio digital y cuñas audiovisuales que comuniquen lo encontrado. El mapeo se hará a nivel país incluyendo personas universitarias inmersas en prácticas escénicas, personas del gremio teatral costarricense y personas que no pertenezcan a estas categorías que están realizando proyectos escénicos, para esto conversarán con organizaciones comunales, municipales e instituciones encargadas en cultura, así como con los grupos o personas que están trabajando “teatro en la pandemia”.
Yerline Herández Solís, Yadelys Montiel Masis y Sofía Sandoval Navarro, también pertenecen a la Escuela de Ate Escénico, ellas reconocen la dificultad que tienen las mujeres para realizar las tareas del día, al lado de labores que generalmente se vinculan a temas de cuidado y por proponen “Cuidando a las cuidadoras”.
“Leemos en muchos lugares que la pandemia llegó para evidenciar las desigualdades, y esto se vuelve evidente en materia de género: no solamente debemos progresar en nuestros trabajos remunerados o estudios sino en el cuido de niños, adultos mayores, personas con necesidades especiales o personas neuroatípicas, muchas veces, además, hacen la mayor parte de la labor doméstica en el hogar. A eso se le suma el componente de la crisis económica actual que contribuye a que las mujeres busquen nuevas formas de trabajos remunerados desde casa”, citan.
Ante este panorama, pretender crear un grupo de mujeres para empezar un proceso guiado, utilizando una caja que contendrá productos y objetos que permitan generar nuevas dinámicas de cuido propio, apoyadas por contenidos digitales que faciliten el proceso y promuevan una red de acompañamiento. Se abordarán temas de salud como el cuido propio por medio de las artes o la expresión artística, y otros como género y el rol de las personas cuidadoras.
“Para la Escuela de Arte Escénico es importante que los estudiantes se involucren en estas iniciativas que fomentan la permanencia en la Universidad y crean un vínculo con las comunidades”, dijo Vera Ramírez productora de la Escuela de Arte Escénico.
Desde Teatro en el Campus, mencionó Ramírez, se apoyará a los estudiantes en la divulgación de sus propuestas.
Por su parte, la Escuela de Danza también presentó sus iniciativas. David Ahmed Jiménez Gutiérrez, impulsará “Yoga, meditación y movimiento”, su objetivo es llegar a un sector amplio de la población con edades entre los 18 y hasta los 50 años en sesiones de 10 minutos para quienes cuentan con poco tiempo, hasta una hora para los que deseen una práctica completa. Los módulos se impartirán en videos para explicar o guiar los ejercicios, y abarcarán ejercicios de concentración y visualización enfocados en generar sensación de bienestar, ejercicios de respiración para apoyar la claridad mental, secuencias de movimientos enfocados en flexibilidad, fuerza o resistencia, y ejercicios posturales enfocados en quienes pasan mucho tiempo sentadas. También incluirá videos específicos para niños y adultos mayores.
Jiménez también participa junto a Grenda Zamora Bielsa en una propuesta de ejercicios de danza para la improvisación, el cuidado del cuerpo, danza y fluidez, emociones y sensaciones e improvisación de movimiento.
En tiempos de pandemia, de acuerdo con Enrique Corriols, asesor académico de vinculación estudiantil de la Vicerrectoría de Extensión, urgen acciones e ideas que permitan superar sus consecuencias e impactos en múltiples ámbitos. “Para sobrellevar el aislamiento físico, la Universidad Pública como generadora de procesos innovadores, busca el desarrollo de nuevas competencias que permitan un mejor uso de las tecnologías de la información para la comunicación. Para lograrlo, confiamos en el ingenio, creatividad e imaginación de estos estudiantes, quienes asumirán el compromiso social y los deseos de emprender y resolver problemas que aquejan a nuestras comunidades o algún sector de la población”.
Los más de 90 estudiantes inmersos en este proceso, están recibiendo capacitación (no presencial) en temas de comunicación digital, producción y postproducción, luego tendrán asesoría con una persona experta en temas de comunicación bajo la metodología Desing thinking. “La idea es que construyan un producto de comunicación con un llamado a la acción a través de medios digitales, ya sea redes sociales o el teléfono, por ejemplo, donde lleguen a las personas o comunidades meta. Esta es una forma de mantener la cercanía entre los estudiantes y las situaciones vulnerables del país”, detalló Corriols.
Más información con Enrique Corriols de la Vicerrectoría de Extensión (8743-2725) o con la Oficina de Comunicación de la UNA 8998-2182.
Enviado por UNA Comunicación.
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