Compartimos las siguientes actividades virtuales que estará realizando el Colegio de Periodistas.
1- Diálogos COLPER: “Abordaje de los derechos de la Población LGTBI”
Miércoles 29 de julio, 3 p.m.
FB LIVE
Para esta actividad se contará con la participación de Margarita Salas Guzmán, comisionada de la Presidencia de la República para asuntos LGTBI; Gia Miranda Castro, directora Ejecutiva del Movimiento Matrimonio Civil Igualitario; Marco Castillo Rojas, activista.
2- Inauguración de la Galería Virtual: Alberto Cañas: A 100 años de su Natalicio – 16 de marzo 1920 -2020
El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación invita a la Inauguración de la Galería Virtual de las Columnas de Alberto Cañas editadas en la Prensa Libre.
Como homenaje a su fructífera vida como político, ensayista, novelista, columnista y por su aporte imperecedero al periodismo costarricense, al cultivo de la Ética Ciudadana, su trayectoria política y personal, humanista y por su polifacética produccción intelelectual.
Compartimos la carta dirigida al Área Rectora de Salud de Matina ante la preocupación que existe por cómo las fumigaciones aéreas en las fincas bananeras pueden estar afectando la salud de los y las habitantes de esta comunidad.
Asociación para el Desarrollo de la Ecología
Limón, 22 de julio de 2020 AEL-054-2020
Dr. Alexander Salas López Director Área Rectora de Salud de Matina
Ref.: Sus oficios MS-DRRSHC-ARSM-1981-2020 de 02/7/2020 y MS-DRRSHC-ARSM-3021 de 21/7/2020
Estimado señor director:
El suscrito, Marco Levy Virgo, mayor soltero, cédula 7-0069-0314, en mi doble condición de presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, cédula jurídica 3-002-387868 y como ciudadano, con el debido respeto, nos permitimos reiterarle muy respetuosamente que existe un manifiesto y evidente incumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP en la mayoría de las fincas bananeras ubicadas en el cantón de Matina, sobre todo en los sectores de Zent, ruta 32, Estrada, Larga Distancia, Boston y otros sectores del cantón, lo cual podemos demostrar en el momento que a bien tenga acompañarnos, habida cuenta de que se está exponiendo a los pobladores y especialmente a la niñez a una recurrente lluvia de productos químicos, como resultado de la deriva de químicos que se produce con las fumigaciones aéreas.
Sobre el particular, le rogamos tomar en cuenta que hemos aportado fotografías geo referenciadas indicando la ubicación de algunas fincas bananeras que no se ajustan al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-G-MSP, aun así, nos siguen solicitando la ubicación de dichas fincas y nombres de los afectados.
Por otra parte, le indicamos y aclaramos que muchos de los directamente afectados por las inconsistencias y falta de cumplimiento del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-GMSP, son los mismos trabajadores y sus familiares así como maestros de escuelas y colegios, que nos han manifestado en privado que algunas empresas bananeras de Matina, supuestamente realizan donaciones y aportes a dichos centros de enseñanza y a la propia área rectora de salud de Matina, comprometiendo o pretendiendo comprometer con ello, presuntamente, la objetividad de algunos directores y funcionarios de salud.
Finalmente, le solicitamos indagar y facilitarnos la investigación y los protocolos usados para que se concluya que solo son 100 metros los necesarios para la franja, cuando en Ecuador son 200 metros y Argentina 500 metros.
Atenderemos notificaciones al correo: machore@gmail.com
Cordialmente, Marco Levy Virgo Asociación para el Desarrollo de la Ecología
Compartimos el libro “Activismos feministas jóvenes: emergencias, actrices y luchas en América Latina”, el cual es una compilación de trabajos hechos por investigadoras chilenas, argentinas, colombianas, entre otras. Incluye una cartografía de feminismos actuales realizada por la doctora Nora Garita.
En el libro, en la sección de Introducción se indica:
“Los activismos feministas jóvenes son protagonistas centrales en nuestra región en estos días. Se trata de sujetas políticas que están llevando adelante transformaciones enormes que cambiarán el mapa de las políticas, los derechos, la construcción de subjetividades y las formas de vincularnos unas con otrxs en las próximas décadas. En este sentido, también, hablamos de un objeto de estudio para las Ciencias Sociales cuya comprensión combina el análisis de tres dimensiones en las que se constituyen: el estudio de las juventudes, de los movimientos feministas y de la disidencia sexual y de los movimientos sociales y de los activismos.
Siguiendo a Butler (2007) entendemos que el sujeto del feminismo no es esencial, ni estable, ni totalmente representable. El colectivo mujeres no comporta aquellas personas con determinadas características biológicas ni aún “de género” sino que se trata de una posición de sujeto, múltiple y multicéntrica, resultado de una coalición política, dialógica, y engloba a una multiplicidad de posiciones e identidades que se reconocen como tales y a la vez oprimidas por el heterosexismo y el cissexismo.
Los feminismos y disidencias no solo irrumpen en las calles, en las instituciones políticas y educativas, en nuestra vida cotidiana e íntima, en las formas de relacionarnos sino también en las identidades juveniles y en el mundo de los activismos y movimientos sociales, atravesándolo todo y transformándolo”.
La iniciativa se denomina +Vos y recapitula las experiencias y opiniones de los jóvenes sobre diversos temas presentes en su vida cotidiana
La adaptación a la educación virtual, los retos de la convivencia familiar y la pérdida de actividades sociales esperadas durante meses son parte de las vivencias de la población adolescente durante la actual pandemia. Estas experiencias son retratadas por el pódcast +Vos.
El proyecto es parte de las acciones que desarrolla el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena) de la Universidad de Costa Rica (UCR) para dar continuidad a su trabajo frente a la realidad impuesta por el COVID-19.
Según el coordinador del Pridena, Ariel Brenes Rodríguez, la iniciativa reconoce la necesidad de incorporar el distanciamiento físico como una variable metodológica que permita seguir haciendo acción social ante una realidad que impide la interacción presencial con las diversas poblaciones.
La producción aprovecha las condiciones que ofrece la tecnología para dar voz a este grupo social que, según el académico, muchas veces carece de espacios para expresarse y, más aún, para hacerlo sin la mediación de personas adultas que intentan explicar o analizar sus planteamientos.
“Ellos y ellas están desarrollando y reproduciendo su adolescencia a través de sus casas y de las redes sociales, entonces pensamos en la importancia de facilitar estos procesos y darles la palabra, porque la palabra tiene un poder liberador y configura al sujeto”, afirmó Brenes.
Cada pódcast tiene una duración cercana a los 20 minutos y, tras una breve presentación, otorga el protagonismo a los jóvenes gracias a un compilado de narraciones, por medio de las que expresan sus opiniones y anécdotas sobre diversos temas que incluso han propuesto.
La primera temporada de este proyecto consta de 8 pódcast. El primero de los cuales aborda la experiencia de los adolescentes al vivir en cuarentena, mientras que los siguientes productos se referirán a temáticas como la salud mental, las redes sociales y la diversidad.
“El pódcast se desarrolla a partir de audios que recibimos y que se presentan como un mosaico. Cada tema que la población adolescente coloca es un discurso que tiene sentido dentro de sus universos y queremos facilitar este espacio sin cuestionar cuál tema tiene más valor”, enfatizó el coordinador de la instancia universitaria.
Desde una forma de hacer acción social que reta la perspectiva tradicional de la academia, el trabajador social afirmó que este proyecto reconoce los hábitos de consumo y las preferencias de la población meta, al tiempo que trata de acercarse a “su forma de ser adolescentes”.
“Hemos encontrado que esta población está enfocada en acciones rápidas y efímeras que incluso para un sector podrían no tener sentido, es como si tuviéramos dos mundos chocando y la posibilidad de abordar estas particularidades vuelve el proyecto más valioso e interesante”, dijo Brenes. Pridena busca que sean los propios protagonistas quienes ayuden a definir las acciones posteriores de ese esfuerzo universitario, como parte de la coherencia que plantea el proyecto desde su nombre, donde se vale de una palabra que llama a la acción de las otras personas y que, desde la oralidad, reconoce su voz.
“Cuando la temporada termine, haremos un proceso de reflexión para valorar cómo sorteamos el adultocentrismo y el distanciamiento físico en esta nueva experiencia de acción social. Queremos que el proyecto mismo se vaya clarificando y, entonces, veremos la forma de encadenarlo con procesos de empoderamiento, comunicación o investigación”, enfatizó el académico.
La recepción de audios, mediante la línea telefónica 8469-0467, sigue abierta para adolescentes de todo el país. La producción cuenta con el apoyo técnico de Radio Universidad y está disponible al público en las plataformas de Radios UCR, Spotify y Anchor.
Pridena reconoce la necesidad de dar voz a este grupo social que, muchas veces, carece de espacios para expresarse sin la mediación de personas adultas. Foto: Karla Richmond.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Publica hoy La Nación datos sobre el comportamiento de las exportaciones nacionales en el primer semestre del año.
Las exportaciones de productos agrícolas CRECIÓ un 2%, el sector alimentario un 8% y el pecuario y pesca un 9%.
¿Quiénes han aumentado sus ingresos en esta crisis sanitaria? Los bananeros en un 9% Los cafetaleros subieron sus ingresos en un 12% Los exportadores de frutos congelados con un 6%. Los piñeros no aumentaron sus ingresos, pero solo tuvieron reducciones del 4%, con lo cual tampoco les fue mal. Los azucareros son de los mejores, aumentaron exportaciones en un 28%. Los que producen jarabes para bebidas (también azucareros) subieron un 9%. Los aceiteros de palma (Numar y otros) subieron un 17%. Los productores de concentrados y jugos (Dole y otros) con un 11%. Industriales del pescado (Sardimar y otros) incrementaron un 33%. Los ganaderos e industriales de la pesca aumentaron en un 50%.
Todos estos señores en tiempos de pandemia aumentaron sus ingresos, sus ganancias o sus utilidades. Los números no engañan: les ha ido muy bien en este primer semestre del año. Son los bananeros, cafetaleros, azucareros, ganaderos, piñeros, industrias del pescado o alimentaria a los cuales la crisis sanitaria no les ha afectado; han ganado y, en algunos casos mucho.
Por ello cuando se dice que todos estamos en el mismo barco o todos estamos jodidos, dicha afirmación no se corresponde con la realidad.
¿Pueden esos señores en vez de ganar 100, que ganen 80 para apoyar a los realmente afectados por la pandemia?
En medio de la ola pandémica más fuerte de Costa Rica, los médicos generales comenzarán su preparación mientras ayudan a enfrentar el COVID-19
Setenta y siete médicos generales ya están listos para iniciar su especialización, pero, esta vez, tienen un reto adicional: luchar contra una pandemia.
Con este nuevo grupo, la Universidad de Costa Rica (UCR) contabiliza cerca de 963 residentes médicos que encabezan la primera línea de batalla en la lucha contra el COVID-19 en los hospitales y centros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al mismo tiempo que efectúan su aprendizaje mediante clases virtuales.
La actividad de recibimiento se realizó por vía Zoom, el viernes 17 de julio. La Dra. Flory Morera, directora del Posgrado en Especialidades Médicas de la UCR, fue clara al indicar que estos son momentos muy difíciles para todos, en especial para el personal médico y sanitario.
Sin embargo, motivó a los estudiantes a llenarse de orgullo, porque, en medio de un contexto tan retador, lograron con éxito ser parte de dos instituciones que hoy lo dan todo para proteger a la población costarricense: la CCSS y la UCR.
“Valoren la residencia y siéntanse a partir de hoy muy orgullosos de pertenecer a dos instituciones de gran importancia para este país, como son la UCR y la CCSS, las cuales han sido fundamentales ante esta pandemia. Ahora, ustedes formarán parte de estos dos entes y de ese grupo de guerreros de primera línea”, manifestó la Dra. Morera.
En esta ocasión, el grupo de 77 residentes está distribuido en 20 especialidades distintas. Las que cuentan con un mayor número son medicina física y rehabilitación, anestesiología y recuperación, cirugía general, cardiología y urología.
“Nos está tocando vivir un tiempo de cambio. Pero, ¿qué digo? Si lo único constante es el cambio. Hoy, les toca a ustedes escribir de nuevo los libros y poner a trabajar su coeficiente intelectual, pero, aún más, su coeficiente emocional. Siempre hemos sabido que la medicina es una profesión de servicio, pero eso se resalta aún más ahora. Es su turno de construir nuevos caminos, que para eso son científicos y servidores”, relató la Dra. Angie Mora Calderón, ginecóloga oncológica del Hospital México y quien participó en el recibimiento de los jóvenes.
Tiempos de cambio
A diferencia de años anteriores, el ritmo de las rotaciones se modificará según sea necesario para cubrir los sitios de alto impacto durante la pandemia.
Por ejemplo, si un estudiante tiene programada una rotación en un hospital, pero otro centro presenta una situación difícil por el COVID-19, la CCSS puede tomar la decisión de enviar al médico residente al centro hospitalario más crítico para ayudar a la atención.
En cuanto a los cursos, la UCR ya consolidó una aplicación para dispositivos móviles que le permitirá saber al estudiante su lugar de rotación. También se logró fortalecer las plataformas virtuales con el propósito de que los residentes puedan continuar con su aprendizaje.
“Estamos enfrentando nuevos retos. Esta nueva normalidad no va a ser como antes, como en aquellas épocas de estudio en donde nos juntábamos. Hoy en día (y a futuro), la tecnología será una herramienta cada vez más necesaria para avanzar y ser mejores. Desde la UCR, los vamos a apoyar para que podamos aportar aún más en lo que la sociedad costarricense nos pide”, dijo el Dr. Olman Quirós Madrigal, decano del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la UCR.
Nueva esperanza
El Dr. Juan Carlos Esquivel, director del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) de la CCSS, fue enfático al indicar que, a pesar de las circunstancias, el recibimiento de los médicos se da con mucha felicidad.
“Si bien es cierto, van a tener una doble función como estudiantes de un sistema de posgrado de la UCR, serán también funcionarios de la CCSS y nuestros futuros médicos especialistas para cubrir la atención que desde ya demanda la Constitución Política. Esta dualidad conlleva para ustedes una doble responsabilidad, pero son una verdadera esperanza para muchos pacientes de la CCSS”, destacó el Dr. Esquivel.
El convenio CCSS-UCR ha existido por más de 45 años. Para el Dr. Quirós, es esa unión la que ha permitido trazar y construir el camino del cual hoy goza el país en materia de salud pública.
“Es hora de demostrar que podemos ser fuertes en estos momentos de incertidumbre. Los invito a preguntarse no qué está pasando, sino cómo podemos resolver los problemas que estamos enfrentando. La sociedad nos está pidiendo eso”, comentó el decano.
Para ingresar, los médicos residentes tuvieron que enfrentar un riguroso proceso de selección. Dichas etapas consistieron en superar un examen de 150 preguntas enfocadas en evaluar los conocimientos en medicina general, pruebas orales, así como escritas para cada especialidad.
Un primer grupo de médicos iniciará su residencia el 1.° de agosto de este 2020 y el otro grupo el 1.° de febrero del 2021. Su distribución será en los distintos hospitales públicos del país que así decida la CCSS.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información
-Destrucción de Reserva Lomas Barbudal debe de ser declarada inconstitucional -Proyecto endeudaría a Costa Rica con ¢3.000 millones en un contexto de crisis económica para beneficiar evasores fiscales y empresas contaminantes
(FECON, 23/07/2020). La Sala Constitucional debe de estudiar una nueva acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) con el apoyo del despacho del diputado José María Villalta, la asesora legal Sofia Barquero y el exdiputado y abogado Edgargo Araya.
El área protegida que se destruiría con este megaproyecto es conocida por su importancia en la conservación de polinizadores, además contiene especies de aves y árboles en peligro de extinción en un ecosistema cada vez más amenazado como es el bosque seco tropical.
El proyecto de modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas Barbudal ha sido vendido con el falso lema de “Agua para Guanacaste”, pero en la práctica representa la construcción de un gran embalse que servirá de riego para grandes monocultivos de empresas trasnacionales como meloneras, cañeras, arroceras y piñeras. Inclusive informes de SENARA dejan entrever que no existe evidencia de que los beneficiarios de este megraproyecto sean pequeños o medianos productores. Pero si se sabe que está diseñado para grandes empresas agroindustriales y para hoteles que regarían con esa agua las canchas de golf y jardines.
PAACUME no cuenta con estudios de costo-beneficio y se prevé que no será rentable para el Estado y necesita endeudar al país en al menos ¢3000 millones. Esta ley que en realidad es una licencia para la destrucción ambiental, pero también es un asalto al bolsillo de cada costarricense a favor de empresas acusadas de defraudación fiscal. PAACUME beneficiaria a empresa contaminantes y beneficiarias de la amnistía fiscal como la transaccional, FIFCO, CATSA, Del Monte, y hoteles que han destruido playas y manglares en las costas relacionadas al Proyecto Papagayo y al ministro André Garnier.
Además, existe criterio del AYA que señala que no tiene proyectada la construcción de una planta potabilizadora de agua dentro del PAACUME.
Por lo que se devela una mentira más sobre el proyecto que destruiría el ecosistema único de Lomas Barbudal y tampoco aliviaría la sed de comunidades aledañas.
Se ha evidenciado además que los límites propuestos por la Asamblea Legislativa tienen errores importantes. Así lo señala el informe del Registro Nacional de la Propiedad que señala conflictos con los puntos de referencia de la modificación de los linderos propuestos para la compensación del área destruida.
Por otro lado, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica realizó un análisis sobre la estrategia de compensación por la pérdida de biodiversidad que sufrirá el ecosistema y concluyó que las fincas propuestas para la compensación no cumplen con criterios aceptables. Debido a que su mayoría son fincas ganaderas desprovistas de bosques.
Es importante mencionar que esta nueva acción de inconstitucionalidad bajo el Expediente 19-017939-0007-CO, interpuesta por FECON, es independiente del proceso interpuesto por los finqueros afectados y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia analizaron y comunicaron la resolución el día de ayer.
Por lo tanto, la destrucción de la Reserva Biológica Lomas Barbudal está lejos de estar libre de cuestionamientos legales y tiene que pasar nuevamente otro proceso de revisión con nuevos argumentos técnicos en su contra.
Jueza intenta realizar diligencia judicial en terreno recuperado en China Kichá, sin notificar a las y los recuperadores.
La diligencia tampoco había sido coordinada con el Comité de Salud del Territorio, sobre el tema Covid 19, tal cual lo ordena la Corte Suprema de Justicia.
Martes 21 de julio de 2020. Al ser aproximadamente las 8:40 de la mañana; la Jueza Jenny Corrales Torres, se hizo presente a la tierra recuperada Sakeglö Kaska (Tierra de Mayores), en el Territorio Cabécar de China Kichá al sur de Costa Rica; terreno que había sido ocupado ilegalmente por Gilbert Fernández, dueño del Grupo MUSOC – GAFESO, para realizar una diligencia judicial.
La Jueza Agraria Corrales Torres, se apersonó con otros funcionarios judiciales, la Fuerza Pública y el abogado de la parte actora y pretendían ingresar al terreno recuperado a realizar una diligencia judicial. Sin embargo, las y los recuperadores les indicaron que ninguno de ellos, ni su abogado habían sido notificados de esa diligencia; ante lo cual la Jueza dijo que la notificación no era necesaria y que iba a realizar la diligencia; lo cual es contrario al principio de debida defensa y a los procedimientos judiciales establecidos para la correcta notificación de las partes.
Además, una compañera Cabécar miembra del Comité de Salud, conocidos como Comités Covid; les indicó a los funcionarios judiciales que la diligencia no había sido coordinada con el Comité, según lo establecido en la Circular 103-2020 de la Corte Suprema de Justicia, acuerdo de Corte Plena de la sesión 21-2020 del 20 de abril de 2020, art xviii; que ordena la coordinación con dichos Comités para la realización de cualquier diligencia judicial en los territorios indígenas.
Contra las y los recuperadores Cabécares de Sakeglö Kaska, fue interpuesto un interdicto de amparo de posesión, por Esteban Fernández Salazar, persona no indígena que ahora reclama esas tierras; a pesar de que es públicamente conocido que dicho terreno fue ocupado ilegalmente por el empresario Gilbert Fernández; esta causa se tramita en el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, Expediente No. 20-000024-1129-AG-2.
Las y los recuperadores Cabécares del Territorio de China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur denunciamos una vez más las múltiples y reiteradas irregularidades en las que incurren varios funcionarios e instancias judiciales y miembros de la Fuerza Pública del Cantón de Buenos Aires y Pérez Zeledón y exigimos una investigación de este caso y de todos los demás que se han denunciado y de los cuales autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial tienen conocimiento por diferentes medios; sin que se hallan establecido hasta el día de hoy, las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Recuperadoras/es Cabécares de Sakeglo Kaskä Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö Recuperadoras/es Cabécares de Kono Jú Coordinadora de Lucha Sur Sur
¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS, JERHY RIVERA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
En estos días se informó en algunos medios de prensa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) admitió para examen sobre el fondo una petición contra Costa Rica relativa a los derechos de las comunidades indígenas Terrabas ubicadas en el Sur del territorio costarricense, presentada en el 2012 (véase nota de prensa del medio digital Delfino.cr y nota de Informa-tico).
El texto completo del informe 167/20 de la CIDH está disponible en este enlace de la ONG ForestPeoples, que representa a las víctimas.
En esta primera etapa preliminar, la CIDH debió escuchar a ambas partes, y valorar la batería de argumentos dados por Costa Rica para considerar inadmisible esta petición: estos van desde cuestionar la legitimidad de los peticionarios hasta aducir que no se han agotado los recursos internos, pasando por alegar que se violó el derecho a defenderse y otras razones (véanse los párrafos 11 a 17). Como se verá a continuación, ninguno de estos argumentos surtió mayor efecto en los integrantes de la CIDH.
La decisión de la CIDH en breve
En el informe de la CIDH se puede leer que:
» 17. La Comisión nota que los hechos denunciados en el presente caso incluyen, pero no se limitan a la falta de reconocimiento adecuado del territorio ancestral, al proyecto de gran escala El Diquís así como a la imposición de la figura de las Asociaciones de Desarrollo Integral«.
También se puede leer que:
«21. La Comisión observa que la presente petición incluye alegaciones con respecto a la falta de reconocimiento adecuado sobre el territorio ancestral del pueblo Teribe, la limitación a la participación efectiva y razonable en la toma de decisiones y administración del territorio tradicional y en particular con relación a los proyectos desarrollados en el mismo, el desconocimiento de sus propias instituciones y autoridades indígenas en virtud de la imposición de la Asociación de Desarrollo Integral, la formulación y el inicio de actividades por parte del ICE en conexión a la represa El Diquís sin haber realizado garantizado el acceso oportuno y adecuado a la información y una consulta previa, libre e informada, y la ausencia de recursos judiciales efectivos y adecuados. En atención a estas consideraciones y tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes la Comisión estima que las alegaciones de la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones a los artículos 3 (derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica), 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de expresión), 21 (derecho a la propiedad), 23 (derechos políticos) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 y 2 de dicho tratado, respecto de los miembros del pueblo indígena Teribe «.
Megaproyecto y derechos de comunidades indígenas: el PHDiquis
Cabe recordar que la actitud del Estado costarricense con relación al Proyecto Hidroeléctrico El Diquis (PHDiquis) motivó en el 2011 la visita in situ, a solicitud de organizaciones indígenas, del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, James Anaya (véase texto completo de su informe de julio del 2011 titulado «La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica«). En este informe, cuya lectura completa se recomienda, se puede leer, además de la serie de valoraciones en torno al PHDiquis como tal, que: «47. Durante su visita, casi todos los representantes indígenas con quienes se reunió el Relator Especial alegaban que las ADI no representan adecuadamente a los pueblos indígenas, y a su vez manifestaron que los pueblos indígenas perciben la presencia de las ADI en sus territorios como una negación de sus derechos al autogobierno y sus derechos de tomar decisiones respecto a sus tierras y comunidades. Según se informa, las ADI son percibidas como partes de la institucionalidad estatal que regularmente toman decisiones sin informar o consultar con las bases de comunidades indígenas que supuestamente representan. Mientras que en algunos casos los territorios indígenas han adaptado sus estructuras de representatividad a las estructuras de la ADI, en varios otros, incluyendo en el caso del pueblo teribe, la presencia de las ADI ha tenido como resultado la degeneración de las estructuras tradicionales de representación de los pueblos indígenas«.
Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en el 2018 que «cierra» el PHDiquis (véase nota del Semanario Universidad), nunca se procedió a realizar ninguna consulta a las comunidades indígenas impactadas por este megaproyecto. Tampoco se registra un reconocimiento público de responsabilidad del Estado por irrespeto a los derechos de comunidades indígenas. El hecho que el ICE haya desistido de este proyecto por razones ajenas a la reinvidicaciones de las poblaciones indígenas no significa que en años previos al 2018 no se haya causado un daño a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe su cultura, al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios naturales, los cuales pueden ahora entrar a ser valorados por la CIDH.
Una reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Argentina (véase texto completo) reafirmó el derecho de las comunidades indígenas de la región de Salta sobre sus territorios ancestrales, y detalló de manera decidida la serie de derechos que se infringen al permitir actividades ganaderas, la tala ilegal o el alambrado, llegando a concluirse que:
«En las circunstancias del caso, los cambios en la forma de vida de las comunidades, advertidos tanto por el Estado como por los representantes, han estado relacionados con la interferencia, en su territorio, de pobladores no indígenas y actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. Esta interferencia, que nunca fue consentida por las comunidades, sino que se enmarcó en una lesión al libre disfrute de su territorio ancestral, afectó bienes naturales o ambientales de dicho territorio, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. En este marco, las alteraciones a la forma de vida indígena no pueden ser vistas, como pretende el Estado, como introducidas por las propias comunidades, como si hubiera sido el resultado de una determinación deliberada y voluntaria. Por ello, ha existido una lesión a la identidad cultural relacionada con recursos naturales y alimentarios» (párrafo 284).
Y que, por lo tanto:
«Argentina violó, en perjuicio de las comunidades indígenas víctimas del presente caso, sus derechos, relacionados entre sí, a participar en la vida cultural, en lo atinente a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, y al agua, contenidos en el artículo 26 de la Convención Americana, en relación con la obligación de garantizar los derechos prevista en el artículo 1.1 del mismo instrumento» (párrafo 289).
Esta decisión del juez interamericano que reconoce la relación intrínseca que mantiene la cultura de una comunidad indígena con su entorno natural posiblemente llegue a interesar a muchas otras comunidades indígenas en América Latina que sufren a diario atropellos de todo tipo por la acción u omisión del Estado: en efecto, estos últimos perfectamente califican, en la mayoría de los casos, como una «lesión a su identidad cultural relacionada con recursos naturales y alimentarios«.
El derecho a la tierra de las comunidades indígenas ante un Estado inoperante
También es menester señalar que la inacción del Estado costarricense en materia de demarcación de territorios indígenas, y la invasión de personas no indígenas en ellos ha llevado a las mismas comunidades indígenas a proceder a la recuperación de territorios indígenas. En esta nota de prensa reciente titulada «Guerreras indígenas» (Semanario Universidad, edición del 14/07/2020), se lee que:
«De los veinticuatro territorios indígenas que hay en Costa Rica, se estima que el 40% de la tierra está en manos de no indígenas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo«.
El clima de violencia que se vive en la región de Salitre es particularmente grave: en menos de 12 meses, dos líderes indígenas de Salitre fueron asesinados, sin que a la fecha las autoridades hayan logrado identificar a los autores de estos hechos, motivando recientemente a varios relatores de Naciones Unidas a alzar la voz ante el clima de impunidad que se vive en Salitre (véase al respecto nuestra breve nota titulada «El reciente llamado de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas señalando la impunidad campante con relación a asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica: breves apuntes«).
Con relación al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, habíamos tenido la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas, hechos en marzo del 2019, buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5, y cuya lectura completa recomendamos). El 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena en Salitre, Jerhy Rivera.
Foto extraída de nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019
Recientemente, se informó de acciones de recuperación de tierras llevadas a cabo por integrantes de la comunidad indígena Maleku en la Zona Norte de Costa Rica (véase nota de CRHoy titulada «Ante inacción del Gobierno, puebo indígena Malekú inicia recuperación de tierras«, edición del 10/07/2020): sería deseable que las autoridades costarricenses tomen acciones para prevenir cualquier acción violenta contra los representantes de estas comunidades Malekus. En efecto, un nuevo acto violento podría dar lugar a un nuevo llamado de atención por parte de entidades internacionales que monitorean la situación de las poblaciones indígenas en Costa Rica.
A modo de conclusión
Admitida la petición de los representantes de la comunidad indígena Terraba (denominada Teribe por la CIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procederá en adelante a examinar los diversos aspectos de fondo presentados por las víctimas: en esta etapa, deberá también convocar al Estado costarricense y escuchar sus alegatos, antes de decidirse.
De considerar que las garantías dadas por el Estado son insuficientes y que los aspectos de fondo ameritan ser examinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es factible que sea este tribunal el que ordene, en una futura sentencia al Estado costarricense, remediar de manera urgente la situación de irrespeto a sus derechos, de indefensión de sus líderes y de despojo de sus recursos que denuncian desde varios años diversas comunidades indígenas en Costa Rica y algunas organizaciones sociales.
Compartimos la siguiente petición de apoyo con firmas, impulsada por ReverdeSer Colectivo, para exigir la presentación con vida de 5 líderes garífunas de Honduras que fueron desaparecidos por fuerzas policiacas.
Se solicita a las personas que envíen la firma, nombre con ambos apellidos y país de origen al correo: aordorikai@gmail.com
Se puede firmar como organización o como personas.
Por medio de la presente, quienes suscribimos este comunicado, manifestamos nuestra preocupación por la integridad de los cinco compañeros garífunas desaparecidos por el Estado hondureño, así como nuestro repudio a las agresiones contra las comunidades indígenas en dicho país.
En 2013, la comunidad garífuna El Triunfo de la Cruz demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Honduras por violar sus derechos de propiedad comunal mediante la entrega de títulos de propiedad a empresas (como Indura Resort y Playa Escondida Resort), resultando en la usurpación y robo de sus tierras.
La Corte falló a favor de la comunidad Garífuna en 2015 y declaró al Estado Hondureño culpable de violación al derecho a la propiedad colectiva, a las garantías judiciales y a los derechos internos de la comunidad. Además de mandatar al Estado hondureño a:
1) reconocer las tierras de la comunidad y darles el título de propiedad comunal;
2) regresar todas las tierras robadas a la comunidad;
3) otorgar una compensación por los daños;
4) asumir un compromiso de responsabilidad, ofrecer una disculpa pública y comprometerse a respetar los derechos humanos. Lejos de reparar los daños, el Estado hondureño ha continuado las agresiones contra la comunidad.
El 18 de julio de este año fueron secuestrados 5 líderes garífunas del Triunfo de la Cruz por sujetos con chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones y la Policía Militar: 1. Alberto Snider Centeno Tomás, presidente del patronato de Sitio de la Cruz; 2. Suami Aparicio Mejía García; 3. Rafael Juárez; 4. Milton Joel Martínez Álvarez; 5. Gerardo Mizael Rochez Calix.
Este acto de violencia no es una excepción. En 2019 fueron asesinadas 16 personas garífunas. El Triunfo de la Cruz no es un caso aislado. A decenas de comunidades indígenas en Honduras le son robadas sus tierras para explotación minera, energética o turística. Desde 2010, al menos 120 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinados en este país.
Por lo anterior exigimos al Estado de Honduras:
El retorno con vida de los líderes garífunas que se encuentran desaparecidos por fuerzas del Estado hondureño;
El cese inmediato al hostigamiento por parte del Estado a las comunidades garífunas y otras comunidades indígenas en Honduras;
El cumplimiento de lo mandatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución CIDH 8 de octubre de 2015 “Comunidad Garífuna Sitio de la Cruz y miembros vs Estado de Honduras”.
¡Por la paz, la vida y la justicia! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
*Imagen ilustrativa: https://cespad.org.hn/
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