En el siguiente video, que es una producción del programa Desde la U, se expone la situación de la desigualdad de ingresos en Costa Rica. El reporte se hace con base en datos del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
En este otro video el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Gerardo Hernández Naranjo, expone para el programa Desde la Otra Acera de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) la situación real del poder en Costa Rica.
La dirigencia de ANEP pregunta: ¿Dónde estaba la Contraloría General de la República cuando durante diez años grandes empresas reportaron cero ganancias? Vea el video enviado a SURCOS por Roberto Zeledón:
Actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa bajo expediente No. 20.212, un proyecto de ley denominado “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”. Este proyecto inicia señalando objetivos, principios y definiciones que le dan un ropaje de ley bien intencionada y de avanzada en la gestión del agua, sin embargo, al analizar detalladamente su contenido, nos damos cuenta, cual Caballo de Troya, que en realidad contiene una serie de aspectos perjudiciales para dicha gestión, principalmente por cuanto plantea una gestión “centralizada”, que concentra todo el poder y decisiones importantes en un único órgano del poder Ejecutivo, que por su naturaleza es esencialmente político.
Este modelo político de gestión centralista que plantea el proyecto, resulta antidemocrático e inconstitucional, por cuanto choca frontalmente con el artículo primero de la Constitución Política que señala que Costa Rica es una República democrática. Un sistema democrático se caracteriza precisamente por la existencia de frenos y contrapesos, para garantizar que el gobernante actúe en protección de los intereses de la mayoría, evitando desviaciones de poder y abusos de autoridad en beneficio de una élite. De manera que los frenos y contrapesos son consustanciales a la democracia.
El agua es el recurso natural más valioso que existe, y es esencial para la vida humana y la salud de las actuales generaciones y de las que aún no han nacido, y constituye un eje transversal de la mayoría de actividades humanas (consumo humano, agricultura, turismo, industria, urbanismo, etc.). Por eso su protección y gestión democrática reviste el más alto valor para la sociedad costarricense y requiere la más alta protección jurídica. La protección básica del recurso hídrico, involucra al menos: a) la garantía que debe brindar la propia ley, para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a este recurso en calidad y cantidad adecuadas, b) que la sociedad cuente con niveles de participación en las decisiones más importantes que le afecten (participación ciudadana), y c) que las decisiones estén basadas en la ciencia y la técnica, con el fin evitar que la gestión del agua se dé con criterios que perjudiquen los intereses públicos, evitando así desviaciones de poder en beneficio de élites.
Así las cosas, la protección jurídica para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y particularmente el acceso al agua potable en calidad y cantidad adecuadas, incorporado como derecho fundamental con la reciente reforma al artículo 50 de nuestra Constitución Política, requiere de normas procesales e instrumentos jurídicos que permitan materializar su protección, ya que nada se lograría con establecer una serie de derechos sustantivos o de fondo, si su ejercicio no se ve garantizado con instrumentos legales que materialicen la protección de esos derechos.
Nuestra legislación ambiental ha venido progresando a través de los años, con la creación de una serie de instituciones e instrumentos para la protección ambiental, como es la creación de la SETENA a través de la Ley Orgánica del Ambiente, o la ley de Creación de SENARA mediante Ley No. 6877, o las potestades otorgadas al Ministerio de Salud por la Ley General de Salud en materia de vigilancia de la calidad de los vertidos de agua en resguardo de la salud pública, todos los cuales son verdaderos frenos y contrapesos técnicos establecidos en nuestro sistema democrático para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
En materia de recurso hídrico, una de las protecciones básicas que debe garantizar la ley, es que la investigación, protección y vigilancia del recurso hídrico se realice apegado a la ciencia y la técnica. En este sentido, nuestra legislación creó al SENARA con ese propósito, pues le otorga dentro de sus funciones esenciales, investigar y proteger y vigilar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos y velar por su aprovechamiento óptimo y eficiente. Para tal fin le dio nivel y estructura de una Institución autónoma del Estado (ente descentralizado), con independencia administrativa y de criterio, con funciones eminentemente técnicas, y a cuyos pronunciamientos la ley le otorgó carácter vinculante para todas las demás instituciones públicas y los particulares, constituyéndose entonces en uno de los principales garantes de la protección ambiental del agua como freno y contrapeso técnico dentro de nuestro sistema democrático, y con ello nuestra legislación ambiental vigente, tiene el claro propósito de evitar desviaciones de poder y actuaciones arbitrarias en torno a la gestión del recurso hídrico, para asegurar que decisiones del Estado se tomen dentro de la ciencia y la técnica, en protección a los intereses de la mayoría.
El proyecto de Ley de Aguas que se tramita bajo expediente legislativo No. 20.212 plantea un nuevo orden político, a todas luces ANTIDEMOCRATICO, contrario a los artículos 1, y 50 de la Constitución Política y contraria al derecho a la vida y a la salud (artículo 21), pues lejos de avanzar, plantea una propuesta REGRESIVA donde toda la gestión y actividades esenciales asociadas al recurso hídrico y que se establecen en la legislación vigente, las elimina o traslada para ser concentradas en un único órgano del Poder Ejecutivo (MINAE), que por su naturaleza es esencialmente político, eliminando frenos y contrapesos técnicos establecidos en la legislación ambiental vigente, propuesta política en la que además no se da espacio alguno a la participación ciudadana, y con ello no solo desprotege al interés público, sino que se favorece el autoritarismo y se incrementa el riesgo de que se den desviaciones de poder en beneficio de élites.
No se trata en este caso de un mero tema de asignación de competencias públicas, donde el legislador decide libremente a qué entidad asignarle tal o cual función, sino que es un tema de eliminación de garantías técnicas de protección y vigilancia, establecidas en la legislación ambiental vigente, y al eliminarse frenos y contrapesos, estamos suprimiendo democracia y en consecuencia actuando fuera del marco constitucional establecido.
Bajo esta REGRESIVA propuesta política que plantea el Proyecto No. 20.212, no tendremos una gestión “integrada”, del recurso hídrico, sino una gestión “centralizada” donde el MINAE, órgano esencialmente político, se constituiría en el único AMO Y SEÑOR DEL AGUA, con excesivas funciones que van desde lo estratégico hasta lo operativo, con roles de rector, gestor y fiscalizador, donde el mismo órgano del Poder Ejecutivo, sin controles técnicos de ninguna otra dependencia, hace investigación, dicta políticas públicas, define prioridades del uso del agua, planifica y reparte el agua a través de concesiones bajo su único criterio, impone de propia mano y con carácter obligatorio los cánones y demás instrumentos económicos, establece sanciones a particulares que ejecuta con potestades de policía, ejerce un control absoluto a través de una excesiva y costosa permisología a que somete al ciudadano, y todo sin NINGUNA participación popular, donde además, y cual si fuese un cheque en blanco, en el proyecto de ley se propone asígnale amplias facultades para desarrollar por la vía reglamentaria competencias que la ley apenas le enuncia sin ningún límite básico. Por todo lo anterior, consideramos que tal proyecto de ley constituye una propuesta ANTIDEMOCRATICA e INCONSTITUCIONAL.
El BCCR propuso, o puso en consulta, la emisión de 700 000 millones de colones para financiar las entidades financieras. ¿Por qué lo hace? Para contrarrestar el proceso recesivo generado por las medidas tomadas por el gobierno para disminuir el efecto de la pandemia del Coronavirus Covid-19. (Recesión inducida)
El Banco Central hará préstamos por medio del Mercado Integrado de Liquidez, a una tasa de 0.8% anual y a un plazo de cuatro años.
De esta noticia surgen naturalmente algunas dudas, veamos las principales:
¿Esta emisión monetaria generaría inflación?
La respuesta es que no, el economista José Luis Arce dice: “En las condiciones macroeconómicas actuales no creo que esta monetización vaya a significar presiones inflacionarias” La recesión económica tiene como característica que las transacciones económicas disminuyen, la velocidad de circulación del dinero es mucho más lenta, los precios tienden a bajar o mantenerse con un índice de precios estático con lo cual el aumento de la cantidad de dinero en circulación no repercutirá en los precios sino en las transacciones económicas dado el alto nivel de desocupación que tiene la economía. La baja tasa de interés que propone el BCCR es clara muestra de que está asumiendo el bajo riesgo de inflación, ya que probablemente estaría cobrando el costo administrativo de la colocación y recuperación del dinero emitido. El Presidente del BCCR, don Rodrigo Cubero, dijo: “En un contexto donde vemos más bien fuertes presiones des inflacionarias y donde el instrumento básicamente representa un 2% del PIB (Producto Interno Bruto), un poco más del 3% de la cartera total de crédito al sector privado, por lo cual realmente el Banco Central y sus modelos no proyectan que se vaya a dar un impacto inflacionario”
¿Cuáles entidades financieras serían las beneficiarias de los créditos y por qué?
El Presidente de Central dice que el monto de 700 000 millones está calibrado para que se puedan canalizar recursos a los afectados. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, eso no lleva a cuestionar si hay planes en las cuales hayan participado las entidades financieras que canalizarán los préstamos. Los bancos comerciales tienen mucha liquidez y sabemos que pagan muy bajos intereses pasivos o no pagan ninguna tasa en los depósitos en cuentas corrientes. Entonces el problema está en la propia raíz de la recesión, las oportunidades de inversión están ausentes y por lo tanto los bancos tienen problemas en colocar nuevos créditos, el consumo también está restringido y pocos se atreven a gastar como lo hacían antes de la recesión, además de que muchos no tienen la misma capacidad de gasto por haber visto disminuidos sus ingresos. Ahora bien ¿a qué tasa de interés y a qué plazo van a prestar las entidades financieras que acepten los recursos del BCCR? De ello dependerá de que algunos deudores puedan sustituir deuda cara por deuda menos cara. Y en tal caso, poco se lograría en términos de inversión de obras nuevas y de empleo.
¿Cuál sería la mejor opción para el debido uso de la emisión monetaria?
El mayor problema de nuestro país es el desempleo y la disminución drástica del crecimiento del PIB. No es la deuda pública, queda claro que la preocupación del Fondo Monetario Internacional es la relación entre deuda pública y el PIB, que según ellos no debe ser superior a un 50% para los países de la periferia, y la gran reocupación de nuestros economistas es que por tal razón, las calificadoras de riesgo nos bajen la nota. Entonces todos nuestros problemas se unen en un solo propósito, a saber, hacer crecer el PIB en forma continuada y a una tasa superior al crecimiento de nuestra deuda. Así las cosas, la mejor opción para el debido uso de la emisión monetaria que propone el Banco Central es aquella que genere en forma inmediata inversión y gasto. Puede observarse dada la situación macroeconómica que el sector privado no puede hacerlo. La única opción viable es la combinación estratégica entre el sector público y el sector privado. Pero para ello se debe extender el plazo y aumentar la tasa de interés a partir del cuarto año para que iguale al índice de precios y así asimilar la posible inflación que pudiera generarse.
La mejor opción es la construcción de obras públicas.
En el contexto actual el sector construcción, según titular de un periódico escrito*: “Construcción pasa por desplome ni siquiera visto en crisis del 2008”, y agrega: “en diciembre de 2018 comenzó el más reciente lapso de comportamiento negativo (decrecimiento) en la actividad de la construcción. De ahí hasta mayo pasado, (última medición del IMAE, índice mensual de actividad económica), se calculan esos 18 meses, según la variación interanual del indicador” con comportamiento negativo. El punto más bajo se presentó en junio de 2019, cuando la caída interanual fue del 18,9%. Un análisis por sectores del BCCR indica que la construcción con destino público comenzó su ciclo negativo actual en marzo del 2018 y se mantiene hasta mayo de 2020, 27 meses de variaciones negativas. En el sector privado hay expectativas pesimistas de los agentes económicos para ejecutar nuevos proyectos de inversión, lo cual se ha manifestado en una baja demanda de crédito por parte del sector privado. (Esto concuerda con lo escrito en el punto anterior) Don Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, le dijo al periodista Marvin Barquero, que el sector generaba 150.000 empleos y que en el primer trimestre de este año perdió 28.000. Y agregó: la esperanza que nos queda enfatizó, don Esteban, es un repunte de las obras públicas y mencionó al Ministerio de Educación y a la Caja Costarricense de Seguro Social. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tenía proyecciones en las cuales en 2020 se esperaba una tendencia positiva, la cual se frustró con la depresión generada por la Pandemia Covid19.
El Sector Construcción y el empleo.
El mayor problema de Costa Rica actualmente es el desempleo, altísimo (12 a 13%) y aumentado peligrosamente por la depresión inducida por el gobierno para disminuir el riesgo de enfermedad por la pandemia del Covid19, de un 15 a un 17%. El problema no es sólo económico es también un grave problema social y repercute en gastos mayores para el Estado y disminución de ingresos (cuotas a los seguros sociales y tributación sobre compras, sueldos e ingresos).
Un estudio realizado por especialistas contratados por CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en Nicaragua estimaron en 47.000 empleos directos e indirectos generados por un millón de dólares en construcción. Es de suponer que la generación de empleo tiene una disminución marginal para un mayor número de millones invertidos, pero en todo caso es generalmente reconocida la importancia que tiene la construcción en la generación de empleo, considerando la cantidad de industrias y comercios que le dan apoyo logístico a las empresas de construcción, quienes a su vez son grandes empleadores de mano de obra.
Los propósitos de la emisión monetaria del BCCR.
Hemos de suponer que el Banco Central se propone reactivar la economía mediante una emisión monetaria de 700.000 millones de colones, en tal caso debe colocar el dinero en donde realmente sea usado lo más pronto posible en inversión, mayoritariamente en construcción y con proyectos que tengan reproducción pronta en el crecimiento del PIB y del Empleo. Es necesario que un grupo interprofesional de economistas ingenieros evalúen los distintos proyectos que presenten las instituciones públicas en un tiempo récord y la capacidad de las empresas privadas de diseño y construcción que las han de llevar a cabo. Sugiero se estudien obras de gran magnitud como los hospitales de la Caja, el puerto de Caldera, la Carretera a San Carlos, las rutas 27 y 32, la Carretera a Cartago, programa de construcción de viviendas populares y las obras inconclusas del ministerio de Educación para que sean estudiadas y priorizadas.
Conclusiones
Queda demostrado que el Banco Central si está en capacidad de ser el actor que dinamice la economía y la saque de la recesión en la cual se encuentra. Quedan desvirtuados los temores inflacionistas de muchos políticos y de muchos “políticos economistas”. La emisión monetaria en momentos de recesión no producirá inflación.
Es previsible que el camino escogido de traspasar las emisiones a las entidades financieras para préstamos a las empresas privadas no tenga los resultados esperados de reactivación económica. Es un error histórico excluir las instituciones públicas y al mismo gobierno quienes son los únicos entes capaces de detener el decrecimiento del sector construcción y por el contrario hacerlo crecer con sus consecuencias en el empleo y en el consumo.
Quienes abogan por la disminución del déficit fiscal acaso no ven que esta es una oportunidad de sustituir crédito caro por crédito barato y así aliviar el pago de intereses del Gobierno y de las Instituciones Públicas.
Dedico este artículo a Valeria Jiménez R. Máster en Economía Internacional Hochschule fur Wirtschaft un Recht Berlin y Máster en Análisis y Desarrollo Económico en la Universidad Paris Sorbonne Nord.
*Periódico la Nación.
Nota: de última hora, 24% de la fuerza laboral ha perdido el empleo o sus fuentes de ingresos, de acuerdo con la cifra que reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INEC).
El cierre de fronteras impulsado por gobierno de Costa Rica a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID19, ha provocado que las condiciones de acceso a la salud y a la educación de las personas y familias transfronterizas se vean afectadas. Las personas que habitan en la franja fronteriza tienen un grado mayor de vulnerabilidad sanitaria y la imposibilidad de paso de un lugar a otro lo ha hecho más preocupante.
Las familias binacionales no pueden reunirse y están constantemente preocupadas por como estarán enfrentando la situación sus seres queridos.
Conozca más en este audiovisual producido por la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.
Video: Efectos sobre pueblos transfronterizos por el cierre de fronteras ante COVID19 (VAS-UCR, 2020)
La pandemia del COVID19 ha evidenciado las condiciones de explotación que experimenta la población migrante en el país. La situación que se presentó semanas atrás en la zona norte no es nueva y muestra que miles de trabajadores y trabajadoras de las plantas empacadoras, en el trabajo doméstico, en las plantaciones de caña, de banano, de piña, entre otros cultivos, tienen que enfrentarse día a día a escenarios donde tienen que exponer su salud para poder llevar el sustento a sus familias.
Las personas migrantes en el país son una parte fundamental de los sectores productivos de la economía nacional. La crisis sanitaria ha encrudecido las relaciones laborales y se ha aplicado reducciones en los salarios sin consecuencia en la jornada laboral.
¡Los derechos laborales nos tienen nacionalidad!
Conozca más en este audiovisual producido por la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.
Video: Pandemia por Covid-19 y situación laboral de la población migrante en Costa Rica (VAS-UCR, 2020)
Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum presenta este documento con «ideas iniciales» para un diálogo social en Costa Rica.
El Programa de Gestión Local actualmente está apoyando, por cuarto año consecutivo, a la comunidad de la Argentina de Pocora en Guácimo, Limón, en su reconocido “Festival del Agua”, una actividad que recuerda a todas las personas la importancia de este líquido esencial para la vida y en especial para la prevención en la atención de pandemias. Este festival tiene por objetivo concientizar a la población acerca de la crisis mundial del agua, el cambio climático y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible y el saneamiento para todos a largo plazo.
Debido a la pandemia por el Covid -19, que afecta a todo el país, este 2020 el “Festival del Agua” de Argentina de Pocora, se realizará en un formato virtual. Como parte del apoyo que está dando el PGL a la Comisión para la Gestión Participativa del Recurso Hídrico de Argentina y en una nota firmada por las personas representes de la ASADA y ADI, Saida Sáenz López y José Gerardo Zamora González, dirigieron una solicitud al Instituto Costarricense de Electricidad, Área Socioambiental Región Huetar, para la instalación de una torre temporal que permita una transmisión por internet, con condiciones de conectividad y de calidad para que la comunidad de la Argentina de Pocora pueda disfrutar de las actividades del Festival del Agua los días del 20 y 21 de noviembre del presente año.
La comunidad de Argentina de Pocora, ha logrado obtener una pronta respuesta de las autoridades del ICE y está valorando la viabilidad para la instalación de la torre solicitada.
El saldo negativo que dejará el nuevo coronavirus en la salud mental de la humanidad preocupa a los expertos. El personal sanitario es uno de los grupos más susceptibles de sufrir las consecuencias y, por eso, en Costa Rica se estudiará su condición emocional
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, se debe prestar mayor atención a la salud mental durante la pandemia y después de esta, porque los efectos los vamos a ver por muchos meses y años. Foto: Miriet Ábrego, Semanario Universidad.
La atención de pacientes con COVID-19 recae principalmente sobre las espaldas de profesionales en medicina, enfermería, microbiología y otros, así como en personal técnico y administrativo. Este grupo tiene a diario jornadas intensas para resguardar la salud de las personas contagiadas por el coronavirus.
Estos funcionarios se ven sometidos a múltiples presiones psicosocialesde manera permanente e, incluso, al riesgo de infectarse y de poner en peligro su vida y la de sus seres queridos.
Además, el miedo, la angustia, la incertidumbre y el encerramiento, tras varios meses de haber iniciado la pandemia, son circunstancias que tienen un impacto social, pues han cambiado por completo nuestras formas de vida.
Al calor de la pandemia, las acciones de los Gobiernos y las instituciones se centran sobre todo en el cuidado de la salud física. Como resultado, la salud mental no es una prioridad y pasa a un segundo plano, aun cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que la salud es un estado integral, que comprende al ser humano en todas sus facetas.
En mayo pasado, esta organización alertó sobre las consecuencias del nuevo coronavirus en la salud mental, a corto y largo plazo, especialmente entre el personal sanitario y de primera respuesta, debido al posible aumento de trastornos y de suicidios.
En este contexto, en Costa Rica, surge una iniciativa interinstitucional para tomar acciones inmediatas, a partir del análisis de los efectos psicosociales en la salud física y mental del personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se encuentra en la primera línea de atención de la pandemia por el COVID-19.
El estudio será efectuado por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), con la colaboración de la CCSS y el Ministerio de Salud. Actualmente, se está a la espera del visto bueno del Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis) para aplicar el proyecto.
De acuerdo con Henriette Raventós Vorst, Vanessa Smith Castro y Raúl Ortega Montero, investigadores a cargo del análisis, se ha observado que entre un 20 % y 30 % del personal sanitario, directamente involucrado en la atención y cuidado de los pacientes, sufre alguna consecuencia en su salud psicológica.
Una evaluación efectuada en Canadá a trabajadores sanitarios en medio de la pandemia reveló que casi la mitad de ellos (47 %) declaró necesitar apoyo psicológico; mientras que en China un 50 % sufría depresión, un 45 % ansiedad y un 34 % insomnio.
“A largo plazo, los efectos en la salud mental van a ser muchos y todas las acciones que hagamos ya con estas personas, que están trabajando en primera línea, son muy importantes”, destacó Vanessa Smith, científica social del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR.
El personal sanitario es uno de los grupos más vulnerables de la población a los efectos psicosociales de la pandemia, pues está sometido de manera permanente al estrés y al temor de ser contagiado. Foto: Miriet Ábrego, Semanario Universidad.
Esta misma preocupación fue expresada por la directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS, Dévora Kestel, quien advirtió en una conferencia de prensa que es probable que se dé «un aumento a largo plazo del número y la severidad de los problemas de salud mental», debido al «sufrimiento inmenso de cientos de millones de personas».
Entre los grupos de mayor riesgo, están el personal sanitario y de primera respuesta (por la ansiedad y estrés que están viviendo); niños, niñas, y adolescentes; mujeres en peligro de violencia doméstica; adultos mayores; personas con condiciones mentales preexistentes u otras enfermedades.
Capacidad sobrepasada
En Costa Rica, el trabajo interinstitucional sobre salud mental se inició desde marzo pasado, por medio de la mesa técnica operativa en salud mental y apoyo psicosocial. En esta instancia participan el Ministerio de Salud, la CCSS, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y las universidades públicas, entre otras instituciones.
Raúl Ortega, psicólogo de la UNA, aseguró que en estos meses de pandemia se han efectuado una gran cantidad de labores, desde tomar los lineamientos de la OMS y adaptarlos a Costa Rica, hasta examinar cómo llevar las acciones de salud mental al ámbito comunitario.
“Esta emergencia es única. Llevamos varios meses en ella y no sabemos cuándo va a terminar. Estamos, simultáneamente, atendiendo el impacto y la consecuencia de la crisis”, subrayó.
Según el investigador, todas las personas tenemos un rol que cumplir para proteger nuestra salud mental y la de la comunidad. Sin embargo, “en este momento, todo está sobrepasado, tanto la institucionalidad pública como nuestras propias capacidades de afrontamiento”.
A escala mundial, se ha observado un aumento significativo de síntomas depresivos, ansiedad, comportamientos obsesivos y compulsivos, agresividad e irritabilidad, aseguró la psiquiatra Henriette Raventós, coordinadora del estudio al personal de la CCSS.
“En un conversatorio con psiquiatras de diferentes partes del mundo, ellos expresaron que es muy similar lo que están viendo en sus consultas. Personas que no presentan ningún trastorno mental empiezan a tener sintomatología que es totalmente normal ante una situación de emergencia”, detalló la investigadora del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la UCR.
El medio digital Infobaereportó que con la pandemia se ha evidenciado que una de cada cuatro personas en el mundo sufre de trastornos mentales, el 40 % de la población está experimentando síntomas leves de ansiedad y el 23 % de depresión como consecuencia del aislamiento social.
Para los especialistas, en una emergencia estas reacciones son normales, pues muestran la capacidad que tenemos las personas de afrontar situaciones críticas que nos ponen al límite de nuestras capacidades.
El estudio interinstitucional, liderado por la UCR y la UNA, para conocer los efectos de la pandemia en la salud mental del personal sanitario de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuenta con el aval de esta institución y del Ministerio de Salud. Foto: Miriet Ábrego, Semanario Universidad.
“La situación de emergencia nos pone alerta y el cuerpo se prepara. Pero si esta alerta se sostiene en el tiempo, va desgastando y produce dificultad para dormir, para comer o ganas de comer más, irritabilidad, enojo, frustración, dolor de cabeza o de estómago y preocupación continua”, añadió Ortega.
El estudio
La investigación de la UCR y de la UNA tiene como objetivo indagar sobre las diferentes formas de malestar físico y emocional del personal sanitario de la CCSS involucrado, de forma directa o indirecta, en la atención y contacto con los usuarios.
Se aplicará un cuestionario en línea y se invitará, a través de las jefaturas, a que todos los trabajadores de dicha institución lo respondan, de manera anónima y voluntaria.
Además, se busca que participe todo el personal de hospitales, clínicas, ebáis y demás centros de la red integrada de servicios de la CCSS del país; así como de distintas áreas, por ejemplo, medicina, enfermería, laboratorio, farmacia, limpieza, lavandería, transportes, seguridad y administración.
“A largo plazo, los efectos en la salud mental van a ser muchos y todas las acciones que hagamos ya con estas personas, que están trabajando en primera línea, son muy importantes”. Dra. Vanessa Smith Castro, Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR.
El cuestionario fue diseñado por expertos en respuesta psicológica en situaciones de emergencia. Contiene una sección de datos demográficos y de condiciones de vida de los funcionarios, su situación laboral y su vida familiar, explicó Smith.
“Es un cuestionario corto, se responde en 15 minutos y se puede completar desde una computadora o teléfono celular”, indicó la psicóloga de la UCR.
En abril pasado, se efectuó un estudio entre el personal de salud de Estados Unidos, el cual proporcionó datos sobre las principales preocupaciones de esta población. Dicho trabajo constituye un antecedente que sirvió para el diseño de la consulta que se hará en Costa Rica.
Entre los temores identificados, los profesionales mencionaron que no se les reconociera su conocimiento para responder a las necesidades, su salud personal, que no tuvieran acceso a condiciones adecuadas y a equipo para brindar la atención a los pacientes y que no tenían claro si la institución les iba a ayudar en caso de que ellos se infectaran con el coronavirus.
En Costa Rica, “nuestra principal intención es proporcionar información de primera mano basada en evidencia científica sobre cuáles son los principales retos que están enfrentando los funcionarios que laboran en primera línea, para poder apoyar el trabajo de cuidar a los que cuidan”, concluyó Smith.
Patricia Blanco Picado Periodista, Oficina de Divulgación e Información
FRENASS. Estamos haciendo un llamado a toda la población costarricense para que exija una convocatoria amplia y participativa para abordar el Tema del IVM y de la Problemática de Recursos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social.
Para esto solicitamos su apoyo a la carta que presentamos a la Junta Directiva de la CCSS el pasado jueves 30 de julio 2020.
Estamos intentando conseguir firmas de apoyo pues necesitamos todo el respaldo que podamos conseguir. Puede leer más y firmar la petición aquí: http://chng.it/CMqg5HRvQr
Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social
Estimados compañeros y compañeras es de suma importancia que se apoye esta campaña para que temas tan importantes como los que conciernen a los Seguros de Salud y Pensiones de la CCSS sean ampliamente discutidos y acordados con el aporte de los Sectores Sociales que verdaderamente.
