Padre Alfonso, cantos y versos
ACOSTA, 31 julio 2020
Compartimos este homenaje el Padre Alfonso Quirós Artavia, en el 40 aniversario de su partida física.
Buen Vivir Costa Rica
Compartido por Édison Valverde Araya.
Autor: María José Ferlini Cartín
«Mi mundo en una teta y otras barbaridades» de Ivannia Lazzaro
Esta obra literaria es una reflexión sobre el papel que desempeña lo femenino en la toma de decisiones sobre el propio cuerpo y durante la vida hacia la madurez; una especie de batalla entre los prejuicios ajenos y el autoconocimiento como mujer.
Preventa por tiempo limitado: 4500 colones (antes del 15 de agosto).
Puede hacer su pedido al Whatsapp: 8593 0384.
Asociación de Desarrollo de Maleku en campaña de donaciones
“Nuestra lucha sigue y seguirá”
La población Maleku agradece a todas aquellas personas que los han ayudado en su lucha por la tierra ancestral.
Si quiere sumarse, puede hacer su donación de:
1.- Semillas
2.- Paquetes de alimentos
3.- Paquetes de limpieza personal
4.- Kit de limpiezam protección contra el Covid 19
5.- Herramientas para agricultura
En coordinación con la ADI Maleku, también puede hacer llegar sus donaciones a la cuenta:
Cuenta Bancaria Banco Nacional de Costa Rica
Corriente:100-01-076-002267-8
IBAN: CR14015107610010022679
Sinpe: 8788 4726
*Imagen de portada ilustrativa, Malekus, UCR.
Alternativas: Hablemos de música
El programa radial Alternativas, sintonizara en el 1590am y por Facebook Live, este 7 de agosto a las 6 p.m. con el tema “Hablemos de Música”. Estarán participando Mauricio Araya, Brayan Montero, Eduardo Vargas, Eladio Soto y el Dr. Allan Cerna.
Declaración sobre el futuro del Banco Interamericano de Desarrollo
Mesa de reflexión latinoamericana. Agosto 2020
La Mesa de Reflexión Latinoamericana, haciendo eco y en respaldo de los pronunciamientos de ex Presidentes, ex Cancilleres y ex Ministros de Estado latinoamericanos, ha convocado a un grupo amplio y plural de personalidades de América Latina y el Caribe, que firman este documento, para proponer la postergación de la elección del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, programada para septiembre de este año, por tratarse de un proceso que ha generado notables y justificadas inquietudes a lo largo y ancho del continente y que tiene lugar en un momento de inflexión internacional sin precedentes.
Esta declaración ofrece una salida viable y constructiva a las legítimas preocupaciones sobre el futuro de la institución. Responde a la convicción compartida que la elección de las autoridades del BID debe ser precedida de una urgente reflexión sobre su papel en un sistema interamericano profundamente trastocado por la emergencia sanitaria y sus secuelas económicas, políticas, sociales y culturales.
América aún está sufriendo el impacto devastador del COVID-19 en múltiples dimensiones y restan varios meses antes de que esta letal pandemia sea superada. Son tiempos de incertidumbre sobre cuándo y cómo América Latina y el Caribe podrán emprender la difícil y formidable tarea de reconstrucción inclusiva de las economías.
En este contexto, es imperativo repensar las prioridades y asumir, con todos los países signatarios del Convenio Constitutivo del BID, un diálogo político que conduzca a un nuevo consenso sobre las prioridades del financiamiento multilateral con una visión integral. Sin una base de legitimidad renovada y sin acuerdos programáticos consensuados, quien asuma la responsabilidad de dirigir al BID verá mermada su capacidad institucional para apoyar a los países en la ardua tarea de reconstrucción económica y social tras la pandemia.
Esa tarea reclama interrogar sobre el significado contemporáneo de las palabras “interamericano” y “desarrollo”, desde las cuales el BID ha construido su identidad durante seis décadas. Las grandes mayorías de este continente reclaman un desarrollo con oportunidades más igualitarias, con ciudades vivibles, con una economía verde eficiente, con oportunidades de trabajo para los jóvenes en ámbitos de innovación verdadera, con un papel de la mujer sin desequilibrios injustos, con una educación sin brechas digitales y con sistemas de salud fortalecidos tras la experiencia de la crisis sanitaria.
El papel del BID y de otras instituciones financieras multilaterales será esencial. Y ello requiere que actúe con plena responsabilidad y una hoja de ruta de mediano y largo plazo que le permita sortear conmociones inesperadas.
Por ello, proponemos postergar la elección de presidente en la próxima Asamblea del BID, a fin de dedicar los próximos meses a definir estrategias y prioridades, tras lo cual concordemos de manera consensuada quien estará a la cabeza de la institución. Esta oportunidad debería servir también para confirmar formalmente que un ciudadano latinoamericano o caribeño debe ejercer la Presidencia de la institución. En esta circunstancia, se trata de asumir colectivamente el reto de una década que nos lleve a cumplir las metas establecidas en la Agenda 2030 como la prioridad de los gobiernos de la América Latina y el Caribe.
Hacemos un enfático llamado a todos los gobiernos miembros del BID para establecer este periodo de reflexión y evitar divisiones innecesarias a que pongan en riesgo la convivencia continental precisamente cuando la cooperación regional resulta más necesaria que nunca.
El momento reclama hacer del BID una entidad con una legitimidad política interamericana pensada entre todos. Esa debe ser la prioridad de nuestros gobiernos y sociedades. Los diplomáticos, políticos y académicos integrantes de la Mesa de Reflexión Latinoamericana y las personalidades que suscriben este documento, hacemos pública nuestra disposición a participar y contribuir en los procesos a favor de instituciones multilaterales fuertes, eficaces y democráticas.
- Abal Medina, Juan Manuel. Ex Jefe de Gabinete. Argentina.
2. Adins, Sebastien. Profesor. Pontificia Universidad Católica del Perú.
3. Adrianzén, Alberto, Ex Parlamentario Andino. Perú.
4. Allende Busi, Isabel. Senadora. Chile.
5. Altman, Jossette. Secretaria Ejecutiva FLACSO. San José.
6. Amorim, Celso. Ex Ministro de Defensa. Ex Canciller. Brasil
7. Anguiano Roch, Eugenio. Ex embajador. México.
8. Araníbar, Antonio. Ex Canciller. Bolivia.
9. Ayala Mora, Enrique. Presidente. Colegio de América. Universidad Andina Simón
Bolívar. Ecuador
10. Barragán Valencia, Héctor. Analista Político y Periodista. México.
11. Basáñez Ebergenyi, Miguel. Ex Embajador en Estados Unidos. México.
12. Becerril Straffon, Rodolfo. Economista. Profesor investigador. El Colegio de Morelos.
México.
13. Bergamino, Ariel. Ex Vicecanciller. Uruguay.
14. Bernal Meza, Raúl. Profesor de la Universidad del Centro. Argentina.
15. Berúmen Torres, Edmundo. Consultor Nacional e Internacional de encuestas. México.
16. Bielsa, Rafael. Ex Canciller. Argentina.
17. Bitar, Sergio. Ex Ministro de Educación y Obras Públicas. Ex Senador. Chile.
18. Bizzozero, Lincoln. Profesor e Investigador. Universidad de la República. Uruguay.
19. Borda, Sandra. Profesora. Universidad de los Andes. Colombia.
20. Bordón, José Octavio. Ex Senador y Ex Embajador. Argentina.
21. Busso, Annabella. Profesora. Universidad Nacional de Rosario. Argentina.
22. Caetano, Gerardo. Profesor e investigador. Universidad de la República. Uruguay.
23. Carrión, Francisco. Ex Canciller. Ecuador.
24. Casar I., José. Profesor e Investigador. Programa Universitario de Estudios del
Desarrollo. UNAM. México.
25. Cepeda Ruiz, María Enriqueta. Directora Ejecutiva. INCIDE Social. México.
26. Chacón, Susana. Directora. Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi. México.
27. Chavarría Machado, Claudia Pamela. Investigadora. INCIDE Social. México.
28. Cordera Campos, Rolando. Profesor Emérito. Coordinador. PUED. UNAM. México.
29. Costa, Gino, Congresista. Perú.
30. De La Puente, Juan. Profesor. Universidad San Martín de Porres. Perú.
31. De María y Campos, Mauricio. Ex embajador y ex Director General de ONUDI. México.
32. Delgado Ballesteros, Gabriela. Profesora Investigadora. IIUE. UNAM. México.
33. Díaz Maynard, Alvaro. Ex Decano de la Facultad de Agronomía. Uruguay.
34. Dookeran, Winston. Ex Ministro de Hacienda. Trinidad y Tobago.
35. Drago, Rolando. Embajador del Servicio Exterior. Chile.
36. Escobar, Ramiro. Profesor. Pontificia Universidad Católica del Perú.
37. Fajardo, Sergio. Ex Gobernador de Antioquia. Ex Candidato Presidencial. Colombia.
38. Fernández Amunátegui, Mariano. Ex Canciller. Chile.
39. Fernández, Gustavo. Ex Canciller. Bolivia.
40. Ferrero Costa, Eduardo. Ex Canciller. Perú.
41. Gallardo, Javier. Profesor e Investigador. Universidad de la República. Uruguay.
42. García Sayán, Diego. Ex Canciller. Perú.
43. Gatti, Daniel. Abogado y Jurista. Uruguay.
44. Gomes, Gerson. Ex Funcionario CEPAL y FAO. Uruguay.
45. González González, Guadalupe. Profesora Asociada. Colegio de México. México.
46. González-Olaechea Franco, Javier. Ex Funcionario OIT. Perú.
47. Goñi, José. Ex Ministro de Defensa. Chile.
48. Grebe, Horst. Ex Ministro Desarrollo Económico. Bolivia.
49. Heine, Jorge. Ex Embajador. Ex Ministro de Estado. Chile.
50. Heredia Zubieta, Carlos. Profesor Asociado. CIDE. México.
51. Hirst, Mónica. Profesora. UTDT. IESP-UERJ. Brasil.
52. Holguín, María Ángela. Ex Canciller. Colombia.
53. Insulza, José Miguel. Ex Canciller. Chile.
54. Iturralde Ballivián, Carlos. Ex Canciller. Bolivia.
55. Jarquín, Edmundo. Ex Candidato a la Presidencia. Nicaragua.
56. Jiménez Mayor, Juan. Ex Presidente Consejo de Ministros. Perú.
57. Jiménez Morales, Maryhen. Profesora. Universidad Central. Venezuela.
58. Jordán, Nicole. Profesora. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Bolivia.
59. Jusidman Rapoport, Clara. Presidenta. Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi. México.
60. Kahhat, Farid. Profesor, Pontificia Universidad Católica del Perú
61. Kisic, Drago. Director Macroconsult. Perú.
62. Kovacs, Karen. Consultora internacional. México.
63. Kresalja, Baldo. Ex Ministro de Justicia. Perú.
64. Lafer, Celso. Ex Canciller. Brasil.
65. Lerner Ghitis, Salomón. Ex Presidente del Consejo de Ministros. Perú.
66. Letelier, Juan Pablo. Senador. Chile.
67. López Giral, Dorotea. Instituto Estudios Internacionales. Universidad de Chile.
68. Lousteau, Martín. Senador y Ex Embajador. Argentina.
69. Luiselli, Cassio. Ex embajador. Consejero. Seguridad Alimentaria para las Américas.
IICA. México.
70. Lustig, Nora. Profesora. Universidad de Tulane.
71. Machicado Saravia, Flavio. Ex Ministro de Finanzas. Bolivia.
72. Machinea, José Luis. Ex Ministro de Economía. Argentina.
73. Maira, Luis. Ex Ministro de Desarrollo Social. Chile.
74. Malcorra, Susana. Ex Canciller. Argentina.
75. Marcos Giacomán, Ernesto. Economista y Consultor. México.
76. Martínez Martínez, Sergio. Investigador. INCIDE Social. México.
77. Maúrtua de Romaña, Oscar. Ex Canciller. Perú.
78. Mayoral, César. Ex Embajador ante NNUU, Canadá, China. Argentina.
79. Merke, Federico. Profesor. Universidad de San Andrés. Argentina.
80. Morales Moreno, Isidro. Profesor Investigador. Tecnológico de Monterrey. México
81. Morales, Juan Antonio. Ex Presidente del Banco Central. Bolivia.
82. Murillo, Javier. Ex Canciller. Bolivia.
83. Navarrete, Jorge Eduardo. Embajador Eminente. México.
84. Nin Novoa, Rodolfo. Ex Vicepresidente y Ex Canciller. Uruguay.
85. Ocampo, José Antonio. Profesor. Universidad de Columbia. Ex Director Banco de la
República. Colombia.
86. Ominami, Carlos. Ex Ministro de Economía. Chile.
87. Orellana Halkyer, René. Ex Ministro de Planificación. Bolivia.
88. Orias, Ramiro. Profesor. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Bolivia.
89. Ortiz Mena L.N., Antonio. Profesor Asociado. CIDE. México.
90. Oswald Spring, Úrsula. Secretaria General. IPRA. Profesora investigadora. CRIM.
UNAM. México.
91. Pachano, Simón. Profesor Investigador FLACSO. Ecuador.
92. Padrón, Alvaro. Ex Secretario General. Coordinador de Centrales Sindicales del
Mercosur. Uruguay.
93. Palma Valderrama, Hugo. Ex Vicecanciller. Perú.
94. Pardo, Rodrigo. Ex Canciller. Colombia.
95. Pellicer, Olga. Ex embajadora. Profesora Investigadora. ITAM. México.
96. Peres-Cajías, Guadalupe. Profesora. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Bolivia.
97. Pérez, Antonio. Ex-jefe Servicios de Apoyo a las Políticas Agrícolas; FAO, Roma.
Uruguay.
98. Puchet Anyul, Martín. Profesor investigador. Facultad de Economía. UNAM. México.
99. Quijano, José Manuel. Ex Director de la Secretaría General del Mercosur.
100. Rangel, Ana Patricia. Investigadora. INCIDE Social. México.
101. Reyes Matta, Fernando. Ex Embajador. Profesor. Universidad Andrés Bello. Chile.
102. Ricúpero, Rubens. Ex Ministro Hacienda. Brasil.
103. Rincón Gonzáles, Ximena. Senadora. Chile.
104. Rivas, Eda. Ex Canciller. Perú.
105. Robledo, Marcos. Ex Subsecretario de Defensa. Chile.
106. Rodríguez Cuadros, Manuel. Ex Canciller. Perú.
107. Rodríguez Gigena, Gonzalo. Ex Embajador ante ALADI. Uruguay.
108. Rojas Aravena, Francisco. Rector Universidad de La Paz. San José.
109. Rojas, Fernando, Ex Vicecanciller. Perú.
110. Romero, Carlos. Profesor. Universidad Central. Venezuela.
111. Roncagliolo, Rafael. Ex Canciller. Perú.
112. Rosales, Osvaldo. Ex Director Comercio Internacional. CEPAL. Chile.
113. Russell, Roberto. Profesor. Universidad Torcuato Di Tella. Argentina.
114. Saltalamacchia Ziccardi, Natalia. Profesora Investigadora. ITAM. México.
115. Sandoval Espinosa, Elena. Ex Directora. Facultad de Economía. UNAM. México.
116. Schatan, Claudia. Consultora Internacional Independiente. México.
117. Sennes, Ricardo. Instituto Fernando Henrique Cardoso. Brasil.
118. Siles, Juan Ignacio. Ex Canciller. Bolivia.
119. Soares de Lima, María Regina. Profesora. IESP-UERJ. Brasil.
120. Somavía, Juan. Ex Director General. Organización Internacional del Trabajo. Chile.
121. Stubrin, Marcelo. Ex Embajador. Ex Senador. Argentina.
122. Suárez Dávila, Francisco. Ex embajador en Canadá. México.
123. Talavera Gran, Cesar, Ex Integrante de la FAO. PNUD. Uruguay
124. Tavares, María Herminia. Investigadora CEBRAP. São Paulo. Brasil.
125. Tokatlián, Juan Gabriel. Profesor. Universidad Torcuato Di Tella. Argentina.
126. Trigo Loubiere, Jacques. Ex Ministro de Hacienda. Bolivia.
127. Valdés Ugalde, Francisco. Profesor investigador. Instituto de Investigaciones Sociales.
UNAM. México.
128. Valdés Ugalde, José Luis. Profesor investigador. CISAN. UNAM. México.
129. Valdés, Juan Gabriel. Ex Canciller. Chile.
130. Vidarte, Oscar. Profesor. Pontificia Universidad Católica del Perú.
131. Wagner, Allan. Ex Canciller. Perú.
132. Zarati, Francesco. Físico. Columnista de Opinión. Bolivia.
133. Zegada, María Teresa. Universidad Mayor de San Simón. Bolivia.
El mandato de autocuido y la salud mental en contexto de crisis
Mariana Alpízar Guerrero
Psicóloga
Investigadora feminista
En el contexto actual nos encontramos sobre-expuestas (os) a noticias, información, crisis y cifras sin nombre. Leemos sobre salud física, el funcionamiento del virus, proyecciones de posibles escenarios. Obsesiones por encontrar respuestas, alimentadas por un deseo cotidiano de que todo esto acabe pronto.
La necesidad de tomar medidas de distanciamiento, la burbuja social como única seguridad, el temor a ser tocados por el otro, y las estrategias de comunicación perversas que nos dicen constantemente que nuestros seres queridos pueden morir, partiendo de que la empatía sólo se mueve si escenificamos la muerte de nuestras redes cercanas. Todo esto nos tiene en un colapso emocional, colectivo y personal que ni siquiera vimos venir.
La salud, recién ahora, empieza a tomar un matiz distinto, ya no sólo es importante alejar el virus de nuestros seres queridos, también hay que luchar todos los días por no desfallecer mentalmente ante la inminente incertidumbre y todo esto, parece que deberíamos hacerlo en soledad, pues hacerse cargo de la salud mental es un tema “individual”, “personal”, al menos esa es la idea culturalmente aprendida.
Veníamos de un tiempo donde la idea de soledad como sanación estaba tomando una fuerza avasalladora al punto de ser tergiversada y recetada como la pastilla que todo lo cura (sigue siendo así). El “autocuido” se mercantilizó lanzando el mensaje de que, para poder ser “mejores” sólo había que tener voluntad. Sabemos que la salud emocional tiene muchos ingredientes, uno de ellos es, sin duda, la responsabilidad por el cuidado de sí, pero existe un componente colectivo que es sumamente contraproducente eliminar.
La idea capitalista de la salud mental como algo privado y ligado exclusivamente a la terapia psicológica individual, profundiza la desigualdad social, en el tanto sólo un pequeño porcentaje de personas puede acceder de manera sostenida a un proceso de este tipo. Si las personas no tienen dinero para pagar y tienen seguro social, no siempre recibirán un apoyo con la temporalidad requerida, lo cual habla de la importancia de fortalecer un sistema de salud social sin el cual muchas personas ni siquiera podrían ser atendidas en situaciones de emergencia, por ejemplo, ante intentos de suicidio.
Sin embargo, además de la importancia de fortalecer el sistema de salud y aumentar el acceso a los procesos terapéuticos individuales, es necesario conectar estos procesos con la colectividad, no sólo que las personas tengan un apoyo de sus redes más cercanas, sino que se empiece a cuestionar la idea de lo emocional como algo únicamente individual. La salud mental es un tema de interés público y en ese sentido también se trata de algo político.
No sólo es necesario que el Estado intervenga, sino que se construya un concepto de salud mental comunitaria. Entendiendo que sin la comunidad (en el amplio sentido de la palabra), no es posible una sanación que se sostenga en el tiempo. Una persona puede llevar un proceso de años y lograr avances importantes, pero si no cuenta con el apoyo de sus redes, el proceso no se sostenible en el tiempo y la persona puede llegar a depender de la terapia, para poder aguantar la vida cotidiana.
El apoyo, la presencia de la comunidad, la construcción de espacios colectivos, el equilibrio entre el autocuido y el cuido mutuo, son necesarios para construir un concepto de salud mental más integral y conectado con la realidad social que vivimos.
Un ejemplo claro de cómo nos ha afectado la idea del mundo emocional como algo privado y que no corresponde al plano social es cuando le recetamos ir al psicólogo a cada persona que tiene un problema, como si los procesos terapéuticos fueran una solución inmediata, o más aún, como si nos libraran de la responsabilidad vincular. A veces se convierte en una muletilla: “vaya al psicólogo” “vaya a la psicóloga”.
Por una parte el espacio clínico-terapéutico cuenta con una serie de herramientas específicas que aportan al proceso de hacerse cargo de sí (uno de los componentes del proceso inacabable de la sanación), pero este proceso no es un reemplazo del vínculo social, comunitario y de las redes cercanas. No existe salud mental sin responsabilidad emocional-colectiva.
Para ello es necesario que fortalezcamos los espacios comunitarios (aun cuando en este momento la comunidad se viva desde lo virtual), que trabajemos la empatía por el otro (aunque esté fuera de nuestra burbuja), que aprendamos a pedir apoyo y consideremos nuestra salud mental algo tan prioritario como la salud física. Por parte del Estado, es fundamental la apertura de espacios de atención en crisis y, no menos importante, de atención sostenida en procesos psicosociales, donde se involucre a la gente.
En el momento presente se hace indispensable asumir la responsabilidad social de la escucha y el cuido colectivo y que no recaiga sobre la persona lidiar en soledad con sus emociones sino que se trabajen los vínculos recíprocos de apoyo. No es fácil, contrario a que nos plantean los mensajes de “selfcare” que ponen a la salud mental como una cuestión de voluntad y llegan incluso a culpabilizar a las personas que se sienten deprimidas. Tampoco es rápido, requiere de un proceso y (aquí sí aplica), de compromiso colectivo, sin embargo, es en contextos de crisis donde salen a la luz los vacíos que, como sociedad y como sujetos, es necesario atender.
¿Por dónde empezar? No existen recetas, pero un inicio puede ser repensarnos el concepto generalizado de salud mental. Asumir responsabilidades vinculares de escucha recíproca, apoyar en la búsqueda de profesionales en salud mental a personas que así lo requieran, empatizar con las vivencias de los otros sin necesidad de intervenir, acompañar. Limitar la sobre exposición de mensajes, imágenes, informaciones en redes sociales que promuevan la idea de la salud mental como cuestión individual y del autocuido como solución a todas las problemáticas emocionales. Pidiendo apoyo, cuando lo requieran y si solicitarlo les es posible (porque no siempre una persona que necesita apoyo lo puede pedir), estando pendientes de personas cercanas que tienen cambios temperamentales o se ausentan por periodos de tiempo prolongados, compartiendo información sobre servicios de atención en crisis como el 911, o la línea “Aquí estoy” del Colegio de Profesionales en Psicología.
La salud, más que un mandato, es un compromiso que también pasa por lo social.
Desigualdades, agua y pandemia
Autor: José Rodrigo Conejo. Planificador económico y social, Universidad Nacional.
Vivimos en un país agrietado por profundas desigualdades, unas más visibles que otras, pero todas muy normalizadas. Desigualdades múltiples y estructurales que crean amplias brechas en las capacidades y condiciones materiales para enfrentar la actual crisis sanitaria, económica y social, y en general… para vivir.
Unas personas pueden cumplir las restricciones sanitarias sin comprometer su comida diaria, otras no. A unas personas no les queda más que movilizarse en buses repletos, otras tienen más opciones. Unas personas mantienen sus ingresos intactos, otras son parte del creciente desempleo (24%) o han visto sus jornadas laborales reducidas por tiempo indefinido. Unas personas tienen las condiciones para continuar sus estudios y trabajos desde casa, otras no. La lista de ejemplos es interminable.
Nuestra región es de las más desiguales del mundo y Costa Rica, pese al mito de igualiticos, no es la excepción. Las condiciones de vida cambian drásticamente según la zona del país donde vivamos, aún entre lugares muy cercanos entre sí: no es lo mismo vivir y crecer en Rincón Grande de Pavas, que en Rohrmoser -también- de Pavas. Las desigualdades territoriales son un fenómeno que genera zonas de privilegio, por un lado, y por el otro, zonas de vulnerabilidad y exclusión social.
Las desigualdades territoriales se han visibilizado durante la actual crisis. Hace un mes mucha gente pareció haber descubierto la precariedad y explotación laboral que por años ha existido en algunas piñeras de la zona norte del país, un lugar históricamente relegado. Sin embargo, poco se ha hablado de otra cara de las asimetrías territoriales, una que tiene que ver con un elemento básico para enfrentar la pandemia: el desigual acceso al agua.
Desde hace décadas, Costa Rica destaca por su cobertura casi universal de agua potable en una región con importantes desafíos en la materia. Pero ¿qué se esconde tras ese casi universal?
Los cortes de agua que en marzo sufrieron algunos barrios del sur de San José pusieron, temporalmente, el tema en la agenda mediática. Sin embargo, lo cierto es que en Costa Rica aún hay comunidades enteras que permanentemente no tienen acceso a agua a través de un sistema de acueducto. Según datos del último censo, mientras el 93,1% de las viviendas del país tiene acceso a un acueducto, el resto (83.707 viviendas) no.
Al desmenuzar espacialmente este dato, es posible ver cómo el desigual acceso a agua afecta particularmente a los cantones de las periferias del país. De los 10 cantones con más bajo acceso a agua a nivel nacional, ninguno se encuentra en la Gran Área Metropolitana (GAM), todos están en las periferias. Ahora bien, como los cantones no son homogéneos en su composición, es deseable una desagregación espacial mayor, al menos distrital.
Ahí encontramos brechas aún más dramáticas. En distritos como Llanuras del Gaspar o Cureña, ambos de Sarapiquí, o Chirripó de Turrialba, son muy pocas las viviendas que sí tienen acceso a agua a través de acueducto. En Llanuras del Gaspar y Cureña, el agua para consumo humano de cada nueve de 10 hogares viene de la lluvia que se pueda recolectar, de un pozo artesanal que puede secarse en “verano” o de un río cercano que puede tener residuos de agroquímicos utilizados para el cultivo de piña, como pasa con los ríos Toro y San Carlos.
Lo anterior no solo supone una afrenta a un derecho humano básico, sino que impide seguir medidas tan básicas para contener la pandemia como el lavado de manos. Este escenario da cuenta de una vergonzosa deuda histórica por parte un Estado costarricense que, desde su fundación, se ha pensado prioritariamente en función del Valle Central y sus necesidades.
La intersección de estos factores -desigualdades, agua y pandemia- supone un coctel letal: literalmente pone en riesgo la vida de las personas vulnerables. Sin acceso a condiciones básicas, como agua en el hogar, es materialmente imposible seguir las recomendaciones sanitarias más elementales para contrarrestar la pandemia.
Al ser un fenómeno estructural, revertir estas desigualdades requiere no solo visión sistémica y voluntad política al más alto nivel, sino también de una participación de las comunidades que permita reconocer las especificidades territoriales y sectoriales en la formulación de política pública y, prioritariamente, enfrentar con éxito la actual crisis sanitaria. Seguir pensando la acción estatal desde escritorios que subestimen el potencial comunitario, poco aportará a disminuir las desigualdades.
¿Cómo salir de la crisis sin ensanchar las ya amplias desigualdades? Recetas no hay, pero solo con solidaridad, empatía y proactividad podremos explorar alternativas efectivas para no dejar a nadie atrás.
Voz experta UCR: Devenir de las Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica
Por María Eugenia Bozzoli Vargas, antropóloga, socióloga y profesora emérita de la Universidad de Costa Rica
Una reflexión en torno al contexto histórico que impulsó la consolidación de esta área del conocimiento en la Institución
El proceso de institucionalización de las Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica ha variado según su desarrollo amplio y constante. En los primeros dos años, de 1941 a 1942, la UCR contaba con tres escuelas de lo social: Derecho, Pedagogía, y Letras. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), se instaló en mayo de 1943 y Servicio Social en 1944 como Escuela Anexa en la FCES. Ambas respondieron a una petición externa: Ciencias Económicas a la del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales; Servicio Social, años más tarde denominada Trabajo Social, a la del Ministerio de Salubridad, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Patronato Nacional de la Infancia. Se colige que estas primeras escuelas y sus asignaturas estaban muy ligadas a urgencias de la sociedad nacional en derecho, en lo educativo, en salud, en lo socioeconómico. Más adelante los saberes acerca de la sociedad humana y sus individuos podrán obedecer a urgencias internas de la propia institución universitaria para proveer conocimiento a la sociedad. La orientación era principalmente docente pero a la investigación en estos primeros años se le daba algún apoyo, por ejemplo en publicaciones.
En los años de 1950, se explicita, conjuntamente con la construcción de la ciudad universitaria, la Reforma modificadora de los planes de estudio, al introducirse los Estudios Generales en 1957; a partir de ese año todos los planes de estudio incluirían, según la carrera, Fundamentos de Sociología (en el Departamento de Estudios Generales), o Principios de Sociología (en Historia y Geografía).
Hacia 1955 se discutía el concepto de departamentalización como implícito a la Reforma que establecería Ciencias y Letras como Facultad Central de la Universidad.
En los años de 1960 se agregan a la Facultad de Ciencias y Letras, la Antropología, la Sociología y la Psicología como carreras, resultado de un proceso que estableció primero la Comisión de Ciencias del Hombre, con profesores de las Facultades de Ciencias Económicas, Educación, Ciencias y Letras y la Escuela de Trabajo Social. La Comisión recomendó la creación de la Sección de Ciencias del Hombre. Se autorizó a esta Sección para ofrecer el grado de Bachillerato, para proporcionar a los estudiantes una base sólida de conocimientos que les permitiera realizar posteriormente estudios para especializarse y profesionalizarse, con una licenciatura, como era el sistema de la UCR, o con maestrías y doctorados fuera de las fronteras nacionales. La Sección pasó a ser el Departamento de Ciencias del Hombre en 1968. En ese mismo año empezó la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Periodismo, anexas a la Facultad de Derecho
El Tercer Congreso Universitario es un hito sobresaliente del devenir institucional de las Ciencias Sociales en la UCR. De sus resultados, se crea la nueva Facultad de Ciencias Sociales a partir de 1974, con las Escuelas: Ciencias del Hombre –esta se divide posteriormente, 1977, en Antropología y Sociología por una parte, Psicología por la otra; Antropología será nueva Escuela en 2006-; Ciencias de la Comunicación Colectiva, Ciencias Políticas, Escuela de Escuela de Historia y Geografía –en 1997 Geografía se separa en nueva Escuela; Escuela de Trabajo Social. Se oficializa el Área de Ciencias Sociales para efectos de la representación en el Consejo Universitario; las vicerrectorías incidirán en adelante en el aumento de facilidades para la investigación y de acción social. El Sistema de Estudios de Posgrado, creado en 1975, ha permitido la ampliación del quehacer académico de todas las escuelas de Ciencias Sociales
En el siglo veintiuno es notable el crecimiento arquitectónico y espacial de la UCR, en sus sedes central y regionales, reflejo de la expansión de las actividades docentes, de investigación y acción social, abarcando en ello a las Ciencias Sociales, por lo que crece su complejidad administrativa a lo interno y en sus alcances en lo nacional e internacional.
María Eugenia Bozzoli Vargas
Antropóloga, socióloga y profesora emérita de la Universidad de Costa Rica
Agua es Vida y Yiski se pronuncian ante proyecto de ley de agua
SURCOS recibió el siguiente comunicado:
«¡DIGAMOS NO A LA NUEVA «LEY DE AGUAS», DE PAOLA VEGA!
- Porque pese a la trascendencia que tiene una nueva Ley de Aguas, este proyecto ha sido tramitado DE ESPALDAS A LOS HABITANTES, a pesar de que sustituye sin justificaciones expresas, la magnífica Ley de Aguas que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la cual, en virtud de sustanciales actualizaciones, ha abierto el camino a la incorporación en la normativa legal costarricense, a que el acceso al agua, como bien demanial, en cantidad y calidad adecuadas, sea un Derecho Humano. La precipitación en su trámite no ha permitido incluso, que la gran mayoría de los señores diputados hayan tenido la oportunidad de conocer sus detalles técnicos, y mucho menos debatir sobre ellos como es su responsabilidad. Ello, pese a que es quizá el proyecto de ley MÁS IMPORTANTE que jamás habrían de decidir.
- Porque la excelente Ley de Aguas, legado del Dr. Calderón Guardia, que quieren enterrar, es tan VISIONARIA que ha servido de sustento a decenas de normas incluidas en la Constitución Política de Costa Rica, leyes, códigos, matrices de protección de acuíferos, legislación ambiental, normativa ambiental sobre la contaminación de las aguas, SENARA, ARESEP, etcétera. Por lo tanto, ES UNA MENTIRA decir que la actual ley de aguas es una ley vieja, cuando esta ha demostrado poder actualizarse y mantener el marco jurídico vital que garantiza el derecho al acceso al agua potable.
- Porque los muy valiosos e insustituibles ACUÍFEROS SUBTERRÁNEO, hoy bajo la tutela técnica y profesional del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), quedarían a disposición de un incompetente órgano político, ubicado en el Ministerio de Ambiente. «Dirección de Agua» (a la que simplemente se le cambia el nombre) cuya jerarquía activamente se ha opuesto, a las regulaciones de protección de los acuíferos subterráneos, además formalizadas en atención a resoluciones de la Sala Constitucional. Y es tan evidente la intención de erosionar las funciones de manejo, protección y conservación de las aguas subterráneas, que hasta del nombre del SENARA se elimina cualquier referencia a tan vital área. Así, la REGRESIÓN AMBIENTAL es de tal magnitud, que más allá de la ilegalidad, ha de preocupar infinitamente, las consecuencias de tan insensible e irracional regresión ambiental.
- Porque los que pretenden dejar sin protección los invaluables, ¡y a la vez vulnerables!, acuíferos subterráneos, olvidan que, ante la vergonzosa contaminación de nuestros ríos, en extensas regiones del país, así como la sequía que sufren en verano por la disminución de sus zonas de proyección, sus habitantes tienen cifradas sus esperanzas de abastecimiento del líquido vital en las aguas subterráneas. Importante valorar que desde el SENARA se han identificado 58 ACUÍFEROS, costeros, volcánicos y sedimentarios continentales, de los que se nutren más de 17.000 POZOS concesionados en las cuencas del Tárcoles (39%), península de Nicoya (17%), Tempisque (14,4%), Reventazón (5,5%) y Jesús María (3%). Sin embargo, en lugar de proponer un fortalecimiento institucional del SENARA, se busca su degradación.
- Porque acorde con la perversa tendencia privatizadora del que llaman «manejo integrado público-privado», se propone la obligación (!) de CREAR SOCIEDADES AGRÍCOLAS como requisito para optar a concesiones de agua para agricultura. Verdaderos órganos privados que habría que inscribir en el Ministerio de Ambiente, formados cada uno por la asociación de cinco dueños de fincas. Aquellos PEQUEÑOS AGRICULTORES que por las más diversas razones no pudieren reunirse en esas muy particulares sociedades, NO podrían obtener concesiones de agua para la atención de sus necesidades. Esto es una privatización del agua de manera solapada.
- Porque con no muy sanas intenciones, se amplían indebidamente las condiciones a los derechos de disponer libremente de «agua para uso doméstico», mediante pozos para una casa de habitación o un núcleo familiar, hacia ¡FINCAS DE HASTA 35 HECTÁREAS! O sea, se les otorga a empresarios agropecuarios con fincas de grandes extensiones, permisos previos, sin requisitos, para perforar pozos cual si se tratara para atender las necesidades de una pequeña familia. Otro ejemplo de privatización solapada en un uso doméstico para “pequeñas familias” que viven en “pequeñas” fincas de 35 hectáreas.
- Porque se sigue negando la razonable restricción propuesta en su oportunidad, de prohibir la EXPORTACIÓN DE AGUA ENVASADA, desde lugares donde existen comunidades expuestas a periodos, a veces muy largos, de ESCASEZ de agua potable, que sufren así del incumplimiento del acceso al agua en cantidad y calidad, como un DERECHO HUMANO. Tampoco se vislumbra esta prohibición en situaciones de emergencia nacional como lo puede ser una sequía, una pandemia, un problema de salud nacional, contaminación o agotamiento de acuíferos, y otras situaciones adicionales que la lógica de subsistencia, nos dice que es contradictorio exportar agua mientras a lo interno morimos de sed.
- Porque es incorrecto siquiera decir, que este proyecto de nueva Ley de Aguas es imprescindible para sustentar la reciente REFORMA CONSTITUCIONAL sobre la materia, y para que el AyA pueda cumplir eficientemente su deber. El que por fugas desde las cañerías del AyA se pierda agua ¡PARA MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS!, el imperdonable rezago en la construcción del proyecto de abastecimiento Orosi II, el costoso fracaso del proyecto de alcantarillado sanitario del área metropolitana, la desvinculación histórica con las asadas, etcétera, son deficiencias de gestión institucional que NO tienen nada que ver con obstáculos que pudiere tener la magnífica Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia.
- Porque al eliminar de las funciones del AyA el ejercer «LA GOBERNABILIDAD» del más importante recurso demanial con que contamos los costarricenses, ¡sin determinar A QUIÉN corresponde esa fundamental función!, coloca al agua en una situación de gran VULNERABILIDAD para su manejo Estatal, frente a crecientes amenazas privatizadoras.
- Porque al borrar del AyA la función de «ALCANTARILLADOS», sin determinar con claridad a quién se le encarga, crea un previsible CAOS interinstitucional de inimaginables consecuencias en la función cotidiana de las zonas urbanas, principalmente.
- Porque lejos de promover la INCORPORACIÓN COMUNITARIA en el uso sostenible y fiscalización del agua como recurso invaluable de dominio público, más bien contiene evidentes RETROCESOS en este tipo de gestión deseable.
- Porque desdeña algunas de las AMENAZAS más preocupantes que en la actualidad penden sobre el agua, como lo son la contaminación, la sobreexplotación, las tomas ilegales y la escasa protección de las fuentes, cual si fuere un recurso inagotable.
- Porque a las de por sí desdeñadas ASADAS, que hoy abastecen con agua potable A MÁS DEL 50% DE LAS PERSONAS, se les impone impuestos indebidos bajo la engañosa expresión de «cánones», dificultando aún más su voluntaria gestión.
- Porque el ICE y otras empresas menores públicas y privadas de generación hidroeléctrica, se verían obligadas a pagar un irracional e inconsulto IMPUESTO por el uso del agua en sus proyectos, lo cual encarecerá los costos de la generación eléctrica y golpeará de nuevo a los hogares y al sector productivo del país.
- Porque nada es por casualidad, pues se siguen lineamientos de entes internacionales con grandes intereses en el comercio del agua, como la GWP-Banco Mundial, el Consejo Mundial del Agua, los Foros Internacionales del Agua, ¡todos con vínculos nacionales!, que ven al agua como UN BIEN ECONÓMICO Y NO COMO UN BIEN SOCIAL de carácter demanial».
Colectivo AGUA ES VIDA NO MERCANCIA/ Yiski
*Imagen ilustrativa, UCR.
SITRAA: millones se esfuman, pero siguen altos mandos tranquilos en su red de cuido
SURCOS recibió el siguiente comunicado de SITRAA:
PROYECTOS SIN AVANZAR, DESABASTECIMIENTO, PROBLEMAS EN FACTURACIÓN, COBROS DEL I.V.A, SON ALGUNOS TEMAS QUE ENFURECEN A LA POBLACIÓN, PAGOS MILLONARIOS QUE SE VAN DEL AyA, CON EL I.V.A, TRASLADOS DE RECURSOS A GOBIERNO, PERDIDA CON EMPRESA ACCIONA AGUA, PUBLICIDAD MILLONARIA MILLONES Y MILLONES DE COLONES, ¿TEMAS QUE TRAERÁN REPERCUSIONES GRAVES EN EL SERVICIO QUE YA DAMOS O INCREMENTO EN EL RECIBO?
SITRAA ha venido planteando con pruebas; números de contrataciones, montos económicos de pérdida de recursos a nuestro parecer y del pueblo por una mala gestión, que vienen desde los mandos altos, como en toda empresa estos deben de ser RESPONSABLEMENTE ASUMIDOS desde la GERENCIA GENERAL, y sus SUBGERENCIAS, quienes son el hilo conductor de los problemas de abastecimiento mucho por falta de infraestructura, el congelamiento solapado de OROSI II, el tema de facturación directriz gerencial GG-2020-01125, y donde señalaron a mandos medios, enviándoles con suspensión de sus labores, por llevar solamente ordenes desde la Gerencia, mucho, mucho dinero de los costarricenses nos puede costar esta decisión, contrataciones millonarias pérdidas, que deben asumir quien DECIDIO AVANZAR EN EL PROCESO, contrataciones millonarias de recursos adquiridas que se deterioran en las instalaciones de AyA, contrataciones millonarias en publicidad y una por los alrededor de los 543 millones que está por salir.
Desde la organización de los trabajadores, estos temas y muchos otros que hemos denunciado en detrimento de la institución baluarte por 59 años al servicio público, el único fin que traen es desplomar la institución para buscar seguir privatizando servicios, como el tema de tecnologías que ahora raramente es producto de un ciber ataque, QUE ESPEREMOS ver EL NUMERO DE DENUNCIA EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION CIBERNETICA DEL O.I.J, antes de que se pierdan algunos datos IMPORTANTES, el tema de servicios de alcantarillado sanitario, el tema de medición, mantenimiento de redes, ampliar el tema de contratación de atención al cliente y otros que traen mentes maravillosas para cada vez ir eliminando con servicio público nuestras labores.
RED DE CUIDO EN AyA, La Junta Directiva debe de SEPARAR a quienes nos están desangrando y destruyendo, o por su propia voluntad deben de IRSE DE LA INSTITUCIÓN, los que nos han llevado a este camino, los que tienen a las cuadrillas SIN PRESUPUESTO para poder realizar labores, fuera de sus 8 horas, los que nos tienen con problemas de materiales, recolección de escombros, problemas de asfalto entre otros TODOS CON GRAVE ACCIÓN EN LO OPERATIVO, acciones que son RESPONSABILIDAD DE QUIENES NOS DIRIGEN, y hoy son objeto de CUIDO a pesar de los millones que se ESFUMAN.
¡Nuestra Organización Sindical según la ONU, es catalogada como DEFENSORA de los derechos humanos y DENUNCIANTE, siendo una parte independiente de la institución, seguiremos denunciando, aunque gasten recursos públicos para DARNOS UNA MORDAZA!!!