Como madre y Pediatra leí las 70 páginas del “Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral Educación Diversificada” del MEP, y me di a la tarea de hacer un resumen/análisis de los puntos relevantes en el documento, el cual les presento a continuación. Es importante aclarar, que la guía es un documento para el docente, de manera que NO es lo que le llegará al estudiante sino un manual de los temas y las actividades a desarrollar en clase. De hecho, las primeras 30 páginas hablan de antecedentes y aspectos meramente pedagógicos.
Sí contienen:
– El amor como parte fundamental de las relaciones afectivas (sexuales y no). El respeto por las creencias personales y de los otros. Énfasis en que las RsSx implican responsabilidad personal y mutua y que tienen el fin de generar placer y bienestar para ambas partes. Derecho a decir que no y que sea respetado (pág 32).
– Equidad entre hombres y mujeres en materia de derechos generales (pág 39) Igualdad de derechos para personas con discapacidad o LGTBI (pág 41).
– Identificación de relaciones abusivas o violentas (no solo sentimentales). Reconocimiento del daño emocional que genera el abuso sexual en todas sus formas (pág 44).
– Identificación de los procedimientos de denuncia y protección ante abuso sexual en todas sus formas, dentro y fuera del colegio.
– Conocimiento en derechos: sexuales y reproductivos, educación sexual, acceso a información científica, anticoncepción, igualdad, autonomía, a una vida libre de violencia, libertad de opinión, etc (pág 47).
– Identificación de las responsabilidades del Estado en sus diferentes Poderes, Ministerios e Instituciones en cumplimiento de derechos sexuales y reproductivos (pág 48).
– Historia y mecanismos para el cumplimiento y ejercicio pleno de derechos ciudadanos sexuales y reproductivos, y derechos humanos en general. Respeto y defensa de los derechos ajenos (pág 52).
– Productos finales que puedan ser compartidos con el resto de la comunidad estudiantil del colegio, en materia de prevención de violencia y respeto de derechos.
– Bibliografía nacional, con documentos elaborados por diferentes Instituciones y Ministerios. Bibliografía extranjera de organismos internacionales (OPS, UNESCO) e investigadores sobre el tema.
– Nombre y calidades de los profesionales involucrados en la elaboración del documento.
– En el glosario se incluyen entre otras cosas las definiciones de: autoerotismo y masturbación (pág 59), diversidad sexual (pág 63), erotismo (pág 64), expresiones de género (pág 64), género (64), heteronormatividad (65), identidad de género (65), orientación sexual (65), prácticas o comportamientos sexuales (66).
Constaté que NO incluye:
– No hay planes, actividades o productos que involucren estudiantes de primaria. El contenido y los proyectos son exclusivamente para alumnos de 10mo año.
– Ninguna mención a que derecho sexual y reproductivo sea sinónimo de homosexualidad, enfoque exclusivo en métodos anticonceptivos o libertinaje sexual.
– Ningún tema incluye actividades específicas relacionadas con tipos y uso de métodos anticonceptivos, ni en la teoría ni en la práctica. Responsabiliza a la CCSS en esta materia, como ente prestador de servicios de salud. Aquí un comentario: en realidad esto sí está así contemplado en el Programa de Atención Integral al Adolescente de la CCSS. (documento también público).
– Ningún tipo de material gráfico o audiovisual de contenido sexual explícito, ni hetero ni homosexual. En realidad no incluye materiales de ningún tipo para el uso del estudiante. Algunas actividades requieren el uso de materiales elaborados por el docente o los alumnos, pero no son de contenido sexual gráfico.
– Ningún tipo de actividad que fomente o requiera de masturbación o autoerotismo, ni tampoco de tocamientos a otros.
– Ninguna referencia al aborto. De hecho la palabra “aborto” no aparece ni una sola vez en el documento (verificado con la herramienta de búsqueda).
– Ninguna actividad es específica para desarrollar en clase el tema de diversidad de género. Tampoco para el desarrollo del tema de «prácticas y comportamientos sexuales».
– Ninguna referencia sobre matrimonio (hetero ni homosexual). Tampoco se menciona la palabra “matrimonio” en todo el documento.
– No incluye datos nacionales sobre la edad de inicio de las RsSx, embarazo adolescente, ETS y VIH en población adolescente. Este punto, para mí, es una carencia sensible, porque ubica al lector y al usuario en la realidad nacional y los riesgos que la población está enfrentando.
– En mi búsqueda en internet no encontré noticias o documentos, fidedignos o no, que relacionen al Dr. Douglas Kirby con algún caso de pedofilia. De toda la bibliografía (35 documentos) únicamente dos son de autoría de este doctor, quien, por lo que pude encontrar, fue un investigador internacional reconocido en temas de salud sexual y reproductiva. Esto lo hice porque en un comentario en Facebook alguien cuestionó el uso de documentos del Dr. Kirby como material de referencia.
De todo lo anterior ya saqué mis propias conclusiones y mi decisión. Bienvenido quien quiera aportar las suyas
Mientras el país peleaba en la Corte Internacional de Justicia por la deforestación de 5,75 ha causadas por el vecino país Nicaragua, también en suelo tico empresas piñeras registradas en Costa Rica destruyeron mil veces más área.
Estas empresas deforestaron lo equivalente a 5.566 ha en zonas de protección (Mocup, 2016) e invadieron 1112 ha (SNIT, 2017) en los Refugios de Vida Silvestre Maquenque, Corredor Fronterizo y Barra del Colorado.
Según datos del Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT-CONARE) y publicado en el Estado de la Naciónen la Región Huetar Norte se incrementa el cultivo de piña en 31.346 ha, deforestando 3200 ha. Lo que significa que el 9,7% del cultivo de la piña, entre los años 2000 y 2015, se realizó sobre los humedales de Medio Queso, Caño Negro y ecosistemas de yolillo.
El falló de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de Isla Portillocierra uno de los capítulos más racistas e hipócritas de la historia ambiental costarricense, que es alimentado por un lado del un oportunismo político de Laura Chinchilla y luego de Luis Guillermo Solis pero también el morbo xenófobo de los medio de comunicación comerciales. Aunque justa la causa, el caso de Isla Portillo representa un ejemplo hipocresía ambiental institucionalizada si lo contextualizamos.
La disputa de cerca de 25 hectáreas de humedal por parte de Nicaragua y Costa Rica, la construcción de un dique y la deforestación producida por un caño 200metros de largo y 20 de ancho y que, según datos de Neotropica, provocó la deforestación de 5,75 ha (1,67 que contenía árboles y 4,8ha de sotobosque) causó uno de los mayores operativos policiales de la administración de Laura Chinchilla por cierto caracterizada por su tendencia militaristas. Pero poco han avanzado el gobierno en materia de acabar con la impunidad del sector piñero en materia ambiental.
De recursos públicos se destinaron un estimado 2 millones de dólares anuales en gastos propios del caso legal en la CIJ según el ex-ministro René Castro. El experto en legislación ambiental estiman que estos procesos cuestan entre 6 y 9 millones de dólares (Boeglin, 2016). Según estimaciones de Dr. Allan Astorga el daño ambiental ascendía a 12 millones dólares (Nación, 2011), monto muy alejado de lo dispuesto por la CIJ en la sentencia del 2 de febrero donde estipula una indemnización a Costa Rica de parte de Nicaragua de 378, 890 dólares.
¿Qué hubiera pasado si se destinara tan sólo la mitad de ese dinero invertido en el caso de Isla Portillo para hacer que se cumpla la ley y parar la destrucción del agronegocio piñero?
Esta violación de los límites del territorio costarricense despertó un malestar nacional tan enquistado en la idiosincrasia costarricense. Es un reto para el país, encontrar la fuerza y el valor para afrontar un problema que tienen una magnitud mil veces más grande que Isla Portillos, la expansión piñera.
Federación Para la Conservación del Ambiente- 2 de febrero 2018
Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría reconoce el valor de Mercurio en Primavera, una novela que sacude los cimientos de la sociedad costarricense
Atraído por el erotismo, la sexualidad y por un afán de retratar el mundo cotidiano, el joven Byron Salas escribió una obra que sacude los cimientos de la sociedad costarricense conservadora y hoy le ha hecho merecedor del Premio Nacional de Cultura Premio Aquileo J. Echeverría 2017 en la categoría de Novela.
En su obra Mercurio en Primavera, situada en su pueblo natal de Atenas, aborda el tema de la homosexualidad y del incesto entre dos hermanos, la figura de la viuda que no acaba su vida sexual cuando su marido desaparece, y la figura de una madre que está en una constante lucha contra la monstruosidad de sus hijos.
«Lo único que he tratado de mantener en todo lo que escribo y que está muy presente en Mercurio en Primavera, es la cuestión del erotismo y la sexualidad, porque de pronto yo quisiera describir un mundo donde todo tienda al erotismo, pero no de una manera tan genitalizada como uno está acostumbrado a verlo», asegura el autor.
El joven de 24 años, Byron Salas, oriundo de Atenas y estudiante de la carrera de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (UCR) también cursó parte de la carerra de Filología Española y actualmente trabaja en la Librería Andante. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.
El escritor y estudiante de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (UCR) explica que aún sin proponérselo, el libro tiene un fuerte contenido político porque toca estos temas tabú que siempre han estado presentes en el lugar donde creció. También es un libro que puede leerse como un manifiesto para la visualización de minorías.
Así lo consideró el jurado de los premios nacionales al destacar que, «tan valiente como rotunda, la obra adentra en una temática de enorme significación social que hasta el presente ha sido poco explorada por la narrativa costarricense: la opresión, escarnio -y exclusión, en definitiva- de la diversidad sexual, ante la inequidad de género y los tabúes del patriarcado y la religiosidad predominantes en el país».
Byron asegura que el premio le empuja a ir un paso más allá en la técnica literaria y dinamitar por completo la forma de novela que todavía tiene este libro. El camino a seguir para él, será volver al gesto de las vanguardias del siglo pasado para hacer literatura desde su propio frente dialogando con las autoras neobarrocas que admira.
«Pienso en el mundo de Marosa di Giorgio que es uruguaya y en el mundo de Marosa las plantas tienen su sexo, los insectos, los animales y esto se relaciona con niñas, con mujeres, con hombres, es un mundo que está en una conexión enorme que se expande siempre, y yo creo que es algo así lo que me gustaría hacer, situarme en ese tipo de literatura que sea casi un cuento fantástico que nunca acaba», comentó Byron Salas. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.
Para hacer literatura el joven escritor se inspira en multiples fuentes bibliográficas, especialmente de la literatura neobarroca de autoras latinoamericanas como Clarisse Lispector, Marosa di Giorgio, Armonía Somers, Blanca Varela, Silvina Ocampo y Elena Garro, que a su juicio crearon literatura superior a los autores masculinos de su tiempo.
Además, el estudio de la filosofía es uno de sus principales aliados para la creación literaria, ya que la filosofía se hace las preguntas fundamentales que también la literatura aborda. «Hacer literatura es hacer filosofía y viceversa», asegura el filósofo y escritor quien además es un ávido lector.
Los Premios Nacionales de Cultura 2017 fueron anunciados el 31 de enero y la ceremonia de entrega se realizará el 23 de abril de 2018, en el Teatro Nacional de Costa Rica.
Mercurio en Primavera es la ópera prima de Byron Salas, calificada por la crítica como una prosa exquisita. La obra fue publicada en marzo del 2017 por la Editorial Lanzallamas y está a la venta en la Librería Andante en San Pedro, Montes de Oca, y en Libros Duluoz en San José centro. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.
Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminará sus fallos este 2 de febrero del 2018 resolviendo todas las controversias sometidas a su conocimiento existentes entre Costa Rica y Nicaragua
Corte Internacional de Justicia. Fotografía: Semanario Universidad.
Este viernes 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer su fallo sobre la última demanda presentada por Costa Rica contra Nicaragua, relacionada con una carpa militar de Nicaragua ubicada en la playa adyacente a la Laguna de Isla Portillos (véase comunicado en francés y en inglés ). Se trata de un asunto denominado oficialmente por la CIJ «Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua)».
Adicionalmente, este mismo 2 de febrero se dictará sentencia en el caso de:
la fijación del monto compensatorio a Costa Rica por el daño ambiental causado en el 2010 por Nicaragua en Isla Portillos, solicitado por Costa Rica en el 2016 (véase comunicado en francés y en inglés). El caso de la ocupación de Isla Portillos fue oficialmente denominado por la CIJ «Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)»;
la delimitación marítima en ambos océanos, en respuesta a una demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua en febrero del 2014 (véase comunicado en francés y en inglés). Este caso se denomina oficialmente por parte de la CIJ: «Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua)».
En el caso de la primera controversia, se trata de una demanda presentada por Costa Rica el 16 de enero del 2017, solicitando al juez internacional ordenarle a Nicaragua el retiro de una carpa plástica de militares que apareció en la playa ubicada frente a la Laguna de Portillos (véase texto de la demanda interpuesta en La Hayacomo tal, en pp.12-13 con fotos satelitales).
En relación con esta demanda por la carpa militar de Nicaragua, en una ordenanza del 2 de febrero del 2017, la CIJ fijó los plazos de presentación de escritos extremadamente breves de un mes para Costa Rica y de un mes y medio para Nicaragua (véase texto de la ordenanza). El juez internacional accedió además, a solicitud de Costa Rica, a unir esta inusual demanda con aquella en materia de delimitación marítima, interpuesta en febrero del 2014 por Costa Rica.
I. Algunas consideraciones previas
Antes de entrar a analizar en las líneas que siguen los alcances de estas demandas, procederemos a recapitular la secuencia de demandas entre ambos Estados en los últimos años con algunas breves explicaciones. Ello con el fin de familiarizar un poco a nuestro estimable lector con el clima que se vive dentro del aparato estatal de ambos Estados, en el que pareciera que conceptos como «consulta»,»diálogo», «mediación», «negociación», «racionalidad» o «sensatez», se desvanecen cuando se trata del Estado vecino:
La demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2010
En noviembre del 2010, Costa Rica demandó a Nicaragua (véase texto de la demanda) por la ocupación ilegal de su territorio en el sector conocido como «Isla Portillos» y por los daños causados por el dragado del Río San Juan emprendido por Nicaragua. Cabe precisar al lector poco familiarizado con la geografía de la zona fronteriza de Costa Rica que «Isla Portillos» corresponde al extremo Norte de una masa terrestre denominada «Isla Calero», de unos 159 Km2. El sector conocido como «Isla Portillos» representa en superficie alrededor de 1,7 Km2. Es de notar que pese al uso de la palabra «isla» en ambos casos, ninguna de estas dos regiones califica como tal, al situarse dentro del territorio correspondiente a la costa costarricense en el Caribe.
Mapa de la zona conocida como «Isla Calero», correspondiente al delta del río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua. En el círculo rojo dibujado por el autor se muestra la zona conocida como «Isla Portillos». (Figura facilitada por el Dr. Allan Astorga Gattgens, Profesor de la Escuela Centroamericana de Geología, UCR).
Como lo puede apreciar visualmente nuestro lector, declarar que «Nicaragua ocupa Isla Portillos ilegalmente» no es igual a declarar que «Nicaragua ocupa Isla Calero ilegalmente», dada la diferencia de superficie entre ambos. El uso de las palabras «invasión» o «agresión» en vez de «ocupación ilegal» o «incursión» (de carácter estrictamente semántico para algunos, y como tal de relevancia relativa), tampoco es anodino. En agosto del 2013, un funcionario-consultor de la cancillería de Costa Rica reconoció, en una de las primeras preguntas realizadas por la periodista Natalia Rodríguez Mata, conductora del programa Sobre la Mesa de Canal 15 UCR, la diferencia existente entre estos diversos términos: admitió públicamente que, desde el punto de vista jurídico, “agresión “e “invasión “no aplicaban a la situación acaecida en Isla Portillos (Nota 1).
Este y otros sutiles juegos del lenguaje llevaron en el 2016 a académicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) a analizar cómo el discurso de las autoridades de Costa Rica en el período 2010-2014 tendió a sobredimensionar la controversia con Nicaragua (véase nota oficial del portal de la UCR titulada «Analizan política exterior con Nicaragua desde la perspectiva legal y social. Especialistas cuestionan sobredimensión de conflicto limítrofe»).
Como bien se recordará, la ubicación del encargado del dragado del Río San Juan en Nicaragua, Edén Pastora, se debió a un error de la empresa Google Earth, puesto que los mapas cartográficos oficiales de Costa Rica y de Nicaragua coincidían (al menos hasta el 2011) en ubicar «Isla Portillos» bajo la jurisdicción de Costa Rica. En esta nota de La Nación del 4.11.2010 se puede leer “Vea la foto satelital de Google y ahí se ve la frontera. En los últimos 3.000 metros las dos márgenes son de Nicaragua”.
Toma satelital.
Recurrir a mapas equivocados de Google, teniendo a disposición mapas cartográficos oficiales coincidentes, constituye un hecho inusitado, y el «Comandante 0» (nombre de guerra de Edén Pastora en los años 80) es, sin lugar a dudas, partidario de lo inusual.
Mapa del último sector de la frontera terrestre entre Costa Rica y Nicaragua de Google Earth, usado por Edén Pastora para ubicarse en Isla Portillos en octubre del 2010. A la izquierda, mapa usado que contiene un error; a la derecha, el mapa rectificado por Google Earth a inicios de noviembre del 2010 (ver nota de La Nación titulada «Google reconoce error en mapa que traza límites en sector de isla Calero»). La imagen es extraída del artículo de prensa titulado «Google se desmarca del conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica».
Pese a los esfuerzos de los asesores legales internacionales, contratados por Nicaragua ante la CIJ entre el 2010 y el 2015, la ocurrencia de Edén Pastora no surtió efectos. En su fallo del 16 de diciembre del 2015, la CIJ ordenó a Nicaragua retirarse del sector conocido como «Isla Portillos», al ser declarado por los jueces territorio costarricense (véase texto de la sentencia, párrafos 92-93).
La demanda de Nicaragua contra Costa Rica del 2011
En diciembre del 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» por parte de Costa Rica, iniciada a mediados del mismo año (véase texto de la demanda). Se trata de una ruta de unos 154 kilometros que bordea la frontera fluvial y parte de la frontera terrestre, sin que se entienda muy bien hasta la fecha qué relación puede guardar con el lugar en el que incursionó de forma ilegal Nicaragua en «Isla Portillos». Además, el punto de inicio de esta ruta en Puesto Delta dista de unos 25 kilómetros del sector de «Isla Portillos». Construir una ruta paralela a la frontera de más 150 kilómetros entre Los Chiles y Puesto Delta so pretexto que permite a Costa Rica «defenderse» y vigilar lo que ocurre en Isla Portillos se mantiene como una idea profundamente original. Bautizarla oficialmente como «Ruta 1856 Juan Rafael Mora Fernández» para enfatizar la importancia que le otorga Costa Rica en la defensa de su soberanía no resuelve mayormente el problema de su originalidad.
Tal y como lo indicamos en un medio de prensa en Costa Rica en diciembre del 2015 (véase artículo publicado en La Extra), la transitabilidad de un trazado de 154 kilómetros en una zona tropical presenta desafíos que no se dieron en el caso de otras fronteras en el mundo, acordonadas con una ruta paralela a la línea divisoria (entre otras, las fronteras de Israel y un segmento de la frontera entre Estados Unidos y México):
«esta ruta se ubica en el trópico húmedo, lo cual requiere un ejercicio mayor en cuanto a su construcción y mantenimiento, sin que quede muy claro cuál es la “contención” a la que se quiere proceder por parte de Costa Rica. Algunos de sus promotores han afirmado que permite “defender” a Costa Rica, sin que se tenga tampoco claridad de cómo una ruta paralela a un río (que además se desborda en ciertas épocas del año) permita cumplir con este objetivo. Finalmente, de optar por mantener esta idea, esta ruta debería garantizarle continuidad a sus usuarios, con puentes sobre el Río Sarapiquí, el Río San Carlos, el Río Frío, que conllevan un esfuerzo ingenieril debido a las características muy propias de estos ríos en cuanto a caudal (similares al Río Parrita en la vertiente Pacífico) sin contar innumerables quebradas, humedales y muchos otros cuerpos de agua que desembocan en el San Juan«.
Lo más notorio es que, a la fecha en que se redactan estas líneas (enero del 2018), la «trocha fronteriza» persiste como una verdadera criatura sin padre:
– en enero del 2013, en un artículo de opinión, el entonces Ministro de Seguridad, José María Tijerino Picado, rechazó haber sugerido la construcción de la “trocha” (véase texto);
A finales del 2015, tuvimos la oportunidad de preguntar ante cámaras a un ex alto funcionario de la administración 2010-2014 quién fue, dentro del gabinete, el que sugirió la «trocha». En su respuesta, Carlos Roverssi Rojas (en un primer momento designado como Vice Canciller en el período mayo 2010-junio 2013 y a partir de junio del 2013, Ministro de Comunicación) indicó simple y llanamente que: «los responsables de la trocha somos todos y Costa Rica en general» (sic.) (Nota 2).
En mayo del 2016, un interesante artículo de CRHoy se tituló con una pregunta cuya vigencia, pese a la sencillez de la respuesta dada por Carlos Roverssi, persiste a la fecha: «Caso de la trocha: ¿y los responsables?».
Pese a los esfuerzos de los asesores legales internacionales contratados por Costa Rica ante la CIJ entre el 2011 y el 2015, la ocurrente idea de alguien en alguna oficina gubernamental en Costa Rica no convenció mayormente a los jueces en La Haya. El fallo de la CIJ de diciembre del 2015 contiene un párrafo en el que la CIJ desdice a Costa Rica sobre la pretendida «situación de emergencia» para justificar la construcción, en condiciones tan peculiares, de la denominada «trocha».
En efecto, en el párrafo 158 de su sentencia (véase texto) del 16 de diciembre del 2015, se lee que para la CIJ:
“… la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le Costa Rica n’a pas démontré l’existence d’une urgence justifiant de construire la route sans entreprendre d’évaluation de l’impact sur l’environnement. En effet, l’exécution des travaux était prévue dès le départ pour durer plusieurs années, ce qui s’est confirmé par la suite. De plus, lorsque le Costa Rica a entrepris la construction de la route, la situation dont le territoire litigieux était le théâtre avait déjà été portée devant la Cour, laquelle a, peu de temps après, indiqué des mesures conservatoires».
Mapa de la denominada «trocha fronteriza» y de las rutas de acceso al río San Juan habilitadas por Costa Rica en respuesta a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua, calificada como una «agresión» e «invasión» por parte de las autoridades de Costa Rica en el 2010. Documento oficial presentado en Casa Presidencial en Costa Rica.
En caso de alguna duda de nuestros estimables lectores, reproducimos la versión en inglés del mismo extracto del párrafo 158 de la sentencia de la CIJ:
«the Court considers that, in the circumstances of this case, Costa Rica has not shown the existence of an emergency that justified constructing the road without undertaking an environmental impact assessment. In fact, completion of the project was going to take, and is indeed taking, several years. In addition, when Costa Rica embarked upon the construction of the road, the situation in the disputed territory was before the Court, which shortly thereafter issued provisional measures».
La condena a Costa Rica por no haber realizado los estudios sobre el impacto ambiental al construir la ruta paralela fue unánime y ninguno de los jueces se mostró receptivo a algunos de los alegatos de Costa Rica relacionados con la supuesta «emergencia» (véase párrafo 229 del Por tanto de la decisión, inciso 6).
La demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2014
En febrero del 2014, Costa Rica demandó a Nicaragua por el tema de la delimitación marítima, pidiendo al juez internacional determinar la frontera marítima en ambos océanos (véase texto de la demanda, la cual viene sin mapas que pudiesen ilustrar las pretensiones exactas de Costa Rica). Esta demanda se presentó de forma sorpresiva, al no haber mayor tensión con Nicaragua registrada en febrero del 2014 en este ámbito preciso. Además, es de notar que fue presentada pocas semanas después de celebrarse la primera vuelta electoral en Costa Rica.
En mayo del 2016, ante las coordenadas muy distantes dadas por cada uno de los dos Estados en relación con el inicio de la frontera terrestre en Punta Castilla, en el Caribe, el cual fue fijado en 1897, la CIJ ordenó un peritaje, y dos expertos nombrados por la CIJ realizaron varias visitas in situ en aras de ofrecerle mayor claridad a la CIJ a la hora de ubicar este punto. Ambos rindieron su informe en abril del 2017 (véase texto en francés y en inglés en el que, en la página 45, figuran los puntos propuestos por cada Estado). En junio del 2017, ambos expertos contestaron a algunas dudas que tenía Costa Rica sobre sus conclusiones (véase texto de su respuesta a Costa Rica).
La demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2017
En enero del 2017 Costa Rica demandó a Nicaragua por el campamento militar localizado en la playa frente a la Laguna de Portillos, que detallaremos a continuación.
II. Una carpa militar sola frente al mar
Un lector acostumbrado a revisar el tipo de asuntos que terminan en La Haya podría mostrarse un tanto perplejo ante una demanda presentada por un Estado contra otro en razón de la colocación de una carpa militar ubicada en una playa. Observando el carácter rudimentario de la carpa plástica colocada, la perplejidad puede ser mayor y esperamos que las líneas anteriores lo ayuden a mantenerla a niveles aceptables. Para que el lector pueda conocer el breve cruce de notas entre ambos Estados acaecido a finales del 2016, lo remitimos a nuestra nota publicada en Pressenza, titulada «Campamento militar en la playa: Costa Rica presenta nueva demanda contra Nicaragua ante la CIJ«, que incluye algunas tomas aéreas y fotos satelitales.
Es de notar que el banco de arena que se forma naturalmente frente a la Laguna de Portillos (y que la protege del mar) en la que se ubicó la carpa militar colocada por Nicaragua es considerado en todos los mapas oficiales de Costa Rica (al menos hasta diciembre del 2015) como perteneciente a … Nicaragua. En efecto, en su último segmento, la línea fronteriza sigue el contorno del borde de la Laguna de Portillos, tal y como se observa en los mapas del mismo Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Costa Rica, iniciando en Punta Castilla.
Mapa cartográfico publicado por el Instituto Geográfico Nacional o IGN (Costa Rica) en el que se detalla cómo la frontera bordea la Laguna de Portillos (Mapa “Punta Castilla” 3448-II, 1:50.000).
Al haber ordenado la CIJ a Nicaragua retirarse del sector conocido como Isla Portillos en su decisión de diciembre del 2015, aquella resolución no ahondó sobre la pertenencia de este playón (que protege la Laguna de Portillos de la erosión marina) a uno u otro Estado. En una de sus ordenanzas, la CIJ pareciera haber incluido la playa en la expresión «territorio en disputa», al menos esto es lo que interpreta Costa Rica en su demanda del 2017. El alegar que el fallo de diciembre del 2015 modificó la situación anterior y le adjudicó esta playa a Costa Rica es la tarea a la que se abocaron los asesores internacionales contratados por Costa Rica ante el juez internacional. Este 2 de febrero, se podrá apreciar cuán convincentes fueron y cuán sólidos fueron sus argumentos.
III. La última controversia de dos fallos aún pendientes de resolución entre ambos Estados
Este mismo 2 de febrero del 2018, la CIJ determinará también, en un fallo distinto para cada asunto, dos cuestiones pendientes de resolución entre ambos Estados:
– A.) La compensación por daño ambiental. El juez internacional deberá fijar el monto exacto de la compensación por el daño ambiental ocasionado por Nicaragua en el sector de Isla Portillos a partir de octubre del 2010 y luego en setiembre del 2013 con la apertura de dos nuevos «caños» (véase nota sobre anuncio de la CIJ). Se trata de un aspecto irresuelto entre ambos Estados, en el que destaca la peculiar manera de «negociar» un monto indemnizatorio. Anunciar públicamente un monto, sin previa consulta, constituye sin lugar a dudas una verdadera novedad para los entendidos en técnicas de negociación internacional. Sobre el particular y otros detalles de interés, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro artículo publicado en el OPALC (Sciences-Po, Paris), titulado: «Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes«).
Nótese que al anunciar el monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016, Costa Rica reconoció que la metodología usada para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos no proviene de una entidad del Estado, sino de una entidad privada costarricense.
El monto que asigne la CIJ dependerá de la metodología usada por cada uno de los dos Estados para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos, al materializar una cifra a partir de un desglose del daño ocasionado y valores asignados, por ejemplo, a la tala de árboles, entre muchos otros rubros. Desde este punto de vista, y sin tal vez proponérselo, la escogencia oficial de una metodología que hayan hecho Costa Rica por su parte y Nicaragua por su lado en sus respectivos alegatos escritos, puede resultar de interés para efectos internos, y en particular para los sectores ecologistas de ambos Estados (Nota 3).
– B.) La frontera marítima entre Costa Rica y Nicaragua. En otra sentencia, el juez internacional determinará la frontera marítima entre los dos Estados en ambas costas, en respuesta a la solicitud que interpuso Costa Rica en febrero del 2014 (véase nota nuestra al respecto). Este último procedimiento contencioso fue unido por la CIJ con el de la carpa militar del 2017.
En relación con los plazos para la presentación de escritos, en su ordenanza de abril del 2014 (véase texto), la CIJ fijó este plazo a 10 meses (Costa Rica habiendo solicitado un plazo de 6 meses y Nicaragua uno de 12 meses).
Las audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua en relación con la delimitación marítima tuvieron lugar en julio del 2017 en La Haya, durante las cuales cada Estado presentó a los jueces las líneas que pretende (véase breve nota nuestra al respecto).
Concluidas las audiencias orales en La Haya, se abrió la etapa del «délibéré» de la CIJ: en este caso, las deliberaciones internas entre los jueces duraron 6 meses. Tratándose de dos costas a delimitar, este plazo resulta inusualmente corto, en particular si lo comparamos con los 13 meses que debieron de esperar pacientemente Perú y Chile en el 2014 para escuchar la lectura del fallo de la CIJ sobre su frontera marítima (véase breve nota nuestra al respecto en la que se intentan dar algunas razones que puedan explicar plazos tan largos del debate colegial interno a la CIJ).
Al recordar la discusión originada entre Perú y Chile en el 2015 cuando no se coincidió en el inicio de la frontera marítima con el punto terminal de la frontera terrestre en la sentencia de la CIJ (véase foto satelital y triangulación objetada por Chile en esta nota de Elpais.cr), sería al respecto deseable que, en la decisión que rinda el juez internacional, el punto de inicio de la frontera marítima en el Caribe coincidiera con el punto terminal de la frontera en la playa entre Costa Rica y Nicaragua.
Otro punto de discordia potencial que sería (también) deseable que la CIJ resolviera en el texto de su sentencia, es la pertenencia de Isla Bolaños a Costa Rica, en el Océano Pacífico: se trata de una isla (esta sí es una isla que califica como tal, rodeada de agua salada) ubicada en una bahía común a ambos Estados, la bahía de Salinas. El tratado de límites de 1858, siempre vigente, establece que ambos Estados ejercen de forma conjunta su soberanía en esta bahía (así como en la Bahía de San Juan del Norte en el Caribe). ¿Cuál es el régimen de esta isla? Se trata de un tema que tensó a la opinión pública en Costa Rica en julio del 2016 al publicarse en la prensa de Costa Rica una de las pretensiones de Nicaragua, contenida en sus alegatos escritos sobre esta isla (remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota al respecto). No es la primera vez que se filtran a la prensa costarricense documentos que, en apego a las estrictas reglas de confidencialidad de la CIJ, no debieran de circular más que entre el juez y las partes (Nota 4).
La controversia sobre la Isla Bolaños y la coincidencia antes referida del punto inicial de la frontera marítima son algunos aspectos que ojalá se resuelvan en el texto de la sentencia, a ser leída este 2 de febrero. Para ello, ambos Estados debieron de haberlo solicitado en sus conclusiones finales a los jueces. De no haberlo hecho, darían pie para nuevas discusiones entre dos Estados que parecieran tener como única agenda bilateral, el de remitir sus controversias al juez en La Haya.
En relación con el monto por compensación en materia ambiental, Costa Rica anunció unilateralmente un monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016 (véase nota de prensa), y a la fecha se desconoce cuál fue el monto ofertado por Nicaragua que se haya plasmado en un documento oficial. El conocerlo permitiría estimar la distancia existente entre ambos montos. Es muy probable que la CIJ en su decisión busque un término medio entre el monto solicitado por Costa Rica y el monto ofertado por Nicaragua (el cual deberá aparecer en alguna parte de la sentencia a leerse): se trata de un recurso al que recurre a menudo el juez internacional en aras de permitir a ambos Estados salir bien librados ante sus respectivas opiniones públicas, algo así como «partir el ayote por la mitad», concepto familiar en Costa Rica para quiénes son llamados a impartir justicia y que, agradecemos desde ya a nuestros atentos lectores indicarnos si la misma expresión es también usada en Nicaragua.
Este 2 de febrero: un día inédito para la justicia internacional
Salvo error de nuestra parte, es la primera vez en la historia que la CIJ convoca a dos Estados para leerles su decisión en tres asuntos distintos, intentando enviar tal vez con esta larga jornada en perspectiva, un mensaje a ambos ribereños del río San Juan.
Al tratarse de tres asuntos distintos, el poner en relieve los asuntos en los que la otra parte quedó desfavorecida y en el que se salió favorecido debería permitir a ambos Estados salir airosos ante la opinión pública nacional e internacional este 2 de febrero.
En el preciso caso de Costa Rica y de Nicaragua, tanto en el caso del fallo de julio del 2009 (sobre derechos de navegación) como en el de diciembre del 2015 sobre Isla Portillos y la denominada «trocha fronteriza» (dos casos unidos en un solo procedimiento contencioso a solicitud de Nicaragua), mañaneros cantos de sirena se dejaron oir de ambos lados del río San Juan.
Es de notar que, en el caso de la sentencia de julio del 2009 de la CIJ, Nicaragua obtuvo de la CIJ un reconocimiento a su potestad para reglamentar la navegación y Costa Rica una prohibición absoluta hecha a sus fuerzas policiales de navegar: véase párrafo 156, en particular incisos 1)h y 1)i adoptados ambos por unanimidad de la decisión del 2009). El hecho de que, siendo titular de una competencia en materia de vigilancia fluvial reconocida en un tratado vigente desde 1858, un Estado presente una demanda y regrese de La Haya con una sentencia negándole ejercerla es poco casual y, como mínimo, merece mención. Un año después de leída la sentencia, Costa Rica enfrentaría, en el 2010, enormes dificultades para vigilar lo que ocurría en el último segmento de su frontera fluvial con funcionarios de Nicaragua utilizando mapas erróneos de Google Earth para ubicarse.
IV. La última demanda presentada en el 2017: una nueva marca para la CIJ en medio de una nebulosa
Al haber sido presentada por Costa Rica en enero del 2017, esta demanda por la presencia de una carpa militar de Nicaragua en esta playa del Caribe constituye el primer caso contencioso resuelto en un solo año por la CIJ en toda su historia: en efecto, por cada demanda contenciosa, los Estados deben prepararse a por lo menos cuatro años de procedimiento como mínimo, y a sufragar los gastos que supone su defensa, los cuales oscilan de 5 a 9 millones de US$ para cada Estado y para cada demanda.
Los gastos que implica una demanda en La Haya constituyen un ámbito sobre el que los Estados se muestran usualmente discretos, y la prensa, poco curiosa (salvo muy contadas excepciones).
Entre datos recientes hechos públicos en América Latina, Chile se vió forzado a reconocer públicamente que, para enfrentar la demanda peruana ante la CIJ, gastó más de 20 millones de US$.
En Costa Rica, en junio del 2015, se leyó en la prensa que: “ A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales” (véase nota de CRHoy): un dato verdaderamente curioso que despierta algunas interrogantes y que nos ha parecido oportuno mencionar (y que habría tal vez que dar a conocer – discretamente – a los que velan por la buena salud de la hacienda pública chilena).
Pese a algunos montos dados a conocer en Costa Rica y en Nicaragua de manera un tanto esporádica sobre el costo asumido por cada Estado en su defensa, no ha circulado ningún documento oficial en el que se incluyan los diversos rubros (que van más allá de los únicos honorarios devengados por los asesores internacionales contratados por cada Estado). Los honorarios de abogados internacionales representan una parte, más no la totalidad de los gastos de una demanda en La Haya: estos incluyen otros rubros tales como viajes, viáticos, estudios técnicos, honorarios de peritos, historiadores, cartógrafos, imágenes satelitales, viáticos en La Haya, sueldos de funcionarios nacionales dedicados a tiempo completo o casi durante largos años, sueldos de consultores nacionales, reuniones de trabajo en el exterior, elaboración, revisión y traducción de documentos, entre muchos otros.
Como se indicó anteriormente, cada demanda contenciosa supone para los Estados cuatro años como mínimo de procedimientos en La Haya, con excepción de la «demanda por la carpa» a la que aludimos, y que constituirá la demanda objeto de la resolución más expedita en toda la historia de la CIJ.
Sobre algunos datos arrojados en Costa Rica y en Nicaragua, así como en otros Estados (en los que la prensa se muestra mucho más interesada por el costo económico del litigio en La Haya), remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota publicada en CIARglobal titulada «Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ» (véase en particular la sección «El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura»).
V. A modo de conclusión
No cabe duda de que en los últimos años, Costa Rica y Nicaragua han protagonizado un espectáculo raramente visto en el ámbito internacional. La respuesta del juez internacional a la demanda por la carpa militar edificada en la playa que protege la Laguna de Portillos del mar vendrá a concluir una secuencia ininterrumpida de demandas entre ambos Estados desde el mes de noviembre del 2010. El observar que en seis años y dos meses, dos Estados puedan llegar a presentar cuatro demandas entre ambos (de las cuales tres planteadas por Costa Rica) constituye un hecho insólito en los anales de la justicia internacional de La Haya.
Las comunidades fronterizas en ambos Estados – que comparten la misma pobreza y falta de oportunidades, como muchas de las comunidades fronterizas en América Latina – son las más afectadas por estas repetitivas, recurrentes y largas justas en sede judicial internacional, así como la comunidad nicaragüense en Costa Rica y la comunidad costarricense en Nicaragua: estas, y muchas familias con miembros pertenecientes a ambos Estados, esperan ansiosas desde hace muchos años que sus respectivas capitales inviertan su tiempo y sus recursos (que se dice son escasos), en iniciativas conjuntas que permitan mejorar sustancialmente las relaciones entre ambos Estados, y por ende, relanzar la agenda binacional y la cooperación entre sus necesitadas regiones fronterizas.
Esperemos que una vez leída la sentencia en el caso de la carpa militar y en los dos asuntos que también se dilucidarán este 2 de febrero, ambos Estados mantengan la mesura y la prudencia en sus respectivas declaraciones oficiales, en aras de reencausar paulatinamente sus deterioradas relaciones hacia aguas menos tormentosas: su cargada y compleja agenda bilateral suspendida por más de 12 años así lo requiere.
El autor del texto, Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, UCR. Anel Kenjekeeva.
Notas
Nota 1: Véase el video disponible en You Tube del programa Sobre la Mesa de agosto 2013, Canal 15 UCR. El consultor-funcionario justificó no obstante ante las cámaras del canal universitario el uso de la palabra «invasión», según sus propios términos «para que la gente entienda» (Minuto 7:23).
Nota 2: Véase Programa RTNoticias, video disponible en YouTube, emisión del 15/12/2015 (Minuto 24:18).
Nota 3: A la fecha, en ausencia de una metodología oficializada por parte del Estado costarricense para cuantificar el daño ambiental, está pendiente de una decisión de la justicia costarricense la fijación exacta del monto por el daño ambiental ocasionado por la empresa minera canadiense Infinito Gold en octubre del 2008 en Las Crucitas. Con relación a otro escándalo ambiental, que ordenó esta vez el mismo Estado costarricense en abierta violación a su legislación ambiental, no se ha dado a conocer (aún) la cuantificación del daño ambiental causado por la construcción de la denominada «trocha fronteriza». De igual manera un sinfín de acciones contra piñeras, proyectos hoteleros en zonas costeras, entre muchos otros expedientes, están archivadas por el Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) desde muchos años en ausencia de una cuantificación del daño ambiental por parte del Estado costarricense.
Nota 4: Los documentos escritos como la memoria y la contramemoria presentados por los Estados al juez internacional no son documentos públicos hasta tanto los jueces de la CIJ decidan darlos a conocer: esta decisión usualmente se toma al iniciar las audiencias orales en La Haya, fase correspondiente a la recta final del procedimiento contencioso. Ello obedece al hecho que no es sino hasta las audiencias orales que los Estados ultiman y seleccionan sus mejores argumentos legales. La primera fase escrita del contradictorio (memoria / contramemoria) seguida de una segunda ronda de alegatos escritos (réplica / dúplica) permite descartar pretensiones y argumentos claramente abusivos, usados inicialmente como parte de la batería jurídica adoptada. El 4 de febrero del 2013, un artículo de La Nación (Costa Rica) titulado «Managua formaliza en La Haya reclamo para usar Río Colorado» fue antecedido por la presentación unos días antes en la CIJ de un escrito de Nicaragua solicitando nuevos puntos a considerar (denominados «demandas reconvencionales»), incluyendo una pretensión sobre el Río Colorado (véase documento del 30 de enero del 2013). Esta pretensión de Nicaragua en aras de que se le concedieran derechos provisionales de navegación en el Colorado fue rechazada por la CIJ en su ordenanza del 18 de abril del 2013. Lo que nunca se logró saber es cómo esta información llegó en cuestión de pocos días a la redacción de La Nación.
Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
Lect.: Deuteronomio 18:15-20; I Corintios 7:32-35; Marcos 1:21-28
Tomar una decisión de voto para elegir a un presidente de la república y un congreso de diputados siempre es algo difícil. No es fácil liberarse de los bombardeos de las propagandas abiertas de los partidos y de las más o menos disimuladas que transmiten los medios de comunicación, –periódicos, radios y canales de TV—. En la actualidad unos y otros utilizando recursos técnicos más sofisticados. Pero esta vez la decisión, para muchos en Costa Rica, se torna más difícil porque en el escenario público se han mezclado argumentos religiosos con la política electoral. Ciertamente, en alguna medida esto se dio otras veces en el pasado, pero en esta ocasión ha sido un argumento más persistente y pegadizo, probablemente por tres razones: primero porque uno de los candidatos a la presidencia y varios de los que aspiran a curules de diputados, son pastores o predicadores de grupos cristianos neopentecostales; segundo, porque a estos se han asociado los obispos católicos y, en fin, porque la mezcla religión – política, ahora se relaciona con temas que causan mucha inseguridad y temor en gran parte de las personas: temas relacionados con la identidad sexual y con la estabilidad del matrimonio tradicional.
Una homilía o reflexión sobre las lecturas de la liturgia no son el lugar para hacer un análisis socio político de esta situación, pero sí para intentar, —a partir del mensaje que contienen los textos, es decir, desde un punto de vista bíblico -teológico—, clarificarnos sobre la validez del uso de argumentos religiosos para resolver temas como los electorales.
En la primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, el Dios del pueblo de Israel, al prometer que después de Moisés siempre suscitará profetas que transmitan sus palabras hace, al mismo tiempo, una severa advertencia: “si un profeta tiene la arrogancia de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir, (…) ese profeta morirá”. Más allá de la dramática amenaza, el texto interesa mucho porque constata, desde entonces, lo que muchos otros pasajes bíblicos posteriores narrarán, la existencia de “falsos profetas” o dicho menos radicalmente, la posibilidad que siempre existe de que quienes tenemos el encargo de predicar la palabra de Dios, caigamos en el error, —por ignorancia o por malicia— de presentar como “palabra divina” lo que no es más que expresión de nuestros intereses materiales, o de nuestros prejuicios ideológicos.
De manera positiva, en la tercera lectura Marcos nos presenta hoy un pasaje luminoso que marca, desde el inicio del evangelio, toda la actividad de Jesús de Nazaret. La curación de “un hombre poseído por un espíritu inmundo”, provoca que “todos los presentes en la sinagoga se queden pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva, expuesta con autoridad!” Quedan sorprendidos porque estaban acostumbrados a escuchar las enseñanzas de los escribas o maestros de la ley, que se limitaban a interpretar y comentar los libros y las tradiciones del pasado. Más de lo mismo. Jesús, en cambio, habla por autoridad propia, no la de documentos, con una autoridad que le sale de dentro, habla de algo nuevo, de su experiencia del reino de Dios en su propia vida. Lo que Jesús habla no son meramente palabras muy bonitas y piadosas, o discursos políticamente correctos; lo que él habla, viene de su propia vivencia y es, además, refrendado por su acción poderosa que nace de esa vivencia de lo trascendente, de lo divino. Erradicar el mal que hace daño a las personas, a los enfermos, a los pobres, a los excluidos es, entonces, lo que da a conocer a quienes lo escuchan y lo ven que el reinado de Dios en la vida humana ha llegado en él.
En la Buena Noticia, en el evangelio de Jesús, nunca encontraremos ni directa ni indirectamente, ningún argumento para votar por un candidato o candidatos pero no por otros. Porque, como dice san Pablo, “Después de todo el Reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera es agradable a Dios y goza de la aprobación de los hombres. Busquemos, por lo tanto, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación” (Rom 14: 17 – 19). Modernizando la expresión de Pablo, podemos decir, que el Reino de Dios no es política, ni economía, ni sexología,… sino la desinteresada construcción de la justicia, la fraternidad y la solidaridad en esos y en todos los ámbitos. El reino de Dios es una aspiración suprema, de plenitud humana, indescriptible, a la que Jesús nos invitaba a convertirnos, a sumergirnos en ella y a experimentarla, como él la experimentó, y desde ahí podemos empezar a vivir en la construcción de una nueva convivencia humana.
Nota:
Una destacada teóloga estadounidense, Kathryn M. Schifferdecker, Profesora Asociada de Antiguo Testamento, en Saint Paul, Minn., comentando el texto de la primera lectura de hoy, Deuteronomio 18:15-20, narra su experiencia enseñando en un Seminario en Addis Abeba. Uno de los estudiantes, pastor de mediana edad, con mucho sentido de sabiduría, le preguntó cómo distinguir los “verdaderos” de los “falsos profetas”. La pregunta representaba una inquietud urgente porque, decía, “hay mucha gente en las diversas iglesias etíopes que pretenden ser “profetas”, y quienes los escuchan necesitan criterios para saber si estos individuos son confiables o no. (Parecido a como se necesita en situaciones confusas como lo son las coyunturas político electorales). La Dra. Schifferdecker, comenta ¿Quién habla en nombre de Dios? Hay montones de gente que se presenta “hablando en nombre de Dios”: teólogos de la prosperidad, gurús de auto ayuda, predicadores de radio y televisión, blogueros religiosos de la abundancia, e incluso el predicador que proclama la palabra domingo tras domingo en un lugar y momento concretos”. Basada en muchos testimonios proféticos de la Sagrada Escritura, la profesora señala, al menos, cinco criterios para discernir quién es de verdad “profeta”, quién comunica la palabra de Dios. 1º El verdadero profeta no busca ser profeta. [Esto me recordó cuando hace poco una niña estudiante le preguntó al papa Francisco si él quería ser Papa. Francisco respondió que él no había querido ser Papa porque, a su juicio, si una persona quiere ser Papa es que no se quiere mucho”. Dios no la bendice]. 2º El verdadero profeta no busca ni la auto promoción, ni ganar bienes y riqueza; 3º El verdadero profeta busca discernir la palabra de Dios y no mezclarla con la suya propia; 4º El profeta habla nuevas palabras en situaciones nuevas. El Espíritu Santo lo mueve a lo nuevo, por caminos inesperados. Finalmente, tanto el verdadero como el falso profeta se dan a conocer por sus frutos. Puede verse: http://www.workingpreacher.org/preaching.aspx?commentary_id=2353
Producción “Historias” incluye las primeras seis composiciones para solo de fagot en Costa Rica
Diversas composiciones costarricenses habían incluido el fagot pero hasta ahora una lo toma como instrumento capaz de interpretarse en solitario. El Maestro Fernando Zúñiga lideró el proceso.
Dentro de todos los instrumentos de la orquesta es imposible dejar de notar el fagot.
Es un instrumento grande, con un tubo interno de dos metros y medio y un cuerpo de maderas finas con una sonoridad que lo hace único.
Los músicos insisten en que es el instrumento el que los elige a ellos y fue precisamente el fagot el que escogió a Fernando Zúñiga. Lejos del piano, el violín o la trompeta, su lugar en la música estaba junto a este instrumento que, según él, sigue siendo desconocido.
La búsqueda sin resultados
En un intento por acercar el fagot al público costarricense, Zúñiga buscó las composiciones nacionales que se enfocaran en este instrumento, pero luego de indagar archivos, bibliotecas y consultarlo con sus colegas, no obtuvo resultados.
“Se ha compuesto para fagot dentro de ensambles, para cuartetos de fagotes, pero no fagot solo”, explica.
Lejos de conformarse con el vacío, este profesor de la Escuela de Artes Musicales, convocó a profesores, estudiantes y egresados de la UCR, para que por primera vez se cree un repertorio de estas características.
En cuestión de cinco meses, seis de las personas seleccionadas presentaron sus borradores, lo que dio un poco más de material a la iniciativa.
“Cada instrumento tiene sus características especiales, el fagot por ser un instrumento de registro grave es aprovechado y explotado así por los compositores, pero si no lo toca es muy difícil para el compositor entender todas las capacidades del instrumento. Para los compositores fue un reto componer para fagot, entender qué cosas se pueden hacer, qué es diferente, qué hace mucho mejor al fagot”, detalla Zúñiga.
“Con algunos hubo que hacer cambios sustanciales desde el primer borrador. Habían ideas musicales muy buenas pero que no se podían realizar con el instrumento”, agrega.
Con las versiones finales se creó un recital que se ha presentado en la EAM, en la Sede del Atlántico, en el SINEM de La Carpio y en Puebla, México.
¡Descubra los sonidos del fagot!
Después de ver el interés que despertaron los conciertos, Zúñiga decidió materializar el proceso que lideró en “Historias”, un disco que incluye las primeras seis composiciones para fagot solo de Costa Rica.
Además de incluir las piezas, la producción abarca un trabajo colaborativo para explorar la faceta más moderna del fagot.
Destaca, por ejemplo, la presencia de la violista Orquídea Guandique, al presentar un ensamble poco tradicional de instrumentos. En la misma línea, el músico Otto Castro aportó elementos electrónicos que dan un nuevo sonido.
Para el disfrute de parte de todas las personas interesadas, “Historias” ya está disponible en la plataforma digital iTunes.
La volatidad sigue presente hasta este momento y 6 de cada 10 personas que en diciembre manifestó su apoyo a un candidato, ahora se identifica con otro
El porcentaje de personas dispuestas a votar pero que siguen indecisas pasó de un 27% a un 36%, de cara a la última semana de la campaña electoral. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El 36% de las personas dispuestas a votar sigue indecisa respecto al candidato que elegirá este 4 de febrero, mientras que ninguno de los candidatos alcanza siquiera el 20% del apoyo de la ciudadanía.
Así lo reveló el 31 de enero la última encuesta divulgada por el Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y por medio de la cual, se retrata un panorama electoral inédito en la historia del país.
Según la medición, el candidato del partido Restauración Nacional (PRN), Fabricio Alvarado, mantiene el 17% del apoyo que desde la encuesta anterior lo colocó en el primer lugar de preferencia; posición que disputa en un empate técnico con el aspirante del partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, quién registra un 12% del apoyo.
Según la medición, es la primera vez en la historia del país en que en este momento de la campaña, 5 candidatos muestran posibilidad de llegar a una segunda ronda. (Ilustración.CIEP, UCR).
Sin embargo, lejos de ambos candidatos protagonicen la situación que definirá la recta final de la campaña electoral, Desanti presenta un segundo empate con Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Juan Diego Castro del Partido Integración Nacional (PIN) y Rodolfo Piza del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Según el CIEP, el panorama electoral descrito se aleja por completo del típico escenario donde en este momento de la campaña, habrían sólo dos figuras disputando el poder y en su lugar, presenta a 5 candidatos con posibilidad de llegar a una segunda ronda.
Pese al panorama de incertidumbre y volatilidad de la campaña, la ciudadanía se muestra confiada en el proceso y la labor del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). (Ilustración.CIEP, UCR).
Volatidad acompaña recta final de cara a los comicios
La volatidad sigue presente hasta este momento del proceso electoral, pues en un periodo de quince días, Juan Diego Castro del PIN pasó de 16% del apoyo a un 9%, mientras que Carlos Alvarado del PAC casi duplicó su apoyo, al pasar de un 6% a un 11% de la preferencia.
Junto a las variaciones descritas destaca el incremento en el número de indecisos a sólo una semana de los comicios electorales, quienes pasaron de representar un 27% del electorado dispuesto a votar para sumar un 36%, un comportamiento nunca antes registrado en Costa Rica.
En esta ocasión el CIEP aplicó dos tipos de mediciones, la encuesta aleatoria que realizó a 1205 personas y una muestra panel en la que incorporó la opinión de 923 encuestados. (Ilustración.CIEP, UCR).
En esta ocasión el CIEP aplicó dos tipos de mediciones, la encuesta aleatoria que realizó a 1205 personas entre el 24,25 y 26 de enero, así como una muestra panel que incorporó la opinión de 923 encuestados entre los días 26, 27 y 28 de enero. Ambas consultas fueron realizadas por medio de llamadas a teléfonos celulares.
La muestra panel analizó a un mismo grupo de ciudadanos, que fueron consultados de manera periódica durante los últimos meses. Los resultados obtenidos permitieron determinar que 6 de cada 10 votantes que habrían elegido un candidato en diciembre, cambiaron de opinión y en enero apoya a una figura distinta.
En este momento, las personas indecisas son mujeres entre los 35 y 54 años cuyo grado educativo máximo la educación primaria, un perfil distinto al registrado el mes anterior, cuando este sector estaba integrado mujeres más jóvenes con estudios universitarios.
Al mismo tiempo, un 48% de las personas encuestadas manifiestan estar indecisas sobre su voto para las diputaciones de sus provincias, porcentaje que mostró una pequeña reducción respecto a la cifra registrada en diciembre anterior que fue del 53%.
Ciudadanía sigue confiando en el proceso electoral
La encuesta destaca que pese al panorama de incertidumbre y volatilidad que consolida el cierre de esta campaña electoral, la ciudadanía se muestra ampliamente confiada en el proceso y la labor del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Un 61% de los consultados cree que las elecciones se manejaran con mucha o alguna transparencia, mientras que un 57% reconoció que confía en los resultados finales que serán anunciados en estos próximos comicios nacionales. Al tiempo, un 59% cree que la imparcialidad que tendrá el TSE, frente a un solo un 10% que piensa lo contrario.
El pasado 25 de enero fue un día de importantes avances para el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
Una delegación representativa de nuestro esfuerzo nacional, estuvo reunido en la Fiscalía General de la República, donde se establecieron importantes acuerdos, para enfrentar los actos de corrupción a nivel institucional y municipal.
En la delegación participaron delegados del Territorio Seguro Puntarenas; Territorio Seguro Domus Mayorca; Territorio Seguro Puerto Viejo Talamanca y Territorio Seguro Sámara.
En la tarde estuvimos en un evento convocado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, sobre la transparencia y la participación ciudadana.
Quienes suscriben, académicos, escritores, profesionales y dirigentes de derechos humanos y del l movimiento obrero, campesino y popular de Costa Rica.
CONSIDERANDO:
1) Que el 28 de junio del 2009, en la hermana República de Honduras, se derrocó por la fuerza de las armas al gobierno legítimamente electo de Manuel Zelaya, a quien, luego de atender una reunión de mediación que le ofreció el ex presidente de Costa Rica: Oscar Arias, los golpistas impidieron siquiera regresar a su país.
2) Que luego el dictador Juan Orlando Hernández (JOH) nombró nuevos magistrados en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a su servicio, mismos que emitieron posteriormente un fallo que otorgó luz verde a la reelección presidencial, prohibida expresamente por la Constitución de la República. Hernández también tomó control del Ministerio Público, la Procuraduría, las Fuerzas Armadas y otras entidades claves del Estado.
3) Que el 26 de noviembre de 2017 pasará a la historia de Honduras como el más inmenso fraude que montara el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que por órdenes del Partido Nacional, cierra los centros de votación a las cuatro de la tarde, en contravención a la práctica histórica de extenderlas por una o dos horas más. Seguidamente dilató inexplicablemente la publicación de resultados. Asimismo abundan denuncias documentadas de manipulación del material electoral, tales como, las maletas de votos transportadas sin el sello de seguridad, custodios electorales sin acompañamiento de la oposición y compra de votos. El apagonazo en la noche del conteo de votos que provocó la supuesta “caída del sistema” durante varias horas cruciales hace aún más descarado el fraude, «sistema» que después de su re-establecimiento, revierte de manera inexplicable la tendencia clara, sostenida y toda proyección estadística (que antes del apagonazo daban el triunfo seguro al candidato de la Alianza contra la Dictadura: Salvador Nasralla), y de esa forma finalmente se impone un nuevo golpe de Estado, mismo que se consuma el pasado 28 de enero con la investidura presidencial del dictador JOH.
4) Que el pueblo hondureño, en todas las ciudades, pueblos, aldeas, se ha lanzado a las calles a repudiar el fraude. La brutal dictadura de JOH ha respondido con saña, disparando a bala viva. Ya suman alrededor de 50 muertos, cientos de detenidos, miles de heridos. Organismos de derechos humanos han denunciado la irrupción violenta de los militares, casa por casa, para detener o desaparecer a dirigentes populares. Particularmente grave es la situación en el Valle de Aguan, dónde los esbirros de la dictadura han secuestrado y torturado niños para que delaten los escondites de sus padres, dirigentes del movimiento campesino. A partir del 29 de enero podría producirse una masacre en la región, pues con justo derecho el Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguan (MARCA) y la Plataforma Agraria Regional del Valle Aguan han decidido democráticamente recuperar sus tierras ancestrales, usurpadas por la dictadura al servicio de los terratenientes, luego del golpe del 2009, y es de esperar una violenta reacción del Ejército y las bandas paramilitares al servicio de los terratenientes usurpadores.
SOLICITAMOS:
1) A la ciudadanía, candidatos presidenciales, partidos políticos, organizaciones sociales y al Gobierno, se pronuncien, por todos los medios posibles, en repudio al fraude y la represión brutal impuesta por la dictadura de JOH, apelando a la defensa de las libertades democráticas y los derechos humanos más elementales, incluido el más preciado: el derecho a la vida.
2) En vista de que Eugenio Trejos Benavides, embajador de Costa Rica en Honduras, designado en ese puesto por el gobierno de Luis Guillermo Solís, gobierno que se precia de progresista, convalidó la asunción fraudulenta del dictador JOH, asistiendo y estrechando su mano en la farsa de su toma de posesión; por tanto exigirle al Poder Ejecutivo que llame a cuentas a su embajador y que comparezca ante el Consejo de Gobierno y la Asamblea Legislativa, a fin de que explique tan nefasto proceder.
3) La ruptura de relaciones diplomáticas con la dictadura de JOH, por las razones ya expuestas.
4) Hacemos un llamado en especial a las y los diputados de la fracción legislativa del Frente Amplio, que se considera de izquierda, así como a la diputada Ligia Fallas, para que impulsen las iniciativas arriba indicadas en el parlamento, con la mayor prontitud posible.
FIRMAN:
Alfonso Chase, escritor, Premio Magón, máximo galardón cultural en Costa Rica.
Jorge Barrientos Valverde, historiador, académico de la Universidad de Costa Rica
Giovanni Beluche Velázquez, sociólogo, académico universitario.
Dr. Oscar Morera Madrigal, médico endocrinólogo, ex candidato a diputado por Alajuela del Partido Acción Socialista (PASO).
Ana Cecilia Jiménez Arce, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
Oscar Leiva Cerrato, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
Tatiana Otto Golovina, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
Ana Franzen, empresaria, defensora internacional de Derechos Humanos.
Milagro Solís Aguilar, trabajadora social, consultora en niñez y adolescencia
Wilson Arroyo Oconitrillo, cantautor alajuelense.
Adriano Corrales Arias, escritor y profesor universitario.
Esteban Fernández Quirós, filósofo, docente Universidad de Costa Rica.
Oscar Barrantes Rodríguez, historiador, geógrafo y consultor.
David Morera Herrera, sociólogo, académico Universidad Nacional.
Patricia Ramos Con, abogada Centro de Estudios e Investigación de la Mujer Universidad de Costa Rica (CIEM).
Lenin Chacón Vargas, ex secretario general de la Juventud Vanguardia Costarricense, administrador de empresas y agroexportador.
Luis Mallma Mejorada, Secretario Adjunto de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras de Costa Rica (ANDE).
Carlos Cabezas Mora, Secretario General de la Central General de Trabajadores (CGT), afiliada a la Federación Sindical Mundial (FSM).
Rafael Barrantes Bonilla, Secretario de Organización de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).
Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Olga Carrillo Bianchi, abogada laboralista, ex directiva de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA).
Renier Canales Medina, Gerente General Cooperativa Tradicional Campesina de Osa (COOTRAOSA R. L.)
Erick Morales Seballos, Presidente de Comité Campesino de Lucha por la Tierra de Finca Changüena, Palmar Sur.
Orlando Barrantes Cartín, coordinador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
Francisco Medrano Galagarza, coordinador del Movimiento de la Reforma Agraria (MRA).
Irina Coronado López, coordinadora del Movimiento de Acción Popular Urbana (MAPU) y estudiante de sociología de la Universidad Nacional.
Gabriel Arroyo Oconitrillo, músico, dirigente comunal alajuelense.
Consuelo Badilla Agüero, educadora pensionada, ex dirigente sindical.
Gredyn Marín Solís, ex dirigente de la Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) de San Carlos y ex combatiente de la Brigada Latinoamericana Simón Bolívar.
Paola Zeledón Muñóz, Foro del Aborto.
Shekina Laré Jiménez, Colectivo autónomo QUILOMBO Universidad Nacional.
Stephanie Macluf Vargas, Organízate, agrupación estudiantil federativa de la Universidad de Costa Rica.
Humberto Vargas Carbonell, ex diputado comunista en dos legislaturas y secretario general del Partido Vanguardia Popular.
Víctor Solano Gutiérrez, por el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT).
María Fernanda Quirós Moya, por Organización Socialista (OS).
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota de SURCOS titulada Solidaridad con Honduras, proporcionada por Daniel Soto Ortega.
