Autor: María José Ferlini Cartín

• Tormenta Nate deja al descubierto debilidades estructurales que requieren atención

El rastro de dolor, muerte y daños que dejan eventos como la tormenta Tropical Nate (2017), el huracán Otto (2016), los terremotos de Sámara en Guanacaste (2012) y de Cinchona (2009) en Alajuela, así como el deslizamiento de Calle Lajas en el cantón de Escazú (2010) y en el Bajo el Cacao de Fátima de Atenas (2007), dejan en claro que existen vacíos en materia de gestión del riesgo y el análisis que hacen las voces expertas de la Universiad de Costa Rica permiten afirmar que Costa Rica no es un país sostenible.

Costa Rica está ubicada en un escenario de multiamenaza. Es afectada de forma recurrente por fenómenos sísmicos y volcánicos, como también de manera frecuente por fuertes lluvias. Aunado al impacto social, las expectativas futuras de desarrollo se ven frustradas cada vez que una de estas emergencias azota a nuestra nación.

Solamente la tormenta tropical Nate dejó 117 rutas nacionales afectadas, 423 puentes dañados, 113.000 hectáreas de producción agrícola anegadas, 26 centros de salud, siete escuelas impactadas y la muerte de 14 personas, según los datos de la Comiisón Nacional de Emergencias (CNE), con pérdidas que superan los $380 millones.

Algunas autoridades nacionales catalogaron a la tormenta Nate (2017) como uno de los eventos más intensos y destructivos, sin embargo, diferentes especialistas de la Universidad de Costa Rica no coinciden con esta posición. Nate no fue el más intenso sino sólo uno de los más destructivos por el aumento de la vulnerabilidad. Expertos de la UCR insisten que no se debe responsabilizar a la naturaleza del impacto de los desastres, al momento de delimitar las razones que ocasionan el verdadero impacto se evidencia que las causas son el crecimiento urbano desmedido e informal, el inadecuado ordenamiento del territorio y un tema de gobernanza, entre los factores más recurrentes.

Compartimos la posición de las voces expertas de la Universidad de Costa Rica sobre los principales problemas así como las opciones viables y urgentes para disminuir su impacto.

Para los investigadores del Centro de Investigaciones Geofísicas (Cigefi) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Hugo Hidalgo León y el Dr. Eric Alfaro Martínez, los factores físicos que influyeron en el impacto de Nate fueron su posición con respecto al istmo centroamericano y su velocidad.

«El ciclón tropical Nate estaba posicionado de una forma tal que jalaba la humedad desde el océano Pacífico hacia el mar Caribe, con la particularidad de que ese aire húmedo y caliente que venía del Pacífico hacia tierra adentro se encontró con la cadena montañosa y provocó un temporal muy fuerte en la vertiente del Pacífico costarricense», comentó Alfaro. Además, la velocidad de desplazamiento del sistema era lenta y provocó que ese flujo siguiera entrando tierra adentro durante mucho tiempo. «Entre más dure el temporal, hay mayor acumulación de precipitación y mayores son los impactos desde el punto de vista físico», explicó Hidalgo.

La tormenta Nate ocurrió en una época en la que el istmo está expuesto a estos fenómenos hidrometeorológicos. De acuerdo con los estudios del Cigefi, el 71 % de los ciclones tropicales que ocurren cerca de América Central se producen durante los meses de agosto, setiembre y octubre, se trata de eventos esperables.

Otro factor mencionado por los físicos es que los ciclones tropicales responden a la variabilidad natural. «Hay años en los que las condiciones favorecen la aparición de ciclones tropicales y otros en los que no. Este año, el Atlántico tropical circundante a nuestra región estaba comparativamente más cálido que el Pacífico circundante a nuestra región», afirmó Alfaro, quien explicó que en los estudios realizados han encontrado que la calidez del agua es un factor que favorece la aparición de ciclones tropicales principalmente en la cuenca del Caribe, cerca de América Central.

Los científicos consideran que no se puede afirmar qué corresponde a la variación natural y al cambio climático, pues tendría que analizarse un período en el cual se puedan observar cambios o tendencias, y no a partir de un evento particular que ocurrió en cierto momento. Por tanto, no hay evidencia científica de que los ciclones tropicales en el Caribe y cerca de América Central estén aumentando o estén disminuyendo, según los investigadores.

A criterio de Hidalgo y de Alfaro, los impactos de estos fenómenos tienen muchas aristas, las cuales tienen que ver con la vulnerabilidad de la población debido principalmente a que el ordenamiento territorial no es el adecuado.

«Lo único que podemos hacer es ordenamiento territorial, y por supuesto, mejorar los sistemas de alerta para evitar impactos al menos en vidas humanas», expresó Hidalgo. Sin embargo, en la realidad son los mismos cantones y distritos del país los que reportan emergencia tras emergencia más impactos por la recurrencia de ciclones tropicales en el Caribe. Una evidencia más de que se puede y se debe planificar los riesgos.

«Si bien es cierto no hay evidencia estadística de que estén aumentando los ciclonestropicales cerca de América Central, cada año se reportan más impactos por laocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos en la región. Esto quiere decir que laexplicación de esa tendencia positiva no es física, sino socioeconómica y ambiental, ypor eso es fundamental el ordenamiento territorial«, concluyó Alfaro.

Aunque la Tormenta Tropical Nate que impactó el país el pasado 5 y 6 de octubre es sin duda un fenómeno natural, sus efectos evidencian también orígenes o causas sociales que plantean la necesidad de replanteat el modelo de desarrollo.

Allen Cordero, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), recuerda que los efectos adversos de diversos fenómenos naturales alrededor del mundo son favorecidos por estilos de vida insostenibles con el medio ambiente. “Quienes dominan el mundo no quieren cambiar la política dominante y ven como positivo el desarrollo económico sin cuestionamientos”, afirmó Cordero.

Tales modelos de desarrollo no solo priorizan la dinámicas de producción y consumo de una sociedad claramente desigual, sino que también ocasionan que los sectores en condición de exclusión social sean los más afectados por estos acontecimientos. Cordero explica que, las poblaciones más vulnerables tanto a nivel rural como urbano se colocan en las zonas más riesgosas y donde fenómenos como Nate generan un impacto más constante y contundente sobre las vidas humanas.

“Viven a orillas de ríos, en terrenos con pendientes muy pronunciadas o con muchas fallas, porque son los lugares más accesibles económicamente, o incluso, llegaron ahí vía toma de tierras o invasiones, porque no les queda otro remedio” denuncia el académico.

Tales poblaciones carecen de pólizas que respondan por los daños o de ingresos suficientes para reponer lo perdido, pero además, antes de que terminen de recuperarse se exponen a convertirse nuevamente en víctimas de otros desastres que los condicionan a una sobrevivencia cada vez más precarizada.

Cordero asegura que para tratar de mitigar los efectos de estos fenómenos es necesario iniciar una lucha socio-política que cuestione este sistema económico que no sólo es insostenible, sino que también genera una distribución desigual de sus efectos.

Lejos de la implementación de políticas asistencialistas tras las emergencias, se plantea la necesidad de una planificación económica y social inclusiva y participativa, que tome en cuenta las demandas de las poblaciones en riesgo, e incluso, sus recomendaciones para la atención de las zonas más vulnerables.

Tal participación de la ciudadanía no sólo involucraría la transmisión de vivencias personales, sino también, de una memoria social que permita conocer las modificaciones que se han hecho a los territorios o los resultados obtenidos con determinadas prácticas productivas.

“Prevenir a mediano y largo plazo requiere negociación de diversas fuerzas sociales y políticas, atender desastres es muy importante pero no debe limitarse a políticas para la atención de emergencias” concluyó Cordero.

El paso de la tormenta tropical Nate evidenció la vulnerabilidad del país en materia de gestión del riesgo. Sin embargo, los investigadores de la UCR consideran que esta es una buena oportunidad para que a futuro se puedan implementar acciones más efectivas, tomando en cuenta las lecciones aprendidas en esta tormenta y en fenómenos anteriores.

Desde el ámbito de la Geografía, el MSc. Francisco Solano Mata y la Dra. Isabel Avendaño Flores aseguran que los efectos de Nate deben analizarse desde tres escalas: 1) la atmosférica y espacial, 2) la relación entre la movilidad del evento y el efecto orográfico de nuestro sistema montañoso y 3) la de orden territorial.

En la escala atmosférica, los expertos describen que Nate se extendió desde la costa de El Salvador hasta la costa de nuestro país, y que además –por su dinámica de movilidad –fue capaz de potenciar el desplazamiento de una gran cantidad de humedad atmosférica que se distribuyó de manera abundante en torno a nuestra vertiente pacífica (precipitaciones de 500mm).

Ambos expertos coinciden en que la movilidad del evento, sumada al efecto orográfico de nuestro sistema montañoso, hizo que la precipitación intensa sobre el relieve fomentara el aumento significativo del caudal de los ríos y la activación de procesos de remoción en masa y erosión intensa en las laderas. Esta situación aumentó la carga de los materiales acarreados por los ríos y quebradas, lo que provocó el colapso de puentes, carreteras e inundaciones en algunos lugares de la región pacífica.

Aunque el impacto del fenómeno de Nate involucró un gran conjunto de situaciones, entre ellas: el efecto de la localización geográfica del itsmo, la época del año, la ubicación de la zona de convergencia intertropical, las condiciones climatológicas y del efecto del sistema montañoso, los investigadores afirman que el impacto de Nate puede ser explicado por una tercera causa: el componente humano.

“Se debe considerar como una tercera razón, la escala del orden territorial, es decir el efecto que tienen las actividades humanas en el espacio, como por ejemplo la ubicación de viviendas, desarrollos inmobiliarios y aperturas de vías en zonas de dominio de los ríos y costas, situaciones que son muy recurrentes en el país y que ya han sido vividas y documentadas por efectos de fenómenos similares como Juana en 1998 y César en 1996”.

Lecciones que aprender

Desde la perspectiva de los investigadores, el país debe mejorar en materia de gobernanza y lograr la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial al 2040, una política pública que fue creada con el objetivo de fomentar la planificación de los gobiernos locales en materia de gestión del riesgo.

Ante este panorama, los expertos consideran que el estado debe tomar en serio la propuesta y ejercer un efecto vinculante y obligatorio en todas las escalas (nacional, cantonal, local y personal) de las herramientas que provee la Política Nacional de Gestión del Riesgo al 2030.

Otro punto que mencionaron, es la implementación por parte de las autoridades de una política de “cero tolerancia a la corrupción y al tráfico de influencias”, una práctica, que en su opinión, les ha permitido a muchos empresarios y constructoras desarrollar proyectos inmobiliarios y de vivienda en zonas de riesgo o espacios que no cumplen con la normativa.

Por último, los expertos de la UCR afirman que es urgente fortalecer la comprensión educativa de los ciudadanos en materia de geografía, donde se incluyan los diferentes ámbitos de acción (nacional, regional, local e individual).

Durante los últimos 40 años, la mancha urbana se ha triplicado. Según datos del Estado de la Región y del Estado de la Nación del 2016, en Costa Rica, su capital y zonas periféricas, se pasó de 15.000 ha en 1995 a más de 20.000 ha en 2014, lo que representa un crecimiento del 46,5%, en una década. De 1975 a 2014 el crecimiento fue de un 157,5%, lo que hace visible la acelerada expansión que se ha dado en esta zona.

En términos demográficos también se dio un marcado crecimiento. Entre 1984 y 2011, la población de los cantones que conforman la GAM pasó de 1.288.082 a 2.268.248 personas.

Estos datos, sumados al casi nulo ordenamiento del territorio, generan crecientes niveles de riesgo para la población, la infraestructura pública y privada y las actividades económicas que se desarrollan en esos territorios, lo que se traduce en pérdidas económicas y humanas cuando ocurren desastres.

Para el Ing. Luis Zamora González, coordinador de Produs, una de las principales razones que provocan importantes impactos, como los ocasionados por la tormenta Nate, es la deficiencia que tiene el país para lograr un adecuado ordenamiento del territorio.

El proceso de ordenamiento territorial tiene como una de sus herramientas la planificación y como instrumento el plan regulador. En un país como Costa Rica es importante contar con este tipo de guías que permitan decidir la manera más adecuada para el crecimiento urbano.

Cuando se realizan los diagnósticos se obtiene información indispensable dentro de la cual se incluyen zonas de riesgo y amenazas que puedan afectar a las poblaciones que habitan en estos lugares. Esto es un insumo para que los gobiernos locales tomen decisiones al respecto. Los planes reguladores dan lineamientos y buscan establecer el correcto uso del suelo y así evitar problemas para las poblaciones que habitan en esas zonas.

“Mucho de lo que se ha hecho en el país no tiene una planificación de ese tipo porque no todos los cantones tienen un plan regulador, entonces hay una deficiencia inicialmente en cómo crecemos. Aparte de que, cuando está el instrumento para ejecutarse hay problemas políticos, pues a pesar de que se hace entre una parte técnica y la administración municipal, al final lo aprueba el Concejo Municipal”.

En la actualidad hay 31 cantones con un plan regulador vigente, sin embargo, no es un plan cantonal, si no de carácter parcial: 18 cantones sin plan regulador, 11 con el plan en proceso y 21 cantones sin plan regulador, pero con algún proceso iniciado.

Según explicó Zamora, las condiciones socioeconómicas de la población tienen como consecuencia que las personas ocupen zonas de riesgo para habitarlas y si no se encuentran soluciones tempranas, los asentamientos suelen hacerse más grandes, agravando la problemática y los posibles impactos.

Un ejemplo de esto es la invasión de los cauces de los ríos, que aunque existe legislación que crea zonas de protección, aun así las personas construyen en estos lugares, lo que pone a la población en condición de vulnerabilidad.

El impacto de los desastres en la capital responde a debilidades en el control de los usos de la tierra en los márgenes de los ríos, deficiencias en el manejo de residuos sólidos, impermeabilización de suelos y el mal estado y antigüedad del sistema pluvial

¿Cómo mitigar esos impactos?

Para mitigar el impacto de futuros eventos hidrometeorológicos, el Ing. Zamora fue enfático en decir que el país debe invertir en el análisis y la investigación que ofrezca datos para solucionar los problemas antes de que ocurran otros eventos similares o mayores a la tormenta Nate o al huracán Otto, por mencionar los más recientes.

En este sentido, es recomendable hacer inventarios de las poblaciones que se encuentran en zonas de riesgo, con el objetivo de re asentarlas o buscar las alternativas necesarias.

En los casos en que el re asentamiento no fuera posible, Zamora manifestó que se pueden hacer estudios a partir de modelos y posibles escenarios para así establecer sistemas de alerta temprana, que se activen cuando se alcancen las condiciones límite.

Crecimiento urbano

La tormenta Nate, así como otros fenómenos naturales como el huracán Otto, han dejado al descubierto que las características geológicas no son incorporadas en los procesos de desarrollo y de gestión del riesgo en Costa Rica, a nivel municipal, institucional, gubernamental y educativo.

A criterio de los expertos en Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR), el responsable del impacto de estas lluvias no fue tanto el cambio climático, sino la intervención humana. Un ejemplo claro fue el hecho que no se presentaron deslizamientos masivos, sino casos puntuales de mal manejo de aguas y construcciones informales en la margen de los ríos.

El problema radica en que las características del suelo y geológicas no son criterios tomados en cuenta en el desarrollo urbano. A este factor se une una desordenada ocupación del terreno en pendientes fuertes y áreas de deslizamiento, áreas de depositación aluvial (sedimento), llanuras de inundación en ríos y quebradas.

En Costa Rica existe una formación geológica reciente y, por tanto, muy dinámica. A lo largo del territorio se localizan pendientes muy fuertes, suelos poco resistentes, fuerte humedad y rocas alteradas. El suelo busca su equilibrio por medio de un proceso natural que se denomina denudación del relieve, que consiste en el desprendimiento de la corteza provocada por la acción erosiva.

Por ello, ante eventos extremos como fue la tormenta tropical Nate, los suelos tienden a ceder. Hay suelos más susceptibles que otros. El problema se agrava con la intervención humana mediante la deforestación y un desarrollo urbano desordenado sin tomar en cuenta las características geológicas.

Ocupación informal

Tras la realización de más de 180 inspecciones para valorar el impacto de Nate por parte de especialistas de la Escuela Centroamericana de Geología de la UCR, corroboraron el crecimiento alarmante de la ocupación informal, aunado a la poca o nula supervisión del desarrollo del territorio por parte de las municipalidades. Estas, además, no cuentan con instrumentos suficientes para regular el uso del suelo y la construcción de infraestructura pública y privada bajo condiciones seguras o de riesgo aceptable.

Nate dejó en evidencia la actual condición de vulnerabilidad nacional, no solo en los centros urbanos, sino también en las zonas rurales, donde la construcción informal prolifera y en la mayoría de los casos bajo condición de alto riesgo.

Así lo señala Rolando Mora Chinchilla, geólogo de la UCR, quien enfatiza que el impacto de la tormenta se convirtió en un repaso de las zonas afectadas años atrás. “Es un repaso cada vez más doloroso, ya que Nate nos demuestra que no aprendimos la lección de eventos extremos que datan del siglo pasado, como fue el impacto indirecto de los huracanes Juana, César y Mitch. Las mismas zonas son afectadas pero con un claro aumento de la vulnerabilidad social”, advierte.

En la actualidad se cuenta con tecnología avanzada como la información satelital, perforadoras y sistemas de información geográfica, entre otras. Sin embargo, no es aplicada por parte de los sectores encargados de tomar las decisiones. “La emergencia demostró que hay un retroceso que está pasando la factura”, puntualiza Mora.

De acuerdo con datos del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas de la UCR, de los 133 cuadrantes en que ha sido dividido el país, solamente 30 cuentan con mapas geológicos a escala 1:50.000, equivalente al 22 % de la cobertura total. Lo anterior evidencia que se carece de más de tres cuartas partes de la información fundamental para realizar los planes reguladores, el manejo y la protección de los recursos naturales, entre otros factores.

Giovanni Peraldo Huertas, profesor e investigador de la Escuela de Geología señala la urgencia de mejorar la base cartográfica de Costa Rica para contar con mapas detallados e incorporarlos en los planes de ordenamiento territorial.

Es necesario, puntualiza Peraldo, “la existencia de herramientas básicas, como los mapas de áreas de inundación, inventario de laderas inestables y mapas geológicos, a una escala adecuada que permita contribuir en la implementación del ordenamiento territorial”. Para ello, se requiere que los gobiernos locales incorporen en su planilla a profesionales especializados en la gestión del riesgo, entre ellos, los geólogos, puntualizó.

Resalta, además, que las instituciones encargadas de la gestión del riesgo deben ser apolíticas. Al respecto, el director de la Escuela Centroamericana de Geología, Mauricio Mora Mora, coincide con este planteamiento.

Sostiene, además, que el Gobierno debe avanzar hacia la creación de un Servicio Geológico que permita concentrar y gestionar todo lo relativo a los recursos geológicos (agua, minería, entre otros), así como liderar los procesos de ordenamiento territorial con base en los procesos geológicos.

Mora subraya que “la geología es un tema transversal en el proceso de desarrollo de un país y desde la Escuela de Centroamericana de Geología tenemos que hacer ver ese papel de la Geología en la sociedad”.

El principal reto es el posicionamiento de la Geología en la cultura costarricense como una disciplina fundamental, a nivel de municipal, institucional, gubernamental y educativo, concluyen los expertos.

Por lo general se suelen ver las consecuencias negativas que provocan las inundaciones en el ámbito humano. Sin embargo, este fenómeno natural, que a primera entrada podría considerarse perjudicial, permite la renovación natural del suelo, su fertilización con numerosos nutrientes y nuevas capacidades productivas. Este hecho hace que Costa Rica posea un proceso agrícola y ganadero sostenible en el tiempo, que se logra mediante uno de sus aliados más importantes: los ríos.

De acuerdo con el Ing. Rafael Oreamuno Vega, director del Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible (Ciedes) de la Universidad de Costa Rica (UCR), los ríos son claves para desarrollar importantes funciones ecológicas, ambientales, biológicas y socioeconómicas. Al haber una inundación esas contribuciones se potencian, pues los altos niveles de agua movilizan elementos esenciales para el desarrollo vegetal.

El problema es que Costa Rica no sabe beneficiarse del uso de las planicies de inundación, una situación que se acompaña de un mal manejo de residuos sólidos y un inadecuado desarrollo habitacional.

“La tormenta tropical Nate no fue un evento extraordinario. Ya hemos tenido situaciones de esta magnitud. Hay que tener claro que las inundaciones son un proceso natural y gracias a ellas las planicies son productivas. Ahora bien, lo que sí ha pasado es que la cantidad de habitantes ha aumentado y no se ha alcanzado un desarrollo en armonía con la naturaleza. Las personas construyen en puntos vulnerables de los cauces, en zonas con un claro peligro de deslizamiento e inundación” manifestó.

Costa Rica posee 34 cuencas principales. En esos territorios se ubican casi 1.400 comunidades en lugares de alto riesgo de derrumbe según información de la Comisión Nacional de Emergencias. Este dato revela un deficiente proceso de planificación territorial que va de la mano con la construcción de precarias infraestructuras.

“La cuenca es una unidad de gestión y de división, pero en Costa Rica usamos los ríos para dividir zonas y no para agruparlas como unidad. Esto ha provocado que no se planifique de forma adecuada el uso del territorio. Lo que debemos hacer primero es entender su dinámica natural e identificar fortalezas y peligros de tal manera que usted sepa las implicaciones de vivir ahí”, indicó la Ing. Paola Vidal Rivera, investigadora del Ciedes.

Manejo de cuencas es clave

Oreamuno señala que es clave “identificar las zonas, los tipos de suelos y la vegetación presente, entre otros aspectos, a fin de saber cuáles áreas pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades económicas y sociales, así como distribuir el recurso hídrico de manera que se alcance una mejor calidad de vida y un desarrollo social en armonía con la naturaleza”

Ya sea a nivel urbano o rural, las ventajas de una buena gestión de las cuencas permite establecer acciones orientadas a optimizar el recurso hídrico, disminuir la pérdida de suelo, la erosión, la contaminación de las fuentes de agua y las inundaciones cerca de los poblados.

Algunas de estas ventajas son la combinación de cultivos y árboles, los cuales fortalecen los terrenos de alta pendiente. También otras prácticas como la protección a la orilla de los ríos para retener el sedimento, la planificación de fincas para mejorar los rendimientos de producción y el desarrollo de alternativas como la pesca y el ecoturismo.

“Es necesario que se entienda que tenemos un país muy privilegiado pero también con riesgos asociados. Necesitamos que la gente entienda que construir en sitios no aptos conlleva riesgos y costos altos en medidas de protección y adaptación de las estructuras a las condiciones del sitio”, concluyó la Ing. Vidal.

Las pérdidas de miles de hectáreas de cultivos y animales de producción ocasionadas por la Tormenta Tropical Nate dejaron al descubierto la vulnerabilidad de las zonas agrícolas en prácticamente todas las regiones del país, desde la Región Chorotega y Pacífico Central hasta la Región Brunca.

Sembradíos completos de arroz que estaban para cosechar se inundaron y se perdieron, decenas de agricultores no pudieron sacar los productos de las fincas, miles de aves fueron arrasadas y los estanques de acuicultura quedaron inservibles. La Región Chorotega, Pacífico Central y Región Brunca llevan contabilizadas pérdidas en producción agropecuaria superiores a los ¢3 mil millones de colones.

Pero los efectos de Nate sobre la agricultura continuarán manifestándose en los próximos seis meses, e incluso los pequeños y grandes productores de cultivos como la papaya o el banano sufrirán las consecuencias hasta dos años después. La capacidad de recuperación dependerá de los ciclos de producción de cada cultivo, según explicó Fernando Vásquez, agrónomo del Instituto de Investigaciones Agronómicas (IIA).

Álvaro Brenes, meteorólogo del IIA, quien se dedica a la vigilancia del clima con el propósito de informar a los agricultores sobre condiciones meteorológicas adversas, asegura que aunque han existido fenómenos de mayor intensidad, lo que hizo más peligroso a Nate fue la condición previa de saturación de suelos, caudales aumentados en los ríos y una respuesta tardía de los organismos nacionales.

¿Cómo mitigar el impacto de eventos hidrometeorológicos en la agricultura?

De acuerdo con los especialistas, la inversión en infraestructura y prácticas de conservación de suelos en zonas agrícolas, la implementación de un sistema de información climática para los agricultores y sistemas de alerta temprana son fundamentales para mitigar el impacto de futuros eventos hidrometeorológicos en el sector primario.

Señalaron, además, la necesidad del planeamiento de escenarios potenciales de afectación a nivel regional, la identificación de zonas de fragilidad de las cuencas, el reconocimiento de los niveles críticos de los ríos y la activación de un sistema de alerta temprana como algunas de las medidas a tomar.

Una de las prioridades debe ser invertir en infraestructura e implementar prácticas que conlleven a la conservación del suelo, particularmente en laderas, como coberturas, barreras vivas y muertas o siembra en contorno. En zonas bajas es necesario invertir en la construcción o rehabilitación de sistemas de drenaje como los construidos por la Compañía Bananera en las fincas de Palmar, que permitían canalizar adecuadamente el exceso de lluvias.

Cada productor además, debe tener una estrategia planificada de lo que ocurre con el agua que caerá en su finca y cuál es el rumbo que tomará según la disposición de los cultivos; esto puede ayudar a prever los caudales potenciales y esperables que se unirán al agua de una región y cuánto se logrará infiltrar, explicó Henríquez.

Otro aspecto fundamental que debe fortalecerse en nuestro país es la generación y disponibilidad de información relevante para los agricultores como información climática, análisis de suelos y plantas, caracterización de fincas y rutas de acceso e información de mercados. Esta estrategia debe acompañarse con la capacitación de los agricultores y agricultoras para garantizar que tengan acceso a las diferentes tecnologías de la información disponibles en forma rápida y sencilla, por ejemplo a través del teléfono móvil.

Tres días duró el paso de la tormenta tropical Nate por territorio costarricense, siendo el jueves 5 de octubre el día que más fuerte se sintió este fenómeno; solo bastó esa corta embestida para que gran parte de la infraestructura vial del país colapsara y presentara daños considerables.

Pero, ¿cuáles son las razones por las que la infraestructura vial cedió ante un lapso torrencial de lluvia como el que presentó la tormenta Nate?, el Ing. Luis Guillermo Loría Salazar, coordinador del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) del LanammeUCR, indicó que esto obedece a que “en Costa Rica no se han incluido adecuadamente las variables climáticas en el diseño de obras de infraestructura».

Cuando hay daños importantes, en vez de mitigar la vulnerabilidad mediante trabajos que disminuyan sus efectos, solo se replica prácticamente la obra anterior, por eso ocurren los mismos daños”, puntualizó el experto.

Los ingenieros Rolando Castillo Barahona, Esteban Villalobos Vega (ambos del LanammeUCR) y Alberto Serrano Pacheco (profesor de la Escuela de Ingeniería Civil, EIC) señalan que los puentes y alcantarillas que cruzan los ríos se convierten en obstáculos que limitan el flujo del agua, que arrastran árboles, rocas y sedimentos.

“Entre los daños que pueden presentar las estructuras viales están la erosión de los márgenes de los ríos, el movimiento lateral de los cauces, la socavación en diferentes estructuras como los bastiones, pilas y rellenos de aproximación, así como la inundación de planicies, entre otros”, añadieron los especialistas.

Algunas de las propuestas dadas por estos expertos del LanammeUCR y de la EIC para lograr mitigar los daños que provocan las tormentas son: contar con un inventario de todos los puentes del país que se actualice cada dos años, que incluya información sobre la condición estructural, sísmica, hidráulica y de seguridad vial; elaborar un manual o lineamiento oficial en el que se indiquen los requerimientos mínimos que necesita el diseño hidráulico de puentes (actualmente no se cuenta con esta normativa); y crear una guía que permita evaluar aspectos hidráulicos de puentes para identificar elementos indicativos de vulnerabilidad del puente y del cauce.

El Ing. Loría Salazar agregó que, “hay que invertir, a pesar del costo, en obras de infraestructura vial que estén diseñadas para resistir el embate de fenómenos de cierta magnitud y, eventualmente, estudiar la relocalización de pueblos y edificaciones que se encuentren en zonas vulnerables”, subrayó.

De acuerdo con el informe preliminar del impacto en infraestructura vial tras el paso de la Tormenta Tropical Nate de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, los daños ascienden a $127 millones, de los cuales se contabilizan 117 carreteras de las rutas nacionales y 423 puentes reportados con daños.

El tema climático no se debe reducir a lo “ambiental”, debe incluirse en el presupuesto nacional y contabilizarse en las cuentas nacionales

Los efectos de la tormenta tropical Nate y de otros desastres tocan las bases de las finanzas públicas, sus costos crecientes obligan a planificar los que podrían significar pérdidas por riesgos naturales, que se calcula podrán superar al 2030 los $7.000 millones.

Se trata de una cifra que, según los pronósticos de pérdidas económicas y sociales citados por la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030, superará la capacidad nacional, de no tomarse las medidas para poder financiar y planificar el riesgo.

Aunque estudios del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica (Cigefi), citados por el Semanario Universidad, advierten que al menos el número de ciclones no ha aumentado en el tiempo, sí lo hacen los impactos de cada nueva emergencia y por ende también suben las pérdidas que genera.

El financiamiento de la reconstrucción tras los desastres es un tema pendiente, solo en el caso de la pasada tormenta tropical Nate, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) estimó que las pérdidas superan los $380 millones. El dinero se financió en una primera etapa con recursos propios de las instituciones, pero el Ministerio de Hacienda deberá asumir el costo mayoritario con deuda.

Lo anterior implica que la mayor parte de los efectos de Nate se sumarán al alto déficit fiscal del país, agravándose su situación con cada nueva emergencia. Para el cierre del 2017 la diferencia entre los ingresos y los gastos de Costa Rica será un faltante del 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra es la más alta de las últimas tres décadas y supone una estrechez financiera agobiante.

La situación no es sostenible y lo será mucho menos si las proyecciones por riesgo no se incluyen en los presupuestos.

“Un país no puede decir que es sostenible si la inversión y la infraestructura que sustenta el desarrollo no está protegida ante las amenazas” asegura Raúl Salazar, jefe regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Para el economista experto en clima, Marcos Adamson Badilla, de la escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, la planificación del riesgo debe obligar necesariamente a estandarizar las formas que tenemos para contabilizar y valorar las pérdidas.

Hoy, es la CNE, ente rector en materia de gestión del riesgo, la única que hace ejercicios que son calificados por Adamson como exhaustivos, pero que deben ser llevados a estándares que permitan dar seguimiento de las pérdidas por emergencias en relación con el PIB y que estas estén disponibles y presentes cada vez que se analicen las cuentas nacionales. Hoy por ejemplo, es difícil reconocer el impacto de las emergencias en la formación bruta de capital.

Lo anterior supone también flexibilidad por parte de la Contraloría General de la República, para generar nuevos rubros presupuestarios, que permitan contabilizar partidas relacionadas con el manejo del riesgo.

Inexistente inversión

La baja inversión pública en Costa Rica evidencia que el paso hacia una inversión planificada es una meta lejana.

Carlos Picado, funcionario de la CNE, señala que del presupuesto nacional solamente se destina un 1 % a la gestión del riesgo. Lo cual demuestra que la inversión es poca de acuerdo con el impacto de los desastres sobre Costa Rica.

El profesor Juan Andrés Robalino Herrera, de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, advierte que para enfrentar los retos se debe al menos invertir en generar información de forma permanente sobre lugares de riesgo y estudiar los cambios en los patrones de lluvia; monitorear zonas de riesgo de forma permanente, ya que factores socioeconómicos pueden empujar a la población vulnerable a mantenerse e inclusive llegar a estos lugares donde el precio de la tierra es más bajo.

Son acciones que parecieran lógicas, pero la realidad, advierte Adamson, permite afirmar que incluso construcciones de residenciales financiadas con bonos de vivienda se han levantado sobre zonas de riesgo, hay sistemas de agua que datan de la colonia y en general las formas de edificación (puentes, carreteras y ciudades) no están adaptadas al cambio climático.

La conclusión es una: no somos un país sostenible.

 

Oficina de Divulgación e Información, UCR

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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