Investigadora propone despertar la curiosidad científica en niños y jóvenes a través de la televisión
Patricia Esquivel Rodríguez ha enfocado su carrera en la caracterización y valoración de materiales vegetales promisorios desde el punto de vista agronómico, tecnológico y nutricional, tales como pitahaya, papaya, sapote, pejibaye y jocote. – foto Anel Kenjekeeva.
La Dra. Patricia Esquivel Rodríguez, docente e investigadora de la Escuela de Tecnología de Alimentos fue designada como Catedrática Humbolt 2018, una designación que le permitirá dedicarse exclusivamente a la investigación durante un año completo.
Inspirada por su experiencia como madre y estudiante becada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), Esquivel se propone durante el 2018 un nuevo reto: impulsar en Costa Rica el desarrollo y uso de material audiovisual para fortalecer la enseñanza de las ciencias.
«En nuestras manos está abrir los espacios para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de despertar esa curiosidad científica» acotó la investigadora durante el acto de designación que se realizó el 19 de diciembre en la Sala Girasol de la Vicerrectoría de Investigación.
Su propuesta abarca tres proyectos: El primero es la elaboración de videos cortos sobre temas de ciencias incluidos en los programas de educación para décimo y undécimo año, con el propósito de fortalecer los conocimientos de los estudiantes para las pruebas de Bachillerato. El segundo es la creación de un programa de televisión semanal que aborde estas temáticas.
Los hijos de la Dra. Patricia Esquivel, Víctor y Paula Jiménez, inspiraron a esta científica a hacer una propuesta que ayude a otros niños y jóvenes a despertar su curiosidad y aprender ciencias. – foto Anel Kenjekeeva.
Esta idea surge de la experiencia que adquirió durante sus años de estudio en Alemania a donde vivió en compañía de su esposo e hijos. Allí pudo conocer algunas herramientas que se utilizan en ese país para apoyar el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes a través de la televisión, que fueron de gran utilidad para sus propios hijos.
Por otra parte, la investigadora se propone replicar el proyecto «Kinder Uni», o universidad para niños en Costa Rica, el cual surgió en el 2002 en la Universidad de Tübingen, Alemania y actualmente funciona en las principales universidades de ese país y se ha extendido a otros países europeos. Su objetivo es abrir la universidad a la enseñanza de niños y niñas.
«Estimular la curiosidad científica es un reto para nuestro país, ya que se requieren profesionales y técnicos en los ámbitos de ciencia, tecnología e innovación con bases sólidas que se adquieren en el cursos de la educación primaria y secundaria«.
Patricia Esquivel Rodríguez
Por su trayectoria como investigadora y su innovadora propuesta el Consejo Consultivo de la Cátedra Humboltla eligió como catedrática 2018. El consejo estuvo conformado por el Dr. Fernando Santamaría, Vicerrector de Investigación de la UCR y la Dra. Ana Mercedes Pérez, el Sr. Michael Eschweiler, director del DAAD en Costa Rica y la Sra. Irena Rusak, coordinadora de programas Bilaterales del DAAD.
La Dra. Patricia Esquivel es licenciada en Tecnología de Alimentos por la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, Magíster Scientiae en Ciencia de los Alimentos y Doctorado Académico por la Universität Hohenheim, Stuttgart, Alemania. Sus áreas de interés académico son: Alimentos funcionales, Pigmentos Polifenoles y Polisacáridos.
Cátedra Humbolt
La Cátedra Humbolt fue creada en el 2004 mediante una carta de entendimiento que suscribió el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de Costa Rica. El principal objetivo es fomentar el intercambio en todas las disciplinas del conocimiento, por medio de la ejecución de cursos, conferencias, congresos, coloquios y publicaciones.
La cátedra es coordinada por el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA) y los Posgrados de Historia, Ciencias, Estudios de la Sociedad y la Cultura y cuenta con el apoyo del Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD).
La persona designada como Catedrática Humbolt se dedica un año exclusivamente a la investigación. Para optar por este reconocimiento el científico o científica postulante debe cumplir con varios requisitos como ser académico con grado de catedrático y poseer un proyecto de investigación en curso que involucre a otras áreas del conocimiento.
El pasaje más impactante, que recibí y asimilé, como estudiante de Derecho en la Universidad Nacional, fue el de la masacre de las bananeras, ocurrida en Fundación, Magdalena, el 6 de diciembre de 1928. Dedicado al énfasis del Derecho laboral desde los primeros años de aula universitaria; ante un derecho laboral de conquistas concretas hacia los años de 1970, comprender la lucha de las conquistas obreras, colocó como referencia que los logros y alcances de las reivindicaciones laborales obedecían al sacrificio y tenacidad de la clase obrera colombiana. Comprendí que la asimilación del espíritu de la ley laboral iba pareja con el análisis comparativo del desempeño de las luchas reivindicativas y políticas de la clase obrera colombiana. No existe materialización de ley laboral alguna divorciada del sacrifico y la capacidad de lucha de los trabajadores. De igual manera, la historia de las ideas políticas y reivindicativas de los trabajadores sentaba en la comprensión de la historia de sus organizaciones sociales; de sus expresiones y manifestaciones políticas; asimilando que la historia de las ideas políticas de los trabajadores era la historia de sus organizaciones sindicales y el salto en la asimilación y construcción del partido político de los trabajadores.
El entorno de la lucha de los bananeros
Por su origen de clase proletaria y la concentración de fuerza laboral, la zona bananera del Magdalena se constituyó en el bastión de la lucha obrera en la segunda década del Siglo XX. Los ideólogos del Partido Socialista Revolucionario (PSR): Raúl Eduardo Mahecha, Ignacio Torres Giraldo y María Cano, centraron la actividad política y organizativa en la zona de explotación bananera. De diez mil trabajadores, en el año de 1910, pasaron a 25.000 obreros del banano en 1928. Se daban las condiciones subjetivas y objetivas para el desempeño de los trabajadores en sus luchas reivindicativas y también políticas. No existía un Código Laboral y por ende la relación de trabajo era una relación meramente mercantilista. La multinacional norteamericana United Fruit Company era amo y señor de vidas y propiedades. Para la década de 1920, los dineros provenientes de la indemnización recibida por el estado colombiano por la desmembración de Panamá; retribuyeron en beneficio de la multinacional gringa en la creación e infraestructura del emporio bananero. En 1911 llegó el tren a Aracataca y en 1920, a Fundación. La compañía manifestaba que no tenía trabajadores, negaban el contrato de trabajo, y que en sus nóminas todos eran contratistas. Ante cualquier reclamo de un trabajador, el capataz simplemente le volaba la cabeza. Las condiciones de salubridad y de ambiente de trabajo eran inhumanas. El paludismo, la anemia y la tuberculosis representaba el cuadro famélico de los trabajadores. El pago se les hacía por bonos, que eran títulos que solo se podían cambiar en los comisariatos de la compañía. No contaban con seguridad industrial alguna, ni protección de seguros para accidentes laborales. Las jornadas de trabajo eran extenuantes y no existían horas extras, cesantías, ni prestaciones sociales. Ante ese panorama, se conformaron Comités de Trabajadores Bananeros. La alta concentración de trabajadores y su extensión geográfica conllevó a la creación de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena. En una palabra, estaban organizados.
Para el año de 1928, la agitación era generalizada. El 6 de octubre de ese año, se dio masiva asamblea de reunión de trabajadores. Allí se redactaron nueve puntos de un pliego reivindicativo, que fue presentado a la empresa. La empresa se negaba a aceptar el pliego y por ende a negociar; pero los trabajadores en folclóricas y bulliciosas reuniones mantenían el ánimo en las reclamaciones. La compañía bananera estimo seriamente afectados sus intereses económicos y desde el principio dispuso no reunirse con los trabajadores. Para los primeros días de diciembre de 1928, corrió la voz que el gobernador del Magdalena y el representante de la United Fruit Company llegarían a Ciénaga a negociar el pliego. La orden de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena fue la de concentrase para el día 5 de diciembre de 1928, en Ciénaga. Pero fueron engañados, ese día no llegó ni el gobernador ni se hicieron presentes los directivos de la compañía. Se había generado un hecho de concentración de masas. Ante esa situación la gobernación del Magdalena declaró la ley marcial y declaró como autoridad militar, por decreto de estado de sitio al general Carlos Cortes Vargas. Para la una de la madrugada, del fatídico 6 de diciembre de 1928, el general Cortes Vargas disponía de tres batallones. Desplazó dos nidos de ametralladoras hacia el parque y lugar de concentración. Por la retaguardia dispuso de 150 fusileros. Registran los hechos que comenzó a solicitar a los trabajadores, niños, mujeres, jóvenes, ancianos, que evacuaran la plaza pública y que perentoriamente iba a contar hasta tres. Se sucedieron dos descargas de ametralladoras y al minuto dos descargas de fusilería. La población inerme caía. Jamás pensaron que pudiere haber una orden de asesinar a mansalva. Comenzó la danza de la muerte y muchos salieron despavoridos. Se repetían los disparos y en la plaza quedó esparcido el reguero de cadáveres mutilados. Cumplida la masacre, la orden militar fue la de recoger los cadáveres. Amontonados en los vagones del tren su destino fue la playa y en un barco de la armada, más de mil quinientas víctimas fueron arrojadas a los tiburones. A la claridad de la mañana en la plaza de Fundación se encontraban nueve cadáveres. El sargento del ejército, Oscar Pérez, apodado mordisco, cual fiera jadeante, los señalaba repitiendo: “ahí están los nueve puntos del pliego”.
Tan lamentable suceso mancha históricamente la institucionalidad militar. El general Carlos Cortes Vargas se alió a los intereses de la United Fruit Company y en contra de los trabajadores colombianos. Un pasaje impune sobre la carga histórica de la institucionalidad militar colombiana. Desde entonces han mantenido la constante de comportamiento de un ejército de invasión contra el propio pueblo colombiano.
El paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977
Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen se daba una constante: la negativa a discutir los pliegos de peticiones que presentaban las centrales sindicales del país, lo cual fue acumulando una fuente de energía y de rechazo en las masas populares, que en forma explosiva se manifestó, en todo el país, con la declaratoria, por parte de las centrales obreras CTC, UTC, CSTC y la CGT y de sectores políticos, de un Paro Cívico Nacional el 14 de septiembre de 1977. La ira represada de las masas se hizo notaria en las principales ciudades del país. La intensidad de ese Paro Cívico y la respuesta contundente y organizada de los sectores populares lo erigen como un punto de referencia en la cualificación del movimiento popular y de masas. Cúcuta, no fue la excepción. La declaratoria de Asambleas Populares en la ciudadela Juan Atalaya y barrios circunvecinos paralizaron totalmente la ciudad. Las marchas y movilizaciones se sucedieron durante dos días con sus noches. En Bogotá, las manifestaciones violentas fueron particularmente intensas en diferentes puntos de la ciudad. En ciudad Kennedy; en el sur, calle 40 y Barrio Santa Lucia; en la Avenida 1º de mayo con carrera 68, fueron particularmente violentos los enfrentamientos y los saqueos a los supermercados y entidades públicas. Se habla de más de treinta muertos en Bogotá y de miles de detenidos en la Plaza de Toros.
En la mañana del 15 de septiembre de 1977 recibí una llamada de la Dra. Paulina Ruiz Borras de la Asociación de Abogados laboralistas al Servicio de los Trabajadores, quien en forma compungida me expresaba que existían testimonios de masacre, por parte de la Fuerza Pública en la ciudad de Bogotá, y que los cadáveres estaban siendo transportados, en la noche del 14 de septiembre, en volquetas del Distrito. Ese mismo día viajé a Bogotá, como miembro del Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos, en el Norte de Santander. Cuadramos una solicitud de Inspección Judicial a los patios del Distrito. El día 16 de septiembre de 1977, con la presencia de un Inspector de Policía, colaborador, antes de las 7 de la mañana; para lo cual se habilitó la hora judicial, inspeccionamos las bitácoras y registros de entrada y salida de volquetas del Distrito del parque Automotor. Faltaban en el inventario ocho volquetas. Los funcionarios manifestaron que era normal que algunas volquetas se vararan o quedaran, por cualquier motivo, en las instalaciones del basurero o relleno sanitario. Fue un intento fallido y en el ambiente quedó flotando, si en realidad de verdad, esas ocho volquetas pudieren haber sido utilizadas en el transporte de cadáveres. Toda una situación de impunidad constante y propia para el esclarecimiento de la Verdad, de esos sucesos; sobre la que no se conoce comparendo a autoridad alguna para responder.
La masacre de llana caliente
La década de mil novecientos ochenta fue particularmente convulsiva en el Magdalena Medio. Escenario del auge del paramilitarismo, apoyados por el ejército nacional, fue precisamente en la jurisdicción de San Vicente de Chucurí, cercado por la Serranía de los Cobardes. En la planicie conocida como La Llana, que es cruce entre la carretera de San Vicente de Chucurí y Bucaramanga, fue donde se desarrollan los luctuosos acontecimientos que paso a relatar.
En los primeros meses del año 1988 se dieron las movilizaciones campesinas conocidas como el Paro del Nororiente, que abarcó los departamentos del Cesar, Sur de los Departamento de Magdalena, Bolívar, la Guajira y el Magdalena Medio. Los campesinos y colonos se movilizaron por millares para reclamar directamente al gobierno central por los estados de postración y abandono.
El 16 de agosto de 1987, en horas de la madrugada, el abogado y alcalde de Sabana de Torres, por la Unión Patriótica, Álvaro Garcés Parra, el agente de policía John Jairo Loaiza P, quien le servía de escolta al alcalde; el militante de la Unión Patriótica, Garlos Gamboa Rodríguez, escolta del concejal de Lebrija por la Unión Patriótica, Jaime Castrillón y la señora Elida Ricio Anaya Duarte, fueron asesinados durante un operativo conjunto entre miembros del ejército, la policía y paramilitares en Sabana de Torres.
En Santander del sur se consolidó el grupo paramilitar de Isidro Carreño, en la zona chucureña y regiones aledañas. Se hacían nombrar los tiznados, los masetos, los cara pintadas y se dedicaron al asesinato selectivo de líderes populares y de la Unión Patriótica.
Hacia 1986, Rogelio Correa Campos, con el grado de teniente coronel asumió el mando del Batallón de Infantería Nro. 40 “Coronel Luciano D’Elhuyar”, con sede en San Vicente de Chucurí. El oficial fue sostén importante en el fortalecimiento del paramilitarismo, que incluía patrullaje y operativos conjuntos en la región entre las fuerzas del ejército y sus aliados de extrema derecha militarista. Dio refugio en el batallón al sicario Amado Ruíz, quien dio muerte al alcalde Álvaro Garcés Parra.
Su formación militar e ideológica, bajo la filosofía del enemigo, le hacía ver subversión en cuanta reclamación política y reivindicativa, se expresaba en la región. Era obsesionado. Los soldados del Batallón D´Elhuyar, seguían al pie de la letra las órdenes de decomisos de alimentos; parar las marchas campesinas y detener brutalmente a sus dirigentes.
Tenía información que en la región de Llana Caliente se concentrarían los campesinos, aupados por el Paro del Nororiente. Manifestaba que logró frenar y dispersar a más de veinte mil campesinos que tenían como meta concentrase en la capital, Bucaramanga. Dispersos, pero están por miles en todas partes y afirmaba que eso no lo podía tolerar. Había logrado tejer una red de colaboradores a los que llamaba “los necesito, son mis ojos y oídos”. El mismo los reclutó: “el canoso” recomendado directamente por Isidro Carreño. “El cara pintada” de temible referencia entre las masas por lo salvaje de sus tropelías contra la población y el asesinato. Se vanagloriaba de tener a un desertor de la guerrilla, conocido por la población como “Camilo”, quien le funcionaba eficazmente por el chantaje en que mantenía a su familia y le suministraba datos claves para echarle mano a mucha gente de la población y el incondicional soldado Suarez, experto francotirador. Pese a las recomendaciones de oficiales de su comando que no se presentara con ellos públicamente, pues podría generar reacciones encontradas, insistió porque ellos no le fallaban y los marchistas tendrían que comprender que tarde o temprano todos terminarían colaborando con el ejército.
Era un sábado y comenzaron a llegar por millares los campesinos que bajaban de buses, camiones y vehículos de transporte improvisados. El teniente coronel Rogelio Correa Campos se encontraba motivado y preparándose para asistir a la cena que el Alcalde de San Vicente le había preparado, para homenajearlo con ocasión de su cumpleaños 45, el día siguiente domingo, del 29 de mayo de 1988. Esa noche del sábado, con altoparlantes ensordeció a los campesinos concentrados con arengas militares, cual disco rayado y la permanencia de las notas del himno nacional. Los campesinos respondían:” bailamos al son que nos toquen”.
El oficial Correa Campos veía crecer el número de marchantes concentrados. Hizo saber a la multitud que llegaría a resolver el asunto personalmente. Los dirigentes campesinos de la marcha: Arnulfo Ramírez Izaquita, Nelson Otero Martínez, Alfredo Ríos Barrios, Luís Enrique Sánchez Millán, Luís José Archila Plata, José Joaquín Zambrano Molina, Pablo Manuel Hernández Rodríguez, Esperanza Herrera Villa, José Natividad Velandia Prada, Raúl Antonio Gómez Chaparro, José Méndez, Wilson Botero y Clemente Quiroga, comprendieron la gravedad de la situación y dispusieron que los menores de edad y las mujeres se desplazaran del grueso de la concentración. El teniente coronel Rogelio Correa Campos, se hizo presente con su parafernalia. Lo acompañaban cerca de trescientos soldados, es decir, toda la plana de hombres del batallón. Con pompa y lujo de tropero, usando gafas oscuras que ocultaban su rostro, llegó con paso fuerte, rodeado de sus incondicionales sicarios “ojos y oídos” de su sequito ejecutor. La reacción de la masa popular concentrada no se hizo esperar. Como al desertor “Camilo” lo conocía la gente, comenzaron la rechifla ensordecedora, gritándole “sapo Camilo”, “Camilo sapo”. El sujeto sudaba observándosele muy nervioso. El oficial no esperaba una reacción tan contundente. Como oleaje de rechazo, al unísono los gritos de asesinos y solución a los problemas agrarios destacaban entre las consignas que se podían escuchar, siempre bajo el estribillo de “sapo Camilo”. Visiblemente alterado, el teniente coronel Rogelio Correa Campos ordenó al francotirador soldado Suarez: “Basta ya. ¡Dispare!” El temible asesino- preparado para matar- vaciló. Posiblemente vio en la población inerme su entorno familiar. Esto desencajó al oficial militar insultándolo de cobarde, desenfundo su pistola de dotación descargándola sobre la humanidad del soldado. Ante esta situación, la reacción de “Camilo” fue de indignación, procediendo a descargar su fusil en la humanidad del teniente coronel Rogelio Campos, quien falleció instantáneamente. El ruido de fusilería y tiros resultaba ensordecedor. La muchedumbre corría despavorida y el grueso de soldados disparaba a diestra y siniestra sobre la población campesina. Todos los mencionados dirigentes del Paro pagaron con el sacrifico de sus vidas. Muchos eran perseguidos por la soldadesca y asesinados al intentar abordar los autobuses. Ese día la planicie de La Llana quedo tapizada de cadáveres. Afirman que al desertor Camilo le dieron muerte los soldados, aunque no se encontró su cadáver. Tampoco aparecieron los cuerpos de Carapintada y el Canoso. Los registros de campesinos asesinados -además de los dirigentes- ascendieron a treinta y ocho y sus cuerpos desaparecidos. Los auxilios de socorro popular registraron más de cincuenta heridos.
Este doloroso relato histórico no tiene epilogo. El gobierno nacional declara resuelto el asunto de la marcha y la masacre, ascendiendo póstumamente al coronel y al campo de paradas del batallón que dirigió, le dio su nombre. Uno de los grupos paramilitares de la zona pasó a llamarse “Comando Coronel Rogelio Correa Campos”, caracterizado por el grado de terror y desolación contra los campesinos de la región y la muerte selectiva, genocidio, contra los campesinos que se sabía, habían participado en esas jornadas de protesta.
Personalmente, ocho días después de la masacre, en compañía de un dirigente de base de la Unión Sindical Obrera- USO me acerqué a La Llana, escenario de los luctuosos hechos. Personal del ejército no nos permitió acercarnos a más de doscientos metros. En el espacio revoloteaban los chulos y los zamuros. La hediondez era asfixiante. La Verdad sobre el número de muertos y desparecidos esta oculta, callada, silenciada. Al concluir este relato una lágrima cae sobre el teclado y me apresuro a secarle. Surge la pregunta: ¿qué situación ha cambiado en los designios y doctrina de la institucionalidad militar en Colombia, con hechos y personajes como los de la Zona Bananera y el campo de desolación de La Llana?
Y por la soberbia de la imposición de la llamada doctrina militar, se niegan a pedirle perdón al pueblo colombiano.
“…vinculamos a la extensión critica con aquellos grupos sociales que están en condición de subordinación, con niveles de no cobertura de las necesidades básicas, de problemas económicos y sociales importantes que son la gran mayoría de nuestra población de América Latina…”
El Dr. Humberto Tomasino es un académico experto en el tema de la extensión universitaria, muy ligado a la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS de la Universidad Nacional de Costa Rica.
El Dr. Tomasino fue invitado para participar en el III Congreso de Extensión Universitaria que se llevó a cabo del 21 al 23 noviembre de 2017 en la Sede Regional Brunca, Campus Pérez Zeledón.
¿Cuál es su impresión general sobre los temas abordados en el Congreso y las posibilidades que el tubo de compartir con académicos y con algunos proyectos ya propiamente en el campo?
Humberto T: Bueno, primeramente saludar a los compañeros universitarios de la UNA, participé en el congreso, estuve los dos primeros días y quedé fuertemente impresionado del nivel de trabajo que tiene la UNA en la temática de extensión, claro que es un nivel heterogéneo, pero, en general es un nivel muy avanzado pensando en la realidad de la universidad latinoamericana. Yo he tenido el privilegio de recorrer de hace más de diez años muchas universidades y realmente cuesta encontrar como lo encontré aquí un nivel profesional de profesores en cuanto a nivel académico en primer lugar, pero también como un factor clave para pensar la extensión, el compromiso universitario en los distintos compañeros y compañeras de la UNA, gratamente impresionado con el nivel de trabajo en los grupos y en las exposiciones.
Pude recorrer el primer y segundo día algunos grupos de trabajo, no me quedé en un uno solo sino que pude ir transcurriendo por el trabajo grupal y también pude ver una discusión global interesante en donde todo el legado que tiene la UNA desde su fundación hasta hoy uno puede ver que se mantiene e incluso crece. Cuestión que inclusive pude ver en algunos trabajo de campo sobre todo en el trabajo que tiene la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA.
Dada su experiencia y trayectoria a lo largo de América Latina, queremos que nos explique, ¿qué son para usted indicadores sociales y comunales, de que estamos hablando?
Humberto T: Bueno, eso lo hemos conversado con los compañeros de la Escuela de Planificación y Promoción Social. En general, puedo decir que por lo que hemos visto acá y a nivel global en cuanto a la evaluación de la extensión, es toda aquella práctica sustantiva que la universidad tiene.
Encontramos en algunos lugares unas prácticas reflexivas de valoración extensionista, de sistematización de experiencias, pero lo que no hemos encontrado con mayor énfasis, con un trabajo profundo y detallado es sobre todo cuando estos proyectos trabajan con familias. Estos son indicadores, es decir algo así como la línea de base cuando arrancamos los proyectos, esto nos parece muy importante porque en general esto lo reclama la extensión ¿en cuánto impacto genera o cuánto impacto tiene? y al no tener una línea de base de concepción interdisciplinaria que implique los campos de acción del trabajo, es muy difícil poder decir cuál es el impacto que genera en donde la universidad trabajó.
Nosotros en este caso tenemos dos experiencias vinculadas a pensar este tema de la evaluación:
Por un lado tenemos una reciente publicación de un libro en donde revisamos las experiencias de la evaluación de la extensión en tres universidades del Sur: la Universidad la República, la Universidad de la Plata y la Universidad de Córdoba, este libro yo lo voy a dejar, en donde hay distintos abordajes de cómo evaluar los procesos extensionistas y ahí hay un pequeño avance de cuestiones que deben ser profundizadas; por otro lado, hemos trabajado con equipos universitarios y de organizaciones sociales en la búsqueda de indicadores de sustentabilidad, sobre todo cuando trabajamos con familias campesinas; nosotros hablamos de familias con agriculturas familiares en Uruguay y ahí generamos una metodología de evaluación de la sustentabilidad-insustentabilidad, así la denominamos en donde aparecen ámbitos sociales, económicos, ecológicos combinados, que nos permiten cuando arrancamos un proyecto, tener una idea de cuál es la situación de partida, lo que se denomina en evaluación de impacto, línea de base y ahí trabajamos. Por ejemplo, el tema de los indicadores sociales, por supuesto, es por nivel de ingresos y eso es una reconstrucción que hacemos mediante una entrevista detenida que hacemos con las familias, pero un indicador económico que nos importa mucho también tiene que ver con la capacidad de transmisibilidad de los sistemas.
Cuando hablamos de fincas campesinas a la hora de la salida de los titulares de la finca y a la tomada de posición y de trabajo por parte de la descendencia de los hijos e hijas, que muchas veces el modulo económico no es suficiente para que se reproduzcan cuatro nuevas unidades familiares y ahí hablamos de un unificador económico que es de transmisibilidad, que permite entender en algunas regiones cual es esa cuestión de la capacidad de continuar los ciclos familiares una vez que los titulares originarios de previo se jubilan o se pensionan.
¿Qué podríamos agregar en cuanto a indicadores que tienen que ver con la formación y con participación a la hora de pensar la sustentabilidad, en este ejemplo en de las familias?
Importante desde el punto de vista económico pero más aún del social se trabaja con indicadores que tienen que ver con formación, con participación, en este sentido, hay dos indicadores que nos parecieron bastante importantes a la hora de pensar la sustentabilidad de las familias que es:
La satisfacción de necesidades y su vinculación con la calidad de vida y ahí trabajamos con una doble entrada cualitativa en los dos casos. Pero una que tiene que ver con indicadores subjetivos: ¿qué sienten y qué perciben?, ¿cuál es la percepción de la calidad de vida por parte de las familias?, no es algo que nosotros construyamos solos, sino, que se hace previamente con ellos y que después se valora.
Los otros son indicadores de calidad de vida de tipo estructural y además agregamos un indicador que lo tomamos de una metodología francesa de indicadores de sustentabilidad, que es el indicador de sucesión y junto con el indicador de transmisibilidad nos indican que en una familia en un horizonte temporal, por ejemplo de diez años cuál, es la posibilidad de que se mantenga produciendo con alguno de sus descendientes inmediatos y eso hace que nosotros tengamos una batería de indicadores que nos permitan entender el estado actual, pero también el futuro de esa familia produciendo en este caso agricultores o campesinos.
Cuando se habla propiamente del abordaje de la extensión crítica, ¿tiene que ver con lo anterior o es un concepto que se puede explicar de manera independiente?
Humberto T: Está totalmente ligada una cosa a la otra, porque hablar de extensión critica implica pensar, concebir de una determinada forma de objeto colectivo con el cual uno trabaja y entonces cuando nosotros trabajamos por ejemplo con campesinos, lo concebimos como un sujeto con el cual construimos esos escenarios de extensión y luego lo concebimos críticamente, entonces, consideramos la familia campesina inserta en un proceso en donde muchas de las cuestiones que tienen que ver son, el poder y todas las connotaciones que tienen que ver en su vínculo con otras clases o funciones sociales. Entonces, la extensión crítica debe recuperar con quien se vincula el objeto de estudio, nosotros en ese caso vinculamos a la extensión critica con aquellos grupos sociales que están en condición de subordinación, con niveles de no cobertura de las necesidades básicas, de problemas económicos y sociales importantes que son la gran mayoría de nuestra población de América Latina.
¿Es ver lo estudiado desde diversas miradas divergentes?
Concebimos al sujeto como un sujeto que está en un marco de situaciones de dominación, pero, también de antagonismo y resistencia eso es parte de la extensión crítica, para eso hay que tener algunos indicadores que denoten cual es el proceso que tienen esas familias en el marco de su vinculación con el sistema capitalista con el cual se vincula; y por otro lado, esta postura de extensión crítica rescata el legado histórico de algunos pensadores fundamentales de América Latina, para pensar el trabajo con los sectores populares como lo son Paulo Freire, Orlando Fals Borda entre otros y de esta manera, digo que salva la posibilidad de no transferir ni cultura ni conocimiento ni tecnología, sino, construir conocimiento “junto con” esa es la tradición más fuerte tanto que la Educación Popular como de la Investigación Acción de los cuales estos autores, compañeros, educadores latinoamericanos han construido bases.
La extensión crítica entonces arriba en estas cuestiones que tienen que ver con la Educación Popular y su vinculación fuertemente con los movimientos sociales latinoamericanos, con las organizaciones sociales, se enlaza fuertemente con situaciones societarias que la universidad necesariamente debe de observar, pero, en las que debe comprometerse e intentar resolver de una manera participativa en la cual también se transforme ella, es decir, acá lo que debe darse es un vínculo de mutua interpelación entre la universidad (estudiantes, docentes, funcionarios) y los sectores populares en los cuales la universidad se relaciona, esto es de alguna forma la extensión critica.
¿Cómo debe entonces complementarse el trabajo de la extensión con la investigación?
Humberto T: Claramente la extensión comprendida como diálogos de saberes y como extensión critica implica una investigación conjunta de la realidad para su transformación ya que para la extensión, la investigación es un proceso que es inherente. Por otro lado, se pueden concebir procesos de investigación participativo y también puede haber investigación de corte más tradicional.
Lo que abunda en nuestra universidad latinoamericana es una visión más positivista, aun así, una investigación que no sea necesariamente participativa, aborda algunos contenidos y objetos de estudio que son necesarios a la hora de pensar procesos de diálogo.
Por ejemplo, algunas cuestiones ambientales, sofisticaciones del tipo de análisis químico, estadístico, en donde no necesariamente se generan procesos de participación de la población meta involucran tecnologías ya sean de análisis o interpretación altamente sofisticadas que son necesarias para el estudio, dado que ese conocimiento generado ahí, dan insumos para la teorización, la problematización de los procesos de extensión crítica, o sea que el vínculo es completo.
Es importante tener en cuenta que hay algunos procesos en donde la investigación está incorporada como una parte activa, donde todos los sujetos de la investigación, tanto actores sociales como universitarios forman parte de ese equipo y otra investigación en la cual a veces no se integran los sectores populares, pero, es utilizada después por estos sectores para teorizar y problematizar campos específicos. Es necesario tener en cuenta que esa información sino la tenemos, no nos permitiría ver con profundidad el objeto de nuestro trabajo, el cual aspira a que transformación positiva en la sociedad la hagamos en forma colectiva.
La Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA tiene 45 años de existencia. En el mes de marzo de 2017 fue acreditada y premiada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior de Costa Rica-SINAES como una de las carreras con sello de calidad. ¿Qué retos cree usted nos plantea a la Escuela dicho reconocimiento?
Humberto T: Bueno, yo en una gira que hicimos en varios puntos de trabajo de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA particularmente en Cureña y en la Región del Golfo de Nicoya me quedó muy claro de porqué fue y por qué es el reconocimiento que la Escuela ha obtenido. En el recorrido por las comunidades yo pude comprender directamente, no solamente de docentes, sino, fundamentalmente de estudiantes lo que la Escuela hace, claro es una fracción de lo que la Escuela lleva a cabo, pero quedé impresionado fuertemente con el trabajo de la EPPS y la participación de los estudiantes en trabajo con actores y sectores sociales vulnerables socialmente.
Fui testigo del reconocimiento a la Escuela de parte de los cooperativistas, los pescadores, pobladores de las Islas del Golfo, sobre la labor de la Universidad Nacional en su regiones; representantes de organizaciones comunales que manifestaron la necesidad de que la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, se mantenga en estos territorios y espacios de trabajo, porque les ha ayudado, los ha respaldado y han logrado avances en el desarrollo de sus comunidades que de otra manera hubiese sido imposible.
Los retos son mirar al objetivo porque ninguna actividad es perfecta, pero son desafíos de superación que he visto como se están trabajando en la Escuela. He conversado con el Director de EPPS- Master Miguel Céspedes Araya quien tiene claridad al respecto, de cuáles son los avances y mejoras en la docencia, investigación y extensión universitaria de cara a la sociedad.
Producto de la conversación con autoridades de la Escuela, con los académicos y los estudiantes, me agrada la fuerte convicción que se tiene de un perfeccionamiento en todos los aspectos teóricos-metodológicos en cuanto a los abordajes que la Escuela realiza, de la necesidad de ser profundizados y ampliados.
A mi modo de ver y de mi relación con la UNA desde hace varios años considero que la Escuela construyó una confianza académica y política muy fuerte, que permite que los estudiantes tengan una buena inserción en ella, que se pueda investigar sabiendo cuales son los verdaderos problemas de la población, que se pueda mantener los proyectos de extensión que tienen como sustento intervenir en las comunidades para una acción afirmativa.
¿En el contexto Latinoamericano cómo ve la EPPS?
Yo no conozco toda la Universidad Nacional, pero este es un ejemplo muy interesante de la propuesta que hemos impulsado en América Latina, que tiene que ver con la integración de la extensión en los planes de estudio, en las curriculas y que las disciplinas puedan encontrar e incorporar prácticas extensionistas inclusive durante el semestre curricular ordinario.
Esa es una condición fundamental, poder repensar el aprendizaje, la enseñanza de los estudiantes y el trabajo docente, eso es una realidad de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, claro que hay que profundizar y la Universidad Nacional puede mostrar excelentes experiencias que son de búsqueda y de concreción de algunos objetivos que están en el ideal de la Universidad Latinoamericana que emana de Córdoba en 1918.
Entonces, caracterizar el trabajo de la Escuela, el trabajo de la UNA en esta parte fundamentalmente, refleja la construcción de la Universidad Latinoamericana, ahí hay bases claras para pensar de esa manera. La Universidad Nacional-UNA de Costa Rica es vista como una casa de estudios latinoamericana, que se proyecta como un todo al generar una acción profesional, académica, científica y cultural que va desde la universidad hacia la sociedad en la que está inserta, pero que exige una respuesta en sentido inverso, desde la sociedad hacia la universidad, que enriquezca el diálogo y constituya una real praxis sociocultural.
Recorriendo las diversas comunidades en Costa Rica y constatar la mano solidaria de la UNA en ella, me satisface ese diálogo permanente, proactivo, creativo y crítico que practica la Universidad Nacional, para ser protagonista en la solución de las demandas que provienen de los sectores más vulnerables de la sociedad, desarrollando una sensibilidad especial para escucharlas, entenderlas y atenderlas.
Por: Msc. Efraín Cavallini Acuña
Académico EPPS-UNA
Colaboración:
Gabriela Corrales Alfaro. Sociología UNA
Isabel Calvo-EPPS-UNA
Oscar Juárez-EPPS-UNA
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría, UNA.
Arqueólogos del Museo Nacional concluyen en su “Informe de inspección arqueológica por denuncia de las obras de mejoras al acueducto Sardinal-Playas del Coco Guanacaste” que:
“VI. Consideraciones finales
El trabajo de inspección efectuado por los que suscriben el presente informe y del equipo conformado por profesionales del AyA, permitió determinar que existen depósitos arqueológicos correspondientes al sitio Calle El Carpintero (G-1049 CEC) en las inmediaciones del trayecto del camino público por el cual el AyA está colocando la tubería de agua para las mejoras al Acueducto Sardinal – Playas del Coco.
La mayor parte de la evidencia observada se encuentra en propiedades privadas adyacentes al camino público. Los restos patrimoniales que se encontraban en el derecho de vía del camino fueron impactados desde hace muchos años atrás con la construcción del camino del barrio, ocasionando la destrucción y/o alteración de al menos dos concheros que pudieron tener entre 15-20 m de diámetro y entre 1 y 1.5 m de espesor.
Perturbación adicional ha sido causada a los depósitos mencionados debido a la construcción de casas, colocación de cercas, tuberías, tanques sépticos y otra infraestructura asociada, sin embargo, en ningún momento, con anterioridad, se realizó una denuncia al MNCR tal y como lo expresa claramente la Ley 6703.
Durante nuestra inspección, no se comprobó que los trabajos del AyA hayan alterado o destruido restos arqueológicos patrimoniales, de hecho, no se observan restos culturales ni en el terreno donde se encuentran los pozos de agua ni en la mayor parte del tramo de la tubería que ya fue colocada, zona en la cual, aunque ya se tapó la zanja si hubieran existido restos culturales se observaría una gran dispersión de conchas y fragmentos cerámicos en superficie.
Por otra parte, en la zona en donde se observa la mayor concentración de materiales arqueológicos a la vera del camino (no en el camino propiamente) no se ha colocado la tubería debido a la falta de codos para completar el trabajo y esta zona debe contar con una supervisión arqueológica permanente al momento de realizar la zanja.
VII. Recomendaciones
A partir de lo observado en el inmueble supracitado se plantean las siguientes recomendaciones.
Coordinar con el AyA para que personal del DAH del MNCR supervise la colocación de tubería en la zona en que está no se ha puesto dentro de los linderos del sitio G-1049 CEC. Debido al compromiso adquirido con la comunidad, los trabajos no podrán realizarse sin que esté presente personal del MNCR.
Enviar el presente informe a los personeros de AyA, así como al investigador del OIJ (señor Ricardo Cabalceta) y a la oficina del Ministerio Público en Santa Cruz para que tomen las acciones según corresponda.
Propiciar en el futuro un trabajo exploratorio que permita una mejor definición del sitio arqueológico y sus componentes, pues hasta la fecha este sería el sitio arqueológico que presenta depósitos de concha, registrado en la zona cercana a la Bahía Culebra, ubicado más adentro en tierra firme.
Aprovechar dicho trabajo para favorecer un mayor acercamiento con la comunidad y que tengan un mejor conocimiento de su pasado prehispánico y el valor cultural y patrimonial que tiene el lugar en donde viven en la actualidad”.
Invitamos a leer el documento completo en el siguiente enlace:
Primero el Diario Extra y La Nación después, dieron cuenta a la opinión pública nacional que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por medio de su Junta Directiva y de su Director Financiero, el señor Gustavo Picado Chacón, que contrataron a la firma privada Oceánica el seguro de bienes patrimoniales de la institución, conocido como TODO RIESGO para cubrir poco más de $ 2.000 millones en infraestructura de la CCSS.
Al respecto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), integrantes ambas del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, manifestamos:
La Ley de la República No. 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, establece en su artículo 7 que: “El Estado ejercerá la actividad aseguradora por medio del INS y las sociedades anónimas que se establezcan entre bancos públicos y el INS. En virtud del principio de unicidad del Estado, tanto el Gobierno Central como las demás instituciones del Sector Público, reconocen al INS como la única empresa de seguros del Estado. Para ello, el Estado contratará directamente con el INS todos los seguros necesarios para la satisfacción de sus necesidades, siempre que el INS ofrezca condiciones más favorables considerando prima, deducible, cobertura y exclusiones, así como la calidad del respaldo financiero y respaldo de reaseguro”.
Es claro que, aunque la prima que cobrada el INS era un poco mayor (entendemos que un monto cercano a $ 259.000 que lo que cobro Oceánica); los demás elementos reglados por la Ley NO podían ser desconocidos por los altos funcionarios técnicos de la CCSS que recomiendan a la Junta Directiva contratar con otra aseguradora desconocida en el medio.
La calidad del respaldo financiero del INS respecto a Oceánica y la calidad del respaldo de reaseguros, sencillamente no son comparables. Pero aun así, con argumentos tan risibles, como que:
La oferta de Oceánica fue más baja en prima que la del INS (poco menos de $ 259.000)
La Oferta del INS venía en “días naturales” y “no hábiles”.
Los señores de la CCSS, encabezados por su Director Financiero, Gustavo Picado Chacón, pese a las implicaciones económicas, jurídicas, y propiamente del riesgo en juego que conlleva esta contratación, recomiendan y avalan contratar con Oceánica. Y la Junta de la CCSS lo aprueba. ¡Esto es lo peor!
Resaltamos también que el propio auditor interno de la CCSS, el señor Jorge Arturo Hernandez, manifestó su oposición a esta contratación con Oceánica. ¡No lo escucharon en Junta Directiva de la Caja!
Para que los y las costarricenses tengan un claro ejemplo:
Si sucediera un evento, similar al del Hospital de Puntarenas como hace unos años, y hubiese que indemnizar a la CCSS, digamos con $ 15 millones, por los daños; el INS asume dicha responsabilidad y paga en un período corto y como corresponde. La pregunta es: ¿tendríamos la misma seguridad con esta otra compañía cuyo respaldo financiero local es infinitamente menor al del INS y no se sabe que reaseguradores utiliza? La afectación para los usuarios de la CCSS es evidente.
El asunto está en que NO podemos esperar a que se sucedan siniestros y a ver si paga o no paga. ¡Con el INS eso jamás sucedería! Es nuestra aseguradora. Y los más importantes: el INS cuenta con LA GARANTIA DEL ESTADO DE COSTA RICA, pero Oceánica NO tiene dicho respaldo. Y esto, señores y señoras, en estas sumas aseguradas es determinante. Pese ello la CCSS se fue con Oceánica.
PROCESO DE CONTRATACIÓN
Nos llama la atención que la CCSS abre un proceso de contratación de seguros, entendemos que por primera vez pues, históricamente, venía contratando con el INS de forma continua. En las valoraciones de criterios para elegir el elemento determinante fue el precio; NO las garantías ni respaldos financieros, ni trayectoria. Tampoco lo fue lo que el Art. 7 de la ley de seguros citada señala. Curiosa y presuntamente, nos parece todo esto como el clásico compadre hablado. Eso deberá ser investigado a profundidad.
Pesó más una diferencia de $ 259.000,00 (doscientos cincuenta y nueve mil dólares) en un contrato de $ 2.000 (dos mil millones de dólares) cuya prima anual cobrada por el INS fue de $ 2.135.731 y Oceánica de $ 1.876.591. Todavía el Director Financiero de la CCSS dice que “hubo un importante ahorro”. ¡Por favor señores, sean más serios y no se burlen de los costarricenses!
Insistimos y creemos que hubo mala fe de los técnicos de la CCSS al no contratar con el INS, bajo el pírrico argumento de que era más cara y que el plazo de vigencia de la oferta venía en días naturales y no hábiles. ¡Qué poca seriedad!
Es posible que “legalmente” todo esté correcto. Pero, y adónde quedó lo que presuntamente habría sido inmoralmente incorrecto, amañado, compadrado y, sobre todo, malintencionado del concurso; que no previno variables de valoración usualmente acostumbradas como: RESPALDO Y FORTALEZA FINANCIERO, GARANTIAS DE CAPITAL, REASEGUROS, EXPERIENCIA, ETC. De haberlo hecho, sin duda nunca hubiesen contratado a una aseguradora de tercera categoría y poner en riesgo el patrimonio de la CCSS.
Recemos para que no suceda ningún evento catastrófico antes del 31 de octubre del 2018, fecha en que vence este nefasto contrato CCSS-Oceánica.
CEMENTAZO, OCEÁNICA, JCB Y TEMAS AFINES
Es probable que los técnicos de la CCSS, encabezados por su Director Financiero, Sr. Gustavo Picado Chacón, vivan en otro país que no es el nuestro. Esto lo decimos porque pareciera que no notaron que alrededor de esta aseguradora, Oceánica, pesan un sin numero de cuestionamientos en torno al tema del “Cementazo” por emitir garantías a favor de las empresas del Sr. Juan Carlos Bolaños Rojas (Grupo JCB), en un caso que se investiga en la Asamblea Legislativa, La Fiscalía General de la República, la Procuraduría de la Ética, entre otros.
Esta affair de una desconocida compañía de seguros que incursiona en importantes contrataciones públicas con la CCSS, bancos públicos y privados , llama poderosamente la atención en momentos en que todos nos cuestionamos los llamados tráficos de influencias en la esfera pública, mismos que hoy tienen al país de cabeza y a los partidos políticos tradicionales en coma. No hablamos del proceso de elecciones, que es el espejo de toda esta inmundicia que “hiede” a podredumbre. ¿Será este contrato de la CCSS con Oceánica un capítulo más de esta peste de tráfico de influencias? Veremos…
RESPALDO AL INS
Como organizaciones sindicales responsables, respaldamos al INS en este tema en particular y creemos que casos como estos NO pueden suceder a futuro. El INS es la aseguradora de los y las costarricenses, cuenta con la garantía del Estado y las leyes son claras respecto a la contratación de todas las entidades públicas con el INS. ¿O es que ahora se volvió un botín los seguros del Estado con compañías privadas? ¡Estamos informados y estaremos alertas!
DEBER DE LA JUNTA DIRECTIVA CCSS DE EXPLICAR LO SUCEDIDO
ANEP y UPINS, con el aval del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, solicitarán a la CCSS rendir las explicaciones de este nuevo desastre. Valoraremos llevar al Ministerio Público este asunto, una vez conocida la respuesta de la Junta Directiva de la Caja.
San José, jueves 21 de diciembre de 2017.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP): Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS): José Luis Soto Rodríguez, Secretario General
El Consejo Universitario concluyó que la actuación del rector fue en un rol de instrumentación presupuestaria, en un proceso donde intervinieron varias instancias universitarias como puntos de control y filtro. (Foto. Andrea Jiménez).
Mediante un acuerdo ratificado este martes 19 de diciembre, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) declaró que la actuación del rector, Dr. Henning Jensen Pennington, con respecto al proceso de aprobación presupuestaria de la partida de «Servicios Especiales» de la Rectoría, para la plaza en la que se nombró a su hija en el Centro Infantil Laboratorio (CIL), no configura causa grave que haga perjudicial su permanencia en el cargo, que es el requisito estatutario para convocar la Asamblea Plebiscitaria y que esta decida si revoca o no el nombramiento.
El criterio se sustenta en el dictamen elaborado por la Comisión Especial, conformada por tres miembros de este Órgano Colegiado, que analizó el informe de la Oficina de Contraloría Universitaria OCU-R-111-2016, así como toda la documentación relacionada con este caso, en el cual se le atribuye al rector la presunta conducta irregular.
De acuerdo con la resolución del Consejo, la revocatoria de mandato del rector “resultaría desproporcionada e improcedente si se considera que sus actuaciones se realizaron dentro del marco jurídico predispuesto en los procedimientos de aprobación presupuestaria, los cuales, según su naturaleza, demandaban el cumplimiento de un deber ineludible atinente al cargo de rector”.
En vista de que en este momento existe una denuncia contra el rector, tramitada ante el Ministerio Público (expediente penal Nº 16-013340-042-PE) y que anteriormente el mismo Consejo Universitario había determinado que en la UCR no existe un procedimiento para analizar, disciplinariamente, la actuación del rector, el Órgano Colegiado dejó claro que este último acuerdo es de orden político institucional.
Para cumplir con el mandato dado por el Consejo Universitario, la Comisión Especial analizó tres procesos institucionales: el de regularización de la partida de “Servicios Especiales”, el de aprobación presupuestaria para cubrir la necesidad de recurso humano en el CIL, y el de nombramiento de funcionarios administrativos.
Dicho análisis concluyó que la actuación del rector Jensen se circunscribió a un rol instrumental de aprobación presupuestaria, como un eslabón de toda una cadena de instancias que intervienen en dicho proceso y que el nombramiento de Elena Jensen siguió todos los procedimientos institucionales y fue hecho directamente por la Dirección del CIL, no por el rector.
La decisión del Consejo Universitario de nombrar de su seno dicha comisión se dio después de que resultaron infructuosos otros esfuerzos para que ese análisis lo hiciera un grupo de personas integrantes de los Consejos de Área.
Después de la brutal agresión contra compañeros(as) bribris que están recuperando su territorio, en la finca usurpada por Rafael Salas Salazar, cinco compañeros(as) ya fueron atendidos(as) en la clínica de Buenos Aires y se encuentran bien, los nombres son:
Minor Ortiz Delgado
Mariana Delgado Morales
Elena Ortiz Rojas
Oscar Rojas Ortiz
Agritina Delgado Rojas
Se reportan agresores detenidos, por ahora no se conocen sus nombres.
El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) suma 30 años de existencia, periodo en el cual, ha evidenciado su compromiso con las razones que motivaron su existencia y que continúan guiando su trabajo.
La desigualdad, la discriminación y el rezago han acompañado la vida de las mujeres a lo largo de la historia, pero esa realidad fue reconocida mundialmente hasta que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró la década de 1975 a 1985 como el decenio de las mujeres.
Tras la celebración de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México, los estados miembros de la ONU se comprometieron a iniciar un proceso de cambio que favoreció la legitimación de las luchas que mujeres en todo el mundo venían desarrollando.
El movimiento feminista en Costa Rica y el resto de Centroamérica también había emprendido sus procesos de organización para exigir demandas concretas que tomaban mayor fuerza cada día, en medio de un efervescente contexto regional.
La declaratoria de la ONU hizo un llamado al sector académico y particularmente a las universidades, para que contribuyeran con la construcción de instancias especializadas, así como programas de grado y pregrado que estudiaran la realidad de las mujeres.
El llamado tuvo impacto en todo el mundo y a partir de 1980 empezaron a consolidarse esfuerzos académicos en Europa y Estados Unidos. En 1887, la UCR se sumó a la iniciativa con la creación del Programa Institucional Interdisciplinario de Estudios de Género (PRIEG), adscrito a la Escuela de Psicología.
La unidad tuvo a cargo la coordinación e integración de las numerosas experiencias de investigación, docencia y acción social que se desarrollaban en la institución desde los años 70`s, con el objetivo de generar conocimiento sobre la condición que experimentaban las mujeres en el país.
Un año más tarde, el PRIEG se convirtió en un programa permanente de la institución, adscrito a la Vicerrectoria de Docencia y fortaleció la ejecución de importantes espacios de reflexión y debate, e incluso, en 1992 dio lugar a la Maestría en Estudios de Género.
El programa se adscribe al Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) y se imparte por primera vez en 1993, con lo que se consolida como el primer espacio académico de su tipo en toda América Latina y el Caribe. La Maestría promueve más tarde, la creación de una Red Centroamericana de Programas de Estudios de Género y de la Mujer.
En 1999, la UCR cierra las funciones del PRIEG para dar lugar a la consolidación del actual CIEM; las competencias otorgadas incrementaron las posibilidades de incidencia de la unidad y marcaron el inicio de procesos investigativos, académicos y de acción social con mayor autonomía e impacto social.
Las académicas fortalecieron más que nunca sus vínculos de trabajo con los grupos de mujeres en las diferentes localidades del país y generaron investigaciones que a partir de datos concretos evidenciaron la necesidad de consolidar legislación con perspectiva de género.
Desde entonces, el CIEM cumplió un papel clave en la formulación y aprobación de legislación y políticas públicas como la Ley de Igualdad Social de la Mujer, La Ley de Violencia Doméstica, la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y la Ley de Paternidad Responsable.
Las pequeñas acciones cotidianas y también los grandes logros han evidenciado el compromiso del CIEM con la construcción de una sociedad más justa, en la que las oportunidades sean equitativas y ninguna voz sea silenciada.
Una importante participación en el debate público, la preparación de mujeres que nutren la labor de instituciones públicas en temas de género y la consolidación de alianzas con 23 universidades alrededor del mundo, son solo algunas de las iniciativas que evidencian un norte claro en la labor de la unidad.
Lejos de intentar favorecer a un solo sector de la población o tratarse de una agrupación exclusivamente de mujeres, el colectivo feminista es cada día más diverso y reconoce abiertamente, la necesidad de seguirse fortaleciendo para atender los desafíos actuales.
Muchas de las demandas que motivaron el origen de la lucha feminista en el país y en el resto del mundo siguen pendientes y conquistas consolidadas en el pasado amenazan con revertirse, una realidad que obliga al movimiento a mantenerse vigilante.
El camino nunca ha sido fácil y la lucha sigue activa desde las calles y desde las aulas universitarias, una sinergia denominada activismo desde la academia que casi nunca ha sido respaldada o al menos bien valorada.
Pero el movimiento feminista sabe que la desaprobación es natural, cuando se lucha contra el sistema social establecido y se proponen otras formas de pensamiento, que cuestionan comportamientos, evidencian injusticias y incluso, perjudican los intereses que quienes ostentan el poder.
Hoy, tras 30 años de haber legitimado esta lucha desde la Universidad de Costa Rica, las mujeres que han liderado la labor del CIEM reconocen el valor de los logros alcanzados pero aún más, de la necesidad de seguir adelante con una misión que está lejos de ser cumplida.
La psicóloga Nora Garita Bonilla lideró los procesos de trabajo del CIEM como directora de la unidad del 2012 al 2016.
La socióloga Montserrat Sagot Rodríguez se desempaña desde el 2016 y hasta hoy como directora del CIEM.
La psicóloga Mirta González Suárez nutrió la labor del CIEM a lo largo de su carrera profesional y fungió como primera directora de la Maestría en Estudios de Género.
Laura Guzmán Stein, es trabajadora social y fungió como coordinadora del PRIEG de 1989 a 1999. Posteriormente, se convirtió en la primera directora del CIEM de 1999 al 2006.
Teresita Ramellini Centella, es psicóloga y tuvo a su cargo la dirección del CIEM del 2006 al 2012.
Más de 700 proyectos en ejecución, servicio social y programas de formación continua y abierta, definen a una Universidad que es para todos
Entrevista a Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social
Dentro de la formación integral y humanista que se desarrolla en la Universidad de Costa Rica desde la década de los años setenta, la acción social está integrada en el currículo de todas las carreras que se imparten mediante los proyectos de Trabajo Comunal Universitario (TCU).
La Vicerrectoría de Acción Social es la instancia académica encargada de facilitar la relación entre la Universidad de Costa Rica y la sociedad, de manera que la Institución pueda cumplir efectivamente con el propósito de contribuir con las transformaciones que se necesitan para el logro del bien común. La interacción permanente por medio de la acción social le permite a la Universidad construir nuevo conocimiento, entender y atender necesidades, escuchar demandas y enriquecer su labor, en estrecha relación con la comunidad.
Y precisamente sobre esa interacción de saberes entre la UCR y la sociedad en este 2017, conversamos con la Mag. Marjorie Jiménez Castro, quien está al frente de dicha Vicerrectoría.
–¿Cuál es el peso, la relevancia, de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) dentro del engranaje de la Universidad de Costa Rica?
Mag. Marjorie Jiménez Castro: El quehacer de la Acción Social tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos y también con el modelo de Universidad que aspiramos. Por eso es parte de la formación integral que se otorga en las diferentes disciplinas impartidas en la institución. La acción social es un eje que atraviesa todo el quehacerde la UCR, la docencia y la investigación; busca contribuir de manera solidaria y dialógica con los más diversos sectores del país, especialmente con aquellos con menores oportunidades.
Nuestra acción social posibilita una construcción dialógica entre la Universidad y los más diversos sectores sociales de nuestro país, pero sobre todo los vulnerabilizados. Es una oportunidad para que docentes y estudiantes se acerquen a otras formas de conocimiento que se aprehenden, cuando salimos de las aulas universitarias e interactuamos con las realidades nacionales. Con esta oportunidad crece la universidad y las comunidades en un aprendizaje mutuo.
Desde la Acción Social hablamos de solidaridad, del bien común, de fortalecer los grupos y comunidades excluidas y con menos oportunidades, de generar procesos de liberación y el desarrollo de las capacidades comunitarias. Esas son principalmente las comunidades y grupos sociales con los que queremos compartir desde las ciencias sociales y desde todos los ámbitos del quehacer universitario.
– ¿Cuáles ideas han sostenido su gestión durante este tiempo al frente de la VAS?
MJ: Mi gestión no se encuentra fuera de la controversia y de las ambigüedades a las que se enfrenta la acción social o la extensión universitaria en las muchas universidades latinoamericanas en la actualidad.
Con la extensión no solo se busca vincular los procesos de enseñanza y creación de conocimiento con los grandes problemas nacionales y necesidades de los sectores populares de la sociedad, sino que ha permitido articular proyectos políticos-académicos que implican una manera de hacer universidad.
Tenemos en la actualidad dos modelos principales de hacer acción social o extensión en la mayoría de los países latinoamericanos, uno que sostiene que todas las actividades que se hacen son extensión: por ejemplo, la difusión cultural, divulgación científica y transferencia tecnológica. El otro es una mezcla de las ideas de la educación popular y la investigación-acción-participación o extensión crítica en algunas universidades uruguayas o extensión popular en universidades brasileñas.
El III Congreso Universitario marcó un camino para la Vicerrectoría, se trata de aprender, formarnos mutuamente y compartir conocimientos. María Eugenia Dengo, vicerrectora de Acción social de 1974 – 1976, indicaba que “el contenido característico de la acción social ha de ser la interrelación con la sociedad costarricense, que sustente y dé sentido a la Universidad y a la que por lo tanto, la Universidad se debe. No es simplemente el criterio de proyectarse a la sociedad o de realizar extensión de las aulas hacia ella. Es trabajar de cara a la sociedad en labor recíproca de dar y recibir y de enriquecer continuamente el contenido de Acción Social”.
–¿Cuáles son los principales logros alcanzados desde que usted asumió el cargo?
MJ: Los logros alcanzados han sido producto de una serie de esfuerzos e iniciativas colectivas, han participado comunidades, estudiantes, docentes de todas las unidades académicas, funcionarios y funcionarias de la VAS. Por ello quisiera reconocer algunas de esas acciones formuladas y ejecutadas por los responsables de cada instancia:
Para empezar, la VAS brinda acompañamiento, talleres y asesorías a nueve programas de Acción Social, 116 proyectos de Extensión Cultural, 453 de la Sección de Extensión Docente (292 de Educación Permanente, 67 Servicios especiales y 94 de Trabajo en comunidad) y 156 proyectos de Trabajo Comunal Universitario. Esta labor cotidiana es fundamental para el desarrollo de los proyectos.
“La máster Jiménez es una persona que ha impulsado sobre manera la acción social en las comunidades del Golfo de Nicoya y ha impulsado proyectos en regiones altamente vulnerables», así se refirió a ella el rector Henning Jensen Pennington, al nombrarla en el puesto en mayo del 2016. Jiménez se había desempeñado como Directora de la Sede del Pacífico de la UCR.
Específicamente quisiera resaltar algunos proyectos de las diferentes secciones que cumplieron una labor muy importante durante este año 2017:
El 2017 constituyó para la Vicerrectoría de Acción Social, y en general para la Universidad de Costa Rica, un año de grandes logros en el trabajo junto a Pueblos Indígenas. Las acciones del Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas permitieron la realización de tutorías académicas a más de 400 estudiantes de décimo y undécimo año, de 11 colegios en territorios indígenas. Esta acción institucional fue posible mediante el trabajo conjunto entre la Universidad y las comunidades educativas de los colegios. Asimismo, se apoyó a 33 estudiantes de primer ingreso provenientes de territorios y pueblos indígenas en su proceso de adaptación a la vida universitaria.
Un hecho relevante para el 2017, fue el avance en la conformación de una Red Institucional para el trabajo con Pueblos Indígenas. La creación de esta Red permitirá a la Universidad tener una instancia que articule los diferentes proyectos de Acción Social y de otras vicerrectorías que se llevan a cabo en territorios, lo cual facilitará espacios de intercambio entre las iniciativas y un mejor uso de los recursos institucionales.
ED-74 “Atención Psicosocial ante situaciones de desastres y emergencias”, de la Escuela de Psicología”. Brinda atención psicosocial frente a emergencias y desastres ocurridos en la Universidad de Costa Rica y a nivel nacional cuando la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y atención de Emergencias lo convoca.
ED- 3207 “Construyendo un Modelo de Gestión Educativa Territorial” de la Escuela de Administración Educativa, el cual genera herramientas y un estilo de educación desde lo no formal en líderes y lideresas de Upala, además de emprender las acciones que se implementarán en el marco de recuperación del Huracán Otto.
TCU – 596 “Apoyo a la gestión local comunitaria en Costa Rica” de la Escuela de Geografía, el cual entrega a las organizaciones de base de las comunidades, la valoración integral de su espacio rural realizado mediante vinculo estratégico con la Asociación de Desarrollo Integral u organizaciones de productores comunitarios.
TCU-509 “Prevengamos los riesgos ante los desastres”, de la Escuela de Trabajo Social. El proyecto consistía en la gestión del riesgo de la localidad y el fortalecimiento de la gestión articulada entre diversos actores locales e institucionales.
TCU-486 “Contribución a la conservación y revitalización de la cocina tradicional costarricense”, de la Escuela de Nutrición, cuyo objetivo fue contribuir con acciones educativas, de investigación-acción, difusión y producción de materiales diversos sobre la cocina tradicional costarricense.
EC-408 – “Diversidad lingüística” es un proyecto que trabaja en documentar y revitalizar de las lenguas indígenas costarricenses.
El programa PROIN que como proyecto nació en el año 2009 para ofrecer a la población con discapacidad cognitiva moderada, la oportunidad de incluirse en el ambiente universitario a través de cursos libres que les permite cumplir con su derecho a la educación continua y a su desarrollo personal y social con dignidad. Un logro de la VAS fue la consolidación de este proyecto como Programa Institucional, lo que ha convertido a nuestra universidad en líder de la inclusión de personas con discapacidad, para convertirnos en la Universidad para realmente todos y todas.
El Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) se ha posicionado como un referente a nivel nacional e internacional en temas relacionados con la vejez y el envejecimiento, particularmente en lo que respecta a la educación para mayores. Razón por la cual participó durante el 2017 en distintos espacios vinculados al Ministerio de Salud Pública, Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional de Rectores, Encuentro Mundial de Zonas Azules, intercambio internacional con la Universidad de Alicante PUAM-UA y la Universidad de Extremadura;
Las “Iniciativas Estudiantiles” reunieron este año un total 26 propuestas. Las poblaciones con las cuales se trabajó fueron: población joven e infantil (60%), mientras que el 40% de los proyectos trabajaron con personas adultas. Se logró la consolidación del grupo de jóvenes «Liderazgo juvenil Salitre», el fortalecimiento de la RED de colectivos de mujeres de occidente y culminación de exposición fotográfica «Mujeres transformando espacios» en el Museo de San Ramón y la articulación con gobiernos locales, como Tucurrique y Curridabat (por medio de la Casa del Pueblo en Granadilla).Mediante la Resolución VAS-08-2016 sobre Trabajo Comunal Universitario, proyectos de Extensión Docente y Extensión Cultural y en coordinación con el despacho de la Ministra de Educación, se busca fortalecer la educación secundaria en el país.
Para la vicerrectora de Acción Social, el trabajo y el compromiso de los diferentes funcionarios y funcionarias de la VAS, hace posible que la UCR se acerque a las diferentes comunidades y poblaciones del país en una construcción mutua de conocimientos. Fotografía: Archivo VAS-UCR.
Los trabajos comunales afines a la temática educativa, así como otros proyectos de la VAS como Tutoría Indígenas, Habilidades para la vida de la Facultad de Educación, trabajan no solamente en reforzar los contenidos en materias de alto índice de exclusión escolar, sino que se realizaron actividades lúdico-creativas que benefician el desarrollo integral de los estudiantes de secundaria y de los universitarios. Durante el 2017, la Vicerrectoría de Acción Social cuenta con 177 proyectos de TCU, ED y EC en el tema educativo para un aproximado de 316 mil horas anuales dedicadas a este fin.
La Sección de Extensión Cultural tuvo a cargo la organización de una serie de actividades culturales y académicas en torno a la celebración de las declaratorias Por la Madre Tierra del año 2016 y Las Universidades públicas por la Vida, el diálogo y la Paz del 2017.
Se ejecutaron 20 proyectosde Fondos Concursables VAS. Estos proyectos se formularon desde unidades académicas, como Ciencias básicas, Agroalimentarias, Salud, Ciencias, Artes y Letras, instituto Clodomiro Picado, Centro Investigaciones Agronómicas, Sede del Caribe, del Pacífico y Recinto de Golfito.
Los proyectos abarcaron prácticamente todas las regiones y provincias del país, y beneficiaron a poblaciones diversas, como comunidades indígenas, niños y niñas sordas del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell, poblaciones de Puntarenas, maestros y maestras de territorios indígenas, agricultores orgánicos, consumidores, productores y procesadores de savia del coyol, docentes de preescolar y primaria del MEP de Golfito, mujeres participantes del Programa Estilos de Vida Saludable, estudiantes de colegios públicos, mineros del Distrito de la Sierra, mujeres en la dinámica de tráfico de drogas, población nativa y migrante de las regiones bananeras.
Se creó la Comisión interdisciplinaria por la justicia penitenciaria (CIJPE) como resultado del proceso de trabajo con el Ministerio de Justicia y Paz, desde la Unidad de Programas Institucionales y en conjunto con las Escuelas de Psicología, Antropología, Trabajo Social, Química, Ciencias Políticas, la Facultad de Derecho y proyectos de iniciativas estudiantiles.
El proyecto Habilidades para la vida es uno de los campos de trabajo de acción social, en conjunto con la Facultad de Educación, dirigido a jóvenes de secundaria de zonas alejadas del Gran Área Metropolitana, que ha venido a incrementar notablemente sus opciones de ingresar a la educación superior pública. Fotografía: Archivo ODI-UCR.
Los Campamentos de Desarrollo Humano, hacia el acceso universal de la educación es una propuesta intersedes, que se realizó durante los meses de enero, febrero y marzo 2017 en la Sede de Guanacaste, la Sede de Occidente, la Sede de Caribe, la Sede de Turrialba, la Sede de Pacífico, así como los Recintos de Golfito, Guápiles, Santa Cruz, Paraíso y Grecia. Se ofrecieron 355 a una población directa 4041 personas en el marco de 355 actividades educativas. Las temáticas fueron diversas, temas de medio ambiente, campamentos de marimbas y de conservación de murciélagos, y un campamento de trompetas.
Foro de Acción Social hacia la universidad de los saberes, por el bien común se inscribe como parte de las actividades de conmemoración de los 100 años de la Reforma de Córdoba y es un gran esfuerzo realizado por 46 unidades académicas que han reflexionado sobre su quehacer y el de las VAS. Se ha generado una histórica cantidad de materiales sobre la acción social y su papel en la Universidad. Solamente la unidad de Comunicación de la VAS generó más de 20 videos sobre el tema.
–En su criterio, ¿cuáles aspectos del quehacer de la Vicerrectoría de Acción Social se deben fortalecer?
MJ: Podría mencionar algunos aspectos señalados por las unidades y que comparto:
– Debemos superar la excesiva tramitología y dar paso a procesos más sencillos y fluidos. A partir del próximo año, iniciaremos con la puesta en marcha de una manera diferente de trabajar desde la VAS, espero que esta manera de trabajo contribuya a solucionar estas dificultades.
– Debemos fortalecer el reconocimiento a la labor de la acción social, me parece fundamental darle el mérito a quienes dedican su trabajo para que esta institución se siga considerando, por las comunidades y por muchos grupos sociales, humanista y solidaria. Desde la VAS debemos insistir y dar herramientas para la sistematización del conocimiento generado fuera de las aulas universitarias y revisar las evaluaciones aplicadas para el puntaje que se asigna. También creo que las unidades académicas deben, de acuerdo con sus planes de desarrollo y competencias, asignar más recursos a la acción social.
– Mayor claridad de todos los que participamos en este vínculo universidad – sociedad, sobre los alcances y lo que definitivamente no es Acción Social.
– Formación y preparación académica de los proyectistas de Acción Social en temas fundamentales para el desempeño en este pilar universitario.
–¿Cuántos proyectos de Acción Social se encuentran en etapa de ejecución?
MJ: Por medio de la acción social se defiende la universidad pública, a través de más de 700 proyectos presentados por docentes y estudiantes de las más diversas unidades académicas, por medio de los programas de Acción Social como PROIN, PIAM, KIOSKOS AMBIENTALES, PEA, entre otros.
Estamos desarrollando una Unidad de graduados y graduadas, lo primero es contar con una base de datos para tener información actualizada sobre la población graduada. Este es un primer vínculo que nos ha permitido recibir insumos de estas personas con solicitudes, propuestas y ansias de volver a estar en contacto con la Universidad.
Se inició la estrategia institucional Red Alumni UCR, la cual pretende enlazar el trabajo de las diferentes Unidades con la población graduada para dar atención integral, al tiempo que se recupere la especificidad de cada área, desde metodologías colaborativas. Desde esta red se realizará un plan de trabajo para una primera etapa de acercamiento con la población graduada durante todo el 2018.
Adicionalmente, como proyecciones, estamos planteando levantar una estrategia de apoyo profesional a comunidades (Consultorios) junto con la Unidad de programas institucionales de Acción Social. En la misma línea, estaremos incorporando a la población graduada a los proyectos que se desarrollan en las comunidades y abriendo espacios para la incorporación de grupos artísticos, deportivos y recreativos de ex alumnas-os que quieran volver a ser parte de la Universidad.
Otro proyecto importante es la Escuela de Verano organizada por la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, la UNA y la UCR. Esta escuela de verano de Extensión Universitaria y Acción Social será́ un espacio de formación, para docentes y estudiantes de universidades Latinoamericanas, que permita teorizar y discutir sobre los abordajes teórico-metodológicos de la Acción Social, la producción de conocimiento, los procesos organizativos, reivindicativos y de interacción con las comunidades, las cuales también serán participantes de la Escuela.
Con la Escuela de Verano y con el Manifiesto sobre el posicionamiento político de la Acción Social, concluiremos un foro histórico para nuestra institución justo en el marco de la celebración de la Reforma de Córdoba. Uno de los nuevos conceptos que se deberán incluir en las agendas políticas de las universidades de América Latina, será sin duda el de Acción Social o Extensión Crítica.
El tercer proyecto que desarrollaremos desde la VAS durante el 2018 es la EXPO UCR en las regiones, como parte de la celebración del año de la Regionalización. Cada sede universitaria organizará, en el marco de esta conmemoración y en colaboración nuestra, la presentación de los proyectos académicos importantes para las regiones y el país. Aprovecharemos el año de la Regionalización para hacer un reconocimiento al docente que se haya destacado en la Acción Social con el otorgamiento del premio María Eugenia Dengo.
–¿Cuáles son los principales derroteros de la acción social hacia los que la UCR se está enrumbando?
MJ: Las contradicciones que tenemos a lo interno, cómo enfrentarlas y cómo continuar, nos motiva a organizar una reflexión institucional que oriente nuestro quehacer hacia una construcción participativa de lo que debe ser Acción Social en la UCR, esa es la razón principal por la que organizamos un foro en el 2016 y que concluye con la visita de Boaventura de Sousa Santos en abril del próximo año.
Debemos repensar y revisar cómo funciona la Vicerrectoría de Acción, desde la estructura funcional, hasta los conceptos que estamos manejando. Si bien es cierto la Vicerrectoría nace como una Vicerrectoría de Acción Social, mantenemos ideas extensionistas que debemos superar, sobre todo en un contexto que cobra mayor importancia el trabajo en redes y no la departamentalización de los saberes y los espacios.
Algo similar ocurre en las unidades académicas cuando prevalece el interés por lo académico, sin tomar en cuenta las necesidades del otro. Por esta razón, nos hemos dado a la tarea de analizar, desde la Vicerrectoría, las comunidades y las unidades académicas, la manera en cómo estamos formulando proyectos, sobre las herramientas metodológicas y administrativas utilizadas, la forma en cómo queremos acercarnos y reconocer a las comunidades, el concepto de la Acción Social que debemos utilizar para ser coherentes con los principios y valores institucionales. Este enorme trabajo nos lleva a redefinir y reivindicar la acción social y lo que esto significa para una universidad estatal como la nuestra.
Otra gran tarea es continuar motivando, facilitando y apoyando a las unidades académicas, para que incluyan en sus agendas de trabajo en red y de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, la atención de grandes problemáticas nacionales como: el fortalecimiento de la educación en nuestro país por medio de los Campamentos de Desarrollo Humano y el TCU, la inclusión de los pueblos indígenas, la accesibilidad y oportunidades para la población con discapacidad, los consultorios universitarios, solidarios y gratuitos, los derechos humanos, el desarrollo comunitario y fortalecimiento global, la salud, el arte, las tradiciones, el desarrollo ambiental sostenible y la socio productividad.
–¿Qué cantidad de recursos han sido asignados en este último año a la acción social?
MJ: Para el año 2017, el presupuesto ordinario para la Acción Social de la Universidad de Costa Rica asciende a ¢ 7,908.4 millones, el cual corresponde a los recursos del Fondo de Educación Especial para la Educación Superior (FEES) que se destinan para fortalecimiento de la acción social, divulgación e información.
Dentro de la estructura programática de la Universidad de Costa Rica, el presupuesto de la Acción Social se distribuye en los procesos de Divulgación e información, el cual incluye un presupuesto de ¢4,126.4 millones, distribuidos entre los tres medios de comunicación institucional, el Semanario Universidad, las Radioemisoras, el Canal UCR, así como la Oficina de Divulgación e Información.
Por otro lado, las actividades de apoyo para la acción social se distribuyen principalmente en el aporte de recursos para el desarrollo de proyectos de extensión docente, extensión cultural o trabajo comunal universitario, así como las unidades de apoyo de la Vicerrectoría para el desarrollo de los mismos, financiamiento para las colecciones y museos y recursos para la convocatoria de fondos concursables para la acción social, cuyo presupuesto total asciende a ¢2,818.4 millones.
Se destina, también un presupuesto para el teatro universitario (¢97.3 millones), para el Centro Infantil Laboratorio, entre otros (¢313.2 millones), así mismo, la institución mantiene el presupuesto correspondiente a los compromisos adquiridos y que a la fecha se encuentran en proceso de liquidación, cuyo monto asciende a un presupuesto de ¢553 millones.
En lo correspondiente a la distribución de ₡260.000.000,00 (doscientos sesenta millones de colones) de la línea estratégica de regionalización, esta Vicerrectoría utilizó, ₡90.388.909,98 en 14 proyectos inscritos mediante el programa de Regionalización de la Vicerrectoría de Acción Social, que impulsa la formulación de proyectos en las regiones del país, con el fin de lograr objetivos específicos de desarrollo local en un período determinado, en una localización específica delimitada, con un impacto esperado y una forma integral de abordar el desarrollo humano. ₡93.859.805,29 se distribuyeron en los Campamentos de Desarrollo Humano, Encuentros Comunitarios, Etapas Básicas de Música, el Plan Maestro Upala para la atención del Huracán Otto, proyectos y programas que atienden lo sucedido con la Tormenta Nate, así como otros apoyos adicionales a proyectos inscritos en la Vicerrectoría. Finalmente se otorgaron ₡80.000.000,00 (ochenta millones de colones) para nombramientos de docentes que tienen a cargo proyectos en las sedes.
