El día de hoy fue realizado el conversatorio «Desnudan la Caja y no quieren que la vistamos: Crisis de la CCSS y la criminalización de la protesta por su defensa», organizada por la Asociación de Estudiantes de la escuela de Ciencia Política y de Trabajo Social de la UCR en conmemoración del 8N.
En esta actividad se plantearon críticas y reflexiones sobre las recurrentes crisis de la seguridad social en nuestro país, desde un análisis crítico y contra hegemónico de los problemas de índole financiero, político y administrativo que afronta la institución. Además se presentaron algunos avances de la investigación realizada por Andrey Badilla Solano, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Vicerrectoría de Investigación de la UNED.
La actividad fue gratuita y abierta al público.
Información enviada a SURCOS Digital por Andrey Badilla Solano.
Cada año son más las noticias de inundaciones urbanas. Es cierto que éstas empeoran cuando los residuos sólidos bloquean los alcantarillados pluviales, pero no es la razón principal. Pueden estar limpios los acueductos pluviales, que igual habrá inundaciones. Es cierto que empeoran las inundaciones urbanas porque el calentamiento global hace estragos en el régimen de lluvias, pero no es la razón principal tampoco.
La principal razón por la que se inundan cada vez más nuestras ciudades, es la eliminación acelerada de la cobertura verde natural del suelo, “aguas-arriba” de donde se dan las inundaciones, en la propia cuenca hidrográfica de la inundación.
Evidentemente, no es una razón que se divulga, tanto por desconocimiento, como porque la solución requeriría de un alto compromiso con la naturaleza, y no con la industria immobiliaria o los desarrolladores urbanísticos. No solo es asunto de que se eliminan estas áreas verdes, sino que son reemplazadas por superficies 100% impermeables que no absorben agua, que aumentan la escorrentía superficial y por ende las inundaciones urbanas.
¿Qué son superficies impermeables? Ejemplos más abundantes en las zonas urbanas: superficies de concreto (asfalto o cemento de calles, aceras, explanadas en plazas y parques, techos de azoteas de edificaciones), y superficies metálicas (de techos de edificaciones y casas).
¿Qué es escorrentía superficial? Es el agua que corre sobre las superficies impermeables, aguas abajo, por efecto de la gravedad, sin infiltrarse al suelo y sub-suelo. ¿Cómo se suman estos factores para causar inundaciones? Toda esta escorrentía superficial aumenta aceleradamente en segundos, y hace que la lluvia llegue cada vez más rápido y en mayores cantidades, directo a los alcantarillados pluviales y a los ríos (alcantarillados pluviales son las tuberías subterráneas que llevan las aguas de lluvia de estas superficies impermeables, hasta los ríos o quebradas). El nivel de agua en estos alcantarillados pluviales y ríos, crece aceleradamente gracias a la escorrentía superficial cada vez mayor, colapsándolos y desbordándolos.
Y el fenómeno es cada vez mayor, porque cada vez son más las áreas urbanizadas, que continúan quitando espacio a las áreas verdes naturales. Caso contrario ocurre cuando hay superficies boscosas, arboladas, o al menos con zacate, donde el agua de lluvia es mitigada o atrapada, y luego conducida, por dicha cobertura verde, hacia el subsuelo, frenándola, en lugar de que se “desboque” hacia los alcantarillados pluviales y ríos.
Es decir, cada gota de lluvia es amortiguada y/o conducida al suelo por hojas, ramas, troncos, plantas, parches de zacate, hasta llegar a las raíces que son parte de un suelo de estructura porosa, que logra absorber gran cantidad de esta agua. Y mucha logra llegar incluso hasta mantos acuíferos subterráneos profundos y almacenarse en las reservas de agua potable del futuro. Y el agua que no es retenida por el subsuelo, llegará a los alcantarillados y ríos también, pero dosificada en el tiempo, con un letargo o retraso, de manera que no aporta a las “crecidas” súbitas de los ríos ni al desbordamiento de los alcantarillados.
Todos estos son conceptos básicos que desgraciadamente no enseñan en muchos países en la educación primaria, ni secundaria, ni en los estudios generales de las universidades.
No sólo es importante conservar los bosques y áreas verdes que aún quedan, sino que hay que recuperar áreas ya impermeabilizadas, volverlas a convertir a superficies permeables naturales. Y cada ciudadana/o puede empezar a aportar en ese sentido, desde sus casas y sitios de trabajo y zonas públicas, empezando por restaurar el zacate del cordón verde de acera (pedacitos de zacate acera y calle), al igual que recuperar jardines y antejardines, que curiosamente tantas personas en Costa Rica, los han reemplazado por cemento. Luchar por la cobertura natural de nuestros parques y zonas públicas, participar en la gestión municipal y nacional para controlar los desarrollos urbanísticos en las zonas verdes aún remanentes en nuestros cantones urbanos, limitar el crecimiento de la “mancha” urbana. Y los distritos y cantones “aguas-abajo” tienen todo el derecho de exigir a los que están “aguas-arriba”, a que manejen responsablemente la escorrentía superficial que les está causando sus inundaciones. También se puede incentivar económicamente a quienes conservan áreas verdes, y en especial bosques, en vez de castigarlos con altísimos impuestos.
Este viernes 13 de noviembre de 3 a 7 p.m.se estará realizando la “I Jornada Centroamericana de Estudios de la Salud desde las Ciencias Sociales: Abordaje del Proceso Salud-Enfermedad-Atención”, en el Auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, en la Universidad de Costa Rica.
Este día se contará con la conferencia inaugural “Propuestas y perspectivas latinoamericanas en el abordaje de los determinantes sociales de la salud”.
Para acceder al Programa de la I Jornada Centroamericana de Estudios de la Salud, ingrese en el siguiente enlace:
Solicita a medios de comunicación abordar de forma integral problema de la seguridad ciudadana
Rocío Marín González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
En los últimos años, Costa Rica ha experimentado un aumento vertiginoso y constante de la cantidad de privados de libertad por cien mil habitantes (foto archivo ODI).
Ante la inquietud que ha causado en el ámbito nacional el anuncio de algunas medidas para atacar el hacinamiento carcelario en el país, la Comisión de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestó su apoyo a las políticas que efectúa el Ministerio de Justicia y Paz con ese objetivo.
En particular el pronunciamiento suscrito por el Dr. Javier Llobet Rodríguez, coordinador de la Maestría; el Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Erick Gatgens Gómez, Vice-decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Álvaro Burgos Mata, el Dr. Gustavo Chan Mora, la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón y el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, apoya el traslado de un número de privados de libertad con perfiles no violentos, que no pertenecen a grupos organizados ni están relacionados con delitos de homicidio, sexuales ni de violencia intrafamiliar, terrorismo o secuestro entre otros y cercanos a cumplir su condena, del sistema institucional al semi-institucional, sujetos a condiciones que, de incumplirse, generarán su retorno al sistema institucional.
Los académicos hacen un llamado a la calma a la ciudadanía en general, y a los medios de comunicación en particular, para que efectúen un abordaje integral del problema de la seguridad ciudadana en el país.
Además, instan a las autoridades judiciales y policiales del país a que sean los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho y los pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales a los que se ha adscrito el país, sin que se expongan criterios especulativos que generen alarma social.
Asimismo, al Poder Legislativo para que, dada la necesidad de un abordaje integral de esta temática, se privilegie la aprobación de normas que creen sanciones alternativas a la prisión para delitos no graves, se disminuyan los topes mínimos de las sanciones o se modifiquen los límites que privilegien la concesión de beneficios penitenciarios y se dote de recursos al sistema penitenciario para el cumplimiento de sus fines.
A continuación el pronunciamiento completo:
A LA COMUNIDAD NACIONAL
La Comisión de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR
TENIENDO EN CUENTA QUE:
1.- Las universidades públicas, en cuanto conciencia lúcida de un país, deben velar porque los pueblos tengan los insumos apropiados para la reflexión, análisis y toma de posición sobre los diversos tópicos de relevancia nacional y, en ese contexto, este Programa de Posgrado tiene la obligación ética de acompañar dicho proceso en los asuntos relacionados con su plan de estudios.
2.- Costa Rica es un país democrático respetuoso, por tradición y obligación internacional, del Estado de Derecho y, como parte de las obligaciones derivadas de esa condición, se encuentra el acatamiento de las normas de instrumentos internacionales suscritos por el país y de los pronunciamientos tanto de los organismos internacionales como de los tribunales internos de la nación, los cuales tienen, como propósito último, respetar la dignidad y los derechos inherentes a todos los seres humanos (artículo 1 de la Constitución Política y numerales 26-27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
3.- Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y las recomendaciones del Comité Europeo sobre los Problemas Criminales establecen que, cuando un centro penal cuenta con una ocupación superior al 20% de su capacidad, hay sobrepoblación crítica y se conceptualiza como un trato inhumano, cruel y degradante en la medida en que ese exceso de cupo lleva aparejada la violación de otros derechos humanos (a la salud, a la integridad física, etc.). En Costa Rica ese porcentaje es, a noviembre de 2015, de un 47%. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso contencioso por la violación a los derechos humanos en las cárceles costarricenses y contra el país se tramitan otras quejas por este mismo tema (cfr.: Informe 33/14, recomendación 3 en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12820FondoEs.pdf.)
4.- La Sala Constitucional, cuya jurisprudencia es vinculante para todas las autoridades y habitantes del país (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), ha ordenado, en diferentes oportunidades a lo largo del último quinquenio (vgr. votos N° 2009-1332, 2011-7361, N° 2012-2053, N° 2012-3294, N°1 2012-11765, N° 2013-12464, N° 2014-18911, N° 2015-8542, N° 2015-9450, N°2015-16435), la adopción inmediata de medidas para reducir el hacinamiento y congestión de los distintos centros penales, ante la flagrante violación de los derechos humanos que se vive en las cárceles por esa razón.
5.- Costa Rica, durante los últimos años, ha tenido un aumento vertiginoso y constante de la cantidad de privados de libertad por cien mil habitantes. En 1990 había 104 presos por cien mil habitantes, en 2009 la cifra asciende a 191 y en 2013 fue de 341. Eso ha convertido al nuestro en uno de los países con más presos por cien mil habitantes de Latinoamérica.
6.- El aumento de la cantidad de privados de libertad ha provocado un gran problema de hacinamiento carcelario que llegó este año al 52,2% y si bien ha descendido al 46,3% esto ha sido como consecuencia de las medidas del Ministerio de Justicia de reubicación de los detenidos no peligrosos.
7.- El hacinamiento carcelario implica un grave quebranto a los derechos humanos, pues provoca problemas de salud, aumento de la violencia carcelaria y tiene efectos negativos para los que están privados de libertad y para el personal penitenciario. También tiene consecuencias para la comunidad en general, en cuanto opera en sentido totalmente contrario al afán resocializador, puesto que tiene un efecto criminógeno.
8.- La cantidad de privados de libertad existente en Costa Rica y su aumento constante, torna en insostenible, financieramente, pretender una solución al problema del hacinamiento carcelario con la creación de nuevas cárceles, como proponen algunos. Incluso, países con gran poder económico, como los Estados Unidos de América, se han visto en la necesidad de aplicar medidas de liberación de presos no peligrosos, ya que presupuestariamente no han podido seguir haciendo frente a la cantidad de presos existente.
9.- Está demostrado, a través de diversas investigaciones, que no existe ninguna correlación entre el aumento de la cantidad de privados de libertad y la disminución de la delincuencia violenta, aspecto que se ha corroborado en Costa Rica pues, pese a los incrementos punitivos y de los niveles de encierro que se han experimentado en las últimas décadas, no ha disminuido, sino aumentado, la cantidad de homicidios por 100,000 habitantes.
10.- El alto índice de sobrepoblación penitenciaria se debe, entre otras causas, a que, durante las últimas décadas, se ha privilegiado el uso del Derecho Penal como mecanismo “simbólico” para la “solución” de conflictos, desatendiendo el llamado a que este sea el último recurso a usarse cuando otras áreas del Derecho hayan fallado. Además, se ha utilizado la prisión como única sanción, a pesar de que, por ser las causas del delito múltiples, las formas de reprimirlo deben ser, también, variadas.
POR TANTO INSTA:
1.- A la ciudadanía en general a que mantenga la calma ante las diferentes medidas que se están adoptado en el país para atacar el problema del hacinamiento en las prisiones, pues esta no es una liberación masiva de detenidos sino un traslado de un nivel de mayor contención a uno de menor contención que siempre lleva aparejadas obligaciones del privado de libertad y la decisión no ha obedecido a criterios arbitrarios o antojadizos, sino que responde a estándares técnicos en virtud de los cuales se ha descartado de la medida a personas violentas o relacionadas con delitos cometidos a través de organizaciones y se privilegia a quienes están prontos a cumplir la sanción. Por ello, no hay bases objetivas para un pánico colectivo ni para difundir temores infundados.
2.- A los medios de comunicación colectiva a que efectúen un abordaje integral del problema de la seguridad ciudadana en el país, que incluya una perspectiva de derechos humanos y crítica sobre el uso excesivo de la cárcel como único recurso para responder a una variada gama de delitos de diferente naturaleza.
3.- A las autoridades judiciales y policiales del país a que sean los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho y los pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales a los que se ha adscrito el país, sin que se expongan criterios especulativos que generen alarma social.
4.- Al Poder Legislativo a que, dada la necesidad de un abordaje integral de esta temática, se privilegie la aprobación de normas que creen sanciones alternativas a la prisión para delitos no graves, se disminuyan los topes mínimos de las sanciones o se modifiquen los límites que privilegien la concesión de beneficios penitenciarios, así como se dote de recursos al sistema penitenciario para el cumplimiento de sus fines.
Y ACUERDA:
Manifestar su apoyo a las políticas que efectúa el Ministerio de Justicia y Paz para atacar el problema del hacinamiento carcelario, entre ellas, la de trasladar a un número de privados de libertad con perfiles no violentos, que no pertenecen a grupos organizados ni están relacionados con delitos de homicidio, sexuales ni de violencia intrafamiliar, terrorismo o secuestro entre otros y cercanos a cumplir su condena, del sistema institucional al semi-institucional, sujetos a condiciones que, de incumplirse, generarán su retorno al sistema institucional.
Dado en San José de Costa Rica, a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince.
Prof. Dr. Javier Llobet Rodríguez
Coordinador de la Maestría
Prof. Dr. Alfredo Chirino Sánchez
Decano de la Facultad de Derecho
Prof. Dr. Erick Gatgens Gómez
Vice-decano de la Facultad de Derecho
Prof. Dr. Álvaro BurgosMata
Prof. Dr. Gustavo Chan Mora
Prof. M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón
Prof. Dr. Carlos Tiffer Sotomayor
Información tomada enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
Desde tiempos remotos las manifestaciones culturales se dieron en las cuevas prehistóricas conocidas como pinturas rupestres las cuales con el pasar del tiempo y el surgimiento de grandes culturas evolucionaron, ejemplos en Mesopotamia y Egipto, pasando por las épocas de los imperios Griego y Romano hasta la Edad Media y el Renacimiento donde destacaron Miguel Angel Buonarroti, Francisco de Goya y Lucientes y en época moderna José Clemente. Hoy estas manifestaciones son el grafiti urbano.
Uno de esos talentosos jóvenes naranjeños que últimamente expresan sus sentimientos y arte pictórico en muros y columnas de nuestra ciudad se logró ver en la calles de Naranjo. Sus amigos le conocen como «Gato» (Alfredo Barrantes) quien hoy disfrutaba haciendo algo muy bello en el muro de Elky María S.A. Sin duda alguna una hermosa pintura la cual él bautizó como «Mulata».
El deseo de los naranjeños es que la Municipalidad apoye de lleno la cultura, organizando con frecuencia ferias en el Parque Central y sus artistas puedan exponer obras y mostrar su talento en diferentes campos.
Jornada Popular de Lucha por la Tierra y el Agua de la Zona Sur
Organizaciones y comunidades campesinas, indígenas y defensoras del agua de la Zona Sur nos unimos en la Jornada Popular de Lucha para el 17 de noviembre.
Convencidos de la importancia y necesidad de la unidad de las luchas y propuestas populares y que en la Zona Sur los intereses económicos y políticos de unos pocos están sumiendo en la pobreza a la mayoría de nosotros como pueblo y destruyendo nuestras fuentes de vida.
Sabiendo que la unidad, la dignidad y las esperanzas populares rebrotan en estas hermosas e indómitas tierras; es que los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades defensoras del agua nos hemos unido y organizado para realizar la:
«Jornada Popular de Lucha por la Tierra y el Agua de la Zona Sur» el martes 17 de noviembre; la cual iniciará a las 8:30 de la mañana en el parque de Palmar Sur.
Presentamos al pueblo de Costa Rica y al Gobierno un documento de demandas, exigencias y propuestas de la Zona Sur y exigimos respuesta de las instancias correspondientes antes del 17 de noviembre.
Previo a esta Jornada de Lucha, las organizaciones y comunidades firmantes construimos y enviamos al Poder Ejecutivo, Instituciones Públicas e Instancias Judiciales correspondientes el documento “Demandas, exigencias y propuestas de comunidades y organizaciones de la Zona Sur para vivir con dignidad y justicia” (documento abajo adjunto), que queremos compartir con el pueblo y ante el cual esperamos respuestas de los gobernantes.
Las organizaciones y comunidades campesinas exigimos que se respete nuestro derecho a la tierra, reconociendo definitivamente este derecho y entregándonos las tierras en las cuales vivimos y trabajamos.
Además, las organizaciones y pueblos indígenas firmantes, demandan que el Estado cumpla con su deber de garantizar la integridad de los Territorios Indígenas, los cuales solo pueden ser habitados por los pueblos indígenas correspondientes. También el Estado tiene que garantizar la integridad física de nuestros pueblos y respetar nuestras formas de vida y organización propias y autónomas.
Las organizaciones y comunidades campesinas, indígenas y defensoras del agua nos unimos en la defensa del agua, en el sentido de seguir conservando y cuidando este indispensable bien común, como lo hemos hecho históricamente y rechazamos el enjambre de proyectos hidroeléctricos impulsados en la zona por grupos e intereses económicos, que amenazan los ríos y nuestro buen vivir.
Por último, las organizaciones y comunidades firmantes, exigimos respuestas y posiciones del Poder Ejecutivo e instancias públicas correspondientes ante nuestras demandas y propuestas; antes de la Jornada Popular de Lucha por la Tierra y el Agua de la Zona Sur del 17 de noviembre, a la cual invitamos al pueblo de la Zona Sur y de todo el país.
Para mayor información;
Renier Canales M. (8792-8794), Comité de Lucha Por la Tierra de Palmar Sur.
Gustavo Oreamuno V (8527-0039), Ditsö – CLSS.
Felipe Figueroa M (8409-9129), Recuperadores de Tierra Bribris de Salitre.
Eduardo Fernández (8711-6948), Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica.
Organizan e invitan:
Coordinadora de Lucha Sur – Sur, Movimiento Ríos Vivos, Recuperadores de TierraBribris de Salitre, Recuperadores IndígenasTérrabasBröran de la Finca San Andrés, Consejo de Cultura de Boruca, Consejo Indígena Regional Pacífico Sur, Consejo de Mayores IririaJtéchöWákpa, ASADA de Abrojo Montezuma,Grupo de Mujeres Ngäbe de Alto Abrojo, Organización de Jóvenes Indígenas Ngäbes de La Casona, Organización de Lucha campesina por nuestras Tierras del Sur (OLCASUR), COOTRAOSA R.L, Comité de Lucha por la Tierra de Finca Changuena, Comité de Lucha por la Tierra de Palmar Sur, Comité de Vivienda de Finca 7, Voces Nuestras,Ditsö.
Lea las demandas, exigencias y propuestas de comunidades y organizaciones de la Zona Sur en el siguiente enlace:
Cada época tiene sus demonios. Para la Edad Media, las brujas. Para el siglo XVI los protestantes. Para la Alemania nazi, los judíos. Para el siglo XX, el comunismo (o el capitalismo, según quien lo viera). Para la Costa Rica de 2015, las convenciones colectivas.
De repente, pareciera que el enemigo público número uno son estos acuerdos laborales, a los que se señala inquisitoriamente como generadores de déficit fiscal y privilegios “desaforados” para los empleados públicos.
Usted pone la radio y alguien está expresando su indignación contra las convenciones colectivas; prende el televisor y un diputado libertario promete empeñar todo su poder de representación para abolir las convenciones colectivas; abre el periódico y un economista escribe sobre los efectos dramáticos de las convenciones colectivas para la economía.
En redes sociales, usted encontrará andanadas de insultos y comentarios insufribles contra los empleados públicos y sus dirigentes sindicales que “inventaron” las convenciones colectivas.
En fin, que el interés y la ignorancia se fueran a pasear un día…
Sé de muy buena fuente, aunque usted no lo crea, que las convenciones colectivas no son invención de don Albino Vargas, ni de ninguno de los dirigentes sindicales del sector público.
Existen desde hace muchos años en la inmensa mayoría de los países occidentales, y constituyen verdaderas instituciones de derecho en las democracias más avanzadas del mundo.
En Europa los convenios colectivos de trabajo están generalizados no solo en el sector público, sino también en el privado. En algunos países funcionan como acuerdos de validez nacional para todos los trabajadores de un mismo gremio; en otros –como en el nuestro- se negocian y suscriben entre los trabajadores y los patronos de cada empresa.
La negociación colectiva es, sin duda, un instrumento de gran importancia en la procuración de justicia social, porque frente al poder del patrono, el trabajador individual no tiene la fuerza suficiente para negociar mejoras en sus condiciones de trabajo, ni siquiera para hacer valer sus derechos mínimos, garantizados por la ley.
La convención colectiva regula las relaciones laborales en su sentido más amplio (salarios, jornadas, periodos de descanso, condiciones ambientales) entre muchas otras, así como los mecanismos de solución de conflictos.
En Costa Rica solo hay convenciones colectivas en el sector público, pues sabemos que en el sector privado la sindicalización está prohibida de hecho, aunque sea legal en el papel, y sin sindicatos difícilmente podría haber convenios colectivos de trabajo.
Posiblemente a esta diferencia se deba en parte la significativa brecha que existe entre los trabajadores del Estado y los de la empresa privada en casi todos los aspectos. Una brecha que algunos políticos y medios de comunicación aprovechan, con despliegue de cinismo, para alimentar la discordia entre ambos sectores laborales.
Las convenciones no solo son legítimas sino que son instrumentos necesarios de la democracia y es un deber del Estado garantizar a los trabajadores de todos los sectores el derecho de sindicalización y de negociación colectiva.
La trampa
De lo anterior no debería deducirse que todo esté bien en relación con las convenciones colectivas vigentes en el sector público. Ciertamente, hay abusos y desproporciones y eso es algo que hasta los propios dirigentes sindicales se ven obligados a reconocer en voz baja.
La política ha puesto la trampa. Y hablamos de la política en sentido amplio, la que desarrollan tanto los sindicatos como los partidos políticos.
Luego de firmarse las primeras convenciones colectivas en el sector público, algunas a finales de la década de 1960, pero la mayoría en las décadas de los años 70 y 80, se fue imponiendo una dinámica que a la postre se volvería insostenible. Dicha dinámica consiste en que cada vez que se renegocia una convención, generalmente al cabo de dos años de vigencia, se hace imperativo introducir nuevas mejoras en las condiciones de trabajo.
Con ello, los dirigentes sindicales exhiben triunfos que afirman su compromiso con los trabajadores que representan y garantizan su reelección, mientras que los políticos que dirigen las instituciones atraen votos para sus partidos y, eventualmente, para ellos mismos.
En algún momento, las reivindicaciones salariales empezaron a ponerse difíciles, ya sea por directrices del Poder Ejecutivo o porque generaban desequilibrios en los escalafones internos. En compensación, los jerarcas empezaron a ceder beneficios de otra naturaleza (permisos especiales, pagos por llegar temprano al trabajo, por trabajar en un segundo piso, etc.) sin detenerse a considerar su racionalidad y sus efectos presupuestarios.
Esa lógica se ha convertido en una bola de nieve, sobre todo en momentos en que existe una creciente preocupación por el déficit fiscal. Los sectores más favorecidos, tradicionalmente reacios a pagar impuestos, han encontrado el argumento ideal para seguir negándose: ¡que el gobierno elimine las convenciones colectivas, recorte el gasto y después hablamos!
Por supuesto, quienes manejan este discurso no mencionan las multimillonarias exenciones que han disfrutado durante décadas diversos sectores empresariales: exportadores, generadores turísticos, empresas de zona franca, para mencionar algunos. Ni se refieren a la masiva evasión fiscal que, según estudios del ministerio de Hacienda, representan una suma igual o ligeramente superior a la que el Estado recauda. Es decir, que sin evasión no existiría déficit fiscal, con convenciones colectivas y todo.
En suma: es demagógico satanizar las convenciones colectivas y hacerlas culpables de todos los males del país. Las convenciones deben seguir existiendo, aunque sería deseable establecer ciertas normas que eviten la reiteración de abusos.
Sin embargo, Costa Rica es un estado de derecho. La racionalización de estos acuerdos laborales es un proceso que debe conducirse de forma ordenada, respetando derechos adquiridos y procurando mantener los beneficios justificables que inciden positivamente en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
Durante tres días discutirán el proceso salud-enfermedad-atención
Eduardo Muñoz Sequeira,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
La salud materno-infantil entre la población Ngöbe es uno de los temas del primer panel de la Jornada Centroamericana de Estudios en Salud desde las Ciencias Sociales. – foto Archivo ODI.
El derecho a la salud es uno de los más vulnerados en la región centroamericana, marcada por la exclusión social y la pobreza extrema, por lo que urge la discusión de políticas de Estado tendientes a la equidad y la justicia social. Con esto en mente, un grupo de científicos sociales y de la salud se reunirán en la Sede Rodrigo Facio en el marco de la Jornada Centroamericana de Estudios en Salud desde las Ciencias Sociales: Abordaje Del Proceso Salud-Enfermedad-Atención.
Un total de 26 ponentes, de diversas áreas de las ciencias sociales, la filosofía, la medicina, la enfermería y la microbiología iniciarán la jornada el viernes 13 de noviembre, a las 3 p.m. en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, con la conferencia inaugural del Dr. Mauricio Vargas Fuentes, titulada Propuestas y perspectivas latinoamericanas en el abordaje de los determinantes sociales de la salud.; Vargas es director de la Escuela de Salud Pública de la UCR.
Las distintas perspectivas de análisis se encauzan en tres ejes temáticas, el primero está relacionado con las transformaciones políticas para superar las amenazas, las tendencias y las demandas sociales en materia de salud pública. Otro es la ruptura y desafíos del proceso salud-enfermedad-atención-muerte. Y el último se enfoca en los determinantes sociales de la salud y perspectivas para la atención del proceso mencionado.
Aportes metodológicos
“Con la jornada la UCR se suma a la importancia de visibilizar injerencia de las Ciencias Sociales en la formulación y análisis de las políticas públicas en salud; así como vincular el trabajo que se realiza desde el área de Ciencias de la Salud con las investigaciones y discusiones llevadas a cabo desde las Ciencias Sociales. Retomamos la consigna de abarcar la salud en todas las políticas para posicionar y difundir el trabajo que se realiza para la consecución de la equidad y la justicia social en las regiones centroamericana y latinoamericana –de las más desiguales del mundo-”, explicó la antropóloga Rocío Loría Bolaños, co-coordinadora de la jornada e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UCR).
La jornada se realizará cada viernes de noviembre (13-20 y 27), con paneles que profundizarán en los desafíos de salud pública regional en ámbitos como la diversidad y el poder, juventud y niñez, salud de adultos mayores. Para el día del cierre se organizó la mesa redonda sobre Movimientos Sociales y la Defensa de la Seguridad Social. Posterior a la jornada se elaborará una memoria digital que recoja los aportes de los expositores invitados; y además se incluirán en un blog que se creará para tal fin. Cada día, la actividad inicia a las 3 p.m. y concluye a las 7 p.m.
La Jornada Centroamericana de Estudios en Salud desde las Ciencias Sociales fue organizada por el Grupo de Estudios Socioculturales de la Salud (GrESCS), integrado por científicos sociales de la UCR; el Instituto de Investigaciones Sociales, el Decanato de Ciencias Sociales y las escuelas de Trabajo Social, de Sociología, de Antropología, de Psicología, Salud Pública y Medicina. Además, del Instituto de Investigaciones en Salud y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. También colaboran el programa radiofónico Podemos Volar y la Sede Pacífico. El programa completo de la jornada está disponible en este enlace.
Este lunes 16 de noviembre a las 5p.m. en el aula 206 del nuevo edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), el investigador y magister Andrej Badilla participará del conversatorio: «Desnudan la Caja y no quieren que la vistamos: Crisis de la CCSS y la criminalización de la protesta por su defensa». Esta actividad es organizada por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas y de Trabajo Social de la UCR en conmemoración del 8N.
Este conversatorio pretende plantear críticas y reflexiones sobre las recurrentes crisis de la seguridad social en nuestro país, a partir de la experiencia personas que participaron en la lucha por defensa de la CCSS y del análisis crítico y contra hegemónico de los problemas de índole financiero, político y administrativo que afronta la institución.
El pasado lunes 2 de noviembre, como tema principal del programa Cédula 5 del Canal Anexión TV 36, el cual se transmite los días lunes de 11 a.m. a 12 m.d., se habló sobre el “Agua en Guanacaste”.
En relación con la temática, en el informe de la UCR Sardinal 2008 se abordó el tema de los acuíferos guanacastecos. En este informe se indicó que en el caso del manto acuífero de Santa Cruz, hay una disminución del 15% de precipitaciones, lo cual significará un 61.86% menos de agua. Actualmente las precipitaciones han disminuido en un 70% lo que representa una gran pérdida de agua para este y los demás mantos acuíferos del sector.
