Institución promueve cultura de paz a través de campamentos
Katzy O`neal Coto,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
En los Campamentos de Desarrollo Humano los niños y niñas tienen la oportunidad de compartir con sus semejantes, jugar y aprender en un ambiente de sana convivencia (foto Laura Rodríguez).
Consternados ante los hechos de violencia que segaron la vida de cinco estudiantes el jueves en Liberia, las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) reafirmaron el compromiso de esta institución humanista por fortalecer los valores de la convivencia humana.
Esto durante la inauguración de los “Campamentos de Desarrollo Humano: hacia el acceso universal” en su primera edición intersedes, que se realizó este viernes 20 de enero en el Recinto de Grecia con la participación de niños, niñas y jóvenes de la comunidad vecina.
Después de dedicar un minuto de silencio por las víctimas, el rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Henning Jensen Pennington, la vicerrectora de Acción Social M.Sc. Marjorie Jiménez Castro, la directora de la Sede de Occidente Licda. Roxana Salazar Bonilla y la directora del Recinto de Grecia Dra. Helvetia Cárdenas Leitón se unieron en un mensaje contra la violencia.
“Tenemos que hacer todo lo posible para crear las condiciones, las instituciones y los dispositivos culturales para que podamos inhibir la expresión de la violencia, lo que tenemos que lograr es humanizar la relación entre los seres humanos” expresó el rector de la Universidad de Costa Rica, quien se solidarizó con las víctimas y sus familias.
Autoridades universitarias guardaron un minuto de silencio por los cinco estudiantes fallecidos víctimas de la violencia (foto Laura Rodríguez).
El rector Dr. Henning Jensen acotó la importancia de seguir abriendo espacios para fortalecer una cultura de paz y respeto hacia la vida humana mediante la creación de actividades que junten a las personas, que reconozcan la multiculturalidad, promuevan el respeto recíproco, la generosidad y el diálogo entre la comunidad y las instituciones.
Más espacios para la paz
Precisamente los Campamentos de Desarrollo Humano que se están realizado durante los meses de enero y febrero en todas las sedes y recintos de la UCR constituyen uno de los principales esfuerzos de la institución para promover el desarrollo humano integral en las comunidades por medio de la recreación, el disfrute y el intercambio de saberes.
Para la Dra. Helvetia Cárdenas, directora del Recinto de Grecia, un auténtico desarrollo humano es el que alimenta virtudes, afectos pertinentes, emociones adecuadas e inteligencia al servicio del bien y eso es precisamente lo que promueven los campamentos de la UCR (foto Laura Rodríguez).
“Decir campamentos en este momento es decir no a la violencia, a la falta de humanismo, al desinterés por el otro, y en su lugar decir si a una vida lúdica de esperanza, con sentido, con perspectivas reales”, subrayó la directora del Recinto de Grecia, Dra. Helvetia Cárdenas.
Los Campamentos abren esta oportunidad para todas aquellas personas que se acerquen a las diferentes sedes y recintos donde durante esta semana se abrió la matrícula. En total la oferta incluye 230 actividades y se espera la participación de cerca de 2.500 personas en todo el territorio nacional. Los cursos, talleres, actividades deportivas, campamentos y charlas que se ofrecen son totalmente gratuitas y abiertas a todo público.
En honor a las víctimas
Durante el acto de inauguración de los Campamentos de Desarrollo Humano, la vicerrectora de Acción Social M.Sc. Marjorie Jiménez, hizo púbico un reconocimiento a los estudiantes fallecidos. La vicerrectora destacó la disciplina y la lucha por superar las barreras económicas y geográficas de estos jóvenes que aspiraban a mejores oportunidades. Así mismo, reafirmó el compromiso de la Universidad de investigar más a fondo las causas de la violencia y continuar proponiendo posibles soluciones a este flagelo.
La UCR declaró a partir del 19 de enero cinco días de duelo institucional por la muerte de los estudiantes Joseph Briones Solís, de las carreras de Dirección de Empresas y de Administración Aduanera, y de las estudiantes Ingrid Méndez Serrano, de la carrera de Psicología; y Dayana Martínez Romero y Stephanie Hernández García, de las carreras de Educación Primaria y Dirección de Empresas, de la Sede de Guanacaste, quienes perdieron la vida de manera cruel junto con el joven Ariel Vargas Condega, estudiante de la Universidad Técnica Nacional (UTN). Además se realizará un acto en su memoria el miércoles 25 de enero, a las 9:00 a.m., en la Sede de Guanacaste.
El SEC convocó el pasado 11 de enero a toda su dirigencia zonal, afiliación y demás sectores, al primer mitín frente a Casa Presidencial; esto con el motivo de iniciar con las primeras acciones de presión para exigir al gobierno que retire el proyecto de empleo público.
Afirmaron estar preparándose para la huelga nacional indefinida.
BUSSCO presenta recurso contra acuerdo de aumento de la cuota obrera en el régimen de IVM
Acuerdo de la CCSS lesiona gravemente a la clase trabajadora
Esta mañana, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) presentó un recurso de reconsideración y nulidad del reciente acuerdo tomado por la Junta Directiva de la CCSS, sobre el aumento de un punto porcentual en la cuota obrera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
Luis Chavarría representante del BUSSCO y Secretario General de UNDECA, exige a través de este recurso a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, que dicho acuerdo sea revocado o anulado, por carecer de legitimidad, debido a la omisión de consulta previa con representantes de los sectores afectados. Los representantes del BUSSCO consideran que el acuerdo lesiona gravemente a la clase trabajadora de este país.
“La Junta Directiva omitió la consulta pública, cuya omisión vicia de nulidad absoluta ese acto, porque carece de uno de sus elementos esenciales, de carácter procedimental, que además, afecta la validez y legitimidad de ese acuerdo. Resulta evidente que este órgano colegiado obedeció a los intereses de este sector empresarial y corporativo a cuyos intereses se plegó este acuerdo; por lo que resulta totalmente espurio y contrario al interés público”, dice en el documento presentando por el Bloque ante la Presidencia Ejecutiva de la CCSS.
El recurso hace hincapié en que el acuerdo tomado carece de razonabilidad y justificación técnica; ya que no existe ningún motivo válido, legítimo ni técnico que sustente que ese aumento se haya cargado únicamente a la clase trabajadora.
Es por esa razón que el BUSSCO condena y cataloga el acuerdo como un obstáculo para el diálogo y un acto viciado de nulidad absoluta; y por lo tanto, un acuerdo sin efecto jurídico.
Una vez más, el BUSSCO, en aras de defender los derechos de la clase trabajadora, manifiesta su total rechazo a este injusto acuerdo.
¡EXIGIMOS RESPETO A LA CLASE TRABAJADORA! ¡Movimiento Social y Sindical BUSSCO en defensa de los bolsillos de los trabajadores del sector público y la empresa privada!
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS por Carlos Manuel Vega, UNPROBANPO.
Hoy estamos de duelo. El asesinato de ayer en Liberia, ejecutado con saña en contra de tres muchachas, dos muchachos, y una tercera víctima menor de edad que lucha por su vida, nos llena del más profundo dolor.
Toda muerte, producto de la violencia, corroe la sociedad. Y más aún cuando las víctimas son jóvenes quienes, según las investigaciones preliminares, eran personas tranquilas y sin ningún tipo de antecedentes, más que sus sanas aspiraciones de convertirse en profesionales y ciudadanos de bien.
En medio de este dolor, tenemos también que recordar principios básicos del respeto humano, aplicables tanto para los profesionales en comunicación que representamos, corno para las autoridades judiciales, cuerpos de rescate y ciudadanos en general.
No debemos jamás exacerbar el sufrimiento de las familias dolientes con el manejo imprudente de la información. Es indiscutible que un crimen de esta magnitud reviste importancia noticiosa, y es deber de los medios de comunicación informar a la población.
En esa labor informativa es absolutamente innecesaria la utilización de imágenes que irrespeten la imagen de las personas difuntas.
Así lo hemos expresado en otras ocasiones, y seguiremos insistiendo en esto hasta lograr crear conciencia para hacer caer en desuso esta práctica.
Nuestra posición siempre ha sido clara: el respeto al momento último de la muerte está por encima de cualquier otra consideración; aunque para algunos este punto sea debatible.
Respetamos la libertad de los medios de decidir qué publican y cómo lo publican, pero somos claros de que esta violación a un derecho humano, no la vamos a compartir.
Hacemos también un llamado a los ciudadanos para que se abstengan de formar parte de cadenas utilizadas para compartir imágenes por medio de teléfonos celulares y redes sociales.
Preguntémonos cómo nos sentiríamos si en una situación similar fueran las fotos de seres queridos las que circularan por todo el país para satisfacer el morbo de la gente.
Cómo llegan tan rápido fotografías y videos, que en principio solo deberían estar en custodio de las autoridades encargadas de atender estos crímenes, a manos de la prensa y ciudadanía, es una pregunta que deberían hacerse los responsables de proteger estas imágenes, para salvaguardar los derechos de las víctimas.
Para terminar, y no menos importante, hay que recordar, una vez más, que nos corresponde a todos, y en especial a los profesionales en comunicación, proteger los derechos de imagen, honor y privacidad de las personas menores de edad, establecidos en el Código de Niñez y Adolescencia.
Tal y como señala el artículo 27 sobre derecho a la imagen, y en relación con este caso específico, es prohibido publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas menores de edad que hayan sido víctimas o testigos de un crimen.
No querernos cerrar este comunicado sin antes expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas de este repudiable crimen.
Nos unimos en oración para que reciban la fortaleza divina que les ayude a sobrellevar el duelo que hoy enluta a una nación.
Información generada desde el Colegio de Periodistas de Costa Rica.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) solicitó a la Junta Directiva se anule el acuerdo tomado días atrás para incrementar en un 1% adicional el porcentaje de cotización de los trabajadores al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En este sentido, UNDECA considera que este acuerdo se dio en medio del mayor secretismo, con total falta de transparencia, de forma sorpresiva, invisibilizando a los 1.5 millones de personas trabajadoras, se aumentando un 1% adicional, de forma que al completar la reforma del 2005 los trabajadores del país estarán pagando un 2% más al régimen de IVM.
Contrario al compromiso que manifestó la Presidencia Ejecutiva, incluso en forma escrita al BUSSCO, donde indicó que una vez que se concluyera el estudio realizado por los tres funcionarios de la UCR, se convocaría a diversos sectores sociales, para que en un proceso de diálogo nacional se discutiera el futuro del régimen.
“Desde nuestro punto de vista, este acuerdo no está sustentado en argumentos legítimos primero porque lo carga exclusivamente sobre las espaldas de la clase trabajadora y adicionalmente, es ilegítimo porque no se realizó una consulta previa. Asuntos de esta envergadura exigen la consulta, al menos, de los representantes de los sectores afectados en resguardo de los derechos legítimos de las y los trabajadores”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.
El incremento se cargó exclusivamente, como se dijo, a la clase trabajadora del país, lo que evidencia la complacencia a las exigencias del sector político empresarial y ocultando la continua injerencia política y la falta de transparencia de los altos mandos en el manejo de los fondos.
Por último, pareciera que el gobierno no tiene interés alguno en iniciar un proceso de diálogo en esta materia, sino que se obstaculiza con esta arbitraria y prematura medida, que debe dejarse sin efecto en forma inmediata, si se quiere evitar la confrontación y en aras del diálogo social.
En el recurso dirigido a la presidenta ejecutiva de la CCSS, se señala:
“Este acuerdo resulta sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico por los siguientes motivos:
1.- Falta de transparencia de la Junta Directiva CCSS en contravención con las normas éticas de desempeño de la función pública…. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene un Código de Ética, que los primeros obligados en cumplir son los integrantes de esa Junta Directiva, que en el presente asunto, el acto cuestionado deja tanto que desear, porque se faltó al deber de transparencia, un principio inherente al ejercicio de la función pública en cualquier ordenamiento democrático”.
El documento agrega las consideraciones siguientes:
“2.- Falta de legitimidad del acuerdo impugnado por omisión del trámite de consulta previa”.
3.- Manifiesta ilegalidad del acuerdo porque ese incremento de la contribución se cargó exclusivamente a la clase trabajadora del país
4.- Nulidad del acuerdo impugnado por un vicio esencial en la motivación de dicho acto. Un acuerdo de este tipo constituye un acto administrativo, de carácter reglamentario, que como cualquier acto administrativo tiene que tener un motivo suficiente, válido y legítimo, que corresponda o sea proporcional al contenido de dicho acto. El motivo, elemento material del acto administrativo, es el presupuesto jurídico, el hecho condicionante, que da génesis a dicho acto. La falta o defecto sustancial en el motivo, constituye un vicio del acto administrativo, que produce su nulidad absoluta (art. 132, 133 en relación con el art. 166 LGAP). En el acuerdo impugnado se echa de menos un “motivo” que se ajuste a las exigencias del ordenamiento jurídico. Este acuerdo, al tenor del cual se le cargó exclusivamente a la clase trabajadora el incremento de la contribución en el RIVM, carece de razonabilidad y justificación técnica.
5.- Falta de oportunidad y conveniencia publica de este acuerdo. Además de los graves vicios que contiene este acuerdo, no contribuye a que se desarrolle el proceso de diálogo que anunció esa Presidencia Ejecutiva…”.
Como pretensión del recurso, UNDECA señala: “Con fundamento en los motivos expuestos, UNDECA comparece a deplorar este desafortunado y pernicioso acuerdo, que tanto daño causa a la clase trabajadora, el cual solicitamos reconsiderar y dejar totalmente sin efecto”.
Enviado a SURCOS por Martín Rodríguez E., Unidad de Comunicación, UNDECA.
Este 16 de enero del 2017, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que Costa Rica ha iniciado un nuevo procedimiento contencioso contra Nicaragua ante la CIJ, esta vez debido a la presencia de un campamento militar ubicado en la playa contigua a la Laguna de Portillos en la costa caribeña, correspondiente al último sector de la frontera entre ambos (véase nota de La Nación). Con esta demanda (ver texto integral e inglés), ambos ribereños del Río San Juan suman la cuarta demanda en los últimos seis años, una cifra nunca registrada en los estrados de la justicia internacional (Nota 1), y que denota una capacidad de negociación de ambos aparatos diplomáticos bastante reducida. Por más conflictivas sean las relaciones entre dos Estados vecinos, nunca se había observado en la historia un uso tan sostenido como recurrente del juez internacional. En una emisión de radio en France Culture del pasado 2 de mayo del 2016, se habló incluso de una verdadera «sociologie du contentieux» por parte de un experimentado jurista como lo es el Profesor Serge Sur (Profesor emérito de la Universidad de Paris II y ex juez Ad Hoc en la CIJ): escuchar audio en el minuto 48:21 de dicha emisión radial francesa disponible aquí. Según este experto, hay sectores que de ambos lados del río San Juan, encuentran algún tipo de beneficios y de ventajas en mantener tensa la relación, con la consiguiente judicialización de cada controversia entre ambos Estados.
Mapa de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua extraído de nota del programa de Amelia Rueda «Nuestra Voz» (Costa Rica).
La posición externada por Costa Rica a la CIJ
En el comunicado de prensa de la CIJ (ver texto en inglés), se precisa que:
«In its Application, Costa Rica asks the Court to “determine the precise location of the land boundary separating both ends of the Los Portillos/Harbor Head Lagoon sandbar from Isla Portillos, and in doing so to determine that the only Nicaraguan territory existing today in the area of Isla Portillos is limited to the enclave consisting of Los Portillos/Harbor Head Lagoon and the sandbar separating the Lagoon from the Caribbean Sea, insofar as this sandbar remains above water at all times and thus this enclave is capable of constituting territory appertaining to a State”. It claims that “the land boundary runs today from the northeastern corner of the Lagoon by the shortest line to the Caribbean Sea and from the northwestern corner of the Lagoon by the shortest line to the Caribbean Sea”. The Applicant also requests the International Court of Justice “to adjudge and declare that, by establishing and maintaining a new military camp on the beach of Isla Portillos, Nicaragua has violated the sovereignty and territorial integrity of Costa Rica, and is in breach of the Judgment of the Court of 16 December 2015” in the case concerning Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua). Consequently, Costa Rica “further requests the Court to declare that Nicaragua must withdraw its military camp situated in Costa Rican territory and fully comply with the Court’s 2015 Judgment”. Costa Rica indicates that it “reserves its rights to seek any further remedies with respect to any damage that Nicaragua has [caused] or may cause to its territory”.
El texto en francés (véase comunicado oficial de la CIJ) se lee de la siguiente forma:
«Dans sa requête, le Costa Rica prie la Cour «de déterminer l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant les deux extrémités du banc de sable d’Isla Portillos, et, ce faisant, de dire que le seul territoire nicaraguayen existant aujourd’hui dans la zone d’Isla Portillos se limite à l’enclave composée de la lagune de Los Portillos/Harbor Head et du banc de sable qui sépare la lagune de la mer des Caraïbes, dans la mesure où ce banc de sable émerge en permanence et où cette enclave peut constituer un territoire relevant d’un Etat. Il soutient que «la frontière terrestre court aujourd’hui du coin nord-est de la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte et du coin nord-ouest de la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte». Le demandeur prie également la Cour internationale de Justice de «dire et juger qu’en établissant et maintenant un nouveau camp militaire sur la plage d’Isla Portillos, le Nicaragua a violé la souveraineté et l’intégrité territoriale du Costa Rica et contrevient à l’arrêt du 16 décembre 2015 de la Cour» en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa-Rica c. Nicaragua). En conséquence, le Costa Rica «prie encore la Cour de dire que le Nicaragua doit retirer son camp militaire situé en territoire costa-ricien et se conformer intégralement à l’arrêt de 2015 de la Cour». Le Costa Rica indique qu’il «se réserve le droit de former tous autres recours utiles à raison des dommages que le Nicaragua a causés ou pourrait causer à son territoire”.
Foto satelital extraída de artículo de La Nación.
Estas tiendas de campaña militares de Nicaragua en la playa aparecieron en fotos divulgadas en la prensa en noviembre del 2016 (ver nota de La Nación). En su demanda a la CIJ (ver texto integral), las fotos satelitales (p.5) indican con precisión la ubicación de estas carpas militares en la playa, haciendo ver que en el 2013 Nicaragua ubicó otros campamentos en otras partes de la franja de arena. A ese respecto el Anexo I adjunto a la demanda presenta tomas diversas de las diferentes ubicaciones del campamento militar de Nicaragua. También tomas aéreas circularon en Costa Rica a raíz de una inspección in situ de dos expertos designados por la CIJ para ubicar un punto fijado en la playa en 1897. Remitimos al lector a nuestra breve nota sobre la decisión – un tanto inédita – de la CIJ de ordenar dicho peritaje, tomada por los jueces de La Haya en el mes de junio del 2016.
La posición de Nicaragua con relación a este campamento militar
Un intercambio de notas diplomáticas de noviembre del 2016 indica que Nicaragua considera que sus soldados están ubicados en territorio de Nicaragua y que sus autoridades no tienen ninguna intención de retirarlos, mientras que Costa Rica sostiene que esta nueva ubicación corresponde a su territorio (véase nota de La Nación que incluye la respuesta oficial – texto integral – de Nicaragua con fecha del 17/11/2016, así como nota de CRHoy). En la nota diplomática de Nicaragua, sus autoridades hacen ver que la presencia de militares en la barra de arena que colinda con la Laguna de Portillos es de «muchos años», y que Costa Rica así lo ha reconocido en diversas ocasiones: este aspecto será dilucidado con documentos y pruebas que ahora Nicaragua deberá aportar a los jueces internacionales en La Haya. Cabe señalar que al tratarse de una zona costera que ha sufrido severos cambios geomorfológicos desde la firma del tratado de delimitación en 1858 (siempre vigente) y desde los trabajos de una comisión mixta de demarcación en 1897 (Comisión Alexander), la fijación de la línea divisoria en el delta del río San Juan presentó problemas de interpretación en el pasado, en particular con relación a formaciones de arena (o playones, que aparecen y desaparecen en función de las corrientes y de la carga de sedimentos).
Mapa indicando la ubicación del campamento militar de Nicaragua, según artículo de La Nación.
Según la CIJ, en su petición formalmente presentada en estos días, para Costa Rica el playón no puede ser considerado como un territorio salvo que «insofar as this sandbar remains above water at all times and thus this enclave is capable of constituting territory appertaining to a State…/ dans la mesure où ce banc de sable émerge en permanence et où cette enclave peut constituer un territoire relevant d’un Etat”. No cabe duda que los peritajes de ambos Estados con relación al carácter permanente o no permanente de estos playones serán, entre otros puntos, de sumo interés por parte de los jueces en los próximos años (cuatro como mínimo).
Ir a La Haya: un ejercicio que conlleva un costo
Un procedimiento contencioso en La Haya dura usualmente cuatro años, si no se dan incidentes procesales entre las Partes. Se estima – ante la extrema discreción de los Estados sobre el particular – que para cada Estado, el costo de una demanda en La Haya oscila entre unos 6 a 9 millones de US$ en gastos varios para asegurar su respectiva defensa (Nota 2). No obstante el precitado rango de 6 a 9 millones de US$ en un procedimiento normal, dos casos recientes en América Latina arrojan otros datos:
– en el caso de la demanda de Perú contra Chile ante la CIJ, el Poder Ejecutivo chileno reconoció, después de un intento inicial para evadir la consulta (ver decisión de la Corte de Apelaciones del 13/11/2013) haber incurrido en un gasto superior a los 20 millones de US$ (ver nota de prensa);
– en el caso de la demanda de Ecuador contra Colombia interpuesta en el 2008 por aspersiones químicas aéreas, Colombia optó, al obtener el retiro de la demanda, por depositarle a Ecuador la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ): ver punto 9 del texto del acuerdo suscrito Colombia y Ecuador el 9/09/2013.
En reportes de la prensa de Nicaragua (y sin que se haya logrado consultar por parte nuestra algún documento oficial más preciso) se indicó que se habían destinado más de 10 millones de US$ con relación a la demandas con Costa Rica ante la CIJ (ver nota de prensa).
En el caso de Costa Rica, el 10 de diciembre del 2010, el canciller de la época, René Castro, precisó en una nota publicada en La Nación «País presupuesta $2 millones por año para juicio en La Haya» la previsión presupuestaria hecha para el único caso de Isla Portillos de aquel momento, la cual se ubica en el rango precitado (6 a 9 millones de US$, tomando en cuenta que el procedimiento dura como mínimo cuatro años). Si bien en la prensa han aparecido datos sobre estimaciones de gastos realizados por Costa Rica en estos últimos años, a la fecha se desconoce un monto exacto que se origine en algún documento oficial público en Costa Rica (y que incluya todos los rubros mencionados en la Nota 2). En noviembre del 2013, se puedo leer por parte del canciller de Costa Rica que en tres años se había desembolsado unos 3 millones de US$ únicamente en honorarios a abogados internacionales y viajes a La Haya (ver nota de La Nación).
Además de poder evaluar con precisión los gastos que genera una defensa legal en La Haya para un Estado, se debería también de proceder a evaluar la defensa como tal de las pretensiones esgrimidas. No necesariamente los derechos pretendidos por el Estado que presenta la demanda (el demandante) son confirmados por el juez internacional. Como en todo ejercicio ante un juez, existe siempre un riesgo de no lograr lo que se pretende como Estado demandante: por ejemplo, desde el fallo del 13 de julio del 2009 entre Costa Rica y Nicaragua, los policías de Costa Rica ya no pueden navegar por el Río San Juan, sea en tareas de vigilancia o de observación o de simple abastecimiento de puestos fronterizos en tierra, operativos que sí realizaban en los años 90 con la anuencia de las autoridades de Nicaragua hasta mediados del año 1998. La crisis diplomática acaecida en octubre del 2010 con la incursión de Nicaragua en Isla Portillos (territorio costarricense) evidenciaría la enorme dificultad de las autoridades costarricenses para vigilar la frontera fluvial con Nicaragua que se extiende por más de 140 kilómetros.
Finalmente, como bien lo ilustra el caso del canal de Beagle entre Argentina y Chile (1974-1977), no siempre la aplicación de la norma logra apaciguar los ánimos en materia territorial y resolver una controversia: este caso constituye un peculiar precedente en el que una decisión arbitral jurídicamente fundamentada no logra sino colocar a ambos Estados al borde de una confrontación bélica, y debe ser posteriormente objeto de una mediación pontifical de carácter político entre ambos Estados (Nota 3). Los límites del Derecho para resolver disputas inter-estatales constituye un aspecto que ha pocamente interesado a los especialistas del derecho internacional, usualmente muy prestos a considerar que toda controversia puede ser resuelta mediante la aplicación irrestricta de reglas jurídicas (y sin dejar a los decisores políticos el tiempo de ponderar otros aspectos, de corte más político).
Dos Estados, una playa y un punto borrado por el mar a ubicar
Con relación a la costa caribeña entre Costa Rica y Nicaragua, el proceso de erosión marina ha sido tal en la zona fronteriza que, según las mismas declaraciones públicas de autoridades costarricenses, el punto fijado en 1897 en tierra como punto inicial de la frontera terrestre, actualmente se situaría a unos 500 metros mar adentro.
Figura del inicio de la línea fronteriza en la costa caribeña entre Costa Rica y Nicaragua a finales del siglo XIX, extraída de la obra MOORE J.B., History and digest of the international arbitrations to which the United States have been party, Washington, Government Office Priniting, 1898 (6 volumes), Vol. V.,p. 5079.
En esta entrevista publicada por La Nación, el actual jefe de la diplomacia costarricense indica que: «El canal estaba en un sitio ubicado hoy 150 metros metido en el mar, imagínese que el primer mojón está hoy como 500 metros metido en el mar, eso muestra los cambios constantes que se dan». En esta misma entrevista, se puede leer que el actual canciller, ante una situación muy similar a la vivida en octubre del 2010 (detección de presencia de militares de Nicaragua en territorio costarricense), opta por otra actitud: «Tampoco vamos a hacer el ridículo que se hizo en el 2010, mandar nuestros policías y toda aquella alaraca y todo ese absurdo, que terminó en lo que sabemos (sic.)». Salvo error de nuestra parte, no se registran reacciones a estas valoraciones por parte de quienes participaron en la toma de decisiones en octubre del 2010 y en los meses posteriores.
Volviendo a los meandros de la parte final del Río San Juan, es de notar que desde los años noventa, publicaciones científicas explican, desde el punto de vista geográfico, las razones por las cuáles las desembocaduras de los ríos en el Caribe en Centroamérica son particularmente dinámicas en cuanto a cambios en su morfología (Nota 4), complicando las relaciones entre Estados: el punto terminal de la frontera terrestre no solamente interesa la demarcación en tierra, sino que debería coincidir con el punto inicial de la frontera marítima. La indeterminación de este punto es susceptible de causar roces y tensiones. En el 2003, en la localidad fronteriza de San Juan del Norte (Nicaragua), los delegados de ambos Estados buscaron determinar la ubicación exacta del mojón 1 “como paso preliminar para el cálculo de las proyecciones que ambos países se intercambiarían en la siguiente reunión de la Subcomisión de Límites y Cartografía” (Nota 5). Estas negociaciones se suspendieron luego de la presentación de la demanda ante la CIJ por parte de Costa Rica contra Nicaragua en septiembre del 2005, que resolvió la CIJ en julio del 2009 (Asunto de los derechos de navegación en el Río San Juan y derechos conexos).
El daño ocasionado en Isla Portillos: un nuevo procedimiento ante la CIJ para que sea ella la que fije el monto
Con relación al caso pendiente de resolución en cuanto a la indemnización por los daños ocasionados por Nicaragua en Isla Portillos, Costa Rica anunció este 16 de enero del 2017 mediante un comunicado de prensa con fecha del 16 de enero del 2017 (ver texto reproducido al final de esta nota), que solicitó a la CIJ fijar el monto, ante la ausencia de respuesta de Nicaragua.
Gráfico de la zona de Isla Portillos en la costa caribeña, extraído de artículo de La Nación (Costa Rica).
En junio del 2016, Costa Rica estableció un monto de 6,7 millones de US$ de forma unilateral, y el 16 de diciembre del 2016 venció el plazo de un año otorgado por la CIJ para que ambos Estados fijaran el monto de manera conjunta. Remitimos al lector a nuestra nota publicada en el OPALC (Sciences-Po, Paris) con relación a la fijación unilateral de este monto indemnizatorio hecha por Costa Rica, y que evidencia (entre otros puntos), que Costa Rica no cuenta oficialmente con una metodología para cuantificar el daño ambiental.
A modo de conclusión: justas en La Haya en detrimento de la agenda bilateral
Con esta nueva demanda contra Nicaragua presentada por Costa Rica, es probable que la agenda bilateral, suspendida desde muchos años, se mantenga como tal. Se trata de un efecto colateral de la presentación unilateral de una demanda en La Haya cuando se trata de Estados vecinos. Como bien se sabe, el buscar una salida negociada, solicitar los buenos oficios de un tercero, o bien someter de forma conjunta un punto de discordia al juez internacional, mediante una solicitud conjunta, permite evitar el carácter «inamistoso» que tiene para el Estado demandado una demanda presentada en forma un tanto sorpresiva y unilateral. En términos generales, se puede decir que la compleja agenda bilateral entre Costa Rica y Nicaragua lleva más de diez años suspendida, precisamente debido al efecto de estas demandas recurrentes presentadas de forma unilateral, sin manifestar mayor interés ninguno de los dos Estados en buscar primero una salida política. Y sin que la lectura de un fallo por parte de la CIJ (como el fallo de la CIJ del 13 de julio del 2009 – ver texto integral – o el del 16 de diciembre del 2015 – ver texto integral) abra un espacio de tiempo para lograr algun tipo de acercamiento en aras de normalizar poco a poco las relaciones entre ambos ribereños del Río San Juan. Tal y como ya lo advertíamos en este artículo de opinión de noviembre del 2005, publicado en La Nación, con relación a la primera demanda ante la CIJ presentada por Costa Rica en su historia:
«Además del alto costo político (dado que nadie puede vaticinar del contenido del fallo de la CIJ), de las dificultades de diversa índole (logística, lingüística, administrativa) que deben superar las cancillerías al organizar la defensa jurídica del Estado, existe también un desgaste humano e institucional (la CIJ enfrenta problemas para rendir una justicia pronta y cumplida, pero ello obedece a que, usualmente, son las mismas partes las que deciden extender los plazos para presentar sus respectivas réplicas y dúplicas, solicitando incluso una tercera ronda de alegatos). Ello sin contar el efecto perturbador para las relaciones bilaterales entre Estados vecinos por el hecho de esperar entre 4 y 6 años un fallo precisando el alcance de sus respectivos derechos».
—–Notas—–
Nota 1: Estas son las demandas registradas desde el 2010 hasta la fecha en La Haya entre Costa Rica y Nicaragua. En noviembre del 2010, demanda de Costa Rica contra Nicaragua por la ocupación ilegal de Isla Portillos (ver texto de la demanda con fecha del 18/11/2010); en diciembre del 2011, demanda de Nicaragua contra Costa Rica por la denominada «trocha fronteriza» (ver texto de la demanda con fecha del 21/12/2011); en febrero del 2014, demanda de Costa Rica contra Nicaragua para determinar la frontera marítima en ambos océanos (ver texto de demanda con fecha del 25/02/2014). En esta nota se pueden observar los bloques concesionados a Statoil (empresa noruega) por parte de Nicaragua, en ambos océanos, bastante distantes de las zonas que pretende Costa Rica. En el 2013, la edición de un mapa de bloques a concesionar por parte de Nicaragua había provocado una protesta de Costa Rica (ver nuestra nota publicada en CRHoy).
Nota 2: Este monto, sobre el que los Estados se muestran extremadamente discretos, debería incluir los honorarios de abogados internacionales, los salarios de funcionarios nacionales, consultores y asesores nacionales, los diversos estudios solicitados, viajes y perdiem en La Haya, peritajes, elaboración de mapas, de fotografías satelitales, gastos secretariales, traducciones, certificaciones y demás rubros, durante los cuatro años que (como mínimo) dura un procedimiento de este tipo en La Haya. En muchos casos, funcionarios de las cancillerías están abocados a tiempo completo o casi, lo cual también debería ser registrado, o por lo menos ponderado si no se trata de una asignación a tiempo completo.
Nota 3: “L´arbitrage de Beagle est peut-être bon du point de vue de la technique juridique mais mauvais du point de vue politique. C´est un arbitrage qui viole un principe traditionnel de la réalité politique et géographique de l´Amérique Latine” según lo explicaba el Profesor Héctor Gros Espiell (Véase SFDI, La frontière, Colloque de Poitiers, Paris, Pedone, 1980, p. 176).
Nota 4: Véase por ejemplo SANDNER G. & RATTER B.,»Topografical problem areas in the delimitation of maritime boundaries and their political relevance: case studies form the Western Caribbean», 15, Ocean and Shoreline Managment (1991), pp. 239-308.
Nota 5: Véase Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Institucional, 2003- 2004, San José, 2004, p.86
Texto de comunicado de prensa de Costa Rica, con fecha del 16/01/2017
Costa Rica solicita a la Corte Internacional de Justicia determinar el monto de la compensación debida por Nicaragua
Costa Rica presentó hoy ante la Corte Internacional de Justicia la solicitud para que sea ese Tribunal el que determine el monto de la compensación que Nicaragua debe pagarle a Costa Rica, por los daños materiales producto de la invasión militar ocurrida en el año 2010.
En la sentencia del 16 de diciembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia determinó que Nicaragua había violado el derecho internacional al ocupar territorio costarricense, y que, producto de sus acciones en territorio costarricense, debía pagar a Costa Rica una compensación económica.
La Corte dio un año a las partes para que llegaran a un acuerdo, en cuyo caso, de no llegar a uno, cualquiera de ellas podía solicitar a la Corte la determinación final de la referida compensación.
En junio de 2016 Costa Rica presentó a Nicaragua su estimación por el daño material sufrido, el cual tasó en la suma de $6, 723,476. En el mes de noviembre pasado Nicaragua rechazó la estimación costarricense, y solicitó mayor documentación, la cual Costa Rica presentó días después. Aun cuando el plazo para acudir a la Corte era desde el 16 de diciembre pasado, Costa Rica dio un tiempo adicional a Nicaragua, como acto de buena fe, con ocasión de declaraciones del Presidente Ortega, que había señalado que Nicaragua estaba dispuesta a pagar la compensación económica. No obstante, el plazo que Costa Rica concedió a Nicaragua para recibir una respuesta se venció hace unos días, sin que Nicaragua hubiera reaccionado del todo. En consecuencia, Costa Rica ha solicitado a la Corte su determinación final.
El Canciller Manuel González señaló que “Costa Rica, fiel a su tradición diplomática, concedió unos días adicionales para buscar un arreglo negociado con Nicaragua, en consideración del aparente deseo del Presidente Ortega de honrar esa deuda producto de la invasión militar. Desafortunadamente, a pesar del gesto costarricense, no recibimos ninguna respuesta, y, en consecuencia, he instruido a nuestro Embajador en La Haya, Señor Sergio Ugalde, solicitar a la Corte la determinación del monto definitivo que Nicaragua debe pagar por el daño material sufrido por Costa Rica”.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Invitamos a la comunidad universitaria y público en general a participar en el acto en memoria de los estudiantes fallecidos el pasado 19 de enero en Liberia, que se realizará en la Sede de Guanacaste, el próximo miércoles 25 de enero a las 9:00 a. m., Luego del acto se realizará una marcha de manifestación contra la violencia, saliendo de las cercanías del cruce de la carretera interamericana con la avenida 0 a las 10:00 a.m. hasta el parque de Liberia. Le invitamos a que asista con camisetas blancas.
Ese día habrá servicio de transporte desde la Sede Rodrigo Facio, la salida será a las 4:30 a. m. frente a la Biblioteca Carlos Monge. Las personas interesadas deberán llamar al 2511-1213 antes de las 5:00 p. m. del lunes 23 de enero para anotarse. El regreso está programado para salir de Liberia a las 2:00 p. m. aproximadamente. Si requiere ingresar en vehículo a la Sede Rodrigo Facio para tomar este transporte institucional, tenga en cuenta que el acceso vehicular al campus únicamente estará habilitado por las cercanías de la Facultad de Ingeniería.
La Universidad de Costa Rica (UCR) ofrece a partir de esta semana, una excelente oportunidad para que las familias costarricenses puedan aprender, compartir saberes y disfrutar de las vacaciones escolares en los «Campamentos del Desarrollo Humano: hacia el acceso universal».
Los campamentos se realizarán durante los meses de enero y febrero en todas las sedes y recintos de la UCR, llegando así a comunidades y provincias de todo el país, desde Grecia hasta Golfito y desde Limón hasta Guanacaste.
En cada localidad el programa incluye una amplia oferta de cursos, talleres, charlas y actividades recreativas de temáticas muy variadas y totalmente gratuitas para personas de todas las edades.
Se trata de la primera vez que todas las sedes y recintos de la UCR ofrecerán esta opción a sus comunidades mediante una oferta educativa y recreativa variada donde se incentiva el diálogo de saberes universidad-sociedad. Esto gracias el apoyo de las comunidades, estudiantes, personas voluntarias y diversas instituciones que se han unido para compartir sus saberes en forma gratuita.
Así, niños, jóvenes y adultos tendrán acceso decenas de cursos, talleres y conferencias de temáticas muy variadas como el origami y el aprendizaje de las ciencias, el uso de drones, abonos orgánicos, bailes populares y actuación, entre muchos otros.
También habrá campamentos exclusivos para niños y niñas con los Guías y Scouts y Bomberos de Costa Rica, y los adultos podrán matricularse en cursos de mayor duración ofrecidos y certificados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en el caso del Recinto de Grecia.
Este programa institucional que impulsa la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR está inspirado en la experiencia del Recinto de Grecia donde se han realizado tres ediciones de “Campamentos de Verano y Cursos de Desarrollo Humano”.
Iniciar el año 2017 con un hecho violento contra nuestros estudiantes es avasallador y descorazonador. (Diseño Jorge Carvajal-ODI).
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) declaró cinco días de duelo institucional, luego de confirmar que cuatro de los cinco jóvenes presuntamente asesinados en la ciudad de Liberia, son estudiantes regulares de la Institución.
Se trata del estudiante Joseph Briones Solís, de las carreras de Dirección de Empresas y de Administración Aduanera, y de las estudiantes Ingrid Méndez Serrano, de la carrera de Psicología; y Dayana Martínez Romero y Stephanie García Hernández, de las carreras de Educación Primaria y Dirección de Empresas, de la Sede de Guanacaste, quienes perecieron junto con el joven Ariel Vargas Condega, estudiante de la Universidad Técnica Nacional (UTN).
En un comunicado enviado a la comunidad universitaria, el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR y el Dr. José Francisco Aguilar Pereira, director del Consejo Universitario, se manifestaron profundamente consternados y conmocionados por la violencia de la que han sido víctimas este joven y estas jóvenes universitarias, quienes estaban dando su mejor esfuerzo para construirse un futuro más próspero, cuando sin justificación alguna su vida fue segada.
Para las autoridades iniciar el año 2017 con un hecho de esta naturaleza es avasallador y descorazonador, por lo que como Institución se debe hacer un señalamiento sobre la violencia que existe en nuestra sociedad, la cual parece tener como principal objetivo interrumpir la vida de nuestra juventud. “Nuestros jóvenes están siendo las principales víctimas de la violencia, ya sea la que proviene del crimen organizado o la que se da en nuestras carreteras”.
Como respuesta a este hecho tan lamentable, ambos solicitaron que en todo acto que se realice en la universidad durante esos días se les recuerde guardando un minuto de silencio y se reflexione sobre la necesidad de seguir trabajando como sociedad en la protección de la juventud de nuestro país.
Entretanto, con miras a dar contención a compañeros, amigos y profesores de estos jóvenes, la UCR ha enviado a Liberia a miembros de la Brigada de Atención Psicosocial en Situaciones de Emergencia.
Finalmente, el próximo miércoles 25 de enero, a las 9:00 a.m., en el Auditorio de la Sede de Guanacaste, se realizará un acto a la memoria de las víctimas. Desde esta tarde las banderas de la UCR dentro del campus permanecen a media asta.
Ante la muerte de 5 universitarios asesinados en Liberia-Guanacaste, expresamos nuestro dolor y solidaridad a sus familiares. Asimismo, manifestamos nuestra indignación por estos hechos ocurridos en el barrio La Victoria de Liberia que cobró la vida de 3 mujeres y 2 hombres (estudiantes universitarios).
La Universidad Nacional repudia cualquier acción que atente contra la vida de las personas e instamos a la sociedad a potenciar una cultura de respeto y vivencia de derechos humanos, basada en la práctica del diálogo, en aras de alcanzar mayores niveles de justicia y equidad en la cotidianidad con profundo respeto por la vida, humana y no humana.
Las Universidades Públicas Costarricenses, hemos declarado el 2017: “ El Año de la Universidades Públicas por la Vida, el Diálogo y la Paz”, con ello, buscamos fomentar la construcción de formas de convivencia sin violencia, con reconocimiento y justicia para todas las personas, ya que tenemos la convicción de que es urgente una forma más armónica de convivir.
Apelamos a una sociedad que impulse una educación integral, basada en la cooperación y el diálogo, sustentada en una sensibilidad de derechos humanos que fortalezca el humanismo, la solidaridad social y el respeto por los demás seres vivos y por la naturaleza en general.
Se trata de un diálogo creativo, crítico y proactivo, respetando el reconocimiento de los otros como interlocutores válidos y legítimos, sobre la base de una sensibilidad de derechos humanos que sea constitutiva de una cultura de paz, tal y como lo expresa el Papa Francisco: “debemos construir una cultura del Encuentro y del Diálogo que responda a los más profundos anhelos de paz del ser humano”.
Dr. Alberto Salom Echeverría
Rector
Dra. Luz Emilia Flores Davis
Rectora Adjunta
UNIVERSIDAD NACIONAL
19 Enero 2017
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.facebook.com/unacostarica
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
