Autor: María José Ferlini Cartín

Ingreso de Costa Rica a la OCDE genera dudas en sector educativo

Escrito en 24/06/2016. Publicado en Derechos, Educación.

Katzy O`neal Coto,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Ingreso de Costa Rica a la OCDE — Los panelistas señalaron la importancia de mantener la educación como un derecho y no como un bien de mercado (foto Archivo ODI).

El impulso a la educación dual, la visión economicista de la educación, la instauración de pruebas internacionales como las pruebas PISA y la falta de información preocupan a un grupo de académicos quienes analizaron el tema del ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y sus posibles repercusiones para la educación costarricense.

El análisis sobre este tema lo realizó el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR) el miércoles 15 de junio en el auditorio del INIE, en el marco del proyecto ED-3229 Encuentros en educación: La perspectiva crítica en la actualidad.

En la mesa redonda participaron; el Lic. Hugo Marín Guillén, secretario general de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE); la Dra. Rita Meoño Molina, representante del Área de Ciencias Sociales en el Consejo Universitario; el Dr. Luis Paulino Vargas Solís, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED y como moderador el Dr. Randall Blanco Lizano, director de la Maestría Centroamericana en Sociología.

Ingreso de Costa Rica a la OCDE2 — “La educación como la concebíamos en algún momento como instrumento colectivo para el desarrollo social hoy se ha convertido en un instrumento para reducir al individuo únicamente a su situación económica y de trabajo” acotó el educador Lic. Hugo Marín Guillén (foto Karla Richmond).

Los panelistas se mostraron preocupados ante la incursión de este organismo internacional que tendrá la capacidad de incidir en las políticas públicas de Costa Rica, especialmente en el ámbito de la educación pública, bajo una visión centrada en objetivos de crecimiento económico.

Hugo Marín Guillén planteó un análisis profundo sobre el discurso de la OCDE en temas de educación que reflejan la lógica de un modelo educativo que él denomina como “educación neoliberal”. En su opinión, bajo conceptos de eficiencia, efectividad, capital humano y calidad esta organización define la educación como un bien de mercado y deja atrás el concepto de educación como un derecho.

Ingreso de Costa Rica a la OCDE3 — La Dra. Rita Meoño afirmó que el ingreso de Costa Rica a la OCDE contribuirá con la contrareforma esperada para las universidades costarricenses de manera que respondan a tendencias internacionales impulsadas por organismos internacionales y países en desarrollo» (foto Karla Richmond).

Marín manifestó su preocupación por este enfoque empresarial y economicista que vendría a profundizar la desaparición de políticas públicas de inclusión y universalidad de la educación pública y favorece la privatización de la educación, un proceso que viene ocurriendo desde los años 90, según explicó.

Por su parte, Rita Meoño señaló que la OCDE recomienda no centrar los esfuerzos en alcanzar el 8% del PIB para educación sino que apunta hacia la eficiencia y obtención de mejores resultados educativos. Así lo manifestó dicho organismo en el estudio económico para Costa Rica que presentó el secretario general de la OCDE en febrero de este año.

Agregó que entre 2013 y 2015 Costa Rica firmó 13 instrumentos jurídicos entre los que están el Plan acción juvenil educación empleo y la Declaración sobre equidad y género en educación, empleo y emprendimiento.

Ingreso de Costa Rica a la OCDE4 — El Dr. Luis Paulino Vargas fue sincero al exponer que para él aún no queda claro cuáles son las ventajas que tendría el país al pertenecer a la OCDE (foto Karla Richmond).

El Dr. Luis Paulino Vargas llamó la atención sobre la necesidad de que los ciudadanos pidan más información sobre el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDEy sobre el trabajo que actualmente realizan los 20 comités nombrados por el Gobierno para hacer un proceso de evaluación sobre diversas temáticas como inversión, gobierno corporativo, asuntos fiscales, seguros y pensiones privadas, política ambiental, políticas educativas, empleo, salud y comercio, entre otros.

Destacó que la OCDE tiene distintos instrumentos jurídicos y Costa Rica puede tomar una de las cuatro posiciones iniciales para cada uno de los instrumentos jurídicos: aceptación, aceptación con un plazo determinado para la implementación, aceptación con reservas u observaciones o rechazo. Por lo que es importante para la ciudadanía conocer cuál es la posición que está tomando el Gobierno con respecto a cada uno de los instrumentos y se debe exigir que se haga público.

Ingreso de Costa Rica a la OCDE5 — «El reto fundamental desde la OCDE es asegurar que la educación técnica de Costa Rica refleje las necesidades del mercado laboral» acotó el Dr. Randall Blanco (foto Karla Richmond).

Para el moderador Randall Blanco Lizano las recomendaciones que hace la OCDE al país en un documento sobre la educación técnica en Costa Rica tratan de alinear las políticas del país a las necesidades de las empresas, a pesar de que reconoce que no se puede garantizar que los empresarios estén realmente interesados en ofrecer fuentes de empleo para los nuevos técnicos.

El objetivo de esta actividad fue abrir a la comunidad universitaria y nacional esta discusión para formar opinión pública y motivar la investigación y discusión abierta de este tipo de temas, según lo manifestó la Dra. Jacqueline García Fallas, directora del Instituto de Investigación en Educación (INIE).

Al finalizar la mesa redonda la Dra. García reflexionó que esta actividad deja planteada la necesidad de seguir estudiando las posibles repercusiones de la entrada del Costa Rica a la OCDE tanto en materia de educación como en otros ámbitos y valorar si los objetivos son acordes con nuestra visión de sociedad o si se está tratando de alinear al país hacia acciones cada vez más neoliberales.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Conversatorio sobre Comercios Justos

Escrito en 24/06/2016. Publicado en Comunidad.

El Equipo Dinamizador de la Red de Economía Social Solidaria-Costa Rica comparte la invitación al «Conversatorio sobre Comercios Justos» con experiencias de Brasil y de Costa Rica, el cual se estará llevando a cabo el próximo jueves 30 de junio a las 5 p.m. en la Sala 1 de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca.

Enviado a SURCOS Digital por Wagner Suazo, Equipo Dinamizador, RedESS.

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La Calle Modelo solicita a Municipalidad informe sobre cuarterías de esta comunidad

Escrito en 24/06/2016. Publicado en Comunidad.

Según la señora Lorena Salgado, representante de la Calle Modelo en la Aurora de Heredia, el mayor reto con el que cuenta esta comunidad es avanzar con lo de la Red Aurora Natural, de forma que se logre contagiar a quienes viven en los condominios privados Jenny, Lorena, Patricia, Vilma y Gabriela, para que se organicen y logren su primera huerta comunitaria en los espacios verdes con que cada condominio cuenta.

Por otra parte, en el comunicado enviado a SURCOS Digital, se manifiesta el agradecimiento a los regidores por el apoyo que brindaron a La Calle Modelo para que se volviera a tratar del tema de «las cuarterías», ya que la finalidad del tema es que las familias, mujeres, niños y niñas, hombres migrantes, entre otros, que habitan estos lugares, puedan tener una oportunidad de dignificar su situación, mediante un desarrollo social y espiritual.

Es así como se le comunicó al Concejo Municipal que luego de la inspección realizada por el Arq. Alejandro Chaves Di Luca, encargado de Control Fiscal y Urbano, se concluye que por ser el tema de “cuarterías” una actividad regulada, se requiere la intervención del Ministerio de Salud, por lo que se traslada el acuerdo SCM-729-2016 a éste Ministerio.

La comunidad de La Calle Modelo queda a la espera de la vista y el informe correspondiente del caso.

Se adjunta la Notificación SCM-1078-2016 Sesión 012-2016

SCM-1078-216

Enviado a SURCOS Digital por Lorena Salgado, La Calle Modelo.

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Sectores sociales e indígenas cuestionan directriz para consulta indígena

Escrito en 24/06/2016. Publicado en Derechos.

Organizaciones ecologistas, comunidades indígenas, eclesiales, ecologistas, de derechos humanos, paz y no violencia

Diferentes organizaciones y representantes de comunidades indígenas se pronunciaron sobre la Directriz para la construcción de un consulta indígena N° 042-MP que sin bien la consideran “una reivindicación histórica de los Pueblos Indígenas de Costa Rica…NO estamos de acuerdo en que se realice en las condiciones actuales de violencia directa contra las comunidades y líderes, sin saneamiento territorial, y entre otros graves problemas que sufren actualmente los territorios indígenas del país”.

Para ellos: “se estará discutiendo y buscando acuerdos bajo la violencia, la amenaza y la impunidad, así como con la presencia de los no indígenas usurpando los territorios e intimidando a las comunidades, ese no puede ser el camino del dialogo cultural ni el de reconocimiento de los derechos indígenas a la consulta, a la tierra /territorio”.

En un fuerte señalamientos aseguran “hay territorios donde los NO INDÍGENAS (“blancos”/“ganaderos”) gobiernan a su antojo, están más presentes que el Estado y desaplican la ley al mejor estilo de control “paramilitar”, como quedó en evidencia en días pasados durante un bloqueo/ manifestación de éstas personas y grupos en Buenos Aires de Puntarenas, haciendo uso de dinamita, machetes, bombas molotov y otros, con acciones desafiantes hacia las autoridades del Estado, siendo parte de ello algunos líderes municipales. Además nos preocupa, la siembra y el trasiego de drogas, (que es) un secreto a voces, (sucede) en la Zona Sur, en que estas bandas utilizan parte de los territorios indígenas”.

Megaproyectos interesados

Para las organizaciones la directriz “está diseñada a la medida de los “interesados” institucionales y de grupos económicos, inversionistas, aunque su forma de convocatoria lo disimule; y es que no solo les interesa la represa Diquís, si no al menos otros 17 proyectos hidroeléctricos que el ICE ha querido impulsar dentro de los territorios indígenas…está en la fila FONAFIFO que avanza en el mecanismo REDD+ y el Pago de los Servicios Ambientales; de igual forma están las obras de infraestructura vial (mega carreteras del sur y el aeropuerto, en cumplimiento del plan Mesoamérica (antes plan Puebla Panamá) que unirán Mesoamérica en la expansiva ruta comercial mundial con el nuevo canal de Panamá, entre otras cosas”.

Propones que: si el gobierno quiere adelantar este proceso, tiene que generar condiciones, reconocer las enormes asimetrías que fundan esta relación y empezar a sentar bases que con los años o décadas puedan generar otros escenarios donde esta propuesta si tenga mayor legitimidad y aceptación social para los beneficiados y no solo para los interesados.

Condiciones mínimas

Además establecen criterios básicos para avanzar en este sentido: ejecutar de inmediato las políticas de saneamiento territorial así como “detener definitivamente las acciones de violencia que han sido sistemáticas, organizadas y continuas hacia los indígenas en su territorio. Así como detener, indagar e investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, muchos de ellos identificados plenamente por las personas indígenas ofendidas”. También los firmantes piden que se tome una decisión de aprobar o archivar el proyecto de ley 14.352, Ley de Autonomía de los Pueblo Indígenas, que lleva más de 20 años de esperar su aprobación.

Las organizaciones firmantes son FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas), Talamanca por la Vida y por la Tierra, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), COECO Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, Servicio paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR, Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), Organizaciones del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.

*Ver completo en: http://www.feconcr.org/doc/Pronunciamientodirectrizindigena.pdf

*Imagen tomada de http://www.feconcr.org/

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Vecinos a la Municipalidad para proteger el ambiente y sus derechos

Escrito en 24/06/2016. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Empresarios tratan de revivir hidroeléctrica en San Rafael de Pérez Zeledón

Después de años de atrasos y oposición comunal este cuestionado proyecto hidroeléctrico privado parece tener intereses vivos que lo quieren hacer salir del coma.

Y es que el pasado 15 de junio, por medio de un acuerdo municipal, se echó para atrás la prohibición de proyectos hidroeléctricos en la zona de Deslizamiento Zapotal, Quebrada Mollejones y toda la extensión del Río San Rafael (Ver Acuerdo).

Así que este martes 21 de junio, a partir de las 6pm, miembros de la Comisión Pro Rescate Río San Rafael y Movimientos Ríos Vivos harán presión para que sea acogido un recurso de revocatoria contra dicho acuerdo.

El proyecto espera la viabilidad ambiental de SETENA pero vecinas y vecinos han insistido en la inconveniencia de construir en un área de riesgo, pues es atravesada por la falla Zapotal, que años atrás activó un deslizamiento de grandes proporciones que incluso ocasionó la desaparición y reubicación del pueblo del mismo nombre.

Este proyecto es parte de los 16 proyectos de la Zona Sur que han fracasado, uno a uno, por rotunda oposición comunal en los cantones de Buenos Aires, Pérez Zeledón y Coto Brus. La mega empresa H. Solís está vinculada con diez de los dieciséis proyectos hidroeléctricos. De esos 16 proyectos sólo tres proyectos hidroeléctricos han sido adjudicados por el ICE para terminar sus trámites y firmar contrato: PH Consuelo (14 MW), PH Monteverde II (5 MW) y PH San Rafael (7,25 MW).

El proyecto Monteverde fue archivado, igual suerte corría el PH Consuelo- también de H.Solis- hasta que el MINAE, desatendiendo criterios técnicos de AYA, está reviviendo el proyecto justo después de recibir nuevos y millonarios contratos de mantenimiento vial y hasta unos 19 recientes contratos para mantenimiento de rondas y orillas por medio de PYMES, por un valor de ¢12.588 millones (Semanario Universidad, 18-5- 2016).

**Informes: Comisión Pro Río San Rafael con Ariel Robles: 8383 5886 y Geiner 8815 3398 y Jiri Spendlingwimmer de Rios Vivos al 8880 6385.

Imagen tomada de Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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La CGT abandona BUSSCO

Escrito en 24/06/2016. Publicado en Trabajo.

Comunicado de prensa

La Junta Directiva Nacional de la Central General de Trabajadores aprobó no participar más en el espacio unitario denominado BUSSCO, solicitando a las organizaciones miembros de esa confederación que analizaran también la posibilidad de renunciar también.

Como resultado del silencio cómplice del Bussco ante el acto de deslealtad de excluir de las negociaciones con las autoridades de la CCSS a los sindicatos agremiados, como la exclusión del Apse de la Convención Colectiva, fue la última gota que derramó el vaso de la paciencia de la Central Sindical, que plantea como fundamento para la creación y participación en alianzas los principios de democracia obrera y lealtad, los cuales cada vez están más deteriorados en la dinámica del Bussco, señalo el Secretario General Carlos José Cabezas Mora.

Añadió el compañero Cabezas que “el distanciamiento con el Comité Político del Bussco inicia al anunciar públicamente el acercamiento con otros colectivos como Patria Justa y las Centrales Sindicales”, consideramos que el Bussco no es lo suficientemente fuerte para ser quien detenga el avanzar de las posiciones del Bloque Opositor de la Asamblea Legislativa, se requiere de una unidad más amplia, las pasadas huelgas y los resultados demuestran esas tesis, opinó el dirigente.

La salida de uno de los aliados más importantes del Bussco, de una organización combativa y que aporta muchísimo en los procesos de movilización como es Apse, fue valorada de manera despectiva por el plenario del Bussco, como un punto de varios en la agenda.

La CGT ha tenido puntos divergentes con las decisiones del Comité Político del espacio unitario informal que apostó fundamentalmente al debate de una agenda nacional, cuyos resultados son evidentemente nulos, además en lugar de promover el clima de protesta contra los proyectos en la Asamblea Legislativa la prioridad de ese colectivo es sentarse a conversar con la casa presidencial, una camino que parece apostar al supuesto carácter progresista de un gobierno en el cual más influencia tiene los empresarios que los sindicatos.

La Junta Directiva Nacional aprobó a pesar de las diferencias continuar la coordinación con todos los espacios sindicales unitarios existentes con la pretensión de lograr aunque sea coordinaciones mínimas que impidan el avance de los proyectos de empleo público.

Carlos J. Cabezas Mora

Secretario General

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Carlos Cabezas.

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UCR: Consejo de Sedes denuncia ataques contra universidad estatal

Escrito en 24/06/2016. Publicado en Derechos.

El Consejo de Área de Sedes Regionales publicó en el Semanario Universidad una declaración en la cual denuncia los ataques contra la universidad estatal.

El documento, -que puede leerse también en la página 20 de la edición de esta semana del medio informativo universitario-, señala que esos ataques son organizados por ciertos espacios de difusión con el apoyo de “intereses espurios”. El escrito detalla las circunstancias nacionales e internacionales que motivan los ataques.

El siguiente es el documento publicado por el Consejo de Área de Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica y que fue enviado a SURCOS:

El Consejo de Área de Sedes Regionales: frente a los ataques contra la universidad estatal costarricense

MANIFIESTA:

Ante la sistemática campaña de ataque contra de la universidad estatal costarricense, y en especial, contra la Universidad de Costa Rica, organizada por ciertos medios de comunicación colectiva y apoyada desde intereses espurios, es importante que las y los costarricenses, hagamos uso de las herramientas del análisis crítico y de aquellas acciones, encaminadas a romper con la desinformación y las intenciones que implementan dichos medios.

Es necesario destacar que esta situación, antes que un hecho aislado, responde a un interés estratégico geopolítico, tendiente al debilitamiento del Estado y de sus más importantes instituciones. Esto es común en diversos países de América Latina, donde las universidades estatales han sufrido el embate de los medios de información, en algunos casos, distorsionando hechos y, en otros, difamando el quehacer de estas casas de estudio, afectándolas negativamente y, consecuentemente, deteriorando el desarrollo científico y profesional de las sociedades.

Costa Rica no es excepción, la campaña organizada contra la universidad estatal forma parte de esta estrategia de carácter internacional. Obviamente en nuestro país, existen personas pertenecientes a los grupos dominantes minoritarios, que actúan de esa forma “disconformes” con la labor que realizan las universidades estatales en el marco de un quehacer académico solidario y de transformación social democrático, en un accionar comprometido con el bienestar de la mayoría de los y las costarricenses, en el caso de nuestra Alma mater, a través de sus tres actividades sustantivas: la docencia, la investigación y la acción social, y con la atención humanística e integral concretada para con la población estudiantil.

Estas personas “disconformes”, en confabulación con los medios de comunicación y utilizando los poderosos recursos con que cuentan, tienen como objetivo, convencer a la opinión ciudadana de que la educación superior no es un bien público, que se debe de condicionar el actuar de las universidades y reducir el presupuesto, violentando la autonomía de las mismas. Tales medidas van encaminadas a negar a miles de jóvenes el ingreso a la universidad y expulsar a muchos otros que se encuentran en ella, por su origen económico, cultural, regional. Si permitimos que esta situación se dé, se destruiría el principio de equidad, sostén de una educación democrática, inclusiva y no discriminadora socialmente.

La Universidad de Costa Rica en cumplimiento con observando el mandato de su Estatuto Orgánico, cumple con el propósito de fomentar la conciencia crítica de la ciudadanía costarricense y pone en alerta a la población en relación con los diversos problemas que afectan la justicia social, económica, cultural y ecológica de las mayorías de este país. La condición dialógica y la misión crítica de nuestra universidad, son elementos imprescindibles para formar profesionales de conciencia lúcida, solidarios y seres humanos integrales.

Para algunos intereses, este tipo de educación es un privilegio e incluso un peligro y no debería ser un derecho. Al parecer más convendrían masas de ciudadanos sin nivel crítico y sin formación integral.

Si consideramos seriamente lo anterior, la campaña mediática que hace uso del amarillismo periodístico, ya no es una sorpresa y pierde sus efectos, pues la distorsión, la hiperbolización y la descontextualización de la información sobre situaciones de la vida interna de las universidades, quedan al desvelo por sus pretensiones nefastas y profundas. En todo caso, tampoco se debe pecar de ingenuidad y hay que tener la claridad suficiente para comprender las aristas de esta situación, entre ellas, el hecho que esta campaña se realiza en la coyuntura de la negociación presupuestaria del FEES.

Debe recordarse que el financiamiento de la universidad estatal costarricense, es un mandato constitucional, cuyo porcentaje aun no se cumple, y que corroer la imagen universitaria, para justificar simultáneamente una reducción del presupuesto, no debe ser aceptado desde ninguna perspectiva. Si ello sucediera, se pone particularmente en peligro la regionalización, con lo que se debilitaría el más importante programa democratizador.

El desfinanciamiento de las universidades estatales, afectaría sensiblemente el crecimiento y desarrollo de la regionalización y su labor de ampliación de la oferta académica, en respuesta a las necesidades de cada zona y el país en general.

Ante tan detestable contexto, corresponde a todos los universitarios defender al unísono y sin escatimar esfuerzo a nuestra “Casa de Estudios”, así como su autonomía y su hacienda, y los principios más auténticos de la universidad estatal costarricense. Es por ello, que el Consejo de Área de Sedes Regionales, conformado por Directores y Directoras de Sedes Regionales, manifiesta su preocupación y condena cualquier acción que, desde dentro de la propia institución, se preste a maniobras que ponen entredicho la autonomía universitaria y dañen la imagen del Alma mater, confabulándose con los intereses externos.

Reafirmar los derechos de nuestra ciudadanía implica en este contexto, defender un pilar fundamental de nuestra democracia: la universidad estatal costarricense; baluarte de la formación democratizadora, equitativa, humanística, creativa y transformadora, por lo que hacemos un llamado, a la comunidad universitaria y a la ciudadanía costarricense, a sumarse sin tregua en esta lucha y participar en el movimiento por la defensa universitaria.

Licda. Roxana Salazar Bonilla, Directora Sede de Occidente

Dr. Razziel Acevedo Álvarez, Director Sede de Guanacaste

Dr. Alex Murillo Fernández, Director Sede del Atlántico

Lic. Ricardo Wing Argüello, Director Sede del Caribe

Lic. Miguel Alvarado Arias, Director Sede del Pacífico

Mag. Georgina Morera Quesada, Directora Recinto de Golfito

Dr. Eval Araya Vega, Asesor de Rectoría

Srta. Verónica Chaves Fallas, Representante Estudiantil

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La Violencia como Negocio

Escrito en 24/06/2016. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Avila

La violencia generada y en crescendo desde el golpe de Estado perpetrado por la oligarquía aliada con fuerzas de ultraderecha internacional, terminó convirtiéndose en un negocio lucrativo para algunos sectores del mercado nacional e internacional, razón por la cual, éste es un obstáculo más para lograr reducirla a los estándares mundiales en un país donde no hay guerra declarada.

Terror

En un país donde el periodismo de investigación científica es casi inexistente y la información del Estado es prohibida, lo que se logra son aproximaciones a la realidad con alto grado de error.

Se ha provocado un miedo permanente en la ciudadanía, en la que los medios hacen apología a la violencia generalizada deliberadamente, induciendo el terror en la población mediante la reproducción de imágenes dirigidas a crear pánico la ciudadanía motivada a comprar cualquier medio de protección familiar, contratando los servicios de seguridad privados, evitar a toda costa utilizar los servicios públicos de transporte, creando al fin un ambiente de terror generalizado, que evita cualquier manifestación crítica, puesto que en el imaginario social el Estado está involucrado con este ambiente de inseguridad y terror.

Si contamos a casi cien mil muertes violentas en siete años, estimando a cinco miembros por familia, estamos hablando de medio millón de personas afectadas en su economía, en su vida social y en su estado emocional. Es decir, casi un 6% de la población ha sufrido actos de violencia criminal. Un grupo de psicólogos nos decía que el 35% de la población (2.8 millones) sufre de trastornos o irregularidades mentales. Seguro que los efectos directos e indirectos de la violencia provocada por el crimen, organizado o no, tiene que ver con esto.

Negocio

Hemos visto cómo se han cerrado bastantes negocios de la pequeña y mediana empresa, pero no vemos que cierren una funeraria, una venta de ataúdes; una empresa de seguros de vida; las empresas de seguridad privada, las tiendas de venta de armas; de alarmas y cámaras de seguridad, una cárcel o un cementerio privado. Al contrario, estos negocios crecen como algas en aguas estancadas. En las proximidades de las morgues y de los hospitales públicos, se cierran otros negocios para instalar farmacias, funerarias y venta de ataúdes.

Si contabilizáramos a 25 mil lempiras por servicio funeral, incluyendo el ataúd, dado que la gran mayoría de homicidios es contra familias pobres, entre el 2014 y 2015, se tuvieron cerca de once mil víctimas, lo cual implicaría una inversión al menos de 275 millones de lempiras, poco más de 12 millones de dólares. Si estimáramos estas mismas cifras para los dos años anteriores, estamos hablando de 24 millones de dólares.

La inversión en 2,300 cámaras para seguridad en las calles del Valle de Sula y Tegucigalpa, se puede redondear en L.13, 344,000 (US$600 mil dólares), sin incluir la instalación, mantenimiento, reparación y el costo de monitoreo que exige su buen funcionamiento. Esto lo pagamos con el “Tazón”.

En guardias privados se invierte alrededor de mil cuatrocientos millones de lempiras solamente en sus armas (L.1, 400 millones). A esto hay que sumarle mil quinientos millones de lempiras (L.1, 500 millones) mensuales que debemos pagar por 79 mil guardias que tenemos cuidando los negocios y las personas que circulan en el comercio. A los guardias apenas les pagan el salario mínimo aun cuando trabajan más de las ocho horas diarias. Es decir, las empresas de seguridad tienen una utilidad de 2,400 millones anuales, suponiendo que invierten los restantes 26 millones en nuevo armamento, equipamiento y administración. Este es un negocio dominado por ex oficiales militares y policiales. Es decir, que invertimos un promedio de L.2, 900 millones en mantener a 700 empresas de seguridad privada. Lo que equivale a USA$ 128, 482,807. Este negocio debe seguir creciendo para ubicar a los nuevos oficiales de policía y ejército que se van retirando. La vinculación entre estas empresas de seguridad privada y las instituciones de seguridad y defensa debe ser una de las constantes, lógicamente. Si esto lo proyectamos a los años 2012 al 2014, sumando los estimados del 2015, estamos invirtiendo US$513, 931,228 en los últimos cuatro años.

Además, para mantener el sistema de seguridad (y “defensa”), pagamos 1% de las transacciones que se hacen en el sistema financiero nacional a lo que llamamos el “Tazón”. Hasta octubre del año anterior último se estimaba haber invertido en este rubro L. 8,126.99 Millones. Si anualmente se recaudan más de L. 1,900 millones, a estas alturas de pueden haberse invertido aproximadamente L.9, 200 millones (USA$ 407, 600,630.98) desde el 2012. Es decir, noventa millones y medio de dólares promedio por año. Recordemos que el Ejército obtiene del Tazón el 37%, la Secretaría de Seguridad el 32%, la DNII el 18%, el 6% va a proyectos de prevención y el 2% a la Corte Suprema de Justicia.

Solamente en enterrar nuestros familiares; en pagar seguridad privada, y en pagar el programa de seguridad del gobierno, hemos invertido del 2012 al 2015, un aproximado de US$945, 531, 858.98. Muy cercanos a los mil millones de dólares estadounidenses, lo cual es un movimiento financiero significativo para un país pequeño y pobre.

Esta cantidad excluye otras inversiones en seguridad por no tener las aproximaciones, como son los vehículos blindados; los sistemas electrónicos de seguridad privados; la infraestructura de “barrios seguros”; los gastos de los hospitales privados y públicos en atender heridos; el remplazo de vehículos destruidos en las empresas y de individuos; los sobornos y pago de rescates; la quiebra de micro y mediana empresa; incluso, el desmantelamiento de negocios y empresas por inseguridad. También se excluye la inversión en forma de donación, por capacitaciones, asesoría o dotación de equipos de países amigos. Solamente de los Estados Unidos se han recibido al menos US$200 millones para fortalecer las fuerzas armadas y policías en los últimos 6 años.

Además de lo anterior, el gobierno ha aumentado en Defensa para los últimos seis años su presupuesto en 150%. Lo cual nos dice que la institución que mejor aprovecha de las raquíticas finanzas nacionales, por la situación grave de inseguridad son las Gloriosas.

Balance

Si hacemos un balance de los gastos en seguridad versus los resultados obtenidos, confirmaremos que estas inversiones no se equiparan a la leve reducción de la inseguridad, en los últimos siete años. Las bajas en homicidios se deben en mucho a la intervención de países amigos que han tenido un significativo impacto en el desmantelamiento de algunos carteles de la droga que afectan su propia seguridad.

Los gastos en medios represivos no se detienen, puesto que la política del Estado va dirigida a la persecución, el castigo y la represión de quienes violentan el estatus quo. Lo que menos se hace es labor de prevención. Los programas como “Actívate” y otras pequeñas actividades urbanas deportivas y de distracción momentánea, pagadas con el 6% del Tazón, son insignificantes ante la gravedad. La prevención exige otras inversiones consistentes en capacitación y fortalecimiento a los pocos y raquíticos sistemas de medicina forense, investigación científica del crimen, inclusive equipamiento y montaje de laboratorios forenses; ampliación de la educación superior y el acceso laboral digno a la juventud.

Lo que se hace es lo que incrementa el negocio de empresarios metidos en el comercio de armas, de sistemas de seguridad, cárceles, vehículos blindados, equipos de asalto y antimotines. El mismo sistema de justicia carece de juristas suficientes y bien calificados, y la mayoría de fiscales están “aprendiendo haciendo”, es decir, son novatos que no han recibido la necesaria preparación para enfrentar los casos de manera profesionalmente sólida. A los mejores profesionales del derecho se les aísla y reduce su cobertura, si no es que se les expulsa, muchas veces por ser críticos al sistema impune. Mientras se mantiene debilitado el sistema de justicia, se fortalecen los medios de represión contra la oposición al sistema político predominante.

Giro a Prevención

Girar un programa represivo y confrontativo de seguridad hacia una estrategia enfocada a la prevención, tendría como opositores fuertes a algunos sectores comerciales y de negocios que se lucran diariamente por el terror establecido, lo que hace que diputados y líderes sociales aprueben de primera instancia y “de buena voluntad” leyes y medidas represivas. Los gobernantes y quienes hacen las políticas de Estado, deben evitar hacer crecer esta tendencia de combate a los efectos e irse a las causas, antes que los obstáculos sean mayores y casi imposibles de revertir. La democracia real no descansa sobre bases de miedo y terror, pero sobre tolerancia al contrario, libertad de expresión, movilización y autocrítica.

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¿Y la banca nacionalizada?

Escrito en 24/06/2016. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Alberto Salas Sarkís

El Sacrificio que hizo nuestro país para nacionalizar la banca fue enorme. Todos tuvimos que pagar el costo de esa nacionalización al tener que indemnizar a los pocos bancos privados que se fueron y que solo servían a los ricos. Los bancos del estado cumplieron un papel muy importante en el bienestar de los costarricenses. Los obreros y campesinos tuvieron acceso a préstamos para poder desarrollar sus actividades y buscaron una superación en sus aspiraciones. Pero como siempre, llegó el Partido Liberación Nacional y hecho todo a perder. Rompió el monopolio bancario y nuevamente regresaron los bancos privados, pero esta vez protegidos por superintendencias y entidades gubernamentales que obligaron a nuestra Banca Nacionalizada a convertirse en vulgares bancos privados con planilla estatal.

Recientemente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) publicó una licitación para colocar en algún banco 243 mil millones de colones (450 millones de dólares) provenientes de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de desarrollo (BID) para que el Ministerio lo utilizara en la ejecución de obras viales y portuarias. La entidad bancaria escogida administrará esos dineros y realizará inspecciones, supervisiones, gestión de riesgo organizativo, administración de bienes, entre otros.

Inexplicablemente un banco privado (Scotiabanck) resultó electo para depositarle esa cantidad enorme de fondos públicos.

Surgen varias interrogantes con esta situación que deben ser aclaradas por las autoridades del Gobierno: ¿Por qué cuatro bancos del estado, que suponemos deben haber participado en la licitación, no resultaron electos? Hay que tomar en cuenta que dichos bancos tienen el respaldo del Estado y eso tiene que pesar a su favor en cualquier licitación.

¿Por qué teniendo la oportunidad de beneficiar económicamente las finanzas públicas si se hubieran colocados los dineros de ese préstamo en cualquier banco estatal, el MOPT decide colocarlos en un banco privado?

¿Por qué ese Ministerio se atreve a correr riesgos con fondos públicos, pudiendo haber garantizado su manejo y destino al tenerlos en la misma estructura estatal?

¿A quién quieren beneficiar o se trata de un “rescate bancario” solapado por parte del BID? Porque nadie en su sano juicio permitiría arriesgar dineros en manos privadas teniendo la oportunidad de garantizar su destino con el respaldo de un Estado.

Los bancos del Estado tienen que explicar por qué no ganaron esa licitación. Deben decir qué fue lo que le dio oportunidad al MOPT para darle esos dineros a la banca privada. El MOPT debe aclarar las interrogantes lanzadas y aclarar por qué no tomó en cuenta el respaldo del Estado.

También el Gobierno es responsable de toda esta situación al solicitar estos dineros y no darles seguimiento de la forma en que se administran y donde se colocan. Es una situación de descuido parecido al de la trocha. Dios quiera que no, pero si en este momento ese banco se declara en quiebra o se va del país: ¿quién va a recuperar esos dineros? Y lo peor es que se trata de un préstamo que tendremos que pagar todos los costarricenses.

Cualquier corporación que tenga dentro de sus empresas un banco, jamás le daría a otro banco su dinero. Eso sería una estupidez administrativa. Lo lógico es colocar sus dineros en sus propias entidades financieras para beneficiarse con los intereses de su propio dinero. Hoy los costarricenses nuevamente estamos beneficiando a los ricos con los dineros del Pueblo. Grandioso cambio nos recetó este Gobierno inútil e irresponsable.

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Autor: María José Ferlini Cartín

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