La Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica convoca el simposio «Agenda Verde en Territorio OSME» (Orotina – San Mateo – Esparza), que se llevará a cabo el próximo martes 26 de noviembre en el Auditorio del Colegio Técnico Profesional de San Mateo.
En este importante evento se contará con la participación del doctor Iván Godoy-Flores, académico de la Universidad de Tarapacá y director del Observatorio de Políticas Públicas Regionales de Chile.
El doctor Godoy-Flores compartirá su experiencia y perspectivas sobre políticas públicas para el desarrollo sostenible, emprendedurismo verde y el combate contra el cambio climático en la región latinoamericana. Adicionalmente, el Observatorio de Políticas Públicas Regionales de Arica reconocerá la labor de las municipalidades de Esparza, San Mateo y Orotina por sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, involucramiento de programas de emprendedurismo verde y gestión de economía circular en grupos socio vulnerables.
En el marco de este simposio, también se presentará el Programa PACTO (Programa de Adaptación al Cambio Climático en Territorio OSME), liderado por el doctor Manuel Vargas Pérez y que se desarrolla en la UNED Orotina a partir de la dirección de la licenciada Jeannette Rodríguez. PACTO busca fortalecer la adaptación al cambio climático en las comunidades de Orotina, San Mateo y Esparza, alineándose con las orientaciones de sostenibilidad de la UNED y los criterios de evaluación de impacto ambiental del Ranking THE-TIMES, un indicador mundial de excelencia universitaria al amparo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este programa aboga por la descentralización, accesibilidad al conocimiento, vinculación comunitaria y la sostenibilidad ambiental, promoviendo la resiliencia climática en el territorio.
Entre las actividades destacadas se compartirán los avances de la investigación en el Manglar de Tivives, donde el equipo investigador de la UNED compuesto por Oscar Chacón Chavarría, Verónica Bonilla Villalobos y María Auxiliadora Zúñiga Amado lideran un proceso de mapeo comunitario que involucra a los residentes en la identificación de problemáticas y oportunidades ambientales.
Costa Rica era un país chiquitico, con muy pocos pobladores, con decirles que en 1940 la población de Costa Rica era de 626.155 habitantes, más o menos, ya que en ese año se cuenta con un Censo no comprobado, pero si en el Censo comprobado de 1950 la población era de 800.875 habitantes, entonces debe estar muy cerca.
El caso, y a qué viene el tema de la población en 1940, es que en 1941 es cuando nace la Caja Costarricense de Seguro Social, luego conversamos de la historia de la creación de la Caja de Seguro Social, pero nuestro país en esa época era un país muy atrasado, con una casta de ricos heredera del poder dejado luego de la independencia del yugo español, y un pueblo muy pobre, trabajador del campo, hambriento y que sufría las penurias de las enfermedades y las epidemias de la época.
Los que contaban con los llamados “médicos de cabecera” y tenían atención médica oportuna eran los adinerados. Algunos médicos de entonces, por misericordia, atendían a algunos pobres, pero era todo.
Cuando nace la Caja Costarricense de Seguro Social en 1941, al proyecto de Ley de creación se le modificaron varios artículos. El presidente Calderón fue lo suficientemente hábil para mantener el proyecto, aún con los cambios que se le introdujeron, la autonomía había desaparecido para transformarse en una dependencia del Poder Ejecutivo, cuyos fondos serían manejados por una Comisión formada por el Gerente del Banco de Seguros, el Gerente del Banco Nacional y un representante de la Casa Presidencial.
Años más tarde, en 1943, la Junta Directiva de la institución envía un nuevo proyecto de Ley al Congreso y con esta reforma la Institución recuperó, las modificaciones a la Ley original del 41, como fue la autonomía perdida y su propia administración, incluso la financiera. ¿Por qué era tan importante recuperar esa autonomía administrativa y financiera?, porque era la única forma de mantenerla fuera de las garras de intereses privados y partidos politiqueros corruptos.
Con esto Costa Rica logró un acelerado desarrollo del sistema de salud, el pueblo tuvo acceso a servicios de salud, la natalidad fue en en aumento, ya lo niños y las niñas no morían como antes, los ancianos tenían supervisión y atención a sus enfermedades y, muy importante, los nuevos profesionales de salud se especializaban aún más y se llegó a realizar las más complejas operaciones que convirtieron el sistema de salud de Costa Rica en un ejemplo mundial.
Un trasplante, una operación, una curación, un parto seguro y atención a los recién nacidos y ancianos nos permitió crecer como país.
La Caja, por Ley, se financia con los aportes que trabajadores, patronos y el Estado. Es tan importante que quienes más ganan más aportan y quienes menos ganan NO quedan desamparados de los mismos servicios.
La atención primaria, las clínicas y la construcción de hospitales, tejió un entramado de atención de salud que permitió a la población desarrollarse, estudiar y trabajar en buenas condiciones, todos se beneficiaban, el pueblo, los patronos y el Estado, así se devuelve el aporte económico de cada sector.
¿Te has preguntado qué pasa si volvemos a 1940 sin la Caja, solo con medicina privada?, ¿Qué pasará con las futuras generaciones de costarricenses, cómo pagarán una operación compleja, atención médica y el costo de esos servicios?, ¿Podrán pagar esos servicios?
Hoy la CCSS cumple 83 años, desde su inicio los ricos la combatieron para no tener que aportar a la salud del país, el pueblo costarricense se manifestó y salió a la calle a defender su nueva Caja Costarricense de Seguro Social, muchos murieron haciéndolo.
Hoy, 83 años después, el mismo sector quiere quebrar a la Caja, destruirla y venderte paquetes de salud privados, el que tiene paga, y el que no, salado. No es nuevo, no es solo este gobierno, desde 1980 vienen minando a la Caja, no pagando lo que les corresponde al Estado y al sector empresarial grande, buscan no pagar nada, pero tener trabajadores con buena salud. Desde la década de los 80, vienen privatizando la Caja de servicio en servicio, entregándolos al sector privado que únicamente le interesa la ganancia, pagando la Caja más por esos “servicios privados” que lo que le costaría darlos a la institución.
La deuda a la Caja es de más de 4.000.000.000.000 (Cuatro mil millones de millones de colones) o más simple 4 billones de colones.
Con ese dinero que “se esfuma” en manos de empresarios inescrupulosos, corrupción, saqueo y chorizos, se podrían resolver TODOS, absolutamente todos los problemas de la Caja y los costarricenses podrían recibir servicios de salud eficientes y de calidad.
Por eso la defensa de la Caja es una responsabilidad de todo ciudadano de este país, de todos los hombres y mujeres que habitamos esta tierra, hasta ahora la defensa la ha estado haciendo la clase trabajadora de la Caja, esa que, con salarios congelados, con ataque humillantes, han dado su vida incluso, durante la pandemia. Muchos se contagiaron y murieron haciendo su trabajo, curando a las personas, día y noche, los 365 días del año, sin descanso y con grandes sobrecargas de trabajo, aún y cuando a muchos les retrasan el pago de su salario por 2, 3, 6, e incluso por 8 meses. ¿Es justo?, por supuesto que no.
La defensa de la CCSS para nos dure otros 83, 100 o más años, debe ser ahora y debe ser la causa de todo costarricense, nacido en esta tierra o que ha adoptado esta como su hogar.
El Seguro Social y la Caja se crearon en la ley N* 17 de 1/11/1941.
El artículo 1 de esa ley estableció que “bajo la vigilancia del Poder Ejecutivo “se creó esa institución, que le compete la administración del Seguro social.
Pero, ¿quién se podría imaginar que 8 décadas después, a pesar de la reforma constitucional de 1943, y con todo y la promulgación de la Constitución de 1949, la Caja volvería, en una arbitraria regresión del tiempo, a estar sometida, de nuevo, a la vigilancia del Poder Ejecutivo?
No es una ficción científica o literaria, es una cáustica realidad institucional y política.
Un disruptivo regreso al siglo pasado, al inicio de la segunda guerra mundial.
Por un lado, la Ley Marco de Empleo Público, y por otro lado, las actuaciones del actual Gobierno, constituyen intromisiones políticas que erosionan la autonomía de gobierno de la CCSS, cuya vulneración es necesaria para profundizar el proceso de privatización de la seguridad social.
El Dr. Calderón Guardia en el discurso que dio el 16 de mayo de 1942, cuando envió al Congreso el proyecto de reforma constitucional, para introducir a la Constitución el Capítulo de las Garantías Sociales, afirmó:
“(…) Falta, pues, completar la obra dando a la Caja Costarricense de Seguro Social las condiciones de autonomía, para que pueda llenar su cometido a plenitud, sin que sea vea entorpecido por intereses políticos susceptibles de poner en peligro su estabilidad.”.
Lo dijo el doctor hace 82 años, y hoy más que nunca, sus palabras resuenan en su ultrajada tumba del Cementerio General.
No creería mi amadísimo abuelo, quien fue un impenitente mariachi, combatiente del 48, que se haya retrocedido tanto, y que no hayamos tenido las hormonas para defender esa conquista social.
El mayor desafío que tenemos es recuperar la autonomía que fue hurtada.
¿Qué futuro podríamos tener sin la Caja?
Como dice Zizek:
“Porque hoy el mayor riesgo es no hacer nada y dejar que la historia siga su curso”.
Foto extraida de artículo de prensa en Israel (Magazine+972) del bombardeo del 10 de septiembre sobre un campo de desplazados y refugiados en Gaza, publicado el 12 de septiembre del 2024 y titulado «People torn to pieces in Israeli airstrike on Gaza displacement camp». Se puede apreciar el tipo de artefactos explosivos que usa intencionalmente Israel en zonas densamente pobladas como campamentos de desplazados en Gaza bajo el argumento de eliminar a uno o a dos combatientes del Hamás.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
«Since 7 October 2023, at least 150,000 Palestinians have been killed, injured, maimed or are missing – most of them women and children. Entire families have been exterminated, generations erased, and babies left limbless before they could crawl.
The violence that Israel has unleashed against the Palestinians post-7 October is not happening in a vacuum, but is part of a long-term intentional, systematic and State-organised forced displacement, intended to erase the Palestinians from their own land and allow Israel to fully annex Palestinian territory. These plans are now expanding to Lebanon, Albanese said«.
Extracto de una nota de prensa de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del 31 de octubre del 2024 (véase texto), pasada por alto por la mayoría de los grande medios de prensa internacionales y agencias de noticias. De igual forma, el informe al que refiere: informe A/79/384 (véase enlace), titulado «El genocidio como supresión colonial«.
El pasado 28 de octubre del 2024, Sudráfrica ha anunciado mediante un comunicado oficial (véase texto) haber remitido formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su memoria a los jueces de la CIJ, en el marco de la demanda por genocidio en Gaza interpuesta contra Israel desde el 30 de diciembre del 2023.
La memoria es un documento escrito que constituye la primera pieza en un procedimiento contencioso sobre el fondo que deposita un Estado demandante ante la CIJ. Este primer documento será respondido por el Estado demandado (Israel) en su momento con el depósito de una «contramemoria«. Una segunda ronda de alegatos escritos usualmente luego seguirá en el marco del procedimiento.
Se trata de un documento que no es público hasta tanto no se de lectura a la sentencia final sobre el fondo por parte de los jueces de la CIJ.
Según las autoridades de Sudáfrica, el documento de más de 750 páginas recoge las siguientes pruebas que confirman la intención genocida de las actuales autoridades de Israel:
«The Memorial – the name for the document recording the main case of South Africa against Israel – contains evidence which shows how the government of Israel has violated the genocide convention by promoting the destruction of Palestinians living in Gaza, physically killing them with an assortment of destructive weapons, depriving them access to humanitarian assistance, causing conditions of life which are aimed at their physical destruction and ignoring and defying several provisional measures of the International Court of Justice, and using starvation as a weapon of war and to further Israel’s aims to depopulate Gaza through mass death and forced displacement of Palestinians.
The evidence will show that undergirding Israel’s genocidal acts is the special intent to commit genocide, a failure by Israel to prevent incitement to genocide, to prevent genocide itself and its failure to punish those inciting and committing acts of genocide«.
Como señalado anteriormente, el depósito de esta primera pieza escrita responde a los tiempos de la justicia internacional, dentro del marco de un procedimiento contencioso clásico entre dos Estados ante la CIJ.
Breve puesta en contexto
Como se recordará, Sudáfrica tempranamente se percató que la verdadera operación de venganza israelí por lo sufrido el 7 de octubre del 2023 en Israel podría rapidamente degenerar en una política de destrucción sistemática y exterminio en Gaza de la población civil. Es así como, usando como base de competencia de la CIJ en su demanda contra Israel la convención sobre el genocidio de 1948 (a la cual son Estados Partes Israel y Sudáfrica, así como 151 otros Estados más – véase estado oficial de firmas y ratificaciones -), Sudáfrica interpuso una demanda formal contra Israel en los últimos días del 2023 ante el juez de La Haya.
Este emblemático instrumento universal contra el genocidio define el crímen de genocidio de la siguiente manera (véase textointegral de dicha convención). Se reproduce a continuación la definición, de manera que nuestros estimables lectores puedan compararla a algunos escritos circulando que sostienen que esta noción jurídica no aplica a la situación que vive la población palestina de Gaza desde la tarde/noche del mismo 7 de octubre:
«Artículo II:En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo».
La demanda de Sudáfrica contra Israel fue formalmente presentada el 29 de diciembre del 2023 y es un documento público: véase el texto en inglés y en francés. Esta demanda fue acompañada de una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente contra Israel (véase de igual manera el texto en inglés y en francés).
Esta solicitud de medidas de carácter urgente fue respondida en un primer momento por la CIJ en su ordenanza del 26 de enero del 2024 (véase texto en inglés y en francés). En un segundo momento, a raíz del accionar desproporcional e indiscriminado de Israel en Gaza, la CIJ emitió una segunda ordenanza el 28 de marzo del 2024 (véase texto en inglés y en francés). Ante la inminencia de un nuevo ataque sobre el campo de refugiados y desplazados en Rafah, Sudáfrica nuevamente activó este mecanismo, a lo cual la CIJ respondió esta vez de manera mucho más afirmativa el 24 de mayo del 2024 (véase texto en inglés y en francés). Es probable que Sudáfrica vuelva a recurrir a una nueva solicitud de este tipo, en aras de exponer aún más a Israel y su actitud desafiante ante los jueces de la CIJ.
Es de notar que estas tres ordenanzas se tomaron (véase detalle de los párrafos finales dispositivos y de los votos a favor y en contra de cada punto resolutivo) por casi unanimidad entre los 15 integrantes de la CIJ y el juez ad hoc designado por Israel. En el párrafo 51 de la última ordenanza de mayo del 2024, los puntos resolutivos se adoptaron con 14 votos contra 2 e incluso 15 contra uno (véase texto en inglés y en francés): lo cual constituye un detalle formal de gran relevancia, a comparar con los numerosos editorialistas, analistas y «expertos» que se sienten obligados a replicar los argumentos defendidos por Israel como válidos ante el juez de La Haya en sus columnas de opinión.
Las decisiones de la CIJ y su irrespeto por parte de Israel en Gaza
Ante estas diversas ordenanzas del juez de La Haya, la actitud de Israel ha consistido en no modificar en lo más mínimo sus acciones militares en Gaza y en desafiar abiertamente a la justicia internacional, manteniendo bombardeos incesantes sobre Gaza día y noche con elevados saldos de muertos y heridos entre la población civil palestina de Gaza, en flagrante violación a las reglas que imperan en derecho internacional humanitario.
En la precitada ordenanza de mayo del 2024 se lee al párrafo 27 que la CIJ toma nota de la actitud de Israel, al advertir qe:
«27. The Court recalls that, in its Order of 26 January 2024, it noted that the military operation conducted by Israel following the attack of 7 October 2023 had resulted in “a large number of deaths and injuries, as well as the massive destruction of homes, the forcible displacement of the vast majority of the population, and extensive damage to civilian infrastructure” (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Provisional Measures, Order of 26 January 2024, para. 46). In its decision communicated to the Parties by letters of 16 February 2024, the Court noted, quoting the United Nations Secretary-General, that the developments in the Gaza Strip, and in Rafah in particular, “would exponentially increase what [wa]s already a humanitarian nightmare with untold regional consequences” (see paragraph 8 above). The Court further recalls that, in its Order of 28 March 2024, it observed with regret that the catastrophic living conditions of the Palestinians in the Gaza Strip had deteriorated further since January 2024, especially in view of the prolonged and widespread deprivation of food and other basic necessities to which the Palestinians in the Gaza Strip had been subjected (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Request for the Modification of the Order of 26 January 2024 Indicating Provisional Measures, Order of 28 March 2024, para. 18)«.
«27. La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, elle a noté que l’opération militaire conduite par Israël à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023 avait fait « de très nombreux morts et blessés et causé la destruction massive d’habitations, le déplacement forcé de l’écrasante majorité de la population et des dommages considérables aux infrastructures civiles » (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordonnance du 26 janvier 2024, par. 46). Dans la décision qu’elle a communiquée aux Parties par lettres du 16 février 2024, elle a relevé, en citant le Secrétaire général de l’ONU, que l’évolution de la situation dans la bande de Gaza, et en particulier à Rafah, « pourrai[]t entraîner une aggravation exponentielle de ce qui [étai]t d’ores et déjà un cauchemar humanitaire aux conséquences régionales insondables » (voir ci-dessus, paragraphe 8). La Cour rappelle également que, dans son ordonnance du 28 mars 2024, elle a observé avec regret que les conditions désastreuses dans lesquelles vivaient les Palestiniens de la bande de Gaza s’étaient, depuis janvier 2024, encore détériorées, en particulier au vu de la privation prolongée et généralisée de nourriture et d’autres produits de première nécessité à laquelle ceux-ci étaient soumis (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), demande tendant à la modification de l’ordonnance du 26 janvier 2024 indiquant des mesures conservatoires, ordonnance du 28 mars 2024, par. 18)«
Reiterar advertencias hechas por la misma CIJ puede ser interpretado de diversas maneras: en nuestra opinión, la CIJ busca desde ya señalarle a Israel que, en su decisión sobre el fondo, dará plena validez a los argumentos presentados por el equipo jurídico sudafricano.
La insensatez de la respuesta militar de Israel en Gaza
En este mes de octubre del 2024, se presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas el informe A/79/384 (véase enlace), titulado «El genocidio como supresión colonial» por parte de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967:su lectura completa se recomienda, al analizar y detallar la documentada intención genocida de las actuales autoridades israelíes en Gaza (léanse en particular los párrafos 11-23 y los párrafos 42-48, así como 68-82). En esta nota del servicio de prensa de Naciones Unidas del 30 de octubre del 2024, se puede escuchar su presentación en español; nuestros estimables lectores podrán por sí mismos verificar si esta nota de prensa fue referenciada en los prinicipales medios de prensa en Costa Rica o si, como suele suceder, las agencias internacionales de noticias y los grandes medios de prensa internacionales hicieron caso omiso de la misma.
Por otro lado, en un largo artículo sobre su conversación con jóvenes soldados israelíes que intentaron como estudiantes pertubar una de sus conferencias en Estados Unidos, se lee por parte de un de los grandes historiadores del genocidio y especialista de la Shoa (véase artículo publicado en septiembre del 2024 en Orient XXI) que, desde al ataque en Rafah de mayo del 2024, su lectura es otra sobre las intenciones de Israel:
«Ce n’est plus ce que je crois. Lors de mon séjour en Israël, j’avais fini par me convaincre que, depuis au moins l’offensive contre Rafah le 6mai2024, il n’était plus possible de nier qu’Israël s’était rendu coupable de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’actions génocidaires systématiques. Cette attaque contre le dernier refuge de la population gazaouie — dont la plupart des membres avaient déjà été déplacés à plusieurs reprises par l’armée israélienne, qui les parquait de nouveau dans une soi-disant zone de sécurité — témoignait non seulement d’un mépris total pour les normes humanitaires, mais trahissait aussi l’objectif ultime d’Israël depuis le tout début du conflit: rendre l’entièreté de la bande de Gaza inhabitable et réduire sa population à tel état d’impuissance qu’elle se verrait vouée à l’extinction ou chercherait par tous les moyens à fuir ce territoire ravagé«.
El último informe de situación en Gaza al 29 de octubre (véase enlace) detalla cómo se ha mantenido un dramático saldo de muertes y de heridos en Gaza en las últimas semanas, con un saldo total que supera las 43.000 muertes identificadas (y un saldo desconocido de personas muertas cuyos cuerpos yacen bajo lo escombros o no logran ser identificados cuando son recuperados por los equipos de rescate o por otras personas):
» Between the afternoons of 22 and 29 October, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 343 Palestinians were killed and 914 were injured. Between 7 October 2023 and 29 October 2024, at least 43,061 Palestinians were killed and 101,223 were injured, according to MoH in Gaza. The MoH further reported that these figures do not include the mass casualty incident in Beit Lahya on the morning of 29 October, nor the casualties in North Gaza on 25 and 26 October (see below).
Between the afternoons of 22 and 29 October, nine Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza, according to the Israeli military. Between 7 October 2023 and 29 October 2024, according to the Israeli military and official Israeli sources cited in the media, more than 1,565 Israelis and foreign nationals were killed, the majority on 7 October 2023 and its immediate aftermath. The figure includes 365 soldiers killed in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation. In addition, 2,373 Israeli soldiers were reported injured since the beginning of the ground operation«.
Con relación a las cifras exactas de muertes en Gaza se lee en un artículo publicado el 5 de julio del 2024 en la revista científica The Lancet y titulado «Counting the dead in Gaza: difficult but essential», que es una cifra cercana a las 186.000 personas fallecidas las que se debería estimar en Gaza (con un corte al 19 de junio del 2024):
«In recent conflicts, such indirect deaths range from three to 15 times the number of direct deaths. Applying a conservative estimate of four indirect deaths per one direct deathto the 37 396 deaths reported, it is not implausible to estimate that up to 186 000 or even more deaths could be attributable to the current conflict in Gaza. Using the 2022 Gaza Strip population estimate of 2 375 259, this would translate to 7·9% of the total population in the Gaza Strip».
En un reciente artículo publicado por The Guardian el pasado 5 de septiembre (véase texto), se lee que:
«If deaths continue at this rate – about 23,000 a month – there would be an additional 149,500 deaths by the end of the year, some six and half months from the initial mid-June estimate. Using the method, the total deaths since the conflict began would be estimated at about 335,500 in total«.
Estas variaciones entre las estimaciones sobre el drama indecible que se observa en Gaza varían debido a la falta de presencia de organizaciones internacionales para investigar lo que ahí ocurre y debido a la elimincación física de periodistas por parte de Israel: al 31 de octubre se registra el asesinato deliberado de 134 periodistas y comunicadores palestinos en Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase informe del CPJ: una dato escalofriante que, al menos a la fecha, no ha dado lugar a condena alguna por parte del Colegio de Periodistas de Costa Rica.
Estas estimaciones son en parte respaldadas, desde la misma Israel, por diversas manifestaciones de altos oficiales confirmando la comisión de crímenes de guerra así como de actos de tortura contra prisioneros palestinos (véase, entre muchos, este documento interno del 26 de junio de un alto mando militar al Primer Ministro circulado en redes sociales así como este detallado artículo publicado en Israel por el medio digital Magazine+972 sobre testimonios de personas palestinas detenidas en la base militar ubicada en desierto del Neguev, Sde Teiman, dado a conocer el pasado 27 de junio y titulado «‘More horrific than Abu Ghraib’: Lawyer recounts visit to Israeli detention center. At Sde Teiman, Khaled Mahajneh found a detained journalist unrecognizable as he described the facility’s violent and inhumane conditions»).
Desde la perspectiva ambiental esta vez y su impacto sobre los derechos humanos de la población civil en Gaza este reciente informe de octubre del 2024 titulado «Ecocide: Israel´s deliberate and systematic environmental destruction in Gaza«, detalla el alcance del ecocidio intencional al que está procediendo Israel. En sus conclusiones (página 26) se señala que:
«In conclusion, combined environmental and health consequences indicate a deliberate strategy aimed at systematically undermining the survival and well-being of the Palestinian population of Gaza, clearly demonstrating a calculated intent to inflict conditions of life designed to bring about its destruction«.
En meses anteriores se leyó por parte de un jurista que la detrucción deliberada de los suelos agrícolas en Gaza constituye un crímen de guerra:
«Viewed from this perspective, the destruction of agricultural land that undeniably contributes to the sustenance of civilian populations in Gaza is conceivably an inhumane means of warfare conducted by the Israeli Defence Forces (IDF)» (Nota 1)
Es muy probable que la perspectiva ambiental también haya sido incorporada a la memoria de Sudáfrica, como prueba irrefutable de la intención deliberada de Israel de volver en el futuro invivible la vida humana en Gaza.
Para entender mejor la insensatez de la estrategia de Israel en Gaza, no está de más referir a esta entrevista a una de las grandes especialistas francesas sobre Oriente Medio, a raíz de la publicación de su libro que presentó en los primeros días del mes de octubre, titulado «Le livre noir de Gaza» (así como a esta nota en Libération y a esta otra en Le Monde del 8 de ocubre).
Los plazos de presentación de escritos
Como bien se sabe, la solicitud de medidas provisionales de carácter urgente constituye un incidente procesal, y en sus ordenanzas, la CIJ no puede ordenar medidas que anticipen su decisión final sobre el fondo.
Adicionalmente, la demanda sobre el fondo debe respetar el plazo establecido y las dos etapas procesales ante el juez de La Haya: una primera etapa escrita con dos rondas de alegatos, y una etapa oral, luego de la cual los jueces de la CIJ iniciarán sus deliberaciones. Precisamente, el 4 de abril del 2024, la CIJ emitió una ordenanza fijando el cronograma de entregas de la memoria (Sudáfrica) y contra memoria (Israel): véase texto en inglés y en francésque fija al 28 de octubre del 2024 la entrega de la memoria y al 28 de julio del 2025 la contramemoria. Deberá lugeo adoptar otra ordenanza sobre los plazos de entrega de la réplica (Sudáfrica) y dúplica (Israel).
Se lee en esta misma ordenanza de abril del 2024 que Sudáfrica solicitaba 12 meses para la preparación de estos primeros escritos, al tiempo que Israel consideraba que 6 meses eran suficientes. La CIJ en esta ordenanza de abril del 2024 se inclinó, como lo ha hecho a menudo en el pasado, por un plazo de tiempo intermedio (9 meses), con lo cual, Israel deberá entregar su contramemoria en julio del 2025.
Otro incidente procesal en un procedimiento contencioso, es la solicitud de intervención de Estados terceros cuando se trata de una controversia entre dos Estados sobre la interpretación de disposiciones de un instrumento jurídico del que es también Estado Parte el Estado que solicita intervenir (Artículo 63 del Estatuto de la CIJ): tuvimos la oportunidad de analizar la última registrada el 8 de octubre presentada por Bolivia (véase texto), en apoyo a Sudáfrica, antecedida por las solicitudes de intervención presentadas por Islas Maldivas (2 de octubre), Chile (12 de septiembre), Turquía (7 de agosto), España (3 de agosto), Palestina (3 de agosto), México (24 de mayo), Libia (10 de mayo), Colombia (5 de abril) y Nicaragua (22 de enero). Si bien, de los 153 Estados Partes a la convención de 1948 sobre genocidio, únicamente este pequeño grupo se ha mostrado dispuesto a apoyar a Sudáfrica ante los jueces de la CIJ (destacándose España como el único Estado miembro de la Unión Europea – UE – en hacerlo), es de notar que ninguno de los aliados de Israel se ha aventurado a solicitar intervenir ante los jueces de La Haya en apoyo a los argumentos defendidos por el aparato diplomático israelí.
A modo de conclusión
Pese a las imágenes desgarradoras que provienen de la franja de Gaza desde la tarde / noche del 7 de octubre del 2023, la justicia internacional no tiene cómo accelerar sus procedimientos.
Si bien las medidas urgentes ordenadas a Israel desde el mes de enero del 2024 no han logrado surtir efecto alguno en Gaza, el hecho que Israel haya ignorado las tres precitadas ordenanzas de la CIJ la coloca en una posición cada vez más incómoda. Es muy probable que Sudáfrica haya incorporado en su escrito declaraciones oficiales de Israel en contra de los jueces de la CIJ y sus ordenanzas.
En otro procedimiento ante la misma CIJ, una solicitud de opinión consultiva hecha a la CIJ en diciembre del 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas fue contestada por la CIJ el pasado 19 de julio del 2024, condenando a Israel por su prolongada ocupación en el territorio palestino ocupado (véase texto en inglés y en francés): se trata de una opinión consultiva que muy probablemente Sudáfrica haya incorporado a sus alegatos, al confortar la idea que en Gaza, Israel busca destruir las bases de un futuro Estado palestino con su accionar destructivo, entre otros aspectos (Nota 2). Es de recordar el comunicado oficial de Sudáfrica al darse a conocer el contenida de dicha opinión consultiva de la CIJ (véase comunicado) y las manifestaciones de beneplácito de muchos otros Estados, a contrastar con el mutismo absoluto de los aparatos diplomáticos de Canadá y Estados Unidos sobre esta decisión de la CIJ.
En un reciente «position paper» (véase documento con fecha del 18 de octubre del 2024) la comisión internacional de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, ha hecho hincapié en las obligaciones que derivan también para los demás Estados de esta opinión consultiva de la CIJ: se trata de la obligación de no contribuir con sus lazos con Israel a consolidar y a fomentar dicha ocupación ilegal del territorio palestino ocupado.
Resulta de interés observar que, en aras de desplazar la atención mediática internacional que supone la entrega por parte de Sudáfrica de su memoria a los jueces de la CIJ,fue el mismo 28 de octubre que en Israel se votaron leyes que dificultan aún más a la UNRWA llevar a cabo sus operaciones en favor de los refugiados y desplazados palestinos (véase nota de The Guardian). Una decisión que la UE inmediatamente condenó, al igual que diversos Estados y organizaciones internacionales (véase comunicado de la UE y comunicado de la ONG Amnistía Internacional). En particular, se pueden mencionar el comunicado de Bélgica, el comunicado de Francia y el del Reino Unido (véase texto). También merece mención el comunicado conjunto de cuatro Estados europeos que recientemente reconocieron a Palestina como Estado: Eslovenia, España, Irlanda y Noruega (véase texto). Este 29 de octubre, el Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas recibió una larga carta del Director de la UNRWA, cuya lectura completa se recomienda. Ese mismo día, Noruega anunció una gestión ante la Asamblea General de Naciones Unidas para solicitar una nueva opinión consultiva a la CIJ sobre la necesidad de mantener las operaciones de la UNRWA en el territorio palestino ocupado (véase comunicado oficialdel 29 de octubre, muy pocamente difundido y referenciado por parte de las principales agencias de noticias que cubren el ámbito internacional). La misma suerte informativa la ha sufrido la declaración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 30 de octubre, reafirmando la imperiosa necesidad de mantener y consolidar a la UNRWA (véase texto oficial colgado por el aparato diplomático de Slovenia y por la misma UNRWA).
En América Latina se registró, entre varias reacciones rechazando la legislación adoptada por Israel contra la UNRWA este comunicado oficial de Bolivia, la fuerte condena del jefe de la diplomacia de Brasil ante el Consejo de Seguridad (véase texto oficial de su alocución), así como este comunicado de Chile y el de Costa Rica (Nota 3) o de México (véase nota de prensa), al tiempo que varios otros Estados mantuvieron un incómodo mutismo de sus respectivos aparatos diplomáticos (Argentina, Ecuador, Panamá y Paraguay).
Finalmente, ante otra jurisdicción internacional ubicada en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI), el 28 de octubre del 2024 los representantes de las víctimas palestinas objetaron el reciente escrito remitido por Israel cuestionando la jurisdicción de la CPI (véase documento con fecha del 28 de octubre).
– – Notas – –
Nota 1: Véase BAGHERI S., «The silent victim of Israel’s war in Gaza«, Verfassungsblog, edición del 3 de abril del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Sobre esta importante decisión de la CIJ del 19 de julio pasado, muy pocamente analizada en la doctrina europea pese a su enorme relevancia para la causa palestina, véase MAIA C.& POISSONIER G., «Avis de la CIJ de 2024 relatif à l’occupation du Territoire palestinien : une analyse au prisme du droit international des droits humains«, sitio especializado jurídico Actualités Droits – Libertés, 2024, edición del 7 de octubre del 2024.Texto completo disponible aquí. Véase también DUBUISSON F., «Les conséquences de l’avis de la CIJ relatif à l’occupation du Territoire palestinien«, Yaani, edición del 29 de julio del 2024. Texto disponible aquí. Remitimos también a nuestra nota publicada en español: BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», editada el mismo 19 de julio del 2024 y que recoge las manifestaciones oficiales de algunos Estados. Texto disponible aquí.
Nota 3: El texto del comunicado oficial de Costa Rica del 30 de octubre del 2024 se lee de la siguiente manera (véase enlace):
«Comunicado sobre legislación adoptada por parlamento de Israel contra UNRWA
San José, 30 de octubre del 2024. Costa Rica rechaza la adopción por parte de Israel de legislación contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA), la cual hace inviable su labor humanitaria.
Esta nueva legislación impediría que la UNRWA opere en áreas bajo control israelí, lo que llevaría al cierre de sus oficinas en el territorio palestino ocupado.
La legislación también terminaría unilateralmente el acuerdo entre Israel y UNRWA vigente desde 1967 en el que Israel se comprometió a facilitar el trabajo de UNRWA. Esto eliminará la capacidad de la agencia para cumplir su mandato según lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949.
La función desempeñada por la Agencia es fundamental e insustituible para millones de refugiados palestinos en la región, especialmente en el contexto actual de Gaza.
Adicionalmente, la legislación aprobada por la Knesset establece un precedente sumamente preocupante para el trabajo de las Naciones Unidas y todas las organizaciones del sistema multilateral y podría implicar un incumplimiento por parte de Israel de al menos una de las medidas provisionales impuestas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Costa Rica recuerda que la CIJ en su decisión vinculante del 26 de enero del 2024 en el caso Sudáfrica contra Israel, ordenó a Israel 6 medidas, siendo una de ellas: «Adoptar medidas inmediatas y eficaces que permitan la asistencia humanitaria urgente y los servicios básicos» a Gaza.
Costa Rica se une al apoyo de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU en pleno, para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA), y hace un fuerte llamado a Israel para que no tome ninguna medida que suspenda o limite el mandato ni las operaciones de UNRWA ni de ninguna otra organización humanitaria en Gaza ni en otros territorios ocupados, por las devastadoras consecuencias que tendría para los civiles palestinos en la coyuntura actual.
Comunicación Institucional, 420-2024 Legislación adoptada por parlamento de Israel contra UNRWA, Miércoles 30 de octubre de 2024″
La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) ha iniciado una campaña para defender los fondos de pensiones, no solo del magisterio, sino de todos los trabajadores costarricenses. Esta acción surge ante la aparente intención de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y otras entidades privadas de apropiarse de los ahorros acumulados por los trabajadores a lo largo de su vida laboral.
En el comunicado, ACOJUPEMA reafirma que los fondos de pensiones son propiedad privada de cada cotizante, activo, jubilado o pensionado, quien es el legítimo dueño de sus ahorros. La asociación denuncia los intereses oscuros y ajenos que buscan manipular o disponer de estos fondos en beneficio propio, asegurando que no representan a los ahorrantes y que estos actos son contrarios a los derechos de los trabajadores.
Con la etiqueta de «Alerta Roja», ACOJUPEMA busca concienciar a la población sobre la importancia de proteger estos fondos, enfatizando que nadie más que los ahorrantes deben tener control sobre el capital acumulado.
Esta campaña es respaldada y compartida por la vocera Marjorie Hernández, quien invita a todos los trabajadores a unirse en defensa de sus ahorros para la jubilación.
Gira a Talamanca en proceso de Consurso a Carrera UCR.
Autoevaluación de carreras universitarias y la Declaratoria 2024 de CONARE sobre de las Universidades Públicas y los Pueblos Originarios
El avance en los procesos de autoevaluación de la calidad de las carreras universitarias en el sistema de educación superior público de Costa Rica ha sido significativo. Sin embargo, en este contexto de progreso, aún persiste una deuda crucial: la integración explícita de la interculturalidad en las revisiones o autoevaluaciones que realizan las carreras. Este llamado a la reflexión sobre el tema se enmarca en la declaración del 2024 como el Año de las Universidades Públicas con los Pueblos Originarios, un acuerdo impulsado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
Esta declaratoria, que subraya la relevancia de fortalecer los lazos entre las universidades públicas, las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, invita también a una profunda revisión de los mecanismos de autoevaluación y acreditación de las carreras universitarias. En un sistema que valora la mejora continua y el sello de calidad que otorgan las agencias por medio de las acreditaciones de carreras, la interculturalidad debe ocupar un lugar preponderante dentro de los criterios y estándares de evaluación. No se trata solo de una cuestión técnica, sino de fomentar un verdadero diálogo y aprendizaje mutuo entre culturas en el entorno universitario para, como bien se apunta en el texto de CONARE, “… procurar cerrar las brechas en el acceso, uso y apropiación de recursos tecnológicos y en general del derecho a la educación”.
Una inclusión incompleta
En la actualidad, los procesos de autoevaluación valoran aspectos como la diversidad curricular, entendida esta como la inclusión de una variedad de contenidos, enfoques, metodologías y actividades dentro de los planes de estudio; así como el apoyo a estudiantes provenientes de diferentes contextos culturales. Sin embargo, la interculturalidad aún no se aborda de manera explícita como parte de un criterio específico. Esto plantea una oportunidad para las universidades, especialmente aquellas carreras que ya han logrado una acreditación, de ir más allá de los requisitos actuales y comprometerse con una mejora constante en la creación de espacios inclusivos y culturalmente respetuosos y, en el fomento de diseños curriculares que integren conocimientos, lenguas y prácticas de los pueblos originarios.
La pregunta que surge entonces es: ¿qué falta para incluir la interculturalidad en los procesos de autoevaluación y acreditación de carreras? La respuesta reside en la necesidad de una visión más amplia e inclusiva de estos procesos. Aunque los manuales de las agencias acreditadoras de la mayoría de las carreras acreditadas de la Universidad de Costa Rica no mencionan la interculturalidad como un criterio central, los principios de diversidad, inclusión y responsabilidad social sí están presentes en las reflexiones curriculares que emprenden las carreras para el diseño y actualización de sus planes de estudios. Estos valores brindan una oportunidad única para que, por ejemplo, las carreras universitarias incluyan competencias interculturales en el perfil de la persona egresada y, consecuentemente, en sus actividades de formación académica.
Además de la revisión de los perfiles de egreso, las universidades deben asumir un papel proactivo en su responsabilidad social y en la evaluación de estos aspectos. Por ejemplo, analizar el estado de la vinculación con las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, a través de los proyectos de acción social, es una vía necesaria para generar un impacto positivo en estos sectores marginados. Análisis de la suficiencia de los programas de becas, del apoyo financiero que se otorga a estas poblaciones y conocer la percepción del personal académico y administrativo sobre la diversidad cultural, deben ser pilares fundamentales en estos procesos de autoevaluación de la calidad.
En este sentido, la Universidad de Costa Rica y las demás instituciones públicas de educación superior tienen la responsabilidad de facilitar el acceso de estudiantes de pueblos originarios a la educación superior, garantizando no solo su ingreso, sino también su permanencia y éxito académico en un ambiente que valore y respete su identidad cultural. El reconocimiento de los saberes, lenguas y prácticas de los pueblos originarios en los currículos es clave para avanzar hacia una verdadera inclusión.
Aunque la interculturalidad no se posiciona hoy como un criterio central en los procesos de autoevaluación y acreditación, hay un espacio creciente para que las carreras la integren, como un eje orientador, en sus planes o proyectos de mejoramiento continuo. Además, las carreras universitarias, al atender poblaciones culturalmente diversas, pueden resaltar estas iniciativas dentro de sus misiones y visiones institucionales, reforzando su compromiso con la equidad.
En conclusión, la inclusión explícita de la interculturalidad en los procesos de autoevaluación y acreditación de carreras no solo elevaría la calidad educativa, sino que también fomentaría la formación de estudiantes capaces de convivir en un mundo cada vez más diverso. Este es un desafío que deben asumir con responsabilidad y urgencia tanto las universidades públicas de Costa Rica como las agencias acreditadoras. Es esencial seguir desarrollando entornos educativos que respeten y valoren la diversidad, asegurando que estos aspectos sean evaluables y formen parte del concepto de calidad. De este modo, se integrarán en el proceso de mejora continua de las carreras universitarias.
Mag. Elsiana Guido Asesora académica Centro de Evaluación Académica, UCR
El Movimiento Mauro Fernández Acuña comparte la siguiente frase del célebre Mauro Fernandez Acuña: “…la escuela es el lugar donde se forma el ciudadano, se aprende a amar la Patria y sus instituciones”.
El 15 de noviembre del 2024 se estará llevando a cabo, de 9:00 a.m a 4:00 p.m en el Campus Coto de la Universidad Nacional, el conversatorio “Hablemos de emprendimientos con miras hacia el 2025”.
Este será el primer conversatorio del tema en el cantón de Corredores, y participarán más de 100 expositores de productos artesanales y turísticos, entre otros.
Habrá charlas acerca del fortalecimiento de emprendimientos locales del cantón de Corredores, e invitados de cantones vecinos.
Habrá también participación en mesas de trabajo para elaborar propuestas para el año entrante.
También se estarán regalando premios para los visitantes, y una base de datos para dar a conocer sus productos.
Se estará promoviendo en páginas de redes sociales al igual que transmitido en cadenas nacionales y de televisión local.
Se iniciará con palabras de las autoridades presentes, después de las palabras de bienvenida de las 9:00 a.m a las 10:15 a.m, y acto seguido expondrá el Ministerio de Cultura y su agencia para el desarrollo. Luego, se presentarán varios proyectos como el Mercado Artesanal Binacional Fronterizo, y luego a las 11:10 a.m se hará un recorrido por los stands, con una visita guiada a puestos artesanales y emprendimientos locales. Después del almuerzo (no incluido) se abrirán varias mesas de trabajo y espacios para interacción, para que dialoguen entre emprendedores, autoridades y asistentes para discutir retos y oportunidades del proyecto, a las 12:40 p.m, y finalmente a las 2:40 p.m se harán las conclusiones y el plan de acción, hasta las 4:10 que será la despedida y el cierre del evento.
Este evento es organizado por ASOGUITU y Arte y Cultura Binacional, revista digital y sitio web de emprendimientos los cuales ya han sido organizadores de otros encuentros de emprendedores por ya 10 años consecutivos, y la revista ha cubierto en su canal de Youtube los eventos desde 2019.
Les invitamos a asistir a este evento para seguir apoyando a los y las emprendedoras, así como las ideas innovadoras de este cantón.
En el programa “5 MINUTOS O MENOS” el analista Martín Rodríguez Espinoza abordó el tema de los gastos militares de Estados Unidos y el impacto que tienen sobre la sociedad estadounidense. El episodio, estrenado el 29 de octubre de 2024, plantea una crítica al enfoque militarista de EEUU, sugiriendo que las grandes inversiones en defensa y guerra están relegando las necesidades internas de su propio pueblo.
Rodríguez expone detalles sobre el sistema de defensa aérea THAAD (Defensa de Área de Alta Altitud), diseñado para interceptar misiles balísticos de largo alcance. Este sistema, que incluye tecnología avanzada y misiles estratégicos SM-3, requiere una inversión multimillonaria.
“¿Saben cuántos pobres hay en EEUU?”, pregunta Rodríguez. Apoyándose en datos recientes de la Oficina del Censo, revela que 37,9 millones de estadounidenses viven en pobreza, incluyendo 15,3 millones de niños. Este aumento en los niveles de pobreza coloca a EEUU con una tasa del 17,8%, muy por encima del promedio de otras naciones desarrolladas.
Criticando la narrativa de “defender la libertad y la democracia” que utiliza EEUU para justificar guerras e intervenciones en el extranjero, el programa sugiere que estas acciones tienen más que ver con el saqueo de recursos y el beneficio de las élites económicas que con el bienestar de la ciudadanía estadounidense.
¿Le interesa saber más sobre el impacto de los gastos militares de Estados Unidos y cómo afecta a su propia población? No se pierda el último episodio de “5 MINUTOS O MENOS”, donde se aborda la temática completa.
El jueves 7 de noviembre se realizará el foro: “75 años de democracia constitucional en Costa Rica”.
Esta actividad se desarrollará en el auditorio del Consejo Nacional de Rectores a las 10:00 am. Contará con la participación de: la Sra. Josette Altmann-Borbón, ex secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); el Sr. Oscar Aguilar Bulgarelli quién es historiador; la Sra. Gloria Navas Montero, actual diputada de la república, ex jueza laboral y penal y ex fiscala del Ministerio Público; y el Sr. Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista.
El foro será moderado por el Sr. Marvin Carvajal Pérez, quien es doctor en Derecho Constitucional y docente asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
