El secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Juan Carlos Durán Castro reflexiona en torno a lo expuesto recientemente por el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, en el sentido de que el aporte fiscal deben hacerlo quienes no aportan o aportan poco.
Le invitamos a ver el video de tres minutos:
Juan Carlos Durán Castro*
1-Debemos desprendernos de enfoques corporativos gremiales, sectoriales o personales y optar seria y patrióticamente por la defensa del país en su conjunto, definiendo además una agenda nacional muy puntual, pero estratégica, que busque cambios sistémicos que sean inclusivos y piensen en las mayorías más vulnerables.
2- Apoyar, impulsar y orientar respetuosamente cualquier forma de protesta en cualquier sector, entendiendo que estas luchas están inscritas como parte de un proceso que apunte a una enorme ALIANZA CÍVICO-PATRIÓTICA NACIONAL, que permita modificar la correlación de fuerzas para aspirar a la disputa del poder en un marco de lucha democrática.
3- Redoblar toda acción política con sentido de urgencia para acelerar un proceso social y político que potencie las condiciones para alcanzar en un mediano plazo (4 o 6 semanas a lo sumo), un proceso real de alianzas intersectoriales de alcance nacional que realmente coloque a los poderes fácticos en una disyuntiva histórica y permita condiciones para UN NUEVO PACTO SOCIAL.
HACIA EL PACTO DEL BICENTENARIO POR LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL.
* Secretario de Seguridad Social CTRN
Óscar Madrigal
La Nación publica una entrevista al presidente de la UCCAEP en la cual leo algo bastante sensato. Lo primero, dice, es que hay que RENEGOCIAR la deuda pública y lo segundo que hay que HABLAR o dialogar con todos los sectores, incluso los sindicatos, porque este es un problema país.
Resulta claro que el déficit fiscal y la reactivación económica no se resolverá y logrará con un acuerdo con el FMI, con más impuestos, vendiendo activos y mucho con un Estado contraído y sin inversión. Mientras los intereses y amortización de la deuda se coma casi la mitad del presupuesto, no hay solución posible. Esa es la verdad desnuda de nuestra situación.
De las declaraciones de Jenkins puede pensarse que la UCCAEP así parece entenderlo. Hay que renegociar la deuda pública para prolongar a plazos largos y tasas razonables los pagos. Es el tiempo y respiro necesario para que la economía despegue.
La renegociación de deuda es el fundamento de cualquier arreglo económico y social del país.
Las soluciones, además, deben provenir de un diálogo entre empresarios, cooperativas, asociaciones solidaristas, sindicatos, ambientalistas, organizaciones de mujeres, con propuestas concretas y reales que confluyan hacia un acuerdo nacional. Parece difícil, pero tal vez se pueda intentar.
Lo que resulta evidente es que la propuesta del Gobierno no convence ni satisface a tirios ni troyanos, claro que por distintos motivos. Tal vez haya un punto medio alcanzable que arranque por la renegociación de la deuda, en lo cual parece haber acuerdo general de todos los grupos sociales. Una oportunidad interesante.
Óscar Madrigal
La clase media pagará la mayor parte de la factura con el FMI. Así se deduce de lo anunciado ayer por el Gobierno de Carlos Alvarado.
Todo el menú de impuestos recaerá sobre los asalariados, públicos y privados, de la clase media:
A) Aumento del impuesto de renta al salario mayor a ¢850.000.
B) Aumento en impuesto a los bienes inmuebles como la casa de habitación.
C) Impuesto a las transacciones financieras.
D) Eliminación de exoneración de renta a salario escolar.
Para los asalariados del sector público, además de lo anterior, se cancela el reconocimiento de la anualidad por 4 años, así como un posible congelamiento salarial por los próximos 10 años, según cálculo de La Nación, debido a la aplicación de la regla fiscal. (Hasta que la razón deuda/PIB llegue al 60%).
Los asalariados menores de ¢850.000 que representa el 77% de los trabajadores estarán exentos del impuesto de renta, pero deberán cancelar el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a las casas de habitación que se triplican y el pago de renta en el salario escolar.
A las empresas -principalmente- se aumenta la renta hasta un 35% y deberán pagar el impuesto a las transacciones financieras.
Sin embargo, a cambio de ello, se les reduce el aporte patronal en un 5%, lo que representa -según el ministro de Hacienda- unos ¢3.000 millones, sea una cifra similar o mayor a lo que tendrían que pagar por esos dos impuestos. En otras palabras, a los patronos, en términos generales, se les DISMINUYEN los impuestos.
El 5% que se elimina de la cuota patronal es lo que corresponde al financiamiento de FODESAF que la asumirá directamente el Gobierno, sea todos los habitantes. Recordemos que de FODESAF sale el financiamiento para las pensiones del Régimen No Contributivo, aportes al INAMU, CEN-CINAI y muchas otras instituciones. Esos pagos quedarán incorporados al Presupuesto Nacional con las consecuencias que ello pueda tener, en primer lugar, la regla fiscal y con ella el congelamiento de trasferencias. De tal manera que muchas pensiones e instituciones quedarán al arbitrio de lo que pueda ocurrir con el Presupuesto.
Las zonas francas siguen exoneradas, pero ahora con un premio adicional: reducción de la cuota patronal en un 5%. Probablemente tampoco pagarán el impuesto de transacciones financieras porque los pagos se hacen desde el exterior.
El impuesto a las transacciones financieras será un costo más para las empresas por lo que reducirá sus utilidades y con ello el pago de impuesto de renta. Además, todos sabemos lo difícil y complicado que resulta para Hacienda hacer que los grandes contribuyentes paguen la renta.
Habrá también reducción de funcionarios públicos mediante la movilidad laboral y la fusión de instituciones y organismos, así como la venta de Fanal y Bicsa.
La ortodoxia neoliberal no está totalmente satisfecha porque esperaban una mayor venta de activos, ningún nuevo impuesto y reducción significativa de las instituciones del Estado porque son insaciables.
Pero lo que sí está claro es que asistimos a un empobrecimiento acelerado de los asalariados de clase media y un aumento general de la pobreza.
Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR – FECON
La esencia del “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia. PROPUESTA PARA NEGOCIAR CON EL FMI. CONSEJO ECONÓMICO”, es la consolidación del modelo de desigualdad social con más políticas económicas restrictivas y de “disciplina fiscal”, que no servirán para sacarnos de la crisis. Que el Estado está en crisis o incluso a punto de quiebra es un hecho. Pero lo que debería estar en discusión con participación efectiva/democrática de toda la sociedad costarricense, y no lo está, es cuáles con las acciones que nos permitirán enfrentar la crisis sin profundizar la pobreza y la inequidad general.
Estos comentarios son una primera reacción ante la propuesta para el FMI, o más bien del FMI y el Gobierno, para no pecar de ingenuos, pues sabemos que están “dialogando” desde hace tiempo.
El punto de partida ante esta propuesta es que Costa Rica puede y debe prescindir de este convenio con le FMI. El país tiene condiciones financieras para atender la crisis con parte de las reservas del BCCR; pero no aplicando salvamentos a los bancos y capitales privados, como ya anunció el Ministro de Hacienda, si no orientando acciones de política económica incluyentes y solidarias. La propuesta que desde hace meses hizo el exgerente del Banco Central de Costa Rica, William Hayden es clara y posible de ejecutar: “El Banco Central tiene US$8.000 millones de Reservas Monetarias Internacionales invertidos en el exterior, la mayor parte en títulos valores a tasas de interés en dólares. Como medida de emergencia propongo que el Gobierno emita Bonos Emergentes Covid-19 en dólares por la suma de US$ 1.000 millones a un año plazo al 3.5% de interés y que los adquiera el Banco Central” (https://www.elmundo.cr/economia-y-negocios/william-hayden-propone-alternativa-para-que-el-gobierno-no-recurra-a-impuestos-solidarios/).
Debemos aceptar que la crisis es real, pero que no la generó la pandemia del CV19 y que la salida ya no debe ser el ajuste restrictivo en contra de la clase trabajadora. Entendemos y aceptamos, como debe ser, que los aportes desde los salarios públicos y privdos y los ingresos por el trabajo independiente o cuenta propia en todos los campos, deben planificarse de acuerdo con el poder adquisitivo y los ingresos de los diferentes segmentos, revisando salarios altos, pensiones de lujo, incluso anualidades, y otros componentes de los salarios y los ingresos. Pero el Gobierno reitera su fijación de ataque “al trabajo” y la población en general. Pareciera que su meta es desaparecer lo que sobrevive de los segmentos de medianos ingresos y elevar la pobreza.
Con esta propuesta para el FMI, le siguen cobrando al Estado social y a los y las trabajadoras del sector público, la factura del desfinanciamiento del Estado. En la propuesta se indica: “Empleo público. El tema de empleo público fue objeto de un conjunto de propuestas, desde una reforma estructural al empleo público hasta algunas más puntuales de recortes a los pluses salariales, la eliminación y congelamiento de las anualidades, así como una evaluación de desempeño por resultados más efectiva y rigurosa” (p. 27). Pero, más allá de esas declaraciones, las medidas dejan claro que la evasión, elusión y exoneraciones para el capital privado, tiene su contraparte en las restricciones, las regulaciones y las limitaciones de las condiciones laborales, salariales y, en general, el deterioro de la calidad de vida de la gente trabajadora.
Esta dirección queda expuesta en el enunciado “Acciones permanentes para reducir y contener el gasto público”, punto “2. La reforma al empleo público mediante la aprobación del expediente legislativo N° 21.336 Ley Marco de Empleo Público” (p.38). Lo fundamental de esta propuesta es “…la necesidad de contar con nuevas modalidades de jornadas laborales para permitir mayor flexibilidad y un mejor acoplamiento a las necesidades del mercado, (que) se ha impulsado el Proyecto de Ley N° 21.182 de jornadas excepcionales de trabajo, el cual busca establecer la modalidad de doce horas y jornada anualizada” (p. 56). Igual se enfilan ataques contra el aguinaldo, el salario escolar y otros “privilegios” que de hecho son pagados por cada trabajador/a y no por el capital privado y el Estado. Lo que en el mundo entero ha permitido tal “flexibilidad”, es crear nuevas condiciones para que se eleve el lucro privado de las empresas tanto locales como extranjeras, a costa de la pérdida de condiciones laborales, cuyos impactos más negativos son acumulativos de plazo indefinido. Gran parte de la actual y de las nuevas generaciones de trabajadore.as, vivirán el deterioro directo y pérdida de la calidad de sus empleos, de sus ingresos, del nivel de vida de sus familias, de sus seguros de salud y hasta de sus pensiones, entre otros impactos negativos.
Si bien muchos componentes de los salarios y los ingresos que se pueden revisar, las medidas propuestas llevarán a deteriorar los salarios de miles de trabajadores y trabajadoras del país, cuyo ingreso es apenas suficiente para atender sus obligaciones. Por ejemplo, el Gobierno puede revisar los rubros de erogaciones por salarios y pensiones superiores a los 3 millones de colones y fijar impuestos de al menos entre el 20% y el 80% y hasta mucho más a las 523 pensiones que en junio del 2020 iban desde los ₡5 000 477,06 hasta los ₡14 446 858,00 (montos que resultan ofensivos). En 2018, el Ministerio de trabajo indicó que “un total de 325 personas pensionadas bajo este régimen no están pagando la contribución especial solidaria contemplada en la ley 7531. Según la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, si se aplicara el levantamiento de esta exoneración a estos casos, se lograría un ahorro aproximado de ¢1.794 millones anuales”. MTSS (2018).
Esta propuesta para el FMI es una versión extendida del Plan fiscal que todos los análisis advirtieron como regresivo, injusto y antisolidario, lo cual sigue quedando de manifiesto. Igual que con la Ley 9635 (antes “Combo fiscal”), con la propuesta para el FMI, se obliga a nuevos tributos a la gente asalariada y más pobre, y se consolidan los privilegios de la gente más rica. La esencia de la propuesta para el FMI se puede resumir con los datos que aparecen en el “Cuadro 4. MEDIDAS PERMANENTES: Impacto fiscal en ingresos y gastos. Porcentaje del PIB. 2021-2024” (p. 41). La evasión fiscal, la elusión y las exoneraciones quedan intactas. El rubro “Lucha contra la Evasión (Hacienda digital)” aportaría tan soló el 0,25% del PIB y hasta los años 2023 y 2024. Ni siquiera se aplicaría de inmediato, a partir del 2021, como todas las demás medidas, si no que lo harían hasta el 2023, asegurando un margen de consolidación de esos privilegios.
Los privilegios de la élite costarricense siguen intactos; inalterados con esta propuesta de acciones para el préstamo del FMI. Mientras que países como Argentina renegocian su deuda, Costa Rica le brinda al FMI, que no es otra cosa que una extensión del mundo corporativo, y antes el mecanismo sustituto de los golpes de Estado en América Latina, la oportunidad de imponer al pueblo de Costa Rica nuevas ataduras sociales en todos los campos. No es necesario “El ladrillo” de los Chicago Boys de la dictadura de Pinochet para continuar hundiendo a la clase trabajadora y a la sociedad en general, incluidas las nuevas generaciones, a los dictados de la economía corporativa. Los contribuyentes, los asalariados, los deudores, que son en su mayoría la clase trabajadora, subsidian a los bancos privados y en general a la economía privada y corporativa que no asume su carga de responsabilidad. Además de la baja de los salarios y los ingresos en general por medio del congelamiento de aumentos salariales y eliminación de anualidades, entre otras disposiciones, es la gente trabajadora la que asume, en el largo plazo, el pago de la deuda que adquiere el Gobierno en nombre “del país”.
El Gobierno asumió de la manera más unilateral posible y en alianza con la élite que lo controla, la formulación de esa propuesta. Mientras se desarrollaba el proceso “Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Acuerdo con el FMI”, se redactaba el documento para el FMI. Muy “a lo tico”, en ese documento se hace referencia a las propuestas de esos encuentros intentando dar una visión de “consensos”, pero el documento para el FMI no las retoma como medidas concretas. Se despreció por completo la solidez de los argumentos y más allá las buenas intenciones de quienes participaron en ese proceso, queda demostrado que las negociaciones reales tenían lugar en otras oficinas, en la Asamblea Legislativa con las fracciones alineadas al Gobierno y en el Ejecutivo, sin olvidar a la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Asociación Horizonte Positivo. Esta colusión también reafirma lo que desde hace muchos años definimos como el “Estado secuestrado”, ahora con la complacencia total del Poder ejecutivo. El mito o falacia del diálogo nacional y el consenso se demostró una vez más. Esa es la lección que deberíamos asimilar todos los actores sociales excluidos, y hacer un esfuerzo extremo de articulación y acciones ante el Gobierno y el FMI.
Si se hiciera un ejercicio de información, explicación y consulta efectiva y democrática de esta propuesta y sobre todas las alternativas posibles, es seguro que la población sobre concluiría que no quiere asumir deudas de largo plazo con el FMI. Es seguro que con información veraz y completa se exigiría al Gobierno actuar para la gente y el beneficio del país y no para la élite que lo guía. Pero bajo un régimen de desinformación bien articulado e impuesto como el que vivimos, es natural que un segmento de la gente piense que el crédito con el FMI es necesario para salir e la crisis, cuando la verdad es que es la propuesta más regresiva que hemos visto en mucho tiempo. Como ya dijimos, es una extensión del “combo fiscal”.
Si revisamos todos los rubros de la propuesta concluimos que se enfila contra la sociedad en general y el mundo del trabajo en especial, pues se incluyen medidas como imponer cargas a las transacciones mínimas en un cajero automático, un “Impuesto 25% premios de lotería”, eliminar la “exoneración salario escolar” que es un ahorro de cada trabajador/a, etc. Otra línea confirmada es que el Gobierno atenta contra el Estado, y contra el Estado social en particular. Las proyecciones de “Recortes al presupuesto/Regla fiscal”, se estiman en 0,76%-0,78%-0,82% y 0,96% desde 2021 hasta el 2024, montos que triplican y hasta casi cuadruplican la irrisible suma que en 2 años (2023 y 2024) se recuperaría con los ajustes mínimos propuestos para disminuir la evasión y elución fiscal. Justificar el recorte del “gasto” o inversión del Estado por falta de ingresos/déficit, es un sinsentido cuando el mismo Estado se inmola en favor de una élite privilegiada.
Hay que repetirlo: la esencia de la propuesta es que el rubro “Lucha contra la Evasión (Hacienda digital)” asegura los privilegios del empresariado; del capital. Ni siquiera entraría a regir el próximo año, si no hasta el 2023 y con un aporte de apenas del 0,25% del PIB mientras otros rubros, como “Aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles (en 0,50 pp)”, desde el 2021 aportaría 0,56% del PIB anual, mucho más del doble que las empresas que disfrutan del no pago de impuestos.
En dirección de hacer que Costa Rica sea un país con mayor justicia social, NO SE JUSTIFICA FIRMAR UN NUEVO CONVENIO CON EL FMI. Lo que se debe hacer prioritariamente es aplicar mecanismos eficientes y eficaces contra la evasión, elusión y exoneraciones fiscales, y recurrir a las reservas financieras del BCCR, que no implican condicionar la política económica del país ni empobrecer a más personas. Cualquier evaluación del Gobierno de Costa Rica corroboraría que es un Gobierno ineficiente e ineficaz, porque sabe exactamente a quiénes y cuánto cobrar, pero no lo hace. Los ingresos y ahorro proyectados por Gobierno Central son insignificantes comparados con lo que el Estado podría recibir si al menos iniciara el cobro de impuestos a las empresas y capitales privados que siguen amparados en los beneficios, la impunidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades del Gobierno.
(Baso estas notas en los datos disponibles en la página web del #MinisteriodeHacienda, que lamentablemente no ha publicado aún los del 2019)
El de renta, es un impuesto directo que teóricamente permite progresividad: que las personas físicas y jurídicas con mayores ingresos tributen más que las de menores ingresos.
Pero hay varios elementos que limitan su alcance y por lo tanto, en lugar de fortalecer las finanzas públicas contribuyen a ensanchar el déficit fiscal.
Uno de ellos y probablemente el principal, sobre el que se ha discutido mucho, son las diferentes formas de evasión y elusión que llegan a sumas astronómicas según se calculen dichas fugas. A propósito, es una lástima que el Ministerio de Hacienda no actualice y publique sus estudios sobre el incumplimiento tributario.
El otro, al que refieren específicamente estas notas, es el denominado Gasto Tributario, constituido por diferentes tipos de exoneraciones establecidas por ley al pago de impuesto sobre la renta.
Como se puede ver en los datos, por cada colón recaudado en el 2018 por impuesto sobre la renta, se dejaron de recaudar 53 céntimos como consecuencia de las exoneraciones, de los cuales 22 céntimos correspondieron a las empresas de zonas francas.
Al mismo tiempo, es importante señalar que las personas trabajadoras y pensionadas del sector privado y público, son la segunda fuente más importante de la recaudación del impuesto sobre la renta (27.32% del total). Y por otro lado, no son las más beneficiadas de las exoneraciones en comparación con los beneficios recibidos por las zonas francas, las cooperativas y otras personas jurídicas.
Esto último es importante considerarlo en el debate que se viene estos días, donde se anuncian propuestas para eliminar exoneraciones a salario escolar y aguinaldo, pero no se ha planteado tocar las que benefician a una parte cada vez más grande de nuestro sector empresarial y de la generación de riqueza.
Considero que deben revisarse todas las exoneraciones. Si se quiere avanzar en la construcción de una estructura tributaria más justa, no se deben seguir recargando las reformas sólo en el sector de personas trabajadoras (lo cual además sería de poco impacto), sino exigirle igual o mayor contribución al sector empresarial que goza de grandes privilegios en esta materia.
Discutamos y decidamos sobre exoneraciones al ISR pero pongamos TODAS! sobre la mesa.
Porque cada colón que se pierde por exoneraciones debilita nuestras finanzas públicas, engrosa el déficit fiscal, acrecienta la riqueza de unos pocos y por lo tanto, refuerza la acumulación y debilita la distribución.
Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su página de Facebook.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
Si los combatientes del Palacio de la Moneda y del Ministerio de Obras Públicas, en la capital chilena, nos dieron una muestra del potencial revolucionario que existía, y que se expresó en medio de la mayor adversidad, en aquel desigual combate del 11 de septiembre de 1973, la actitud omisa de buena parte de la izquierda chilena acerca de lo que estaba ocurriendo: el golpe militar en marcha, planificado esencialmente desde la Marina, y buena parte de los mandos de la aviación, con la participación de algunos generales del ejército (el caso de Sergio Arellano Stark), el que fue denunciado por los sargentos y soldados de la marina de Valparaíso y Talcahuano, durante los primeros días del mes de agosto de 1973, como un hecho que se saldó negativamente para los sectores populares, demostrando la incapacidad de cambiar las estrategias o tácticas políticas, en momentos en que ya las fuerzas más reaccionarias se habían decidido por la acción militar, todo esto fue configurando un cuadro de indefensión, y de pérdida de la iniciativa de los mandos políticos de la Unidad Popular Chilena, donde no existió la alternativa o esta se fue desdibujando en los meses anteriores a un desenlace que no tenía por qué ser sorpresivo, en modo alguno. Envalentonada, en cambio estaba la derecha más radical, pues en sus filas se encontraban los conspiradores golpistas de los altos mandos de la marina, además de los grupos paramilitares de la ultraderecha como el denominado Movimiento “Patria y Libertad”, la develación del golpe hacia el interior esa arma tan importante les sirvió, para seguir actuando de manera abierta, en un sentido contrario al que era dable esperar, como también para establecer sin tapujos que el gobierno que representaba la continuidad del orden legítimo en el país no tenía ningún derecho a defenderse, la mera idea de plantear una defensa del orden constitucional se había convertido ya en un “acto terrorista”, y el gobierno como tal y sus fieles defensores serían calificados, después del 11 de septiembre de 1973, bajo la denominación genérica de “extremistas” a los que había exterminar, primero mediante el terror masivo, y luego mediante el empleo del terror selectivo como parte de una guerra de aniquilamiento de las fuerzas revolucionarias, dentro de la que ese terror operó como el arma principal del régimen restaurador que instaló en Chile, a partir de la derrota del movimiento popular chileno. Sólo Carlos Altamirano Orrego, el entonces Secretario General del Partido Socialista de Chile, alcanzó a advertir a la población mediante un discurso ante un pleno de su partido, que fue difundido por las ondas de Radio Corporación, el domingo 9 de septiembre de 1973, en horas de la mañana, de que el golpe ya se encontraba en marcha, con lo así se había llegado al punto de tener que enfrentarse con lo imposible, tal y como se reveló apenas un par de días después… ese fue el desenlace de la tragedia de aquel proceso de transformaciones sociales, emprendido apenas tres años antes aunque sus raíces históricas se remontaban, muchas décadas hacia atrás.
Todo esto nos lleva a destacar que en lo esencial, pareciera que el devenir histórico latinoamericano, durante la mayor parte del siglo XX, fue la expresión de lo pudo ser pero finalmente no alcanzó a materializarse, en gran medida por la reacción de las fuerzas conservadoras y la agresiva irrupción de las potencias imperialistas decididas a no perder jamás el control social, político, económico e incluso militar, todo ello aconteció a pesar de las enormes energías desplegadas por muchos de los protagonistas de algunos procesos de transformación social, impulsados acorde con las esperanzas y expectativas forjadas dentro del imaginario de una modernidad “occidental”, la que nunca terminó por instalarse en la región, tal y como sucedió en el caso de la llamada “vía chilena al socialismo” de la que hemos venido hablando, “la primavera democrática guatemalteca” (1944-1954) o la “revolución justicialista” del decenio peronista en Argentina, deviniendo en la inmensa tragedia de que no sólo no se afianzaron a consolidar las conquistas sociales penosamente logradas (en el caso de que esto fuera posible), sino que los desenlaces político-militares trajeron o significaron profundas regresiones sociales y políticas, las que en su despliegue mostraron la siempre amenazante posibilidad de retornar al pasado colonial (todavía presente en las mentalidades colectivas), con todas sus formas coercitivas de explotación y de sometimiento en los órdenes de lo social y lo político.
No fue simplemente la subjetividad de los protagonistas de estos dramas históricos, como lo fue también el caso de la malograda democracia guatemalteca, destruida a sangre y fuego por la intervención imperial, llegando a convertirse en la democracia que nunca fue (El gobernante de ese país, coronel Jacobo Árbenz a lo sumo pretendía alcanzar una “democracia” al estilo anglosajón, mientras que los estadounidenses lo vieron siempre en un “espejo bolchevique”, como resultado de la hábil propaganda mediática, desplegada en los propios EEUU). Más que las subjetividades, fueron las rígidas estructuras sociales y políticas las que hicieron imposible ese paso hacia la modernidad, indispensable para que existan democracias de verdad y no sólo avariciosos regímenes plutocráticos, sostenidos por mascaradas electorales y el poder del dinero. En el caso de la Argentina del decenio peronista, cuando la coyuntura económica se volvió desfavorable, a partir de 1952, los aliados burgueses del peronismo y la misma derecha peronista decidieron bajarse del carro “revolucionario” de mejores salarios y políticas de bienestar para los trabajadores, el tamaño del pastel a repartir con la clase patronal se había vuelto más pequeño y los intereses estadounidenses en el país demandaban un régimen político más obsecuente con sus intereses económicos y geopolíticos, de ahí en adelante la materialización del golpe de Estado y la consiguiente “revolución fusiladora” (Rodolfo Walsh OPERACIÓN MASACRE Ediciones La Flor Buenos Aires 2001) no tardarían mucho en aparecer en el horizonte, mientras los que a pesar de todo, nunca dejaron de luchar, a lo largo de las siguientes décadas fueron los obreros argentinos (nominalmente peronistas muchos de ellos), protagonistas del Cordobazo(1969) y otras memorables jornadas de lucha heroica e insobornable.
Al conmemorarse en este mes de septiembre los 47 años del golpe militar reaccionario en Chile y los 65 del que terminó con el régimen peronista (un 16 de septiembre de 1955) cabe hacernos al menos una pregunta sensata y sincera ¿seguiremos lamentándonos y añorando lo que no pudo ser, como una especie de sino histórico fatal o habrá llegado la hora de enfrentarnos a nuestras realidades, con los ojos bien abiertos y con determinación para la lucha que nos lleve a concretar la gran tarea histórica que sigue pendiente?
El grave insuceso de disponer no ser competente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), para conocer de la denuncia de fraude procesal y soborno a testigos contra el ex presidente y ex senador Innombrable; conlleva a la discusión jurídico-académica en torno al nefasto accionar del activismo judicial, que confluye al malsano torrente político, en un país dominado por la hegemonía de derecha oligárquica contra insurgente y ante el cual sucumbe el máximo tribunal de la justicia en Colombia.
No procede una Declaración “a favor”, de la independencia y autonomía de la CSJ, por lo siguiente:
MOTIVACIÓN. – No era un problema de competencia, sino de jurisdicción. El Parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política de 1991 (CP91), no aplica para las atribuciones de su numeral 3o (juzgar a los miembros del Congreso) y numeral 5o (a agentes diplomáticos). Además, conforme a la definición “hubieren cesado en el ejercicio de su cargo”, atribuye para avocar el conocimiento (competencia) y para cuando el senador sindicado renuncia a su cargo de elección popular, ya se había articulado el accionar jurisdiccional y conocido del presunto delito. De manera que la Sala de Instrucción de la Corte había asumido el conocimiento (competencia), por haberse iniciado formalmente el proceso penal, decretado prueba y tomado decisiones como el arresto domiciliario. Con fundamento en el principio de la “Perpetuatio Jurisdictionis”, prevalecía la permanencia de la competencia en cabeza del juez especial, que para garantía del debido proceso ha de permanecer incólume, hasta la terminación del proceso. La seguridad jurídica impone que una vez así articulado y aprehendida la jurisdicción, esta no debe ser modificada. Una atenta lectura del fallo, contraría su armonía y coherencia y es dable afirmar que infortunadamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación con conocer del asunto contra el Innombrable ex senador, cedió a las presiones y chantajes por el peso político del mismo sindicado, incurriendo en pusilanimidad judicial, algo que en jurisprudencia comparada, la jurisprudencia argentina fundamenta a perfección, puesto que estaban dadas todas las circunstancias y fundamentos de jurisdicción y de competencia para que la Corte Suprema de justicia continuara conociendo del caso de marras. Valga agregar que ante un caso tan álgido, la Corte fue inferior a las circunstancias, pudiendo sentar nueva y vinculante jurisprudencia. Pero no, aplicó la enredadera jurídica santanderista. Ya existía jurisprudencia en el caso del 35% de senadores vinculados a la parapolitica, que utilizaron el mismo subterfugio de renunciar – como si de cambiar de bus se tratare- para que no conociera la Corte de sus casos y nada aludieron a la definición y condena al senador Mario Uribe, por ejemplo. Eso es catastrófico y no merece el reconocimiento de apoyo de la pléyade de juristas colombianos a esa decisión pusilánime, cobarde.
Estando a ojos vista el atropello al Estado de Derecho, surgido a raíz de la articulación del ocurso administrativo en el Senado, que tramito y aceptó la “renuncia” del innombrable senador; la Corte asumió la actitud del avestruz. Los cargos de elección popular son para ejercerlos, son irrenunciables. Lo contrario burla la voluntad del elector. Si el senador renunció, corresponde a un acto interno volitivo, subjetivo, que implica la dejación del cargo. El camino que tenía el Senado al conocer la orden de captura del senador innombrable era proceder a lo disciplinario, sancionatorio, de suspensión del cargo y en consecuencia proceder a reemplazarlo conforme a lo legal. Al darse la dejación del cargo, por renuncia del senador, procedía, no aceptar la tal “renuncia” sino a llenar la vacante conforme a lo legal. De tal manera, que la investidura de la actual senadora, vocera del paramilitarismo cucuteño, en el senado y en función de reemplazo, es además de nula, por nulidad absoluta, inexistente, jurídicamente hablando. Imposible que ese elefante, pasara desapercibido por la Corte Suprema. Por eso en Colombia no existe un estado de derecho; sino un estado de cosas inconstitucional (eci) aberrante.
Ahora, contribuye a asalto a la credibilidad y garantía de pronta justicia el anuncio que la investigación contra el ex presidente y ex senador por incurrencia en la masacre de El Aro, siendo gobernador del Departamento de Antioquia; tampoco es de fuero especial y competencia de su conocimiento. Aunque no se conoce el texto publicitado de tal Resolución imposible que apliquen el mismo criterio torticero y digan o sostengan que tal acción, merecedora de castigo, no “tengan relación con las funciones desempeñadas” como gobernador y que al ya no serlo cuando se compulsaron las copias para la investigación de su conducta Matarife, ya no era Gobernador y por ende bla,bla, bla.
Se puede afirmar que ha sido la misma Corte Suprema de Justicia, la que se ha depreciado o menos calificado. Ella misma se ha rebajado y en un país como Colombia, inmerso en un conflicto armado interno, la Justicia Ordinaria no es garantía para la sublime misión de impartir Justicia y Verdad, en tratándose de involucrados políticos. Por ello abunda la vigencia y reconocimiento al Sistema de Justicia Alternativa que representa la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
No hace parte de mi vocación y formación jurídica contribuir a una declaración en favor o apoyo a la independencia y autonomía de la Justicia en el caso de marras, cuando ella misma ha sido la que toma el timón del cancerbero y navega por los piélagos del averno. He dicho. ¡Puro Abogado!
El Poder Ejecutivo presentó el 4 de septiembre de 2020 el proyecto de ley que regula el acuerdo de adhesión del país a la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y sus protocolos, con el fin de culminar el proceso de incorporación a dicho órgano, luego de cinco años de escrutinio en 22 Comités que examinaron distintos ámbitos de la Administración Pública nacional como salud, empleo, seguridad social, educación, comercio, inversión, agricultura, hacienda, finanzas, entre otros, que busca la implementación de buenas prácticas de políticas públicas en Costa Rica.
Previo a conocer de qué se trata el acuerdo de adhesión, es importante repasar las etapas de este proceso de más una década:
En la primera etapa, durante la Administración Arias Sánchez (2006-2010) se inició el acercamiento con el programa internacional para la Evaluación de Estudiantes en el 2009 (conocidas como pruebas PISA), también en temas de competencia y transparencia fiscal, así como al Centro de Desarrollo de la OCDE para exponer experiencias de políticas de desarrollo económico y social.
Posteriormente, en la gestión de Chinchilla Miranda (2010-2014) se comunicó formalmente a ese organismo el interés de formar parte como miembro de la organización, con un plan de trabajo en los ámbitos político (lobby con otros países miembros) y técnico (mejoras en inversión, educación y comercio entre otros temas).
Esto implicó una ardua participación del país en el Centro de Desarrollo de la OCDE, así como el cumplimiento de tres condiciones específicas:
Debido a estos esfuerzos, es que durante la Administración de Solís Rivera (2014-2018) se consolida el proceso con la invitación formal y el inicio de un análisis de las condiciones del país en 22 Comités evaluadores. Esta ruta se mantiene vigente en la gestión Alvarado Quesada (2018-2022), en la cual, no se finalizan los exámenes en marzo de 2020, sino que Costa Rica recibe el 15 de mayo la invitación de formal del Consejo de la OCDE para convertirse en el miembro número 38 del organismo.
En dicho contexto, para formalizar la adhesión, con el expediente No. 22.187 se presenta el proyecto de Ley “Aprobación del acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Costa Rica a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en San José, Costa Rica, el 28 de mayo de 2020; la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrita en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; el Protocolo Adicional N°1 a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; y el Protocolo Adicional N°2 a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960, y normas relacionadas”.
Esta formalización requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de cuatro artículos:
En el artículo 1 se aprueban los términos de la adhesión de Costa Rica a la OCDE, con base en:
En el artículo 2 se crea el Consejo Rector Nacional para la OCDE como responsable de la aprobación y el seguimiento del Plan de Trabajo que el Estado costarricense deberá desarrollar y promover en el marco de la OCDE.
Este Consejo estará integrado por:
Este artículo, además de requerir un reglamento que regule el actuar de las diferentes instancias, establece que el Ministerio de Comercio Exterior “será responsable de la coordinación nacional entre los órganos, entes y poderes públicos que correspondan, según los temas de competencia de cada uno, a efecto de formular e implementar el referido Plan de Trabajo”, mientras que las responsabilidades en “la definición y ejecución de la política exterior del Estado costarricense” recaen en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
El artículo 3 regula el presupuesto, el pago de cuota de membresía y las obligaciones derivadas en el marco de la OCDE, donde el Ministerio de Comercio Exterior deberá incluir en su presupuesto el monto correspondiente al pago de la cuota de membresía anual a la OCDE y la operación de la Delegación Permanente de Costa Rica ante dicho organismo. A la vez, las otras instancias públicas también deberán incorporar el monto correspondiente para desarrollar los compromisos y las acciones derivadas del Plan de Trabajo aprobado por el Consejo Nacional Rector.
En todos los casos, se incorporará en el anteproyecto del presupuesto ordinario de la República que presenten ante el Ministerio de Hacienda, o en el proyecto de presupuesto ordinario que se presente a la Contraloría General de la República, según corresponda.
De esta forma, el Ministerio de Hacienda incorporará los recursos para atender tales compromisos en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República, que se presente por parte del Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa.
El artículo 4 establece que corresponde al Poder Ejecutivo la designación del funcionario que represente al país en la OCDE en su sede en París (Francia), previa consulta al Consejo Nacional Rector de la conformación de la delegación permanente.
En el caso en que este proyecto se aprueba y el país obtenga su membresía, ¿qué implicaciones se adquieren durante la permanente etapa de “Diseñar mejores políticas para una vida mejor”?
Primero, el país tiene la responsabilidad de participar en más de 300 comités, foros y grupos de trabajo en diferentes ámbitos de temáticas de políticas públicas.
En paralelo, debe desarrollar un plan de trabajo para implementar las recomendaciones de los 22 Comités, así como continuar bajo las evaluaciones periódicas que realiza la OCDE para comprender los desafíos y fortalecer sus políticas. Aunado a estas evaluaciones, están los exámenes de pares, en los cuales, de manera voluntaria, se trabaja en la mejora de la provisión de servicios públicos al ciudadano.
Segundo, el país tiene que continuar su ruta de reformas legislativas y administrativas con el fin de incorporar las mejores prácticas internacionales. Para ello, se deben presentar informes de progreso y reportes periódicos en áreas evaluadas como: mercados financieros, inversión, ciencia y tecnología, asuntos fiscales, comercio, salud, agricultura, política educativa, empleo, trabajo y asuntos sociales, política regulatoria, política de consumidor, economía digital, seguros y pensiones privadas, estadísticas, cohecho, entre otros.
Tercero, el país se compromete en compartir sus experiencias exitosas mediante el intercambio de buenas prácticas, lo cual, no solo implica exponer sus resultados en medio ambiente por ejemplo, sino, adoptar estándares en temas como lucha contra el soborno internacional, elusión y evasión fiscal entre otros.
Y un cuarto aspecto tiene que ver con la consolidación de un sistema de estadísticas e indicadores confiables para la toma de decisiones, con el fin de poder realizar comparaciones entre sus países miembros, evaluar así la efectividad de las políticas públicas y mejorar la consecución de los resultados.
Finalmente, esto puede tener resultados positivos en el sistema de gobernanza pública, entendida como una mejora en la calidad de la gestión de la Administración Pública, así como una mayor efectividad y eficiencia en el gasto e inversión pública. También, le abre las puertas al país para participar en las decisiones globales y de la propia organización, ya que, los países de la OCDE representan el 80% del comercio internacional e influye en las dinámicas de inversión, sostenibilidad e inclusión. En todo caso, esta dinámica de mejora continua y reformista obliga a todos los sectores a buscar un consenso en el qué y en el cómo construir una Costa Rica más equitativa en su desarrollo económico y social. Este proceso, requiere transparencia y comunicación permanente.
Dr. Esteban O. Mora Martínez
Profesor e investigador del Cicap-UCR
En el día de la Patria, 15 de septiembre de 2020, el gobierno presidido por Carlos Alvarado ha dado una vergonzosa demostración de rendición absoluta ante el dictatorial poder del autoproclamado dictador de América, Donald Trump, al votar por el candidato impuesto a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.
Desde la creación del BID el propio gobierno de los Estados Unidos, presidido por el General Eisenhower, estableció como norma la presidencia alternativa de representantes de América Latina en ese organismo. Sin embargo, por primera vez en la historia del Banco el gobierno Trump impone su candidato en la presidencia para los próximos cuatro años.
El gobierno de Costa Rica, por iniciativa de la expresidenta doña Laura Chinchilla, presentó el nombre de ella como candidata al puesto de Presidente del BID. Una dignísima propuesta que pretendía lograr el respeto a la tradición de relativa independencia en la conducción de ese organismo interamericano. Los gobiernos latinoamericanos liderados por los gobiernos cipayos de Bolsonaro y Duque en Brasil y Colombia, no lo entendieron así y se doblegaron ante el designio del Gobernante estadunidense.
Para culminar dignamente su política independiente, Costa Rica tenía la opción de abstenerse de votar, dado el retiro del nombre de la señora Chinchilla como candidato a la presidencia del BID con lo cual habría quedado clara la divergencia ante la imposición imperialista.
No fue así, el gobierno de C. Alvarado se inclinó temeroso ante Trump y le dio su voto al candidato de este, el señor Claver Carone.
¿Qué significado tiene esta designación?
Con esta designación el Gobernante Trump pretende cerrar cualquier portillo de neutralidad política en el Banco Interamericano e introducir claramente la línea de confrontación hacia los países que no se doblegan a los dictados de su gobierno.
No dejemos de recordar cómo amenazó y luego sometió a México imponiéndole el cierre de su frontera, luego hizo lo mismo con Centro América. Ya había convertido una ficción jurídica en realidad, reconociendo a un gobierno venezolano que no tiene poder de gobernanza en su país, requisito básico para ser reconocido como tal. Obligó a cincuenta gobiernos a hacer homologación de su absurda política. Incluyendo al nuestro.
El gobierno Trump ha establecido una política de guerra económica contra Venezuela y contra Cuba, donde no sólo sanciona a las autoridades de esos gobiernos sino también a aquellos que negocien con ellos. Ha llegado a la máxima obscenidad de establecer recompensas económicas para quienes capturen a los gobernantes de Venezuela. E inclusive hay sospechas muy bien fundadas de que ha mandado a matar al presidente de Venezuela, señor Maduro.
Propició descaradamente con la complicidad del secretario general de la OEA y de otros representantes de este organismo, un golpe de Estado en la República Plurinacional de Bolivia.
Su influencia sobre el Fondo Monetario Internacional para que este concediera el mayor préstamo de su historia al Gobierno Macri para que este lograra el triunfo en las elecciones en Argentina.
No esconde sus intenciones de someter a toda América Latina a sus designios y no escatimará esfuerzos para obligar a estos países a renunciar a sus relaciones económicas con países extracontinentales, sobre todo con China. Es para eso que nos quiere someter desde el asiento de la presidencia del BID en estos álgidos momentos en que la pandemia nos tiene en una grave crisis de producción y de comercio exterior.
Esta debilidad económica y financiera, le dio el triunfo absoluto en esta designación, en la cual lo único que se pudo hacer por parte de los países que aun guardaron un ápice de dignidad, fue abstenerse de votar.
El gobierno de Alvarado una vez más mostró su vergonzoso gatopardismo.
Imagen ilustrativa.
