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En tiempo de pandemia: volvamos a la tierra

“[…] es frivolidad pensar que si nosotros los humanos hacemos el más mezquino objeto con un fin determinado, la naturaleza ese prodigio, fuera hecha sin otra finalidad que alimentar plantas, bestias y hombres, para que después la abonaran con un puñado de mísero polvo disperso-nada más. Estupenda frivolidad es el materialismo que se cree, sin embargo, hijo de la observación y la ciencia”.

Gabriela Mistral.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

“Volvamos a la tierra” fue el lema de la campaña electoral del expresidente don Luis Alberto Monge, a inicios de la trágica “década perdida” de 1980. Un lema sugestivo que contribuyó a su elección, pero que acaso, al final, solo sirvió para hacer chiste. Después de que el país sufrió las consecuencias socioeconómicas empobrecedoras con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), debido a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) -cuya receta no parece haber cambiado hasta el día de hoy-, se decía que, efectivamente, “volvimos a la tierra”: nos “enterraron”.

Hoy, acosados por una pandemia que no da tregua, volver a la tierra resulta un desafío ineludible, para garantizar la continuidad de la vida. Es decir, volver a la tierra en actitud reverente para extenderle la mano protectora y dejar de violentarla, sobrexplotándola.

Este desafío se vuelve perentorio, especialmente, cuando se levantan las voces de quienes no conformes con la sobre-explotación del suelo, convocan de nuevo a la explotación del subsuelo para extraer oro y petróleo. Y venden la idea como otra de las tantas “pomadas canarias”, en tiempos de pandemia, para solucionar los álgidos problemas del desempleo, empobrecimiento e inequidad social.

Pareciera que lo que se busca es el camino fácil, para seguir tolerando el comportamiento indolente de la élite económica de este país, que se resiste a la auténtica solidaridad como exigencia de justicia distributiva. Ello implica saldar la deuda tributaria que ha venido acumulando por más de diez años; y la deuda moral con un pueblo cuya dignidad ha sido mancillada por parte de gobiernos complacientes, que han permitido ese robo “legalizado”.

En tiempos de pandemia económica y sanitaria, para sanar las finanzas públicas y fortalecer la institucionalidad social, hay que buscar las formas de recuperar, aunque sea parcialmente, la deuda acumulada de la élite empresarial. Asimismo, suspender el pago de intereses de la deuda externa, mientras se negocia su condonación total o parcial, como se ha venido reiterando. Es la hora de la dignidad para hacer valer también nuestras condiciones.

La riqueza de este país no está en el subsuelo; está en el suelo y en los mares, al igual que el “tesoro” de la Isla de Coco está en su biodiversidad marina y terrestre, así como en su belleza paisajista. Y está en el verde de las montañas, en el rojo con pinceladas azules de las lapas, en el amarillo contrastando con el negro del tucán de mirada serena, en el exuberante esmeralda y turquesa de nuestros mares… También en la generosidad de los suelos, que bien trabajados nos aportan alimentos saludables.

Si el Covid19 es uno de los mejores dispositivos pedagógicos, como se ha señalado con acierto, atendamos a su mensaje que nos invita a propiciar relaciones más armónicas y vitalistas con la naturaleza.  El destino de la especie humana está implicado en el de la madre tierra. La salud humana también está implicada en la salud de la tierra.  

No hay que postrarse, ante la tentación de acceder a los “reinos de este mundo”, inducidos por un materialismo humana y espiritualmente empobrecedor. ¡Cuánto daño ha producido la frivolidad humana, producto de un cientificismo materialista depredador!, como denuncia la poetisa Gabriela Mistral.

*Imagen ilustrativa, biodiversidad, UCR.

Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la PostPandemia

German Masís

Se realizó en la Universidad de Costa Rica el Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la postpandemia en Costa Rica, con la participación de Felipe Arauz, Decano de la Facultad de Agroalimentarias y exministro de Agricultura y Ganadería y Carmela Velázquez, directora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos.

En su exposición Arauz, planteó que el sistema agroalimentario del país ha seguido trabajando durante la pandemia en el suministro de alimentos y no ha cesado de hacerlo.

Para el Decano, el sistema se desarrolla en todas sus dimensiones (disponibilidad, acceso, consumo, valor nutricional), desde el campo hasta la mesa del consumidor, donde todos los eslabones están muy ligados. Hay que ver el sistema como un todo.

Afirma que el sistema agroalimentario(SA) no es justo, por la participación diferenciada de distintos productores, que no reciben la retribución adecuada por su trabajo, la que se queda en otros eslabones de la actividad productiva.

También menciona que el SA es frágil, ya que, pese a que el 70% de la producción de la canasta básica se genera en el país, hay productos esenciales como el frijol y el arroz que se producen apenas en un 40 y 25% respectivamente en el país.

No obstante, el SA es estratégico para garantizar el abastecimiento alimentario de la población, por lo que debe fortalecerse como se hace en otros países.

Durante la pandemia, las cadenas de comercialización se han estresado y han tendido a afectarse, debido a la disminución del consumo en hoteles y restaurantes, pero rápidamente los agricultores han adoptado formas de comercialización directa, con el apoyo del MAG y su programa Mi Finca.

Indica Arauz, que fue acertado no cerrar las ferias del agricultor, para mantener el suministro de alimentos frescos y que ha sido importante el trabajo del programa de abastecimiento institucional(PAI) que ha suministrado los alimentos a los hogares de los estudiantes, que antes los recibían en los comedores escolares.

Según su criterio, el impacto de la pandemia sobre el empleo y la reducción de ingresos de la población, disminuyó el acceso a alimentos y ha generado inseguridad alimentaria, pero el surgimiento de bonos y ayudas ha contribuido a mantener el consumo de alimentos.

La amenaza al comercio se ha convertido en una oportunidad para crear nuevos mecanismos de comercio y es fundamental reforzar la institucionalidad del sector agropecuario.

La Facultad de Agroalimentarias trabajaba ya desde antes de la pandemia en proyectos como el diagnóstico de plagas, análisis de suelos, calidad de semillas, producción orgánica urbana y huertas en comunidades, servicios para la alimentación animal, mercadeo y comercialización directa con frijoles,

La FA tiene una gran actividad de investigación y acción social (cerca de 250 proyectos), en producción primaria, para mejorar la productividad y reducir costos de producción, en prácticas de sostenibilidad ambiental de la producción, generando variedades nuevas de frijol, arroz, hortalizas, gestión empresarial de la empresa agrícola, además de incursionar en agricultura de precisión y agrícola 4.0.

Considera que es necesario generar soluciones pertinentes y útiles para la producción agroalimentaria, con tecnología al servicio de la gente para una vida mejor.

Para Carmela, el sector agroalimentario no ha parado de trabajar, porque tiene que seguir trabajando para llevar alimentos a la población.

Durante la pandemia, el CITA ha apoyado en el diseño y aplicación de protocolos, en el acompañamiento para que su aplicación garantice la inocuidad de los alimentos, dando apoyo técnico y científico al sector agroalimentario.

También ha estado asesorando en problemas que se han dado en el abastecimiento de alimentos, en relación a la reducción en la disponibilidad de materias primas o el desecho de productos no utilizables.

Además, ha apoyado al Gobierno en el procesamiento de materias primas, en protocolos para la donación de alimentos y en la creación del espacio virtual de comercio.

Velázquez considera, que en la industria se han dado riesgos debido a la reducción del comercio y el consumo, generado por el desempleo, situación que ha afectado la producción sobretodo de las pequeñas y medianas agroindustrias.

Muchas pymes por la reducción de ventas, han tenido que cerrar, lo que afecta otros eslabones de cadena, como la adquisición de materias primas, de insumos, empaques, etc

Afirma que las industrias han tenido que desarrollar procesos más eficientes, tratar de optimizarlos y reducir costos de producción para sostener su funcionamiento.

Agrega que los hábitos de consumo han cambiado en la población, lo que ha tenido un costo asociado, por ejemplo, en un aumento de cantidad de empaques (muchos importados), lo que también ha tenido un impacto ambiental importante. La estructura de las industrias ha debido adaptarse a esos cambios en los hábitos y en el comercio.

Reconoce que este es un momento crítico a nivel socioeconómico, y que el propósito de los actores de la industria alimentaria es evitar que falten los alimentos en los hogares, ya que las donaciones son insuficientes.

Sugiere que la estructura de la seguridad alimentaria debe revisarse y fortalecerse, teniendo en cuenta que las preocupaciones son respecto a la cantidad de alimentos disponibles, no porque no haya, sino porque no hay recursos para adquirirlos.

Finalmente, establece que el CITA va a seguir trabajando de mejorar el valor agregado de los productos, apoyando y dando soporte sobre características de los productos, para que las industrias sean más competitivas en la producción de alimentos.

Que este Centro, estará acompañando permanentemente con conocimiento y tecnología al Gobierno y al sector productivo, procurando alianzas en los sectores productivos, entre productores e industrias procesadoras y en el desarrollo y estímulo al emprendimiento en la producción agroalimentaria.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

El diálogo que se propone

Óscar Madrigal

El gobierno de Alvarado propuso la semana pasada un plan de diálogo social, que se orienta a que las organizaciones y las personas propongan soluciones y luego se realicen foros de intercambio de opiniones: lo han nombrado “escuchar, proponer, dialogar”.

Es una propuesta muy extraña ya que no es propiamente una negociación, ni tampoco un compromiso de cumplir acuerdos. En el fondo no representa nada sustantivo, desde el punto de vista de las organizaciones sociales más allá de que hagan llegar -una vez más- sus propuestas y la participación en una serie de foros que no tienen ninguna formalidad o carácter vinculante. Son foros para disertaciones sin eco gubernamental. Esto se deduce de los antecedentes, ya que en el pasado el Gobierno pidió propuestas a estas organizaciones que no fueron escuchadas y muchos menos atendidas.

Por tanto, no se trata de nada parecido a una conversación seria, responsable que le permita al Gobierno apoyar las políticas que puedan interesarle a los sectores más golpeados por estas crisis.

Más parece la búsqueda de una legitimación social para continuar por el camino que ha transitado el Gobierno de Alvarado.

El gobierno propone que envíen propuestas sobre tres ejes: finanzas y acuerdo con FMI, reactivación económica y creación de empleos.

Al Gobierno hay que hacerle saber de principio, de entrada y de previo, EN LO QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO.

En Finanzas públicas que NO estamos de acuerdo en vender activos estatales, más impuestos a los empleados públicos, reducción de jornadas a los trabajadores públicos, aumento del IVA.

En reactivación económica que NO estamos de acuerdo con flexibilización laboral, con ley de empleo público, reducción de subvenciones a la vivienda.

En materia de creación de empleo NO estamos de acuerdo con eliminar el bono Proteger, extender por más tiempo las reducciones o suspensiones de los contratos de trabajo y el pago del IVA de manera indiscriminada.

El Gobierno debe entender que para un diálogo leal y fructífero debe comprometerse en primera instancia a no llevar adelante las políticas regresivas que hasta el momento ha impulsado.

Solo a partir del compromiso de un “impasse” o una tregua acerca de seguir fomentando políticas regresivas, las organizaciones sociales pueden colaborar en un clima propositivo, leal y sano con propuestas que ayuden a superar la crisis sanitaria y económica.

El antidemocrático proyecto de ley aguas, Expediente No. 20.212

Lic. Giovanni López Jiménez, abogado

Actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa bajo expediente No. 20.212, un proyecto de ley denominado “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”. Este proyecto inicia señalando objetivos, principios y definiciones que le dan un ropaje de ley bien intencionada y de avanzada en la gestión del agua, sin embargo, al analizar detalladamente su contenido, nos damos cuenta, cual Caballo de Troya, que en realidad contiene una serie de aspectos perjudiciales para dicha gestión, principalmente por cuanto plantea una gestión “centralizada”, que concentra todo el poder y decisiones importantes en un único órgano del poder Ejecutivo, que por su naturaleza es esencialmente político.

Este modelo político de gestión centralista que plantea el proyecto, resulta antidemocrático e inconstitucional, por cuanto choca frontalmente con el artículo primero de la Constitución Política que señala que Costa Rica es una República democrática. Un sistema democrático se caracteriza precisamente por la existencia de frenos y contrapesos, para garantizar que el gobernante actúe en protección de los intereses de la mayoría, evitando desviaciones de poder y abusos de autoridad en beneficio de una élite. De manera que los frenos y contrapesos son consustanciales a la democracia.

El agua es el recurso natural más valioso que existe, y es esencial para la vida humana y la salud de las actuales generaciones y de las que aún no han nacido, y constituye un eje transversal de la mayoría de actividades humanas (consumo humano, agricultura, turismo, industria, urbanismo, etc.). Por eso su protección y gestión democrática reviste el más alto valor para la sociedad costarricense y requiere la más alta protección jurídica. La protección básica del recurso hídrico, involucra al menos: a) la garantía que debe brindar la propia ley, para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a este recurso en calidad y cantidad adecuadas, b) que la sociedad cuente con niveles de participación en las decisiones más importantes que le afecten (participación ciudadana), y c) que las decisiones estén basadas en la ciencia y la técnica, con el fin evitar que la gestión del agua se dé con criterios que perjudiquen los intereses públicos, evitando así desviaciones de poder en beneficio de élites.

Así las cosas, la protección jurídica para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y particularmente el acceso al agua potable en calidad y cantidad adecuadas, incorporado como derecho fundamental con la reciente reforma al artículo 50 de nuestra Constitución Política, requiere de normas procesales e instrumentos jurídicos que permitan materializar su protección, ya que nada se lograría con establecer una serie de derechos sustantivos o de fondo, si su ejercicio no se ve garantizado con instrumentos legales que materialicen la protección de esos derechos.

Nuestra legislación ambiental ha venido progresando a través de los años, con la creación de una serie de instituciones e instrumentos para la protección ambiental, como es la creación de la SETENA a través de la Ley Orgánica del Ambiente, o la ley de Creación de SENARA mediante Ley No. 6877, o las potestades otorgadas al Ministerio de Salud por la Ley General de Salud en materia de vigilancia de la calidad de los vertidos de agua en resguardo de la salud pública, todos los cuales son verdaderos frenos y contrapesos técnicos establecidos en nuestro sistema democrático para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

En materia de recurso hídrico, una de las protecciones básicas que debe garantizar la ley, es que la investigación, protección y vigilancia del recurso hídrico se realice apegado a la ciencia y la técnica. En este sentido, nuestra legislación creó al SENARA con ese propósito, pues le otorga dentro de sus funciones esenciales, investigar y proteger y vigilar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos y velar por su aprovechamiento óptimo y eficiente. Para tal fin le dio nivel y estructura de una Institución autónoma del Estado (ente descentralizado), con independencia administrativa y de criterio, con funciones eminentemente técnicas, y a cuyos pronunciamientos la ley le otorgó carácter vinculante para todas las demás instituciones públicas y los particulares, constituyéndose entonces en uno de los principales garantes de la protección ambiental del agua como freno y contrapeso técnico dentro de nuestro sistema democrático, y con ello nuestra legislación ambiental vigente, tiene el claro propósito de evitar desviaciones de poder y actuaciones arbitrarias en torno a la gestión del recurso hídrico, para asegurar que decisiones del Estado se tomen dentro de la ciencia y la técnica, en protección a los intereses de la mayoría.

El proyecto de Ley de Aguas que se tramita bajo expediente legislativo No. 20.212 plantea un nuevo orden político, a todas luces ANTIDEMOCRATICO, contrario a los artículos 1, y 50 de la Constitución Política y contraria al derecho a la vida y a la salud (artículo 21), pues lejos de avanzar, plantea una propuesta REGRESIVA donde toda la gestión y actividades esenciales asociadas al recurso hídrico y que se establecen en la legislación vigente, las elimina o traslada para ser concentradas en un único órgano del Poder Ejecutivo (MINAE), que por su naturaleza es esencialmente político, eliminando frenos y contrapesos técnicos establecidos en la legislación ambiental vigente, propuesta política en la que además no se da espacio alguno a la participación ciudadana, y con ello no solo desprotege al interés público, sino que se favorece el autoritarismo y se incrementa el riesgo de que se den desviaciones de poder en beneficio de élites.

No se trata en este caso de un mero tema de asignación de competencias públicas, donde el legislador decide libremente a qué entidad asignarle tal o cual función, sino que es un tema de eliminación de garantías técnicas de protección y vigilancia, establecidas en la legislación ambiental vigente, y al eliminarse frenos y contrapesos, estamos suprimiendo democracia y en consecuencia actuando fuera del marco constitucional establecido.

Bajo esta REGRESIVA propuesta política que plantea el Proyecto No. 20.212, no tendremos una gestión “integrada”, del recurso hídrico, sino una gestión “centralizada” donde el MINAE, órgano esencialmente político, se constituiría en el único AMO Y SEÑOR DEL AGUA, con excesivas funciones que van desde lo estratégico hasta lo operativo, con roles de rector, gestor y fiscalizador, donde el mismo órgano del Poder Ejecutivo, sin controles técnicos de ninguna otra dependencia, hace investigación, dicta políticas públicas, define prioridades del uso del agua, planifica y reparte el agua a través de concesiones bajo su único criterio, impone de propia mano y con carácter obligatorio los cánones y demás instrumentos económicos, establece sanciones a particulares que ejecuta con potestades de policía, ejerce un control absoluto a través de una excesiva y costosa permisología a que somete al ciudadano, y todo sin NINGUNA participación popular, donde además, y cual si fuese un cheque en blanco, en el proyecto de ley se propone asígnale amplias facultades para desarrollar por la vía reglamentaria competencias que la ley apenas le enuncia sin ningún límite básico. Por todo lo anterior, consideramos que tal proyecto de ley constituye una propuesta ANTIDEMOCRATICA e INCONSTITUCIONAL.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

La Emisión Monetaria propuesta por el Banco Central… ¿Que pretende?

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

El BCCR propuso, o puso en consulta, la emisión de 700 000 millones de colones para financiar las entidades financieras. ¿Por qué lo hace? Para contrarrestar el proceso recesivo generado por las medidas tomadas por el gobierno para disminuir el efecto de la pandemia del Coronavirus Covid-19. (Recesión inducida)

El Banco Central hará préstamos por medio del Mercado Integrado de Liquidez, a una tasa de 0.8% anual y a un plazo de cuatro años.

De esta noticia surgen naturalmente algunas dudas, veamos las principales:

  1. ¿Esta emisión monetaria generaría inflación?

 La respuesta es que no, el economista José Luis Arce dice: “En las condiciones macroeconómicas actuales no creo que esta monetización vaya a significar presiones inflacionarias” La recesión económica tiene como característica que las transacciones económicas disminuyen, la velocidad de circulación del dinero es mucho más lenta, los precios tienden a bajar o mantenerse con un índice de precios estático con lo cual el aumento de la cantidad de dinero en circulación no repercutirá en los precios sino en las transacciones económicas dado el alto nivel de desocupación que tiene la economía. La baja tasa de interés que propone el BCCR es clara muestra de que está asumiendo el bajo riesgo de inflación, ya que probablemente estaría cobrando el costo administrativo de la colocación y recuperación del dinero emitido. El Presidente del BCCR, don Rodrigo Cubero, dijo: “En un contexto donde vemos más bien fuertes presiones des inflacionarias y donde el instrumento básicamente representa un 2% del PIB (Producto Interno Bruto), un poco más del 3% de la cartera total de crédito al sector privado, por lo cual realmente el Banco Central y sus modelos no proyectan que se vaya a dar un impacto inflacionario”

  1. ¿Cuáles entidades financieras serían las beneficiarias de los créditos y por qué?

El Presidente de Central dice que el monto de 700 000 millones está calibrado para que se puedan canalizar recursos a los afectados. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, eso no lleva a cuestionar si hay planes en las cuales hayan participado las entidades financieras que canalizarán los préstamos. Los bancos comerciales tienen mucha liquidez y sabemos que pagan muy bajos intereses pasivos o no pagan ninguna tasa en los depósitos en cuentas corrientes. Entonces el problema está en la propia raíz de la recesión, las oportunidades de inversión están ausentes y por lo tanto los bancos tienen problemas en colocar nuevos créditos, el consumo también está restringido y pocos se atreven a gastar como lo hacían antes de la recesión, además de que muchos no tienen la misma capacidad de gasto por haber visto disminuidos sus ingresos. Ahora bien ¿a qué tasa de interés y a qué plazo van a prestar las entidades financieras que acepten los recursos del BCCR? De ello dependerá de que algunos deudores puedan sustituir deuda cara por deuda menos cara. Y en tal caso, poco se lograría en términos de inversión de obras nuevas y de empleo.

  1. ¿Cuál sería la mejor opción para el debido uso de la emisión monetaria?

El mayor problema de nuestro país es el desempleo y la disminución drástica del crecimiento del PIB. No es la deuda pública, queda claro que la preocupación del Fondo Monetario Internacional es la relación entre deuda pública y el PIB, que según ellos no debe ser superior a un 50% para los países de la periferia, y la gran reocupación de nuestros economistas es que por tal razón, las calificadoras de riesgo nos bajen la nota. Entonces todos nuestros problemas se unen en un solo propósito, a saber, hacer crecer el PIB en forma continuada y a una tasa superior al crecimiento de nuestra deuda. Así las cosas, la mejor opción para el debido uso de la emisión monetaria que propone el Banco Central es aquella que genere en forma inmediata inversión y gasto. Puede observarse dada la situación macroeconómica que el sector privado no puede hacerlo. La única opción viable es la combinación estratégica entre el sector público y el sector privado. Pero para ello se debe extender el plazo y aumentar la tasa de interés a partir del cuarto año para que iguale al índice de precios y así asimilar la posible inflación que pudiera generarse.

  1. La mejor opción es la construcción de obras públicas.

 En el contexto actual el sector construcción, según titular de un periódico escrito*: “Construcción pasa por desplome ni siquiera visto en crisis del 2008”, y agrega: “en diciembre de 2018 comenzó el más reciente lapso de comportamiento negativo (decrecimiento) en la actividad de la construcción. De ahí hasta mayo pasado, (última medición del IMAE, índice mensual de actividad económica), se calculan esos 18 meses, según la variación interanual del indicador” con comportamiento negativo. El punto más bajo se presentó en junio de 2019, cuando la caída interanual fue del 18,9%. Un análisis por sectores del BCCR indica que la construcción con destino público comenzó su ciclo negativo actual en marzo del 2018 y se mantiene hasta mayo de 2020, 27 meses de variaciones negativas. En el sector privado hay expectativas pesimistas de los agentes económicos para ejecutar nuevos proyectos de inversión, lo cual se ha manifestado en una baja demanda de crédito por parte del sector privado. (Esto concuerda con lo escrito en el punto anterior) Don Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, le dijo al periodista Marvin Barquero, que el sector generaba 150.000 empleos y que en el primer trimestre de este año perdió 28.000. Y agregó: la esperanza que nos queda enfatizó, don Esteban, es un repunte de las obras públicas y mencionó al Ministerio de Educación y a la Caja Costarricense de Seguro Social. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tenía proyecciones en las cuales en 2020 se esperaba una tendencia positiva, la cual se frustró con la depresión generada por la Pandemia Covid19.

  1. El Sector Construcción y el empleo.

El mayor problema de Costa Rica actualmente es el desempleo, altísimo (12 a 13%) y aumentado peligrosamente por la depresión inducida por el gobierno para disminuir el riesgo de enfermedad por la pandemia del Covid19, de un 15 a un 17%. El problema no es sólo económico es también un grave problema social y repercute en gastos mayores para el Estado y disminución de ingresos (cuotas a los seguros sociales y tributación sobre compras, sueldos e ingresos).

Un estudio realizado por especialistas contratados por CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en Nicaragua estimaron en 47.000 empleos directos e indirectos generados por un millón de dólares en construcción. Es de suponer que la generación de empleo tiene una disminución marginal para un mayor número de millones invertidos, pero en todo caso es generalmente reconocida la importancia que tiene la construcción en la generación de empleo, considerando la cantidad de industrias y comercios que le dan apoyo logístico a las empresas de construcción, quienes a su vez son grandes empleadores de mano de obra.

  1. Los propósitos de la emisión monetaria del BCCR.

Hemos de suponer que el Banco Central se propone reactivar la economía mediante una emisión monetaria de 700.000 millones de colones, en tal caso debe colocar el dinero en donde realmente sea usado lo más pronto posible en inversión, mayoritariamente en construcción y con proyectos que tengan reproducción pronta en el crecimiento del PIB y del Empleo. Es necesario que un grupo interprofesional de economistas ingenieros evalúen los distintos proyectos que presenten las instituciones públicas en un tiempo récord y la capacidad de las empresas privadas de diseño y construcción que las han de llevar a cabo. Sugiero se estudien obras de gran magnitud como los hospitales de la Caja, el puerto de Caldera, la Carretera a San Carlos, las rutas 27 y 32, la Carretera a Cartago, programa de construcción de viviendas populares y las obras inconclusas del ministerio de Educación para que sean estudiadas y priorizadas.

Conclusiones

Queda demostrado que el Banco Central si está en capacidad de ser el actor que dinamice la economía y la saque de la recesión en la cual se encuentra. Quedan desvirtuados los temores inflacionistas de muchos políticos y de muchos “políticos economistas”. La emisión monetaria en momentos de recesión no producirá inflación.

Es previsible que el camino escogido de traspasar las emisiones a las entidades financieras para préstamos a las empresas privadas no tenga los resultados esperados de reactivación económica. Es un error histórico excluir las instituciones públicas y al mismo gobierno quienes son los únicos entes capaces de detener el decrecimiento del sector construcción y por el contrario hacerlo crecer con sus consecuencias en el empleo y en el consumo.

Quienes abogan por la disminución del déficit fiscal acaso no ven que esta es una oportunidad de sustituir crédito caro por crédito barato y así aliviar el pago de intereses del Gobierno y de las Instituciones Públicas.

Dedico este artículo a Valeria Jiménez R. Máster en Economía Internacional Hochschule fur Wirtschaft un Recht Berlin y Máster en Análisis y Desarrollo Económico en la Universidad Paris Sorbonne Nord.

*Periódico la Nación.

Nota: de última hora, 24% de la fuerza laboral ha perdido el empleo o sus fuentes de ingresos, de acuerdo con la cifra que reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INEC).

Agosto 6 de 2020, Curridabat, Costa Rica.

El mandato de autocuido y la salud mental en contexto de crisis

Mariana Alpízar Guerrero
Psicóloga
Investigadora feminista

En el contexto actual nos encontramos sobre-expuestas (os) a noticias, información, crisis y cifras sin nombre. Leemos sobre salud física, el funcionamiento del virus, proyecciones de posibles escenarios. Obsesiones por encontrar respuestas, alimentadas por un deseo cotidiano de que todo esto acabe pronto.

La necesidad de tomar medidas de distanciamiento, la burbuja social como única seguridad, el temor a ser tocados por el otro, y las estrategias de comunicación perversas que nos dicen constantemente que nuestros seres queridos pueden morir, partiendo de que la empatía sólo se mueve si escenificamos la muerte de nuestras redes cercanas. Todo esto nos tiene en un colapso emocional, colectivo y personal que ni siquiera vimos venir.

La salud, recién ahora, empieza a tomar un matiz distinto, ya no sólo es importante alejar el virus de nuestros seres queridos, también hay que luchar todos los días por no desfallecer mentalmente ante la inminente incertidumbre y todo esto, parece que deberíamos hacerlo en soledad, pues hacerse cargo de la salud mental es un tema “individual”, “personal”, al menos esa es la idea culturalmente aprendida.

Veníamos de un tiempo donde la idea de soledad como sanación estaba tomando una fuerza avasalladora al punto de ser tergiversada y recetada como la pastilla que todo lo cura (sigue siendo así). El “autocuido” se mercantilizó lanzando el mensaje de que, para poder ser “mejores” sólo había que tener voluntad. Sabemos que la salud emocional tiene muchos ingredientes, uno de ellos es, sin duda, la responsabilidad por el cuidado de sí, pero existe un componente colectivo que es sumamente contraproducente eliminar.

La idea capitalista de la salud mental como algo privado y ligado exclusivamente a la terapia psicológica individual, profundiza la desigualdad social, en el tanto sólo un pequeño porcentaje de personas puede acceder de manera sostenida a un proceso de este tipo. Si las personas no tienen dinero para pagar y tienen seguro social, no siempre recibirán un apoyo con la temporalidad requerida, lo cual habla de la importancia de fortalecer un sistema de salud social sin el cual muchas personas ni siquiera podrían ser atendidas en situaciones de emergencia, por ejemplo, ante intentos de suicidio.

Sin embargo, además de la importancia de fortalecer el sistema de salud y aumentar el acceso a los procesos terapéuticos individuales, es necesario conectar estos procesos con la colectividad, no sólo que las personas tengan un apoyo de sus redes más cercanas, sino que se empiece a cuestionar la idea de lo emocional como algo únicamente individual. La salud mental es un tema de interés público y en ese sentido también se trata de algo político.

No sólo es necesario que el Estado intervenga, sino que se construya un concepto de salud mental comunitaria. Entendiendo que sin la comunidad (en el amplio sentido de la palabra), no es posible una sanación que se sostenga en el tiempo. Una persona puede llevar un proceso de años y lograr avances importantes, pero si no cuenta con el apoyo de sus redes, el proceso no se sostenible en el tiempo y la persona puede llegar a depender de la terapia, para poder aguantar la vida cotidiana.

El apoyo, la presencia de la comunidad, la construcción de espacios colectivos, el equilibrio entre el autocuido y el cuido mutuo, son necesarios para construir un concepto de salud mental más integral y conectado con la realidad social que vivimos.

Un ejemplo claro de cómo nos ha afectado la idea del mundo emocional como algo privado y que no corresponde al plano social es cuando le recetamos ir al psicólogo a cada persona que tiene un problema, como si los procesos terapéuticos fueran una solución inmediata, o más aún, como si nos libraran de la responsabilidad vincular. A veces se convierte en una muletilla: “vaya al psicólogo” “vaya a la psicóloga”.

Por una parte el espacio clínico-terapéutico cuenta con una serie de herramientas específicas que aportan al proceso de hacerse cargo de sí (uno de los componentes del proceso inacabable de la sanación), pero este proceso no es un reemplazo del vínculo social, comunitario y de las redes cercanas. No existe salud mental sin responsabilidad emocional-colectiva.

Para ello es necesario que fortalezcamos los espacios comunitarios (aun cuando en este momento la comunidad se viva desde lo virtual), que trabajemos la empatía por el otro (aunque esté fuera de nuestra burbuja), que aprendamos a pedir apoyo y consideremos nuestra salud mental algo tan prioritario como la salud física. Por parte del Estado, es fundamental la apertura de espacios de atención en crisis y, no menos importante, de atención sostenida en procesos psicosociales, donde se involucre a la gente.

En el momento presente se hace indispensable asumir la responsabilidad social de la escucha y el cuido colectivo y que no recaiga sobre la persona lidiar en soledad con sus emociones sino que se trabajen los vínculos recíprocos de apoyo. No es fácil, contrario a que nos plantean los mensajes de “selfcare” que ponen a la salud mental como una cuestión de voluntad y llegan incluso a culpabilizar a las personas que se sienten deprimidas. Tampoco es rápido, requiere de un proceso y (aquí sí aplica), de compromiso colectivo, sin embargo, es en contextos de crisis donde salen a la luz los vacíos que, como sociedad y como sujetos, es necesario atender.

¿Por dónde empezar? No existen recetas, pero un inicio puede ser repensarnos el concepto generalizado de salud mental. Asumir responsabilidades vinculares de escucha recíproca, apoyar en la búsqueda de profesionales en salud mental a personas que así lo requieran, empatizar con las vivencias de los otros sin necesidad de intervenir, acompañar. Limitar la sobre exposición de mensajes, imágenes, informaciones en redes sociales que promuevan la idea de la salud mental como cuestión individual y del autocuido como solución a todas las problemáticas emocionales. Pidiendo apoyo, cuando lo requieran y si solicitarlo les es posible (porque no siempre una persona que necesita apoyo lo puede pedir), estando pendientes de personas cercanas que tienen cambios temperamentales o se ausentan por periodos de tiempo prolongados, compartiendo información sobre servicios de atención en crisis como el 911, o la línea “Aquí estoy” del Colegio de Profesionales en Psicología.

La salud, más que un mandato, es un compromiso que también pasa por lo social.

Desigualdades, agua y pandemia

Autor: José Rodrigo Conejo. Planificador económico y social, Universidad Nacional.

Vivimos en un país agrietado por profundas desigualdades, unas más visibles que otras, pero todas muy normalizadas. Desigualdades múltiples y estructurales que crean amplias brechas en las capacidades y condiciones materiales para enfrentar la actual crisis sanitaria, económica y social, y en general… para vivir.

Unas personas pueden cumplir las restricciones sanitarias sin comprometer su comida diaria, otras no. A unas personas no les queda más que movilizarse en buses repletos, otras tienen más opciones. Unas personas mantienen sus ingresos intactos, otras son parte del creciente desempleo (24%) o han visto sus jornadas laborales reducidas por tiempo indefinido. Unas personas tienen las condiciones para continuar sus estudios y trabajos desde casa, otras no. La lista de ejemplos es interminable.

Nuestra región es de las más desiguales del mundo y Costa Rica, pese al mito de igualiticos, no es la excepción. Las condiciones de vida cambian drásticamente según la zona del país donde vivamos, aún entre lugares muy cercanos entre sí: no es lo mismo vivir y crecer en Rincón Grande de Pavas, que en Rohrmoser -también- de Pavas. Las desigualdades territoriales son un fenómeno que genera zonas de privilegio, por un lado, y por el otro, zonas de vulnerabilidad y exclusión social.

Las desigualdades territoriales se han visibilizado durante la actual crisis. Hace un mes mucha gente pareció haber descubierto la precariedad y explotación laboral que por años ha existido en algunas piñeras de la zona norte del país, un lugar históricamente relegado. Sin embargo, poco se ha hablado de otra cara de las asimetrías territoriales, una que tiene que ver con un elemento básico para enfrentar la pandemia: el desigual acceso al agua.

Desde hace décadas, Costa Rica destaca por su cobertura casi universal de agua potable en una región con importantes desafíos en la materia. Pero ¿qué se esconde tras ese casi universal?

Los cortes de agua que en marzo sufrieron algunos barrios del sur de San José pusieron, temporalmente, el tema en la agenda mediática. Sin embargo, lo cierto es que en Costa Rica aún hay comunidades enteras que permanentemente no tienen acceso a agua a través de un sistema de acueducto. Según datos del último censo, mientras el 93,1% de las viviendas del país tiene acceso a un acueducto, el resto (83.707 viviendas) no.

Al desmenuzar espacialmente este dato, es posible ver cómo el desigual acceso a agua afecta particularmente a los cantones de las periferias del país. De los 10 cantones con más bajo acceso a agua a nivel nacional, ninguno se encuentra en la Gran Área Metropolitana (GAM), todos están en las periferias. Ahora bien, como los cantones no son homogéneos en su composición, es deseable una desagregación espacial mayor, al menos distrital.

Ahí encontramos brechas aún más dramáticas. En distritos como Llanuras del Gaspar o Cureña, ambos de Sarapiquí, o Chirripó de Turrialba, son muy pocas las viviendas que sí tienen acceso a agua a través de acueducto. En Llanuras del Gaspar y Cureña, el agua para consumo humano de cada nueve de 10 hogares viene de la lluvia que se pueda recolectar, de un pozo artesanal que puede secarse en “verano” o de un río cercano que puede tener residuos de agroquímicos utilizados para el cultivo de piña, como pasa con los ríos Toro y San Carlos.

Lo anterior no solo supone una afrenta a un derecho humano básico, sino que impide seguir medidas tan básicas para contener la pandemia como el lavado de manos. Este escenario da cuenta de una vergonzosa deuda histórica por parte un Estado costarricense que, desde su fundación, se ha pensado prioritariamente en función del Valle Central y sus necesidades.

La intersección de estos factores -desigualdades, agua y pandemia- supone un coctel letal: literalmente pone en riesgo la vida de las personas vulnerables. Sin acceso a condiciones básicas, como agua en el hogar, es materialmente imposible seguir las recomendaciones sanitarias más elementales para contrarrestar la pandemia.

Al ser un fenómeno estructural, revertir estas desigualdades requiere no solo visión sistémica y voluntad política al más alto nivel, sino también de una participación de las comunidades que permita reconocer las especificidades territoriales y sectoriales en la formulación de política pública y, prioritariamente, enfrentar con éxito la actual crisis sanitaria. Seguir pensando la acción estatal desde escritorios que subestimen el potencial comunitario, poco aportará a disminuir las desigualdades.

¿Cómo salir de la crisis sin ensanchar las ya amplias desigualdades? Recetas no hay, pero solo con solidaridad, empatía y proactividad podremos explorar alternativas efectivas para no dejar a nadie atrás.

La persistente violación de los derechos de los pueblos indígenas costarricenses

2010-2020: Una década de violencia e impunidad

Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se cumplen 10 años de “La arrastrada”, evento denominado así por los protagonistas indígenas porque describe elocuentemente lo que sucedió ese día y en la madrugada del día siguiente del año 2010, en la Asamblea Legislativa, experiencia que constituye un hecho histórico en la memoria de las luchas indígenas, como acto de violencia y punto de inflexión en su relación con el Estado costarricense.

“La arrastrada” es un suceso concreto, cargado tanto de materialidad como de simbolismo, pues se produjo dentro de las instalaciones del Primer Poder de la República, en el Salón de Beneméritos de la Patria, donde un grupo de líderes y lideresas indígenas, al finalizar una actividad relativa a esa fecha, decidieron permanecer de manera pacífica en el lugar, solicitando la presencia de las autoridades legislativas y demandando la votación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que en ese momento tenía 17 años de estar en la corriente legislativa sin ser votado.

La respuesta de las autoridades del Congreso no podría haber sido más irónica: ordenaron su desalojo por la fuerza y no votaron el proyecto ni en ese, ni en la siguiente legislatura, para ser finalmente desechado sin justificación clara ni alternativa alguna, a los pocos meses del actual período legislativo (2018-2022).

Con esta experiencia como detonante, se agota para los indígenas la confianza en la institucionalidad pública y en las autoridades políticas, cuya consecuencia inmediata fue la decisión de varios de estos líderes comunitarios y sus familias de iniciar acciones para reivindicar, por la vía de hecho, sus derechos sobre sus propios territorios, mediante las llamadas “recuperaciones”. Estas acciones empezaron a darse poco tiempo después en Salitre, luego en Térraba, Cabagra y Curré, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, para continuar después en el territorio de China Kichá, perteneciente a Pérez Zeledón, y recientemente también por parte de los maleku, en el cantón de Guatuso, en la zona norte del país.

La “arrastrada”, como acto de agresión, y el menosprecio dl Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo ―a pesar del amplio proceso de construcción y consulta que tuvo este proyecto entre los pueblos indígenas― se suman a otras experiencias violatorias, como la incursión realizada por el Instituto Costarricense de Electricidad ( ICE ) con el proyecto PH Diquis en el territorio de Térraba, declarado por la Administración Arias Sánchez (2008) como “un proyecto de Conveniencia Nacional e Interés Público”, sin realizar el debido proceso de consulta, el cual es uno de los principales derechos reconocidos mediante el Convenio 169 sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-1989), ratificado por Costa Rica en 1993.

También hay que agregar los conflictos y divisiones en el interior de los territorios indígenas, provocados por la imposición estatal de las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADI) como gobiernos locales, por la vía del Reglamento a la Ley Indígena (1977) y por el Voto 14545 del 29 de septiembre del 2006 de la Sala Constitucional, argumentando que estos pueblos carecen de una estructura de gobierno propio, lo cual justificaría la necesidad de esas asociaciones. Esto riñe claramente con el derecho a la Autonomía establecido en el mencionado Convenio de la OIT, instrumento que la Sala Constitucional ha interpretado y aplicado de diferentes formas en los últimos 25 años, mostrando en varias de sus argumentaciones jurídicas las contradicciones de una visión integracionista de larga data en el país, que se extiende a la administración de justicia y es una de las causas estructurales del abandono gubernamental y la ausencia de legislación nacional para implementar, como corresponde, los derechos de los pueblos indígenas.

El incumplimiento de la Ley indígena sobre la devolución de los territorios a sus legítimos propietarios, la ausencia de control de la usurpación en los territorios, así como la falta de atención oportuna y eficaz de las autoridades de gobierno al conflicto planteado por las “recuperaciones”, aumentó el estado de vulnerabilidad y desprotección de las personas indígenas. Estas han sufrido las consecuencias derivadas de una violenta reacción por parte de los finqueros no indígenas, quienes, con el apoyo o complicidad de un importante sector de la prensa, las autoridades locales, y utilizando intensamente las redes sociales y sus influencias políticas, han protagonizado, desde entonces, y hasta el momento, múltiples agresiones, balaceras, amenazas de muerte, intimidaciones, impedimentos de circulación, quemas de viviendas y cultivos. La escalada de violencia ha llegado hasta el asesinato de dos de sus líderes, Sergio Rojas Ortiz, del territorio de Salitre, y Jehry Rivera Rivera, del territorio de Térraba, a lo cual hay que sumar las constantes amenazas de muerte, el atentado contra el líder bröran Pablo Sibar Sibar y varios intentos de asesinato del líder bribri Minor Ortiz Delgado, entre otras personas agredidas. Hasta la fecha, nadie ha sido detenido por ninguno de estos hechos. Tal grado de impunidad incentiva el aumento en la frecuencia y la virulencia de los ataques contra estas personas, los cuales se siguen dando incluso en el contexto de la actual pandemia del Covid-19.

Todos los sucesos, incumplimientos, agresiones y violaciones de distinta naturaleza han sido denunciados una y otra vez por los propios indígenas, mediante todas las vías a su disposición en nuestra bicentenaria república, las cuales en realidad son pocas, incluyendo la penal. Son hechos que se encuentran documentados en repetidos informes y notas institucionales de la Defensoría de los Habitantes, pronunciamientos de los Consejos de Mayores Bröran y Ditsö Iriria Ajkönuk Wapa, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN) y otras organizaciones no gubernamentales, como la Coordinadora de Lucha Sur Sur y Forest Peoples Programme. También por parte de las universidades públicas mediante diferentes estudios y pronunciamientos, y de la propia Oficina de Naciones Unidas en Costa Rica. Nada de esto ha encontrado eco ni solución por parte de las autoridades responsables. Entretanto, el conflicto se profundiza y extiende.

En abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, ante la gravedad de los hechos denunciados por peticionarios bribris y bröran, impuso a Costa Rica Medidas Cautelares (MC 321-12) en favor de líderes, recuperadores y familias de los territorios Salitre y Térraba del cantón de Buenos Aires, recordándole al Estado los derechos de los pueblos indígenas y su obligación de adoptar medidas para asegurar el control efectivo de sus territorios y protegerlos de actos de violencia. Esto obligó al gobierno a establecer un protocolo de implementación, cuya elaboración tardó dos años (hasta febrero del 2017). Mediante este protocolo, se definieron acciones especiales para ambos territorios por parte de los Ministerios de Justicia y de Seguridad Pública, para ejecutar procesos aprobados y pendientes de desalojo administrativo, prevenir y atender eficazmente incidentes de violencia en los territorios, desarrollar la coordinación interinstitucional y monitorear el cumplimiento del protocolo con participación de los propios peticionarios.

El Instituto de Desarrollo Agrario (INDER) se responsabilizó de la implementación del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI), que se formuló desde la Administración Solís Rivera en febrero del 2016, para la delimitación y “saneamiento territorial”.

El Poder Judicial también se vio emplazado a atender y mejorar sus procedimientos de acceso a la justicia, y para acelerar los procesos agrarios y penales relacionados con los conflictos por la tierra y las agresiones.

A nadie ha sorprendido, aunque sí causado gran desazón, el hecho de que este protocolo y los compromisos asumidos por parte de las diferentes instancias del Estado se quedaron en el papel, abandonados en su ejecución durante los siguientes dos años, hasta el asesinato de Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo del 2019. Es entonces cuando el actual gobierno se vio obligado a retomarlos. Al día de hoy, año y medio después, la situación no ha cambiado sustancialmente, las agresiones hacia las familias recuperadoras continúan en los territorios, los procesos agrarios y penales se han estancados o avanzan lentamente, y las muertes de sus líderes permanecen impunes.

Las proyecciones de ejecución del Plan RTI, una vez más, se han quedado rezagadas en el tiempo. Hay serias dudas acerca de sus alcances reales, la metodología empleada, las fuentes de información utilizadas para distinguir quién es indígena de quién no lo es, aspecto de vital importancia para determinar la condición de “buena o mala fe” que, desde el punto de vista jurídico, y según la Ley Indígena, determina el pago de indemnizaciones. Por lo mismo, algunas de las personas no indígenas contra quienes se han realizado denuncias de agresión o solicitado órdenes de desalojo, han decidido utilizar como otra de sus estrategias la auto identificación como indígenas para dilatar, o evitar, procesos de desalojo en su contra.

En ese contexto debe comprenderse el hecho de que, el pasado 2 de julio del 2020 (Informe 167/20, Petición 448-12), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), admitiera para su estudio por el fondo, la petición contra el Estado costarricense presentada desde el 2012 por el pueblo bröran. Esta decisión es significativa pues, a pesar de las varias audiencias, informes y argumentos presentados por el Estado durante ocho años, intentando invalidar la solicitud de los indígenas, la Comisión encontró que los peticionarios efectivamente agotaron los recursos internos, que las alegaciones presentadas “no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo, pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones” a diferentes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

Vale decir que las violaciones alegadas por los bröran están referidas a la falta de reconocimiento del territorio ancestral del pueblo Teribe, la limitación a la participación efectiva y razonable en la toma de decisiones y administración del territorio tradicional, el desconocimiento de sus propias instituciones y autoridades indígenas, la falta de consulta sobre proyectos en sus territorios y la ausencia de recursos efectivos y adecuados, entre otras.

En sintonía con esta posición de la CIDH, se encuentran repetidos llamados de atención y solicitudes de aclaración del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD – ONU), de las Relatorías Especiales de Derechos Humanos y de Defensores de los Derechos Humanos de la ONU (Anaya 2011, Lawlor y Calí Tzay 2020) y del Comité de Derechos Humanos de la ONU (117° período de Sesiones e informe de seguimiento del pasado 27 de Julio del 2020) que en su conjunto demuestran que el Estado costarricense enfrenta graves cuestionamientos por la falta de cumplimiento de sus obligaciones hacia sus propios pueblos indígenas y de sus compromisos internacionales.

Estamos en presencia de un problema histórico y estructural, no ante episodios aislados ni transitorios de violencia y despojo. Por otra parte, la violación de derechos, la usurpación de territorios y la violencia sistemática se lleva a cabo por parte de diversos actores, entre los cuales destacan las personas no indígenas que se encuentran ilegalmente en los territorios, así como los medios de comunicación que, con pocas excepciones, informan de manera descontextualizada, ignoran las voces de líderes comunitarios y desconocen los derechos colectivos de estos pueblos, abonando desde su podio los conflictos interétnicos. También el propio Estado costarricense que, por acción o por omisión, mantiene no solo la ya conocida brecha de implementación de los derechos indígenas, sino también una perversa articulación de raigambre colonial, que persiste en la institucionalidad y en todos los poderes de la República.

La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en este 2020 está teñida de sangre por los asesinatos de líderes comunitarios: dos en menos de un año (marzo 2019-febrero 2020). Estos crímenes tuvieron lugar a pesar de que ambos líderes se encontraban bajo la supuesta protección de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH a Costa Rica desde el 2015, lo que sin duda aumenta la indignación y la gravedad de estos hechos.

Es la primera vez que esto ocurre en nuestro país y es también la primera vez en nuestra historia que Costa Rica recibe, de manera reiterada, llamados de atención de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la misma CIDH, exigiéndole remediar esta situación de violencia e impunidad que sufren las comunidades indígenas. Todo esto configura una grave anomalía, tratándose de un país que posee un sólido estado de derecho y que se presenta como abanderado de los derechos humanos. Inevitablemente esto mancha nuestra imagen internacional.

Por otra parte, a pesar de las bondades que observamos en la mayoría de la normativa reciente, como son el Protocolo de Consulta, la Ley de Acceso a la Justicia y la Construcción de la Política Pública Intercultural, incluyendo la modificación del artículo 1º de nuestra Constitución Política, los avances en esta materia parecen agotarse en lo meramente retórico.

Sin duda, las últimas tres administraciones de gobierno han invertido gran cantidad de tiempo y recursos desplazando funcionarios de distinto rango a los territorios indígenas; seguramente son muchas las reuniones técnicas, políticas y comunitarias que se han realizado durante toda una década. Por eso es injustificable que en 10 años no haya verdaderos avances en la resolución del conflicto por las tierras ni en la aplicación de los derechos indígenas, y que la inseguridad, la zozobra, las agresiones y la impunidad persistan.

También es notoria la profunda desconfianza de las comunidades indígenas en las autoridades estatales, la cual se ha profundizado, en particular hacia policías, fiscales y jueces, al persistir la situación de indefensión e impunidad, y puesto que se siguen ignorando los reclamos de los Consejos de Mayores bribri y bröran, no se vislumbra a corto y mediano plazo ninguna iniciativa seria y consistente de las autoridades durante la actual Aministración Alvarado Quesada, para intentar remediar este profundo distanciamiento con la dirigencia indígena, y restablecer condiciones que viabilicen el diálogo.

Desde nuestra posición en el ejercicio académico y de investigación, es nuestra obligación generar conocimiento riguroso, útil para las propias comunidades y para las instituciones públicas involucradas. Nos esforzamos por aportar evidencia sólida que deje en claro las deudas históricas y los pendientes no resueltos con los pueblos indígenas. Procuramos, así, contribuir a la superación de prejuicios y el al pleno ejercicio de la ciudadanía, en un contexto democrático respetuoso de las diversidades culturales, y abierto al diálogo y a una pacífica convivencia intercultural.

Por eso afirmamos que la grave situación en los territorios indígenas es injusta, insoportable e, insostenible, muestra una violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas de esas comunidades, la inacción e inoperancia estatal y la complacencia con los agresores, todo lo cual comporta responsabilidades muy serias que deben ser asumidas por toda la sociedad costarricense, pero especialmente por las autoridades tanto políticas como técnicas, legislativas, ejecutivas y judiciales, a quienes planteamos con respetuosa vehemencia lo siguiente:

  • Que el estado de pandemia por COVID 19 que vive el país no sea utilizada como excusa para aletargar indebidamente el cumplimiento de las obligaciones institucionales ni las soluciones y atenciones que los pueblos indígenas demandan, incluyendo la urgente protección real y atención efectiva a estas poblaciones, dada la actual coyuntura de emergencia sanitaria.
  • Que se atiendan, con energía y decisión, las recomendaciones y solicitudes específicas de la Defensoría de los Habitantes y organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos en relación con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Estado costarricense en materia de derechos indígenas.
  • Que se dé contenido político y operativo a la implementación de todos los derechos de los pueblos indígenas, con especial atención a los derechos territoriales y de autonomía, lesionados histórica y sistemáticamente en nuestro país.
  • Que se condene a los perpetradores materiales e intelectuales de los asesinatos e intentos de asesinato, y a los agresores de defensores de derechos indígenas, y se repare como corresponde a los familiares de las víctimas.
  • Que se tomen las decisiones, se asignen los recursos y se ejecuten las acciones concretas, inmediatas y eficaces, para garantizar la seguridad y protección de los defensores de los derechos indígenas y de sus familias.
  • Que se garantice el espacio político y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas costarricenses.
  • Que se reconozcan las instancias de decisión propias, cuya definición y legitimidad deriva de la tradición y la libre voluntad de las poblaciones indígenas en sus propios territorios. Tal como se han constituidos los Consejos de Mayores en Salitre y Térraba.
  • Que se abran los espacios institucionales para que se denuncien las organizaciones que falsamente se auto proponen como “autoridades”, sin un debido reconocimiento comunitario, las cuales se adjudican a sí mismas, de forma indebida, la potestad de emitir e incluso vender certificaciones sobre quién es “indígena”.
  • Que se garantice la implementación de todos los instrumentos jurídicos, directrices, normativas y procedimientos institucionales existentes, para atender y resolver, conforme a los derechos indígenas, las denuncias, demandas, procesos judiciales y administrativos pendientes, así como la definición de mecanismos de monitoreo y control al más alto nivel político y comunitario, que contribuyan a reducir radicalmente los tiempos de respuesta y aumentar el acceso a la justicia de la población indígena, así como a la información clara, completa y culturalmente pertinente de todos los asuntos de su interés.
  • Que se ejecute, en el corto plazo, el “saneamiento” de los territorios indígenas agilizando sin más preludios los mecanismos correspondientes, tomando las decisiones y actuaciones necesarias sobre los alcances, la ejecución y la rendición de cuentas del Plan RTI, y de cualquiera otra vía o procedimiento para resolver la posesión de los territorios indígenas.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Dr. Marcos Guevara Berger, en representación de equipo de investigación, proyecto “Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires. Aportes Interdisciplinarios para su resolución”. Estudios Avanzados, Universidad de Costa Rica.

¿Ante una Huelga de Brazos Caídos?

Vladimir de la Cruz

La década de 1940-1949 fue compleja, por el escenario nacional y los acuerdos políticos que se habían disuelto o roto, Calderón – León Cortés, y por los acuerdos políticos nuevos que surgían Calderón – Comunistas y la Iglesia Católica, por las Reformas Sociales impulsadas por el Gobierno de Calderón, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Capítulo de Reformas Sociales, el Código de Trabajo, consolidadas con esa alianza con los comunistas y la Iglesia, y por el acuerdo político electoral entre el Gobierno y los Comunistas, alrededor de la coalición, entre el Partido Republicano y Vanguardia Popular, como empezó a llamarse el Partido Comunista a partir de junio de 1943, del Bloque de la Victoria para impulsar la candidatura presidencial de Teodoro Picado, por el ascenso de las clases medias urbanas, aglutinadas intelectualmente alrededor del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, de la Revista Surco, y del origen del Partido Social Demócrata y su periódico homónimo.

Fue compleja esa década por el impacto de la crisis originada por la Segunda Guerra Mundial y sus efectos económicos en el país, especialmente la caída de las exportaciones a Europa, el encarecimiento de la vida, la situación de los productores y empresarios nacionales, las movilizaciones y manifestaciones opositoras que hasta 1942 hacía el Partido Comunista, que lanzó su Plan Nacional para salir de la Crisis de Guerra, en 1941, con sindicatos en el país que en ese momento solo los dirigía el Partido Comunista, la Unión Nacional Campesina y el Comité Sindical de Enlace, que venían con estos nombres desde 1938, y que cambian a Confederación General de Trabajadores Costarricenses en 1943, cuando resultado del Pacto con la Iglesia, ésta impulsa otra organización sindical, la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum.

Fue una década compleja porque internacionalmente la II Guerra Mundial, que había empezado en setiembre de 1939, empaña toda la década en dos dimensiones. La primera, en la lucha contra el fascismo, desde 1939 hasta 1945, cuando acaba la Guerra, y la segunda, a partir de ese momento, cuando al ser derrotado el nazi fascismo en Europa, y en Asia, surgen una serie de países socialistas en Europa Central, que conduce a impulsar por parte de Churchill, el rompimiento de la alianza antifascista hasta entonces existente y a impulsar la Guerra Fría, el cerco internacional de la llamada Cortina de Hierro contra los nacientes países socialistas en Europa, y el de la Cortina de Bambú, en el Asia, contra los movimientos nacional libertadores, anticoloniales y de triunfo de la Revolución Popular en China, de tipo comunista.

Estos elementos internacionales empezaban a pesar desde el inicio de la Administración de Calderón Guardia. El Partido Comunista de Costa Rica, que había participado en el VII Congreso de la Internacional Comunista en Moscú, en 1935, ya había empezado a esbozar sus planteamientos de Frentes Populares, de “renunciar”, en este período de la II Guerra, a la lucha de clases, a la lucha antiimperialista, a la lucha por el socialismo, a impulsar la defensa del sistema y régimen democrático, por la alianza y la colaboración de clases en estos propósitos, conceptos muy alimentados internacionalmente por el movimiento comunista internacional y especialmente por el Partido Comunista de los Estados Unidos, y de su Secretario General Earl Browder, lo que se asimiló al discurso comunista nacional. Se había creado el Comité Antinazi en Costa Rica, en el cual estuvieron, entre otras personalidades, Manuel Mora Valverde, Manuel Picado Chacón, Fernando Valverde Vega, Francisco Orlich Bolmarcich.

El ataque de los japoneses a las Bases militares de Estados Unidos en Hawai, en diciembre de 1941 provocó el rompimiento de Calderón Guardia con el Cortesismo y el sector alemán nacional, por la declaración de Guerra que hiciera a Japón, Italia y Alemania, condición favorable para el Pacto con los comunistas y la Iglesia unos meses más tarde, y por las medidas que empezaba a tomar el gobierno contra quienes se suponían eran, o podían ser, agentes filo nazistas en el país, campos de concentración, expulsión de estos ciudadanos a Estados Unidos a campos de concentración, intervención de sus propiedades y bienes, restricciones migratorias y circulatorias.

De toda esta situación emerge José Figueres, empresario, nada político en esos años, defendiendo a los alemanes nacionales, protestando contra las medidas que está impulsando el gobierno, solicitando que el Gobierno es el que debe irse, cuando arbitrariamente es detenido y expulsado del país, lo que lo convierte en el líder político a su regreso de México, en el gobierno de Teodoro Picado. Mientras tanto León Cortés, de nuevo es candidato a la Presidencia para 1944, contra Teodoro Picado, encabezando a todos los sectores políticos opositores. El triunfo de Picado se cuestiona electoralmente, sosteniéndose la tesis que triunfó con fraude, lo que para Figueres era causa de inmediata destitución, incluso por las armas.

La oposición discutiendo, entre las armas y el proceso electoral de 1948, con la certeza de que si en 1948 se volvía a repetir otro fraude se iría a la Guerra, como efectivamente sucedió. La muerte de León Cortés en 1946 preparó las condiciones, con Otilio Ulate a la cabeza de agotar la salida político electoral en 1948. Figueres, ya uno de líderes de la oposición era de la salida militar, y junto con algunos de sus colaboradores y seguidores iniciaron un período de inestabilidad política interna, entre 1946 y 1947, incluso con atentados terroristas, lo que obligó a los comunistas a crear sus Brigadas de Choque.

Todo esto, entre otras cosas, condujo para que la oposición al Gobierno de Teodoro Picado, preparara una Huelga Política, llamada de los Brazos Caídos, que se produjo desde el 21 de julio hasta el 3 de agosto de1947.

La Huelga de los Brazos Caídos fue convocada por la oposición política, con dos objetivos políticos principalmente, garantías electorales ante la elección de 1947-1948, para lo cual pedían control del Tribunal Electoral y, garantías y seguridades políticas, para lo cual pedían el control de la Fuerza Pública.

La Huelga de Brazos Caídos fue en su esencia un paro del sector empresarial, convocada políticamente, por las fuerzas políticas opositoras al Gobierno, de cierres de comercios, de centros educativos donde la oposición era fuerte, incluso la Universidad de Costa Rica, donde había fuerza opositora beligerante, de cierre de bancos, boticas, almacenes de abarrotes, tiendas de ropa, carnicerías, un sector de empleados estatales se suma a la Huelga.

Esta protesta fue dentro y fuera del Valle Central. La Huelga movilizó la prensa a favor y en contra del gobierno. Se tendió a una paralización total.

Alrededor de la Huelga hubo cierta violencia entre los grupos a favor y en contra. Detuvieron a Rodrigo Facio y a Daniel Oduber, rápidamente liberados. La Huelga tuvo más éxito en Cartago que en San José, pero torpemente el Gobierno la enfrentó el 2 de agosto al reprimir una marcha de mujeres y de sectores opositores. Para el Partido Comunista la Huelga había que dejarla continuar. Según los comunistas desde finales de julio ya se había debilitado la huelga y caería sola. La represión contra los manifestantes provocó su desenlace final evidenciando la debilidad del Gobierno, que entregó el aparato electoral a la oposición.

La Huelga de Brazos Caídos fue de Desobediencia Civil, como un movimiento en su forma, convocado de carácter pacífico, de resistencia política, pero no revolucionario, de conformidad a lo que Otilio Ulate decía. Tuvo también la forma de un Movimiento Cívico para los grupos convocantes de la Huelga de Brazos Caídos.

El costo político era para el Gobierno, mientras la oposición lograba réditos político electorales. El amarillismo informativo en la prensa opositora era una de sus banderas.

Durante la Huelga de Brazos Caídos también florecieron los sentimientos, las actitudes y los llamamientos xenofóbicos a favor y en contra del gobierno. El periódico La Nación, recién fundado en aquellos años, en 1946, se había colocado en el bando anti calderonista y anticomunista. Igual sucedía con las principales emisoras de radio en manos de la oposición, como eran Alma Tica, Monumental, Titania, Nueva Alma Tica y Sonora.

Mentiras, infamias, fake news como las llaman ahora, eran frecuentes en los mensajes periodísticos.

La Huelga de los Brazos Caídos preparó la antesala de la Guerra Civil de 1948, que le siguió. Le dio fuerza a los grupos opositores hacia la campaña electoral de 1947-1948.

Durante la Huelga y en los días previos se provocaron y sucedieron marchas y mítines de protesta, en algunos de los cuales se pedía la dimisión de autoridades del Gobierno.

La Huelga de los Brazos Caídos contó con un Comité de Huelga. Durante toda la Huelga no se suspendieron las Garantías Individuales de la Constitución Política. Contra los distintos sectores de pronto actuaba la policía represivamente. En algunos casos se amenazaba con cancelar patentes, mientras los sectores empresariales llamaban a no obedecer las órdenes del Gobierno para abrir los locales y establecimientos en huelga. Los abogados se movían en ambas direcciones a favor y en contra de la Huelga con sus respectivas acciones. La oposición acusaba al Gobierno de usar el Poder Legislativo como un medio de amenaza y como un instrumento contra el pueblo, llamando a garantizar la vida, el honor, la paz y la propiedad.

La Huelga de Brazos Caídos provocó la renuncia del Ministro de Trabajo, Miguel Brenes Gutiérrez, por no estar de acuerdo en las decisiones del Gobierno de cómo acabar con la Huelga.

La crisis de la Pandemia del Coronavirus me ha hecho recordar todos esos sucesos. El ambiente que se respira y se aprecia en muchos aspectos se parece. La prensa hoy está dividida a favor y en contra del Gobierno. A favor se perciben La Nación, las televisoras, en contra Diario Extra.

Aunque no tenemos una situación de conflicto militar mundial, como la II Guerra Mundial, tenemos una situación que está haciendo más estragos en la economía mundial de lo que produjo aquella guerra.

Los muertos de la II Guerra superan en muchas cifras lo que lleva la Pandemia. Pero los muertos jurídicos, las empresas, las asociaciones empresariales, la paralización que tiene hoy la economía mundial, con el desempleo desatado en todas partes del mundo, la reducción de las jornadas de trabajo, con el impacto que ello tiene en los salarios e ingresos de las personas y trabajadores, es impensable. Nunca antes se había provocado una paralización de la economía mundial en los términos que está sucediendo, no solo de centros o importantes de producción sino de todos los procesos de encadenamiento productivo y comercial. Si la II Guerra fue un gran negocio para la industria de la guerra y del armamentismo, la lucha contra la Pandemia del Coronavirus no ha sido hasta ahora ni siquiera un buen negocio para las empresas farmacéuticas mundiales.

Durante la II Guerra se conocía el enemigo, su capacidad de combate y de movilización, se le visibilizaba, se podían medir efectivos militares contra él. Hoy sabemos del enemigo pero no se le ve. Es una fuerza invisible, que se mueve por cualquier medio de transporte, por contactos humanos, que traspasa fácilmente las fronteras, sin precisar quien es portador de esa fuerza invisible y aniquiladora, que asola mundialmente. La muerte de los soldados es teóricamente estimable y cuantificable. La muerte de los trabajadores no lo es, es sorpresiva. La muerte de los soldados tiene su propio escenario. La muerte provocada por el Coronavirus tiene por escenario a todo el mundo. El efecto de paralización económica, que produce la Pandemia del Coronavirus, nunca antes ninguna peste, ni epidemia, ni pandemia lo había provocado. La destrucción de empresas, por la vía de competencia y la concentración de capitales, ni siquiera la misma dinámica del capitalismo la había provocado en esta magnitud, ni con sus grandes crisis económicas.

En la II Guerra Mundial se usaban armas, por parte de todos los Ejércitos para matarse mutuamente. En la lucha contra el Coronavirus los pueblos y países están totalmente desarmados, apenas se inician, en distintos países, las posibilidades científicas y tecnológicas de combatirlo. Tan solo se han señalado, a nivel mundial, intercambiando diariamente experiencias mundiales, prácticas sociales para frenar la expansión, prácticas que no todas las personas acatan y aprueban, y algunos gobiernos las han subestimado, con los efectos negativos que ello les ha causado, el distanciamiento social, la reclusión social, el uso de bozales y caretas protectoras, restricciones de movilización, paralización de vuelos aéreos, cierre de fronteras, imposición de prácticas sanitarias, limpieza constante de manos, “burbujas” familiares y sociales, evitar aglomeraciones, cierres de comercios de distinta naturaleza etc.

El Gobierno de Costa Rica ha asumido muy responsablemente esta tarea. Ha puesto al frente del Comando Nacional “Militar” Sanitario, como gran portaviones, de esta guerra contra el Coronavirus, al Ministro de Salud y al Presidente de la Caja Costarricense de la Seguridad Social. A su lado, a modo de acorazados, cruceros y destructores a los Ministros de Seguridad, de Comercio Internacional, de Relaciones Exteriores, de Planificación Nacional, al Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, como los grandes personajes. Como flotillas navegan otros y aparecen sus personajes directores.

Hasta ahora, a mi gusto, los principales a cargo de esta tarea lo han hecho muy bien. Gozan de confianza pública. Sus mensajes orientadores y clarificadores de la situación de combate y de avance en esta guerra son certeros, sin manipulación de datos, sin ocultamiento de la verdad real de la situación.

La presencia del Presidente, en los escenarios de información diaria de esta guerra son innecesarios en la forma que lo ha hecho. La mesa de prensa diaria sobre esta guerra no es una pasarela política para ningún funcionario. Para el Presidente no es que lo sea, lo que sucede, a mi manera de ver, es que su presencia, cuando él aparece, es deslucida, floja, que lo hace a veces como un moderador de la mesa del día, sin contenido importante, dando la sensación de estar esmirriado, sin carácter, sin la fortaleza que debe mostrar de conductor y principal líder político del país. Esto ha hecho que le falten el respeto sectores empresariales, comerciantes, productores, y de ciudadanos, alcaldes, y se lo coman en las redes, en torno a la lucha contra la Pandemia. Ha hecho que que estos grupos, y sectores, algunos organizados, llamen a no acatar las disposiciones del Gobierno, las decisiones y acciones políticas que se dictan para tratar de evitar la expansión del Coronavirus, de hacer llamamientos a los ciudadanos a manifestarse contra estas decisiones y peligrosamente a no obedecer las decisiones ejecutivas y casi las sanitarias. Hoy mismo hay convocadas movilizaciones en todo el país.

Las grandes decisiones que se toman de políticas y acciones a seguir son las que el Presidente debe asumir, como el Gran Capitán. El es el que debe marcar la cancha de todos los actores cuando de decisiones importantes se trata. Aparecer en esas Mesas de Prensa cuando sea estrictamente importante para marcar caminos a seguir por todo el país y el pueblo. Las decisiones que por razones sanitarias se impongan es el Presidente el que debe anunciarlas y definirlas, solicitando su acatamiento y obligación de cumplirlas.

El Presidente y su Gobierno ha impuesto la llamada política del Martillo y el Baile. Lo que ha hecho en la realidad es dar un martillazo contra toda la población en general, y bailar al son de quienes le gritan con poder económico. El martillazo ha sido contra sectores empresariales y comerciantes pequeños, no contra los grandes. Cierre de pulperías y pequeños comercios, no los grandes. Las medidas impuestas pareciera afectan innecesariamente a estos sectores.

La verdad es que los sectores ricos, las clases altas, las medias altas y muchos sectores profesionales pueden soportar las limitaciones sanitarias impuestas por el Gobierno. En general, incluso, todos aquellos, que tienen una vivienda con dos o tres aposentos, y hasta con un patio o un solar. Los que no pueden son los sectores populares, la inmensa mayoría de la población urbana y rural, que viven hacinados, que viven sin condiciones decentes y dignas de vida, en cuarterías, en tugurios, sin agua abundante, si electricidad, que les están cobrando servicios públicos de electricidad, agua, y municipales cuando han perdido sus trabajos, sus ingresos o se les han reducido sin que se les reduzcan proporcionalmente esos pagos. O de quienes tienen que pagar servicios y patentes cuando les han cerrado sus negocios sin compensación en ese sentido, sin generar negocios y capital para pagarlos.

La responsabilidad de las medidas sanitarias se debe acatar e impulsar por todos estos grupos, si se les permitiera abrir sus negocios, micro, pequeños, medianos o grandes. Los cuerpos represivos policiales nacionales y cantonales pueden ejercer la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas, bajo sanciones fuertes en sus incumplimientos, multas, cierre de locales o cancelación de patentes.

El grueso de la población se mueve en buses, donde de muchas maneras van más cerca los ciudadanos entre sí y con más riesgo de contagios. Impedir el transporte de otros vehículos particulares obliga a viajar en bus con más riesgo, permitir la apertura de ciertos locales, entre ellos restaurantes, sodas y de comidas, entre semana y cerrarlos los fines de semana parece absurdo, si en ellos se toman las medidas sociales sanitarias que el Gobierno ha impuesto de comportamientos colectivos.

El momento que vivimos, con presión de los sectores empresariales, y con algunas débiles presiones sindicales, por otros motivos, obliga a que se convoque a un Gran Pacto Nacional para salir de esta multicrisis que vivimos.

Hasta ahora los sectores empresariales no han logrado en su lucha contra el Gobierno, en sus convocatorias de no acatar las decisiones gubernativas encontrar el eco político partidario, ni social, como en 1947, lo tenían. Hasta ahora los sectores empresariales, en sus distintas cámaras de representantes, actúan cada una por su lado y no han logrado una solo unidad en su lucha y en su vocería. Hay sectores ciudadanos que por su cuenta han salido a las calles, cerrando vías y realizando otras protestas, algunas con enfrentamientos con la policía. Hasta ahora estos sectores no tienen referente político partidario, partidos políticos que los abanderen y guíen. En cierta manera estas luchas podrían llegar a guiar espontánea e irresponsablemente a partidos políticos de continuar por este camino.

En este Pacto Nacional no pueden marginarse los sectores sociales, los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones solidaristas y las que se agrupan en los llamados movimientos sociales. Esta es una tarea de todos, de atender lo que es posible por parte de todos, de cada sector.

Este un un Pacto Nacional Ad hoc, para esta ocasión, para esta situación, para buscar los elementos que son comunes de atender y marchar con ellos. Los puntos o tesis que distancien en sus soluciones que se continúen discutiendo. Si es por decisión de Gobierno, entonces que se actúe de conformidad, con la decisión política que corresponda, sin nadaditos de perro.

Si no logramos esto, ¿estaremos alimentando el ambiente para una situación como la de 1947? ¿Estaremos a las puertas de una Huelga de Brazos Caídos contra el Gobierno, no por cerrar establecimientos sino para abrirlos? La Huelga de Brazos Caídos en marcha es la que llama a no acatar al Gobierno y a abrir lo que el Gobierno dispone cerrar. ¿Alimentaremos con estas acciones a algunos loquitos populistas sin importar el signo político que los cobije o levanten?

Hasta ahora no hay una orientación política partidaria contra el Gobierno, pero hay actores individuales que están pidiendo la dimisión del Presidente. Hay un descrédito y una desconfianza pública alimentada cotidianamente contra el Gobierno, sus representantes, y el Partido gobernante, y con ellos de toda la clase política y sus instituciones. Algunos equivocadamente tratan de convertir esta situación en una antesala político electoral hacia las elecciones del 2022, jugando el ahorcado.

De llegar a esta situación extrema todo el entramado político va a salir afectado. Será como apretar un jabón…no sabemos hacia dónde va a salir o caer.

Las universidades públicas pueden ser el sitio del Gran Encuentro Nacional, para la búsqueda de las soluciones posibles.

Se requiere madurez política y voluntad política nacional, de todos los sectores y actores políticos nacionales, que se guíen sobre el principio de diversidad de opinión sí, pero unidad de acción ya, ante la crisis que afrontamos.