Lo hemos dicho una y otra vez, una y otra vez y lo diremos tantas veces como sea necesario: mientras en la República de Costa Rica el PODER reside en el Pueblo, según art. 9 de nuestra Constitución Política, lo que le ubica en el lugar del SOBERANO, en nuestra pequeña República universitaria la AUTORIDAD reside en la Asamblea Universitaria. No en sus REPRESENTANTES. Esto, no ha sido sólo complejo de hacer entender a las y los miembros de la comunidad universitaria, por más que cuenten con un ejemplar del Estatuto Orgánico, lo hayan leído, citado, parafraseado, sino que le resta AUTORIDAD a la misma AUTORIDAD y le permite, a las y los REPRESENTANTES, hacer lo que gusten, con complacencia de ASESORÍA JURÍDICA, sino con completa libertad de responder, a la AUTORIDAD, sólo cuando gustan, si gustan y/o como gustan.
El mejor ejemplo nos lo ha dado el Tribunal Electoral de la Universidad Nacional, quien aplazando procedimientos, imponiendo tiempos administrativos sólo para con las y los denunciantes pero no para acatar él los tiempos y procedimientos administrativos, logró dar por finalizada la denuncia interpuesta por 13 miembros de la comunidad universitaria, junto a 1435 firmas de respaldo, contra la brutalidad autoritaria que mostró la recién culminada gestión administrativa a lo largo del mes de octubre del año 2019.
Mientras las y los estudiantes tomaban el edificio de la Rectoría, acto «violento», propio de «delincuentes», «vagabundos», «extranjeros», según apreciarán en las pruebas aportadas en la denuncia, de la que dejamos abajo link para que la comunidad universitaria tenga acceso a ella en adelante, 13 miembros de nuestra comunidad académica interpusieron el debido proceso según lo que corresponde en lo contenido en nuestro Estatuto Orgánico.
Nos vimos en la necesidad de presentar dos Recursos de Amparo a lo largo del camino dado que en todo momento hemos tenido clara la violación que de la Constitución Política de Costa Rica ha hecho el TEUNA, ni qué decir del Estatuto Orgánico, hecho que fue corroborado por la Sala Constitucional quien nos señalaba que, aun cuando lo señalado procedía, en anteriores oportunidades ya se había pronunciado, ante casos similares, y que no nos quedaba más que recurrir a la Ley General de Administración Pública. O sea, recurrir a los instrumentos que utiliza el poder autoritario, violento que corroe nuestras instituciones sociales para, permitiendo que pase el tiempo, les de garantía de archivar las denuncias que presenta la AUTORIDAD y/o el SOBERADO contra las y los REPRESENTANTES que hacen lo que gustan, como gustan y/o cuando gusten sin que suceda NADA.
El día de ayer, lunes 3 de agosto de 2020, en horas de la mañana la Sala Constitucional ha fallado a nuestro favor y le ha traslado el mandato al TEUNA, mediante expediente No. 20-013325-0007-CO, de responder a nuestra convocatoria a Rendición de Cuentas. En horas de la tarde, y como reacción coherente e inmediata al mandato de la Sala Constitucional el TEUNA nos ha enviado la resolución que, por más de 7 meses, estuvimos esperando.
Como verán en la Resolución del TEUNA del día de ayer, contenida en la carpeta de Drive de la que copio link abajo, el TEUNA nos dice, básicamente, que no aportamos pruebas específicas, lo que cualquier miembro de nuestra comunidad que ingrese al LINK se dará cuenta que es una BURLA. Pero lo más IMPORTANTE de esto es la respuesta FINAL: La denuncia se archiva por que el señor rector saliente se ha jubilado.
Registrados quedaron, en video, audio, grafitis, la violencia que utilizó la gestión administrativa anterior para con su cuerpo estudiantil, profesoras y profesores que fueron amenazadas y fotografiados, por esbirros que esta administración puso para amedrentar a sus propias y propios compañeros, por acompañar a las y los estudiantes que confrontaron las formas irracionales, vulgares y violentas que caracterizó la gestión de la saliente administración.
En nuestros programas de estudio, independientemente que hayan sido arrojadas por las gradas del edificio de la rectoría estudiantes, comparadas a una «olla de carne» por su propio rector, calificadas de forma ampliamente peyorativa, quedan retazos de un Estatuto Orgánico que esta gestión administrativa condicionó a la docencia universitaria para hacernos pensar que a través de la imposición de la norma y/o la instrucción es que se ejerce el humanismo en la UNA.
Quedan discursos, «idearios pedagógicos», poses de «diálogo», una «plaza de la diversidad» ampliamente cuestionada y de la que no quedan más que malos recuerdos y ¢5.000 millones de colones trasladados al gobierno central, además de la resolución UNA-TEUNA-AD-OFIC-085-2020 que después de meses, y sólo mediante el ejercicio SOBERANO del principio constitucional, le hemos logrado arrancar al TEUNA mediante la resolución de la denuncia interpuesta desde el 25 de noviembre anterior, y en la que se da por conclusión que ella será archivada. Este ha sido el resultado de haber llevado a cabo el debido proceso contra los REPRESENTANTES de la AUTORIDAD.
La resolución UNA-TEUNA-AD-OFIC-085-2020 aportada por el TEUNA el 3 de agosto de 2020, básicamente nos da claridad, como AUTORIDAD que somos, que cualquiera sea el mecanismo que en adelante cualquier miembro de esta comunidad se vea en obligación de utilizar (tomas de edificios, huelgas de hambre, pintas en las calles, paredes, salones, bloqueos de lecciones, giras y/o pruebas evaluativas…) son más que válidas dado que el debido proceso, ese mismo ideado por los mecanismos del poder que nos corroe, intentará ganar tanto tiempo como sea necesario para archivar las denuncias que puedan plantearse contra las y los REPRESENTANTES de la AUTORIDAD que han secuestrado nuestra AUTONOMÍA y que nos tiene a las puertas de que también nos golpeen de afuera de nuestra casa de enseñanza.
Recientemente, el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, le ha logrado arrancar de las manos al Ministerio de Hacienda, y sólo haciendo uso del ejercicio SOBERANO que nuestra Constitución Política nos otorga (art. 9), la lista de grandes contribuyentes protegidos a lo largo de décadas por el mismo tipo de poder autoritario que en nuestra casa de enseñanza nos corroe. Esto nos debe dar claridad de que, para cualquiera que se sepa AUTORIDAD en la Universidad Nacional, tiene la RESPONSABILIDAD de ejercer el principio SOBERANO contenido en nuestra Carta Magna, nuestro Estatuto Orgánico y garantizar que las y los REPRESENTANTES hagan justo eso: REPRESENTARNOS en lugar de representarSE.
La gestión autoritaria anterior ha culminado, pero en casa quedan sus REPRESENTANTES, y NO los de la AUTORIDAD.
Hablo en nombre de las y los 13 denunciantes cuando digo que NOS PONEMOS AL SERVICIO de la COMUNIDAD UNIVERSITARIA para enfrentar, cuando lo considere oportuno, a sus REPRESENTANTES por la vía CONSTITUCIONAL.
La resolución UNA-TEUNA-AD-OFIC-085-2020 que nos da, casi un año después y sólo mediante mandato de la Sala Constitucional, nos deja claro que el debido proceso, en nuestra casa de enseñanza es UNA BURLA.
Les invitamos a ejercer el principio SOBERANOS que nos MANDA a ejercer nuestra Constitución Política y el principio que, como AUTORIDAD, nos define el Estatuto Orgánico.
Esta es, una muestra más, de que la AUTONOMÍA universitaria, en nuestra casa de enseñanza, ha sido secuestrada y ha sido reducida a la BURLA en la que las y los REPRESENTANTES la han convertido.
La AUTONOMÍA universitaria se defiende de las y los de afuera, pero sobre todo de las y los de adentro.
Reitero, previo a concluir, que para quien crea necesario utilizar los principios constitucionales para garantizar la AUTONOMÍA, la AUTORIDAD, la RENDICIÓN DE CUENTAS, y/o utilizar el DEBIDO PROCESO, hoy somos 13 más 1435 miembros de nuestra casa de enseñanza que contamos con UNA experiencia previa que ponemos a su disposición.
Atentamente,
Ernesto Herra Castro Ciudadano costarricense Cédula 1-1053-0853 Académico Escuela de Sociología Funcionario Público República de Costa Rica
Ps: Documentación relativa a la denuncia interpuesta contra la «autoridad electa», desde el 25 de noviembre 2019, recursos de amparo y resolución de la Sala IV hasta contar con resolución del TEUNA el 3 de agosto de 2020:
El día comenzaba a declinar, y acercándose los doce, le dijeron: «Despide a la multitud, para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores, y hallen alojamiento y consigan alimentos; porque aquí estamos en un lugar desierto». «Dénles ustedes de comer»,les dijo Jesús. Y ellos dijeron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente». Lucas 9,12-13
¡¡¡Entonces, con sólo cinco panes y dos peces, puestos en común, sucedió el milagro!!!
Chietón Morén
En el Museo y Mercadito Chietón Morén, hemos leído con estupor, los comentarios de Carlos Peña, presidente de la Cámara Nacional de las Pymes, de Costa Rica, quien ante el escenario de desolación producido por la Pandemia del Covid 19 y ante el clamor de sus asociados que pedían dirección y consejo, (¿Qué vamos a hacer? – le clamaban), con gran cinismo respondió, literalmente: “¡absolutamente nada!”.
Y justificó su posición con los argumentos más salvajes que le hemos escuchado a un representante de ese capitalismo ya en decadencia: “aquellas empresas que cierren operacionesentre el 15 de marzo y el 30 de junio son propuestas de valor que el mercado no necesita, no le interesan y/o no está dispuesto a darle continuidad porque no son bienes esenciales, no generan valor ni beneficios reales.”
Esperábamos que, al menos, esta fuera solo la opinión personal del señor Carlos Peña, sin embargo confirmamos que el mismo artículo fue publicado en la página oficial de la Cámara Nacional de Pymes, por lo que suponemos que lamentablemente, puede ser también una posición oficial de dicha Cámara. Ya nos aclararán sus asociados si esta es la posición de su Cámara.
Nuestra primera reacción, aún con sangre en el ojo, fue de perder el habla. Como partícipes de una pequeña Pyme, que reúne a 250 familias, todas ellas de territorios indígenas de Costa Rica, no podíamos creer que fuera real y posible que el presidente de una Cámara, la cual, debería representar nuestros intereses, tratara con tal desprecio el esfuerzo y el trabajo de tantas familias que, a lo largo y ancho del país, constituyen pymes. Familias que con las uñas y con grandes y valiosos esfuerzos, hacen lo mejor e inimaginable para resistir esta Pandemia Mundial. No hace falta ser un experto para constatar los graves y severos efectos de la misma en todos los espacios del quehacer de la humanidad: la salud, la educación, la política, y sin dejar de lado, la economía de cada una las familias. Nunca en la historia de la humanidad la humanidad había experimentado un evento de estas magnitudes y con estas consecuencias. Y aun así miles de familias, con valentía, creatividad y entereza, continúan en una lucha para sostener sus empresas en medio de este huracán que se les vino encima.
Habiendo dejado calmar las aguas, nos parece sumamente importante, que las pymes reflexionemos dos ideas sobre la posición de la Cámara, en la figura de su presidente.
Dice el señor Carlos Peña, “Propuestas de valor que el mercado no necesita”
Llama la atención primeramente cómo el señor Carlos “personaliza” el mercado. Diríamos más bien, los diosifica… le da atributos de un dios poderoso y omnipresente el cual determina qué necesita, qué deshecha, qué crea, qué destruye, qué valora. Un dios que solo busca el bienestar de sí mismo o de sus acólitos. Un dios, ante cuyo altar debemos inmolar lo más preciado, lo más hermoso: nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras familias, nuestras vocaciones personales y particulares, nuestras pequeñas riquezas. Tal vez, quién sabe, lo logremos calmar con estos sacrificios. Tal vez le agrade nuestra inmolación. Nos señala don Carlos, que será el dios-mercado quien determinará si “está dispuesto a darle continuidad” a nuestros pequeños proyectos.
Creemos que ya de entrada esta visión del presidente de la Cámara Nacional de Pymes está pervirtiendo la realidad y los fines últimos del “Mercado”. El señor Peña, puso la carreta delante de los bueyes. ¿Cómo se lo podemos explicar?
Nosotros, desde los pueblos indígenas, al contrario, entendemos que el Mercado es el instrumento, que la humanidad ha creado, para que nos sirva a nosotros, y no, que nosotros sirvamos al mercado. Por supuesto, si ese instrumento no nos sirve, significa que hemos escogido un instrumento que no es válido… que algo en él está fallando y que la consecuencia lógica sería revisarlo, analizarlo, juzgarlo y actuar en consecuencia. Efectivamente, con certeza hemos comprobado que el modelo de mercado que la Cámara y su presidente preconizan, en una emergencia de la magnitud como la que estamos viviendo, a las pequeñas empresas “no nos ha sido útil, no nos ha asegurado los bienes esenciales ni nos generó valor ni beneficios reales”.
Permítanos decirles, señores de la Cámara, que precisamente es su modelo de mercado el que no ha pasado la prueba en esta pandemia. Es su modelo de mercado el que nos ha quedado debiendo.
Chietón Morén, un buen trato
Nuestro espacio, el Mercadito (sí, en diminutivo) donde exponemos nuestros productos se llama Chietón Morén (en lengua brunca), porque este es nuestro mayor anhelo. Recibir y brindar, en igualdad de condiciones, un buen trato entre nosotros y las personas amigas que nos visitan. No comerciamos nuestro producto. Intercambiamos nuestra cultura, nuestro arte, con toda aquella persona que quiera compartirla. El lazo que nos une en medio de tanta diversidad en nuestro trabajo es la búsqueda del bienestar común: cada persona con su cultura, su arte, sus diferencias… A clientes, a artesanos y a voluntarios nos une una sola cosa: la solidaridad. La búsqueda del bien común. Ese es nuestro “bien esencial”, nuestro “valor” y de allí surgen los “beneficios reales” que percibimos tanto las personas artesanas como aquellas que nos visitan.
Ese es el camino señor Carlos… la convocatoria que debemos hacer es a la búsqueda del bienestar común. Allí no hay pérdida. Aquí no vale un “sálvese quien pueda”
¡¡¡¡Cada pequeña pyme aportará sus cinco panes y sus dos peces, los cuáles, puestos en común, repetirán una vez más en la historia, por sí solos y sin su ayuda ni la de su cámara, el verdadero milagro!!!!
La democracia es quizás una de las expresiones más usadas en el mundo contemporáneo, sea porque es considerada un anhelo de los ciudadanos en los pueblos que sufren dictaduras, o también por aquellos donde la miseria, el hambre y la explotación son una vivencia cotidiana, pero también, por sociedades cuya historia les ha permitido conquistar avances en la calidad de vida y en los derechos de sus integrantes. Pero claro está, que la democracia es una necesidad para todos y particularmente para las inmensas cantidades de personas que están excluidas de bienestar y sin capacidad para decidir sobre la situación nacional y sobre su propia condición social. Cabe anotar, que esa necesidad es evidente y tangible, sin embargo, no siempre es demandada por esas poblaciones, en parte, porque es una situación y condición ausente en su devenir cotidiano y, por tanto, esa democracia le es ajena. Esto es, la pregonada democracia de los medios, de los propietarios del capital y del Estado, es solo formal, puesto que excluye las necesidades, anhelos y voz de importantes y mayoritarios sectores sociales. Esa democracia discursiva es dictatorial.
La democracia costarricense paradójicamente es para quienes tienen el poder, como en la época ateniense, de la Antigua Grecia del siglo VI a. C., una democracia de propietarios en un universo esclavizado. La democracia es inexistente en el contexto actual donde las decisiones y acciones se ejecutan en nombre de la colectividad nacional, pero sin tomarlas en cuenta sin participación ni injerencia alguna de los trabajadores y los pobres que sustentan la economía, el devenir social y los poderes existentes. Ellos están excluidos en la democracia discursiva y de papel.
En la actualidad ya no se debate sobre la significación de la democracia, sobre sus implicancias, tampoco se discute su concepción ni se contrasta con realidades políticas concretas, solo se asume que democracia es la participación ciudadana en las elecciones y en sus resultados cuantitativos. De este modo, la democracia queda reducida al acto mecánico de votar y contar.
Elegir a personajes dueños de partidos políticos, constituidos por formalidades legales, que no representan el interés general de la heterogeneidad social, que son ignorantes de la problemática nacional y de las alternativas de actuación gubernamental, así como desconocedores de la inmensa literatura y prácticas históricas sobre la democracia, enclaustran las posibilidades de elegibilidad ciudadana, lo cual no motiva preocupación alguna al tribunal electoral que exclusivamente aprecia las formas legales e instrumentales, aun cuando estas formas de mediación y representación política discrepen y antagonicen con la concepción de democracia que iluminó los movimientos y esperanzas de libertad, justicia y solidaridad en el espacio nacional y mundial.
No es democracia cuando esta es privada, cuando son pocos los que gozan de los privilegios del sistema y se enriquecen del trabajo de otros. Pero, la democracia no es la igualación de posesión y usos de la riqueza entre los heterogéneos actores en la sociedad, porque no se tienen iguales carencias, necesidades ni anhelos en la desigualdad de la sociedad contemporánea. De ningún modo es democracia, cuando los que acumulan riqueza lo hacen a expensas de quienes explotan y atentan contra la salud y vida de los pobres y trabajadores. Es absurdo en nuestro espacio social que los empresarios reclamen democracia, ser escuchados y obedecidos, cuando en su desprecio social, inmoral e inhumano, empobrecen y arriesgan la existencia ciudadana.
En muchas oportunidades la democracia ha sido entendida equívocamente como la satisfacción de las necesidades, intereses o anhelos de grupos de interés de la sociedad. Sin embargo, ello no es democracia es autocracia, dado que no es lo común a todos en un contexto desigual e interdependiente. Aun cuando los grupos privados protesten contra el Estado, para lograr su amparo y beneficio, de ningún modo son exigencias democráticas, por el contrario, son particulares y específicas que reproducen y agudizan la desigualdad e inequidad en la heterogeneidad de nuestra sociedad.
En la actualidad las demandas patronales, por la apertura de los negocios y contra las restricciones sanitarias, son peticiones privadas, aun cuando dan trabajo, sus propósitos no son el brindar salarios dignos, equidad ni correspondencia salarial con la labor desempeñada y las necesidades de los trabajadores, tampoco su preocupación es proporcionar mercancías y servicios requeridos por los clientes. ¿Por qué abrir los negocios para luego cerrarlos ante la difusión del Covid-19, y propiciar quiebras de algunos negocios? Las propuestas patronales son totalitarias contra la ciudadanía y los derechos humanos.
El fin de las restricciones exigidas por los negociantes, son en aras de la rentabilidad privada, encubiertas por la necesidad de trabajo remunerado y los requerimientos de bienes y servicios por parte de la población. La obsesiva posesividad economicista de los empresarios ticos no tiene límites, como tampoco lo tiene su afán totalitario que exige gobiernos y al Estado ser sumisos y obedientes a sus dictados, así como exigentes en aumentar las imposiciones tributarias a salarios y pensiones en una estructura tributaria que es regresiva, a la vez que impulsan la venta o privatización de los activos del Estado y a profundizar la liquidación de la institucionalidad pública.
Los empresarios son insaciables, no solo en sus ganancias, también con el poder que ya ostentan y a pesar de tener un Estado complaciente que no les cobra ni les entablan demandas judiciales por evadir, eludir y falsificar sus obligaciones tributarias. Un Estado que no suprime las exenciones y privilegios exclusivos, no se impone tributos a las riquezas privadas, no se elimina el secreto bancario que oculta delitos tributarios o blanqueo de capitales, no se rescata lo público en las determinaciones privatizadoras de las entidades financieras estatales, no se regula la difusión de violencia, miedos y falsedades mediáticas que no educan ni difunden cultura, ciencia ni información fidedigna. Las demandas patronales son regresivas.
En la desigualdad social las protestas ciudadanas poseen distintas y contradictorias significaciones entre sectores polarizados. Los mercaderes no representan lo público, el desarrollo nacional ni los derechos humanos, solo se representan a sí mismos y como autócratas proponen políticas tiránicas a los otros. El individualismo posesivo de los propietarios destruye y liquida el bienestar colectivo, la democracia y el desarrollo, sus protestas, en nombre de la democracia, para empobrecer, hambrear e inclusive atentar con la existencia de gran parte de la ciudadanía, es un totalitarismo fascista.
No ocurre lo mismo, con las protestas y movilizaciones populares, de los trabajadores y pobres de la sociedad, porque sus demandas por trabajo, salarios dignos, mejores condiciones de vida, libertad y derechos igualitarios, dinamizan todas las actividades laborales, sociales e intelectuales de la sociedad. En las demandas populares por la equidad y la democracia, están implicados todos, sin perdedores, muertos ni dictaduras. El progreso de las naciones está en íntima relación con el bienestar de los sectores mayoritarios de la sociedad. Es una verdad de perogrullo afirmar que el bienestar para los pobres lo es también para la sociedad.
El despliegue mediático o, mejor dicho, de los medios privados de la información, en favor de la apertura de los negocios, guarda correspondencia con el pensamiento y acción de sus dueños de los medios, degradando una profesión digna de larga y comprometida historia con la democracia en muchos contextos en el mundo. El periodismo investigativo, serio y digno, ha sido lastimosamente debilitado y amenazado con ser liquidado. El privilegio informativo en favor o en contra de un determinado sector de la sociedad, es una información parcial y parcializada que simplifica y distorsiona intencionalmente la complejidad de la realidad. Parafraseando a Mark Twain (1835-1910), quien fue periodista, reconocía en su tiempo, que si no se leen ni escuchan los medios, no se está informado, pero hacerlo es estar mal informado, así mismo, en los medios, nunca se puede ser más veras que cuando se reconocen a sí mismos como mentirosos.
Imagen: https://sooluciona.com
[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.
Luis Paulino Vargas Solís Economista; Director CICDE-UNED Grupo Economía Pluralista
La estrategia que se está aplicando para controlar la pandemia del Covid19, está teniendo algunos logros, pero éstos son insuficientes.
Si uno se remite al total de nuevos casos registrados semanalmente (de lunes a domingo), observa que el crecimiento de ese acumulado tiende a acelerarse hacia finales de mayo e inicios de junio, y alcanza un pico (de hasta más del 100%) a fines de junio e inicios de julio. A lo largo de este último mes, tiende a desacelerarse. En la semana que concluye el 2 de agosto se registran 369 casos menos que la semana previa (reducción del -9%), la primera vez que hay un decrecimiento semanal en dos meses y medio.
Si se lograra mantener tasas negativas de crecimiento, es decir, si lográramos que cada semana el número de casos disminuya en comparación con la semana anterior, iríamos camino de controlar la pandemia. Pero con la “apertura”, y por más protocolos que se apliquen en las empresas, es improbable que se logre tal cosa, porque la “apertura” implica más tumultos de gente, más personas en los buses y, en definitiva, mayores riesgos de contagio. Más aún en plena estación lluviosa.
Aunque no se han dado datos precisos, pareciera claro que el violento rebrote que hemos registrado a partir de mayo, se ha centrado en las barriadas empobrecidas de nuestras áreas urbanas. Lo cual, por cierto, no debería sorprender a nadie, puesto que se trata de poblaciones que viven en extrema precariedad, y en situaciones de hacinamiento.
Bajo esas condiciones, el discurso de responsabilización individual pierde sentido y se vuelve ineficaz. La disciplina del distanciamiento social y la higiene personal, se vuelve una imposibilidad de hecho, cuando docenas de personas viven literalmente amontonadas en unos pocos metros cuadrados. Y puesto que de ahí provienen muchísimos de los trabajadores y trabajadoras que las empresas necesitan, ello advierte acerca de la insuficiencia de que éstas apliquen rigurosos protocolos sanitarios. De muy poco les serviría hacerlo, cuando sus trabajadoras y trabajadores podría estarse contagiando en espacios externos a los del sitio de trabajo.
Se necesita desarrollar un concienzudo trabajo a nivel barrial. El sociólogo Miguel Sobrado sugería tomar como modelo la exitosísima experiencia del Hospital sin Paredes desarrollada en San Ramón. Dudo, sin embargo, que sea una referencia apropiada, porque hay enormes diferencias culturales entre las poblaciones, en gran parte rurales, de aquel cantón, y estas poblaciones de áreas urbanas empobrecidas.
La cuestión exige no solo un masivo esfuerzo educativo, sino también movilización de recursos: hay que proporcionar un mínimo de condiciones decentes de habitabilidad, que hagan viables la aplicación de las normas de cuido y prevención.
No esperemos que la Caja y el Ministerio de Salud, con sus recursos actuales, puedan resolver esto. La primera está embarcada en un esfuerzo extremo, realmente épico, en procura de atender el número creciente de pacientes Covid-19 que llegan a sus hospitales. El segundo, que también se ha partido el alma en esta lucha, simplemente carece de los recursos requeridos.
Tenemos que proporcionarles a estas instituciones esos necesarios recursos, pero, más aún, tenemos que asumirlo con un compromiso de alcance nacional, absolutamente prioritario. Es aquí donde se juega nuestro destino, y aquí, por lo tanto, donde deberían hoy estar enfocados los esfuerzos de Costa Rica entera: las diversas instituciones públicas; las universidades; municipalidades; cámaras empresariales; sindicatos; cooperativas y solidarismo; organizaciones comunales, etc.
Para ganar la batalla en el frente económico, tenemos que ganar la batalla en el frente sanitario. Si no entendemos esto tan básico, significa que no estamos entendiendo nada.
Nunca como ahora, y a lo largo de las dos décadas transcurridas desde que dio inicio el nuevo siglo, habíamos experimentado con tal grado de intensidad, ansiedad e incluso terror, el profundo desencuentro entre los sobrevalorados logros materiales de la civilización en la que vivimos y los requerimientos efectivos del ser humano de carne y hueso para alcanzar una existencia digna y creadora, tanto en términos de la cultura como de las condiciones materiales que deberían permitirla, las que se encuentran hoy amenazadas por ese desencuentro tan dramático, que se ha visto acelerado por la hegemonía de fuerzas totalitarias y deshumanizantes, cuyas únicas metas están regidas por la religión secular del mercado, a la que se unen con mucha más frecuencia de la que pudiéramos imaginar, las versiones más degradadas de las viejas religiones monoteístas salvacionistas, en especial el cristianismo (Darcy Ribeiro), hoy convertidas en mecanismos de una cultura de muerte y degradación, aunque sus portavoces más visibles aseguren estar actuando en nombre de los más elevados valores, otorgados por una deidad suprema.
La lógica intrínseca del mecanismo insondable que nos conduce hacia la destrucción como una nave al parecer sin control alguno, operando dentro de unas presuntas metas supremas que sólo buscan el crecimiento económico per se y el enriquecimiento de unos pocos, negando en los hechos el bienestar, y hasta la salud de los seres humanos, conforman el desiderátum de una civilización desbocada, que más allá de sus oropeles no logra ocultar siquiera un poco, su intencionalidad a ratos homicida, e incluso suicida en tiempos del Covid 19.
La tenaz, heroica, y casi siempre solitaria resistencia de los pueblos originarios de este continente, como uno de los pocos grupos humanos que parecen darse cuenta, o presienten las consecuencias finales de la destructividad de esta civilización, tanto como de sus aceleradas dinámicas de irracionalidad, es algo contrastante en medio del desenfreno de la ya anunciada cuarta revolución industrial, como una especie de muerte piadosa para miles de trabajadores. Frente a esa resistencia tenaz de mapuches en Chile y Argentina, aymaras o quechuas en los altiplanos perubolivianos, bribris o cabécares en Costa Rica, paez en Colombia e innumerables etnias en Brasil, en Panamá, Honduras, Guatemala y México entre otros países, nos encontramos con que esta maquinaria, ha respondido asesinándolos literalmente, o acelerando los procesos etnocidas que implican su destrucción cultural, como un paso previo a su conversión postrera.
Tampoco este orden de cosas se concilia con el funcionamiento de una democracia efectiva, con participación de sectores amplios de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, la que ha sido siempre algo mítico o utópico en el mal sentido del término en los países de la región, pues para las élites del poder es algo más grave que una herejía. Sucede que la democracia opera con un doble standard, de tal manera que por un lado resulta un estorbo para los poderes fácticos interesados en dar el asalto final al estado social en derecho en países como Costa Rica, pero por el otro su sola enunciación opera como un conjuro mágico para acallar las voces disidentes que reclaman la necesidad de su existencia efectiva.
El totalitarismo ramplón en el que se mueven ciertas élites de nuestros días les exige controlar o disminuir la cultura o lo cultural hasta la insignificancia, tanto como la producción de conocimiento científico libre de las ataduras de los poderes fácticos, de ahí el ataque frontal a la autonomía universitaria disfrazado de preocupaciones presupuestarias e incluso, al parecer éticas, llegando a asegurar que les interesan las investigaciones científicas y el acceso de la población joven a la educación superior. El grado de violencia de estas expresiones del neofascismo ha alcanzado un rango ya muy elevado, sólo necesitan pasar de la violencia simbólica a la violencia física, tomemos nota.
Los vientos privatizadores vienen azotando con fuerza, en Costa Rica, desde hace cuatro décadas. Mientras en los países de Suramérica se crearon las condiciones para una privatización, casi generalizada, con la instauración de los estados militarizados y represivos en la década de 1970, en Costa Rica estas se dieron a partir del sometimiento a las políticas neoliberales, una década después, impulsadas por los organismos financieros internacionales, que convirtieron la “crisis energética” del mundo rico en “crisis de la deuda” para el mundo pobre.
Por supuesto, se trata de la estrategia del globalismo neoliberal de trasladar la crisis de los países ricos a los países pobres. Y de privatizar los negocios económicamente más rentables (educación, salud, energía, seguros, banca, infraestructura, entre otros). De ahí que el verdadero interés es comprarlos más que venderlos, decía el expresidente Rodrigo Carazo; ojalá en una subasta pública barata.
Esto explica la intensa campaña, apelando a los más rebuscados subterfugios, para presentar a la institucionalidad pública como ineficiente y onerosa. Además, se le responsabiliza del déficit fiscal y la creciente deuda del Estado. Y, algo que resulta aún más perverso, considerarla parasitaria del sector privado, el único que produce riqueza y progreso para el país, según los publicistas de las bondades del mercado, hoy acompañados del fundamentalismo religioso de los vendedores de prosperidad.
En esa dirección, han abundado los editoriales del periódico La Nación, desde el apoyo que ofrecieron al intento de privatización del ICE con la creación de la “Empresa Costarricense de telecomunicaciones” (ECOTEL)[1], en la primera administración del gobierno de don Oscar Arias (1986-1990) –valga decir, el impulsor por excelencia de la privatización en el país– hasta el día de hoy. Este periódico se ha convertido en el principal medio propagandístico en contra del sector público, favoreciendo el desmantelamiento de la institucionalidad social.
De esta manera, se encubre a importantes sectores privados que, al evadir sus responsabilidades tributarias y recibir generosos beneficios (exenciones y amnistías), han contribuido a profundizar las diversas crisis que vive el país, intensificadas por la actual situación de pandemia.
El mundo de los grandes negocios privados, nacionales y transnacionales, aprovechando la flexibilización de las políticas de gobierno, socaban los cimientos de la soberanía y la dignidad nacional y devalúan el régimen democrático. Además, y esto es muy grave, tienden a “torcer el brazo” de la institucionalidad jurídica, con tal de avanzar con legislación que favorezca sus intereses. Asimismo, lo que ha sido notorio y habitual en tantos países, incluido el nuestro, se da la compra de favores políticos.
En última instancia, con la estrategia de privatización de lo que se ha tratado es de buscar, a través de medios lícitos o no, destruir el principal bastión de resistencia al modelo de globalización neoliberal: el Estado Social de Derecho, que en el país emergió en la década de 1940, recogiendo una rica tradición de lucha social reivindicativa, y se consolidó en la década siguiente, creando una robusta institucionalidad social, “piedra de choque” para ese modelo.
Hoy vuelven a azotar los vientos virulentos de la privatización, en un contexto de endeudamiento creciente y elevado déficit fiscal, agudizados por la crisis sanitaria. Cuando apenas se ha “insinuado”, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la posibilidad de la venta de activos del Estado, los “políticos empresarios” y pro-empresarios ya festinaban la venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). También, impulsan proyectos para debilitar presupuestariamente a La Caja Costarricense del Seguro Social y a las Universidades Públicas, otra vía que apunta a la deseada privatización de esos dos pilares de nuestro Estado Social de Derecho.
Resulta inexplicable que exista hoy una clase política cerrando filas alrededor de políticas y proyectos que buscan privatizar la institucionalidad socialmente más “rentable” del país. Cuando hay países, como Chile y Argentina, que están de vuelta por el fracaso de las políticas neoliberales privatizadoras, esta clase política, desfasada y anacrónica, pretende ir hacia allá. Ciertamente, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¡Qué fácilmente el espejismo de los grandes negocios obnubila la mente de nuestros políticos!
Sin embargo, vemos signos esperanzadores. El espíritu que impulsó al pueblo costarricense a contener la privatización del ICE en el año 2000, y que replicó su gesta diciendo No al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se empieza a manifestar en un coro ciudadano polifónico; una muestra de que hay fuerza moral y vitalidad política para defender al Estado Social de Derecho, y abrirle nuevos senderos que permitan el fortalecimiento de nuestro régimen democrático, con gran vocación de solidaridad y justicia social.
Más aún, es cada vez más notorio que nuestras instituciones públicas se defienden solas. Y no con discursos retóricos elocuentes de sus máximas autoridades, sino con la silenciosa y generosa labor de sus funcionarios, aportando lo mejor de sus esfuerzos y conocimientos. Por ejemplo, entre otras iniciativas de investigación científica en las instituciones públicas de educación superior, la producción del suero contra el virus SARS-CoV-2 por parte del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica.
Son los funcionarios públicos, tantas veces vilipendiados, el rostro firme y el brazo fuerte que hoy está conteniendo, con mística humanista y solidaria, los virulentos vientos de la privatización.
Desde la declaración de la pandemia generada por el COVID 19, a mediados de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Tedros Adhanom, nos advertía que los colapsos en el sistema sanitario de los países por este coronavirus podrían aumentar drásticamente las muertes de pacientes con otras enfermedades, hasta llegar a más de un millón. Sin embargo, al 18 de mayo un reporte publicado por la Universidad Johns Hopkins, los casos totales confirmados en el mundo ascendían a 4,859,742 (millones) y a un total de 318,398 personas lamentablemente fallecidas. Siendo que los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Brasil encabezan el mayor número de casos, superando a España, Italia, Francia y Alemania, quienes hasta hace unas pocas semanas atrás, repuntaban estas alarmantes estadísticas.
En el interés de coadyuvar a dimensionar las graves consecuencias generadas por esta crisis sanitaria, es preciso que centremos nuestra atención en las repercusiones económicas, sociales y políticas que sensiblemente han venido aflorando cada vez más en la región de América Latina y el Caribe (ALCA).
En un informe de la CEPAL1, se dice que antes del COVID-19, la tasa de crecimiento del PIB regional había disminuido del 6% al 0,2%. Esta será causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Otras entidades financieras como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el propio Fondo Monetarios Internacional (FMI), estiman que para este 2020 la región de ALCA proyecta una caída de la economía entre el 5-6% del PIB, lo que significa un crecimiento de 30 millones más de personas pobres; así como un ensanchamiento del endeudamiento de los países, 11 millones de personas desempleadas, un crecimiento de la informalidad laboral y una quiebra inminente de miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Dicho esto, es necesario enfatizar que el COVID-19 ha venido a confirmar, lo que, por muchos años, las organizaciones sociales globales, defensoras de derechos humanos, laborales y ambientales, han pregonado en distintos foros internacionales: “… que el modelo económico excluyente, exacerbado por una Clase Capitalista Transnacional (CCT), ha evidenciado su inevitable agotamiento, y que la élite dominante de la gobernanza global neoliberal, tenga necesariamente que mostrarse de acuerdo que el rumbo trazado hasta antes de esta pandemia, amenazaba con la destrucción absoluta de la democracia, las libertades individuales, la privacidad y de la supervivencia económica de miles de millones de personas en todo el mundo”.
Como nunca, reconocidas figuras políticas como el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la Primera Ministra de Alemania, Angela Merkel entre muchas otras notorias personalidades y entidades influyentes en el mundo, han tenido que empezar a revalorizar el rol del Estado con el imprescindible financiamiento de los servicios públicos esenciales y de la salud ante las fracasadas políticas de austeridad de los años precedentes, bajo el liderazgo de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el FMI y los gobiernos conservadores, tan solo por poner como ejemplo el continente europeo, en una situación similar con lo que pasa en nuestro propio continente americano.
El cierre de fronteras, el obligado confinamiento de las personas en sus casas, la pérdida de innumerables empleos, entre otras medidas restrictivas severas adoptadas por los gobiernos para contener al COVID-19, y el bajo crecimiento de las economías hasta el 2021, exaltó la preocupación de entidades financieras internacionales como el FMI. La Directora Gerente, Kristalina Georgieva, en una declaración hecha el pasado 23 de marzo en el marco de una teleconferencia con los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20, manifestó lo siguiente2:
“Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables y es preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a la gente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar con solidaridad, un tema central en la reunión que mantuvieron los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20”.
Curiosamente, una las propuestas formuladas por la Sra. Kristalina Georgieva durante esta reunión al grupo del G 20, fue: “…respaldar firmemente las medidas fiscales extraordinarias que ya han tomado muchos países para dar apoyo a los sistemas sanitarios y a los trabajadores y empresas afectados, y nos parece positiva la decisión de los principales bancos centrales de flexibilizar la política monetaria”.
Después de esta declaración algunos podríamos pensar que este giro de tuerca viró hacia el keynesianismo3, pero suspicazmente debería concluirse que no y por el contrario observar con recelo, como el gran capital, nuevamente en momentos de crisis, acude al Estado para exigir más protección, a través de nuevos auxilios que van desde una mayor flexibilización fiscal y de la legislación laboral, en detrimento de las contribuciones a la seguridad social, los empleos, la productividad y el medio ambiente.
Por otro lado, el crecimiento exponencial de la pandemia ha dejado al descubierto en la mayoría de los países, las falencias existentes en materia de seguridad sanitaria; así como las profundas brechas de desigualdad como resultado de tres décadas de imposición de políticas neoliberales que agudizaron los índices de pobreza y agrandaron aún más los problemas derivados de la exclusión social.
En este nuevo contexto, debido a los problemas de encadenamiento productivo y de distribución global, causado por la emergencia del coronavirus, hasta los países más ricos se vieron afectados por el desabastecimiento de medicamentos y equipos de protección personal (EPP), incluido desinfectantes, lo cual causó todo un caos, al verse los países imposibilitados en el corto plazo de producirlos localmente.
Esta situación provocó una verdadera emergencia médica, al verse las unidades y centros hospitalarios con insuficientes EPP; así como de respiradores artificiales y otros insumos necesarios para atender en las unidades de cuidados intensivos (UCI) a los enfermos más graves por el contagio.
La carrera científica de algunos países más desarrollados por alcanzar la cura del COVID-19 a través del descubrimiento de una vacuna, así como la producción de otros medicamentos más efectivos para palear la pandemia, apunta hacia una desglobalización al verse los países más obligados a proteger con una mayor prevalencia sus propios intereses, poniendo una mayor restricción a la investigación científica y a la industria farmacéutica a priorizar su mercado en el país donde está asentado y del cual goza de ciertos beneficios del Estado. Esto ocurrió recientemente, cuando el gobierno de Francia protestó tras el anuncio del gigante farmacéutico francés “Sanofi” de que daría prioridad a Estados Unidos en caso de hallar una vacuna contra la covid-19, una medida «inaceptable» en plena pandemia, dijo la secretaria de Estado francesa para Economía Agnès Pannier-Runacher en declaraciones a la radio4.
En otro contexto, más apegado al día a día de la pandemia, las y los trabajadores de la salud pública y de otros servicios esenciales que están en primera línea de combate al coronavirus, se encuentran laborando en condiciones precarias, al estar desprovistos de EPP y de insumos básicos necesarios frente al Covid.
A inicios de la pandemia, la Secretaria General de la ISP, la Sra. Rosa Pavanelli, ya advertía al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que esta organización multilateral se ocupara del faltante de equipos de protección personal (EPP) para las y los trabajadores que pasando largas horas en contacto directo con pacientes contagiados; no contaban con esas protecciones, ni tampoco los pacientes con suficientes ventiladores y/o respiradores artificiales.
Ante esta preocupante situación expuesta por los sindicatos de trabajadores de la salud, la ISP se vio forzada a desplegar una campaña global cuyo lema enfatiza que: “Trabajadores protegidos salvan vidas”.
El objetivo de esta campaña está enfocado en la necesidad de:
Asegurar que todas las y los trabajadores de los servicios públicos, en particular el personal de la salud, tengan las condiciones de trabajo de calidad y el equipo de protección personal (EPP) que necesitan para no correr riesgos indebidos en la lucha contra el Coronavirus.
Fomentar la solidaridad mundial compartiendo materiales y estrategias entre los sindicatos de todo el mundo para ayudar a mantener la seguridad de sus miembros.
Recopilar testimonios de las y los trabajadores de primera línea para ilustrar los retos a los que nos enfrentamos en el futuro.
Presionar a los gobiernos para que adopten medidas más rigurosas para proteger a las y los trabajadores, garantizando la dotación efectiva de personal para la prestación de servicios de salud y el respeto de los derechos y principios laborales fundamentales.
Por tanto, la ISP hace hincapié, que las y los trabajadores de este sector y otras actividades esenciales como por ejemplo de los gobiernos regionales, estaduales o locales que están en primera línea de atención de esta pandemia, sean dotados de suficientes equipos de protección personal (EPP), así como sean capacitados sobre las implicaciones y riesgos de este virus, con la finalidad de mantenerse saludables mientras salvan vidas y dan una continuidad ininterrumpida a la prestación de otros servicios básicos.
Con respecto a las extenuantes jornadas laborales que imposibilitan un adecuado cuidado de sus hijos y personas a su cargo, adoptar las medidas necesarias que solucionen tales dificultades. Así como establecer disposiciones para el trabajo a domicilio, licencias por enfermedad remuneradas, subsidios de desempleo de emergencia y, sobre todo, atención de la salud gratuita para TODAS/OS.
Producir materiales de investigación en los que se recojan tanto los testimonios de las y los trabajadores como los datos cualitativos sobre la respuesta al Coronavirus, a fin de argumentar a favor de un aumento de los recursos y de personal en la atención de la salud pública y de la necesidad de contar con sistemas de salud pública más resistentes.
He de destacar cómo la respuesta al Coronavirus muestra la necesidad de una fuerte intervención pública que ponga la salud de las personas en primer lugar para hacer frente a los retos futuros, incluida la crisis climática.
En complemento a esta estrategia de respuesta sindical ante esta difícil situación, se necesita adicionalmente también de más respuestas políticas justas e inclusivas de corto plazo para no perder de vista la protección de las familias cuyos ingresos han sido menguados o eliminados por la pérdida exponencial de empleos ante esta crisis. Por ejemplo, que nuestros gobiernos, al menos temporalmente, asignen suficientes fondos económicos como auxilio a los miles de salarios perdidos, así como extender un plan de seguridad social no contributivo con programas de ayudas económicas.
Con respecto a la modalidad del teletrabajo, como respuesta a la afectación económica de las empresas públicas y privadas, aprovechar el momento para exigir a los gobiernos y las entidades privadas, una adecuada regulación bajo los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Paralelamente, apoyar cualquier iniciativa nacional o global, con el objeto de exigir al FMI, Banco Mundial, BID y el G20, abrir líneas de financiación a los países sin la exigencia de nuevos ajustes estructurales ni un incremento en el endeudamiento, de por sí ya muy pesado. Así como revertir las reformas tributarias e imponer un impuesto solidario a las ganancias de las grandes empresas nacionales y multinacionales asentadas en nuestros territorios y de quienes reciben de nuestros sistemas previsionales, pensiones exorbitantes o de lujo.
El actual brote de Coronavirus está poniendo de manifiesto la necesidad vital de contar con servicios públicos de calidad, especialmente con sistemas de salud pública robustos y bien dotados con personal capacitado.
Defender la prevalencia de los servicios públicos por encima del lucro corporativo, haciendo que nuestros gobiernos mejoren su gestión financiera a través de la imposición de tributos al capital financiero y a un llamado al impago temporal o total de la deuda.
Potencializar el uso de las nuevas tecnologías de información y de telecomunicaciones (TIC´s) para mantenernos interconectados y activados para ser mucho más eficaces en nuestra línea de lucha y mejorar nuestra gestión sindical por la defensa de nuestros derechos laborales y ciudadanos.
Hacer de esta situación de crisis una oportunidad de transformaciones que impliquen un nuevo orden mundial, es decir una nueva normalidad, inclusiva en igualdad de género.
Aprovecho esta ocasión para compartir las palabras del Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe (ALCA), Sr. Vinícius Pinheiro, en el marco de un artículo sobre las secuelas laborales de la pandemia, publicado a finales de marzo, en las que subrayó lo siguiente:
“Esta batalla será larga”. “La desaceleración económica provocará aumento del desempleo, mayor precariedad, disminución del ingreso y una gran presión sobre los sistemas de protección social”. Por lo cual sugiere que, en el marco del diálogo social, trazar una hoja de ruta para respuestas enmarcadas en tres pilares de acción que deberán considerarse como esenciales para enfrentar la crisis: (i) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, (ii) estimular la economía y la demanda de mano de obra por parte de las empresas, y (iii) apoyar el empleo y los ingresos de las personas, en particular los más vulnerables.
Por último, no quisiera cerrar estas notas sin poderles compartir mi lección hasta ahora aprendida de esta emergencia:
“… a pesar de la existencia de tantas transformaciones tecnológicas desde tiempos remotos, el ser humano como especie predominante en este planeta, sigue siendo vulnerable frente a lo desconocido e incapaz por sí sólo de ver la luz ante la incertidumbre. No obstante, como un aspecto positivo y con cierto grado de complicidad y de optimismo, confío como en el pasado, que nuestra resiliencia nos permita construir otro mundo mejor para nuestras futuras generaciones”.
* Secretario para la Sub-Región México, América Central y República Dominicana, de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP), que como Federación Sindical Internacional aglutina 30 millones de trabajador@s en 154 países y representa a 700 organizaciones afiliadas.
1 Informe Especial N°2.: COVID-19. CEPAL, 21 de abril 2020
3 El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. Wikipedia.
“Morirán los que tienen que morir”. Carlos Soublette, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile (16/04/2020) “Que mueran los que tienen que morir”. Carlos Peña Quintana, presidente de la Cámara Nacional de Pymes, Costa Rica (01/08/2020)
¿Qué lleva a dos presidentes de cámaras empresariales, una en Chile y otra en Costa Rica, a sugerir este laissez faire, laissez morir, que nos parece tan contrario a todo humanismo? Una respuesta rápida podría ser que seguramente comparten una matriz ideológica muy similar, la del capitalismo salvaje, pero creo que hay razones más profundas. Veamos.
Ya Adam Smith, en La Riqueza de las Naciones (1776) proponía la tesis de que una economía de “libre mercado” conlleva la tendencia hacia el equilibrio económico, entendido este en términos de la convergencia entre la oferta y la demanda. Pero en esa misma obra Smith reconoció que tal pretendida armonía tenía un fundamento sacrificial: requería que la oferta de trabajo se ajustara a la demanda mediante la auto regulación de la población obrera, naciendo y muriendo aquellos “hijos que producen sus fecundos matrimonios” según los requerimientos del “estado de propagación” de la riqueza nacional. Es una tesis cínica, pero no hipócrita, pues reconocía lo que de hecho estaba sucediendo en la Inglaterra de su época.
Dos siglos más tarde, el gurú del neoliberalismo, F. Hayek repitió la misma tesis de Smith en una entrevista publicada en 1981 en el diario chileno El Mercurio: una “sociedad libre” -dijo- no puede garantizar la manutención de todas las vidas, “porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas”. Y acto seguido sentenciaba las únicas reglas morales que podían justificar este “cálculo de vidas”: la propiedad (privada) y el contrato (mercantil). Lo que Hayek presenta como un cálculo de vidas es en realidad un cálculo de muertes: las muertes reales, de hoy, supuestamente serán compensadas con vidas irreales en el futuro. Es una tesis a la vez cínica e hipócrita.
El mal llamado Darwinismo social plantea una tesis muy similar: en la lucha competitiva solo los más aptos pueden y deben sobrevivir. Se trata de una extrapolación a la sociedad humana del evolucionismo biológico que ni siquiera los seguidores de la doctrina del gen egoísta se han atrevido a hacer.
Estas distintas posturas sacrificiales son variantes de lo que podemos llamar, más allá del economicismo, el “mito del poder”, que podemos entender sencillamente así: “la muerte crea vida”. Como tal mito, se ha utilizado desde tiempos antiguos para justificar guerras, conquistas, sacrificios humanos y hasta el lanzamiento de bombas atómicas sobre población civil. Lo cual no debe extrañarnos, porque el ejercicio del poder crea, debe crear, mitos de dominación. Así ha ocurrido en las más diversas civilizaciones, desde los fenicios hasta el capitalismo neoliberal.
La covid-19 ha vuelto a poner este mito en boca de destacados (y no tan destacados) representantes de un capitalismo necrófilo, sosteniendo en esta ocasión y sin justificación alguna, que, si es necesario que ocurran muchas muertes para “salvar la economía”, es lo realista y lo correcto.
Los dioses fenicios, griegos, romanos, aztecas, etc., han sido sustituidos por el dios del mercado. Frente al mercado, la eficiencia y la competitividad, no hay derechos humanos que valgan, ni siquiera el derecho a la vida misma. Y lo anterior enmarcado, como no podría ser de otra manera, en un contexto socioeconómico de profundas discriminaciones y desigualdades estructurales que hacen del “cálculo de vidas” propuesto por Hayek, un eufemismo que pretende ocultar lo que el propio Adam Smith reconocía: las víctimas que se sacrifican no se seleccionan aleatoriamente.
Por ello, expresiones necrófilas como las reseñadas al inicio, no se justifican tanto por una pretendida coherencia con la ideología neoliberal aprendida en cursos de algún M.B.A., sino por una cultura de muerte que peligrosamente vuelve a instalarse en el mundo de ciertos círculos empresariales, tal como ocurrió durante la peste negra en el mundo de los círculos religiosos.
Y es que ante la incapacidad de entender a ciencia cierta la actual crisis, ni de ofrecer respuestas efectivas a la misma y a sus desastrosas consecuencias, el recurso narrativo de quienes de facto nos gobiernan, es recurrir al mito de que la muerte crea vida. Estamos a tiempo de evitar su propagación.
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
Breve puesta en perspectiva
En estos días se informó en algunos medios de prensa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) admitió, para examen sobre el fondo, una petición contra Costa Rica relativa a los derechos de la comunidad indígena Térraba, ubicada en el sur del territorio costarricense. Tal petición fue presentada en el 2012 (véase la nota de prensa del medio digital Delfino.cr y la nota de Informa-tico).
El texto completo del informe de admisibilidad 167/20 de la CIDH está disponible en este enlace oficial de la Comisión y tiene la fecha del 2 de julio del 2020.
Desde el punto de vista procesal, cabe precisar que en esta primera etapa preliminar, la CIDH se limita a verificar si se cumplen (o no) los diversos requisitos de competencia y de admisibilidad vigentes (nota 1). En la región mesoamericana, se puede referir a otro informe de admisibilidad de la CIDH del mes de abril del 2020 relativo a Panamá, en el caso de las comunidades Kunas de Gardi, Comarca Kuna Yala de la región de Nurdargana-Playa Colorada (véase el texto completo).
La defensa del Estado costarricense: un abanico de argumentos jurídicos poco convincentes
Para el caso concreto contra Costa Rica, la CIDH debió escuchar a ambas partes y proceder a valorar la batería de argumentos dados por el Estado costarricense para considerar inadmisible esta petición. Estos van desde cuestionar la legitimidad de los peticionarios hasta aducir que no se han agotado los recursos internos, pasando por alegar que se violó el derecho a defenderse y otras razones de peso relativo (véanse los párrafos 11 al 17 del precitado informe).
Como se verá a continuación, ninguno de estos argumentos presentados por los delegados de Costa Rica surtió mayor efecto en los integrantes de la CIDH.
En una audiencia pública de la CIDH, realizada en el 2013 (véase el video en YouTube), se puede escuchar el tipo de argumentos esgrimidos por los representantes de Costa Rica para restarle validez a las denuncias presentadas por comunidades indígenas (a partir del minuto 24:00 y su reiteración en el minuto 54:21, incluyendo una descripción bastante peculiar sobre el mal funcionamiento del parlamento costarricense en el minuto 55:30).
La decisión de la CIDH en breve
En el informe de la CIDH (véase el texto completo) se puede leer lo siguiente:
«17. La Comisión nota que los hechos denunciados en el presente caso incluyen, pero no se limitan a la falta de reconocimiento adecuado del territorio ancestral, al proyecto de gran escala El Diquís así como a la imposición de la figura de las Asociaciones de Desarrollo Integral».
También se puede leer que:
«21. La Comisión observa que la presente petición incluye alegaciones con respecto a la falta de reconocimiento adecuado sobre el territorio ancestral del pueblo Teribe, la limitación a la participación efectiva y razonable en la toma de decisiones y administración del territorio tradicional y en particular con relación a los proyectos desarrollados en el mismo, el desconocimiento de sus propias instituciones y autoridades indígenas en virtud de la imposición de la Asociación de Desarrollo Integral, la formulación y el inicio de actividades por parte del ICE en conexión a la represa El Diquís sin haber realizado garantizado el acceso oportuno y adecuado a la información y una consulta previa, libre e informada, y la ausencia de recursos judiciales efectivos y adecuados. En atención a estas consideraciones y tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes la Comisión estima que las alegaciones de la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones a los artículos 3 (derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica), 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de expresión), 21 (derecho a la propiedad), 23 (derechos políticos) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 y 2 de dicho tratado, respecto de los miembros del pueblo indígena Teribe».
En relación con la legitimidad de los peticionarios, la CIDH le recuerda a Costa Rica algunos aspectos que al parecer pasaron por alto sus representantes:
«22. Asimismo, la Comisión observa el argumento del Estado en relación a la legitimidad de los peticionarios para presentar la presente petición. Al respecto señala que de acuerdo a información disponible, 14 personas indígenas “miembros y líderes” del pueblo Teribe así como dos organizaciones indígenas presentan la petición inicial. En este sentido, la Comisión ha concluido que la legitimación activa en el caso de denuncias ante la Comisión se caracteriza por su amplitud y flexibilidad en tanto el artículo 44 de la Convención permite a cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, presentar denuncias de alegadas violaciones de la Convención sin exigir que tengan autorización de las presuntas víctimas o que presenten poderes de representación legal de las mismas».
Con esta decisión sobre admisibilidad de la petición de la comunidad indígena Térraba (denominada Teribe por la CIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye una primera etapa y se abre una segunda en la que se examinarán los diversos aspectos de fondo presentados por las víctimas.
Megaproyecto y derechos de comunidades indígenas: el PHDiquis
Cabe recordar que la actitud del Estado costarricense en relación con el proyecto hidroeléctrico El Diquis (PHDiquis) motivó en el 2011 la visita in situ, a solicitud de organizaciones indígenas, del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, James Anaya (véase el texto completo de su informe de julio del 2011 titulado «La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica»). En este informe, cuya lectura completa se recomienda, se puede leer, además de la serie de valoraciones en torno al PHDiquis como tal, que:
«47. Durante su visita, casi todos los representantes indígenas con quienes se reunió el Relator Especial alegaban que las ADI no representan adecuadamente a los pueblos indígenas, y a su vez manifestaron que los pueblos indígenas perciben la presencia de las ADI en sus territorios como una negación de sus derechos al autogobierno y sus derechos de tomar decisiones respecto a sus tierras y comunidades. Según se informa, las ADI son percibidas como partes de la institucionalidad estatal que regularmente toman decisiones sin informar o consultar con las bases de comunidades indígenas que supuestamente representan. Mientras que en algunos casos los territorios indígenas han adaptado sus estructuras de representatividad a las estructuras de la ADI, en varios otros, incluyendo en el caso del pueblo teribe, la presencia de las ADI ha tenido como resultado la degeneración de las estructuras tradicionales de representación de los pueblos indígenas».
Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en el 2018 que «cierra» el PHDiquis (véase la nota del Semanario Universidad), nunca se procedió a realizar ninguna consulta a las comunidades indígenas impactadas por este megaproyecto. Tampoco se registra un reconocimiento público de responsabilidad del Estado por irrespeto a los derechos de comunidades indígenas. El hecho de que el ICE haya desistido de este proyecto por razones ajenas a las reivindicaciones de las poblaciones indígenas no significa que en años previos al 2018 no se haya causado un daño a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe su cultura y al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios naturales, lo cual puede ahora entrar a ser valorado por la CIDH.
Entorno y cultura indígena en la jurisprudencia reciente del juez interamericano
Sobre este punto particular, en una reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Argentina (véase el texto completo), se reafirmó el derecho de las comunidades indígenas de la región de Salta sobre sus territorios ancestrales (caso de la comunidad Lhaka Hhonat, nota 2). Entre varios puntos de interés desarrollados por el juez interamericano en esta sentencia (cuya lectura se recomienda), explicó de manera sumamente rigurosa la serie de derechos que se infringen al permitir actividades como la ganadería, la tala ilegal o el alambrado, y llega a concluir que:
«En las circunstancias del caso, los cambios en la forma de vida de las comunidades, advertidos tanto por el Estado como por los representantes, han estado relacionados con la interferencia, en su territorio, de pobladores no indígenas y actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. Esta interferencia, que nunca fue consentida por las comunidades, sino que se enmarcó en una lesión al libre disfrute de su territorio ancestral, afectó bienes naturales o ambientales de dicho territorio, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. En este marco, las alteraciones a la forma de vida indígena no pueden ser vistas, como pretende el Estado, como introducidas por las propias comunidades, como si hubiera sido el resultado de una determinación deliberada y voluntaria. Por ello, ha existido una lesión a la identidad cultural relacionada con recursos naturales y alimentarios» (párrafo 284).
Por lo tanto:
«Argentina violó, en perjuicio de las comunidades indígenas víctimas del presente caso, sus derechos, relacionados entre sí, a participar en la vida cultural, en lo atinente a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, y al agua, contenidos en el artículo 26 de la Convención Americana, en relación con la obligación de garantizar los derechos prevista en el artículo 1.1 del mismo instrumento» (párrafo 289).
Esta decisión del juez interamericano, que reconoce la relación intrínseca que mantiene la cultura de una comunidad indígena con su entorno natural, posiblemente llegue a interesar a muchas otras comunidades indígenas en América Latina que sufren a diario atropellos de todo tipo por la acción u omisión del Estado. En efecto, estos últimos perfectamente califican, en la mayoría de los casos, como una «lesión a su identidad cultural relacionada con recursos naturales y alimentarios».
Como bien se sabe, pese al poco interés de los aparatos estatales por actualizar su accionar en lo relacionado con los derechos de las comunidades indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las interpretaciones que haga sobre el alcance de ciertas disposiciones normativas constituyen mucho más que una guía para los Estados. La jurista Karine Rinaldi es enfática al señalar que:
«esta interpretación evolutiva debe de ser entendida como parte del derecho interamericano, vinculante para los Estados de la OEA que ratificaron la Convención y reconocieron la competencia de la Corte. En este sentido, en palabras del Juez Ferrer Mac-Gregor Poisot, “[l]as interpretaciones que realiza la Corte IDH se proyectan hacia dos dimensiones: (i) en lograr su eficacia en el caso particular con efectos subjetivos, y (ii) en establecer la eficacia general con efectos de norma interpretada”/…/ Paralelamente, la interpretación formulada por la Corte Interamericana va a tener de hecho el mismo valor que la letra del Pacto, e incluso será superior a la redacción de éste [sic], porque como intérprete final del mismo fija la superficie y el alcance de sus cláusulas escritas” (nota 3).
En lo personal, al haber tenido la oportunidad de impartir charlas a funcionarios estatales, incluyendo a personas que trabajan en el aparato de administración de justicia en Costa Rica, resulta evidente el gran desconocimiento que se tiene sobre los alcances precisos de la jurisprudencia interamericana en materia de derechos de poblaciones indígenas.
Finalmente, podemos indicar que las reiteradas demandas que han llegado a conocimiento de la CIDH sobre derechos culturales y territoriales de comunidades indígenas (nota 4) no hacen sino reflejar la recurrente ausencia de reconocimiento de estos derechos a nivel interno y la persistente ineficacia de los mecanismos previstos para garantizarlos en el ordenamiento jurídico interno de los Estados.
El derecho a la tierra de las comunidades indígenas ante un Estado inoperante
Cabe señalar que la inacción del Estado costarricense —que también se evidencia en otras partes de América Latina (nota 5)— en materia de demarcación de territorios indígenas, así como la invasión de personas no indígenas en ellos, ha llevado a las mismas comunidades indígenas costarricenses a proceder a la recuperación de sus territorios. En esta nota de prensa reciente titulada «Guerreras indígenas» (Semanario Universidad, edición del 14 de julio del 2020), se lee que:
«De los veinticuatro territorios indígenas que hay en Costa Rica, se estima que el 40 % de la tierra está en manos de no indígenas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo».
El clima de violencia que se vive en la región de Salitre es particularmente grave: en menos de 12 meses, dos líderes indígenas de Salitre fueron asesinados, sin que a la fecha las autoridades hayan logrado identificar a los autores de estos hechos. Esto motivó recientemente a varios relatores de Naciones Unidas a alzar la voz ante el clima de impunidad que se vive en Salitre (véase al respecto nuestra breve nota titulada «El reciente llamado de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas señalando la impunidad campante con relación a asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica: breves apuntes»).
En cuanto al asesinato de Sergio Rojas, ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por las Naciones Unidas, con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre tal asesinato (véase nuestra nota al respecto publicada en el portal de la Universidad de Costa Rica). Varios de estos requerimientos (formulados en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase el documento de Naciones Unidas, página 5). Sin embargo, el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena: Jerhy Rivera.
Foto extraída de una nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20 de marzo del 2019.
Esta situación, que lamentablemente se da muy a menudo en otras latitudes en América Latina, es sumamente nueva para Costa Rica y no deja de sorprender a muchos observadores internacionales. En una reciente nota de prensa, divulgada por la DW (Alemania), titulada «Dar la vida por el planeta: en un 13 % de los conflictos medioambientales se asesina a algún activista», el coordinador de la plataforma a cargo de elaborar el Atlas Mundial de Justicia Ambiental (véase el sitio oficial), el profesor Joan Martínez-Alier (Barcelona), recordó que:
«Incluso Costa Rica mantiene aún impune el asesinato de dos indígenas defensores de su territorio ancestral».
En el dramático caso de Colombia, recientemente se dio a conocer el «Mapa de la vergüenza» al registrase en tres meses, la muerte de 120 líderes sociales, incluyendo la de líderes indígenas (véase nota de El Tiempo).
Resulta oportuno señalar que en el connotado caso de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo del 2016, la grotesca trama político-empresarial y la total ineficiencia del aparato estatal hondureño para investigar debidamente este hecho fueron tales que se constituyó un «Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas» (Gaipe), con el fin de dilucidar este caso, incluyendo la identificación de los autores materiales y de los comanditarios (véase el sitio oficial e informe del 2017 titulado «Justicia para Berta Cáceres Flores». El Anexo 2 contiene el detalle de las amenazas recibidas por Berta Cáceres). En este informe de finales del 2017 (véase el texto completo), el Gaipe concluye que:
«6. El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo».
Tanto Berta Cáceres en Honduras como Sergio Rojas y Jerhy Rivera en Costa Rica beneficiaban de medidas cautelares ordenadas por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos años antes de su muerte (nota 6). En el caso de Costa Rica, es la primera vez que son asesinadas personas objeto de medidas de protección ordenadas al Estado por la CIDH.
Recientemente, se informó de acciones de recuperación de tierras llevadas a cabo por integrantes de la comunidad indígena Maleku en la Zona Norte de Costa Rica (véase la nota de CRHoy titulada «Ante inacción del Gobierno, pueblo indígena Maleku inicia recuperación de tierras», edición del 10 de julio del 2020). Sería deseable que las autoridades costarricenses tomen acciones para prevenir cualquier acción violenta contra los representantes de estas comunidades Malekus. En efecto, un nuevo acto violento podría dar lugar a un nuevo llamado de atención por parte de entidades internacionales que monitorean la situación de las poblaciones indígenas en Costa Rica.
A modo de conclusión
Admitida la petición de los representantes de la comunidad indígena Terraba, la CIDH procederá en adelante a examinar los diversos aspectos de fondo presentados por las víctimas. En esta etapa, deberá también convocar al Estado costarricense y escuchar sus alegatos, antes de decidirse.
De considerar que las garantías dadas por el Estado son insuficientes y que los aspectos de fondo ameritan ser examinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es factible que sea este tribunal el que ordene, en una futura sentencia al Estado costarricense, remediar de manera urgente la situación de irrespeto a sus derechos, de indefensión de sus líderes y de despojo de sus recursos, que denuncian desde varios años diversas comunidades indígenas en Costa Rica y algunas organizaciones sociales.
Es de señalar que esta decisión de la CIDH se da en un momento en que los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación mucho mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas y con un acceso muy limitado a servicios básicos de salud. Incluso cuando los hay, la falta de preparación en el abordaje cultural por parte del personal médico desplegado puede llevar a reducir el alcance de las medidas sanitarias. La desatención a la ya crítica situación por parte de las autoridades estatales es latente en diversas latitudes: en mayo del 2020, fue la misma CIDH la que advirtió sobre la situación en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase el texto completo).
Nota 1: Sobre los informes de admisibilidad, véase una reciente compilación hecha por la misma CIDH: CIDH, Digesto de decisiones sobre admisibilidad y competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, Washington DC, 2020. Texto integral disponible aquí.
Nota 2: Sobre la larga lucha emprendida por la comunidad Lhaka Hhohat, referimos al lector a la siguiente monografía: CELS / IWGIA, Informe IGWIA: el caso Lhaka Hhohat, Buenos Aires, Ennio Ayosa Impresores, 2006. Texto completo integral disponible en este enlace.
Nota 3: Véase RINALDI K., “Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Principio de no regresión ambiental y los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Enseñanzas de la jurisprudencia Interamericana», en PEÑA CHACÓN M. (Ed.), El principio de no regresión en el derecho comparado latinoamericano, PNUD/Maestría en Derecho Ambiental, UCR, 2013, pp. 356-384, p. 363. La obra completa está disponible aquí.
Nota 4: Véase al respecto: Corte IDH, Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 11: Pueblos indígenas y tribales, San José, Corte IDH, 2018. Texto completo disponible aquí. Podemos a la vez referir a una interesante compilación realizada esta vez por la Comisión Interamericana en el 2015 en relación con ciertas actividades que generan un significativo impacto socioambiental: CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, Washington DC, OEA, 2015. El texto completo de este informe está disponible aquí.
Nota 5: Véase por ejemplo un muy reciente informe (texto completo) de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (Cepal) titulado «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial», publicado en el mes de julio del 2020, en el que se hace ver las serias deficiencias de los Estados de América Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades indígenas.
Nota 6: Sobre las medidas ordenadas a Costa Rica en abril del 2015 para resguardar la vida y la integridad física de líderes indígenas en la región de Salitre, véase BOEGLIN N., Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH, Maestría en Derecho Ambiental, Universidad de Costa Rica (UCR), junio del 2015. El texto integral está disponible aquí.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería
Está en el tapete la discusión sobre la posible venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Esa intención parte de la premisa equivocada de que la FANAL deja pérdidas. Todo lo contrario, la FANAL no solo no deja pérdidas, sino que ayuda a programas de apoyo al sector agropecuario, a la seguridad social, y a otros programas estatales. Para entender las consecuencias de dicha venta, es necesario conocer el aporte concreto de FANAL y la naturaleza de sus deudas.
Relación del CNP con la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). El CNP recibe la mayor parte de su financiamiento a partir de su propia actividad. Solo en casos excepcionales ha recibido ingresos a partir del presupuesto del Gobierno Central. Una de las fuentes de financiamiento es la transferencia de fondos de la FANAL al CNP, gracias a la cual se están desarrollando diversos programas de semillas, estudios de mercado y capacitación en temas de valor agregado en particular para el sector agroalimentario, y asesoría a las Ferias del Agricultor en temas de mercadeo y manipulación de alimentos entre otros. Estas transferencias de FANAL al CNP fueron del orden de ₡3.500 millones en 2019. Las proyecciones para este 2020 son todavía mayores, pues a la mitad del año ha trasladado ya ₡2.600 millones.
Si bien el principal papel de la FANAL es proveer de recursos al CNP, también hace un aporte muy importante a la salud del país, al proveer al costo el alcohol que utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social. El papel estratégico de FANAL como proveedor de alcohol para fines sanitarios quedó patente en la presente pandemia.
Costo de la FANAL para el Estado costarricense. La FANAL no le cuesta nada al Estado costarricense. Por el contrario, la FANAL no solo cubre sus gastos operativos, sino que aporta al fisco en impuestos alrededor de 11 mil millones de colones por año, más de lo que le generaría la venta de sus activos, cuyo valor ha sido estimado en 10 mil millones según el anterior ministro de Hacienda. Claramente, la venta de FANAL no viene a resolver los problemas fiscales, pero, con una facturación anual de 45 millones de dólares, la FANAL resulta un negocio lucrativo y, por ende, codiciado por algunas empresas, las cuales no tendrían interés alguno en el beneficio social de la fábrica. Por eso, parece que más que una necesidad de vender la FANAL, lo que hay es un interés de algún grupo empresarial por comprarla, porque el negocio es sumamente lucrativo: alguna empresa hará negocio, pero no habrá beneficios ni en lo fiscal ni en lo social.
La deuda de FANAL y por qué no se resuelve con la venta. De acuerdo con informaciones que han circulado, la FANAL adeuda 21 mil millones de colones en impuestos, incluyendo lo adeudado a Hacienda, INDER e IFAM. Las deudas tributarias de FANAL no tienen origen en que la FANAL dejara de pagar impuestos (ya dijimos que aporta al fisco 11mil millones de colones al año), sino en diferencias de cálculo sobre las bases imponibles de los impuestos que ya hoy día paga la FANAL. Es por eso por lo que estas diferencias han sido judicializadas a efectos de que sea la jurisdicción contencioso-administrativa la que dilucide la controversia entre instituciones del Estado. Mientras el Ministerio de Hacienda recientemente ha dado la razón a FANAL en cuanto a la metodología del cálculo de los impuestos, el INDER y el IFAM insisten en llevar su cálculo a la vía judicial. Sin embargo, estas diferencias se han acumulado durante aproximadamente 20 años y más de 5 gobiernos que no han logrado poner fin a la controversia tributaria entre FANAL, el INDER y el IFAM. En todo caso, se trata de una deuda de una institución estatal con otras, y su resolución no aporta nada al Estado como un todo.
Por otra parte, quien compre la FANAL debe asumir las deudas, a menos que se pretenda que se venda libre de deudas, y que el Estado las asuma (lo cual sería una tontería, si no un acto de corrupción), o que se condonen, en cuyo caso sería mejor condonarlas a la FANAL actual para que siga cumpliendo con su aporte social y fiscal como lo hace ahora.
Quien compre FANAL dispondrá de mecanismos para eludir impuestos. Uno de los compradores que más se ha mencionado está en la lista de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias; obviamente este comprador no aportaría nada al fisco. Otro mecanismo sería exportar los licores, ya que el impuesto se aplica a lo que se venda en el territorio nacional. Estas situaciones tendrían una consecuencia fiscal negativa inmediata, pero también resultaría en un tema sanitario. Recuérdese el problema que hubo el año pasado con aguardientes importados que estaban adulterados con metanol, lo cual resultó en varias intoxicaciones. Eso no ocurrió con los productos de FANAL, los cuales, en su franja comercial de licores corrientes (aguardientes), han sido reconocidos por su pureza y calidad. También la CCSS dejaría de recibir alcohol al costo para sus fines medicinales.
Es necesario fortalecer la FANAL. En resumen, la venta de FANAL solamente dejaría pérdidas al Estado costarricense en lo económico, lo social y lo sanitario. Para que siga generando los beneficios ya descritos, es necesario que FANAL siga siendo parte del Estado costarricense. Deben explorarse formas creativas de resolver sus problemas y mejorar su gestión ante los nuevos desafíos que enfrenta el sistema agroalimentario nacional. Por ejemplo, en el corto plazo podría pensarse en mejorar su gestión para que expanda su negocio manteniendo el mercado local de aguardientes, seguir en la rentable línea de mezclados (tipo Chile Guaro) e incursionar en mercados de exportación. En el mediano plazo, la FANAL debe volver a destilar para agregar valor a la melaza de los productores de caña de zonas aledañas (CoopeVictoria, por ejemplo) y luego a los subproductos de la destilación como las vinazas, bajo un enfoque de biorrefinería para generar energía y otros bioproductos de alto valor que contribuyan al desarrollo sostenible del país.
Terminamos diciendo que este no es un tema ideológico de defender a ultranza instituciones del Estado, como sí parece serlo el trasfondo de su pretendida venta. Es un tema práctico: poner en la balanza un excelente negocio que va en el mejor interés de Costa Rica versus un negocio privado que a casi nadie beneficia.
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