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Por una democracia directa y participativa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por
Arnoldo Mora Rodríguez

No pocos analistas en el ámbito mundial tipifican la situación actual como un estado de guerra, no declarada pero real en sus dramáticas consecuencias, ya que posee todas las características de tal; las constituciones política de inspiración ideológicas liberales se han visto superadas por las circunstancias excepcionales que genera esta pandemia planetaria; vivimos en un estado de excepción; en tales circunstancias, Santo Tomás de Aquino afirmaba que la normalidad ética se rompe en aras de mantener el valor fundamental que sustenta la ley natural, cual es el de preservar la vida como valor absoluto. En ese sentido y en forma general, las medidas adoptadas por el gobierno actual a través del Ministerio de Salud y de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, están haciendo lo correcto; su liderazgo ha sido con razón y justicia reconocido por la opinión pública nacional e internacional; los funcionarios de esos organismos estatales, lo mismo los de la Comisión Nacional de Emergencias, se han comportado heroicamente; la historia les reservará un lugar de honor. De igual manera, merece destacarse la labor pionera, en el campo de la investigación, emprendida por los(as) científicos(as) de las universidades públicas. El apoyo a la investigación científica de primera línea y al servicio de los mejores valores de la sociedad, constituye el único camino de que dispone la humanidad para lograr sobrevivir; no podemos pensar siquiera en la sobrevivencia de la especie humana, que superar actualmente los 7 mil millones, si no damos prioridad en las políticas y recursos presupuestarios a la investigación científica del más alto nivel; en nuestro caso, la calidad intelectual y ética del personal de nuestras universidades está demostrando con creces que los recursos invertidos en ese campo no son un gasto sino una inversión; aún más, deben verse como un derecho fundamental de nuestro pueblo, porque en ello está en juego la sobrevivencia de las generaciones actuales y futuras.

 En donde el actual gobierno parece desbarrar es en sus políticas económicas con directa incidencia en las políticas sociales. Desde sus inicios, el presidente Carlos Alvarado se ha mostrado carente de liderazgo; su retórica suena vacía, por no decir demagógica, proclive a los sectores oligárquicos, los que han impuesto su línea política en defensa de sus intereses de clase; para lo cual, cosa inaudita en nuestra historia política, tienen su vocero oficial en el seno mismo del consejo de gobierno: André Garnier es el poder detrás del trono. Todo lo cual no es más que la férrea aplicación del compromiso adquirido por el entonces candidato Carlos Alvarado ante Edna Camacho, quien lo amenazó con hacerlo perder las elecciones en segunda vuelta si no aceptaba, como punto de partida de su gobierno, lograr que el Congreso aprobara el paquete de impuestos antipopulares del IVA. Durante la campaña, Carlos Alvarado le ocultó al pueblo la verdad, pues habló de impuestos, pero demagógicamente no detalló de cuáles, consciente de que, si el pueblo se hubiese enterado de lo que se trataba, lo hubiesen rechazado masivamente. En ese contexto, a la mayoría de los ciudadanos no les quedó otra alternativa que escoger entre un candidato malo y otro peor.

La clase política costarricense está totalmente desprestigiada, como lo prueba el poco o nulo valor en que la gente tiene a los diputados. Vivimos en un régimen que dejó de ser centralizado y presidencialista para convertirse en uno semiparlamentario; de ahí el creciente protagonismo que los gobiernos locales están logrando; de hecho, un grupo significativo de alcaldes ha protagonizado una especie de huelga en contra del gobierno…¡y la han ganado ampliamente!; las elecciones de medio período, es decir, la separación entre la elección del gobierno central y el local, constituye un avance democrático, pero no suficiente; por lo que considero que la única manera de darle viabilidad a nuestro inestimable régimen democrático es que, desde las organizaciones de base en las comunidades, surjan aquellos liderazgos que hayan mostrado ser honestos y eficientes. Es necesario ir construyendo una democracia directa y participativa, de modo que la voz del pueblo sea escuchada. De esta manera, la crisis actual será vista por la historia como el salto hacia nuestra plena madurez como pueblo soberano.

Partidos políticos y la reforma a la deuda electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos, tal y como los conocemos hoy, en la vida nacional, surgieron en 1890. Desde entonces, solamente por medio de partidos políticos los costarricenses pueden participar en elecciones y solo por medio de ellos pueden aspirar a algún puesto de elección popular, como candidatos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o a los puestos de elección municipal y cantonal.

Desde aquella época hasta hoy el proceso electoral ha evolucionado mucho, y de mejor forma. Así por ejemplo, hasta 1913 se impuso la elección directa, todavía con voto público, eliminando la elección con electores de segundo grado. En 1924 se estableció el voto secreto, dándole más fuerza al elector para que votara en conciencia si temor de persecuciones o presiones de ningún tipo. Desde 1889, con motivo de la movilización popular que se hizo para defender el resultado de las elecciones, y el papel que en esa movilización tuvieron las mujeres, el Presidente José Joaquín Rodríguez, introdujo la idea de reconocer el voto de las mujeres, lo que en ese momento no se logró, pero detonó a partir de la década de 1910 movimientos que se realizaron en esa dirección. En la Asamblea Constituyente de 1917 se discutió esto sin que se aprobara. Con la Asamblea Constituyente de 1949 se incorporó a la mujer con plenos derechos políticos y desde 1953 empezó a participar como candidata a puestos de elección popular. En 1953 se eligieron las primeras tres diputadas. En este campo se ha fortalecido su participación obligando primero la representación vertical obligada de manera alternativa y, luego, también horizontal para los partidos que inscriben papeletas en dos o mas provincias, o cantones de una misma a provincia. En 1974 se introdujo el voto a los 18 años. Entre1974 y 1975 se eliminó la traba constitucional del Segundo párrafo del Art. 98, que se aplicaba para no permitir la participación de partidos de izquierda.

Dentro de las reformas importantes, para asegurar la mayor transparencia al proceso electoral se creó, en 1946, el Tribunal Electoral, luego llamado Tribunal Supremo de Elecciones que desde 1949 goza de autonomía con rango igual a los Poderes del Estado.

En la perspectiva histórica inmediata y de mediano plazo no hay nada que conduzca a que esta situación cambie. Se seguirán haciendo elecciones con partidos políticos y solo con ellos. No hay propuestas de proyectos de ley para establecer, por ejemplo el voto a los 16 años, como existe en otros países. Hay proyectos para modificar la elección de diputados, pero no para permitir que se puedan elegir por grupos sociales organizados que no sean partidos políticos, los hay para ampliar el plazo de elección a 5 o 6 años, con reelección consecutiva y con cambio de la mitad de diputados a medio período, o para aumentar el número de diputados que es necesario hacerlo, lo mismo que proyectos de ley de revocatoria de mandatos para diputados como para el Poder Ejecutivo. Para reformas electorales hay todavía para hacer y que son necesarias.

A los partidos políticos, con la Constitución de 1949, se les reguló y se garantizó por reformas posteriores su financiamiento para las campañas electorales, a cargo del Estado, con la intención de sacarlos del área de influencia de unos cuantos ricos que antes ponían candidatos financiando sus campañas políticas y las de sus partidos.

Esa reforma de por sí democrática, no lo fue tanto. Se crearon los mecanismos para que de ese financiamiento solo se favorecieran, para el reconocimiento del pago de sus gastos electorales de campaña, solo a los partidos políticos que en la elección sacaran un 4% o más de votos. En algún momento, en la década de 1950, se propuso que solo recibieran ese apoyo los que sacaban más del 10%. Con esos dos porcentajes solo dos partidos políticos se beneficiaban de ese porcentaje, exceptuando de vez en cuando que algún pequeño partido lo lograra.

Cuando estos pequeños partidos eligieron diputados sin el 4% de votos impusieron para las negociaciones parlamentarias, y el negocio de sus votos para Proyectos de Ley, que especialmente el Poder Ejecutivo necesitaba, que se modificara la disposición para que se les reconociera el derecho a la deuda electoral, como se reconoce hoy, cuando se elige al menos un diputado.

Esto ha hecho que más del 95% de los partidos que han participado en los procesos electorales, desde 1953, no se les reconozca nada respecto a los gastos electorales que incurren, aún bajo la supervisión contralora del Tribunal Supremo de Elecciones. Con esto el Tribunal ha mantenido una segregación y una división de los ciudadanos y electores en dos categorías, los que califican para que al partido que votaron les reconozcan pagos de la deuda y a los que no. Los ciudadanos, todos iguales, en derechos y en el padrón electoral, no lo son para el valor económico que se le asigna a cada cual en el proceso electoral. Los electores que no eligen diputados pierden su valor económico, en su partido político. En su lugar solo valen los de los partidos que sí sacan el 4% o eligen diputados. No ha habido forma que el Tribunal Electoral modifique esto.

Lo peor de este proceso es que la plata, o el valor de los votos que no se pagan a partidos pequeños, de esos pequeños partidos, a la cual deben tener derecho, se redistribuye entre los que si lograron elegir o sacar el 4% de votos, lo cual es y sigue siendo una verdadera estafa a la participación democrática, y a la igualdad ciudadana en materia electoral, y a la discriminación real y efectiva de partidos políticos.

Para financiar estos gastos se ha dispuesto un 0.17% del Producto Interno Bruto, que equivale en términos generales a una cifra grande de millones de colones.

Los partidos políticos obligados por ley a presentar presupuestos para su campaña electoral, que por presentados no pueden ser modificados, nunca han llegado a justificar en el 100% de los gastos que presentan para que se les reconozcan, y el conjunto de todos los presupuestos, de todos los partidos que participan en cada campaña electoral, que es lo que les da derecho a cobrar pasada la campaña, tampoco llega a superar más del tercio del 0.17 % que existe para este propósito. Esto se ha justificado hipócritamente en la idea que es para ahorrar dineros al Estado. Ello ha llevado a que en las últimas campañas se realicen modificaciones para que en lugar del 0.17% se cubra solo el 0.11%, y aun así tampoco se llega a gastar todo.

El Tribunal de Elecciones, para pensar lo mejor, y no lo peor, ha caído en esta trampa y en cierta manera la estimula. Actualmente hay proyectos de ley para establecer de manera permanente un techo que no sea superior al 0.11%. Los más perjudicados de esto son en general todos los partidos pequeños que están dentro de la Asamblea Legislativa y peor, o más perjudicados, los que no están con representación parlamentaria.

El IFED, instituto que tiene el Tribunal, que yo apoyo, para estimular procesos de capacitación en democracia y de los partidos políticos, hasta ahora en todas sus gestiones y trabajos, no se proyecta más fortaleciendo la estructura y la vida cotidiana de los partidos políticos, especialmente de los que no eligen representantes pero que siguen existiendo de una elección a otra, y para verdaderamente estimular nuevos partidos políticos, independientemente de que pudieran ser una “catizumba” de partidos.

Si originalmente, con garantizar el pago de las campañas a cargo del Estado, se trataba de eliminar la influencia de los ricos y el control de ellos sobre partidos y candidatos, eso no se ha podido evitar porque pueden financiar personas y partidos políticos, porque está autorizado el financiamiento privado.

El financiamiento público debería regularse de manera que se prohíba de cualquier forma el financiamiento directo a personas candidatos y a partidos políticos. Esta es la única manera que se evite ese control, porque puede darse, de la misma manera, el financiamiento de grupos narcos, mafiosos, y lavadores de dineros a candidatos y a partidos políticos.

¿Es posible esto, de prohibir el financiamiento privado? Es posible si el Tribunal ejerciera el control completo del movimiento financiero de los partidos políticos, desde que se presentan los presupuestos de campaña. ¿Cómo? Administrando toda la deuda electoral de las campañas, democráticamente de la siguiente manera, a modo de ejemplo, para entender mejor:

1.- La mitad de lo dispuesto para financiar a todos los partidos se le da, a los partidos que vuelven a participar en la elección, en proporción a los votos que recibieron en la campaña anterior. De esta manera todos los partidos, que de nuevo se inscriben, reciben su parte proporcional que es mucho dinero.

2.- A todos los nuevos partidos y a los que repiten se les proporciona de manera igual la otra mitad de dineros destinados para los gastos electorales de la campaña que viene. Así todos los partidos nuevos y viejos reciben una parte del dinero para sus gastos que ha presupuestados y han entregado en su Presupuesto al Tribunal.

3.- Ya fijados los montos posibles que les corresponderá a cada partido, viejos y nuevos, el Tribunal abre cuentas en la Banca Nacional o Privada, según cada partido disponga donde la quiere, y allí depositará lo correspondiente a pagos que deban hacerse contra los gastos que se van realizando, contra la solicitud que hagan, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos de sus contratos de servicios electorales, debidamente bien presentados y justificados. De esta manera todos los partidos tienen posibilidad de contratar servicios para su campaña, contra el derecho real que tienen, por tradición electoral anterior y por participar por primera vez. Todas las empresas, incluidas las de medios de comunicación, y sus agencias publicitarias podrían ganar más dinero si de eso se trata, porque se pone más dinero en gastos asegurando de esa manera a todos los partidos. Se evita que las empresas publicitarias se conviertan en verdaderas organizaciones “mafiosas” de control de la publicidad, solo para ciertos medios de comunicación, y se evita la manipulación perversa que se hace de las encuestas para no financiar pequeños partidos políticos. Los que contratan con los partidos pierden los riesgos de no pagos de contratos, aseguran de esta manera sus pagos. Los partidos que no logran votos se enfrentan a la posibilidad de que en la siguiente campaña les toque menos dinero.

4.- Los contribuyentes privados, si se mantiene el derecho de hacer donaciones, en este caso podrían hacer sus contribuciones directamente a las cuentas oficiales abiertas, del partido de sus preferencias, y bajo control del Tribunal de Elecciones. El Tribunal en estas cuentas solo tiene el papel fiscalizador de velar por los ingresos de dineros, y el de la salida contra los pagos debidamente contratados, que finalmente en todas las campañas el Tribunal siempre fiscaliza, post campaña, para autorizar los pagos correspondientes.

Mientras se mantenga abierto el portillo del financiamiento privado siempre va a haber el peligro de la mano sucia del dinero sucio en las campañas electorales. Esto ahora es más fuerte y tenebroso. Es casi inevitable. Por algunos sucesos policiales, que están sucediendo en el país, pareciera que nos acercamos a situaciones como las de Colombia y República Dominicana cuando hace algunas campañas electorales las mafias directamente tenían sus candidatos o financiaban directamente candidatos.

Es una tontería política, que no es ingenuidad parlamentaria, tratar de reducir el Presupuesto del 0.17%, que hoy existe para las campañas electorales. Ese dinero debe servir, en este momento, con más urgencia, a fortalecer al Tribunal Supremo de Elecciones para que pueda montar para las elecciones del 2022 el sistema electrónico de las mismas, del voto electrónico, cueste lo que cueste. No habría pretexto si hay dinero para pagar el sistema que permita realizar las votaciones de esta manera. Pero, además, debe asegurarse una buena cantidad de dinero, y no migajas, para el financiamiento de las campañas municipales, que no tienen un buen respaldo económico en este sentido. Y debe hacerse una reserva de dinero, en manos del Tribunal Supremo de Elecciones para procesos de consultas populares que podrían convocarse. La Democracia hay que pagarla y si “jugamos” a la Democracia hagámoslo bien.

Algunos de los diputados que están defendiendo la tesis de rebajar el 0.17% al 0.11%/, o menos, es porque sus maquinarias partidarias están aseguradas con lo que saben que les puede corresponder con ese monto, o con uno más alto, y saben que menos posibilidades tendrán los partidos pequeños, a quienes les interesa aplastar o estrujar.

Y los diputados de partidos pequeños que están defendiendo estas tesis equivocadas, lo hacen por ingenuidad, torpeza, ceguera o por idiotez política extrema, más que por demagogia. Aquí la demagogia de la austeridad en gastos no opera. La Democracia hay que pagarla cueste lo que cueste, de lo contrario vamos a tener la democracia de las mafias operando en los procesos electorales.

Además, están las elecciones municipales que hay que darles buen financiamiento, que no lo tienen. Junto a esto hay que asegurarle al Tribunal dineros para realización de Referéndums, Plebiscitos y Consultas ciudadanas que podrían estimularse más para lograr una sociedad y una participación democrática más moderna y efectiva.

La otra discusión que está en el ambiente parlamentario es hipócrita en la forma. Tal vez válida en el fondo. ¿Se debe reducir el plazo de la campaña electoral? Veamos.

Las campañas hasta hace no muchos procesos electorales, con la prensa y radio tradicionales, exigían largos períodos de campaña para poder recorrer el país por parte de los candidatos. Con la televisión sumada se aceleraron esos tiempos. Radio, Televisión, y una prensa que llegaba cada vez más largo en el territorio nacional, y el mismo día, ya no obligaba a esas giras tan largas y sostenidas. Empezaron a preocuparse los partidos por las grandes concentraciones, especialmente finales, en las ciudades y en la capital, en la víspera del día de votación. Por supuesto que intensificó la presencia en medios de comunicación, y electrónicos que empezaron a sumarse en esta contienda electoral.

Hoy, frente a este desenfreno de medios de comunicación, de las llamadas redes informáticas, con todos sus matices, las concentraciones prácticamente han desaparecido, además de que son caras en su preparación. La pandemia ha demostrado que, con sus programas de relaciones de grupos, tipo zoom y otros, se pueden atender públicos diversos, por muchas horas en el día en diferentes partes del territorio nacional. Pongo un ejemplo sencillo. Hoy una conferencia por zoom puede reunir hasta 700 personas. He tenido esa experiencia. Y he salido de esa actividad y entro a otra con 70 personas, y luego a otra con otro público, y otra, incluso, fuera del país, en lugares tan distantes que si no fuera por estos medios, habría que haber programado esas actividades por los menos en tres días diferentes.

El país tiene la población educada para los procesos electorales, la tiene preparada para confiar en el Tribunal Supremo de Elecciones, hasta ahora inmaculado de fraudes originados en su institucionalidad, o de estar sometido a un Gobierno o un partido político determinado. Su autonomía es respetada por tirios y troyanos, y la honradez y honestidad de sus integrantes también.

¿Podemos reducir el plazo de las campañas? Si las elecciones se hacen electrónicas si se puede reducir hasta un mes perfectamente para la primera vuelta, y hasta tres semanas para una segunda vuelta si fuera del caso. Hay experiencias internacionales en este sentido que pueden ser útiles y asimilables.

Hay que dejarse de carajadas. Hay que ir a la reforma del pago de la deuda electoral en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, de manera que se garantice que todos los electores valgan igual para todos los partidos políticos, en lo que cuesta cada voto en el Presupuesto Nacional dispuesto para ello.

Hay que ir a las elecciones electrónicas, ojalá para las elecciones del 2022. ¿Se puede? Sí se puede si hay voluntad política en el Tribunal Supremo de Elecciones y en los partidos políticos, con asiento en la Asamblea Legislativa, para asumir el costo de lo que pueda significar implementar el sistema electrónico.

Hay que asegurar, que el financiamiento privado a las campañas sea totalmente prohibido, o que en su lugar se haga canalizado a cuentas bancarias oficiales de los partidos políticos, a través del Tribunal Supremo de Elecciones, ante quien se justificaría la donación respectiva.

Hay intereses políticos y económicos que posiblemente no quieren que se hagan estos cambios. Es más fácil y es mejor para el engranaje mafioso que se está desarrollando en el país, que haya menos controles financieros de las campañas, que se siga facilitando el financiamiento privado, casi sin control, y que las campañas duren lo más posible por el movimiento de dineros que de manera sucia se pueden mover alrededor de los procesos electorales.

¿Avanzamos o no avanzamos, en mejorar el sistema, pareciera ser el dilema?

Chile, medio siglo después: una mirada de aquella tragedia con “otros ojos”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

“En la era de la industria cultural, la conciencia existe en estado mítico, de ensoñación, estado contra el cual el conocimiento histórico es el único antídoto. Pero el tipo particular de conocimiento histórico que se requiere para liberar el presente del mito no se desvela fácilmente. Dejado de lado y olvidado, yace enterrado en cultura que sobrevive, siendo invisible justamente porque es de escasa utilidad para quienes están en el poder” (Susan Buck-Morss DIALÉCTICA DE LA MIRADA Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes La Balsa de la Medusa Segunda edición Madrid 2001 p. 14).

Las múltiples discusiones entre los historiadores contemporáneos, siempre tan celosos ante la irrupción de “extraños” dentro de lo que consideran, al parecer como su exclusivo ámbito de acción profesional, acerca del sentido que asume la consideración del tiempo histórico, visto en los términos de la larga duración (v.g.r. Ferdinand Braudel, Marc Bloch, Lucien Febvre  entre otros impulsores de la Escuela Histórica Francesa de los Anales, con su perspectiva de la “longue durée”), resultan ser sin embargo un tema, también fascinante para el resto de nosotros los mortales, necesitados de incursionar en la naturaleza(o, más bien especificidad) de algunos acontecimientos y procesos históricos que continúan afectándonos, aunque no tengamos siempre conciencia de ello. Por eso es, que cuando hablamos de la conmemoración de un hecho complejo de cierta relevancia histórica, en este caso los mil días de la Unidad Popular Chilena que culminaron en un sangriento golpe militar, en el mes de septiembre de 1973, sólo comparable a los dramáticos eventos que 18 años atrás, culminaron con la caída del gobierno del general Juan Domingo Perón, en la República Argentina, durante el mes de septiembre de 1955, los que a semejanza del caso chileno dieron lugar a cruentos enfrentamientos armados o a masacres, como la resultante del bombardeo a civiles en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, durante el primer intento de acabar con el régimen peronista, en junio de 1955, por parte de unos pilotos de la aviación militar (una rama que entonces dependía de la marina) que llevaban como lema “Viva Cristo Rey” en sus aparatos, unos fanáticos que asesinaron a cerca de 500 personas, en su gran mayoría civiles o, como fue el desigual combate de la Moneda, en Santiago de Chile, aquel 11 de septiembre, un evento político militar mucho más profundo en sus nunca analizados, ni asumidos alcances históricos, tanto por parte de los militares golpistas como por parte  de la mayoría de la izquierda chilena oficial y concertacionista (v.g.r la posdictadura de la concertación), que se niega todavía a valorar en su sentido más profundo el testimonio y la vivencia de sus combatientes, mientras que los militares como el general Javier Palacios, quien dirigió el ataque al Palacio de la Moneda, sobredimensionaron la mediocre actuación de sus subordinados. En cuanto a la derecha civil, en cambio no constituye algo esencial, y les resulta muy problemático todavía entrar en consideraciones específicas acerca del hecho en sí mismo, es mejor no hacer olas consideran.

Existe una necesidad imperiosa de romper con el papel legitimador de la historia como un acto político de la mayor importancia (Walter Benjamin), y en concreto con las visiones inmovilistas del tiempo histórico que se derivan de ese papel que se le ha impuesto, las que mantienen el pasado que se evoca en las conmemoraciones, como si fuera un presente mítico cuyas posibilidades de interpretación se reducen a las que expresan los intereses o visiones de las élites protagonistas de los conflictos sociales en el escenario histórico, a partir  de algunas de sus exteriorizaciones en la interpretación canónica de los hechos político militares que se produjeron, no ha lugar a otras versiones, y mucho menos, a interpretaciones alternas de lo acontecido.

El extraordinario documental que acaba de publicarse en Chile, bajo el título de “LA ÚLTIMA ESCOLTA” (Realización de Isidro García y Fernando Galeas. Documental Formato HD/16:9), nos da un valioso testimonio que nos permite resignificar los hechos político-militares de aquel día funesto para los trabajadores, y los sectores más desfavorecidos de la sociedad chilena: El valioso y pormenorizado testimonio de Isidro García, a lo largo de ese documental que abarca otros elementos historiográficos, se torna esencial para dimensionar y valorar ese combate tan desigual desde una perspectiva más amplia, vista en términos del devenir histórico y de la larga duración, a partir de una narrativa en la que nos cuenta como con un pequeño grupo de compañeros del Partido Socialista de Chile, se atrincheró en el Ministerio de Obras Públicas, situado al otro lado de la Calle Morandé, un edificio casi paralelo al Palacio de la Moneda, desde donde resistió, durante muchas horas, a la asonada militar, poniendo en aprietos a los militares golpistas con apenas una ametralladora punto 30, y unos cuantos fusiles ametralladoras AK 47, enfrentando así a quienes, con tanques e infantería, atacaron el Palacio de la Moneda, en cuyo interior no habían más de treinta combatientes civiles, incluido el propio presidente Salvador Allende. Después del desenlace de aquel combate, como resultado del que fueron muertos, o más bien asesinados, el propio presidente y la mayoría de los combatientes del Grupo de Amigos Personales de éste, integrado por militantes del Partido Socialista, mientras que los soldados de infantería, contando con apoyo de los tanques, fueron incapaces de derrotar en primera instancia, al tan desigual pero decidido adversario, representado por los combatientes que se encontraban en La Moneda, y en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, dentro del llamado barrio cívico de la capital chilena, razón por la recurrieron a la aviación para bombardear el Palacio de la Moneda, el que dejaron en llamas y casi destruido para alcanzar sus objetivos político-militares, con lo que agrietaron y devaluaron para siempre su inmenso valor simbólico ante la mirada de los habitantes de la capital chilena, y  de las gentes del mundo entero, algo que nunca ha podido ser restituido  en una sociedad o estado-nación como Chile, dentro de la que esa grieta nunca ha podido ser soldada o sellada, a lo largo del medio siglo transcurrido desde entonces. Es por eso, que el conflicto en términos de legitimidad se vuelve recurrente, especialmente si lo vemos bajo la perspectiva de la larga duración histórica, pues ahora como nunca esa ruptura se ha hecho evidente: nos basta con mirar las imágenes de la lucha popular en Santiago, y otras ciudades de Chile frente a un aparato represivo, cada vez más violento y sanguinario, para constatarlo de manera irrefutable.

Valgan las reflexiones de Isidro García, un combatiente de aquel día en el Ministerio de Obras Públicas, quien en el documental nos cuenta también su vida desde niño, en medio de las mayores carencias como eran las que experimentaban las mayorías chilenas, en un país donde hasta los años sesenta los campesinos de la zona central de Chile, vivían aún en un régimen de servidumbre casi feudal, donde el hambre y la desnutrición castigaban a la niñez. Refiere con orgullo su permanencia hasta el final al lado de Salvador Allende, siempre fiel a esa memoria en términos de la larga duración histórica, nos dice “nos quitaron el partido, otros que dicen llamarse socialistas”, quienes por cierto prefieren hacer caso omiso de la memoria y el testimonio de aquellos combatientes, forjadores de esperanzas y utopías.

Bicentenario en Costa Rica: encrucijadas para las políticas públicas y la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Muñoz Varela[1]

La celebración del bicentenario de la independencia acontece en Costa Rica en el marco de una situación crítica de carácter multidimensional. La pandemia del Covid-19, que despuntó en el país en marzo de 2020, aún estará presente para el año 2021. Las repercusiones de la situación provocada por la crisis sanitaria y el tiempo que tardará en ser superada son todavía inciertas. La única certeza posible que de momento se puede tener es la de que la sociedad costarricense habrá sido afectada por una coyuntura de crisis cuyos alcances no se reducen a la cantidad de muertes provocada por el virus ni a los costos económicos que la batalla por el control de la pandemia haya representado para el sistema de salud y para el país en general.

Las afectaciones de la pandemia Covid-19 son múltiples en diversos sentidos: económicos, sociales, políticos, culturales y, desde luego, educativos. En lo económico, tras medio año de crisis sanitaria que se cumple al mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo en el país prácticamente se duplicó con respecto a la que se tenía a inicios de año: de 12,5% que registraba al primer trimestre de 2020, dicha tasa pasó a 24,4% para el segundo trimestre. Este incremento del desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, las cuales, en el período de referencia, registran una tasa de 30,4%, lo que significa una diferencia negativa de 10,4% con respecto al desempleo de los hombres, que es de 20%. (INEC, 2020).

El subempleo, por su parte, alcanzó un incremento de 10,3% entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020. Las proporciones de distribución entre mujeres y hombres son de 20,5% para ellas y de 20,6% para ellos. La pandemia ha significado pérdida del empleo sin posibilidad de reintegro, reducciones de la jornada laboral y de los ingresos para un sector de quienes aún conservan el empleo, así como cancelación parcial o total de operaciones para sectores que se dedican al trabajo independiente o por cuenta propia y para pequeños negocios de servicios. Estos últimos registran con una afectación del 68,5%. (INEC, 2020).

Si se tiene en cuenta que, para el año 2019, se tenía en Costa Rica una tasa de pobreza del orden del 25,70%, los datos anteriores colocan al país en una deriva hacia la pobreza y la pobreza extrema que abarcará a muchos otros hogares más, los cuales quedarán sin perspectivas de poder salir de dicha condición ni siquiera en el mediano plazo. La situación se agrava aún más, al tener en consideración que, entre los hogares en condición de pobreza, el 48,4% de ellos tiene una jefatura femenina y son familias con más integrantes de lo que son los hogares no pobres. (INEC, 2019). Esta es una situación que erosiona las bases de la democracia y que coloca a la sociedad costarricense a las puertas de una desintegración social de alcances muy peligrosos para la estabilidad del bienestar común y para la convivencia social.

En lo que a la educación corresponde, el impacto de la pandemia también deriva en la configuración de una situación compleja y crítica para un amplio sector de la población estudiantil del país. Una vez iniciada la crisis sanitaria, las autoridades del sistema educativo dispusieron establecer la modalidad de educación virtual, en un contexto de realidad nacional en el que las desigualdades sociales y los niveles de pobreza confabulan en perjuicio de una proporción significativa de la población estudiantil. A finales de mayo de este año, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informaba acerca de la existencia de una cuarta parte del estudiantado nacional que no contaba con acceso al servicio de internet para atender la educación virtual. (Ruiz, 2020).

En este aspecto, es bien probable que, al finalizar el curso lectivo de 2020, la proporción de estudiantes que, tanto por la afectación económica que ha habido en sus hogares y a título personal, la pérdida de capacidad adquisitiva para pagar servicios telefónicos y de internet, lo mismo que por la inexistencia de cobertura de la conectividad, hayan debido abandonar los estudios y, con ello, quedar en una complicada situación de rezago. Pérdida de oportunidades para estas personas y pérdida de capacidades para el país y para la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, más allá de la coyuntura de crisis que ha traído la pandemia, todas estas situaciones de inequidad, exclusión, desigualdad social, pobreza y pobreza extrema, son resultado del modelo socioeconómico establecido en el país desde hace cuatro décadas. La crisis de la pandemia solo ha venido a ponerlas a plena luz del día y a ampliarlas y profundizarlas. Se trata de una situación, no ya de crisis coyuntural, sino estructural y sistémica. Crisis que colocan al país y a la sociedad en una encrucijada de toma de decisiones urgentes e impostergables, a nivel de las políticas públicas y en las dimensiones económica, social, política, institucional, cultural, educativa.

¿Qué tipo de país tendrá que seguir siendo Costa Rica de aquí en adelante? ¿Se podrá dejar atrás cuatro décadas de un modelo socioeconómico que ha profundizado la inequidad, la exclusión, la desigualdad y la injusticia social? ¿Podrá servir la celebración del bicentenario de la independencia para hacer un esfuerzo nacional por regresar a los principios y a la salvaguarda de la institucionalidad de la democracia, tal como quedó establecido en la Constitución Política de 1949?

En vísperas de la celebración del bicentenario de la independencia, bajo el agobio que representa la crisis múltiple de la pandemia (crisis económica, social, institucional, cultural), la sociedad costarricense hoy se enfrenta al imperativo y a la necesidad de proceder a realizar una refundación del país. Una refundación en la que se tenga como eje central generar condiciones de vida digna y de bienestar social para todas las personas y para los distintos sectores sociales que conforman la sociedad.

Referencias bibliográficas

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Encuesta nacional de hogares julio 2019: resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenaho2019.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta continua de empleo al segundo trimestre de 2020. Resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiit2020.pdf

Ruiz, Paula. (2020). MEP detecta 250 mil estudiantes sin acceso a internet para recibir educación virtual. El Observador, 27 de mayo de 2020. Recuperado de: https://observador.cr/noticia/mep-detecta-250-mil-estudiantes-sin-acceso-internet-

[1] Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica, 14 de septiembre de 2020.

Nuestra Independencia. Algunos elementos a tener presente este día

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

La Independencia es un acto que se caracteriza por dos elementos: pasar de ser una colonia de un imperio a ser una Nación y sus habitantes que pasan de ser súbditos a ser ciudadanos. Esas son las características del proceso independentista.

En Costa Rica por las particularidades que tuvo nuestra Independencia, la formación de la Nación y la Ciudadanía tuvieron un proceso de constitución de alrededor de unas dos décadas hasta 1841 donde el Estado logró consolidarse y definirse en sus líneas generales. La formación del Estado costarricense fue configurada por la naciente oligarquía cafetalera, que conforma una burguesía y que plantea el desarrollo de un modelo de desarrollo capitalista.

Tanto en la Independencia en 1821 como en la creación del Estado en 1841, la Nación que surgía a la vida tuvo que ser llenada de contenido. Los contenidos principales de ese Estado se pueden resumir de la siguiente manera:

A-. De hombres blancos
B-. De propietarios
C-. De católicos

La nueva Nación otorgó derechos solo a los hombres, pero no a las mujeres; a los blancos, pero no a los indígenas, negros o esclavos; a los propietarios, pero no a los peones agrícolas, artesanos o campesinos pobres; a los cristianos, especialmente a los católicos, pero no a otras minorías.

Es Estado fue representante de los hombres blancos, propietarios y católicos. A este prototipo se otorgaron todos los derechos, aunque no al resto de los habitantes del país.

La Ciudadanía que, en consecuencia, se formó fue negada a las mujeres, a los indígenas, negros, esclavos y a los que no poseían bienes patrimoniales. Los ciudadanos costarricenses fueron una pequeña minoría que gobernaba principalmente para ellos en detrimento de esos amplios sectores de la población.

La democracia fue, además, una democracia mutilada, reducida solo para ese pequeño círculo de poder de hombres blancos, propietarios y católicos. El resto de la sociedad no eran ciudadanos con el pleno goce de sus derechos.

El nuevo Estado creó una ciudadanía y democracia mutiladas. El capitalismo no nos trajo la democracia.

Tampoco la independencia creó una sociedad homogénea como algunos afirman, en relación con una sociedad donde la inmensa mayoría fueron pequeños propietarios por lo general pobres. Nunca existió en Costa Rica una sociedad homogénea, ni siquiera en la Colonia, porque siempre existieron los pobres (aunque sean los más pobres de los pobres), los negros, los mulatos, los pardos, los indígenas o los esclavos. (Los esclavos fueron determinantes en la producción de cacao que permitió la acumulación primitiva de capital que luego facilitó la explotación cafetalera).

El hecho es que la independencia fue generando una sociedad cada vez más diferenciada, estratificada, con una clase cafetalera oligárquica minoritaria sobre unas mayorías asalariadas empobrecidas.

La Independencia generó los derechos individuales de libertad personal en muchos campos para un grupo selecto, pero no así los derechos sociales que tuvieron que tardar casi un siglo para empezar a gestarse.

La Independencia generó la conciencia individual pero no la conciencia social, no solo de clase sino de pertenencia a grupos o comunidades. Los derechos sociales con plena madurez y fuerza empezarán a manifestarse en el segundo siglo de Independencia.

Durante el Primer siglo de Independencia se logró consolidar el Estado capitalista y luego la República y mantener el carácter independiente de la Nación en la guerra del 56. La influencia de la Religión Católica a lo largo de los primeros 60 años fue determinante y representó un gran poder, pero fue llevada casi hasta la nulidad con las reformas liberales; la democracia logró algunos pocos avances con las ampliaciones del sufragio.

El primer siglo de Independencia es el de la consolidación del modo de producción capitalista fundamentado en la producción y exportación de café, de una oligarquía cafetalera que se proyectará hasta nuestros días, consolidada a través de gobiernos sustentados en una democracia muy restringida, limitada únicamente a hombres blancos y propietarios. La consolidación de ese modelo se hizo a base de autoritarismo y límites democráticos para las amplias capas sociales del país.

Hacia la justicia fiscal en un mundo pospandémico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Justicia fiscal, una parte integral de la lucha contra la agenda neoliberal

La pandemia de COVID-19 expuso las desigualdades generadas por un sistema neoliberal fundado en las ganancias y la codicia. Ningún lugar ha sido tan impactado como el Sur Global, donde las crisis múltiples y crónicas han profundizado la pobreza, aumentado la dependencia de los países de la deuda y erosionado sus recursos y capacidad para construir sociedades y economías humanas y sostenibles. La pandemia actual afecta a una gama aún más amplia de miseria humana en todo el mundo, con impactos que golpean de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables.

Considerada peor que la crisis económica mundial de 2008, se prevé que la recesión inducida por la COVID-19 dejará a millones de personas desempleadas y subempleadas. Las Naciones Unidas estima que 71 millones de personas volverán a caer en la pobreza extrema en 2020, el primer aumento de la pobreza mundial desde 1998. En América Latina y África, se estima que los ingresos de los trabajadores del sector informal se redujeron en alrededor del 80% en el primer mes de la crisis. Por lo tanto, la supervivencia económica será una batalla cuesta arriba especialmente para los trabajadores pobres del Sur Global, que ya se concentraban predominantemente en la economía informal y vivían al día en barrios marginales abarrotados, incluso antes de la COVID-19.

Las mujeres son afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, ya que están sobrerrepresentadas en el sector informal desprotegido y precario, así como en los sectores más afectados, como los servicios de salud y la economía del cuidado. Con la imposición del encierro y del aislamiento en el hogar, las mujeres enfrentan a una mayor exposición a la violencia de género y la intensificación de la carga del trabajo de cuidados no remunerado, lo que refuerza las normas patriarcales en muchas sociedades. En Bogotá, capital de Colombia, por ejemplo, el número de llamadas a la línea directa de la policía para denunciar violencia contra las mujeres aumentó en un 225% durante la primera semana del encierro. En el trabajo de cuidado remunerado, las mujeres también constituyen la mayor parte del mercado laboral en la salud pública, que sufre con recortes presupuestarios y bajos salarios debido a que durante los últimos años los Estados han retirado inversiones en servicios sociales en favor del sector privado.

El sistema económico neoliberal que se aprovecha de los vulnerables y privilegia a los ricos y las ganancias creó un terreno fértil para la crisis actual. Junto con las condiciones crediticias de los Programas de Ajuste Estructural, las políticas macroeconómicas que defienden medidas de austeridad y la privatización desmantelaron la capacidad de los países, especialmente del Sur Global, para hacer frente a una crisis de esta magnitud.

Esto resultó en sistemas de salud pública precarios y con pocos recursos, sistemas de protección social inadecuados, además de bienes y servicios esenciales costosos e inaccesibles. De hecho, en 2017, solo entre un tercio y la mitad de la población mundial estaba cubierta por servicios de salud esenciales, y los países pobres muy endeudados gastaron solo USD 53,23 per cápita en salud en el mismo año. El sur de Asia, como subregión, tuvo el gasto per cápita en salud más bajo en 2017 con USD 64,47. Por lo tanto, no es sorprendente que en el sur de Asia, los suministros médicos sean deplorablemente insuficientes, como tener menos de 2.8 camas de hospital para cuidados críticos por cada 100 mil personas. Además, muchos países del Sur Global también carecen de un suministro adecuado de ventiladores, cruciales en el tratamiento de COVID-19. Para evitar contraer el coronavirus, se ha recomendado a todos que se laven las manos con frecuencia. Sin embargo, es importante señalar que en 2015, el 85% de la población del África Subsahariana no tenía acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón.

Con la pandemia, la cadena de suministro global que está diseñada para satisfacer las necesidades del mercado global (incluidos los equipos de protección personal, las instalaciones médicas y los kits para detección de la enfermedad) a través de los centros de producción en el Sur Global fue gravemente interrumpida. Así muchos países en desarrollo no solo tuvieron una reducción en sus ingresos e inversiones, sino también se quedaron sin condiciones de asegurar las necesidades básicas vitales para combatir una pandemia y para brindar asistencia humanitaria a los más gravemente afectados. Con la cadena de suministro global rota, la sociedad civil y las comunidades intentan llenar las brechas: organizaciones comunitarias e individuos se están movilizando para producir mascarillas, donar equipo de protección personal a los hospitales y satisfacer las necesidades humanitarias de aquellos que se quedaron desempleados y con hambre tras los encierros.

Muchos gobiernos han priorizado los intereses del sector privado sobre el bienestar de las personas durante décadas, lo que los ha vuelto ineptos para solucionar la crisis actual. El modelo de desarrollo orientado a la exportación y liderado por el sector privado en muchos países en desarrollo del Sur Global se basa en la explotación de mano de obra barata y el extractivismo de los recursos naturales por grandes corporaciones con sede en el Norte Global. Por si fuera poco, se introdujeron políticas fiscales que otorgan generosos incentivos y exenciones fiscales para atraer más inversiones extranjeras directas. Las graves consecuencias de estas políticas macroeconómicas se ven agravadas por una arquitectura financiera internacional injusta que permite los flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal y la elusión fiscal por parte de las élites ricas y las multinacionales, lo que socava gravemente la capacidad de los estados para movilizar los recursos necesarios para invertir en sectores sociales y en el desarrollo sostenible. Impulsadas por la codicia y las ganancias privadas, muchas corporaciones aún pueden beneficiarse de la miseria bajo el sistema económico y político actual, incluso en medio de la pandemia.

Miles de millones de ingresos perdidos por incentivos y abusos fiscales por parte de las corporaciones y élites podrían haberse utilizado para fortalecer la prestación de servicios públicos esenciales para garantizar nuestros derechos a la salud, el acceso al agua y el saneamiento, una vivienda digna y el transporte público. Dichos recursos podrían haberse utilizado para mitigar los impactos de la pandemia. No obstante, sin estos recursos, los países del Sur Global dependen en gran medida de la ayuda y los préstamos cargados de condiciones. Cabe subrayar que incluso antes de la pandemia de COVID-19, los países en desarrollo han estado enterrados en una deuda insostenible, parte de la cual es ilegítima.

La pandemia desmistificó la doctrina neoliberal de que el papel de los estados en la economía nacional y en la provisión de bienes y servicios públicos para el bienestar de su pueblo debe reducirse al mínimo. La gente está clamando para que los estados intervengan de manera proactiva y efectiva no solo en respuesta a la emergencia de salud pública, sino también a los impactos inmediatos de la recesión económica provocada por los cierres y el cese de actividades económicas. El descontento de la población con la respuesta ineficaz de los gobiernos al COVID-19 provocó el estallido de protestas en diferentes partes del mundo. Hay protestas contra Jair Bolsonaro en Internet y en las calles de Brasil, uno de los países más afectados por la COVID-19, para condenar el mal manejo de la crisis por parte del presidente. En Kenia, los ciudadanos marcharon para denunciar la brutalidad policial al hacer cumplir las regulaciones de cierre. La situación es similar en Filipinas, donde varios manifestantes, violadores de la cuarentena e incluso ciudadanos comunes fueron presos, atacados violentamente o asesinados por las fuerzas estatales. Además del derrumbe de las economías, el colapso de los sistemas de salud y la profundización de la pobreza, también se enfrenta a la reducción del espacio democrático y cívico y al aumento de la represión política, lo que hace que impulsar reformas sea más desafiante que nunca.

Sin embargo, en los últimos meses, hemos visto que los principios de la ideología neoliberal y de la gobernanza antidemocrática están siendo desacreditados y cuestionados a medida que enfrentamos a una grave crisis económica. La pandemia nos presenta una oportunidad para impulsar cambios sistémicos y crear alternativas al actual modelo de desarrollo neoliberal, que antepongan las personas y el planeta al lucro y la codicia. Es una oportunidad para reinventar la economía global y la arquitectura financiera internacional hacia la justicia social y la igualdad, lo que no es posible sin la justicia fiscal.

En este contexto, instamos a los gobiernos:

Sobre el freno de la erosión de los recursos financieros públicos

  • Eliminar incentivos fiscales que benefician a las élites y corporaciones ricas.
  • Impedir que las empresas multinacionales trasladen sus beneficios a países con impuestos bajos o nulos, gravándolas como una entidad única, bajo un principio de empresa unitaria.
  • Instar a las instituciones financieras internacionales y a los prestamistas bilaterales y privados a cancelar inmediatamente los pagos de la deuda, iniciar un proceso de reestructuración que incluya la cancelación de la deuda cuando sea necesario y avanzar hacia un marco multilateral permanente bajo los auspicios de las Naciones Unidas para apoyar la reestructuración sistemática, oportuna y justa de la deuda soberana en un proceso que cubre a todos los acreedores. El objetivo debe ser dar a los gobiernos el espacio fiscal necesario para responder a la crisis actual, de conformidad con los estándares de derechos humanos, los ODS, los objetivos climáticos y los compromisos de derechos humanos e igualdad de género.

Sobre el aumento de los ingresos públicos

  • Gravar los beneficios en exceso a las empresas multinacionales, especialmente a las que se benefician masivamente de la crisis actual.
  • Implementar reformas progresivas que graven fuertemente los ingresos, los activos y la riqueza.
  • Cancelar los tratados fiscales bilaterales desventajosos para los países en desarrollo.
  • Introducir un impuesto a los servicios digitales sin depender del proyecto BEPS de la OCDE.
  • Introducir una tasa impositiva corporativa efectiva y mínima globalmente que sea suficiente para financiar servicios públicos de calidad y protección social universal, pero sin que ningún país sea presionado a reducir su tasa impositiva corporativa existente.

Sobre la reforma de la arquitectura y las normas fiscales globales

  • Establecer una comisión fiscal intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas que pueda liderar el desarrollo de nuevos estándares fiscales globales progresivos a través de negociaciones transparentes en las que todos los países participen igualmente.
  • Apoyar una estrategia de reconstrucción global que será necesaria para evitar depresiones que tengan un impacto adverso en los trabajadores y comunidades más marginados.
  • Promover medidas de transparencia fiscal nacionales y regionales para identificar y frenar los flujos financieros ilícitos, mediante la promoción de informes públicos país por país para las empresas multinacionales y de registros públicos de beneficiarios finales de entidades y acuerdos legales.
  • Promover el intercambio automático de información para garantizar que todas las administraciones tributarias puedan acceder a la información que necesitan para frenar la evasión y elusión fiscal internacional.
  • Reforzar la lucha contra las prácticas fiscales nocivas que facilitan la fijación de precios incorrectos en las transferencias, la elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos, incluidos los incentivos fiscales, los servicios financieros extraterritoriales y los tratados fiscales perjudiciales.
  • Ampliar las obligaciones de debida diligencia contra el lavado de dinero y la corrupción a todos los guardianes del sistema financiero, incluidos abogados, contadores, fondos de cobertura, fondos de capital privado, agentes inmobiliarios, comerciantes de artes y antigüedades y agentes de formación corporativa.

Para aliviar la carga económica de los pobres y los vulnerables, también exigimos urgentemente que los gobiernos:

  • Pongan fin a los impuestos regresivos al consumo, como los impuestos al valor agregado y los impuestos sobre bienes y servicios, que aumentan la carga sobre los pobres y marginados.
  • Otorguen créditos fiscales a hogares monoparentales, microempresas, pequeñas y medianas empresas, personas de bajos ingresos, dependientes, etc.
  • Otorguen créditos fiscales a mujeres por trabajo de cuidados no remunerado.

No hay justicia fiscal sin justicia tributaria y económica. Pedimos a los estados para que cumplan con su deber central de proteger a sus ciudadanos y dar prioridad a los derechos humanos (no a los bancos, corporaciones y los ricos) y:

  • Embarcar en un camino fiscal que proporcione estímulos y apoyo a la economía real (no a actividades financieras especulativas) hacia estructuras, políticas y programas económicos equitativos y justos.
  • Implementar políticas de gasto fiscal que inviertan en servicios públicos de calidad para todos y sistemas de protección social universal.
  • Realizar las inversiones y ayudas públicas necesarias para asegurar:
    • Seguridad y soberanía alimentaria durante y después de la crisis.
    • Servicios públicos que cumplan los derechos y necesidades de las mujeres.
    • Servicios públicos que reconozcan, reduzcan, redistribuyan y socialicen el trabajo de cuidado no remunerado y la reproducción social
  • Implementar medidas de protección del empleo formal y de ingresos básicos de emergencia para apoyar a los trabajadores desempleados, informales y autónomos que viven en la pobreza.
  • Alejarse de las políticas económicas desacreditadas del neoliberalismo.

En la situación actual, los movimientos sociales enfrentan restricciones y represión para movilizarse contra políticas injustas. Sin embargo, esto no debe disuadirnos de luchar por un futuro justo y sostenible. Como una alianza global con miembros en cinco continentes, vemos esta crisis como una oportunidad para una movilización más amplia de la sociedad civil y la reconstrucción de un movimiento global contra las políticas económicas neoliberales. ¡Ahora, más que nunca, es el momento más crucial para unirnos e impulsar nuestra lucha por la justicia fiscal y una economía centrada en las personas!

 

Fuente: https://www.globaltaxjustice.org/

Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.

El socialismo democrático frente a liberales y antiliberales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adrián Velázquez Ramírez y Francesco Callegaro

Septiembre 10 del 2020

El socialismo democrático ha tenido relaciones conflictivas con autoproclamados liberales y diferencias fundamentales con quienes rechazan algunos de los fundamentos de la tradición liberal. Esta tensión puede ayudar a comprender los lineamientos ideológicos socialdemócratas, a la vez que alumbrar algunas de sus problemáticas posiciones actuales.

La reconstrucción de un lenguaje

El surgimiento de una derecha liberal con capacidad de movilización popular se nos presenta como un auténtico desafío político e intelectual. Dentro del amplio y heterogéneo espacio que es la izquierda, resulta indispensable reflexionar sobre cómo articular una oposición que, sin sacrificar los principios y objetivos que la identifican, también resulte efectiva para contrarrestar su avance. Un eje sobre el cual empieza a transitar este debate se relaciona con el lugar que tienen los valores liberales dentro de la propia izquierda.

La precipitación de esta discusión es entendible en la medida en que se percibe que parte de las llamadas «nuevas derechas» amenazan el propio marco de la democracia liberal con el que, por cierto, llegan al poder y cuyos recursos explotan. Las garantías que esta forma política parece ofrecer para mantener un espacio político son puestas en tensión por un discurso que no las considera esenciales para la vida en común. De ahí que lo que antes nos parecía un piso mínimo y hasta insuficiente se nos manifieste ahora como un objeto de deseo que nos convoca a emprender su defensa. Sin embargo, este acto-reflejo debe ser meditado y reflexionado. El peligro es que esta maniobra defensiva nos impida sostener el ímpetu de una crítica al liberalismo que ha sido sumamente productiva para el pensamiento democrático.

En tal sentido, es necesario revisar la relación histórica entre socialismo y liberalismo. Particularmente, es preciso hacer foco en la forma en que esa amplia tradición identificada como socialismo democrático produjo una crítica al liberalismo que funcionó como una plataforma desde la cual fue posible trazar principios y conceptos que han dejado una impronta en las democracias contemporáneas tan importante (o más) que el propio liberalismo. Con este objetivo, nos proponemos ofrecer un breve recorrido histórico-conceptual, focalizando en tres momentos de esta trayectoria. Intentaremos mostrar que, en la crítica dialéctica al liberalismo, el socialismo democrático fue generando un lenguaje político propio al cual es posible acudir para enfrentar el desafío actual, sin que ello signifique perder el rumbo.

Justicia social: el inicio de un camino

Luego de la Revolución Francesa, la invención del individuo como sujeto de derechos favoreció la disolución de la intrincada red de privilegios del Antiguo Régimen. La igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley permitió dar cauce a buena parte del impulso revolucionario. Sin embargo, y de forma un tanto paradójica, la luminosidad que prometía traer la figura del individuo emancipado fue acompañada por una densa sombra que envolvió inéditas relaciones de sujeción y coacción. La libertad de contratar o vender fuerza de trabajo, con la única condición de que esta transacción expresara el mutuo acuerdo entre las partes, contrastaba con la asimetría de los sujetos concretos que establecen este vínculo. Bajo la igualdad formal del discurso liberal yacía un mundo por descubrir y transformar. Dentro de este estado de cosas, el socialismo emerge durante el siglo XIX con el propósito de hacer inteligible ese ámbito de relaciones sociales.

Es precisamente del concepto de sociedad de donde el socialismo declinó su nombre. Y es aquí donde empiezan las diferencias –y también las confusiones– con la tradición liberal. Si el liberalismo decimonónico solo podía pensar lo social como una aglomeración de individuos cuya función coordinadora únicamente podía ser ejercida por el mercado en el marco jurídico definido por el Estado, para el socialismo la sociedad era un torrente complejo en donde coexisten grupos sociales, tradiciones culturales y lazos de interdependencia. Desde este parámetro, el individuo formal y abstracto no podía ser considerado como otra cosa que como una ficción. Esta crítica, sin embargo, no implicó una reacción antimoderna. Por el contrario, la idea del socialismo surge en las décadas de 1820 y 1930 para enfrentarse a la reacción contrarrevolucionaria, con el propósito explícito de salvar la revolución, desplazando y relanzando sus ideales.

Socializar la libertad significaba completar la tarea revolucionaria poniendo sus conquistas al alcance de todos, buscando establecer la solidaridad ahí donde se descubría subordinación. En este punto resulta central advertir la torsión socialista del concepto de libertad. La idea fundante del liberalismo solo podía ser preservada siendo alterada. A la concepción negativa de la libertad, pensada como ausencia de interferencia garantizada por las leyes, los socialistas opusieron una concepción positiva de la libertad, que buscaba englobar los derechos en un conjunto de obligaciones vinculantes, fruto de las relaciones sociales y su redefinición política y jurídica. Esta idea socialista de libertad puede resumirse con las palabras de Pierre-Joseph Proudhon (que expresan un núcleo de sentido compartido por todos los socialistas, desde Saint-Simon hasta Karl Marx y más allá): «El hombre más libre es aquel que guarda más relaciones con sus parecidos».

Es a partir de esta creación conceptual, en la cual se condensa la superación socialista del liberalismo, como se puede y se debe entender su aporte distintivo a la cultura política moderna. A partir de esta nueva manera de entender la libertad como libertad social, fruto de las relaciones sociales y de su dinámica antagónica, el socialismo llegó a la conclusión de que solo en la realización de la justicia social era posible sostener el proyecto moderno. Parido por esos seres extraños que fueron los saint-simonianos, la silueta de la justicia social iniciaba ahí donde el liberalismo acababa. A partir de este momento, el término se convirtió en un principio dinamizador que modificaría y daría sustancia al propio horizonte democrático.

Pluralismo social: el viraje institucional

El efecto dinamizador del principio de justicia social alcanzó un nuevo cénit en las primeras décadas del siglo XX. La progresiva organización de la sociedad fue dando origen a distintas asociaciones que lograron reinscribir al individuo en múltiples pertenencias más allá del Estado. El reconocimiento jurídico de estas asociaciones estuvo lejos de ser un camino montado en terciopelo. Para el liberalismo, los clubes, partidos, mutuales, cooperativas y sindicatos representaban un cuerpo extraño situado entre el Estado y el individuo, pues solo podía interpretarlas en el marco del derecho privado. Es decir, en tanto las consideraba como privadas de toda incidencia política efectiva. En este punto también se entiende la relación de tensión entre socialismo y liberalismo. Lo propio del socialismo no ha consistido, en efecto, en la reivindicación de la autonomía de la sociedad civil y de sus asociaciones: en este punto sería imposible distinguirlo del liberalismo. El socialismo ha defendido las asociaciones en su capacidad perturbadora del reparto liberal de lo sensible, caracterizado por la división entre lo público-estatal y lo privado. Por el contrario, es en el carácter excedente de lo social donde el socialismo ha encontrado un argumento para interpretar las asociaciones como una forma de organización capaz de fortalecer los lazos de solidaridad que al mismo tiempo condensaba las dinámicas políticas.

Esta trayectoria ascendente de organización social tuvo en la idea de derecho social uno de sus puntos culminantes. De talante socialista, el derecho social fue un proyecto que intentó sintetizar y formalizar la centralidad que había logrado este pluralismo de asociaciones reconociendo su capacidad para crear vínculos jurídicos, transformándolas con ello en instituciones indispensables para la organización de la solidaridad social. Se trataba de crear una nueva rama jurídica que descentraba la importancia del derecho emitido desde el Estado y le otorgaba al pluralismo social un lugar estrictamente político que nuevamente trastocaba el marco liberal. El derecho es entonces social porque procede de la sociedad y sus grupos organizados, no porque se ocupa de cuestiones «sociales» o «económicas». El énfasis está puesto en su modo de producción (social) y solo secundariamente en su objeto.

En efecto, este pluralismo excede por mucho la forma en que era interpretado este valor desde la tradición liberal, pues no se agotaba en la tolerancia a la diversidad de corrientes de opinión presentes en el espacio público ni a la discusión entablada ahí. Se trataba, por el contrario, de hacer de la pluralidad de asociaciones verdaderos puntos cardinales de la función de gobierno. La tensión con la distinción entre Estado y sociedad civil resultaba inevitable. Este pluralismo social no negó las instituciones tradicionales de representación basadas en el ciudadano individual (una persona, un voto) como el Parlamento, sino que buscó su complementariedad y ampliación a través de instancias de participación colectiva o gremial, como los Consejos Económicos y Sociales, que en algunos casos lograron un estatuto constitucional.

Tal fue la conmoción que provocó esta tendencia a la autoorganización democrática de la sociedad que intelectuales como el jurista León Duguit en Francia o el politólogo Harold Laski en Gran Bretaña dieron por superado el principio de soberanía estatal. Si en este entramado pluralista el Estado era solo una entre otras asociaciones, no cabía entonces pensar esta nueva realidad desde el prisma de un principio que se presumía indivisible. Ante esto, Duguit se propuso repensar la función del Estado desde la idea de «servicio público» y Laski ensayó una teoría pluralista del Estado retomando el federalismo social de Proudhon. En esta misma perspectiva, se sitúa la anticipación sociológica del Estado social como Estado de la sociedad, sensible en los trabajos de Émile Durkheim y Marcel Mauss, en tanto acentuaron la función de un centro de gobierno encargado de introducir y sostener las mediaciones necesarias a la producción democrática del derecho social, desde una visión renovada de la nación.

Estado social y democrático de derecho: la definición de un proyecto político

Esta tendencia a la democracia social llevó al pensamiento político de la época a proyectar nuevos dispositivos constitucionales que permitieran asegurar una instancia de gobierno capaz de coordinar este pluralismo social. Este es el problema que nos conduce a nuestra última parada. Fue el socialista democrático Herman Heller quien logró dar lugar a la formulación «Estado social de derecho» en la historia de los conceptos. Se trató de una formulación que, en la segunda mitad del siglo XX, permeó de manera profunda nuestra comprensión de la democracia y su diseño institucional.

En la invención de este concepto volvemos a encontrarnos con el mismo gesto dialéctico en relación con el liberalismo. El Estado social de derecho era, al mismo tiempo, una crítica al Estado de derecho liberal y burgués y una superación de este en la que se conservaban algunos de sus elementos principales. Es justamente en la selección retrospectiva de las libertades dignas de valor donde se puede medir el sentido de la superación socialista del liberalismo: para Heller, el liberalismo que merecía ser preservado era el de los derechos susceptibles de abrir un espacio político antagónico, condición de posibilidad de la puesta en cuestión de las relaciones de producción. En su justificación del Estado social de derecho, Heller aducía que la adhesión del proletariado a las instituciones y procedimientos de la democracia representativa había provocado una ampliación y una transformación tanto de los valores del liberalismo como de sus instituciones. No solo eso, sino que la falta de voluntad de una burguesía entorpecida y cínica para aceptar estos cambios y ser coherentes con sus propios principios había apartado definitivamente a las clases dominantes del sendero democrático y las había puesto en el camino de la dictadura, tal como lo evidenciaba el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania.

Heller nos ofrece así, al igual que otros sociólogos socialistas, una grilla de lectura que sigue vigente, en tanto nos permite entender que el liberalismo no contiene dentro de sí los propios antídotos de su deriva autoritaria. Paradójicamente, librado a su suerte, el liberalismo sienta las bases de su propia negación y solo se preserva en su superación socialista. Para Heller, solo en el marco de un Estado social de derecho el liberalismo podía conservar su vitalidad, siendo parte subordinada de una democracia ampliamente pensada y realizada como el aspecto definitorio de una nueva forma de vida. Esta democracia estaba caracterizada por la participación efectiva de los grupos en las decisiones del gobierno a partir de las mediaciones necesarias para hacer del antagonismo social un principio productivo y generador de orden. Las libertades que aseguraban la participación social y política representaban, en este sentido, una condición indispensable para que el Estado pudiese cumplir cabalmente su función social: la de organizar la cooperación social.

Detrás de la máscara neoliberal

La reconstrucción de la tradición del socialismo democrático nos permite comprender la génesis de nuestro presente y vislumbrar la salida del aparente laberinto en el que nos encontramos actualmente. En sus fuentes intelectuales, el neoliberalismo se perfiló como un contraataque frente al auge del socialismo democrático, tal y como pudo expresarse –parcial, pero de manera concreta– en los Estados sociales de Europa y América Latina. Friedrich Hayek estuvo entre los liberales más lúcidos al respecto, pues identificó las coordenadas principales del proyecto que había que desmantelar: la justicia social resultaba, ante sus ojos, un sinsentido que había llevado a la propia subversión del liberalismo. Al traer al centro de la escena el conflicto entre los grupos sociales, la justicia social condujo a un fatal punto de inflexión para el Estado que era necesario remediar. En este sentido, el neoliberalismo no surgió para agregar un complemento político y gubernamental al liberalismo económico del siglo XIX, sino más bien para reafirmar la misma tradición liberal, económica y política con el objetivo de frenar la tendencia al gobierno democrático de la sociedad.

El ataque neoliberal ha vaciado la democracia, reduciendo su sentido a la gestión administrativa de los costos del capitalismo a través de mecanismos mínimos de subsistencia y precarización. Sobre todo, ha acabado imponiendo una forma de pensar que hace ilegible la sociedad, al reducir cualquier relación social a un encuentro interesado entre individuos en el mercado. Sin embargo, no todo ha sido destruido. La tradición del socialismo democrático no solo está grabada en nuestra memoria, sino que también persiste en la letra de nuestras constituciones formales y en algunas de sus instituciones. Sobre todo, está presente como promesa en todas partes donde no se resigna al olvido la promesa de justicia social y los derechos y obligaciones comunes que este principio conlleva.

En un momento en el cual la crisis del neoliberalismo se agudiza y que de sus ruinas vemos emerger un nuevo «monstruo político» –al cual nos apresuramos a calificar de «populismo» o «neofascismo»–, lo que necesitamos no es defender el liberalismo tout court, sino más bien volver a recorrer la senda del socialismo democrático, en tanto engloba los valores liberales y sobrepasa sus instituciones. Se trata de una tarea que supone una alianza intelectual y política, pues requiere la capacidad de sostener una mirada a la vez histórica, sociológica y jurídica sobre las prácticas, capaz de resaltar la presencia activa de aquellas tendencias que, en respuesta a la deriva autoritaria del neoliberalismo en crisis, apuntan hoy a la definición de nuevos derechos sociales, como ya lo evidencia el debate actual, llevado adelante por movimientos y partidos, en Europa y América Latina, sobre la renta ciudadana y el salario social. En la comprensión de la radical diferencia entre una y de otra alternativa se juega toda la tensión que a la vez vincula y separa el liberalismo del socialismo democrático.

Fuente de información e imagen: nuso.org

Enviado a SURCOS por Isabel Ducca Durán.

El día después

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Arnoldo Mora Rodríguez

El título de este artículo evoca uno similar de una película, que trata de imaginar lo que sería el mundo unos días después de que la humanidad sufriera una hecatombe nuclear. Para evitar ese desolador panorama, he pergeñado algunas reflexiones que, partiendo de la premisa de que, si bien se reconoce que nada después de esta pandemia será lo mismo, tampoco tiene porqué ser peor, sino todo lo contrario; pero, para ello se requiere que tomemos conciencia lúcida del papel que ahora nos corresponde asumir.

La pandemia que hoy (pre)ocupa a la humanidad entera, haciendo que ponga todos sus recursos científico-tecnológicos más avanzados y sofisticados, invierta ingentes recursos económicos, readecúe a las exigencias del momento sus prácticas políticas y cuestione el “orden“ jurídico con que ha regido las relaciones de poder en el ámbito público, por no hablar de los cambios radicales y vertiginosos en los valores que determinan la vida privada y el universo cultural y axiológico, tiene su origen en el ámbito biológico con repercusiones graves e irreversibles en la salud de la población; pero afecta, en no menor medida, las estructuras económico-sociales y el ejercicio del poder político. Estamos, en consecuencia, ante una profunda ”revolución” en todas las dimensiones de la vida humana; un nuevo hombre está a punto de surgir de la actual crisis con la rapidez propia del actuar humano, mayor que la que caracteriza a los procesos evolutivos de la Naturaleza; el ser humano posee un tiempo que rige los acontecimientos de la historia de la humanidad, que es significativamente más veloz que aquel que ha creado la Naturaleza para llevar a cabo los saltos cualitativos que jalonan las etapas de la evolución.

Pero lo grave de estas diferencias entre uno y otro proceso, es que nuestra mente está hecha para reaccionar según los ritmos de la Naturaleza, dado que nuestro cerebro es el creador de la cultura, pero es producto de la evolución; hay aquí una especie de esquizofrenia, que actualmente constituye una enfermedad tan perniciosa como la que causa en la salud orgánica la covid-19. De ahí que lo más urgente hoy en día es, no sólo lograr lo más pronto posible una vacuna eficaz y fácilmente accesible a todos los pueblos del mundo, sino también tomar lúcida conciencia de que estamos ante uno de los más radicales y vertiginosos cambios de la historia en todos los ámbitos del quehacer humano, provocados por el propio homo sapiens gracias al poder que le confiere la revolución científico-tecnológica de los últimos cinco siglos.

A fin de convertir esta crisis en un trampolín que nos posibilite dar un salto cualitativo, debemos usar el poder político que hoy emplea un tanto irresponsablemente el ser humano. Para ello, pienso que lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que el retorno al status quo, es decir, a la situación como la que vivía la humanidad antes del inicio de esta pandemia y que dio origen a la misma, no es dable. La dialéctica que rige los procesos históricos, se inspira en la conciencia del tiempo concebido como instante, entendiendo por tal la condición única e irrepetible del devenir en su dimensión cuántica; el reloj que marca el trascurrir del tiempo no tiene marcha atrás, es un modelo de vehículo que no tiene reversa; en consecuencia, sólo nos cabe planificar nuestro futuro asumiendo nuestra libertad tal como la concebían San Agustín y Leibniz, esto es, como la opción inspirada en criterios axiológicos, cuyo único fin es la procura de la convivencia humana, concebida ésta como algo más y mejor que el instinto gregario con que se rigen los primates; lo cual significa pasar de la sobrevivencia a la convivencia, hacer que la vida social propicie una experiencia comunitaria; no olvidemos que “comunidad” tiene su raíz etimológica en el término “común”, lo cual significa que los bienes producto de la acción humana tienen un fin común, están llamados al disfrute de todos; en consecuencia, la única razón de ser del ejercicio del poder político es contribuir eficazmente a crear las condiciones objetivas (instituciones) y subjetivas (educación) de una sociedad justa, equitativa y solidaria para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Tradicionalmente la filosofía reduce estos valores supremos a tres: la verdad, el bien y la belleza; lo cual equivale a decir que el saber, sobre todo el derivado de la aplicación del método científico, tiene como finalidad la procura del bien y el disfrute del placer estético.

Cómo lograr hacer realidad esta utopía en respuesta a la crisis que nos agobia, es tarea que a todos nos incumbe. Para ello, debemos poner desde ya los cimientos de un nuevo orden mundial. Pero no debemos pretender hacer tan descomunal tarea si no comenzamos por poner orden en nuestro entorno más cercano; si queremos cambiar el mundo, debemos comenzar por cambiar nuestro propio país. Concretamente, en el caso de Costa Rica el mayor logro de nuestra historia ha sido la creación del Estado Nacional en el siglo XIX y la alfabetización de la mayor parte de la población, gracias a las reformas liberales en las décadas que van de ese siglo al siguiente. A partir de entonces, vendría la creación del Estado de Derecho llevada a cabo por la generación del Olimpo y luego la forja del Estado Social, propuesta por el Partido Reformista del General-sacerdote Jorge Volio y realizada por la alianza entre el Presidente Calderón Guardia, el Arzobispo Víctor Manuel Sanabria y el líder del Partido Comunista Manuel Mora Valverde. Todo lo cual culminó en la creación de la II República, liderada por José Figueres Ferrer e inspirada en el ideario del Centro de Estudios para la Realidad Nacional, creado bajo la guía de Rodrigo Facio. Gracias a este largo e inspirador proceso, en el cual intervinieron los más ilustrados e influyentes sectores políticos, se emprendió la modernización de la sociedad costarricense; proceso liderado por un fuerte y creciente Estado Nacional, que propició el ascenso de una clase media formada profesionalmente por la Universidad de Costa Rica, reformada por el Rector Rodrigo Facio.

Lo anterior se hizo posible gracias al surgimiento de una poderosa clase media, que hasta 1985 mantuvo una fuerte alianza con los sectores oligárquicos tradicionales. Concretamente, fue en la primera Administración de Oscar Arias que la oligarquía criolla se propuso asumir en solitario el monopolio del poder; desde entonces, la clase media ha venido sistemáticamente siendo despojada de todos sus logros, se ha visto sometida a un proceso implacable de empobrecimiento y precarización. Debido al ascenso de sectores urbanos de ideología socialdemócrata, que desplazaron a la alianza socialcristiana-socialista de la década de los 40s., los más importantes de esos logros se mantuvieron. Hoy, para mantener esas conquistas y no precipitarnos en el caos y la violencia desenfrenada que han sufrido países vecinos, se impone forjar otro contrato social por parte de un nuevo sujeto histórico, que sea configurado por la alianza estratégica entre las capas medias, los propietarios pequeños y medianos, el sector agrario, profesionales independientes, funcionarios y empleados públicos y las clases populares. La mencionada alianza sólo se logrará si los sectores sociales, sobre cuyos hombros la oligarquía pretende cargar la crisis global que hoy sufre nuestro país, asumen un papel protagónico.

La pandemia no ha hecho sino poner en evidencia la crisis de hegemonía, que tradicionalmente ha asumido la alianza de la oligarquía con el capital trasnacional, en el que recientemente la despótica oligarquía centroamericana afincada en nuestro país, tiene un papel significativo. Hoy se impone, como un imperativo histórico de nuestra democracia, poner los cimientos para crear la III República basada en la alianza de los sectores medios y populares. Se encaminan en ese sentido pasos como los dados con la firma de un documento dirigido a los diputados y que es encabezado por el Arzobispo de San José; aunque todavía no estamos cerca de lograr la meta de construir una mejor y más sólida democracia, debemos ver en esos gestos los primeros pasos de ese anchuroso y esperanzador camino también. Las reformas deben comenzar por incidir en una mayor justicia distributiva y tributaria. Las oligarquías criollas, como en 1948, deben pagar el costo de la reconstrucción de la economía y no los sectores populares y medios. Si la minoría plutocrática no quiere entender que deben asumir el peso mayor de la reconstrucción del país, deben saber que, con ello, están atizando un estallido social como nunca lo ha vivido el país; con lo cual todos perderíamos, pero ellos mucho más; porque sería encender una chispa cerca de un barril de pólvora; está en sus manos ceder en aras de la justicia social, porque las dinámicas de las reformas sociales no permiten retrasos. No podemos retroceder a la Costa Rica anterior a 1940.

Para lograr sus objetivos, los sectores populares deben forjar un frente patriótico en vistas a realizar un programa mínimo, que suscite el consenso mayoritario de todos los sectores objetivamente afectados por esta crisis global y planetaria que hoy golpea, con no menor dureza, a nuestro propio país; todo teniendo como meta, no sólo soluciones de momento, sino igualmente reformas que consoliden y profundicen nuestro mayor logro histórico: el Estado Social de Derecho. Para ello debemos comenzar por defender a ultranza las instituciones que han demostrado ser los pilares de nuestra democracia, como son la Caja Costarricense del Seguro Social, los bancos estatales, la educación pública, especialmente las universidades a quienes debemos, no sólo la formación de profesionales competentes y honestos, sino la investigación científica en su totalidad, cuya importancia ha quedado de manifiesto hoy más que nunca y todo el sector público hoy tan injustamente denigrado. A los partidos políticos que se opongan a este plan de reformas, el pueblo soberano debe pasarles la factura en las próximas elecciones. Por su parte, las organizaciones populares deben dar prioridad a la formación de cuadros y dirigentes locales, en vistas a la formación de la conciencia cívica de los más amplios sectores y de la conquista de la conciencia ciudadana. Las proclamas de Juanito Mora y las enseñanzas de D. Joaquín García Monge, nos convocan a esta cita con la historia. Porque el mañana ha comenzado ya.

Enfoque sobre elección en UCCAEP

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Nocarum nos ofrece su lectura de la elección de presidencia realizada en la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Le invitamos a escuchar su análisis.

Chile: ¿Medio siglo después, los latinoamericanos aprendimos algo de aquella tragedia histórica?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

La avalancha de lugares comunes, de frases acartonadas repetidas hasta el cansancio, la repetición de verdades a medias, o de mentiras a lo sumo piadosas, el encierro dentro de las percepciones colectivas de nuestro entorno, propias de algunos grupos o clases sociales o de los “patriotismos” adscritos a los estados nacionales, las que nos impiden –por así decirlo- ver más allá de nuestra propia nariz, conforman un conglomerado de equívocos y sinrazones inconmensurables, las que han terminado por petrificar e imposibilitarnos la asunción del “recuerdo” de un acontecimiento histórico determinado, como algo que vaya más allá de los mitos o de las profecías autocumplidas o no, acerca de la imposibilidad de escapar a la fatalidad de un cierto destino “histórico” que nos acecha, sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer, llevándonos en muchos casos a sumirnos en las más inútiles y esterilizantes lamentaciones. Sucede así que el hecho histórico, en su especificidad, es por lo general asumido de manera fragmentaria, dentro de la óptica de un cierto presentismo y de una ubicuidad espacial a ultranza que nos impiden captar el sentido y la presencia de poderosas corrientes sociales, las que van mucho más allá del hecho en sí mismo, y que actúan como poderosos ríos subterráneos que amenazan con arrasar cualquier esperanza para una acción, de verdad revolucionaria en términos de la praxis y  de la forja del conocimiento, a partir del cual aprendamos de verdad de las enseñanzas implícitas en los acontecimientos históricos, conduciéndonos a retomar los caminos de la acción y la rectificación de lo actuado en cierta coyuntura, recuperando la memoria de nuestros muertos y de nuestros combatientes, aún en medio de la desesperanza, destacando el sentido de esas luchas para que no terminen siendo cooptadas para los intereses de unas clases dominantes que no han cesado de vencer (Walter Benjamin, dixit, sexta tesis sobre la historia).

La conmemoración de los cincuenta años del triunfo electoral de la Unidad Popular Chilena (el 4 de septiembre de 1970) y de los trágicos acontecimientos, acaecidos tres años después, exteriorizados en un primer momento por la brutal naturaleza del golpe militar del 11 septiembre de 1973, con el  que se puso fin al gobierno del presidente Salvador Allende (los mil días de la Unidad Popular Chilena) y se dio inicio a una era, no sólo de terror y de muerte masivas,  sino también de una reingeniería social retrógrada con pérdida de las conquistas sociales y económicas, alcanzadas tras décadas de duras luchas de la clase trabajadora, no sólo en Chile, sino en el resto de los países de la región( Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Ecuador), debe ir acompañada de un cuidadoso análisis de lo que en efecto ocurrió. Sin dejar de destacar la importancia de los hechos del 11 de septiembre de 1973, ubicándolos en su contexto nacional y dentro de la especificidad de la historia chilena, no podemos dejar de insistir en que se trató apenas de una parte de un evento histórico de más larga duración, y con alcances geopolíticos que trascienden con mucho los hechos luctuosos, tanto de aquel día como de los terribles años que siguieron. El golpe militar en Chile, considerado desde una perspectiva más amplia, fue apenas una parte de una contrarrevolución global y regional que se tradujo en el Plan Cóndor y cuyos orígenes pueden llegar hasta los tiempos del golpe militar contra el general Juan Domingo Perón, en el mes de septiembre de 1955 o bien, al derrocamiento del presidente brasileño Joao Goulart, en abril de 1964, con los que se puso fin a la era de los odiados “populismos” peronista y varguista en los dos países más extensos de la América del Sur.

La falta de reflexión crítica y la ausencia de una construcción de conocimiento que permitan superar (dialécticamente) esos “agujeros negros” de nuestra historia contemporánea, en todos los países de la región, siguen siendo los factores que impiden a muchas gentes de la “izquierda” mirar en retrospectiva, e intentar acercarse a lo que efectivamente ocurrió hace medio siglo, mientras otra encrucijada histórica tan temible como aquella nos envuelve ahora, sin que hayamos sido capaces aún de sacar las lecciones de lo ocurrido entonces y la importancia de dimensionarlo en sus alcances. El pico más alto de la represión en aquellos tiempos del Plan Cóndor no fue el que tuvo lugar en Chile, a pesar de lo dura que fue allí la represión, más bien fue la dictadura militar argentina, de más corta duración es cierto (1976-1983), precedida por la criminal traición de la derecha peronista, la que marcó el exterminio de toda una generación de jóvenes revolucionarios e importantes líderes y militantes de las organizaciones de la clase trabajadora, con más de treinta mil detenidos desaparecidos, además de que la Argentina fue desindustrializada en beneficio del capital financiero y de los intereses imperialistas durante esos años, tal era el odio hacia la clase obrera que tenía la vieja oligarquía rural en el país situado al otro lado de la Cordillera de los Andes. Empecemos por la verdad y un dimensionamiento más aproximado de lo ocurrido para empezar a marchar de nuevo, tal vez a la manera de Sísifo pero esperanzados y poniéndole cara a la realidad.