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Paralelos en la confrontación al Covid-19 en Centroamérica

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Marlin Óscar Ávila

22 de junio de 2020

La mayoría de los países de América Latina padece del flagelo de la corrupción, por lo que pensar que la llegada de una pandemia como la Covid-19 no fuese aprovechada por los círculos de poder político y empresarial para aumentar sus caudales económicos sería un tanto ingenuo. No ha habido oportunidad en que los círculos de poder, particularmente los más apegados al modelo neoliberal, no hayan aprovechado para enriquecerse ilícitamente. El caso de la empresa de construcción brasileña Odebrecht, quien repartió fuertes coimas en no menos de una docena de países, es uno de los mejores ejemplos de esta campante corrupción. Sin embargo, ninguna de las oportunidades de defraudar los bienes y finanzas del Estado había tenido como denotación salvar vidas humanas de forma global y, el fraude ha sido tan inhumana y grotesca como la que actualmente vivimos con esta pandemia del Covid-19.

Insigth Crime del 9 de junio 2020, dice que “A medida que América Latina emerge como el nuevo epicentro global de la pandemia de coronavirus, la corrupción ha proliferado, con políticos e intermediarios que rápidamente se llenan los bolsillos.”

Centroamérica ha sido una región dominada por líneas ideológicas predominantemente conservadoras desde el siglo XIX. Eso ha hecho que un tramo de territorio continental pequeño [1]y, una población de aproximadamente 50 millones de habitantes, con una densidad no más de 385 hab/km2 en una extensión de 523 000 kilómetros cuadrados,  que sus siete países se constituyeran en repúblicas soberanas, hace poco más de 500 años, sin llegar a unirse en una sola federación para administrar políticamente sus recursos, constituyéndose más bien en un grupo de países en competencia constante por recursos económicos en el mundo global. Todos ellos mantienen una amplia brecha entre ricos y pobres, además de un subempleo y desempleo que ronda el setenta por ciento de su PEA. Sus élites económicas llenas de mezquindad rosan con lo absurdo, incluyendo agendas ideológicas que terminan siendo motivo de manipulación político-económico internacional.

Así es que, cada país tiene un sistema de salud con ciertas diferencias, dependiendo de negociaciones logradas por las omnipresentes agencias del FMI, BM y BID, en cuanto a “liberalizar” los programas públicos hacia el sector privado. Por este motivo se distingue a los de Nicaragua y Costa Rica, como únicos con sistemas universales de servicios públicos por ser los que más se han resistido a la privatización. Los demás han cedido al fuerte asecho de organismos internacionales para convertir la salud en un negocio privado. Honduras se distingue entre los países que más ha privatizado su sistema, dejando en una calamidad su sistema hospitalario, que pareciera sufrir una grave embolia pulmonar en este momento.  

Es decir, los círculos del poder local han venido haciendo negocio hasta de los “cueros y huesos” del sistema de salud pública que fuera construido en el siglo pasado, pero con la pandemia, el tema de salud pública, resalta internacionalmente y se ha visto como una nueva oportunidad de enriquecerse, aunque esto signifique una violación flagrante al derecho humano, al derecho público y a la esencia del servidor público dentro de las instituciones del Estado, convirtiéndose en una especie de crimen de lesa humanidad.

Insigth Crime continúa diciendo[2] “En Honduras, el gobierno compró pruebas de coronavirus a $ 100 cada una de tres intermediarios que habían comprado las pruebas por solo $ 4 por unidad de China. En Guatemala, el gobierno compró máscaras N95 por 18 veces su valor de mercado a un empresario que previamente había sido condenado por cargos de corrupción.” Pero el gobierno hondureño adquirió, desde mediados de marzo, aproximadamente 7 mil millones de dólares, más que ningún otro país de la región, que aún no se logra saber adónde están, pese a los constantes y variados reclamos de muchos sectores sociales e incluso, de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) en la zona norte. Este lunes 22, su director ejecutivo Pedro Barquero, dijo “Cómo es posible que en medio de la muerte de estas 300 personas se estén mal utilizando recursos públicos pagando 100 mil dólares por una cama en una carpa cuando en el vecino país de El Salvador se gastan 37 mil dólares por cama en una construcción de cemento”, recriminó.[3] En resumen, solicitó transparencia de parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y que rindan cuentas a la población en qué han invertido cada lempira que se les ha asignado. Y es que Invest-H supuestamente compró dos o tres hospitales móviles por 47 millones de dólares entre marzo y abril, sin embargo, solamente se ha visto una carpa de plástica instalada en la zona norte, sin utilidad alguna.

Esta misma fuente, Insight Crime, señaló[4] que “una investigación del sitio de noticias guatemalteco Nómada que encontró que el gobierno guatemalteco aún no ha gastado un solo dólar de dinero de ayuda de varias organizaciones, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en contratos para necesidades de salud pública.”

“La escala exacta del fraude contractual y la interrupción del gasto es difícil de estimar, ya que los gobiernos han limitado la cantidad de información que ponen a disposición del público. Algunos líderes, como el presidente Nayib Bukele en El Salvador, simplemente se han negado a revelar cómo y dónde han asignado contratos y gastos de emergencia.”

Fuertes dificultades se notan en el caso guatemalteco, cuando se califica, al igual que en El Salvador, de ausencia de transparencia en el manejo de los recursos definidos para combatir la pandemia, de muchos millones de quetzales aprobados por su Congreso Nacional. Como sucede en Honduras, el personal sanitario reclama los insumos indispensables, equipos de bioprotección, medicamentos y mascarillas. Esa opacidad existente en estos países del llamado triángulo norte, no hace más que sugerir un alto nivel de corrupción.[5]

Similitudes y diferencias

Los gobernantes, con excepción de Costa Rica, dieron prioridad a lo político, más que a la salud. En toda la empresa privada dominante (poder fáctico) presiona por abrir lo más pronto el mercado, sin embargo, ha sido otra vez, Costa Rica, donde la industria del turismo ha presionado fuertemente, donde no sede ante tales presiones, dando prioridad a la salud pública, en la medida de lo posible. Quien siempre ha dado prioridad a lo económico ha sido el gobierno nicaragüense, cediendo poco a poco las medidas recomendadas por la OMS y OPS para detener la línea ascendente de contagios.

En la región se distinguen tres países por la gravedad de la pandemia con un índice de contagios mayor que los otros cuatro. Panamá, Guatemala y Honduras.  Hoy en día, 22 de junio, 2020, Panamá reporta 26,752 casos; fallecidos, 521; recuperados clínicos, 14,664; pruebas realizadas, 109,990.[6] Guatemala, a 99 días de haberse detectado el primer contagio de coronavirus, la cifra total de casos llega a 12 mil 755, según información del Ministerio de Salud. El 20 de junio, hubo 246 nuevos casos, 31 fallecimientos, pero el día anterior se dieron 34 decesos, con 139 recuperados. [7] Honduras, al día 22 de junio de 2020, contabiliza 13,356 casos de Covid-19, incluyendo los de este día que suman 584 personas, 385 total de fallecimientos, sumando los 32 nuevos de este día, los recuperados aumentaron 69 personas para llegar al total de 1,362. Hay hospitalizados 1,093, de los cuales hay 366 en situación grave y 48 en cuidados intensivos. [8]

En estos tres países las capacidades de atención a nuevos pacientes están en cero (0), aunque en el caso de Guatemala, al cambio de la cúpula ministerial en salud el pasado viernes, se espera abrir algunos espacios y obtención de algunos recursos.

Una de las mayores semejanzas entre estos países es sus niveles de corrupción. Según Transparencia Internacional, de 0 a 100 puntos, Guatemala y Honduras tienen un mismo índice de 26, y Panamá tiene 36 puntos. [9];[10]

Guatemala y Honduras, tuvieron una lucha interna por expulsar los dos instrumentos internacionales que a través de la presión ciudadana local y algunos esfuerzos de la comunidad internacional habían instalado contra la corrupción y la impunidad, el primero en Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU, y la MACCIH [11], en Honduras, ambas expulsadas por los círculos de corrupción dominantes en cada Estado el año 2019. Haber logrado la expulsión de unas tres docenas de asesores internacionales de ambos países, consolidó la fuerza de los grupos de poder locales que manejan las redes de corrupción locales. En el caso hondureño, la complejidad es mayor, porque no solamente hay redes de corrupción expertas en extraer fraudulentamente recursos del Estado, como ocurre en Guatemala, en una combinación de la clase político-empresarial y militar construidas en los últimos doce años[12], pero enriquecida por una especie de sinergia entre los mismos actores, constituyéndose en un cartel de producción y comercialización de drogas y otros negocios ilícitos, que incluyen unas redes del crimen organizado, ligados internacionalmente desde Suramérica, hasta los Estados del Norte de América y Europa. El poder constituido en Honduras es como tener un Chapo Guzmán, tomando decisiones sobre una red corrupta y a Pablo Escobar dirigiendo el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional[13], ambos en habitando en el espíritu del presidente de la República de Honduras. Así que el nivel de ética y moral que existe en el actual gobierno no es más elevado que el que pudieron tener estos dos personajes juntos bien conocidos por la DEA[14]. Los escrúpulos que pueda tener el gobernante Juan Orlando Hernández[15], de producir los daños humanos que actualmente se dan en Honduras, por la pandemia, no se diferencian en nada a los escrúpulos que pudiera tener ninguno de los personajes citados arriba, siempre que las consecuencias de sus actos aumenten su ya sustancioso capital.  Lo irónico del caso es, el apoyo irrestricto que ha obtenido, hasta esta fecha, por las actuales autoridades de los EUA.

Nicaragua y El Salvador

Los gobiernos de ambos países se han enfrascado en una fuerte controversia con las respectivas oposiciones políticas.

Así que opacaron la capacidad científica instalada existente haciendo caso omiso a instituciones, médicos especializados y asesoría de organismos como la OPS y OMS, buscando protagonismo como “grandes estadistas”, aislados de quienes tienen autoridad científica para tratar el problema grabe de salubridad. Los casos más visibles han sido los del presidente de El Salvador, Nayibe Bukele y de Nicaragua, la pareja gobernante de Daniel y Rosario Ortega. Ambos gobernantes hacen sentir su compromiso por el bien común, por hacerse conocer por sus obras en favor de las mayorías y de los pobres.

Sus diferencias, son en algunos aspectos importantes, como es la experiencia y recorrido político de Daniel Ortega, dirigente del FSLN desde la primera conquista del poder en Nicaragua en 1979 y el alto grado de narcisismo en Bukele, con una corta experiencia en la vida pública.

El presidente Bukele se ha distinguido por muy escasa humildad de gobernante, su manejo de la pandemia inició siendo admirado por tomar medidas tempranas y supuestamente adecuadas. No obstante, más temprano que tarde, su riña con la oposición política, que controla los otros dos poderes del Estado, ha sobresalido más que la solución a la pandemia, que pareciera estar ahora descontrolada. Es una figura mediática que logra atraer la atención pública, pero se le critica por irrespetar el marco legal republicano y por aparecer un tanto opaco en cuanto al manejo presupuestario, así como de inmiscuir a sus parientes en funciones pública. Estos últimos aspectos no lo diferencian del gobierno nicaragüense. En fin, sus diferentes modelos de respuesta a la pandemia, habrá que evaluarlos en unos meses o un año después.

Dejamos a Costa Rica aparte, no por creer que es “la Suiza centroamericana”. Este país ha estado con serios problemas financieros y su presidente, Carlos Alvarado, estaba en muy bajo nivel de popularidad cuando llegó la Covid-19. Fue precisamente la pandemia que le salvó parte de su prestigio, porque a diferencia de las otras administraciones de la región, decidió centralizar en su Ministro de Salud, Daniel Salas, epidemiólogo de profesión, todas las decisiones estratégicas y coyunturales para combatir la pandemia. Ordenó a todas las dependencias del ejecutivo, autónomas y centrales, colocarse a las órdenes de su joven ministro de salud. El otro aspecto que contribuyó, como ocurrió con Nicaragua, es que, pese a las presiones de los organismos multilaterales para que privatizara los servicios de salud pública[16], su clase trabajadora logró resistir las presiones[17], manteniéndose las estructuras de un sistema universal de salud[18].

Es así como, después de Belice, quien tiene apenas cuenta con una extensión territorial de 22 mil 966 kilómetros cuadrados y una población de 383 mil 71 habitantes, siendo el que tiene más bajas estadísticas de contagios, Costa Rica es de los países, a nivel global, que mejor ha controlado la pandemia del Covid-19.

Dignificación de toda una población centroamericana

A Costa Rica como a los demás países dañados en su economía les está quedando un crecimiento significativo de pobreza y desempleo que constituye un reto enorme. Sin embargo, a los países donde sus gobiernos usurparon los recursos sagrados para salvar la vida de sus ciudadanos, le quedará, además de los profundos niveles de pobreza y desempleo, el rescate de su dignidad, investigando y procesando a nivel nacional e internacional a sus gobernantes y empresarios corruptos.

[1] Tiene un territorio de 523 000 kilómetros cuadrados, situada en el hemisferio occidental, desde el istmo de Tehuantepec (situado al sur de México), hasta el Valle del río Atrato, en Colombia, franja territorial con el océano Atlántico a un costado y el océano Pacífico, al otro.

[2] https://www.insightcrime.org/news/analysis/latin-america-corruption-pandemic/

[3] https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/incapacidad-o-corrupcion-o-una-mezcla-de-ambas-dice-pedro-barquero-sobre-compra-de-hospitales-moviles.html

[4] Ídem

[5] https://www.nodal.am/2020/05/guatemala-mal-manejo-de-la-crisis-sanitaria-por-covid-19-por-factor-mendez-doninelli/

[6] https://www.prensa.com/sociedad/data-studio-casos-de-coronavirus-covid-19-en-panama/

[7] https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-guatemala-registra-segundo-dia-de-mas-decesos/

[8] RDS Radio 88.9 FM

[9] https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Percepcin_de_corrupcin_crece_en_Centroamrica

[10] No incluimos el IPC dado sobre Nicaragua, a sabiendas de la campaña internacional contra su gobierno por parte de instituciones como Transparencia I., la OEA, UE y otras, evitando su carga de prejuicio político.

[11] http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/default.asp

[12] https://www.cna.hn/

[13] https://criterio.hn/para-que-ha-servido-el-todopoderoso-consejo-nacional-de-defensa-y-seguridad/

[14] https://notibomba.com/gobierno-de-eeuu-demostrara-que-juan-orlando-hernandez-conspiro-para-el-trafico-de-drogas/

[15] https://notibomba.com/fiscalia-y-la-dea-identifican-que-cc4-es-juan-orlando-hernandez/

[16] https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-de-ccss-rechaza-tercerizacion-y-privatizacion-de-salud/

[17] https://www.elmundo.cr/costa-rica/rodriguez-privatizar-la-caja-afectaria-directamente-a-poblacion-de-menos-ingresos/

[18] https://www.nacion.com/el-pais/privatizar-la-ccss-no-es-prioridad/MMHBEPGUFJDO5HANMBLA7AQ2FY/story/

Una resolución constitucional regresiva

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

José Manuel Arroyo Gutiérrez / Columna ¿Gato o Liebre?, Semanario Universidad*

            Las consecuencias jurídicas, sociales y culturales de la Resolución No. 2020-001619, emitida por la Sala Constitucional el pasado 24 de enero y hecha pública recientemente, son gravísimas. En síntesis, una mayoría de magistrados (5 de 7) ampara a un juez notarial que alegó tener derecho a la “objeción de conciencia” frente a su deber de realizar matrimonios entre personas del mismo sexo, dado que tal actuación atenta, según él,  contra sus más firmes convicciones religiosas.

            Para emitir sus principales conclusiones, este voto de mayoría elabora el siguiente iter lógico: (1) estamos en presencia de una colisión entre distintos derechos fundamentales: la libertad religiosa (extensiva a convicciones éticas e ideológicas)- del juez objetante-,  frente a los derechos de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia de las personas homosexuales que desean contraer matrimonio; (2) esta contradicción, -continúa diciendo la Sala-, debe resolverse sin vaciar de su contenido esencial ninguno de esos derechos fundamentales en conflicto; (3) lo anterior se logra resolver mediante el principio de “concordancia práctica”; (4) así, se acepta que puede alegarse y aceptarse la objeción de conciencia en el ámbito jurisdiccional, en tanto que para tutelar los principios de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia, se pueden derivar los trámites de matrimonios entre personas del mismo sexo a jueces o notarios no objetantes que “… están dispuestos a brindar el servicio… en condiciones de igualdad, que a otros usuarios…”: y (5) la objeción de conciencia no será admisible a futuro, para las nuevas personas juzgadoras que ingresen al servicio y voluntariamente acepten aplicar las normas con las reformas ya puestas en vigencia.

            Hay errores de bulto en estos argumentos. Me referiré a los que me parecen de mayor gravedad: (1) Pasa por alto este fallo que hay una diferencia cualitativa entre el ciudadano común y el juez.  El primero no jura el cumplimiento de ningún orden normativo y, si lo irrespeta, sólo se atiene a las consecuencias sancionatorias correspondientes. Al contrario,  la autoridad pública que, al asumir su cargo está obligada a jurar respeto a la Constitución y las leyes (incluido el Derecho Internacional de Derechos Humanos), adquiere el compromiso no sólo jurídico sino también moral de respetar los valores ínsitos en esas normas (Ferrajolli). Debe hacer a un lado sus convicciones religiosas y éticas personales para, haciendo honor a los principios de legalidad y objetividad,  respetar sólo los valores objetivados en el ordenamiento jurídico que ha jurado cumplir y aplicar. Una de las destrezas esenciales del juez o jueza en un Estado de Derecho, es su capacidad de “ponerse en el lugar del otro o la otra”, valorar los intereses de las partes en conflicto conforme las personas involucradas, sus definiciones identitarias básicas, sus historias de vida, sus condiciones sociales particulares. No puede el juez pontificar desde sus personales códigos religiosos, morales,  de clase, o de cualquiera otro tipo. Esta es una cuestión técnica, pero también psicológica y humanista esencial en el ejercicio de la judicatura. (2). El derecho a la objeción de conciencia es un instituto concebido como garantía para la persona particular frente a las normas o disposiciones promulgadas por los órganos legítimos del Estado como obligatorias para todos. La misma sentencia que analizamos, con los ejemplos que trae a cuento (servicio militar, derecho de progenitores a educar, derecho de médicos frente al aborto o eutanasia, etc.) ilustran ese carácter tutelar del interés particular frente al aparato estatal. El juez o jueza es precisamente lo contrario, un agente de ese mismo Estado, no es un ciudadano común, no puede alegar que se lesionan sus derechos cuando se ve obligado a aplicar el ordenamiento jurídico vigente. Si se siente incapaz de aplicar alguna ley que no admite, esta persona funcionaria debe irse para la casa. Puede, como ciudadano común, pelear políticamente los cambios que estime necesarios, pero no puede en unos casos sí, y en otros no, aplicar el régimen legal que ha jurado respetar. (3) Hay una terrible confusión en la sentencia analizada, que por cierto el voto de minoría desarrolla con toda propiedad. Me refiero a que no puede aceptarse que un juzgador o juzgadora alegue que están violentando sus más firmes convicciones si se le obliga a realizar matrimonios entre personas del mismo sexo. Estamos en presencia de dos órdenes normativos distintos: por un lado el religioso o moral, y  por otro, el civil o estatal. El derecho a la opción religiosa y las creencias personales que este juzgador puede desplegar en su vida privada y pública se mantienen intactas, aunque realice los deberes funcionales para los que tiene competencia, y no debe, con su negativa, afectar los derechos de terceras personas que pretenden hacer efectivos los propios. Es falso que de no aceptarse la objeción de conciencia, se estaría vaciando de su contenido esencial el derecho al libre ejercicio de la opción religiosa del funcionario actuante,  dado que a lo que se le obliga es a realizar matrimonios civiles, sin ninguna consecuencia ni efectos en el ámbito religioso del objetante. Nadie lo está obligando a que cambie sus creencias,  ni a que se abstenga de practicarlas públicamente. Por el contrario, lo que se evidencia con esta resolución es cómo las convicciones religiosas individuales (“matrimonio es sólo lo que la religión dice que es”), pretende imponerse en el ámbito civil y estatal, al menos para cada caso particular, lo que abre grietas peligrosos en la unidad, homogeneidad y consistencia del ordenamiento jurídico. (4) Es lamentable cómo, en esta resolución, se dedican muchas páginas a analizar antecedentes jurisprudenciales de tribunales internacionales y constitucionales de varios países y regiones, para darnos cuenta que ninguno de los casos o supuestos antecedentes resultan atinentes para lo que se está concluyendo. No hay una sólo decisión que apoye la tesis de que el amparo por objeción de conciencia jurisdiccional o judicial sea posible.  (5) Por otro lado, también se señala reiteradamente en esta resolución que “importante parte de la doctrina” apoya la tesis de aceptar la objeción de conciencia, anunciándose que “más adelante” se referirán esos criterios. El lector se va a quedar esperando esa doctrina y  la fuerza argumentativa que tiene, puesto que no se menciona por ninguna parte. (6) Otro punto inaceptable se evidencia cuando la Sala Constitucional establece, como supuesta salida,  que no hay quebranto a los principios de igualdad, acceso a la justicia y  no-discriminación porque, en caso de que se declare con lugar una objeción por parte del juzgador competente, el asunto puede derivarse a otro tribunal que no tenga estos problemas, satisfaciéndose así los intereses de todos. Magno error. Esta decisión tiene el efecto contrario al que pretende alcanzar. Plantea  una distinción donde no la debe haber y fomenta discriminaciones odiosas. No puede haber ciudadanos y ciudadanas de primera cuyo caso sea visto por el juez natural constitucional y legalmente establecido, y otros de segunda categoría que tengan que andar buscando quién le suple el servicio público a que tienen derecho. La garantía de tutela de los derechos fundamentales no puede verse como un acto de gracia o de caridad, ni dejarlo en manos del funcionario que quiera asumirla.  No es descartable, a modo de hipótesis, que todos los jueces de una jurisdicción, por las razones que sea, decidan no resolver cierto tipo de asuntos. ¿Qué haríamos entonces? Esta laguna es irresoluble y aunque de carácter hipotético, rebela el sinsentido de la “solución” que se ha querido dar. Tampoco es admisible que el sistema en pleno tenga que estar buscando soluciones administrativas u operativas, para posibilitar que las leyes se cumplan en condiciones iguales para todos y todas. (7) Por último,  de lo resuelto por la Sala Constitucional se deriva la posibilidad de hacer una distinción entre  “jueces viejos” que gozan del  derecho a la objeción y “jueces nuevos” que no podrían tenerlo. El juramento de cumplir con la Constitución y las leyes no puede condicionarse al momento de hacer el juramento. Debe entenderse que cubre todo el período en el que la función jurisdiccional se ejerce,  con las modificaciones que sobrevengan,  sin ser de recibo  estatutos ad hoc para jueces o para ciudadanos.

            Es un momento desalentador para quienes creemos en el Estado de Derecho y sus principios elementales. De nuevo, parodiando a Cervantes Saavedra, parece ser que “con las iglesias hemos topado, Sancho amigo”.

* Artículo de José Manuel Arroyo Gutiérrez publicado en la columna ¿Gato o Liebre? del Semanario Universidad y cuyo texto fue compartido con SURCOS por el autor.

¿La Universidad del futuro?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Orlando Arrieta Orozco, Decano Facultad de Ingeniería UCR

Luis Felipe Arauz Cavallini, Decano Facultad de Ciencias Agroalimentarias UCR

Recientemente se dieron a conocer los informes de mayoría y de minoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que fue nombrada para estudiar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), mediante el cual se financia a las Universidades Públicas.

El informe de mayoría resulta preocupante, pues refleja la visión poco informada que tienen algunas de las personas que integran la Asamblea Legislativa sobre un modelo de Universidad Pública que, desde su concepción, ha aportado enormes contribuciones al desarrollo de Costa Rica, y lo sigue haciendo. De entrada, reconocemos la necesidad de mejorar la gestión administrativa, incluido el modelo salarial, pero no debe tergiversarse políticamente lo que significa una verdadera universidad, como lo pretende el informe de mayoría.

Las Universidades Públicas deben reconocer que en ocasiones ha hecho falta más autocrítica para mejorar su funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de las propuestas incluidas en el informe de mayoría lejos de fortalecer la educación superior pública, la debilitarían hiriendo sus fundamentos bases más importantes, como la autonomía universitaria. El informe de mayoría habla de una “universidad del futuro” ligada a lo tecnológico, y dejando así por fuera otras áreas fundamentales para un país que busca un desarrollo integral y equilibrado.

¿Cómo debe ser la universidad del futuro? Debemos recordar que una de las principales razones por las que el Estado costarricense creó instituciones de educación superior fue para para que estas contribuyeran al desarrollo del país por medio de su actividad académica. Esta contribución se manifiesta de muchas maneras, entre ellas:

  1. Formación de cuadros profesionales cuya excelencia académica y responsabilidad social contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y la preservación ambiental.
  2. Fomento de la movilidad social para personas de bajos recursos mediante el acceso a una educación superior de calidad.
  3. Generación de conocimiento, solución de problemas y desarrollo de tecnologías por medio de la investigación científica.
  4. Transferencia a la sociedad de los resultados y productos de la investigación.
  5. Creación de cultura en todas sus manifestaciones.
  6. Atención de las comunidades con programas educativos y sociales en diversos ámbitos, y por medio de la difusión de las artes.

Este modelo de Universidad Pública ha sido y sigue siendo fundamental en el desarrollo nacional. Por eso, cualquier modelo de “universidad del futuro” depende de la visión de desarrollo que se tenga para el país, y este tiene que verse de manera integral, pensando en el bienestar de las personas. El informe de mayoría parte de una visión sesgada del desarrollo, centrado en la tecnología y la productividad vista en términos económicos, y no de una visión amplia, integral y equilibrada, que tenga como guía el bienestar de la población, para el cual la tecnología y la productividad son medios y herramientas, no fines últimos. No se puede perder la perspectiva total sobre el país y desde hace muchas décadas la sociedad, incluyendo a los empresarios, han reconocido que sin humanismo, sin pensamiento crítico, sin ética, la humanidad estaría condenada a repetir sus mayores errores y a desvirtuar su capacidad de creación y de sensibilidad, de forma que dejaríamos de ser humanidad y nos convertiríamos en una comunidad de autómatas.

El consenso mundial sobre los objetivos que deben guiar el desarrollo está delineado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, en los cuales el balance entre lo ambiental, lo social, lo económico, la paz, la justicia y la inclusividad se resume en el lema de “no dejar a nadie atrás”; ese es el mismo ideal de fundación de la nación costarricense y está inscrito en nuestra Constitución Política. Ninguno de los ODS habla de la tecnología como un objetivo per se del desarrollo, sino como un vehículo, una herramienta que facilite el proceso.

De todo lo anterior, se concluye que para aportar a los desafíos de un verdadero desarrollo, la universidad del futuro debe promover la generación de conocimiento científico y tecnológico, sin duda, pero debe ser crítica, artística, cuestionadora, original, imaginativa y humanista. No podemos tecnocratizar la educación superior pública, menospreciando las actividades académicas en el ámbito de las humanidades, las artes, las letras o las ciencias sociales. ¿De qué nos servirían profesionales del ámbito científico-tecnológico, pero sin capacidad de análisis social, apreciación del arte y muchas otras variables? Debemos ver la educación superior pública desde un enfoque global e integral, como hasta el momento lo han hecho todas las Universidades Públicas.

El país debe tener claro que la inversión en educación superior pública debe verse como una especie de seguro, que le permite al país tener una capacidad instalada en cuanto a recurso humano altamente calificado y equipamiento de punta, capaz de responder en momentos de crisis como el actual, proponiendo un abordaje integral del problema, desde todas las perspectivas de las áreas de conocimiento.

El informe de mayoría se aparta de nuestras tradiciones nacionales y amenaza esa visión global e integral de la educación superior pública, y cae en una visión economicista. La idea de modificar la Constitución Política de Costa Rica para limitar la autonomía universitaria no puede ni debe aceptarse.

Por el contrario, se debe continuar resguardando la necesaria libertad que tiene la universidad para no estar sujeta a vaivenes políticos o presiones de sectores, que constituye uno de los meollos de la autonomía universitaria.

Existe, una muy pequeña minoría de académicos a quienes el actual sistema salarial le permite alcanzar salarios excesivamente altos. Pero es totalmente innecesario reformar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política para lograr cambiar ese aspecto. Las Universidades Públicas, en pleno uso de su autonomía, deben analizar y revisar su política salarial, y establecer una clara priorización de la calidad del trabajo y la producción académica sobre el crecimiento puramente vegetativo. Se deben valorar más factores como el desempeño de las labores que la antigüedad, y es necesario establecer topes en rubros que pudieran llegar a amenazar la sostenibilidad financiera. Esto último requiere de cambios y ajustes normativos internos relativamente simples, imprescindibles para desarmar a quienes utilizan esos salarios como argumento para atacar a las universidades y proponer medidas que debilitan un importante (e incómodo para algunos) pilar de nuestro Estado Social de Derecho.

Vivimos tiempos complejos en que debemos hacer un llamado a la unión y no a la división, tanto en el seno de CONARE como en el conjunto del Estado y las instituciones públicas que contribuyen a resguardar ese Estado Social de Derecho, en donde salud y educación han sido base fundamental para lograr una mejor sociedad.

Hacemos una instancia respetuosa pero firme a las diputadas y diputados a rechazar el informe de mayoría, que propone una universidad y una nación mercantilista en donde la cultura, la ética y la conciencia crítica parecen ser lujos innecesarios, y a defender el modelo de una universidad igualitaria, centrada en el ser humano, promotora de la ciencia y la cultura, que siga siendo un pilar del desarrollo integral de nuestro pueblo. En ese sentido, extraña que miembros del partido político bajo el cual se creó el Ministerio de Cultura, tengan una visión tan antagónica y diferente a la del fundador y líder histórico de su partido; “¿Para qué tractores sin violines?”

Enviado a SURCOS por Luis Felipe Arauz Cavallini.

¿Ahorro?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

¢243.000 MILLONES es el ahorro en el primer año de vigencia de la Ley de Empleo Público que está por discutirse en la Asamblea Legislativa, dice la ministra de Planificación.

La ministra dice que en el nuevo proyecto cerraron el portillo que permitía que los funcionarios que ya se encuentran trabajando, o viejos, se pasen al nuevo sistema de salario único porque ello les podría ser más beneficioso. La ministra dice en La Nación, que el 35% de los empleados públicos podrían estar interesados en pasarse al salario.

Único “PORQUE ES MÁS ATRACTIVO. Eso presiona nuestras finanzas, con un efecto hasta siete años después de aprobada la reforma, y más fuertemente hasta 10 años después”. (Sic)

Al cerrarse esta posibilidad se tendrán dos tipos de funcionarios: los que tienen menos de 10 años de trabajar con salario base más pluses y los nuevos ingresos con salario global realizando el mismo trabajo, PERO GANANDO LOS PRIMEROS MENOS QUE LOS SEGUNDOS. El precepto constitucional de “a igual trabajo igual salario” deja de tener vigencia.

La ministra reconoce, además, que el funcionario púbico nuevo, con salario único, le saldría más caro al fisco que uno viejo con 5 y hasta 15 años.

Entonces, ¿dónde está el ahorro? Un profesional, abogado, con el sistema actual de base más pluses ingresará con un salario de base más dedicación exclusiva y 0 anualidades, que rondaría unos 800 mil colones.

Si ese mismo profesional ingresa con salario único, éste deberá ser un promedio de la vida laboral y competitivo para atraer a los mejores, por lo que deberá rondar unos 1,5 millones de colones. ¿De dónde se sacarán esos 243.000 millones de ahorro en el primer año, que dice la ministra?

En los próximos 3 años el recambio de personal, según la ministra, podrá ser del 15%, sea de unos 45.000 empleados públicos que pasarán al salario único, lo que significa que esos nuevos funcionarios ganarán un salario que sería alrededor del doble del que ganaría un trabajador contratado con salario base más pluses. Si los que se van o salen, ese 15%, gana el doble de los nuevos que se contratarán, el resultado no indicaría un ahorro significativo y mucho menos de esa magnitud.

Parece que el cambio de un salario base más pluses a un salario único o global no representa un ahorro significativo para las finanzas públicas como quieren hacernos ver.

La verdad en la ciencia y la política

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La verdad en la ciencia es relativa, como lo es también en la política, aun cuando son totalmente distintas, porque los conocimientos científicos cambian como también lo hace la realidad en su peculiar dinamismo. En la política, o como vulgarmente se concibe a la actuación de los individuos vinculados con el poder estatal, también son verdades relativas, porque dependen de los criterios, intereses o posiciones adoptadas en determinadas coyunturas, pero esas pretendidas verdades no están sustentadas ni son comprobadas, como tampoco son fehacientes ni aceptadas por todos.

Esto es, en la construcción individualista de la verdad en la política, o de las opiniones, decisiones y acciones de los actores de la acción estatal en la sociedad, son arbitrarias y de ningún modo serán verdades para la ciencia, aun cuando afecten las realidades donde actúan. Estas características se corresponden con formas predominantes del poder estatal contemporáneo, son modos autocráticos del poder o, dicho de otro modo, no responden a intereses, necesidades o anhelos ciudadanos, por tanto, no son espacios sociales democráticos, son dictatoriales y están asociados a formas de poder del pasado, a un mundo donde no existían derechos igualitarios, ni existía ciudadanía.

La historia tiene continuidad en el tiempo, pero las significaciones de los acontecimientos se modifican, como cambian los sistemas sociales. Creer que las interpretaciones de las realidades son estáticas, a pesar de sus evidentes transformaciones y rupturas con el pasado, es un error.  La visión vulgar y mediática ha entendido la política, como el quehacer del tirano, al cual incluso se le califica absurdamente como líder, no como una ciencia que interrelaciona el quehacer estatal con el devenir de su sociedad civil.

Los autócratas del presente y del pasado han despreciado a los pobres, a los trabajadores, a los pueblos, a los hacedores de historia y constructores de culturas. Los que dan sustento al poder estatal y a la riqueza privada son, sin embargo, sacrificados por el sistema imperante y por los propietarios del capital, los cuales se han arrogado del bienestar, los recursos y la vida de personas y pueblos. Ellos agudizan su agresión, violencia y explotación en tiempos de crisis, no obstante, aceleran su desaparición, se suicidan asesinando, porque no son autosuficientes y porque no pueden vivir sin aquellos que desprecian. La ignorancia y estupidez del poder estatal y económico se exacerban con sus miedos. El presente no es una excepción, por el contrario, es una regularidad sistémica.

La verdad de los explotadores y autócratas, es la falsa conciencia del poder que les impide reconocer las evidencias de su responsabilidad en las peores iniquidades sociales, la degradación de la naturaleza y la liquidación del desarrollo, la democracia y la libertad.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://blog.oxfamintermon.org/que-es-la-ciudadania-en-un-mundo-global/

Elecciones a rectoría en la UNA… ¿hay candidatas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Andrea Carazo*

En la Universidad Nacional, hay elecciones para nuevas autoridades el próximo lunes 22 de junio. El periodo de Alberto Salom y Ana María Hernández venció hace muy poco y ya hay candidaturas oficiales.

Nos preocupan y deberían ocupar muchas situaciones de la educación superior, pero hay un tema en estas elecciones inusuales y particulares en medio de la situación que atraviesa el país, que no podemos olvidar; esta es la deuda histórica de las mujeres en la Universidad en los puestos de máxima autoridad. Y a cómo avanza el proceso, ese puesto va a ser ocupado de nuevo, por un hombre.

En la campaña #EleccionesRectoría2020, de la FEUNA se señala esto como un problema estructural, pero también como un reflejo de que aún nos falta avanzar en materia de derechos de la mujer, en garantizar la transversalidad de género en el quehacer universitario y como sociedad. ¡Sí hay mujeres!, Claro que las hay. Es responsabilidad de todas y todos que esta participación sea la normalidad. No caben las excusas, ni se vale responsabilizar a las mujeres cuando los entornos son por sí mismos discriminatorios y excluyentes.

En este sentido, hay que mencionar que las tres candidaturas llevan en su papeleta tres candidatas a la rectoría adjunta, en buena hora, definitivamente, hay mujeres; sin embargo, el puesto de la rectoría adjunta ha sido relegado a nosotras, sin posibilidad (de nuevo) de asumir la cabeza de la U. En 47 años de la UNA, solamente hemos tenido tres rectoras de diez.

A la próxima gestión, considerando que la comunidad universitaria está compuesta mayoritariamente por mujeres, se exige claridad y acciones concretas que velen por la eliminación del hostigamiento sexual en los campus; mecanismos eficientes que atiendan y resuelvan las denuncias; requisitos de contratación del personal que no tengan antecedentes de violencia de género; la inclusión de bibliografía de mujeres en los planes de estudio; y por supuesto, impulsar y garantizar a mujeres en los demás puestos universitarios. Finalmente,

¡A las mujeres tomando decisiones las ocupamos hoy, vivas y visibles!  Y ya vamos tarde.

* Representante Estudiantil ante el Consejo Universitario de la UNA

Elementos gráficos utilizados por FEUNA en su campaña de información sobre las elecciones a rectoría 2020:

En defensa de la CCSS y el bono Proteger – para firmar en línea

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Compartimos un enlace para firmar en línea un pronunciamiento en defensa de la CCSS y el bono Proteger.

El documento señala:

Pronunciamiento sobre el bono Proteger, la CCSS y el presupuesto extraordinario

Quienes firmamos este pronunciamiento, ciudadanas y ciudadanos costarricenses, con profunda preocupación por el archivo que se ha hecho del Presupuesto Extraordinario que fuera remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y que procuraba allegar fondos indispensables para financiar el programa “Bonos Proteger” y a la Caja Costarricense de Seguro Social, en el contexto de la delicada situación por la que atraviesan las personas y las instituciones a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, con respeto pero a la vez con firmeza, manifestamos:

  1. La propuesta para financiar los “Bonos Proteger” pretendía aportar 75 mil millones de colones para destinarlos a personas trabajadoras que se han quedado sin empleo, han sido suspendidas, o han visto reducidas sus jornadas laborales. Al día de hoy, el Estado no tiene cómo financiar esos faltantes y no ha podido otorgar esta ayuda a cerca de 200 mil personas.
  2. Otra de las partidas que preveía este presupuesto extraordinario, se refiere a 33 mil millones de colones destinados a paliar las pérdidas de la Caja Costarricense del Seguro Social, en momentos en que esta institución enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia, y en vista de que sus ingresos se han visto seriamente disminuidos precisamente en razón de la crítica situación sanitaria por la que pasa nuestro país y el mundo entero.
  3. Tampoco puede dejar de señalarse que en el mismo plan presupuestario extraordinario, se incluyen 62 mil millones de recorte de gastos al Gobierno Central.
  4. Hasta ahora, las razones que se han hecho públicas del por qué una considerable mayoría de la Asamblea Legislativa (39 diputadas y diputados de oposición), han decidido rechazar la propuesta y archivar el expediente legislativo, han sido omitidas o muy escuetamente expresadas. De manera que el país desconoce las verdaderas causas del rechazo que se está consumando.
  5. En circunstancias críticas como las que atravesamos, programas como el de “Bono Proteger” resultan fundamentales, precisamente para impedir que el hambre ataque a cientos de miles de seres humanos y que, de paso, se eviten los estallidos sociales que esta situación extrema conlleva. Por ello, resulta insensato oponerse a su ejecución en vista de que “no parecen suficientes los recortes en gasto público” o se crean necesarias “nuevas propuestas presupuestarias” o “negociaciones políticas” para llegar a acuerdos.
  6. Respetuosamente instamos a las señoras y señores diputados, en vista de que las necesidades elementales de la ciudadanía no pueden esperar, que se deponga todo tipo de intereses personales o partidarios, o en el peor de los casos cálculos electorales evidentemente contraproducentes, para privilegiar el interés y la dignidad de las personas, la urgencia de atender sus requerimientos y la importancia de sacar adelante el país entre todas y todos.

Las firmas que respaldan el pronunciamiento, el cual usted puede firmar aquí, son las siguientes:

  1. Alianza por una Vida Digna
  2. Mario Devandas Brenes, cédula 1342692. Economista.
  3. Walter Antillón Montealegre, cédula 1221295. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  4. Ana Marcia Aguiluz Soto, cédula 1-928-731. Abogada y defensora de derechos humanos.
  5. Rafael López Alfaro, cédula 401490119. Movimiento Humanista.
  6. Erika Henchoz Castro, cédula 105700927. Periodista.
  7. Marcela Martino Aguilar, cédula 110220014. Defensora de Derechos Humanos.
  8. Antonieta Fernández Quirós, cédula: 30229017. Abogada, Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
  9. Vínyela Devandas Brenes, cédula 103940034. Profesora pensionada Magisterio Nacional.
  10. Adriano Corrales Arias, cédula número 2332689. Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  11. Ricardo Solano Madrigal, cédula 700481458. Secretario General Sindicato de Trabajadores de Farmacia de la CCSS.
  12. Manuel Enrique Delgado Cascante, cédula 401030846. Periodista jubilado.
  13. Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 302200485. Investigador del Centro de investigación Antropológicas CIAN, UCR.
  14. Mauricio Zeledón Leal, cédula 105690067. Partido Humanista.
  15. María Elena López Núñez, cedula 103410135. Médica Salubrista.
  16. Edgardo Moreno Robles, cédula 800860006. Profesor emérito Universidad Nacional.
  17. Jaime Ordóñez Chacón, cédula 105370458. Director Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y catedrático UCR.
  18. Roxana Morales Ramos, cédula 111670990. Economista.
  19. Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 104860636. Catedrático Universidad de Costa Rica y exministro de Agricultura y Ganadería.
  20. Alberto Cortés Ramos, cédula 900750815. Catedrático Universidad de Costa Rica.
  21. José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  22. Oscar Jara Holiday, cédula 800780568. Sociólogo y educador popular.
  23. José Manuel Arroyo Gutiérrez, cédula 103991073. Exmagistrado y Catedrático Universidad de Costa Rica.
  24. Luis Paulino Vargas Solís, cédula 203270373. Economista, Director CICDE-UNED.
  25. Irma Arguedas Negrini, cédula 104830499. Profesora Universidad de Costa Rica.
  26. Eva Carazo Vargas, cédula 108930621. Investigadora y activista social ecofeminista.
  27. Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856. Periodista, profesor UCR, director de SURCOS Digital.
  28. Dayana Ureña Solís, cédula 205900549. Docente.
  29. Ricardo Araya Montero, cédula 2259881. Jubilado por la CCSS.
  30. Ana Lorena Cartín Leiva, cédula 900490969. Pensionada por la CCSS.
  31. Casilda Sancho Barrantes, cédula 2241142. Educadora popular. Jubilada.
  32. Flora Fernández Amón, cédula 105230903. Empresaria, integrante Costa Rica Solidaria.
  33. Elena Fournier Solano, cédula 1388971. Presidenta Asociación Conservacionista YISKI, Extensionista UNED.
  34. Irene Ávalos Monge, cédula 105130558. Ingeniera Industrial, Concejal del Distrito de Sabanilla de Montes de Oca, Vicepresidenta del Concejo de Distrito.
  35. Marco Aguilar Badilla, cédula 107740694. Médico Psiquiatra CCSS.
  36. Carlos Aguilar Herrera, cédula 102950249. Empresario.
  37. Gerardina Badilla Vargas, cédula 103260178. Ama de casa.
  38. Dionisio Cabal Antillón, cédula 104250831. Músico y escritor.
  39. Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510. Jubilada UNA.
  40. Aquiles Jiménez Arias, cédula 401060538. Catedrático pensionado de Universidad Nacional, escultor.
  41. Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692. Profesora jubilada UCR.
  42. Jaime Delgado Rojas, cédula 400960395. Profesor universitario jubilado.
  43. Álvaro Fernández González, cédula 104330981. Profesor jubilado, Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional, Sabanilla de Montes de Oca.
  44. Gerardo Mora Burgos, cédula 103640085. Catedrático Universidad de Costa Rica.
  45. German Masís Morales, cédula 3 225625. Profesor jubilado de la Universidad Nacional.
  46. Carlos Campos Rojas, cédula 1605202. Sociólogo, Coordinador Nacional Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
  47. Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403. Comunicador Social jubilado.
  48. Juan Carlos Durán Castro, cédula 106690465. Dirigente sindical CCSS Hospital San Juan de Dios.
  49. Ana María Trejos Trejos, cédula 104470409. Ciudadana.
  50. Eddson Gómez Chavarría, cédula 402320039. Consultor en Comunicación Social.
  51. Jazmín Melania Arias Rodríguez, cédula 114720740. Socióloga, Instituto Clodomiro Picado, UCR.
  52. Marjorie Jiménez Castro, cédula 502440652, Profesora UCR.
  53. Mario Solera Salas, cédula 105310339. Músico, Profesor pensionado UCR.
  54. Miguel Ángel Araya Picado, cédula 203090462. Profesor Educación Física CNR ANDE, Asociación de Desarrollo Integral Bajo Arias Calle Orlich, Asociación Agroturística Bajo la Paz.
  55. Marcela Sánchez Cortés, cédula 107860493. Luchadora Comunal, promotora política, actriz empírica y técnica en el arte de la payasería.
  56. Nardo Vanegas, cédula 800500053. Ciudadano.
  57. María del Milagro Solís Aguilar, cédula 206970566. Consultora independiente, vecina de Montufar, La Unión, Cartago.
  58. Eva Montero Solís, cédula 116800240. Estudiante, Mitigar, La Unión Cartago.
  59. Ma José Monterroso Solís, cédula 115320014. Gestora en Recursos Naturales, Montufar La Unión, Cartago.
  60. Ernesto Monterroso Solís, cédula 117740541. Estudiante, Montufar La Unión, Cartago.
  61. Miguel Sobrado Chaves, cédula 102940994. Pensionado UNA.
  62. Luis Muñoz Varela, cédula 203220588. Comunidad de Calle Las Juntas, Ángeles Sur de San Ramón de Alajuela.
  63. Sindy Mora Solano, cédula 1-1051-0573. Investigadora y profesora UCR-UNA.
  64. Daniel Camacho Monge, cédula 102720032. Profesor Emérito de la Universidad de Costa Rica.
  65. Isabel Ducca D., cédula 105640060. Alianza por una Vida Digna.
  66. Roberto Fragomeno Castro, cédula 801370052. Profesor de la Escuela de Filosofía de la UCR.
  67. Carlos Alberto Hernández Porras, cédula 104630666. Asesor economía solidaria, Organización Red Economía Social Solidaria, RedESS / COKOMAL.
  68. Flavia José Mora Cubero, cédula 2 0536 0772. Docente de Artes Industriales, MEP; grupos comunales: APP Justicia Tributaria, Movimiento Justicia y Libertad.
  69. Luis Roberto Zeledón Arias, cédula 106000540. Asesor Legislativo.
  70. Juan Ignacio Palma Guzmán, cédula 110580820. Psicólogo desempleado.
  71. Bernardo Jaén Hernández, cédula 501580141. Médico Veterinario.
  72. Leda Méndez Arias, cédula 103770884. Abogada jubilada.
  73. Lía Teresa Vargas C., cédula 103670905. Administradora de Negocios.
  74. Carlos Luis Chacón Salas, cédula 202140725. Pensionado y taxista.
  75. Nora Garita Bonilla, cédula 103820064. Catedrática jubilada Universidad de Costa Rica.
  76. Rafael Barrantes Bonilla, cédula 700480771. Técnico Eléctrico, pensionado.
  77. Álvaro Vega Sánchez, cédula 22841409. Sociólogo.
  78. Ana Cecilia Escalante Herrera, cédula: 10360070. Profesora Emérita UCR.
  79. Carmen Brenes Sáenz, cédula 1343289. Profesional, pensionada, presidenta de ABISO, Organización Ambientalista en Goicoechea, San José.
  80. Ana Carcedo Cabañas, cédula 800470010. Presidenta de CEFEMINA (Centro Feminista de Información y Acción).
  81. Ana Leonor Ramírez Montes, cédula, 104830426, psicóloga social.
  82. Marta Rojas Porras, cédula 103870924. Catedrática de UCR pensionada.
  83. Oscar Héctor Leiva Cerrato, cédula 8-0094-0463. Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
  84. Ana Lolita Castillo Murillo, cédula 1678682. Ciudadana.
  85. Alicia Hernández Rojas, cédula 1-405 -805. Ciudadana.
  86. Luis Bernardo Villalobos Solano, cédula 104290837. Médico salubrista. ex Decano de la Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica.
  87. Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652. Economista.
  88. Milena Barrientos Blanco, cédula 104840489. Jubilada, vecina de Río Grande de Paquera.
  89. Denis Omar Cálix.C., Res. 134000130711. Planificador Económico Social. miembro de ACODEHU.
  90. Bernarda Rivas Madrigal, cédula 105490673. Trabajadora Social, integrante de ACODEHU.
  91. Enid Cruz Ramírez, cédula 303180599. Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo.
  92. Jáirol Núñez Moya, cédula: 6-0311-0623. Profesor asociado, Universidad de Costa Rica.
  93. Tatiana Herrera Ávila, cédula 108850940, Docente UCR.
  94. Melania Monge Rodríguez, cédula 105370482. Jubilada UCR.
  95. Patricia Salgado Muñoz, cédula 1-0418-0050. Antropóloga, jubilada.
  96. Alejandra Cartín Leiva, cédula 105720619. Psicóloga.
  97. Yamileth González García, cédula 202460555. Jubilada, profesora emérita UCR.
  98. Macarena Barahona Riera, cédula 105260207. Catedrática UCR.
  99. Carolina Somarribas Dormond, cédula 1-1110-0145. UNED-PGL.
  100. Guillermo Fernández Arias, cédula 103690223. Pensionado del INEC.
  101. Maritza Marín Herrera, cédula 107590200. Docente, Universidad de Costa Rica.
  102. Sandra Salazar Vindas, cédula 204150213. Comunicadora social.
  103. Marcedonio Zúñiga Arias, cédula 900730394. Ciudadano.
  104. Adriana Laclé Murray, cédula 103820809. Médico, especialista medicina interna, pensionada de la CCSS y actualmente miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca.
  105. Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593. Psicóloga/Pedagoga. Jubilada.
  106. Vera V Sancho Mora, cédula 104111454. Colectivo Mujeres por Costa Rica.
  107. Mainier Barboza Soto, cédula 202790037. Movimiento Patriótico por Costa Rica. Teólogo, licenciado en docencia.
  108. María Trejos Montero, cédula 106890938. Activista de Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU.
  109. Laura Vargas, cédula 104340593. Socióloga – educadora popular.
  110. Blanca Durán, cédula 8057296. Trabajadora Social pensionada.
  111. Efraín Valverde Moreno, cédula 104680015. Secretaría de Proyectos, Cultura para Todos, Asociación de Desarrollo Integral de Agua Buena.
  112. Hannia Franceschi Barraza, cédula 6123166. Trabajadora social, San Ramón.
  113. Mauricio Gutiérrez Arguedas, cédula 112220457. Profesor, Escuela de Química, UCR.
  114. Organización Política Carmen Lyra.
  115. Yamilette Fontana Coto,cédula 104410669. Coordinación del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
  116. María Del Milagro Solís Aguilar, cédula 16970567. Consultora. Vecina de La Unión, Cartago
  117. Lilliam Zamora Estrada, cédula 301770293. Profesora pensionada.
  118. Saray Córdoba González, cédula 1438311. Profesora pensionada Universidad de Costa Rica.
  119. Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046, Doctor en Filosofía, catedrático emérito Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.

Para apoyar este pronunciamiento siga este enlace:

https://bit.ly/FirmaProtegerCCSS

Imagen: TEC

Activar la economía a costa de fracturar las medidas para la mitigación de la pandemia: mal presagio

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar

El poder estatal y los medios de la opinión privada, callan los peligros para la ciudadanía al debilitar, flexibilizar o eliminar las restricciones sanitarias para el resguardo de la salud pública. Ante el aumento de infectados con el virus pandémico, se culpa a quienes carecen de alternativas de supervivencia y se exime de responsabilidad a los que presionan y deciden la apertura de comercios y negocios. Esto es, inmoralmente se acusa a las víctimas y se oculta a los culpables, que se imaginan héroes y benefactores.

La visión autoritaria y el posicionamiento político de los empresarios, una vez más, imponen sus intereses privados como si fueran intereses de todos, de la sociedad y del Estado. Los que se creen dueños de la sociedad y del destino de las personas, están imponiendo exigencias y sacrificios a todos para beneficios privados. En la actual coyuntura crítica una vieja historia se repite: la necesidad de salarios de quienes históricamente han sido despojados de los recursos para la vida, que no es un apoyo a los empresarios que se enriquecen con su trabajo y consumo, es la imposibilidad de vivir sin vender su trabajo.

La economía es falsamente considerada como el único determinante para definir la condición y calidad de vida de los individuos, poblaciones y sociedades, y a partir de ello se busca reactivar la economía, independientemente de sus implicaciones en la salud y la condición vida de las poblaciones. Reactivar la economía sin cambiar los modos de apropiación de las ganancias generadas colectivamente, que generan pobreza, miseria y hambre en los espacios sociales nacionales, es una contradicción, que no se resuelve con el crecimiento empresarial ni con los dogmas simplistas de modelos macroeconómicos. La concentración y centralización de la riqueza privada tiene su correlato en la pobreza cada vez más profunda y generalizada.

América Latina es el espacio de mayor polaridad social del mundo, la brecha entre ricos y pobres es abismal, como también lo es para Costa Rica, pero no son los trabajadores ni sus salarios los responsables. La economía latinoamericana y costarricense crece e enriquece a empresas mundiales y empresarios nacionales con masivos desempleados y pobres.

Las dramáticas consecuencias del Covid-19 y las desigualdades con que se vive la cuarentena o la enfermedad misma, deja al desnudo la esencia del capitalismo en su devenir histórico. La pandemia ha agudizado las tendencias imperantes en el mundo, han fallecido cerca de medio millón de personas e infectado a siete millones, pero está condenando a la miseria y hambre a cerca cinco mil millones de personas. Las víctimas del virus en su mayoría son producto de las inequitativas relaciones económicas imperantes y por el dominio político-militar, dispuesto a liquidar a toda la humanidad.

Efectivamente el Covid-19 está evidenciado la vulnerabilidad de la economía, pero no es el virus quien la ha paralizado, se ha frenado porque los trabajadores han debido dejar de trabajar y se les ha reducido sus jornadas y salarios, en un contexto desocupación y pobreza, a otros en cambio, como ocurre con trabajadores de la agricultura de exportación (piña, banano, tubérculos), les ha significado el aumento de las jornadas, con míseras compensaciones y en riesgosas condiciones sanitarias para nacionales, indocumentados e informales, sin cobertura de seguridad social. Los trabajadores se han empobrecido y los empresarios han dejado de ganar en este período, que no es lo mismo que perder, sin embargo, esos patronos lo consideran intolerable e inaceptable.

La presión política empresarial para liberalizar las restricciones sanitarias, en colusión gubernamental y legislativa, está propiciando la proliferación de infectados con el coronavirus que, sin medicamentos, vacunas ni alternativas, ponen en riesgo sus vidas y la de otros.

Eliminar las restricciones sanitarias no resuelve la reactivación económica en un contexto que ha empobrecido y desempleado masivamente a trabajadores, que no serán reincorporados ni recuperarán sus montos salariales, menos aún, cuando aumentan los precios de mercancías y servicios que ofrecen las empresas. Esto es, la disminución de la capacidad adquisitiva de gran parte de la población impide satisfacer sus necesidades, como limita a los empresarios a recuperar las inversiones y materializar las ganancias en las mercancías que no se consumirán. Pese a que la ruta tomada para la apertura, reproduciendo e incluso profundizando las condiciones de desigualdad previas a la pandemia, no reactivará la economía. Sin embargo, aumentar la absorción laboral y los salarios, no son alternativas imaginadas por el poder totalitario imperante en nuestro tiempo, aunque fueron una realidad exitosa con el New Deal, que en 1929-1932 reactivó la economía en la mayor crisis conocida en el capitalismo. Asimismo, se olvida los resultados económicos que trajo consigo el esfuerzo y contribución de miles de trabajadores que levantaron las fabricas terminada la Segunda Guerra Mundial, para luego ser entregadas a sus dueños, así como se omite la significación de la solidaridad internacional con el Plan Marshall para la Europa destruida de la postguerra.

Aquí, los propietarios de la UCCAEP muestran su ignorancia al creer que solo su visión de la economía es la única y verdadera, como un dogma divino, reclamando y exigiendo beneficios, subsidios y condonaciones o amnistías tributarias, aunque ello signifique el sacrificio de muchos para pocos.

La reproducción del infame círculo de miseria no se resuelve eliminando las restricciones sanitarias, como tampoco los Estados, pueden ni intentan satisfacer las necesidades básicas, salud y vida de los pobres y desempleados, menos aún en Costa Rica, con un gobierno, legisladores y magistrados que imponen, legislan y consienten la usura, las confiscaciones salariales, los aumentos impositivos a los trabajadores y sectores medios, e incluso absurda y anticonstitucionalmente, se pretende estrangular el presupuesto de las universidades públicas y particularmente de la Universidad de Costa Rica, benemérita institución pública que es orgullo nacional, reconocida internacionalmente por sus aportes científicos, técnicos e investigativos, así como por su contribución a la educación superior y a las esperanza de bienestar, vida digna y democracia para todos.

El terror empresarial de desaparecer agudiza su prepotencia totalitaria al querer apropiarse de los recursos y riquezas de la sociedad, así como, por su desprecio al pueblo, atenta contra sus vidas.

Reactivar la economía sin bienestar, contra los derechos, la educación y la vida, solo trae malos presagios que auguran enfrentamientos inconvenientes, donde todos seremos perdedores. La miopía estatal y empresarial, es tal, que no se percatan que una sociedad próspera, sana, segura y sin miedos conviene a todos, incluso a los dueños del capital.

(*) Juan Huaylupo Alcázar es catedrático en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica.

Enviado a SURCOS por el autor.

El progresismo social es la bandera fundamental de la próxima campaña electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Me señalan algunos amigos, a propósito de un anterior artículo, que todavía es temprano para analizar y ver el horizonte de las elecciones del 2022, que falta tiempo para que cuadren mejor los escenarios partidarios, y que todavía no se ven candidatos…

No es cierto, para mí, que sea relativamente temprano. En Costa Rica al terminar un proceso electoral, inmediatamente queda preñado el siguiente. Los óvulos y espermatozoides políticos se activan, algunos pegan tan rápido como ha asumido el nuevo gobernante, y empiezan en su difícil labor de gestación. Algunos son gestaciones fallidas que no maduran como embriones y fetos políticos, y se interrumpen en su embarazo político, o abortan naturalmente, y otros terminan de nacer en posibilidad de aspirar a la presidencia en el siguiente ciclo electoral. El crecimiento de estos que logran pegar o surgir no es fácil. Es también muy duro y algunos mueren infantes, adolescentes o jóvenes, en ese proceso, que en este caso es una edad que se mide en pocos meses. Otros logran su mayoría de edad sin éxito y pocos son los que finalmente culminan con la nominación presidencial de algún partido, especialmente de los grandes e históricos, no de los partidos que tienen rasgos muy personales, y que giran alrededor de una persona particularmente como hay algunos en el país.

En Costa Rica no hay tregua política electoral. No hay descanso político electoral entre una campaña nacional y otra. Los políticos no pueden descansar ni replegarse. Cualquier descanso o repliegue puede significar una sustitución. En política no hay espacios vacíos, alguien los llena.

Quien aspira a la Presidencia de la República con propósito de llegar a ocupar esa alta distinción no puede dejar espacios de tiempo, ni de lugar, en su lucha y objetivo de vida político, porque efectivamente alguna otra persona, de sus propias tiendas políticas, le puede superar y sustituir, o aparecerle como contrincante, sobre todo si lo encuentra débil en su aspiración.

Hoy además, por las elecciones de medio período para elegir alcaldes y consejos municipales, se activan las fuerzas políticas partidarias en todo el territorio nacional, porque hay que elegir en los 82 cantones más de 5000 funcionarios municipales, que son auténticos líderes políticos regionales, cantonales o comunales, que responden a los diversos partidos políticos, y muchos de ellos también responden a esos posibles candidatos presidenciales, que silenciosamente se mueven preparando sus baluartes y apoyos logísticos cantonales para la siguiente campaña electoral.

La campaña electoral municipal mueve las hormonas políticas desde la asunción del nuevo gobierno hasta las elecciones cantonales, de manera que no deja de haber movimiento y agitación política. Lo vimos en las recientes elecciones donde hubo una gran participación de partidos políticos cantonales y con relativo éxito. Igualmente vimos un fracaso electoral de partidos grandes y tradicionales, que incluso tienen diputados, pero que en las municipales les fue mal.

De alguna manera estas elecciones municipales son las bases de trabajo visibles para la siguiente campaña nacional. Por ello también tienen su importancia y obliga a los partidos a valorarlas para corregir lo que tengan que corregir con miras a la siguiente campaña electoral nacional.

Los aspirantes a la Presidencia de la República, de los partidos que logran elegir regidores, munícipes y alcaldes, luchan por tenerlos de su lado, como elementos muy importantes, como motores locales de la campaña nacional. Además, algunos de estos líderes municipales se ven a sí mismos proyectados hacia el futuro como posibles candidatos a diputados y a desarrollar una carrera política pública más activa. Igualmente, de la Asamblea Legislativa se proyectan hacia ministerios, viceministerios, juntas directivas de las instituciones públicas, puestos en servicio exterior y otras posibilidades que brinda el espacio político nacional.

El otro elemento que hace que el proceso político esté preñado desde el origen de instalación del nuevo gobierno hasta su término, con la siguiente campaña electoral, es el escenario legislativo, con sus 57 diputados, respondiendo a los diferentes partidos que representan.

El escenario legislativo es altamente politizado. Los diputados representan partidos políticos vivos y activos en la Política Nacional. Por el papel que tienen, durante seis meses al año, en las sesiones parlamentarias ordinarias, por su propia iniciativa y por las de sus partidos, impulsan proyectos de ley con lo cual tratan de darle contenido a sus promesas de campaña electoral y de los programas electorales que agitaron en las elecciones para lograr los votos. Son también cierta imagen de gobierno de lo que desearían impulsar si estuvieran en el ejercicio del Poder Ejecutivo.

La politización mayor del escenario legislativo se da en cada sesión parlamentaria cuando los diputados tienen un tiempo dispuesto para el llamado “control político”, que es cuando diariamente tienen la posibilidad de criticar al Gobierno y a todos los funcionarios públicos, y tienen la posibilidad de cuestionar sus actuaciones y de llamarlos a “rendir cuentas” ante los diputados o ante comisiones investigadoras parlamentarias que se instalan para esos efectos.

El blanco de esta lucha es principalmente el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y sus vicepresidencias, y por los Ministros y sus actuaciones institucionales. Estos son los ojos de las tormentas políticas diarias, así como de chaparrones y lloviznan que siempre tienen. Por eso la actividad política no cesa, ni tampoco la electoral. Solo que la electoral adquiere a veces la forma de una laguna de aguas mansas, y aparentemente muy mansas, y casi plana, sin movimiento en su superficie, pero debajo de ella tiene profundas y agitadas corrientes de agua, que muchas veces terminan en verdaderos remolinos. Así es el mundo político.

En cuanto a que no hay candidatos a la vista, no estoy de acuerdo. Existen, respiran y trashuman. Los hay y no pocos lo que ya empiezan a moverse. En el Partido Liberación Nacional están de los candidatos nacionales Antonio Alvarez, que según me han dicho aspirará a la Presidencia si las encuestas de alguna manera lo repuntan, José María Figueres, que no oculta su deseo de volver a aspirar a esa candidatura presidencial. De estos dos más conservador y menos socialdemócrata es Antonio Alvarez. José María al menos hace alarde de sus posiciones socialdemócratas y su mensaje es más “progresista” y menos “conservador” que el de Antonio Alvarez. En el caso de José María no le veo posibilidades si no está en Costa Rica por lo menos de manera dedicada a su precampaña. No puede ser candidato viviendo fuera del país. Requiere su presencia por lo menos tres semanas por mes este año y a tiempo completo el próximo. Todos los candidatos de Liberación en este sentido le llevan ventaja al estar en el país. En Liberación Nacional están también Fernando Zamora, el ex Secretario General, muy apuntado en su lucha presidencial, pero muy “conservador” en sus planteamientos políticos, y más parece “socialcristiano” que socialdemócrata. Está trabajando duro y moviéndose por el territorio nacional. Está Guillermo Constenla, ex presidente del Partido Liberación Nacional, que no hace sentir sus pasos aún, pero dejó la presidencia del INS para vincularse a la lucha interna por la Presidencia. A nivel legislativo están los diputados Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides. De estos a Carlos Ricardo es quien más le veo la fuerza para aspirar a la Presidencia, y en posibilidad de derrotar a los demás candidatos internos, en mucho dependiendo de su labor legislativa este año y el próximo.

En la Unidad Social Cristiana destaca Pedro Muñoz por su papel parlamentario, en esa lucha presidencial, tratando de controlar las estructuras del partido por sus dirigentes intermedios. Allí también, a la sombra por ahora, Rodolfo Piza que seguirá siendo el faro definitorio de esa candidatura presidencial mientras públicamente no renuncie a ella. Pero, igual que José María Figueres tiene que estar en el país al menos a finales de este año lo más, para amarrar los hilos internos de la Unidad Social Cristiana.

Si no fructifica, el llamado de Pedro Muñoz a la unidad del centro derecha en coalición de todos los grupos cristianos, tendrá que pelearla internamente. Y, si es en coalición electoral no le veo como el representante de esa coalición.

En el Frente Amplio solo vislumbro, por ahora, al diputado José María Villalta, que no tiene contrincante parlamentario ni partidario a la vista. Volverá a repetir su doble candidatura de diputado actual y candidato presidencial, sin el entorno y contexto nacional de la campaña del 2014 de la que resultó victorioso.

En el Partido Acción Ciudadana, hasta ahora, solo el diputado Welmer Ramos se menciona en posibilidad de aspirar a encabezar a ese partido en las próximas elecciones. Pero en ese Partido esto está todavía muy verde. Otros posibles candidatos hay que esperarlos hasta principios del próximo año para ver si renuncian a sus puestos públicos para poder aspirar a la candidatura.

Entre los partidos cristianos están Fabricio Alvarado, que es único en su partido y Carlos Avendaño que también parece único en el suyo. El Presidente legislativo actual dicen que aspira a pelear una de estas candidaturas.

El Partido Republicano Social Cristiano de permanecer solo tendrá de nuevo al Dr. Hernández de candidato. En coalición socialcristiana y de cristianos no lo veo encabezando la plana.

En los libertarios el que sobresale es Eli Feinzaig como el más representativo de estas tendencias político ideológicas.

Los troskistas probablemente de nuevo repitan con su candidato de la elección del 2018 que se desempeñó muy bien en la campaña. El Partido Nueva Generación postulará a la presidencia a Sergio Mena, que es el amo y señor en ese Partido, que la viene trabajando con giras y con programas radiales, con planteamientos muy “conservadores”, que no tienen nada que ver con las nuevas generaciones, o con la “nueva generación”. El conservadurismo mostrado en la última campaña mucho lo quemó.

Para algunos de estos personajes y partidos que se ven en los grupos cristianos no católicos es muy difícil pelearles sus nichos electorales, que manejan con sus mas de 4000 templos y locales religiosos que tienen en todo el país. Pero, como quedó demostrado en las elecciones municipales, estos grupos sin un tema nacional, como el que tuvieron en la campaña del 2018, poco tienen que hacer.

El mundo, en general, avanza hacia el progresismo social. Esta es la bandera fundamental para agitar en la próxima campaña electoral, con mira a los nuevos votantes, a los votantes menores de 40 años, que será un tercio de la población votante, y a la población nacional que poco a poco ha ido aceptando los cambios que en materia de Derechos Humanos se han ido consolidando en el país, con miras a la población mayor, y de adultos mayores, que será más de un tercio de la población votante, que requieren más apoyo institucional y especialmente la protección de la clase media, que ha sido duramente golpeada, con las políticas que se han venido impulsando relacionadas con ingresos, “congelamiento” real de salarios y de pensiones.

Del distanciamiento a la convivencia digna

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Aprender a convivir no basta; es preciso aprender a convivir con justicia.
Adela Cortina

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            El distanciamiento recomendado para evitar el contagio del Covid19 es de apenas 1.8 M. Sin embargo, siguiendo el mal ejemplo de quienes levantan muros, un país que ha gozado del reconocimiento internacional por su hospitalidad y la promoción y defensa de los derechos humanos, se está dejando contagiar por el virus letal de la insolidaridad: un distanciamiento desproporcionado e injusto.

            No se trata de cualquier distanciamiento. Tiene una dimensión de violencia simbólica y psicológica que cultiva el odio hacia los “otros amenazantes” (Carlos Sandoval), en el caso de los inmigrantes nicaragüenses ahora, además, convertidos en los principales agentes o “vectores” de contagio. Y una dimensión de violencia socioeconómica por parte de inescrupulosos empresarios, quienes aprovechándose de su condición de indocumentados y de pobreza, se les explota sometiéndolos a situaciones infrahumanas, con la complacencia de los gobiernos de turno. Cabe destacar que todavía hay reservas de hospitalidad solidaria que nos hermanan, y que debemos fortalecerlas.

            Como bien señala la filósofa Adela Cortina, “aprender a convivir no basta; es preciso aprender a convivir con justicia”[1]. En este sentido, destaca esta autora que las sociedades deben proteger los “derechos humanos de segunda generación”, que corresponden a la “ciudadanía social”: “Aunque las Naciones Unidas cargan la tinta en el racismo y la xenofobia como obstáculos ante la conciencia de la igualdad, el mayor obstáculo sigue siendo la aporofobia, el desprecio al pobre y al débil, al anciano y al discapacitado”[2].

            El país está lejos de una convivencia justa que garantice ese derecho fundamental a la ciudadanía social. Especialmente, cuando se favorece -lo que, paradójicamente, se ha venido convirtiendo en “política de Estado”-, la evasión y la elusión fiscal por parte de las grandes empresas y el sector financiero. Asimismo, una campaña de odio y desprestigio contra los trabajadores y pensionados del sector público, presentándolos ante la opinión pública como delincuentes que viven a costas de los impuestos del pueblo.

            Con este falso discurso se busca desviar la atención sobre los verdaderos privilegios producto de una relación “incestuosa” entre gobierno y sectores económicos dominantes, hoy dispuestos a desmantelar el Estado social de Derecho y privatizar la institucionalidad pública.

            El discurso del odio de Donald Trump, que estigmatizó al inmigrante latino, y particularmente al mejicano, como delincuente y terrorista, ha encontrado su réplica en nuestro país ¿Cómo es posible que llevados por mezquinos intereses de una élite insolidaria, cuyo dios es el dinero y el poder a cualquier precio, se haya caído tan bajo, emulando a uno de los líderes políticos más nefastos y vergonzosos del mundo? ¿Hacia dónde quieren llevar el país las fuerzas políticas y mediáticas, utilizando las armas letales del miedo y el odio en una guerra permanente contra su mismo pueblo?  No basta la escandalosa desigualdad que nos separa, ahora también se trata de concitar el odio para conducirnos al fratricidio.

            Para el escritor mejicano, Alberto Ruy Sánchez, “el problema no es la crisis humanitaria, sino que en el poder de varias potencias estén desquiciados amantes de la violencia y de las armas, incluyendo las armas nucleares. Y que estos poderosos adinerados detesten a la cultura o la vean como algo decorativo. El mundo nunca ha dejado de estar en crisis humanitaria. Pero al salir de la última guerra mundial en el siglo XX se trató de establecer una nueva convivencia basada en los derechos humanos, incluyendo los culturales y de salud. La avaricia del dinero y poder avasallantes quiere pretender que todo eso no existe y no es necesario. Y eso es indignante”[3].

            La pandemia actual está contribuyendo, como si fuese un actor político de primer orden, a exponer a la luz el verdadero rostro, cultural y éticamente empobrecido, de los poderes “fácticos” de un sistema neoliberal, que viene cultivando la frivolidad, la violencia y el autoritarismo. Y que ahora, en su desesperación, como la bestia herida de muerte, se ha vuelto más insensible y agresivo. Y como señala, el autor citado, lo más indignante es que le ha declarado la guerra a la cultura. La más devastadora porque ataca al “sistema inmunológico” de las sociedades humanas. Desestructurar las culturas ha sido la estrategia de dominación por excelencia de los imperios coloniales y neocoloniales.

            Uno de los símbolos más elocuentes de este sistema insensible y violento es la rodilla del policía blanco de Houston Texas, Derek Chauvin, presionando hasta provocar la muerte por asfixia del ciudadano negro, George Floyd. Ambos ciudadanos de una misma patria, distanciados en un país sometido a la supremacía blanca, acicateada por el actual gobierno racista y aporofóbico de Donald Trump.

            Es un símbolo trágico que retrata de cuerpo entero a un sistema que se resiste a morir, y uno nuevo y diferente que pugna por nacer (Gramsci). Efectivamente, ante la desesperación de no poder justificar tanta injusticia se acude a las armas más innobles para someter y asfixiar a quienes protesten o se rebelen: criminalización de la protesta social.

             Sin embargo, cada vez son más visibles las manifestaciones de quienes apuestan, con decisión y voluntad, por superar el distanciamiento radical, insolidario y deshumanizante que impide la “hospitalidad universal” (Kant), la convivencia justa y afectiva entre los seres humanos y con la naturaleza.

            Esta pandemia nos está convocando a un cambio de rumbo sustantivo, como bien señala el historiador Frank Snowden: “No es el fin del mundo, pero sí un claro mensaje de la naturaleza de que estamos viviendo de un modo no sostenible.  Ese desafío no va a desaparecer incluso si la Covid 19 desaparece o aparece una vacuna contra ella”[4].

            El desafío, en lo fundamental, apunta a la construcción un nuevo proyecto de convivencia global donde nos dispongamos a fortalecer las relaciones empáticas como especie y con nuestro hábitat; elevar al máximo nuestras potencialidades y capacidades afectivas para la convivencia digna y justa.

            El país requiere con urgencia rectificar, en esa dirección. La mesa para el diálogo social constructivo sigue vacía. Se agota el tiempo y también la paciencia. La clase dirigente debería despertar, para darse cuenta que la presión de su “rodilla” está llevando al pueblo a los límites de la asfixia.

[1] Cortina, Adela (1999). Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid, Alianza Editorial p. 254.

[2] Ibid, p.238

[3] Paniatowska, Elena et.al. (2017) Trump. México te habla. Grandes esinnobles ycritores mexicanos opinan sobre Donald Trump. Entrevistas de Raúl Godínez. México, Nueva Imagen. P.57

[4] https://www.infobae.com/economia/2020/05/31/frank-snowden-historiador-de-epidemias-el-desafio-no-es-tener-cuarentenas-permanentes-sino-reabrir-la-economia-con-el-menor-costo/