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Renta básica, reparación histórica y revolución

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Javier Tolcachier

Desde hace algunos decenios viene creciendo el clamor por un ingreso básico garantizado, que permita asegurar condiciones suficientes de subsistencia a todo ser humano, con independencia de su condición y sin contraprestación alguna.

La idea encuentra sus lejanas raíces en los visionarios humanistas del Renacimiento Tomás Moro y Luis Vives, quienes plantearon la necesidad de prevenir el hurto y la carencia de sustento, aún para aquellos “que han disipado sus fortunas a través de un vivir disoluto, a través de los juegos, las rameras, el lujo excesivo, la gula y los juegos de azar… porque nadie debe morir de hambre.” [1]

La justicia de tal afirmación continúa teniendo validez quinientos años después, en un mundo en el que más de 113 millones de personas experimentan inseguridad alimentaria aguda[2], 820 millones de personas pasan hambre y unos 2000 millones sufren su amenaza, según señala Naciones Unidas.

Tan sólo este hecho indudable justificaría el aserto sobre la imperiosa exigencia moral de instalar de inmediato un ingreso básico. Pero la idea de una vida digna, lejos de agotarse en la nuda necesidad del alimento, requiere la provisión de vestimenta, vivienda, salud, educación y múltiples servicios básicos. Todo lo cual se encuentra enumerado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que no es trasladada sino muy lentamente por los Estados a derecho efectivo y continúa constituyendo un catálogo de aspiraciones colectivas.

El actual escenario de capitalismo especulativo y producción tecnologizada ha hecho desaparecer por completo la posibilidad de pleno empleo, llevando a amplias mayorías a la precarización laboral y a un entorno vital de incertidumbre y falta de derechos. “Más de 1400 millones de trabajadores viven en esa situación de precariedad”, señalaba la OIT ya en 2018[3], precisando que “Tres de cada cuatro personas en los países en desarrollo se ve afectada por el empleo vulnerable.”

La caída de la economía mundial generada por la pandemia virósica del COVID-19, hoy estimada en alrededor de un punto del PIB global[4] afectará fuertemente a los países en desarrollo, en especial a aquellos dependientes del turismo y el comercio con China, los Estados Unidos y la Unión Europea.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “estima una contracción del orden del 1,8% del producto interno bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en diez puntos porcentuales. Esto llevaría a que, de un total de 620 millones de habitantes, el número de pobres en la región suba de 185 a 220 millones de personas; en tanto que las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 a 90 millones.”[5]

Más allá de lo que demuestra el marco estructural y la urgencia coyuntural en relación a las necesidades de los sectores más postergados, una Renta Básica Universal sin distinciones conlleva otros adelantos difícilmente refutables.

Uno de ellos es brindar una mayor libertad de decisión a personas dependientes económicamente dentro de cada hogar, en su inmensa mayoría mujeres, pero también niños, ancianos o personas con alguna discapacidad.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de reducir enormemente o acaso terminar con el trabajo infantil – que afecta en la actualidad a más de 150 millones de niños, de los cuales 73 millones realizan tareas peligrosas.[6] Casi la mitad de estos niños tienen entre 5 y 11 años, según el informe “Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil” de la Organización Internacional del Trabajo.

Un ingreso asegurado permitiría fortalecer la formación personal y el despliegue de las capacidades creativas y vocacionales, colaborando no sólo con el desarrollo individual, sino potenciando el avance colectivo en numerosos campos.[7]

El sudor de la frente propia… y ajena

El concepto de recibir una transferencia directa de carácter individual, suficiente, para todos y por el sólo hecho de existir, choca con prejuicios de fuerte arraigo, tales como el de suponer que uno debe hacer algo a cambio, es decir, ofrecer alguna contraprestación de carácter privado o social para poder hacerse acreedor a ello.

Habría que animarse a reflexionar si esta venta o alquiler de la propia vida a cambio de un salario, modalidad surgida en el transcurso de la Revolución Industrial y en la mayor parte de los casos insuficiente para vivir dignamente, no volatiliza en gran medida la posibilidad de ocupar este tiempo finito – recurso escaso de la vida humana- en otras tareas, impidiendo muchas veces seguir la propia vocación -nunca dictada por las leyes de la oferta y la demanda laboral- y si no dificulta incluso la posibilidad de actuar de manera voluntaria y desprendida, aún ejerciendo la misma ocupación.

La explotación de la mano de obra ajena sirvió en el período industrial para la formación de capital que luego se independizó parcialmente de la plusvalía extraída a los trabajadores/as (sudor de la frente ajena) para construir un planeta usurero, inexpugnable para las almas sensibles.

La idea de equiparar un trabajo individual (el sudor de la frente propia con el cual debe ganarse el diario pan) a una remuneración, no se sostiene estrictamente frente a la apreciación del quantum colectivo y la acumulación histórica en la creación de valor. Mucho menos puede aceptarse que alguien deba trabajar creando riqueza, mientras los especuladores crean agujeros negros de pobreza, que engullen por completo todo el trabajo y con él, la existencia invertidas.

La dificultad en aceptar que todo ser humano, por el sólo hecho de estar vivo tiene derecho a existir dignamente y que es una responsabilidad colectiva asegurarlo, es heredada de creencias y momentos anteriores de la historia humana y aprovechada ayer como hoy por mezquinos intereses de apropiación para impedir una redistribución justa del bienestar material.

¿Dónde está el dinero para repartir?

En el debate actual, los activistas de la Renta Básica Universal señalan como posibles fuentes efectivas de financiación, la necesidad de gravar con mayores impuestos a las grandes fortunas, impedir la evasión, elusión y fuga a paraísos fiscales o derivar partidas presupuestarias hoy despilfarradas en armamento.

Tan sólo un breve repaso del dinero escamoteado a los fiscos nacionales a través de maniobras –alrededor de un tercio del PBI mundial según un informe en 2012 de Expertos de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network) o la revisión del gasto armamentista mundial, que representó en 2018 “un 2,1% del PIB mundial o 239 dólares por persona”[8] hace balbucear a cualquier argumentación que niegue la posibilidad de garantizar una renta individual a todos los habitantes del planeta.

Más allá de su exigibilidad como derecho humano, las múltiples experiencias realizadas hasta ahora, aún bajo presupuestos y perspectivas disímiles, hablan de la viabilidad y las ventajas de instalar de inmediato un ingreso universal.

Aspectos críticos en el actual debate

Flaco favor le haríamos a esta propuesta política humanista, sino señaláramos, desde una perspectiva acaso aún más radical, al menos dos aspectos críticos en el actual debate por la implementación de un ingreso universal.

El primero es el concepto de que el monto exigible esté en relación con la canasta básica de cada nación y sea calculado en su viabilidad en relación a modalidades impositivas de cada Estado. Esto equivale a sellar la actual desigualdad de ingreso entre los nacionales de distinta procedencia. En otras palabras, si un europeo recibiera hoy en concepto de renta básica algo más de 400 euros, un indio 1000 rupias (alrededor de 12 euros) y un keniano 22 dólares, tal como marcan los ejemplos de propuestas y experiencias de actualidad, es evidente que esto no representará ningún avance en el acercamiento a estándares de justicia redistributiva global.

La segunda cuestión crítica es que, pese a su notoria legitimidad y utilidad, la Renta Básica no modifica los términos de apropiación de riqueza, es decir, no transforma de raíz la estructura antihumanista del capitalismo, sino que apenas compensa – casi de un modo socialdemócrata y keynesiano – el molde del ultraje, posibilitando incluso la supervivencia de este sistema cruel.[9]

Atender a estos reclamos será sin duda objeto de encendidas discusiones y podría alentar el surgimiento de múltiples ideas y proyectos, lo cual es la intención subyacente a este artículo.

Desde una aproximación inicial, la renta básica será verdaderamente universal, en un sentido planetario y pluricultural, si atiende al criterio de reparación histórica pendiente entre las naciones enriquecidas a través del pillaje colonial y el Sur global expoliado y violentado durante siglos.

Aún hoy las corporaciones, los fondos de inversión y la banca, muchos de ellos asentados jurídicamente en el Norte global, continúan el saqueo mediante el endeudamiento, la extorsión en la inversión directa y la generación de herramientas especulativas que empobrecen a los pueblos.

Por lo que ése es el punto de conjunción de los aspectos críticos señalados. La acción para establecer una renta universal igualitaria debe modificar en la raíz los procedimientos que llevan a una máxima concentración actual de riqueza en el uno por ciento de la población mundial.

¿Aplicar fuertes tasas impositivas a las corporaciones, la banca, las bolsas, los fondos de inversión para financiar una renta suficiente y además inhibir progresivamente la actividad especulativa? ¿Congelar todo pago de deuda externa derivando esos recursos de inmediato a una renta incondicional, que fomente además el mercado interno de cada país?

¿Multar con rigor la fuga de capital y las distintas modalidades de evasión o elusión impositiva y con lo recaudado, generar un fondo de garantías para el ingreso universal? ¿Impedir multilateralmente el comercio de armas de todo tipo, operando así la liberación de recursos de presupuesto para abrirle paso a este derecho social?

¿Establecer un fondo de redistribución mundial, gestionado por Naciones Unidas, al cual los Estados deban destinar una parte fija de su presupuesto según su PBI?

¿Tendrán los pueblos fuerza suficiente para contrabalancear y superar a la perversidad del poder económico? ¿Serán las actuales instituciones o una poderosa transformación de sentidos comunes las que podrán operar los cambios reclamados? ¿Lograremos adoptar como norma de vida el cuidado por el otro, la cooperación y la ayuda mutua?

¿Será posible aprender, de una vez por todas, que el bienestar individual sólo es posible en el marco del bienestar común? ¿Conseguiremos sobreponernos al retroceso antihistórico que difunden corrientes retrógradas? ¿Podremos ser protagonistas en la consolidación de un nuevo ser humano, intencionalmente recíproco, compasivo, afectuoso y empático?

La única certeza es que los tiempos de crisis invitan a pensar, sentir y actuar de manera revolucionaria, el único modo de hacer avanzar la historia humana.

* Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en agencia internacional de noticias pressenza

@jtolcachier

[1] Juan Luis Vives, De Subventione Pauperum, Sive de humanis necessitatibus, 1526. Citado en « The history of Basic Income », recuperado de https://basicincome.org/basic-income/history/

[2] Informe Mundial sobre las crisis alimentarias 2019. Food Security Information Network https://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2019

[3] Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. (2018) OIT. https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/lang–es/index.htm

[4] World Economic Situation And Prospects: April 2020 Briefing, No. 136. Department of Economic and Social Affairs. United Nations. https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-april-2020-briefing-no-136/

[5] https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactara-paises-america-latina

[6] Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil. Resultados y Tendencias 2012-2016. OIT https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596481.pdf

[7] Para abundar en los beneficios y modalidades de esta medida, sugerimos al lector el documental “Renta Básica Universal Incondicional, nuestro derecho a vivir”, una co-producción de agencia Pressenza y Humanistas por la Renta Básica Universal, dirigido por Álvaro Orús. https://www.youtube.com/watch?v=rYpRK2gqL4I&feature=youtu.be

[8] SIPRI Yearbook 2019. Armaments, Disarmament and International Security. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_es_0.pdf

[9] Tanto en el entorno de las megacorporaciones digitales de Silicon Valley como en el Foro Económico de Davos se discute hoy sobre propuestas y experiencias que promueven algún tipo de Renta Básica.

(Imagen de un blog virreinal)

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Colegio de Profesionales de Sociología ante el COVID-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

El Colegio de Profesionales de Sociología de Costa Rica pronunciamiento ante la pandemia del COVID-19
Junta Directiva, 24 de abril del 2020

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, ante la obligación que le confiere su Ley de creación de pronunciarse en asuntos de interés nacional e internacional, así como de emitir opinión y brindar asesoramiento a los Poderes del Estado, las organizaciones y las instituciones públicas y privadas, nos permitimos emitir nuestra posición sobre la emergencia nacional ante el Covid-19. Para ello dirigimos este pronunciamiento al señor Presidente de la República con copia a otras autoridades que están trabajando en la dirección y coordinación de políticas y acciones para su consideración, tales como el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Emergencias, la Defensoría de los Habitantes, los Rectores y consejos universitarios, las Escuelas de Sociología, la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), Sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Seguidamente enumeramos algunas consideraciones que desde las ciencias sociales y la sociología en particular, son criterios básicos a valorar en el proceso de diseño de medidas de emergencia y la toma de decisiones de política pública:

  1. En primer lugar, felicitar al Señor Presidente de la República, su Gabinete y autoridades de instituciones públicas por la rápida organización, aplicación de medidas de emergencia sanitaria, cambios y fortalecimiento en la organización interna de centros de salud, centros educativos y la atención de los sectores sociales con mayor riesgo y más afectados por las medidas adoptadas para detener la pandemia del COVID-19.
  2. La emergencia afecta a todos los sectores y actores sociales que requieren trabajar junto con el Gobierno de Costa Rica para direccionar el impacto que esta pandemia ha generado sobre la condición económica y social del país. Sabemos que la cuarentena sanitaria tiene efectos sobre las relaciones del trabajo y la distribución de los ingresos y de capital en los distintos sectores de la estructura social costarricense. Estos efectos impactarán en forma distinta a los diversos estratos socioeconómicos, donde algunos se verán beneficiados y otros muy amplios se verán perjudicados, dependiendo de la actividad económica, la posición socio laboral y la forma en que la legislación establezca la distribución de los beneficios y las personas beneficiarias, así como las fuentes de recursos, empréstitos y donaciones para afrontar la crisis.
  3. Desde la perspectiva sociológica es de fundamental importancia que el Gobierno escuche y tome decisiones considerando estas diferencias al otorgar beneficios y establecer medidas de políticas sociales, económicas y fiscales. Por una parte, la clase trabajadora tiene grandes diferencias entre sí, no solo por su condición ocupacional (ocupados, desempleados, buscan trabajo por primera vez), sino por sus calidades (nivel educativo, capacitación, experiencia laboral, dominio de otros idiomas, etc.), condiciones sociodemográficas (género, etnia, edad, nivel nutricional y de salud, territorialidad), cualidades (habilidades, valores, desempeño) y las remuneraciones salariales que percibe según su estrato sociocupacional (altos, medios, bajos) o su condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Existen variables e indicadores que permiten sumar estas condiciones que ya existen en registros como el SINERUBE, el SICERE de la CCSS, el INEC y otras fuentes de Información públicas, pero que no son accesibles para la toma de decisiones en el ámbito municipal, empresarial o de las organizaciones sociales, lo cual incrementa el riesgo de filtraciones, exclusiones, duplicidades y trasposición de beneficios y personas beneficiarias.
  4. Por otra parte, en el proceso de toma de decisiones se requiere tomar en cuenta que también existen diferencias dentro del sector privado o empresarial. Entre ellas cabe considerar variables tales como el tamaño de las empresas (pequeñas, medianas y grandes), el volumen de trabajadores/as que emplean, la categoría ocupacional de empresarios/as (patronos, trabajadores independientes o familiares sin sueldo), la condición de ocupación o inactividad (ocupados, jubilados, rentistas u otros), la actividad principal a la cual se dedican (financiera, agrícola, industrial, tecnológica, comercial, turística, etc.), el tipo de empresa (formal, informal, zona franca, otro), el ámbito de su mercado (familiar, comunal, local, regional, nacional, internacional o transnacional), el volumen y uso de servicios públicos (electricidad, agua, carreteras, puertos, salud, seguridad financiera, etc. ), la figura jurídica (sociedad anónima, economía social, organización sin fines de lucro, con fines de lucro y otras), el nivel de ingresos y de bienes de capital (fines y valor agregado, composición, encadenamientos productivos, el capital “golondrina” y otros), origen/destino de productos (importaciones/exportaciones) y su aporte al desarrollo local y nacional (Responsabilidad Social Empresarial, pago transparente o no de impuestos, donaciones, etc.). El apoyo solidario del sector empresarial para salir de la crisis sanitaria y económica es fundamental, así como el apoyo de las alianzas estratégicas con la cooperación internacional, las cuales pueden marcar una ruta necesaria para la consolidación y fortalecimiento del Pacto Social entre el Estado, empresas y ciudadanía.
  5. Ante la urgencia de tomar medidas de política púbica dirigidas a proteger y compensar los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia y el aislamiento, implica que todos los sectores deben asumir su responsabilidad. El Estado requiere identificar las principales características de los potenciales sectores beneficiarios por un lado y de los contribuyentes por el otro. El sector empresarial debe asumir su responsabilidad de actuar a derecho pero también de contribuir al desarrollo equitativo del país, eso les beneficia al ampliar los mercados, reinventarse y activar su productividad. Por su parte la población y empresas beneficiarias de estas políticas públicas, deben ser responsables para mejorar sus capacidades, innovar, trabajar duro y reaccionar con nuevas propuestas que aseguren el bienestar social y económico de todos y todas para cuando pase la crisis. Para ello se requiere del esfuerzo solidario tanto del Estado como del sector empresarial y el de los/as trabajadores/as teniendo como norte el bienestar social con equidad, racionalidad y solidaridad.
  6. En este proceso de la toma de decisiones de políticas públicas y el rediseño de programas y proyectos cabe recordar que además de nueva legislación se requiere aplicar el criterio técnico (sociológico, político, económico, tecnológico, gerencial, etc.) que prevea mecanismos de control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas no solo institucionales, sino también de cara a las empresas y a la ciudadanía, con su participación y apoyo, conforme al ordenamiento de nuestro Estado Social de Derecho. Así esperamos que las instituciones públicas, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil juntas eviten que los recursos disponibles y el gran esfuerzo realizado en este tiempo de urgencias puedan dar pie a la desconfianza e incertidumbre o de paso al clientelismo político oportunista, las filtraciones, exclusiones y duplicidades en la identificación de personas beneficiarias y la asignación de los beneficios.
  7. Cabe señalar que el país dispone de muchos estudios e informes sobre el panorama social, económico, político y ambiental que explican la evolución y condiciones de vida de los y las costarricenses, desagregadas por regiones, territorios, sectores sociales, hogares, familias y personas. En las últimas décadas el país ha acumulado la experiencia profesional, académica e institucional en la elaboración de diagnósticos, diseño de programas y evaluaciones sobre efectos e impactos. Entre las principales fuentes de información con estadísticas recientes y periódicas se encuentra el Programa del Estado de la Nación, MIDEPLAN, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), institutos de investigación económica y social de las universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. En todas ellas participa una amplia red de profesionales en las diversas especialidades, en su mayoría afiliados a órganos públicos no estatales como lo son los Colegios Profesionales, los cuales disponemos de la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) y las Asociaciones Internacionales de profesionales en las distintas disciplinas.
  8. El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica cuenta con casi mil profesionales afiliados/as que laboran en instituciones públicas y privadas, quienes realizan investigaciones, evaluaciones y acciones sustantivas dirigidas a contribuir en el desarrollo local, nacional e internacional. Una de las principales capacidades desarrolladas por los y las sociólogas es precisamente la realización de diagnósticos sociales, el diseño de los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación de planes, programas y proyectos sociales que impactan en forma diferente a ciertos sectores, actores sociales y económicos.
  9. Las metodologías, herramientas y perspectivas sociológicas destacan diferencias sobre las causas, efectos e impactos que se generan de los programas y proyectos, así como si éstos cumplen con ciertos principios fundamentales tales como la equidad, justicia social, la honestidad, la legalidad y solidaridad social. Estos principios y enfoques como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP), facilitará la empleabilidad estable y de calidad, reinversiones de capital, innovación tecnológica, calidad de resultados y el respeto a la legislación laboral y social, requeridos en estos momentos de crisis y las etapas posteriores.
  10. Los decretos emitidos y los proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo que requieren de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, deben tener en cuenta la consulta a la opinión ciudadana y los diversos sectores de la economía y sociedad, así como prever los posibles efectos e impactos sociales que estas políticas públicas y programas especiales pueden generar sobre los diversos sectores sociales, económicos y grupos de personas según su condición social, laboral, vulnerabilidad y pobreza distribuidas en las regiones y territorios más afectados por la crisis.

Ante este panorama, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica considera relevante recomendar al Gobierno de la República que tome en cuenta las siguientes acciones:

  1. Fortalecer y dar peso al carácter social del accionar del Estado y su institucionalidad frente a los intereses puramente financieros y lucrativos que subordinan lo social y lo ambiental. Lo anterior bajo el principio de revitalizar el carácter del modelo de desarrollo costarricense basado en nuestro Estado Social de Derecho.
  2. Promover acciones para mejorar la gobernanza desde la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP). Poner en práctica los principios y valores como la transparencia en la gestión pública, la integralidad, la objetividad en el desempeño, la honestidad y el liderazgo a favor del interés público que afecta a la ciudadanía. De ahí la importancia de que la administración pública sea accesible, concertadora y evaluadora del trabajo tanto del político y como del funcionario/a. El liderazgo direcciona y facilita la coordinación en la gestión pública para concertar acuerdos entre los diferentes sectores sociales y empresariales para llevar a cabo el “Contrato Social”, más allá de planes y programas coyunturales, de sus intereses o circunstancias, tal como lo ameritan las medidas que se están tomando para evitar la expansión del Covid-19.
  3. Revertir las dinámicas de la desigualdad social y territorial, tanto en el accionar institucional como en la inversión pública en las etapas de atención antes, durante y después de la pandemia, con el fin de generar procesos de inclusión, ampliar las capacidades humanas y las oportunidades laborales y prevenir el riesgo de aumentar los patrones de violencia, en especial de género y étnicas. Lo anterior implica identificar los sectores de la sociedad y de la economía costarricense en los cuales recaerán las mayores cargas económicas durante la crisis. Urge identificar salidas viables y las formas generales de recuperación de la economía nacional y regional con políticas redistributivas y basadas en la justicia social con solidaridad.
  4. Aprovechar esta coyuntura para impulsar con más fuerza el trabajo digno y promover esquemas asociativos y de emprendimiento económico que potencien los territorios y las poblaciones, desde la eco-economía social solidaria. En este proceso es importante la transparencia en las acciones que se realizan y la rendición de cuentas periódicas a la ciudadanía, lo cual promueve la cohesión e integración social.
  5. La identificación y atención institucional pertinente a los sectores de la economía informal, principalmente a las personas trabajadoras que no cuentan con interlocución o tienen una débil organización, desocupados/as, personas en condición de calle, privados/as de libertad y otros/as. Generar medios de articulación con el voluntariado de la red formal y de hecho con el movimiento comunal, organizaciones sociales y ONG´s de las distintas localidades en todo el territorio nacional.
  6. Cultivar mayores niveles de conciencia y compromiso social activo y organizativo de las poblaciones, actores sociales y organizaciones sociales en todos los ámbitos que permitan ser protagonistas de sus espacios de vida, partiendo de estilos de vida saludable, la educación crítica, creadora y generadora de oportunidades, la articulación y encadenamientos económicos entre organizaciones y territorios. Esto implica partir de una visión que rompa patrones de consumo, convivencia y uso social de los recursos y servicios ecosistémicos, de mitigación y transformaciones para la superación del cambio climático, donde cada persona, familia, comunidad y las organizaciones asuman compromisos en sus ámbitos de responsabilidad. De tal modo, es recomendable fortalecer articulaciones territoriales y encadenamiento de activación económica y social en los territorios; no pretender que solo el Estado asume y provee las soluciones y recursos. Una sociedad que exige pero que también se involucra y compromete activamente, revitaliza nuestros liderazgos sociales y económicos.
  7. Potenciar y revitalizar el lugar y el peso de los pueblos indígenas en sus territorios, activando tanto sus modelos de acción, su cosmovisión y gestión como su protección ante las amenazas no solo sanitarias, sino económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales. Respetar la normativa nacional y los Convenios Internacionales que rigen nuestras etnias ancestrales.
  8. Consolidar prácticas de acción gubernamental basadas en la evidencia científica, destaca en especial el papel de la moderna ciencia social, que se basa en enfoques interdisciplinarios que atienden no solo las condiciones, factores y dinámicas sociales sino también previendo los posibles efectos e impactos sociales y ambientales. Así lo demuestran día a día en esta crisis los/as epidemiólogos/as trabajando junto a personal de salud, seguridad pública, emergencias, sociólogos/as, economistas, comunicadores/as y ambientalistas. Se requiere dar mayor peso y reconocimiento a las ciencias sociales, tanto en la comprensión como en el diseño y generación de rutas y soluciones alternativas, basadas en criterios propios de nuestras ciencias.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica llama la atención al Gobierno de la República sobre los peligros de tomar decisiones aceleradas sin los elementos de análisis sobre las fuentes de ingreso, el control del gasto y la redistribución efectiva de los recursos que se logren recaudar invertidas en las poblaciones objetivo y territorios en riesgo. En emergencias vividas en el pasado se cometieron muchos errores que posteriormente debieron ser ventilados en tribunales de justicia y querellas que generaron dudas sobre el adecuado uso de los recursos públicos. El criterio técnico y normativo debe ser respaldado con adecuados sistemas de información, bases de datos cruzadas entre entidades ejecutoras con los registros nacionales y sistemas de información de potenciales beneficiarios. Los sociólogos y sociólogas desde nuestro Colegio, nos ponemos a la orden del Gobierno en aquellas acciones ligadas a la crisis y acorde con nuestra especificidad profesional. Estamos comprometidos/as a aportar con nuestro conocimiento y experiencia, fundamentados/as en nuestros principios de integralidad, compromiso, solidaridad y respeto al ordenamiento jurídico y defensa del interés público en momentos de emergencia nacional y mundial.

Firma responsable: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Presidenta. Cédula 4-0110-0275

CC Arch.

Adjunto a oficio CPSCR-JD-004-2020 remitido al Presidente de la República el 24 de Abril, 2020

La clase política no le teme al pueblo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas

Así sentenció la diputada guapileña Yorleny León, la decisión tomada en la Asamblea Legislativa, con el apoyo del gobierno, para imponerle al país un conjunto de leyes tendientes a favorecer a quienes tomaron la decisión, de acabar con lo que quedaba del estado de bienestar en este país.

La reunión que por primera vez tuvo la Junta Directiva de la CCSS con el Presidente Alvarado en lo que va de este gobierno, fue para anunciarles, a través del Ministro de Hacienda y acompañados del Presidente del Banco Central, que no hay dinero para salvar la Caja Costarricense del Seguro Social. Una acción muy coordinada, como todas las que ha hecho este gobierno. No hay casualidades.

El escándalo fue tal, que Carlos Alvarado tuvo que salir a desdecirse, a su mejor estilo, inmediatamente al día siguiente. De paso informó que crearía una comisión para resolver el mal entendido, ahora la Caja está en más peligro que antes, a pesar de las poses.

Para destruir este legado de Calderón Guardia, apoyado por Manuel Mora, Monseñor Sanabria y defendido con generosidad por José Figueres, muy a pesar de la oligarquía del 48, contaron con el apoyo de economistas y funcionarios que erosionaron poco a poco las finanzas de la Caja. Reducir en un 75% el aporte patronal, fue una estocada al corazón de la institución. Rendir cuentas sobre lo que aquí pasó, es una responsabilidad constitucional inmediata, que debe cumplirse como lo establece el Art. 11 y afrontar penalmente las responsabilidades.

En este país sobra el dinero, sino no se lo robarían. Que lo estén guardando para otros intereses es otra cosa, porque cuando se trata de rescatar de los problemas a la mafia política, no les ha temblado el pulso nunca, para arrebatarle inmoralmente a la ciudadanía sus recursos. Así se han perdido fondos de pensiones, el valor del ahorro y ni qué decir de los impuestos que evadieron o eludieron, para los que nunca hubo interés en vigilar.

Ahora resulta que de ninguna manera se puede hacer un crédito puente para rescatar la Caja, tampoco se puede repatriar parte de los recursos del Banco Central que tiene invertidos en el exterior; mucho menos tocar los abundantes recursos de SUTEL o que el sistema cooperativo haga un préstamo. Jamás poner un impuesto a la riqueza, como se atrevió el viejo Figueres para rescatar la hacienda pública, porque ya lo advirtió una de las cámaras: “nada de impuestos y menos impuestos solidarios”. Gobernantes de esos, ya no hay.

Siempre he reconocido en Oscar Arias su visión, al establecer como compensación social por el Ajuste Estructural, la puesta en marcha desde el CNP, del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Lastimosamente la corrupción y la impunidad torpedearon esa importante herramienta, pero sigue disponible y ahora se requiere para dotar desde la ciudadanía que va a quedar en la pobreza, parte importante de los suministros que la Caja requiere, así se reparte riqueza.

Roberto Artavia figura destacada del INCAE y ayudando al gobierno, ha advertido que no se puede pensar y actuar como se hacía antes de marzo, para enfrentar las secuelas del COVID 19. Hasta él reconoce que ahora la política debe humanizarse, porque debe restituirse la credibilidad institucional, pero cuidado si algunos van más por un botín, que sacar adelante este país.

Es el momento del diálogo, al estilo costarricense, de frente, entre todos, sin privilegios.

No se trata de reunir los amigos del gobierno y decir que ésos representan al país y que definirán el futuro de Costa Rica.

No, ninguno de esos me representa.

Hoy más que nunca, el diálogo debe ser sin exclusiones, sin miedo a los disensos, porque hay que construir consensos, para reconstruir el país y mantener la paz.

Carlos Campos Rojas
24 de abril de 2020
A cincuenta años de ALCOA.

La verdad de las pensiones del régimen de reparto del magisterio

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Jubilados en acción / Francisco Esquivel V.

Mucha de la información que circula en los medios de comunicación distorsiona la realidad de lo que sucede en el régimen de reparto del Magisterio Nacional y el impacto de la Ley 9796 sobre pensiones.

Los argumentos comunes. Lo que normalmente se dice son cosas como las siguientes:

  • Nunca hubo un motivo válido para privilegiar a los funcionarios públicos que se pensionan con montos por encima de lo que tienen los trabajadores del sector privado
  • No hay cómo justificar las diferencias en las pensiones de los diferentes regímenes
  • Las pensiones se han hecho incosteables y hay otras prioridades para el dinero que, a fin de cuentas, sale del bolsillo de todos, especialmente del sector privado
  • La ley 9796 contribuirá notablemente a la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio

Sí hay motivo para que las pensiones del magisterio sean diferentes. Las dos primeras afirmaciones parten del supuesto de que en todos los regímenes de pensiones se cotiza lo mismo. Si los trabajadores de todos los regímenes cotizaran lo mismo es obvio que las pensiones deberían ser iguales. Pero, resulta que en el régimen de reparto del Magisterio se cotizan porcentajes muy altos del salario cuando la persona es trabajador activo. La cotización más baja es del 10%, y de ahí sube hasta llegar al 16% dependiendo del monto del salario. Esto es sustancialmente mayor que el aporte de los trabajadores del régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, una vez que el trabajador se pensiona, debe cotizar una contribución solidaria que oscila entre el 25% y el 75% de los segmentos altos de la pensión, dependiendo del monto de la pensión bruta. Por lo tanto, sí hay motivo para que las pensiones del magisterio sean diferentes. Los educadores han pagado, durante varias décadas de trabajo, para tener una pensión más alta. Negar eso sería una injusticia.

El gobierno se comió las cuotas pagadas por los maestros. La tercera afirmación dice que las pensiones del magisterio son incosteables y se financian a costa de los trabajadores del sector privado. También esto es incorrecto porque asume que los trabajadores del magisterio no han pagado las cuotas suficientes, y en el monto apropiado, para disfrutar de sus pensiones. Desde luego, en el pasado, algunas personas se aprovecharon de ciertos portillos para pensionarse bajo el régimen de reparto o bajo otros regímenes a cargo del presupuesto nacional, sin aportar las cuotas apropiadas. Pero esa no es la realidad de los miles de pensionados del régimen de reparto, que han trabajado varias décadas cotizando los porcentajes citados antes.

Entonces, si los pensionados del régimen de reparto del magisterio han pagado por décadas sus cuotas, ¿cómo es que ahora el Gobierno Central debe usar los impuestos para pagar tales pensiones? La respuesta es que el Gobierno se comió esas cuotas y no se las dio a los pensionados. Por décadas, el Gobierno usó las cuotas pagadas por los trabajadores del magisterio para otras cosas. Además, hay que considerar que el financiamiento de todo régimen de pensiones debe tener tres fuentes de ingreso: las cuotas del trabajador, las cuotas del patrono y las cuotas del estado. Así lo establece el artículo 73 de la Constitución Política. En el caso del régimen de pensiones del Magisterio el Gobierno nunca pagó esas cuotas, tanto como patrono como en su calidad de tercera parte del sistema de financiamiento.

La Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA) ha estimado que si el Gobierno no se hubiera comido esas cuotas, pagándolas como era obligatorio, y con eso, se hubiese formado un fondo para pagar las pensiones, en este momento se tendrían por lo menos 5 billones de colones que permitirían pagar las pensiones actuales. Se trata del 13% del PIB o dos veces el déficit fiscal.

También, hay que tomar en cuenta un hecho fundamental en la historia de las pensiones del Magisterio. En 1995 el régimen se partió en dos. Por una parte, se constituyó el régimen de reparto ubicando ahí a los pensionados de mayor edad. Por otra parte, se estableció el régimen de capitalización colectiva (RCC) conformado por los educadores más jóvenes. Pero, al realizarse esta partición, el régimen de Reparto quedó dañado estructuralmente porque se le quitó la posibilidad de contar con las aportaciones de nuevos miembros, que, a partir de ese momento, pasaron al régimen de Capitalización Colectiva. Hoy se tienen aproximadamente 44.000 beneficiarios del régimen de Reparto. Pero tal régimen ha perdido el aporte de 101.000 educadores que pasaron al régimen de Capitalización Colectiva.

La sostenibilidad del régimen de reparto. Para lograr la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio es necesario comenzar por el restablecimiento del fondo. El Gobierno Central debe pagar la deuda para dar una muestra de que se quiere resolver el problema. Y, asumiendo que, en 1995, se fracturó estructuralmente el sistema de financiamiento, el Gobierno Central, no sólo debe pagar la deuda sino también dar un aporte que complemente las cotizaciones de los pensionados. En la medida en que se avance en esta dirección es posible convocar a los pensionados, y a los educadores activos, para dialogar y, con el apoyo de un estudio actuarial, consensuar una solución integral. No reconocer la deuda del Gobierno Central con el régimen del Magisterio y descargar únicamente sobre los jubilados acciones como las de la ley 9796, es evadir la realidad y no aportar nada significativo para lograr la sostenibilidad del régimen de reparto.

El famélico ahorro de la ley 9796. Dice la cuarta afirmación que la ley 9796 le dará un gran aporte a la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio. Eso es incorrecto. El impacto de la ley 9796 en las finanzas del régimen de reparto será mínimo. Estadísticamente no es significativo. Lo que se recaudará anualmente será el 1,9% de lo que se paga por el total de pensiones del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional. En consecuencia, la recaudación de la ley 9796 no le aportará nada relevante a la sostenibilidad del régimen ni a corto, ni a mediano y largo plazo. Es decir, se trata de un ahorro que no es relevante.

Imagen: MEP

Extracto de libro rememora ALCOA NO

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marco Palma Leiva compartió con SURCOS un extracto de su libro Con Linaje de Esperanza. Lo publicamos en honor a una generación que hizo suya la lucha por la dignidad.

Extracto del Libro “Con Linaje de Esperanza”
Capítulo III Tatuajes de la Calle Nuestra
de Marco Kiko Palma Leiva
CUARTO TATUAJE
24 de abril 1970
ALCOA NO

Piedras iban…lacrimógenas venían… río revuelto en la Cuesta e´Moras.

Una juventud enardecida tomaba las calles, con ideales y anarquía,

mientras un enjambre antimotines imponía su orden con estrategia y garrote.

Así fueron cayendo presos: diez, veinticinco, setenta y pico.

Entre ellos Antón, el duendecillo que siempre burlaba la historia.

Hoy caía “in fraganti”.

Fue un veinticuatro de un veraneado abril, cuando se hizo pequeña la mazmorra.

Sí, así fue.

Con otros nueve escuálidos colegiales, huyendo del acoso militar, se habían “puesto a salvo” en el corredor de una casona antigua, detrás del Museo Nacional.

Ahí, con más susto que ideas, fueron interceptados por la policía.

A punta de amenazas y patadas, los pasaron del protegido corredor, al metálico cajón de la “perrera” policial, en ruta directa a la Primera Comisaría.

Los tiraron a un patio techado grande, donde ya estaban detenidos otros cincuenta jóvenes, universitarios casi todos.

Fueron recibidos con aplausos y cantos patrióticos…que luego se repitieron cada vez que llegaban más detenidos.

Era como una película en vivo…todos sentados en el suelo, algunos golpeados o con problemas por los gases, todos fichados como nuevos delincuentes.

Los colegiales fueron liberados en cuatro horas, los demás hasta el día siguiente.

Ese 24 de abril de 1970 fue un tatuaje imborrable, como el grafitti que quedó escrito en la pared de la Comisaría…   “Hoy también es 68”, recordando el París del año histórico, donde Antón, ahora fichado como “agitador profesional”, también había estado presente y…

Habría escrito su primera crónica poética…

En ese … nominado almanaque de los insurrectos
cincuenta calles repletas de colorida protesta
buscaron taquear con flores
el napalm y la metralla.
Melenas cálidas
sin picos ni lanza
abrazaron la herida de otros
como se abraza su propia llaga.

Exactamente asimétrico trascendió ese año 68
Unas veces rebosando sicodelia
otras en la cuenca guerrillera
bohemio casi siempre
entre copas verbos y radicales respuestas.
En el mayo represivo…
el amor se hizo semilla.
En el agosto invasor…
la paz enraizó victoria.
En el octubre sangrante…
el dolor floreció ojos libres.
En el diciembre consumista…
una sencilla esperanza anidó en un pesebre.
Y en nuestro abril adolescente…
la conciencia se lanzó a pintar horizontes.

Economistas escriben al presidente con propuestas excepcionales

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Tiempos excepcionales demandan respuestas excepcionales

Carta Abierta al presidente Carlos Alvarado

Grupo Economía Pluralista

(24 de abril de 2020)

Muy honorable señor presidente:

Con nuestros muy atentos saludos, y esperando se encuentre muy bien, nos dirigimos a usted, en nuestra doble condición de ciudadanas y ciudadanos costarricenses y profesionales de la economía, para manifestarle, con todo respeto, lo siguiente:

1) Reconocemos y apoyamos el trabajo que su gobierno ha venido realizando, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, y sus respectivos jerarcas, Dr. Daniel Salas y Dr. Román Macaya, para enfrentar la emergencia sanitaria del covid-19. Con usted, nos congratulamos de los buenos resultados que Costa Rica está logrando. Confiamos que, como comunidad nacional, sabremos seguir adelante por esa misma ruta de responsabilidad, solidaridad y disciplina. Consideramos que, en esta materia, deben respetarse los criterios científicos y la recomendación de las personas expertas en la materia. Ninguna otra instancia tiene autoridad ni debería inmiscuirse, en las decisiones sobre la cuarentena y las medidas de prevención que se apliquen.

2) Bien sabemos que todo esto inevitablemente conlleva un elevado costo económico, lo cual implica una severa contracción de la producción nacional, y la pérdida de decenas, quizá centenares de miles de empleos, con lamentables y muy dolorosas consecuencias humanas y sociales.

3) La situación que se plantea es inédita desde todo punto de vista, no solo por la severidad de la recesión económica que enfrentamos, sino especialmente por las condiciones, sumamente peculiares, bajo las cuales esto tiene lugar.

4) Enfrentamos circunstancias que, por novedosas e imprevistas, exigen una alta dosis de creatividad e innovación. Las fórmulas económicas ortodoxas, de dudosa eficacia incluso en tiempos normales, no solo se vuelven del todo inútiles hoy día, sino que más bien arriesgan ser un grillete que dificulte, e incluso impida, hacer lo que debe hacerse.

5) Con la caída de la economía y la pérdida masiva de empleos, viene un severo y repentino empobrecimiento, con afectaciones especialmente severas para las mujeres. Una primera pregunta que debemos contestar es ¿cómo hacemos para distribuir equitativamente los costos asociados a ese doloroso retroceso? Creemos que es nuestro deber garantizar un reparto equitativo de los costos, lo cual necesariamente significa que las personas, familias y sectores sociales en condiciones relativamente favorables, deben aportar a fin de fortalecer y ampliar el Plan Proteger de su gobierno, y de esa manera brindar un auxilio efectivo a los centenares de miles de familias y personas que hoy sufren pobreza y agudas carencias, entre las cuales debemos mencionar, en lugar prioritario, las mujeres jefas de hogar, y las personas mayores, discapacitadas, indígenas, migrante, trabajadoras domésticas y personas LGBTIQ. Aparte ser un deber ético y moral y una obligación que solidariamente toca asumir, esto ayudará a sostener el mercado interno, y atenuar la recesión de la economía.

6) Debe asimismo tomarse las decisiones que sean necesarias, a fin de garantizar que en estos momentos apremiantes, los recursos que se dedican a usos suntuarios o prescindibles, se canalicen hacia fines prioritarios y urgentes, como la atención de la crisis sanitaria, el apoyo a empresas en problemas, la protección de los empleos, y, desde luego, el auxilio a los sectores sociales más carenciados. En el sector público hay margen para una reasignación de recursos de ese tipo, ya sea mediante el ahorro en rubros prescindibles (publicidad, consultorías, etc.) o aprovechando los ahorros que la propia cuarentena está generando. Algo similar se podría propiciar en el sector privado, mediante un esquema tributario apropiado que no penalice la actividad productiva, sino solamente las formas suntuosas de consumo.

7) Pero, asimismo, debemos interrogarnos acerca de cómo lograr atenuar la recesión económica, y cómo impedir que, en lo posible, ésta no deje secuelas perdurables, de difícil recuperación futura. Las medidas que su gobierno ha impulsado, destinadas a posponer el pago de impuestos, cuotas de seguridad social y servicios públicos por parte de las empresas, son necesarias para facilitar el manejo de flujo de caja y de capital de trabajo de éstas, aunque deberían estar reservadas para aquellas empresas golpeadas por la crisis, no las que siguen teniendo un desempeño satisfactorio.

Especial atención deben recibir las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y los emprendimientos de la economía social y solidaria.

8) La moratoria en el pago de las deudas de familias y empresas –en especial las micro y pequeñas, así como las de la economía social y solidaria– la definición de una tasa de usura, la reducción de los costos y comisiones de los datafonos, el alivio o posposición de los pagos de servicios públicos, y la disponibilidad de crédito en condiciones favorables, por parte de bancos tanto privados como públicos, son asimismo medida necesarias para sobrellevar la crisis y atenuar el impacto de la recesión.

9) Necesitamos con urgencia una actuación enérgica y decidida del Banco Central. A éste le corresponde garantizarle liquidez a los bancos y entidades financieras, crear las condiciones necesarias para facilitar la concesión de moratorias sobre deudas de personas y empresas, y hacer bajar las tasas de interés sobre la deuda pública, a fin de propiciar un ahorro significativo en los pagos por intereses. Asimismo, y de forma ineludible, le corresponde al Banco Central apoyar el financiamiento del déficit fiscal y, en particular, el financiamiento de las medidas de emergencia, no solo las que tienen que ver con la parte sanitaria, sino las destinadas a atenuar el impacto de la recesión. En conjunto con el Ministerio de Hacienda, el Banco Central debe generar los mecanismos necesarios para dar sostenibilidad a las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y garantizar la continuidad de sus proyectos de inversión.

10) En relación con lo indicado en el punto anterior, es desde todo punto de vista desatinado traer a colación, en el contexto actual, el fantasma de la inflación. No hay riesgo alguno de inflación, no solo porque las tasas de desempleo de la fuerza de trabajo y de desocupación de la capacidad productiva instalada, son altísimas, sino porque, en la actual realidad sociopolítica de Costa Rica, no hay posibilidad alguna que se dé lugar a una espiral precios-salarios, como las que fueron características del decenio de los setenta del siglo pasado. El problema hoy es el desplome de la economía y el desempleo, no la inflación, y ello hace urgente que el Banco Central aporte lo que le corresponde.

11) Debemos, desde ya, avanzar en la definición de un programa de recuperación de la economía, que se pondrá en marcha tan pronto como las condiciones sanitarias se hayan estabilizado. Este programa debe estar animado por un firme compromiso ambiental, y animado por un enfoque social y humano, orientado a garantizar condiciones de vida digna para toda la población. Un componente muy importante dentro de ese esfuerzo de recuperación, debe ser un programa de inversión pública muy ambicioso, el cual ha de reconocer varias fases, inclusive una, de corto plazo y fácil y rápida ejecución, planificada para la generación inmediata de muchos empleos, tanto directos como indirectos, incluyendo objetivos que, de forma expresa, favorezcan la incorporación de las mujeres y el beneficio de las regiones más empobrecidas y carenciadas de Costa Rica. En etapas posteriores, ese plan, aparte afirmar los esfuerzos de reactivación económica y creación de empleos, debe también contribuir a la consolidación de una economía de alta productividad, respetuosa con la naturaleza, que genere muchos empleos y que distribuya el ingreso y la riqueza de forma muy equitativa. Debemos concebir este programa como el inicio de un esfuerzo ineludible de refundación de la economía costarricense, sobre bases profundamente renovadas.

12) Debemos innovar en los mecanismos de financiamiento de ese programa de inversión pública. El recurso a financiamiento externo en condiciones blandas y de largo plazo, será una, entre algunas otras, de las opciones que debemos aprovechar. Apoyamos las negociaciones que su gobierno realiza con diversos organismos internacionales, pero advertimos que esas negociaciones deben enfatizar objetivos de reanimación de la economía y creación de empleos, bajo condiciones de equidad y justicia social. No caben aquí las agendas ideológicas orientadas a propiciar procesos de privatización, o inspiradas en criterios de austeridad fiscal, comprobadamente fallidos, todo lo cual resultaría, en este momento, por completo desatinado e impertinente.

13) La crisis dejará, inevitablemente, un déficit fiscal y una deuda pública más altas. Es tan inevitable como necesario. Ello hará necesario avanzar decididamente en la introducción de reformas progresivas a nuestro sistema tributario, y en un combate mucho más enérgico contra la evasión y la elusión. Con todo respeto, señor presidente, nos permitimos agregar lo siguiente: la forma más saludable y eficaz de lograr reducir el déficit y poner bajo control la deuda, es con base en una economía dinámica, que genere muchos buenos empleos. Para lograrlo, es importante olvidarse del fallido catecismo ortodoxo que insiste en la austeridad fiscal, y avanzar hacia un programa de recuperación económica vigoroso, tal cual aquí brevemente lo hemos pergeñado.

14) Es importante indicar, señor presidente, que en la economía no existe una única perspectiva teórica y epistémica. Todo lo contrario más bien: la economía es hoy una ciencia que se energiza y renueva a partir del debate amplio y pluralista. Cuando, por otra parte, ya desde la crisis financiera mundial y la Gran Recesión de 2007-2009, quedó muy claro que la versión ortodoxa tradicional de la economía, no solo carga gravísimos errores, sino que es claramente incapaz de articular ninguna respuesta creíble frente a las situaciones de crisis. En los difíciles momentos que hoy vivimos, ello nuevamente se pone de manifiesto: la ortodoxia económica, aun dominante en Costa Rica, se mantiene encapsulada dentro de los rígidos moldes teóricos y propositivos que le son característicos, al punto que ni siquiera capta que una situación excepcional como la actual, demanda por ello mismo respuestas excepcionales. Esa economía simplemente sigue aferrada a las fórmulas de siempre.

15) Finalmente, señor presidente, nos ponemos a sus órdenes, con el ánimo de contribuir, con espíritu patriótico y constructivo, y con la más amplia disposición al diálogo respetuoso, en la búsqueda de soluciones justas y equitativas, que también sean económicamente viables y eficaces. Lo que aquí hemos planteado, tan solo esboza algunas de nuestras ideas y propuestas. Con gusto querríamos ampliar ante usted nuestros puntos de vista, si usted nos concede la oportunidad y el honor de hacerlo.

Sin más por ahora, nos suscribimos ante usted, muy atenta y respetuosamente,

Ana Rosa Ruiz Fernández, economista, cédula 3-0248-0440, Instituto Tecnológico de Costa Rica / Red Feminista
Daniel Vartanian Alarcón, economista, cédula 8-0051-0962
Eduardo Rosales Blandino, administrador, cédula 1-0412-1404
Eugenio Trejos Benavides, cédula 9-0041-0880, profesor Instituto Tecnológico de Costa Rica
Fernando Rodríguez Garro, economista, cédula 4-0165-0895, académico Escuela de Economía, UNA
Greivin Salazar Álvarez, economista, cédula 1-0971-0643, Escuela de Economía, UNA
Henry Mora Jiménez, economista, cédula 1-0512-0542, catedrático UNA
Hugo Cascaste Micó, economista, cédula 6-0107-1240
Jorge Arturo Chaves Ortiz, economista, cédula 1-0413-0957, director Centro Dominico de Investigaciones (CEDI) / UNA
Jorge Andrey Valenciano Salazar, economista, cédula 2-0542-0447, Escuela de Economía, UNA
Luis Carlos Olivares Martínez, economista, cédula 1-1445-0826, Instituto Centroamericano de Gobernabilidad
Luis Paulino Vargas Solís, economista, cédula 2-0327-0373, director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
María Leonela Artavia Jiménez, cédula 1-1444-0882, Investigadora Centro Dominico de Investigación (CEDI) / Académica Escuela de Economía, UNA
Mario Devandas Brenes, economista, cédula 1-0342-0692, directivo Caja Costarricense del Seguro Social
Martín Gerardo Murillo Córdoba, economista, cédula 1-0498-0565, profesor UNED / Consultor
Osvaldo Ureña Jiménez, economista, cédula 1-1307-0662
Pablo Abarca González, economista, cédula 1-1452-0672
René Fonseca Cortés, administrador, cédula 9-0110-0864
Rosberly Rojas Campos, economista, cédula 2-0454-0781, Investigadora UNED
Roxana Morales Ramos, economista, cédula 1-1167-0990, Escuela de Economía, UNA
Welmer Ramos González, economista, cédula 5-0191-0924, diputado

A 50 años de la lucha patriótica contra la ALCOA

Escrito en . Publicado en Análisis, Formación.

Vladimir de la Cruz

Hace 50 años, un 24 de abril, culminó una batalla de características ecologistas, patrióticas y nacionales, que resultó de intensas movilizaciones estudiantiles, y populares que se sumaron, para detener la aprobación del Contrato Ley con la compañía Aluminiun Company of America (ALCOA), que se venía discutiendo para su aprobación en la Asamblea Legislativa en las últimas sesiones extraordinarias del gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, cuando la juventud y los estudiantes costarricenses protestaron violentamente contra la aprobación de este Contrato por la Asamblea ese día.

El impacto negativo de la ALCOA, interesada en explotar la bauxita en la región de Pérez Zeledón, a razón de 25 céntimos de colón por tonelada de extracción de materiales, de la que no solo sacaba aluminio, lo divulgó el Ing. Fernando Chávez Molina, comunista, quien había escrito el folleto “La ALCOA un matapalo”, y el Partido Vanguardia Popular, venía creando conciencia, desde principios de la década de 1960,  sobre el significado de esta empresa y el impacto negativo que podría tener para el país.

Por lo demás era una empresa norteamericana, que inscribía esta lucha contra la presencia imperialista en el país, en el contexto de la guerra fría de entonces, del impacto y auge de la Revolución Cubana en la región, de la lucha anticolonial mundial, así como de las protestas y movilizaciones de solidaridad contra la guerra en Vietnam y al auge que adquiría en Europa y Estados Unidos esta resistencia, con la participación de los jóvenes norteamericanos del movimiento pro paz, los hippies y otras manifestaciones juveniles, que no eran ignoradas de la juventud costarricense.

También brotaron en esos años grupos de izquierda cristianos, por el impacto del II Concilio, el CELAM y los movimientos de cristianos por el socialismo en América, que tuvieron gran repercusión en la Universidad de Costa Rica (UCR).

En la UCR, el surgimiento del Frente de Acción Universitaria (FAU), organización estudiantil comunista, a partir de 1967, le imprime al movimiento estudiantil y a las luchas estudiantiles un carácter diferente, de mayor conciencia social, de compromiso solidario internacional y nacional, de discutir asuntos políticos y nacionales, y de vincular a la Federación de Estudiantes de la Universidad (FEUCR) con las luchas populares y de movilización estudiantil.

Así, a principios 1969, por la acción del FAU y de la FEUCR, después del Congreso estudiantil de la Federación, de marzo, se lleva a cabo un Seminario, que estudia el Contrato de la ALCOA, donde se articuló la estrategia de lucha para oponerlo.

A finales de 1969 se organiza la protesta permanente, con un piquete en los predios de la Asamblea Legislativa. A ello se sumó la visita constante a los colegios de secundaria, que se fueron sumando.

Los dirigentes estudiantiles y los doce diputados que se oponían al Contrato Ley son el factor de agitación y movilización, el FAU y la FEUCR el de su organización.

En esta lucha, como en la del Combo del ICE, en el 2000, o la del TLC en 2007 fue importante la presencia de diputados que hicieron de la Asamblea Legislativa un centro de discusión política, pero sobre todo de llegada de la movilización ciudadana, con el apoyo de las organizaciones sociales.

De allí la importancia de tener representantes legislativos en capacidad de mimetizarse con los sectores populares y estudiantiles en sus luchas.

Los doce diputados, de los partidos Liberación Nacional y Unificación Nacional, que votaron en contra del Contrato de Alcoa, en la Asamblea Legislativa, fueron:

Armando Arauz
Arnulfo Carmona Benavides
Cecilia González
Fernando Gutiérrez Benavides
Fernando Guzmán Mata
Fernando Volio Jiménez
Jorge Luis Villanueva Badilla
José Antonio Bolaños
José Hine García
Matilde Marín Chinchilla
Rodrigo Carazo Odio
Uriel Arrieta Salas

A pesar de COVID-19 continua la explotación del agua sin límites

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Madre Tierra.

¿Por qué no ser tan eficientes también para resolver el problema de la falta de guardaparques en las Áreas Silvestres Protegidas, ASP, de hace décadas?, sólo para poner un ejemplo.

De la misma forma que se está flexibilizando y facilitando requisitos para la EXPLOTACIÓN SIN LIMITES DEL AGUA… ¡muy conveniente!, (como en el Proyecto de Ley del agua de la privatización del agua del BM-GWP No. 20.212, Texto Sustitutivo en la As. Leg.) y en dónde queda claro, que: el agua-sobre todo el agua subterránea-, es inagotable…

Y como si fuera poco…no les ponen hidrómetros a las embotelladoras de gaseosas, cerveza, agua a las transnacionales y mucho menos a las piñeras entre otros monocultivos, ¿por qué? … ¡porque sale muy caro!, según la Dirección de Aguas-MINAE, -fieles defensores de los proyectos privatizadores- (hidrómetros tienen un costo aprox. US$2.000).

Nos preguntamos: en estos tiempos del covid19 ¿tendrán problemas de acceso al agua estas empresas, como lo estamos sufriendo en muchas comunidades?

Ma. Elena Fournier S.
Presidenta
Asociación Conservacionista YISKI

Imagen ilustrativa.

Enviado por Ma. Elena Fournier.

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La distribución de los riesgos laborales, sociales y económicos de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

“Todas las medidas emprendidas en nombre del rescate de la economía se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. (Z. Bauman)

Un ejercicio comparado Argentina-Costa Rica

Manuel Hernández

A título únicamente ilustrativo, por muchas razones, me seduce comparar las medidas laborales de emergencia, que en tiempos de pandemia, adoptaron dos gobiernos de América Latina: la Nación de Argentina y nuestro infaltable sistema democrático.

En parte, una de las razones es que, como sabemos, cuando asumió recientemente la Casa Rosada Alberto Fernández, Argentina estaba y sigue estando en una situación económica y financiera muy seria, mucho más grave –como decía Benedetti- que la situación de nuestro país, cuando irrumpió esta virulenta e interminable pandemia.

Pues bien, sin más introducción, paso a comparar, de manera muy breve, las medidas laborales de emergencia y temporales adoptadas por ambos Gobiernos:

1.- El Gobierno de la Nación de Argentina le aseguró a todos los trabajadores y trabajadoras la percepción íntegra de los salarios.

Nuestro vernáculo gobierno impulsó un proyecto de ley para reducir la jornada de trabajo, hasta un 75% de las horas por semana y en consecuencia, proporcionalmente la rebaja de los salarios.

Este proyecto, mediante una vía ultra rápida, es hoy una exultante ley de la Republica.

2.- El de Argentina prohibió la suspensión de los contratos de trabajo.

El criollo promovió frenéticamente la suspensión de los contratos de trabajo y promulgó una normativa reglamentaria que licencia, también por la vía ultra rápida, la autorización de la suspensión de los contratos y la reducción de la jornada de trabajo, sin la menor intervención de los trabajadores afectados, cuyas resoluciones ministeriales se editan como rotativos de periódicos.

Al hilo de estas licenciosas resoluciones de la Inspección de Trabajo, que irónicamente le corresponde velar por los derechos de los trabajadores, más de 39.000 personas trabajadoras, con contratos “temporalmente” suspendidos, tienen en cuarentena el hambre confinada en sus estómagos y además, a más de 71.000 se les redujo la jornada de trabajo y los salarios.

Además, como si lo anterior no fuera poco, están por resolverse más de 700 solicitudes patronales pendientes, de acuerdo con el último corte oficial, al 20 de abril, de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, de MTSS.

La suspensión de los contratos de trabajo, por un plazo de tres meses, que se puede prorrogar por otro período igual, que veremos hasta donde va a extenderse más esta medida gubernativa, en realidad, en la práctica, configuran despidos encubiertos, que despojan a las y los trabajadores de un derecho fundamental, esencial; es decir, todo un fraude de ley que se cohonestó.

 3.– El gobierno de Argentina prohibió los despidos, salvo los disciplinarios, como lo hicieron también, vale acotar, los gobiernos de Italia y después España.

Por contrario, el gobierno más pura vida, no estableció ninguna medida que limite los despidos de las y los trabajadores, a los cuales se les dio luz verde, que son miles las personas que perdieron su empleo.

En resumen, tenemos, por una parte, un gobierno que apostó por resguardar a las y los trabajadores, proteger el empleo y el salario, y por otra parte, un gobierno de unidad neoliberal, manejado por un sindicato, si por un sindicato, pero un sindicato patronal, que apostó exclusivamente por los espurios intereses del empresariado.

El problema, entonces, ya no es solo cómo se distribuye la riqueza, sino además, parafraseando a Ulrich Beck, cómo políticamente se distribuyen los riesgos y los daños sociales y económicos de la pandemia.

No son daños colaterales, como por ahí afirman algunos, son daños estructurales inherentes a un modelo fundado en la explotación de la clase trabajadora.

Lo primero: que el ejército respete a la población campesina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

En el momento que redacto un artículo de análisis sobre los sendos llamados que se hacen el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) para zanjar diferencias y llegar a acuerdos y poner fin a los enfrentamientos armados entre ellos, en la región de El Catatumbo; me llega el presente vídeo, que registra el enfrentamiento entre una patrulla del ejército y campesinos civiles, que transitan cerca por donde pasa el Oleoducto (el tubo) Caño Limón- Coveñas.

Resume el comportamiento de un ejército invasor oligárquico y antipopular, que tiene al campesino como su enemigo. Defiende la vida, honra y bienes de los intereses imperiales y sus lacayos generales. Protegen el tubo, por la carencia de una política de hidrocarburos soberana. Ejercen control policivo sobre la población y no resguardan las fronteras de las incursiones de las tropas USA en el suelo colombiano, con santuarios en siete bases gringas. Desarrollan control fiscal para no extracción del petróleo del oleoducto (pategrillo) que lo venden los campesinos por carecer de tierras y ser expoliados y explotados por las plantaciones bio energéticas de la Palma de Aceite y la devastadora ganadería extensiva de capital narcoparamilitar. Maltratan a los cultivadores de siembras de productos ilícitos, ante la no implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, de erradicación voluntaria de cultivos, sustitución de cultivos con garantías financieras; imponiendo la erradicación forzosa y amenaza de fumigar con glifosfato, conforme a la orden de Trump y la aceptación genuflexa del sub-presidente. Pretenden sustraer a la población campesina de una fuente de subsistencia, bajo el prurito de la llamada “guerra contra las drogas”.

La realidad de El Catatumbo es la génesis de la realidad de un Narco Estado imperante, en el que en el escenario de la realidad política se ha descorrido el velo de la impunidad, el asalto al poder y el fraude electoral a la Presidencia de la República, el sainete de los jerarcas gubernamentales involucrados en el negocio de lavado de activos y producción de la cocaína, etc., etc.; así como la implantación de un régimen de terror estatal en que la autoría intelectual de un partido o secta fascista en el poder, eluda la responsabilidad política concausal, como sujeto intelectual, de los crímenes sistemáticos y selectivos contra líderes y lideresas sociales.

El Catatumbo colombiano es un escenario de guerra. Falso que sea una región olvidada adonde no llega el Estado con sus recursos de guerra. ¡Eso sí! Los Planes Nacionales a esa región aplican en todos los aspectos, bajo la mira demagoga de crecimiento, desarrollo y ayuda a la población. No existe tal. El sistema o modelo imperante, económico, político; basado en un sistema electoral corrupto desdice de esos avances.

 La realidad palpable es que no refleja en afianzamiento de lo institucional. Totalmente equivocados quienes pregonan que institucionalidad la pueden resumir en “lealtad con honor, fortaleza…”, lema de cajón entonado con pechos de decoraciones del generalato clasista, de secta privilegiada y hoy en la picota pública del sentimiento nacional colombiano; por las múltiples calamidades causadas por sus conductas impunes. El valor de los símbolos patrios los ha mercantilizado y no conjugan la esencia de unas fuerzas militares con desprestigio en la idiosincrasia nacional; sostenidos en las mentiras de la dictadura mediática y que no puede ocultar la esencia de unos agentes estatales de rancio contenido antipopular.

El comportamiento genocida de las fuerzas armadas estatales en El Catatumbo no es de referencia reciente. Que no se inmuta la comunidad internacional. Falso. No lo creo. Tanto el generalato colombiano activo como el de “uso en retiro” impunes, en un 87% tiene problemas por conductas disciplinarias y/o penales; muchos con investigaciones en curso. Eso lo sabe el Mundo gracias a las denuncias de los juristas y la efectividad de sus asociaciones profesionales con consultorías en la Sección de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, con sede en las Naciones Unidas.

Ahora bien, que prueba documental, como la que nos ocupa, no sea difundida por los medios de intoxicación masiva colombianos(ParaCol- Radio Casa de Narquiño, Semana y demás congéneres), no es óbice para que, en primario lugar, el movimiento popular y de masas y su inteligencia popular, continué, al orden del día, con la denuncia pública con la Resistencia en las calles, en contra del engendro de unas fuerzas armadas, en Colombia, apátridas y cordón umbilical de todo un sistema político corrupto, en un Narco Estado imperante y lacayo.

El vídeo en cuestión ilustra a una patrulla de doce soldados, enfrentados a un grupo de campesinos que reclaman a la soldadesca por su presencia, que seguramente no son reclutas de lo obligatorio; sino elementos que tienen como profesión: La Guerra. Enfrentados de palabra y hechos a pobladores civiles(campesinos) que transitan por lugares anexos por donde pasa el oleoducto que contiene el líquido negro vital de la Pacha Mama (Nuestra Tierra), canalizado al enorme vertedero de Coveñas, instalado en aguas territoriales del Caribe, para que su depósito no cause aranceles a favor del Narco Estado colombiano. Así son de ruines. Los campesinos los retan, los ofenden, les lanzan improperios, los injurian y les dirigen insultos, en una secuencia de actitud política que coloca en inferioridad al oponente, en el campo propio de un debate. Por más que los preparen los manuales gringos, la soldadesca se siente ofendida y ridiculizada y estallan en un sentir y manifestación de un sentimiento de estado de ánimo tardío y optan por accionar las armas de dotación para amedrentar o asustar; pero que lejos están de comprender que el valor y fuente de energía popular está lejos a extinguirse o acabarse. Se eleva el tono y enardecen los ánimos. Les recuerdan que están excitados- cual pasión doliente- porque la noche anterior ellos les han asesinado “a un muchacho” que había protestado en un bloqueo a carreteras del lugar. En forma inquisitoria y alta voz les reprenden por su comportamiento y les lanzan el dardo almibarado: “nosotros estamos desarmados”; “porque no se enfrentan a los guerrilleros” y aunque no se escucha la expresión “cobardes”, es el concierto de las expresiones en mi mente al así relatarlo: “las armas igualan”.

Indiscutiblemente, que el proceder alevoso de la patrulla militar, al estar ostentando a plena luz del día; en una actitud de agresión a la población campesina, civil desarmada, obedece a una directriz de traición y perfidia del mando del generalato, aprovechando la concesión de cese al fuego unilateral del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque al parecer es mayor la presencia en ese lugar de Sardinata, del Ejército Popular de Liberación (EPL).

El incidente relatado expresa la crudeza, que no complejidad, resultado del conflicto armado interno que no ha cesado; así haya logrado la oligarquía y el imperio la gabela de la desmovilización y entrega de las armas, por parte del entonces ejército del pueblo: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: las FARC.

Y como en esto de a tanta tragedia imprimir algo de lenguaje coloquial, rememoro al poeta colombiano, El Tuerto López, a la hora de la siesta, bajo un sol canicular, en un pueblo mancondiano del Caribe; quien, desde el balcón de una posada, viendo pasar al cura chulavita, incitador desde el pulpito para matar a liberales, comunistas, socialistas, sindicalistas, durante la Violencia de 1.950 exclama: “y que hago con este fusil en la mano”.

Para concluir, no quisiera asomarlo a manera de corolario, que implica una proposición que no requiere demostrarse. Esto por cuanto, a tanta declaración y manifestaciones de notables, de doctos e intelectuales nacionales, de investigadores sociales y connotados analistas, la exigencia unilateral a la insurgencia a nada conlleva. Le piden al ELN más que dar. Exíjanle al sub-presidente una actitud acorde con las circunstancias.

ORACIÓN. También, siendo evidente que transitamos por una etapa de aislamiento de carácter nacional y mundial, producto de esa enfermedad epidémica que se extiende por muchos países y afecta a millones de personas y que ha significado una atención acerca de la vigencia del orden económico mundial o etapa de conclusión de un modelo de sistema económico salvaje; deséeme la licencia de exponer una recomendación: lo de un “aislamiento inteligente” resume el pesimismo a no resistir con el prurito mecánico de esperar “la vacuna salvadora” en inconsecuencia de “aprender a convivir” con un virus voraz y de paso “salvar” al sistema financiero especulativo y parasitario. La tendencia mundial apunta a prolongar por veintidós días el aislamiento; sobre todo para el caso latinoamericano que no ha reflejado el cenit de la curva.

Para los activistas sociales colombianos ojalá no fuera así, puesto que el reclamo de masas está latente en incursionar. ¡A la Carga! y en ¡las Calles! Por el cambio de fondo y radical en este país, de unos cuantos mafiosos.

 

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