Por ejemplo Limón ¿por qué las filas interminables de furgones ruidosos y contaminantes si se podría disponer de un moderno y veloz ferrocarril? ¿Por qué los servicios portuarios en manos de una transnacional holandesa con tarifas que duplican y hasta triplican las de JAPDEVA? Sería muy arbitrario atribuírselo a los sindicatos, y, sin embargo, hay quienes, con suprema ligereza, lo hacen, no obstante la obvia contradicción que plantea el hecho de que si tan negativo era el sindicato ¿por qué entonces las tarifas de JAPDEVA era mucho más bajas?
Acaso usted tenga razones muy fundamentadas para criticar a los sindicatos. Y posiblemente yo comparta muchas de esas críticas. Y, sin embargo, ¿cómo negar que el sindicalismo es una institución importantísima en cualquier sociedad que se precie de democrática? O sea: necesitamos que los sindicatos sean mucho mejores de lo que son, precisamente porque la democracia los necesita, como un contrapeso necesario frente al poder del capital. Pero, además, ¿no es cierto que la sindicalización es un muy básico derecho humano? ¿Cómo entonces en la democrática Costa Rica ese derecho le es negado a la gran mayoría de quienes trabajan en el sector privado?
Pero, en fin, ¿es que todo lo malo que pasa en nuestro país es culpa de los sindicatos? Hay gente que insiste en repetir semejante tontería. El gobierno de Alvarado, en particular, se ha dejado decir barbaridades, como atribuir el mal desempeño de la economía y hasta el incremento de asesinatos, a los sindicatos. Ridículo e irresponsable, un verdadero insulto a la inteligencia.
Reitero: usted podría tener razones muy respetables para criticar a los sindicatos. Pero esto de lo que hablo va mucho más allá: es, a decir verdad, una campaña infame y manipuladora.
¿Se ha detenido usted a preguntarse qué hay detrás de todo eso?
De manera un tanto sorpresiva, Costa Rica, mediante declaraciones hechas por su Presidente, ha anunciado oficialmente que intentará obtener un escaño en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las elecciones previstas el próximo 17 de octubre.
Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos es la máxima instancia en materia de Derechos Humanos dentro el organigrama de Naciones Unidas, compuesto por 47 Estados (véase composición actual). Se trata de Estados electos por tres años por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, según una repartición geográfica en la que se cuenta, por parte de América Latina y el Caribe, con 8 puestos. Actualmente son ocupados por Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú y Uruguay.
Esta entidad fue creada en el 2006 y continúa en parte la labor ejercida desde 1946 por la denominada Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que integraban 53 Estados.
Foto de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, extraída de nota de prensa titulada: «Costa Rica se postula para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para sustituir a Venezuela» (La Tercera, Chile).
Los Estados de América Latina cuyo mandato expira en el 2019 son Brasil y Cuba: mientras que Brasil ha solicitado ser reelecto nuevamente en este 2019 para un nuevo mandato, Cuba ha optado por no hacerlo: véase enlace oficial sobre Estados candidatos a esta elección prevista para la segunda semana de octubre, en la que se cuenta con 15 candidaturas (sin contar con la de Costa Rica) para ocupar 14 vacantes.
Las elecciones recientes por América Latina y el Caribe dentro del Consejo de Derechos Humanos: breve repaso
En el 2018, fueron electos por la región de América Latina y el Caribe, Argentina, Bahamas y Uruguay (véase nota oficial de Naciones Unidas). En el 2017, lo fueron Chile, México y Perú (véase nota oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2016, de dos vacantes para la región en el seno del Consejo de Derechos Humanos, quedaron electos Brasil (con 137 votos a su favor) y Cuba (con 160 votos), no logrando su designación Guatemala (con apenas 82 votos reunidos). En octubre del 2015, lograron su elección Panamá (con 157 votos a favor), Ecuador (152) y Venezuela (131), al tiempo que Bahamas (con 113) no logró ser electa. En el año 2013, fueron electos Cuba (148 votos) y México (135) quedando fuera Uruguay (con tan solo 93 votos). En el año 2012, fueron electos Argentina (176 votos recibidos), Brasil (184) y Venezuela (154).
En la noticia difundida en medios de prensa este 3 de octubre del 2019 (véase por ejemplo nota de Elmundo.cr), se indica que las autoridades de Costa Rica han tomado esta decisión debido a la posibilidad que Venezuela sea electa este próximo 18 de octubre por la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta iniciativa contó con el respaldo de diputados, según se desprende en esta otra nota de prensa de Elmundo.cr, y con el apoyo de los últimos Ex Presidentes de Costa Rica (véase nota de prensa del medio digital Delfino.cr). En la noche del mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica circuló un comunicado oficial de prensa, en el que no menciona expresamente a Venezuela, al señalar únicamente que:
«Sería contraproducente que el asiento sea ocupado por países que no tengan como finalidad cooperar con los altos propósitos del Consejo, sino que más bien sean objeto de observación por parte del Consejo y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.«
En el mismo comunicado de prensa, se precisa que:
«Costa Rica espera trabajar en conjunto con otros países, y en especial, expresa a la República Federativa del Brasil, su deseo que ambos países sumen sus fortalezas y voluntades» (Nota 1).
No se tiene claro si se considera por parte de Costa Rica que todos los Estados que integren al Consejo de Derechos Humanos deben respetar los derechos humanos: remitimos a nuestros estimables lectores a la lista de Estados que lo integran en la actualidad para hacerse una idea al respecto, disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas.
El denominado «Grupo de Lima» y su comunicado, y las resoluciones recientes sobre Venezuela en Naciones Unidas
En un reciente pronunciamiento del autodenominado «Grupo de Lima» (véase texto del comunicado del 23/09/2019), los 11 Estados que lo conforman (conjuntamente con el representante de Venezuela que consideran legítimo), habían externado que:
«7. Rechazan la candidatura del régimen ilegítimo de Maduro a dicho Consejo, por ser absolutamente contraria a la tarea de protección y defensa de los derechos humanos que compete a ese organismo intergubernamental e instan a la Asamblea General de Naciones Unidas a no apoyar esa candidatura«.
No se desprende del precitado comunicado si el autodenominado «Grupo de Lima» consideró que, además de rechazar la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, había que proponerse buscar una alternativa a esta.
Cabe precisar que 24 horas después de este pronunciamiento del «Grupo de Lima«, Venezuela y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas anunciaron la firma de un Memorandum de Entendimiento relativo a asistencia técnica y cooperación en materia de derechos humanos (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). En una primera resolución titulada «Fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela» del 26 de setiembre, el Consejo de Derechos Humanos acogió con beneplácito esta iniciativa (véase texto completo). En una segunda resolución votada el 27 de setiembre, titulada «Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela«, el Consejo aprobó el establecimiento de un mecanismo de investigación («Fact Finding Mission«) en Venezuela (véase texto de resolución). Una de las dos resoluciones fue mucho más publicitada en los medios internacionales que la otra, y dejamos a nuestros estimables lectores adivinar cuál de las dos.
Costa Rica ante un enorme desafío para su diplomacia
Más allá de las motivaciones que han llevado a las autoridades de Costa Rica a tomar esta repentina decisión, una candidatura/país sometida a un recinto universal como el de Naciones Unidas no debiera de decidirse con tanta premura, ya que se construye siempre con cierta antelación.
Precisamente, un primer reto radica, para Costa Rica, en obtener los apoyos necesarios para lograr ser electa, con muy poco tiempo de preparación para negociarlos con cada uno de los Estados que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas.
En el mes de octubre del año 2014, con una candidatura que contó con un tiempo de preparación mucho mayor, Costa Rica no logró ser reelecta frente a las candidaturas de Bolivia, El Salvador y Paraguay. Tuvimos en aquella ocasión la oportunidad de analizar en detalle este frustrado intento de la diplomacia de Costa Rica, en el que Costa Rica logró reunir tan solo 120 votos frente a sus contendores, señalando en conclusión que:
«El anuncio de una reelección siempre debiera hacerse público una vez valoradas las posibilidades de ganar la contienda» (Nota 2).
Desde aquella ocasión (octubre del 2014), Costa Rica ha optado, por alguna razón, por no presentar su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: una actitud que puede sorprender al observador, dada la trayectoria y el amplio reconocimiento del que beneficia Costa Rica a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos.
Nótese que en el 2006, al celebrarse las elecciones para constituir el Consejo de Derechos Humanos por primera vez, sustituyendo a la Comisión de Derechos Humanos, los siguientes Estados de América Latina fueron escogidos: Argentina (158 votos a favor), Brasil (165), Cuba (135), Ecuador (128), Guatemala (142), México (154), Perú (145) y Uruguay (141); no fueron electos ni Colombia (1 solo voto, posiblemente el suyo), ni Costa Rica (6 votos a favor), ni Honduras (3 votos a favor), como tampoco Nicaragua (119 votos) ni Venezuela (101 votos)(véase nota oficial de Naciones Unidas).
Cabe recordar que la última vez que Costa Rica fue electa en el seno del Consejo de Derechos Humanos fue en el 2011, conjuntamente con Chile y Perú: en aquella votación, realizada en el mes de mayo del 2011, Chile recibió 159 votos a favor, Costa Rica 138 y Perú 136, al tiempo que Nicaragua no logró ser electa, recibiendo el apoyo de tan solo 98 Estados miembros de Naciones Unidas.
Una segunda dificultad para Costa Rica, tiene que ver con los intercambios de compromisos que los Estados ya han pactado entre sí en materia de candidaturas, y que pueden ser difícilmente revisados a menos de dos semanas de la elección: algunas candidaturas se anuncian y se negocian con mucho tiempo de antelación y es probable que Venezuela y Brasil ya tengan asegurados gran parte de sus votos. No se trata de semanas o meses, sino en algunos casos, de años (Nota 3).
Brasil anunció su candidatura en diciembre del 2016 y distribuyó en junio del 2019 la listas de sus promesas y compromisos (véase carta oficial del 27/06/2019), mientras que Venezuela lo hizo en setiembre del 2019 (véase carta oficial). Usualmente, las candidaturas por la región son avaladas por el GRULAC (Grupo América Latina y el Caribe en Naciones Unidas), consensuando la designación de los Estados deseosos de presentar su candidatura por la región en función de los escaños liberados año tras año: como indicado anteriormente, puede ocurrir que sean más los postulados que las vacantes.
Finalmente, si bien en el marco regional (OEA – Organización de Estados Americanos), se puede decir que la diplomacia venezolana ha ido perdiendo significativos apoyos en los últimos años, en el marco universal (Naciones Unidas) su margen de maniobra es mucho más amplio, al poder contar con apoyos nada despreciables así como con la influencia que puedan tener varios de sus aliados sobre otros Estados.
Foto del tablero de votación del 23 de julio del 2014, al votarse una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones creando una comisión de investigación sobre la ofensiva militar isarelí en Gaza (29 votos a favor, 17 abstenciones y un solo voto en contra), extraída de nota nuestra sobre los alcances de esta resolución.
A modo de conclusión
Tal y como indicado con anterioridad, los votos obtenidos para alcanzar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos representan una cifra elevada, debido a las intensas gestiones que despliegan los Estados en su contienda anual en Nueva York: en el 2006 Costa Rica logró reunir 6 votos; en el 2014, 120 votos y en ambos casos no resultó electa. En el 2011, reunió 138 votos y logró su elección.
Para algunos analistas consultados por la prensa costarricense, Costa Rica «no la tiene fácil para ganar un puesto» (véase artículo de CRHoy publicada el 7/10/2019). Una de los dos analistas consultados precisa que:
«No soy muy optimista y me preocupa lo que pueda conllevar un nuevo fracaso diplomático«.
La medición de fuerzas entre Costa Rica y de Venezuela se inició con este anuncio oficial dado a conocer el 3 de octubre, y la tarea para la diplomacia costarricense durante estas dos semanas no será fácil: se observará el resultado de las gestiones diplomáticas de Costa Rica (y de Venezuela) el próximo 17 de octubre, cuando sean llamados a depositar en una única urna sus votos cada uno de los 193 integrantes de la Asamblea General de Naciones Unidas, incluyendo los 11 integrantes del autodenominado «Grupo de Lima«. Nótese que, a diferencia de la OEA, Naciones Unidas reconoce como únicos representantes legítimos de Venezuela a las autoridades encabezadas por el Presidente Nicolás Maduro.
Notas
Nota 1: El texto integral del comunicado oficial de Costa Rica se lee de la siguiente manera: «RELACIONES BILATERALES OCTUBRE 03, 2019 08:49 PM. Costa Rica anuncia candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. San José, 3 de octubre de 2019.- El Gobierno de Costa Rica anuncia que presentará una candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con la presentación de dicha candidatura Costa Rica reafirma su tradicional e histórico compromiso en la promoción y protección de los derechos humanos, y al mismo tiempo, expresa su deber de asumir un papel proactivo para lograr que ese asiento en el Consejo sea ocupado por un país que demuestre los más altos estándares en los procesos de promoción y protección de los derechos humanos.
Sería contraproducente que el asiento sea ocupado por países que no tengan como finalidad cooperar con los altos propósitos del Consejo, sino que más bien sean objeto de observación por parte del Consejo y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.
Se considera sobre todo que esta posibilidad restaría legitimidad al Consejo de Derechos Humanos que exige a los Estados que pretendan formar parte ese órgano aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y estar sujetos al mecanismo de Examen Periódico Universal durante el período en que sean miembros.
Costa Rica espera trabajar en conjunto con otros países, y en especial, expresa a la República Federativa del Brasil, su deseo que ambos países sumen sus fortalezas y voluntades.
El Gobierno de Costa Rica agradece, asimismo, el apoyo expresado por señores y señoras ex presidentes de la República, así como de señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa. En este sentido, hace un llamamiento a sumar todos los esfuerzos nacionales a una candidatura que ha recogido la dignidad y defensa de nuestros valores.
La candidatura puede afrontar todos los obstáculos, pero es una lucha que Costa Rica no se puede permitir dejar de dar.
Comunicación Institucional (907 CR Consejo de DDHH) Jueves 3 de octubre de 2019.«
Nota 2: Véase nuestra nota titulada «Bolivia, El Salvador y Paraguay electos en el Consejo de Derechos Humanos«, publicada en el sitio especializado de DIPúblico, edición del 27/10/2014.
Nota 3: En la misiva circulada por Costa Rica el 11 de abril del 2011 enviada al Presidente de la Asamblea General (véase texto completo), se indica por parte del Embajador de Costa Rica en Naciones Unidas que:
«La información sobre las promesas y los compromisos de Costa Rica en materia de derechos humanos se distribuyó a todos los Estados Miembros en julio de 2009, cuando el Gobierno anunció la decisión de presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el período 2011-2014. Las elecciones al Consejo de Derechos Humanos se celebrarán durante el sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, el 20 de mayo de 2011«.
(*) Este artículo fue redactado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
“Aun cuando se prohibieran las huelgas estas no desaparecerán (…) Prohibir el derecho de huelga en una Constitución es tarea fácil, pero inocua, ya que el problema social que la huelga representa y que la produce, no se habrá solucionado en ninguna forma” (R. Facio)
La socialdemocracia moderna se sustentó en tres postulados fundamentales: Estado de bienestar (redistribución de la riqueza), economía mixta y reconocimiento, en general, del papel político de los sindicatos en la sociedad y en particular, en la solución de los conflictos laborales (reparto del poder político).
Como se sabe, el PLN, desde su fundación, se adhirió a la socialdemocracia internacional.
No obstante, desde hace muchos años, renegó de aquellos postulados de la socialdemocracia.
El Estado de Bienestar lo transformó en el bienestar de algunos pocos, de la élite política-económica, que históricamente ha lucrado con los recursos públicos.
La economía mixta, palanca que les favoreció acumular ostentosas ganancias, la empezaron a desmontar desde 1980, aguijoneada por el Consenso de Washington, con la firma de las Cartas de Intenciones con el FMI y los Programas de Ajuste Estructural (Gobiernos Monge Alvarez/Arias Sánchez), continuando con la aprobación del TLC y las más recientes reestructuraciones, incluida JAPDEVA.
A merced de esta restructuración, los recursos públicos se vienen devaluando y privatizando, con el consecuente desmantelamiento de la institucionalidad democrática, el deterioro de los servicios públicos y el endeudamiento insostenible.
El contemporáneo Proyecto de Ley de Reforma del Empleo público, se matricula dentro de esta lógica de desmontaje del constitucionalismo social.
La concepción del Estado Social viene, entonces, sustituida por el autoritarismo de mercado (Lex Mercatoria), que, además, implica la eliminación de la protección de los derechos de la persona trabajadora.
Cómo si lo anterior no fuera poco, desde la promulgación de la Ley de Asociaciones Solidaristas (1984), el PLN lanzó su conjura política contra los sindicatos.
Esta empresa ahora se está felizmente coronando con la aprobación -en primer debate- del proyecto de ley de destrucción del derecho de huelga.
Este proyecto se configura en el marco de esa ofensiva neoliberal, que pretende enervar todos los derechos de los trabajadores, particularmente los derechos colectivos de representación y participación sindical.
El objetivo de este proyecto legislativo resulta irreconciliable con la ideología socialdemócrata que reconoció, por una parte, el papel interlocutor político de los sindicatos y por otra parte, su rol en la construcción de las normas reguladoras de la relación laboral (autonomía colectiva) y en la solución de los inevitables conflictos entre el trabajo y el capital.
Las obras intelectuales del socialdemócrata Rodrigo Facio Brenes, que en las discusiones de la Asamblea Constituyente defendió brillantemente el derecho de huelga, dentro de poco sus detractores del Balcón Verde, las subastarán al mejor postor del mercado.
No queda la menor duda que el PLN ha hecho sobrados y demostrados méritos para solicitar su carné de afiliación a la Primera Internacional Neoliberal.
Este 27 de setiembre, se cumplió el primer año desde que se procedió a recoger oficialmente en Naciones Unidas las firmas de los Estados interesados en suscribir el denominado «Acuerdo de Escazú«: desde el 27 de setiembre del 2018, este instrumento regional está formalmente abierto a la firma de los 33 Estados que forman parte de América Latina y del Caribe.
El mismo día de la ceremonia realizada en Nueva York, en setiembre del 2018, se recogieron un total de 15 firmas (entre las cuales, en América Latina, las de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Perú y Uruguay), y un día después, se recibió la de Paraguay; en el mes de julio del 2019, se registró la firma de San Vicente y las Granadinas.
Se trató de un primer buen impulso que merecía confirmarse durante el primer año, y que, como veremos a continuación, no logró mantenerse.
Un sólo año con una sola ratificación y cinco ratificaciones obtenidas en 24 horas
El único Estado que, al día 25 de setiembre del 2019, había procedido a depositar su instrumento de ratificación era Guyana, depósito realizado en abril del 2019: un resultado poco halagador, algo superado con el anuncio hecho por varios Estados 24 horas después.
En efecto, desde este 26 de setiembre del 2019, Guyana ya no está sola: depositaron en Naciones Unidas sus respectivos instrumentos de ratificación Bolivia y Uruguay, así como Jamaica, San Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas.
A su vez, quienes no habían firmado este instrumento aprovecharon de este primer aniversario para hacerlo: Granada y Nicaragua.
Remitimos a nuestros estimables lectores al comunicado oficial de la CEPAL así como estado oficial de firmas y ratificación disponible en este enlace oficial de la Secretaría General de Naciones Unidas.
Breves apuntes sobre los alcances logrados en Escazú
Como se recordará, el denominado «Acuerdo de Escazú«, cuyo título oficial es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«, fue adoptado en marzo del 2018 en Costa Rica, luego de 4 años de intensas negociaciones (2014-2018) auspiciadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas: este convenio internacional, de alcance regional, es el primero en la historia del derecho internacional público en unir derechos humanos y protección del ambiente en un texto de carácter vinculante para los Estados. En efecto, hay una gran cantidad de tratados de derechos humanos, y existe otra gran cantidad de tratados en materia de protección del ambiente: pero, a diferencia de varias declaraciones y resoluciones no vinculantes adoptadas por diversas Organizaciones Internacionales y Estados en los últimos años, no se contaba con un convenio que, además de vinculante, vinculara ambos ámbitos.
Por lo tanto, no se trata de cualquier tratado, sino de una iniciativa audaz, que busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, en aras de consolidar y hacer más efectivo de lo que es el derecho a vivir en un ambiente sano (véase texto oficial en español).
A diferencia de negociaciones de otros instrumentos internacionales, el marco utilizado por parte de la CEPAL para las negociaciones propició una amplia presencia y participación de organizaciones de la sociedad civil, lo cual merecería ser replicado – o al menos imitado – en muchos otros recintos multilaterales.
Uno de los aspectos más novedosos del «Acuerdo de Escazú» es el de haber incorporado una disposición (el Artículo 9) en aras de proteger a los defensores del ambiente, a menudo objeto de todo tipo de intimidaciones, persecuciones, acciones legales claramente intimidatorias y asesinatos, constituyéndose así en el primer instrumento de carácter vinculante que contempla obligaciones para los Estados al respecto. Como bien es sabido, el indignante clima de impunidad en el caso de muchos de estos asesinatos contribuye a minar la credibilidad de las instituciones, las cuales deben garantizar investigaciones creíbles y sanciones ejemplarizantes para quienes atentan contra la vida y la seguridad de los que defienden los derechos de sus comunidades.
Este Artículo 9 se adoptó con base en un documento de trabajo preparado por Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú sobre los defensores del ambiente y la imperiosa necesidad de protegerlos (véase nota oficial presentada a las demás delegaciones durante las negociaciones): una iniciativa de estos cinco Estados que merece, como mínimo, ser saludada.
Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada «Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina», 30 de julio del 2019
Precisamente, en un comunicado conjunto circulado el 13 de setiembre del 2018, varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas llamaron a firmar este instrumento internacional. En su texto titulado “UN experts urge prompt ratification of landmark Latin America and Caribbean environment treaty” (véase texto completo en inglés), se lee que:
”This agreement is a major leap forward in the protection and safeguarding of human rights defenders in environmental matters. By establishing specific binding provisions, Latin American and Caribbean States are not only recognising the acute and alarming situation faced by environmental defenders in countries of the region, but are also taking concrete steps to reaffirm their role and respect, protect and fulfil all their rights“.
Nótese que, más recientemente, una excitativa suscrita por 17 Procedimientos Especiales en materia de derechos humanos de Naciones Unidas fue enviada el 15 de julio del 2019 a las autoridades de México, instándolas a ratificar sin más preludios el Acuerdo de Escazú (véase carta).
Vale la pena mencionar que el pasado 17 de setiembre, la ONG Human Rights Watch (HRW) dió a conocer su informe titulado «Rainforest Mafias. How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil’s Amazon» (véase texto completo así como comunicado de prensa de HRW), en el que detalla la impunidad campante que se ha instalado en Brasil con relación al asesinato selectivo de líderes ecologistas e indígenas que defienden la Amazonia en los últimos años.
La ausencia de algunas firmas y en particular una de ellas
Cabe precisar que Brasil, así como México, figuran entre las 20 firmas reunidas hasta el momento por el «Acuerdo de Escazú«, y que no se registra la de Chile, como tampoco la de Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, ni la de Venezuela.
En el caso chileno, resulta sumamente sorprendente que se haya negado a firmar este tratado, al ser uno de sus principales impulsores durante la fase de negociación. Tuvimos la oportunidad de analizar este insólito cambio de orientación por parte de las nuevas autoridades chilenas electas a finales del 2017: véase nuestra breve nota titulada «El Acuerdo de Escazú sobre derechos humanos y ambiente: Chile se desdice«. En esta precitada nota, se reproduce al final el comunicado oficial conjunto de Chile y de Costa Rica difundido con ocasión del Día Mundial del Ambiente en junio del 2018: se recomienda su lectura integral, la cual evidencia cuán contradictoria resulta ser la actual posición de Chile así como los diversos argumentos esgrimidos por parte de sus máximas autoridades. En esta emisión producida en Chile del programa «Las cartas sobre la mesa«, representantes chilenos de la sociedad civil desmenusan y desvirtúan uno a uno los distintos argumentos precitados (véase emisión disponible en este enlace).
Como bien se sabe, en noviembre del 2018, Brasil anunció que desistía de ofrecerse como sede para organizar la próxima Conferencia Mundial de Estados Partes a la Convención Marco sobre Cambio Climático (más conocida como «COP25«) a realizarse en noviembre del 2019 (véase nota de prensa de El Tiempo, de noviembre del 2018). El repudio generalizado externado por diversos integrantes de la comunidad internacional ante la actitud omisa de Brasil para contener los incendios en la Amazonia brasileña desde julio del 2019, confirma la visión tan peculiar de las actuales autoridades de Brasil con relación a la protección del ambiente.
Fue entonces cuando Chile (diciembre del 2018) anunció que sustituiría a Brasil en esta tarea. A pesar de ser la sede de la reunión más importante del 2019 en materia ambiental a nivel global como lo es la COP25, las actuales autoridades de Chile han optado por mantener sus distancias con el «Acuerdo de Escazú«, al punto de no querer tan siquiera firmarlo. Desde la perspectiva de los Estados que ven con suma reticencia el reconocerle derechos a quienes defienden el ambiente y que no consideran necesario mejorar el acceso de las comunidades a la información en materia ambiental (y mucho menos garantizarles su plena participación), la actual posición chilena es extremadamente útil y oportuna.
En el caso de Colombia, Estado que se mostró sumamente incómodo durante las negociaciones, proponiendo modificaciones y enmiendas en aras de limitar sustancialmente el alcance de varias disposiciones, la presión ejercida para que por lo menos firme el Acuerdo de Escazú se mantiene. Se lee en esta publicación muy completa (cuya lectura se recomienda y que puede interesar a muchos otros Estados), titulada «Colombia y el Acuerdo de Escazú» (véase texto integral) que:
«Son alarmantes las cifras de conflictos ambientales y de asesinatos de defensores y defensoras del ambiente en Colombia. A pesar de contar con una amplia legislación en materia de información, participación y justicia ambiental en Colombia, la conflictividad ambiental en el país se agudiza cada día. El Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta de vital importancia para cambiar esta situación en el país» (p. 89).
La ausencia de la firma de Chile, de Colombia y la de otros Estados podría revertirse en caso de que algunos Estados de la región, por alguna razón, cambien súbitamente de parecer e inicien su propio proceso en aras de facilitar a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos en materia ambiental. Como bien se sabe, sin firma por parte del Poder Ejecutivo, los integrantes de los Poderes Legislativos no tienen cómo iniciar el trámite de aprobación de un instrumento internacional.
A modo de conclusión
Es de notar que América Latina llegará a la reunión preparatoria de la COP25 (denominada «PreCop«), a realizarse en Costa Rica del 8 al 10 de octubre próximos, con la ausencia de las firmas antes mencionadas, así como con la ausencia de ratificación por parte de Costa Rica, Estado que promovió activamente, conjuntamente con Chile, esta iniciativa regional durante la fase de negociaciones, albergando la ronda final y dándole el nombre de «Acuerdo de Escazú» a este novedoso instrumento. En esta breve nota nuestra se reproduce en la parte final el comunicado oficial de Costa Rica celebrando la adopción del texto, el 4 de marzo del 2018. Costa Rica sí firmó el texto el 27 de setiembre del 2018 con ocasión de la ceremonia oficial realizada en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Si bien nuevas firmas pueden registrarse antes del 8 de octubre, es muy difícil que, en estos pocos días que quedan de aquí a la PreCop, alguna iniciativa para acelerar el proceso de aprobación tenga lugar en el seno de la Asamblea Legislativa costarricense.
De confirmarse la falta de ratificación costarricense antes de iniciar la PreCop en Costa Rica, estaríamos presenciando una nueva ausencia: una ocasión propicia para reflexionar, en Costa Rica, sobre los logros que se pueden alcanzar por parte del aparato diplomático desde el Poder Ejecutivo, y la dificultad para trasladarlos luego como prioridad al Poder Legislativo.
No obstante, la PreCop también podría convertirse en un espacio para fomentar en América Latina la urgente necesidad de saldar una vieja deuda pendiente de la región con la justicia ambiental y con los defensores del ambiente y sus derechos: lo pactado en Escazú en marzo del 2018 es un primer paso en esta precisa dirección.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
En los últimos años los monocultivos han adquirido una presencia determinante en la economía de la región Huetar Norte desplazando otras actividades.
En el mes de abril el Instituto Tecnológico efectuó la apertura de la Agencia para el Desarrollo Región Huetar Norte, una iniciativa que promueve el desarrollo de esta zona mejorando la competitividad e infraestructura, la atracción de inversión y la generación de más empleo.
Esta iniciativa que tuvo como antecedente el impulso hace algunos años de la zona Económica Especial de la zona Norte, pone en evidencia el compromiso de esa Institución universitaria con el desarrollo de la región Huetar Norte, desde su sede Regional ubicada en Santa Clara.
Dicha iniciativa coincide con el lanzamiento reciente por parte de la Administración Alvarado, del programa Franja de Desarrollo que incluye una lista de 79 proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos.
Entre las iniciativas están la construcción de un centro de valor agregado, la construcción de la sede de la Universidad Técnica en San Carlos, la inauguración del Parque Solar Cooperativo de Coopelesca, 23 proyectos de agua potable, además de la realización de estudios de factibilidad para el aeropuerto de Altamira de San Carlos y la conclusión de estudios del tren de carga Pacífico-Norcaribe. Asimismo, se efectuó el lanzamiento del Plan Nacional de Cacao, el emprendimiento China Verde y la entrega de la II etapa de la Ruta Maleku entre Guatuso y Upala.
No obstante, como se mencionó en un artículo anterior la propuesta es un conjunto de proyectos específicos e iniciativas puntuales, con poca conexión entre ellos, sin un enfoque articulador de desarrollo territorial y lo que es más importante sin una valoración correcta de la dinámica territorial y de los grandes desafíos del desarrollo de esa región.
El desarrollo de la región Huetar Norte, presenta una dinámica económico-productiva que expresa territorialmente la implementación del modelo de apertura comercial que se ha venido gestando desde los años noventa y que se ha intensificado a partir del 2000. Algunas actividades productivas han incremento sus áreas tal es el caso de la piña, cítricos, raíces y tubérculos, ornamentales, mientras otras se han reducido, como es el caso de ganadería, granos básicos y palmito.
La diversificación de la economía local incluye también el surgimiento de novedosas actividades en expansión como el turismo ecológico, la reforestación y los proyectos hidroeléctricos.
Como lo apuntara, el investigador Barrientos del programa Estado de la Nación (2008) si bien la Región Huetar Norte ha logrado transformar su dinámica productiva para adecuar su desarrollo a las nuevas condiciones del contexto nacional e internacional, este desarrollo alcanzado no se ha traducido en beneficios equivalentes para las familias de la región.
En este marco, señala como dinámicas o cambios territoriales los siguientes: una estructura bipolar, donde se ubican por un lado las empresas comercializadoras, agroindustriales y agroexportadoras y por el otro, los productores familiares, los cuales implementan diversas actividades; un incremento de actividades rurales no agrícolas; la degradación de la biodiversidad; nn debilitamiento del sistema institucional público. (Barrientos, 2008:24-25)
En tanto un estudio de SEPSA-PROCOMER del mismo año, indica que a pesar de las potencialidades de la RHN (invaluables recursos naturales, para la producción para el mercado nacional y para la exportación), contradictoriamente, presenta bajos índices de desarrollo social y humano (Upala, Los Chiles y Guatuso, poseen las posiciones más bajas entre los últimos diez cantones más pobres del País); concentración de la actividad productiva, de la exportación y de los servicios básicos en los principales cantones, aspectos que se expresan grandes disparidades a lo interno de la Región.
En las últimas décadas, de un patrón de desarrollo ligado a la producción ganadera extensiva y de granos, se pasó a otro caracterizado por la industria extractiva forestal, plantaciones forestales mono-cultivos, la producción de naranja, piña y raíces y tubérculos a gran escala. A causa de este actual patrón de desarrollo, se presenta una creciente degradación y pérdida de su rica base de recursos naturales. (Cudeca,2011)
Frente a esa dinámica económica, social y ambiental de la región se plantean grandes desafíos al desarrollo regional, primero la dinámica productiva en especial agroexportadora no está generando el empleo necesario para sostener a la población de la zona, lo que junto al ingreso de mano de obra nicaragüense es un factor importante en esta dinámica.
El segundo desafío, está referido al negativo impacto ambiental que el modelo productivo ligado a la agro-exportación, el cual está produciendo una importante degradación a la base de recursos naturales. El balance realizado sobre el uso de los recursos naturales deja claro que el modelo de desarrollo en estos cantones tiende a generar impactos ambientales críticos, que requieren ser atendido con un enfoque de mayor armonía entre desarrollo productivo, protección de los recursos y calidad ambiental.
Por otra parte, el tercer desafío remite a las unidades productivas campesinas, que aún son significativas en la zona deben lograr una mayor participación en la industrialización y comercialización de sus productos, en el mercado nacional e internacional y potenciar las articulaciones con el de las modernas empresas agrícolas, mejorar los servicios de información y asistencia técnica, en lo que se requiere un rol central del estado costarricense.
Como atenuante frente a los desafíos regionales, como lo expresara el XIII Informe del Estado de la Nación “la respuesta de las instituciones públicas a los desafíos y oportunidades que presenta la Región Huetar Norte se caracteriza por la dispersión, los agotados esquemas de coordinación regional de las instituciones públicas, no coinciden unos con otros, lo que dificulta emprender programas integrales de alcance regional”.
Condenamos que Costa Rica se sume a las acciones de guerra contra Venezuela como parte del grupo de dementes que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)
El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York la trigésima reunión de ministros de relaciones exteriores, actuando como órgano de consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
El pronunciamiento de este grupo de dementes, entre los cuales se encuentra el ministro de relaciones exteriores de Costa Rica, Manuel Ventura, no significa otra cosa que sumarse a las acciones de desestabilización y guerra contra Venezuela. Es decir, la irresponsable administración Alvarado Quesada respalda las acciones encaminadas a la agresión militar contra la República Bolivariana.
Los considerandos del pronunciamiento de ese grupo de psicópatas se basan solo en especulaciones y mentiras descaradas y por supuesto como es práctica común no presentan ninguna prueba. Pero es en los por tanto donde ese grupo de representantes de la extrema derecha continental pone en evidencia su demencial visión de las cosas que arrastra a la región a un conflicto militar.
Es allí donde se utilizan los términos como “perseguir, capturar, extraditar y sancionar” a personas vinculadas al gobierno de Venezuela. Solo les faltó la palabra “matar”. Es el lenguaje de corte neofascista de la derecha latinoamericano que no significa otra cosa que la intensificación de las políticas de agresión. Podríamos denominarlo un PLAN CÓNDOR 2.0”.
Pero es en el punto cinco del pronunciamiento de ese grupo de dementes donde se esconde el veneno de esa resolución. Se dice en ese aparte: “instruir a los Representantes Permanentes ante la Organización de Estados Americanos de los Estados partes del TIAR que den seguimiento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela y su impacto en la región con objeto de evaluar la formulación de eventuales recomendaciones, en el marco del Artículo 8 del TIAR, para lo cual podrán conformar una o más comisiones ad hoc. Dichas recomendaciones serán elevadas al Órgano de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en su próxima sesión.”
Pero qué nos dice el Artículo 8 del TIAR: “Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada.”
Eso fue lo que signó el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, un demente irresponsable que no tiene la menor idea de las consecuencias de lo que firmó. Es decir, al colocarse en el pronunciamiento el Artículo 8 del TIAR y el hecho de que Costa Rica avaló esa resolución, Costa Rica se suma a una muy cercana aplicación de ese artículo, especialmente el empleo de la fuerza armada contra Venezuela.
Es de tal gravedad lo acordado, que incluso el gobierno de Uruguay ha decidido denunciar y retirarse del TIAR, por cuanto “…esta resolución sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional. Los que creemos en el sistema multilateral no podemos permitir que sucedan estas cosas”. Por el contrario, la administración de Carlos Alvarado nos arrastra a este escenario de confrontación militar en alianza con el gobierno de EEUU (Trump y sus halcones), con el gobierno paramilitar colombiano, con el narcomilitar gobierno hondureño y con los neofascistas de Bolsonaro y Piñera. Vaya alianzas de este gobierno del PAC.
Por tanto exigimos:
La renuncia inmediata del ministro de relaciones exteriores Manuel Ventura por la irresponsabilidad de sus actos que compromete a todo el pueblo de Costa Rica.
La denuncia y retiro de Costa Rica del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) vestigio vergonzante de la guerra fría y de las dictaduras militares latinoamericanas del cual Costa Rica no tiene por qué se parte.
La inmediata rectificación del gobierno de Costa Rica en materia de política exterior, de abandonar su estrategia de agresión a países y pueblos hermanos y que efectivamente contribuya desde mecanismos que promuevan el diálogo y la negociación, a fortalecer los principios de no intervención en los asuntos internos y el respeto a la soberanía de cada país con fin de ser un factor que propugne en la solución de los conflictos y el fortalecimiento de la integración regional y no como sucede ahora, el gobierno, es decir Costa Rica, convertido en una correa de transmisión de los intereses imperialistas en la región
Al evangelismo político, y sus aliados conservadores, el matrimonio igualitario se les atraganta. Es una obsesión enfermiza que, por la gravedad de los síntomas, resulta realmente preocupante.
Ahora salen con algo que hace muy poco rechazaban visceralmente: un proyecto sobre uniones civiles entre personas del mismo sexo. Lo que entonces repudiaban como engendro diabólico, hoy –en cobarde gesto de capitulación y derrota– lo ponen sobre la mesa.
Y lo hacen apoyándose en una argumentación tan endeble, que provocaría carcajadas y vergüenza ajena, si no fuera porque fácil se olfatea el tufo de la mala intención que lo anima.
Reconocen que en materia de derechos humanos hay un movimiento progresivo que implica ampliar y consolidar los derechos más antiguos, y avanzar hacia el reconocimiento de nuevos derechos. Admiten, incluso, que eso vale también para el matrimonio igualitario. Pero enseguida optan por lanzar a Costa Rica a la retaguardia de esa progresividad, a etapas previas y superadas, admitiendo de hecho que ése es, justamente, su objetivo: que abdiquemos de cualquier liderazgo, y seamos tan solo un gris y vergonzante vagón de cola.
Citan a la Sala Constitucional y la Corte IDH, pero arbitrariamente desconocen sus pronunciamientos más recientes, para aferrarse y sacar de la tumba los que emitieron 10 o 15 años atrás. Esos dos altos tribunales han avanzado en la ruta de la progresividad de los derechos, pero los proponentes del proyecto prefieren no enterarse. Con gusto necrófilo, prefieren aferrarse a ideas difuntas.
Es un intento –agonizante y patético– por desconocer e irrespetar, lo que esos dos tribunales dejaron claramente estatuido. Y, sin embargo, y contradictoriamente, una y otra vez buscan refugiarse en dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual no tiene jurisdicción para Costa Rica.
O sea: ¿desconocer al tribunal bajo cuya jurisdicción nos hemos colocado para acoger lo que diga un tribunal que carece de esa legitimidad?
Eso es, sin más, violencia contra el Estado de derecho.
Pero nada tan violento como la afirmación según la cual no corresponde reconocerle plenos derechos a las parejas del mismo sexo, porque, en términos relativos, son muy poquitas.
Aunque fuera una sola pareja en toda Costa Rica. Incontrovertible: dos seres humanos son dos seres humanos, y tienen derecho a tener todos los derechos.
La región Chorotega presenta severos problemas con el recurso hídrico, ya sea por escasez o bien por contaminación
La Primera Dama de la República, Claudia Dobles, Coordinadora para el Desarrollo de la Región Chorotega expuso en la sesión del Consejo de Gobierno realizada en Nicoya durante la pasada celebración de la Anexión sobre los proyectos que se impulsan en esa provincia.
En el primer tema abordado, informó sobre el Plan de Infraestructura y Gestión Integral del Agua para Guanacaste, un esfuerzo interinstitucional que define la ruta para la administración del recurso hídrico proponiendo proyectos de infraestructura y mejoras en la gestión.
Aseguró que este año concluirán proyectos como la Red secundaria del Canal del Sur; la ampliación y mejoras de sistema potable Nicoya II, Liberia I, Tilarán, Guanacaste II, Hojancha, Tempate, Bolsón Ortega, Curubandé; la construcción del acueducto costero Santa Cruz, Las Trancas Papagayo Bahía, entre otros.
En vivienda dijo se destinan más de ¢23.700 millones correspondiente a 838 soluciones en ejecución, en infraestructura educativa, financiamiento por más de ¢15.000 millones que corresponden a 190 centros educativos en los once cantones de Guanacaste.
En infraestructura en salud, la inversión de más de ¢3.000 millones en obras en los cantones de Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Bagaces, Cañas, Abangares, Nicoya; además, la Caja destinará $42 millones a cuatro grandes proyectos: las áreas de salud de Bagaces, Liberia y Santa Cruz y el edificio para la atención de la enfermedad renal crónica.
En el sector agrícola, mencionó a la inversión de más de ¢619 millones para la adaptación al cambio climático y la mejora de la productividad en 277 fincas ganaderas. También a la apertura de la primera etapa del Mercado Mayorista Chorotega y a gestiones interinstitucionales con el sector pesquero.
La Primera Dama hizo referencia a la Mesa de Inversión Privada en la que se busca la generación de empleo, mediante la liberación de inversiones por $418 millones para 14 proyectos turísticos que generarán 7.000 empleos en los próximos cinco años.
Por su parte, en cuanto a las obras ejecutadas, el ICE hizo entrega de la Planta Geotérmica Las Pailas II, la más moderna de su tipo en Centroamérica, que con sus 55 megavatios de capacidad instalada producirán cada año la energía equivalente al consumo promedio de 137.000 hogares, siendo la sétima obra de generación del país que utiliza el vapor volcánico para producir electricidad.
La semana anterior el Presidente de la República, anunció el inicio de operaciones de la primera etapa del Mercado Regional Mayorista Chorotega, en el que alrededor de 6.500 personas productoras de Guanacaste y Upala comercializaran sus productos de manera directa, aunque en esta etapa solo se han integrado unas 20 empresas y organizaciones agrícolas.(El País,CR,Nacionales,25 de julio de 2019).
El informe de la labor institucional en la Región permite conocer los proyectos y las acciones que se están ejecutando en diversos campos de inversión pública y privada y en la generación de empleo y de mejoramiento de los servicios de salud y educación, no obstante sería importante conectar esas acciones con la problemática del desarrollo socioeconómico de las últimas décadas, así como con la atención de los grandes desafíos que se han planteado para esta región.
El Estado de la Nación en su Informe VI, dedicó un capítulo especial al Desarrollo de la Región Chorotega, en el que señala que ésta región experimentaba un profundo cambio de una economía exclusivamente agropecuaria a una economía cada vez más orientada hacia los servicios, cambio que ha traído cuantiosas inversiones y ha generado nuevas oportunidades empresariales y laborales para ciertas zonas y actividades.
Pese a esos cambios afirma. que la región sigue mostrando importantes fracturas internas, ya que a la par de los nuevos polos de desarrollo se encuentran zonas y actividades deprimidas, junto a los grupos de población conectados con las oportunidades viven poblaciones postergadas. Persiste la tradicional desarticuación social e institucional en las microrregiones y se ejercen nuevas y viejas presiones sobre su patrimonio natural.
En materia de desarrollo humano agrega, la región Chorotega presentaba el mayor número de hogares pobres de todas las regiones, persiste el desempleo y la región se distingue por presentar las tasas de subutilización más altas del país, hay avances en materia de salud y educación, pero se mantienen problemas importantes en la cobertura y calidad de los servicios que se ofrece.
La acción del Estado en Guanacaste se ha caracterizado en las últimas décadas por el impulso de megaproyectos de infraestructura, en una región cuyas municipalidades tienen la menor participación nacional en el presupuesto de los gobiernos locales.
Terminaba señalando el informe que esfuerzos de desarrollo regional los hay y son significativos, pero Guanacaste padece, un serio problema de falta de encadenamientos entre las diversas actividades económicas y los sectores sociales, serias fracturas y brechas territoriales, económicas, sociales, culturales y hasta políticas, que debieran generar interrogantes de importancia para los actores regionales y para el Estado nacional. (VI Informe del Estado de la Nación, 1999, p.317)
Frente a ese panorama el Informe plantea una serie de desafíos para el desarrollo integral, humano y sostenible de la región Chorotega que probablemente siguen presentes en la actualidad entre ellos: las subregiones diversas y la pluralidad de actores; la disponibilidad de recurso hídrico un serio desafío regional; cambios en el uso del suelo y el desigual potencial agrícola y forestal; un dinamismo económico fuerte pero territorialmente concentrado; la difícil articulación del turismo a la economía regional; la gestión de las fuentes de energía; el sistema de áreas protegidas se expande pero es vulnerable; profundos cambios en la dinámica de empleo; un bajo nivel de desarrollo social caracteriza a los cantones; las oportunidades no llegan las comunidades pesqueras; la adecuación de la oferta educativa a las necesidades de la región; acciones dispersas caracterizan las acciones del Estado y los gobiernos locales de la región son los más pobres del país.
Víctor Manuel Rodríguez Rescia es un abogado costarricense
experto en derechos humanos, quien, entre otras labores, fungió como comisionado
ante el Comité de DDHH de la ONU. Amparado en la figura del amicus curiae que permite
que terceras partes ajenas a un proceso ofrezcan opiniones para mejor solución
de un caso, el experto solicita a la Sala Constitucional que reciba y admita el
escrito “en calidad de memorial de amicus curiæ en el … procedimiento de
consulta legislativa facultativa de constitucionalidad del proyecto de ley” denominado
“para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos”.
El amplio y fundamentado documento de Rodríguez Rescia
expone razones para considerar que “El proyecto de ley bajo consulta implica
una temática crucial para la consolidación del Estado Social y Democrático de
Derecho, como es la libertad sindical”. Agrega que “Costa Rica ha sido una
nación caracterizada por hacer una convivencia armoniosa entre los factores
humanos del desarrollo económico, reconociendo en la Constitución de la Segunda
República la libertad sindical como un mecanismo de defensa de los intereses y
derechos económicos y sociales de los trabajadores”.
El documento, cuya versión completa puede descargar más
adelante, señala entre otros elementos los siguientes:
“La visión de conjunto permite entender al derecho a la
huelga como un derecho inherente de la libertad sindical que le permite a la
organización sindical de trabajadores emplear un mecanismo de presión legítima
para la defensa de sus intereses económicos o sociales, estando dicho contenido
explícito en el Artículo 61 de la Constitución Política de Costa Rica, así como
en el Artículo 8.1.b del Protocolo de San Salvador y en el Artículo 8.1.d del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; pero
implícito en el Artículo 3 del Convenio 87 y 16 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y análogamente en el Artículo 22 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
“Adicionalmente es importante destacar que la anterior
Relatora Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de
Asociación, MAINA KIAI, en su informe anual del año 2016, dedicado al ejercicio
de los derechos a la reunión pacífica y de asociación en el lugar de trabajo,
al referirse al derecho de huelga ha expresado:
Tanto los sindicatos como el derecho de huelga son
herramientas fundamentales para hacer efectivos los derechos de los
trabajadores, puesto que ofrecen mecanismos a través de los cuales los
trabajadores pueden defender sus intereses de forma colectiva y dialogar con
las grandes empresas y el gobierno en mayor igualdad de condiciones. El Estado
está obligado a proteger estos derechos de todos los trabajadores. …
El derecho de huelga está establecido en el derecho
internacional desde hace decenios, en instrumentos mundiales y regionales, y
también se consagra en las constituciones de al menos 90 países. De hecho, el
derecho de huelga ha pasado a formar parte del derecho internacional
consuetudinario.
Consecuentemente, el derecho de huelga, además de ser un
derecho internacional convencional, y un derecho constitucional, es también un
derecho internacional consuetudinario, lo que convierte al derecho de huelga en
un derecho universal, y a las obligaciones de respeto y garantía que le son
consustanciales, en obligaciones erga omnes. Dicho lo anterior, el Código de
Trabajo de Costa Rica plantea una definición no funcional sino descriptiva de
la huelga, calificando como legal, la que se produce como resultado del acuerdo
y realización que por lo menos tres personas trabajadoras —que representen más
de la mitad de los votos emitidos conforme al Artículo 381 del Código de
Trabajo— realizan para suspender concertada y pacíficamente el trabajo, ya sea
en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo.
En una reciente decisión el CLS ha afirmado:
Lo que se entiende por servicios esenciales en el sentido
estricto de la palabra depende en gran medida de las condiciones propias de
cada país. Por otra parte, este concepto no es absoluto puesto que un servicio
no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una
huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la
seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población. El
Comité toma nota asimismo de que el hecho de vincular las restricciones del
derecho de huelga con las dificultades que provocan en el comercio y los
intercambios abre las puertas a la prohibición de una diversidad de acciones
reivindicatorias y de huelgas legítimas y que aun cuando las huelgas y otras
acciones conexas tienen repercusiones perjudiciales para el comercio y los
intercambios, tales consecuencias no convierten de por sí al sector afectado en
un servicio esencial, y por ende, debería mantenerse el derecho de huelga en el
mismo. Tomando nota de que se deben tener en consideración las condiciones
propias de cada país, el Comité recuerda que en otros casos no consideró que el
sector del petróleo constituyera un servicio esencial en el sentido estricto
del término. (resaltado agregado).
Le invitamos a descargar, estudiar y compartir el documento completo enviado a SURCOS por la jurista costarricense Rosaura Chinchilla Calderón.
El (des)orden político mundial y su sustentación económica, basada
en el neoliberalismo, arde en llamas, que se extienden desde la Amazonía y
California hasta Australia pasando por diversos países de Europa, es decir, en
el mundo entero. Nerón incendió Roma; hoy lo hace Bolsonaro, su émulo, con la
complicidad y la retórica incendiaria y demencial de Ronald Trump, su cómplice.
Con ello se hace patente, una vez más, lo que tantas veces he repetido, a
saber, que la hegemonía de Occidente está llegando a su fin después 26 siglos;
a partir del siglo XXI el mundo requiere de un nuevo orden político y
económico, basado no en el despotismo imperial de una región, sino creando las
condiciones materiales e ideológicas a fin de propiciar el surgimiento de un
nuevo sujeto histórico que salve a la humanidad de sí misma; se trata de forjar
un ser humano sin más, no importa su raíces étnicas, su cultura, su religión,
su origen geográfico.
Pero para lograr esa
utopía, tan maravillosa como indispensable, se requiere de un nuevo orden
mundial, que impulse un gobierno universal, basado en el respeto irrestricto a
los derechos humanos. De eso no se escapa nadie, porque lo que está en juego (y
en fuego) es la existencia misma de la especie irónicamente autocalificada de “sapiens”.
Se requiere de un movimiento universal que genere una nueva y lúcida conciencia
de nuestras responsabilidades, no sólo con nosotros mismos, sino con todos los
seres viviente del presente y del futuro, que incluya también todo nuestro rico
pasado cultural. Los adultos no dan signos de estar impregnados de esta
ineludible responsabilidad; me refiero a los sectores dominantes y sus poderes
fácticos, que fingen, por (sin)razones) ideológicas, no percatarse de que estamos
jugando con fuego y que, como la mariposa que gira en torno a la llama de una
vela, nuestras alas, es decir, nuestras vidas, se pueden achicharrar
enteramente. Ya lo experimentaron los antiguos griegos, quienes tomaron conciencia
de esta amenazante realidad y dejaron testimonio de ello en el relato del
mítico Ícaro.
Dichosamente han surgido voces lúcidas y valientes, como la
de una encantadora adolescente sueca, quien con su testimonio ha despertado conciencias
en el mundo entero, secundando de manera muy original lo que científicos y grupos
de derechos humanos y defensores de la naturaleza han venido advirtiendo de
manera tan insistente como apremiante. Pero, como lo señalara el Papa Francisco
– otro adalid de estas causas – en su encíclica Laudato Si, la causa de la destrucción
de la naturaleza está en las violaciones a los derechos humanos provocadas por
la aplicación inmisericorde de la “lógica” del capital, que reduce a la miseria
a más de 850 millones de seres humanos, cuando el avance indetenible de la
ciencia y de la tecnología podrían alimentar suficientemente a los casi 8 mil
millones de seres humanos que pueblan hoy el planeta. La causa de todos estos
males no radica en las leyes de la naturaleza, ni únicamente en los cataclismos
que ella por sí sola produce, sino principalmente en los abusos éticos de las
élites que acaparan el capital y el poder político y mediático, como ha sido
demostrado ampliamente en el caso del recalentamiento del clima en todo el planeta
y de la mayoría de los cataclismos, de la destrucción de innumerables especies vivientes
y de no pocas enfermedades endémicas. Hoy el mayor peligro que tiene la vida bajo
todas sus manifestaciones radica en la irresponsabilidad que los sectores
poderosos tienen ante el poder que da la tecnología, basada en el conocimiento
cada vez más profundo y riguroso de las leyes que rigen el devenir de la naturaleza,
que nos suministra el método científico. Pero, insisto, eso no se debe al
desarrollo de la ciencia ni de la tecnología, que ha hecho mucho para el bien
de la humanidad, sino a la desenfrenada avaricia fomentada por el “capitalismo
salvaje”. El capitalismo ya cumplió su función histórica, por lo que debemos hoy
tenerlo como el causante de casi todos los males que azotan a los seres
vivientes, como en la Edad Media lo hacían las pestes.
Por eso, como primer e ineludible paso para evitar la cercana extinción de la vida en la Tierra, se requiere de la conquista, por parte de los sectores populares, del poder económico y político a fin de poner todo el conocimiento y el poder que suministran la ciencia y el dinero, al servicio de los mejores y más auténticos valores. Pero, como no debemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa, tenemos que comenzar por nuestros propios países de Nuestra América, ya que son nuestro vecindario inmediato y nuestra primera responsabilidad ciudadana. Ilustremos lo dicho con algunos casos recientes. El hermano pueblo argentino han experimentado lo que significan las consecuencias nefastas de la ideología neoliberal. También las sufren otros países como el Brasil del neofascista Bolsonaro y naciones centroamericanas como Honduras y Guatemala. Todo lo cual ha provocado la legítima reacción de otros países latinoamericanos, como lo demuestra el triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador en la Patria de Emiliano Zapata. Tampoco debemos olvidar el significativo y esperanzador proceso que actualmente se incuba en los propios Estados Unidos, como es el crecimiento de movimientos de izquierda, cuya manifestación hasta hace poco parecía no ser más que un delirio de política ficción; lo cual tiene sus raíces históricas y sociales en lo que fue esa nación antes de la última postguerra y, en concreto, antes de la nefasta época del macartismo; entonces en los Estados Unidos los sindicatos y movimientos de izquierda tuvieron un papel protagónico en la escena política; aunque siempre hubo racismo y tendencias filofascistas, sobre todo, en el Partido Republicano, paradójicamente fundado por una de las figuras más progresistas de su historia, como fue Abraham Lincoln. En conclusión, en este panorama internacional, un tanto oscuro, brillan luces que animan sentimientos de esperanza para la liberación de los pueblos, como la derrota aplastante infligida al Presidente Macri, o las alianzas de centroizquierda que se forjan en países latinos de Europa, como Portugal e Italia; esperemos que otro tanto se dé en España y que tras la crisis de la derecha ultraconservadora en Inglaterra, la tendencia de izquierda del Partido Laborista asuma el poder. Todo lo cual me hace pensar que la humanidad está tomando conciencia de que con el fuego se pueden lograr cosas maravillosas, como luz en la oscuridad y calor en el invierno, pero que con el fuego no se puede jugar.
Enviado a SURCOS por el autor.
Foto: Laura Rodríguez – UCR
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